the limits to the use of hidden cameras: a comparison between ruling 12/2012 of the spanish constitutional court and the haldimann vs switzerlan

Abstract

La utilización de la cámara oculta ocupa un espacio importante en los programas de televisión, que recurren a esta técnica con el propósito de investigar informaciones de forma clandestina, una tarea que sería prácticamente imposible de llevar a cabo sin la utilización de esta herramienta.  En  numerosas  ocasiones,  las  grabaciones  clandestinas  han  contribuido  a destapar y denunciar actividades ilícitas, como es el caso de los reportajes de investigación “Las habitaciones de la muerte” o “Ginemedex”,3 que tuvieron gran repercusión. Aun así, esta técnica es llevada al extremo en algunos momentos perjudicando y dañando los derechos personales   de   los   sujetos   que   intervienen   en   la   filmación   sin   haber   prestado   su consentimiento.

Los  profesionales  de  la  comunicación  tienen  que  saber  que  su  derecho  a  la información está limitado por una serie de criterios fundamentales de cara a informar sobre los hechos. Así lo establece el Código Deontológico de la FAPE o los Manuales de Estilo que son un referente en la comunicación, como es el caso de RTVE y/o la BBC y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros.

Por tanto, el empleo de la cámara oculta como medio o herramienta para recopilar información no está exenta de limitaciones. Su uso tiene que respetar los derechos de los individuos a la intimidad, a la propia imagen y al honor, y a la veracidad e interés general del contenido del reportaje de investigación. Aun así, se han dado casos tanto a nivel nacional como europeo en los que el interés general ha prevalecido en detrimento de los derechos de la personalidad.

Este artículo profundiza acerca de la cámara oculta como tal, de las limitaciones que tiene el profesional de la información a la hora de emplearla y de los derechos que posee el sujeto que ha sido filmado. Unido a esto se realiza un análisis por separado y comparativo de la STC 12/2012, de 30 de enero, del Tribunal Constitucional  español (en adelante, TC) y el caso Haldimann y otros vs Suiza,  del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH).