La autoridad, el pánico y la beligerancia. Políticas de orden público y violencia política en la España del Frente Popular

Resumen

El presente artículo analiza la relación entre las políticas de orden público y el incremento de la violencia política que tuvo lugar en España entre febrero y julio de 1936. El restablecimiento inicial de una política reformista y menos represiva paradójicamente estimuló el desarrollo de cuatro catalizadores de la violencia: la deslegitimación gubernamental, la politización de la administración del orden público, la desautorización de los cuerpos policiales y la privatización del uso político de la fuerza. A partir de mayo, el Gobierno Casares intentó solucionar el problema intensificando la persecución del terrorismo falangista, desacelerando la republicanización de la Policía, restableciendo el principio de autoridad y recuperando el control de los resortes de orden público. Sin embargo, aunque estas medidas redujeron significativamente el número de víctimas mortales, la violencia política siguió siendo considerablemente elevada, los militares continuaron conspirando y el Estado no recuperó el monopolio de la coerción letal. Este periodo concluyó con el asesinato de Calvo Sotelo y la sublevación militar, que fue respaldada por al menos la mitad de las fuerzas policiales como una reacción no solo contra la grave situación del orden público, sino también contra unas políticas democratizadoras que habían socavado su autoridad y resquebrajado el monopolio estatal del ejercicio de la violencia.