1. Introducción
La noción de políticas de infocomunicación, señalan Quirós y Segovia
(1996), fue paralela en su formulación histórica a la de planificación.
Así, a comienzos de los años 70, se identifican con tres ejes de acción
de política pública: la necesidad de garantizar el pluralismo, la
democracia y la participación; la acción promotora del estado y la
orientación hacia la integración regional. Ejes sobre los que giró la
modelización de la radiodifusión pública europea ligada a la creación
del estado del bienestar y la consecuente necesidad de dotarse de marcos
reguladores que salvaguardaran su trascendencia política y cultural y el
interés público (Bustamante, 2008, p. 83). Para Becerra (2005) son
aquellas acciones emprendidas por entidades estatales o
superestatales que asumen nexos orgánicos con medidas ejecutadas en
otros ámbitos por lo que se les distingue una orientación coherente con
los fines de cada gobierno (o conjunto de gobiernos), aunque no sean
formuladas expresamente como tales (p. 125).
Por ejemplo: La estructuración de la Radiodifusión Pública desde la
década de los cincuenta, o la proyección de un espacio común audiovisual
al finalizar la década de los ochenta del pasado siglo en la Unión
Europea, si bien poniendo énfasis cada estado miembro en su
circunstancia particular, ya fuese la integración y/o la cooperación
transfronteriza o la diversidad de las expresiones culturales y/o la
pluriformidad, la no comercialidad, o la estrategia multidimensional
–social, tecnológica, de negocio y de mercado– que con los avances
tecnológicos, ya en el nuevo milenio, va a exigir la convergencia
digital (Mercado Único Digital, MUD, 2015; Ley de Mercado Digital y Ley
de Servicios Digitales, 2019). Dicho lo cual, para Becerra (2005) son
“estrategias y prácticas de ordenación, regulación, gestión,
financiación y formulación de prácticas y prospectivas relativas a las
actividades de la información y de la comunicación” (p. 126).
Para contextualizar la relevancia de construcción de estas políticas
públicas es pertinente recordar que el relato del debate mundial de la
información en la década de los ochenta del pasado siglo, enmarcado en
un contexto de capitalismo financiero, pasaba por evaluar las
consecuencias económicas y culturales de los flujos de información (la
circulación de la información era entonces cien veces superior de Norte
a Sur que en sentido contrario) y de la comunicación (o del paradigma
difusionista de la comunicación) que, tal y como se entendía desde la
óptica de los países infocomunicacionalmente dependientes, había
secuestrado los imaginarios culturales locales y dificultado los
desarrollos tecnológicos y creativos endógenos. Hoy, cuando asistimos al
cambio de naturaleza del capitalismo a través del valor que adquieren el
conocimiento y la monetización de nuestra existencia (Estefanía, 2024a),
la supervivencia de un flujo de la información equilibrado –en un
mercado como el de la información, el dato y su procesamiento que carece
de competencia leal– también en la Unión Europea pasa por: 1. Consolidar
toda una red de fibra óptica necesaria para implementar la tecnología 5G
sin subordinarnos a corporaciones como Huawei que nos hagan depender de
China, el actor más determinante de las estrategias de mercado a muy
corto plazo junto con las corporaciones Baidu, Alibaba y Tencent (BAT).
Y 2. Exigirle mayor responsabilidad a la fortaleza estadounidense
representada por las plataformas agrupadas bajo el acrónimo GAFAM
–Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft–. Si el escenario actual
fuese ése, y estuviera representado por estos nuevos señores feudales,
los propietarios de lo que Varoufakis (2024) denomina “capital de la
nube” ¿qué perspectivas de futuro tiene el sector europeo? Así reflejaba
el desafío que la UE tiene por delante el Informe sobre la aplicación de
la Directiva de Servicios de Comunicación audiovisual emitido por la
Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo el pasado 12 de
abril de 2023:
Hoy en día, casi todos los prestadores de medios de comunicación
distribuyen también sus contenidos a través de plataformas en línea para
llegar a los grupos objetivo que les interesan, especialmente los más
jóvenes. Solo en casos excepcionales estas plataformas son propiedad de
una empresa de la Unión Europea, y los servicios de plataforma a menudo
no están sujetos a la obligación de pluralismo de opinión. En las
plataformas, las ofertas en línea de los prestadores de servicios de
comunicación de la Unión, reguladas y controladas de forma
comparativamente estricta, suelen estar al lado de ofertas no
controladas ni reguladas que no están cubiertas por la Directiva. Esta
desigualdad, en detrimento de los prestadores de la Unión, debería
remediarse desarrollando la Directiva para incluir en mayor medida la
responsabilidad de los operadores de plataformas que operan a nivel
mundial (Parlamento Europeo, 2023a).
El protocolo de los organismos públicos de radiodifusión de los
estados miembro de la UE del Tratado de Ámsterdam (Unión Europea, 1997)
definió la función de los organismos públicos de radiodifusión de
defender la democracia, los valores sociales, culturales, y el
pluralismo (Ridinger, 2010). El caso de la potente corporación pública
alemana ARD es excepcional y único en este sentido en el ámbito
comunitario por su posición (siempre estable) entre las grandes
corporaciones de medios públicos y privados (TM Broadcast, 2020).
Alinear los medios de servicio público con los valores en que se
fundamenta la construcción europea es mantener sólido y firme el Estado
de Derecho del que debe ser garante la Unión Europea. Sin embargo, los
tiempos actuales sitúan en el ámbito mediático de la UE dos
interrogantes con sus subsiguientes desafíos: ¿de qué poder de
resiliencia podrán disponer los medios de servicio público frente a la
voracidad de los gigantes tecnológicos?, y ¿cómo frenar el retroceso de
la libertad de prensa y de la información como servicio público cuando
las informaciones falsas o manipuladas son moneda de uso corriente a
través de las plataformas y las redes sociales? Ambos interrogantes
obligan a reconsiderar el grado de salud de los medios de servicio
público y, por ende, el grado de salud de los estados de derecho en el
ámbito de la Unión. En las sucesivas páginas hemos tratado de detectar y
narrar los hechos y acontecimientos más relevantes a los que la UE ha
debido dar respuesta para aprovechar las oportunidades que el marco de
convergencia digital decía augurarle en términos económicos, culturales
y ciudadanos. Nada de lo que se ha hecho desde las instituciones
comunitarias queda al margen de una estrategia político-institucional,
tecnoeconómica y sociocultural en plena guerra tecnológica (expresión
empleada por el Comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton,
en Sánchez, 2021, p. 5). Así que hayamos pretendido agrupar lo realizado
por Bruselas para dotar de sentido a cada uno de los movimientos de los
que se ha servido.
Muñoz y Llorens (2022) analizan con un notable afán proyectivo y
crítico el futuro de los Public Service Media (PSM) a partir del
análisis de las políticas de la Unión Europea que afectan a este sector
y sostienen que “si bien en un inicio abordaron este asunto como un
problema principalmente de carácter económico, en la última década han
evolucionado poniendo el acento en la importancia de estos medios como
parte de la solución para fortalecer la democracia” (p. 284). Para
concluir –si hemos comprendido correctamente la tesis de Muñoz y
Llorens– que estas políticas (definición, misiones y financiación) con
una óptica reguladora importante han derivado en un instrumento de
intervención secundaria, débil e indirecta. También, Peirano (2023) se
mostraba crítica con la posición de las instituciones comunitarias estos
últimos 15 años cuando han contemplado:
de forma pasiva (y en algunos casos asistido de forma activa, con
oscuras ayudas gubernamentales y campañas de “nación emprendedora”) la
colonización de esas infraestructuras críticas. Los beneficiarios son el
equivalente digital a paraísos fiscales: infraestructuras financiadas
por dinero público que esquivan la legislación local y los controles
democráticos. Un ecosistema dominado por la explotación de los usuarios,
la colonización de nuestras comunicaciones y la amplificación de
campañas de propaganda cuyo discurso desafía nuestras leyes e
instituciones democráticas, y altera el bienestar general (p. 177).
Peirano (2020) viene insistiendo en cinco medidas para sanear la nube
tóxica: comprar las plataformas, aumentar los estándares de
responsabilidad legal, exigir mayor y mejor transparencia comercial y
fortalecer el acceso universal y la portabilidad.
El Proyecto de Informe sobre la situación de los derechos
fundamentales en la Unión Europea en 2022 y 2023 (2023/2028(INI)) de la
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del
Parlamento Europeo, en lo relativo al capítulo Libertades volvió a poner
énfasis en las crecientes amenazas a las libertades de asociación,
expresión y reunión e insistió en que, para garantizar el derecho a la
libertad de expresión e información la información debe ser accesible y
diversa a escala universal. El Informe subrayó también el lugar central
que las organizaciones de la sociedad civil ocupan en la promoción de la
ciudadanía activa, los derechos fundamentales y la participación
democrática en Europa, solicitando una estrategia de la Comisión y
normas comunes en todos los Estados miembros para promover un entorno
normativo y político sin efectos intimidatorios, amenazas y ataques. De
igual modo, reiteró la preocupación por la disparidad en la aplicación
del Reglamento General de Protección de Datos cuando la
datificación de la vida cotidiana y los escándalos relacionados
con los datos exigen respuestas en los niveles nacional y supranacional
(Parlamento Europeo, 2023b).
2.
La Estrategia Digital 2020 y el poder de resiliencia de los medios de
servicio público en la UE
El pleno funcionamiento del Mercado Único Digital –estrategia MUD
implementada por la UE en 2015 en el marco de la estrategia Europa 2020–
interpeló implícitamente a los medios de servicio público:
Las herramientas digitales no son un fin en sí mismas, constituyen un
medio que la televisión debe emplear para darle valor a su misión de
servicio público. Si RTVE, Rai y RTP utilizan adecuadamente los recursos
digitales para afianzar los valores diferenciales de la televisión
pública, estarán en disposición de avanzar en la senda que marca la
Estrategia Digital Europea: tecnología que funcione para la gente;
economía digital justa y competitiva; sociedad digital abierta,
democrática y sostenible; y Europa como actor digital global”
(Real-Rodríguez; Príncipe-Hermoso; Agudiez-Calvo, 2024, p. 217).
Son los desarrollos tecnopolíticos y económicos, y sus consecuentes
efectos en términos regulatorios y de mercado, así como los cambios
socioculturales los que se situarían en el centro del debate teórico
subrayando la misión de las corporaciones públicas. Desarrollos que,
entendía Losifidis (2010) no sólo habrían puesto en duda el modelo de
financiación de las televisiones públicas sino su sentido. Iosifidis
advirtió entonces una serie de dilemas en cuatro áreas principales a los
que se verían expuestos los canales públicos europeos en los años
venideros –como así resultó–: estrategias de competencia y programación,
método de financiación, inversión en nuevas tecnologías, y reforma
organizativa. Ese mismo año, en la Comunicación “Una Agenda Digital para
Europa” de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones se insistía en
que Europa seguía siendo un mosaico de mercados nacionales en línea, y
que problemas con soluciones viables impedían a los europeos
beneficiarse de un mercado único digital. Leíamos en dicha
comunicación:
Es necesario que los servicios y contenidos comerciales y culturales
fluyan a través de las fronteras; a tal efecto, hay que eliminar los
obstáculos reglamentarios y facilitar los pagos y la facturación
electrónicas, así como la solución de controversias, y suscitar la
confianza de los consumidores. Se puede y debe hacer más dentro del
marco regulador actual para tejer un mercado único en el sector de las
telecomunicaciones (Comisión Europea, 2010).
Con la finalidad de obtener los beneficios derivados de un Mercado
Único Digital basado en la internet rápida y ultrarrápida y en la
interoperabilidad de las aplicaciones, el objetivo era establecer una
hoja de ruta capaz de:
maximizar el potencial económico y social de las TIC, y en particular
de internet, como soporte esencial de la actividad económica y social.
De esta manera, el despliegue generalizado y la utilización más eficaz
de las tecnologías digitales permitirán que Europa afronte los retos
esenciales (…) y proporcione a los europeos una mejor atención
sanitaria, unas soluciones de transporte más seguras y eficientes, un
medio ambiente más limpio, nuevas oportunidades en materia de medios de
comunicación y un acceso más fácil a los servicios públicos y a los
contenidos culturales (Comisión Europea, 2010).
Desafíos que pasaban por “modernizar los servicios públicos y el
gobierno electrónico”, implementar “las habilidades digitales”,
facilitar y favorecer “la digitalización de la industria y los
servicios”, avanzar en las oportunidades que abrirían “la computación de
alto rendimiento y la inteligencia artificial” (Comisión Europea,
2017).
Es precisamente esa recomendación de explorar una serie de ámbitos
políticos críticos a la que hace referencia el informe Hechos frente
a falsedades: fortaleciendo la democracia a través de la integridad de
la información, publicado por la OCDE en marzo de 2024, cuando
recomienda para enfrentar la amenaza que representa el aumento de la
desinformación, mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la
pluralidad de las fuentes de información; actualizar las medidas de
gobernanza y la arquitectura institucional para reforzar la integridad
del espacio informativo y desarrollar defensas individuales y colectivas
contra la desinformación. “El documento insiste en la necesidad de
fomentar la capacitación de los ciudadanos mediante la inclusión de la
alfabetización mediática en los planes de estudio y la implementación de
programas para la formación de educadores” (Petit, 2024, p. 58).
El 6 de mayo de 2015, la Comisión había adoptado una “estrategia para
el mercado único digital de Europa”, en la que anunciaba una revisión de
la Directiva 2010/13/UE de Servicios de Comunicación Audiovisual en el
contexto de la convergencia multimedia, los servicios y redes
interactivas. El punto de partida –aunque los contenidos televisivos
tradicionales seguían representando un porcentaje importante del tiempo
de visionado diario medio– debía observar la cada vez mayor importancia
que estaban cobrando los nuevos tipos de contenidos, los vídeos cortos o
aquellos producidos y distribuidos por los usuarios, toda vez que los
nuevos proveedores, incluidos los de servicios de vídeo a petición y de
plataformas de distribución de vídeos, consolidaban su oferta (Comisión
Europea, 2015).
La capacidad de resiliencia de alguna corporación de servicio público
iba a ponerse a prueba. Como la ARD que trató desde 2020 de
afrontar los retos que se abrían paso en un mercado que ya jugaba en
línea. El primero, el acceso al mercado de vídeo bajo demanda e
Internet. El segundo, sistemas activados por voz como Alexa. El tercero,
y esencial “estar disponibles con nuestros programas en cualquier lugar,
dondequiera que el espectador o el oyente esperen encontrarnos. Esa es
nuestra obligación, porque nos financiamos con fondos públicos. Y al
mismo tiempo, es cada vez más difícil: los mercados de distribución se
están fragmentando y existen más obstáculos para llegar a nuestros
usuarios” (TM Broadcast, 2020), señalaba Helwin Lesch –director de
Distribución de la ARD–. En 2018, Das Erste había sido la televisión más
vista en Alemania. Y de las pocas en Europa que había sabido afrontar
nuevos modelos de financiación (Herzog; Karppinen, 2014), y salir airosa
de la crisis de audiencias (Gesto-Louro; Campos-Freire, 2020). Había
también logrado salvaguardar espacios de participación de las audiencias
como su Consejo de Radiodifusión, órgano interno de supervisión o
fiscalización, conformado por representantes de las organizaciones
económicas, políticas, sociales y religiosas con el mandato de velar por
los intereses ciudadanos. Si bien, las audiencias de la ARD y la ZDF
alemanas vienen demandando un Consejo del Público
a la manera de la experiencia suiza comprometida con un servicio
público audiovisual de calidad e independiente): la organización suiza
SRG SSR se define como una asociación abierta a la sociedad, que
actualmente congrega alrededor de 23.000 miembros con el mandato de
promover el diálogo sobre el futuro audiovisual del país (López, 2021,
p. 182).
En la misma entrevista, Helwin Lesch trataba de responder a la
pregunta sobre si las cifras de audiencia eran un indicativo de la
innovación por cuanto tecnología y éxito van de la mano, decía el
entrevistador. Lesch aclaraba:
Como sabe, nuestros usuarios y espectadores no son tan entusiastas de
la innovación. Lo que quieren es estar bien informados y entretenidos de
la mejor forma posible en cada sistema de distribución. Por lo tanto, la
innovación no es un fin en sí mismo para nosotros. Y por eso tenemos que
ser cuidadosos con ello: no deberíamos poner a prueba la paciencia de
nuestros espectadores de forma excesiva. Tenemos que mantenernos atentos
al espectro total del mercado cuando cambiemos algo en nuestra forma de
producción o distribución. No podemos actuar únicamente en interés de
ciertos grupos, sino tener en cuenta que nos financiamos de todos los
espectadores y que por ello tenemos que tratar de englobar el espectro
completo de usuarios (TM Broadcast, 2020).
Otro ejemplo interesante, en este sentido, lo representa la YLE
finesa que, a través de su plataforma digital Areena, está consiguiendo
un éxito de penetración y relevancia para el público digno de
observación. Dicho éxito se basa en el esfuerzo a la hora de anticipar e
innovar al mismo tiempo que el modelo garantiza una financiación
estable. Con estos anclajes, YLE no descuida la incorporación de talento
creativo mientras asume una importante apuesta en contenidos que,
además, conlleva una labor específica en la gestión y en el blindaje de
los derechos de propiedad intelectual audiovisual. Tanto es así que
Areena ha generado suspicacias entre los medios privados y comerciales
en Finlandia hasta el punto de que estos han apelado a las autoridades
del país para que impusieran restricciones (Mushiake, 2023).
Otras corporaciones de servicio público, como sería el caso de RTVE,
Rai y RTP adolecen, sin embargo, en el apartado digital de la
profundización llevada a cabo por la ARD acerca de su sentido, del
porqué y para qué de esos contenidos y formatos, así como del canal por
el que poder compartirlos, en sus nuevas estrategias y proyectos
digitales.
Dentro del actual proceso de transformación digital, el desafío al
que se enfrentan Rai, RTVE y RTP como el resto de las televisiones
públicas, está en transferir a las nuevas comunidades de usuarios
conectados los valores del servicio público. No se trata de entrar sin
más en una carrera desmedida por el trono digital donde lo público parte
con desventaja (Real-Rodríguez; Príncipe-Hermoso; Agudiez-Calvo, p.
217).
Lo que pone a prueba la capacidad de resiliencia de los medios de
servicio público europeos es el hecho de saber y la acción
de poder transferir a las nuevas comunidades de usuarios digitales
los valores del servicio público (Crusafón; González-Saavedra; Murciano,
2020). En este sentido, la singularidad entre la actuación de una
corporación como la ARD frente a las otras tres citadas se encuentra en
la determinación de la primera por ofrecer un servicio de alta utilidad
social, independiente y con altos estándares de calidad. Por lo tanto,
la supervivencia del audiovisual público en la UE no debería reducirse a
mimetizar el comportamiento de las cadenas privadas, sino a potenciar
esa particularidad que está contenida en su mandato de servicio público
(Real-Rodríguez; Príncipe-Hermoso; Agudiez-Calvo, 2024).
Sobre los gigantes tecnológicos, según leíamos en el diario El
País, el comisario europeo de Mercado Interior (ex presidente de
France Telecom) Thierry Breton, advertía: “Seamos conscientes: El futuro
de nuestro espacio público no puede dejarse en manos de empresas
digitales sin control ni legitimidad democrática. Démonos cuenta de que
es una cuestión de supervivencia para nuestras democracias en el siglo
XXI” (Sánchez, 2021, p. 5). Sin potentes corporaciones tecnológicas
europeas para competir con los titanes estadounidenses y chinos, Breton
advierte del gran riesgo de quedar relegados:
lo que está en juego no sólo es científico o económico, ahora va
acompañado de un desafío geopolítico. Ante la guerra tecnológica en
gestación y el riesgo latente de dependencia tecnológica, Europa debe
seguir siendo dueña de su destino y desarrollar una economía capaz de
preservar sus conocimientos y tecnologías (Sánchez, 2021, p. 5).
Este escenario complica aún más el perfil de los protagonistas del
panorama mediático de la Unión Europea porque, al fin y al cabo, los
datos muestran una realidad que se antoja más desafiante para los
agentes europeos; especialmente aquellos vinculados con el ámbito
audiovisual y tecnológico. Los datos del Observatorio Audiovisual
Europeo) ponen de manifiesto que las grandes cadenas y plataformas
estadounidenses están “sobrerrepresentadas” entre los servicios premium
y de televisión “bajo demanda” (VOD). No es de extrañar, como el propio
Observatorio apunta, el gran protagonismo que en este importante
espacio-mercado que es la UE adquieren operadores como Warner Bros,
Discovery y Paramount. De hecho, estos potentes conglomerados poseen “el
mayor número de canales de televisión entre los 10 grupos mediáticos más
activos en Europa” (Schneeberger, 2024, p. 41).
Cabe preguntarse, por tanto, si existen contrapesos a esta tendencia
ante la voz de alarma que activaba el ya excomisario Breton. Abordar
esta perspectiva requiere recalibrar el rol de los servicios públicos
audiovisuales de manera específica por su entronque con las sociedades
europeas. Precisamente, su concreta y definida misión –como veíamos unas
líneas más arriba– hace que estos actores mediáticos fijen como
prioridad sus mercados nacionales de origen (Schneeberger, 2024, p. 35),
de ahí que el punto de partida sea el de un mercado europeo ampliamente
fragmentado, al mismo tiempo que focalizan sus contenidos en ámbitos
alejados de la presión competitiva ante los grandes colosos
estadounidenses como son los informativos, los espacios culturales y
divulgativos y los formatos de entretenimiento orientados a conquistar
un público generalista cada vez más disperso.
Este es otro reto importante al que se intenta hacer frente, por
ejemplo, con la adopción de apuestas basadas en la digitalización como
el visionado bajo demanda y otras herramientas. ¿Será suficiente?
3.
La Estrategia Digital 2030 y el fortalecimiento del Estado de Derecho
en
la UE
El 9 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó su programa de
política para lograr la transformación digital de Europa, con metas y
objetivos concretos para 2030. La Comisión planteó una Brújula Digital
para la Década Digital de la UE cuyas miras vendrían guiadas por un
consistente marco de gobernanza común para controlar los progresos y
vencer las carencias de los “proyectos plurinacionales en los que se
combinen inversiones de la UE, de los Estados miembros y del sector
privado” (Comisión Europea, 2021ª).
Lo que hoy nos amenaza, declaraba Virilio (2007) “es la derrota de
los hechos, cuando la virtualidad de los acontecimientos más o menos
manipulados conlleva el riesgo de anular la realidad de los hechos” (p.
248). No se estimarán lo suficiente estos hechos que venimos narrando
sin antes comprender el alcance que, para el futuro del sector y de la
implementación de principios y derechos de la ciudadanía digital de la
UE, representa el hito que en legislación digital ha realizado el bloque
comunitario. Por mucho que la mayoría de los analistas coincidan –y van
a tener razón– en que como en otras ocasiones, en ésta, también llegamos
tarde. Fuchs (2014) plantea al menos tres de los antagonismos bajo los
que el mundo contemporáneo de los medios sociales queda conformado:
El antagonismo económico entre la información de los usuarios y el
interés de las empresas de medios sociales por los beneficios. El
antagonismo político entre la privacidad de los usuarios y el complejo
de vigilancia industrial; entre el deseo de los ciudadanos por la
responsabilidad de los poderosos y el secretismo del poder. El
antagonismo de la sociedad civil entre la creación de esferas públicas y
la colonización corporativa y estatal de estas esferas” (p. 79).
El 26 de enero de 2022, la Comisión propuso una declaración solemne
interinstitucional sobre los derechos y principios digitales para la
Década Digital con la finalidad de proporcionar “un marco de referencia
para los ciudadanos sobre sus derechos digitales, así como orientaciones
destinadas a los Estados miembros de la UE y a las empresas para abordar
las nuevas tecnologías” (Unión Europea, 2023). Los derechos y principios
digitales señalados en la declaración vendrían a complementar “los
existentes, tales como los consagrados en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE, y la legislación sobre protección de datos y
privacidad” (Unión Europea, 2023). Los derechos y principios propuestos
consisten en:
situar a las personas y sus derechos en el centro de la
transformación digital; apoyar la solidaridad y la inclusión; garantizar
la libertad de elección en línea; fomentar la participación en el
espacio público digital; aumentar la seguridad, la protección y el
empoderamiento de las personas; promover la sostenibilidad del futuro
digital (Unión Europea, 2023).
Durante el mes de marzo de 2021, la Comisión Europea presentaba la
nueva legislación digital: la Ley de Servicios Digitales y la Ley del
Mercado Digital. De este modo, trataba la UE de tomar posiciones frente
a las grandes tecnológicas, ser garante de la protección de los derechos
digitales de la ciudadanía europea y fomentar la innovación y la
competitividad. Era como si la UE se sintiera como un camello en un
canalón y tratase de encontrar una salida cuando las dinámicas
tradicionales del capitalismo ya no gobiernan (Varoufakis, 2024), y los
gigantes tecnológicos han taponado todas las vías de lo que antes era el
mercado. O precisamente por ello. La UE convencida de que:
Los servicios de la sociedad de la información y especialmente los
servicios intermediarios se han convertido en una parte importante de la
economía de la Unión y de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Veinte
años después de la adopción del marco jurídico vigente aplicable a
dichos servicios establecido en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, han aparecido nuevos e innovadores modelos de
negocio y servicios, como las redes sociales y los mercados en línea,
que han permitido a los usuarios profesionales y a los consumidores
comunicar información y acceder a ella, y efectuar transacciones de
formas novedosas. La mayoría de los ciudadanos de la Unión utiliza ahora
este tipo de servicios a diario (Parlamento Europeo, 2022).
Y advertía, sin embargo, de que “la transformación digital y el
creciente uso de esos servicios también entraña nuevos riesgos y
desafíos para los destinatarios de los servicios a título individual,
las empresas y la sociedad en su conjunto” (Parlamento Europeo,
2022).
Mientras, Zuboff (2020) desentrañaba el concepto “capitalismo de
vigilancia” para señalar al selecto grupo de empresas que reivindicaba
unilateralmente la experiencia humana privada como materia prima para su
traducción en datos que “son computados y empaquetados (como las
célebres hipotecas subprime, origen de la Gran Recesión de
2008) como productos de predicción y vendidos en los mercados de futuros
de los comportamientos de la gente” (Estefanía, 2024ª, p. 7). La
respuesta al caos informativo en las plataformas y redes sociales (que
pone en peligro la vida democrática), y con la finalidad de formular un
“marco regulatorio”, el Foro sobre Información y Democracia, creado en 2019 por once
organizaciones y centros de investigación, puso en marcha un grupo de
trabajo sobre las infodemias. Tras cinco meses, el grupo
publicó un detallado informe dirigido a cómo acabar con la infodemia,
que incluye 253 recomendaciones a los Estados y a las plataformas
digitales. Estimaron que:
Todas las instituciones que emprendan iniciativas legislativas sobre
las plataformas deberían inspirarse en este informe, ya sea India, con
la Sección 79; Estados Unidos, con la Sección 230; Canadá con la Digital
Charter; el Reino Unido con el Online Harms Bill y, por supuesto, la
Unión Europea con la Ley de Servicios Digitales (Forum sur l’information
et la démocratie, 2020).
Respaldado por más de cien aportaciones de expertos internacionales,
el documento pone a nuestro alcance más de dos centenares de
recomendaciones destinadas a frenar un fenómeno que pone en peligro
tanto a las democracias como a los derechos humanos, incluido el derecho
a salud. (…) El informe identifica cuatro desafíos estructurales y
propone soluciones concretas para cada uno de ellos: transparencia de
las plataformas, moderación de contenidos, fomento de la fiabilidad de
la información y servicios de mensajería privada (Forum sur
l’information et la démocratie, 2020).
Cuando Bruno Patino aborda su tesis del combate desigual de la
información, da por sentado que el precio que los medios tradicionales
han debido pagar en este marco de convergencia digital le habría pasado
factura al deber de informar desde el rigor a una ciudadanía con el
derecho a estar informada. El servicio público que les obligaba a la
exposición de razonamientos y a la búsqueda de, al menos, cierta verdad
y cada vez más verdad ha sido aplastado por las plataformas sociales de
la era digital al servicio privado y privativo de la acumulación de
capital y al principio de sobreabundancia de veracidad:
Han hecho posible alterar la fórmula de ver para creer por la de
creer para ver. En las redes, la prensa se ve desbordada una y otra vez.
No puede luchar ni en número de mensajes ni en intensidad. No logra
imponer su ritmo ni su tono (…) Derrotada en campo abierto, parece haber
sido igualmente derrotada en todo el espacio público: la desconfianza
hacia ella se ha vuelto inmensa. Es una institución amenazada, cuya
profesionalidad se cuestiona. Hace veinte años el periodismo trataba de
desvelar y revelar la verdad hoy es tildado de ocultarla (Patino, 2022,
pp. 129-130).
A la visión de Patino bien pudiéramos sumar la que nos ofrece Virilio
cuando si bien pone de manifiesto su creencia en la lucha por la
democracia a través de la libertad de prensa en contra de la
sub-información y en contra de la censura, matiza: “pero no entendimos
–a pesar de lo que digan Murdoch, Bill Gates y otros– que la
sobre-información era una mejor forma, más eficaz que la censura, para
asfixiar la opinión pública” (Virilo, 2007). Consideraba Joseph Stiglitz
que existen innumerables formas en nuestras sociedades complejas de
eludir las consecuencias que nuestras acciones pueden causar a
otros:
Las plataformas de redes sociales constantemente contaminan nuestro
“ecosistema de información” con desinformación y contenido que, se sabe
bien, puede causar daño. Mientras que las plataformas se presentan así
mismas como canales neutrales de información que ya ha sido divulgada,
sus algoritmos promueven activamente una sustancia dañina. Pero lejos de
algún coste, las plataformas recaudan miles de millones de dólares en
ganancias año tras año (Stiglitz, 2024, p. 13).
¿Por qué las plataformas deberían poder eludir la responsabilidad por
sus acciones y no cargar con sus consecuencias? A uno y otro lado del
Atlántico disponemos de ejemplos para poner de manifiesto la
preocupación que este interrogante plantea. O, dicho, en otros términos,
“poner fin a los privilegios especiales para unos pocos” (Costas, 2024).
La ley que, en la década de los noventa, los Estados Unidos aprobasen
para estimular la innovación en la economía digital ampara hoy de toda
responsabilidad a los gigantes de GAFAM. Sin embargo, la Corte Suprema
de Estados Unidos está considerando casos que interpelan a esta
legislación. En Brasil, el juez De Moraes ordenaba el 30 de agosto de
2024 que la actividad de la plataforma del todopoderoso Elon Musk, X,
fuese suspendida de inmediato:
la contundente medida del juez del Supremo brasileño supone la
culminación del pulso público y legal que mantiene desde hace meses con
Musk sobre los límites de libertad de expresión y cómo combatir la
desinformación, las noticias falsas y el discurso de odio (Galarraga,
2024, p. 36).
Dos días antes el fundador de Telgram, Pável Dúrov se enfrentaba en
Francia a cargos como blanqueamiento de crímenes y complicidad en la
difusión de imágenes pedófilas. Las imputaciones formales de la justicia
francesa avanzan en el compromiso de exigir responsabilidades a las
plataformas y sientan las bases de rendir cuentas y cargar con las
consecuencias: “acusar personalmente al presidente ejecutivo de lo que
los usuarios hacen en su aplicación marca una nueva era. Dúrov se
encuentra en libertad bajo fianza de cinco millones de euros y tiene
prohibido salir de Francia” (Galarraga, 2024, p. 36).
Dotarse, como ha sido el caso, del Reglamento 2024/1689 sobre
Inteligencia Artificial, alinea a la UE con el cometido de preservar el
Estado de Derecho y acometer marcos regulatorios (como viene sugiriendo
el FMI): se trata de dotar a la ciudadanía de la garantía de disponer y
usar sistemas de IA seguros que no atenten contra sus derechos
fundamentales y de afrontar los necesarios desarrollos que la economía
verde plantea. Tal y como figura en el considerando 6 del
Reglamento:
Dadas las importantes repercusiones que la IA puede tener en la
sociedad y la necesidad de generar confianza, es fundamental que la IA y
su marco reglamentario se desarrollen de conformidad con los valores de
la Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea
(TUE), los derechos y libertades fundamentales consagrados en los
Tratados y, de conformidad con el artículo 6 del TUE, la Carta. Como
requisito previo, la IA debe ser una tecnología centrada en el ser
humano. Además, debe ser una herramienta para las personas y tener por
objetivo último aumentar el bienestar humano (Unión Europea, 2024, p.
2).
El día 12 de julio de 2024 el Diario Oficial de la Unión Europea
publicaba el Reglamento de IA que afectará tanto a los proveedores de
sistemas de IA cuanto a sus usuarios. Trata con ello de minimizar el
riesgo derivado de su uso que clasifica como directamente prohibido, de
alto riesgo, de limitado riesgo o de mínimo riesgo. La legislación
comunitaria preserva el art. 2 en el que se funda la UE de ahí que se
prohíban los sistemas que alteren la conciencia y la adopción de una
toma de decisiones libre e informada o que cosifiquen a la persona por
sus características personales y comportamientos. Se trata también de
que los proveedores asuman la buena práctica de rendir cuentas pues
ahora se verán obligados de informar a sus usuarios sobre las
capacidades y riesgos de sus sistemas y reforzar la ciberseguridad con
mecanismos que supervisen la manipulación de datos. Este trabajo de
supervisión de los sistemas también afectará a las empresas y a los
usuarios, que van a tener que incorporar un sistema de gestión de
riesgos, así como un registro de la actividad de los sistemas de IA. El
incumplimiento de la norma prevista por el reglamento de IA (art. 5.
Prácticas de IA prohibidas) conllevará para sus infractores, sean
proveedores o usuarios, multas administrativas de hasta 35 000 000 EUR
o, si el infractor es una empresa, de hasta el 7 % de su volumen de
negocios mundial total correspondiente al ejercicio financiero anterior,
si esta cuantía fuese superior (art. 99 Sanciones). El
Reglamento será aplicable a partir del 2 de agosto de 2026, si bien los
capítulos I, de Disposiciones Generales y II, de Prácticas Prohibidas
serán aplicables a partir del 2 de febrero de 2025.
Frente a las críticas que auguran que el recién aprobado Reglamento
de IA puede reducir o afectar la innovación, la inversión y la
competitividad del y en el mercado, hay voces que auguran que su
promulgación es positiva para la ciudadanía y la economía europeas:
Este reglamento supone una gran oportunidad para innovar hacia el
nuevo modelo productivo impulsado por la IA, en condiciones de seguridad
que no serían posibles sin una regulación básica que limite tanto las
actuaciones como los riesgos que la implementación de los sistemas de IA
puede suponer para las empresas. El derecho y la seguridad jurídica,
sobre todo si el legislador comunitario es capaz de adaptarse a una
realidad tan cambiante como a la que nos enfrentamos, debería
proporcionar una ventaja competitiva frente a la total ausencia de
regulación (Castiñeira, 2024, p. 10).
Si bien, y aun cuando, los modelos de IA fuesen seguros –columna
vertebral del del Reglamento de IA– “para hacer de contrapeso a la
hegemonía de Estados Unidos, Europa tendrá que seguir abriendo su ley de
IA a la innovación técnica” (Samila, 2024, p. 9). El profesor Sampsa
Samila, director de la Iniciativa sobre Inteligencia Artificial y el
Futuro de la Dirección del IESE, precisa que una cultura dinámica de
innovación en Europa contendría que la IA cayera en manos de un reducido
número de actores corporativos a escala global con las consecuencias
negativas que ello acarrearía para la promoción y protección de la
diversidad de las expresiones culturales. “En un bloque de 27 países que
tiene por lema <<Unidos por la diversidad>>, las empresas de
IA podrían prosperar desarrollando modelos respetuosos con la cultura y
el idioma de cada mercado” (Samila, 2024, p. 9).
Si a los medios de comunicación tradicionales “les cuesta entender lo
que pasa en las redes: les resulta imposible tener una visión panorámica
de algo que sólo está formado por microespacios personalizados” (Patino,
2022, p. 143). En el espacio de las plataformas sociales:
cada cual tiene su propia versión de Facebook, de Youtube, de
Twitter. Esto provoca incomprensión: ningún usuario percibe un efecto de
espejo fiel en los temas tratados por los medios de comunicación. La
estanqueidad que se desarrolla en ambos mundos, que acaban por no tratar
los mismos temas, completa de forma mortífera la diferencia de
naturaleza: el ring pasional y abierto a todos de las redes amenaza con
acabar con el ágora razonada de los medios de comunicación periodísticos
en su capacidad para percibir el conjunto de lo que está en juego en la
sociedad. Los dos universos ya no tienen la misma representación del
mundo (Patino, 2022, p. 144).
4. Desafíos
de la UE en los niveles internos y externo
La prensa si ejerce correctamente su profesión, produce, en el
mercado de las ideas, una información exacta y rigurosa, que se impone
naturalmente a las mentiras y las ideas falsas y es por ello por lo que
está al servicio del público (…) Para Thomas Jefferson: No hay ningún
peligro en tolerar errores y opiniones falsas cuando se permite a la
razón combatirlos (Patino, 2022, p. 134).
La necesidad de una conversación pública renovada a propósito del
futuro de Europa sólo será posible si hacemos a la ciudadanía consciente
de las consecuencias que la toma de decisiones comunitaria puede tener
en la vida de los ciudadanos de la Unión. Si “la prensa que hace veinte
años aún organizaba la conversación pública hoy se encuentra con que es
la conversación pública quien la organiza. Y el debate público en su
conjunto no sale indemne” (Patino, 2022, p. 143). Precisamos ser
consecuentes ante los desafíos que a continuación comentaremos.
Desafío Uno. La necesidad de una conversación pública renovada.
Amenazada y debilitada la libertad de prensa en este contexto digital,
¿cómo podrá recuperar el periodismo la conversación universal y
ciudadana en la que se le reconocía esencial porque ofrecía los hechos,
su contexto y su explicación? (Patino, 2022, p. 134).
Colocar a la ciudadanía en el centro de un debate sobre cómo abordar
los retos internos y externos (que no se previeron al aprobar el Tratado
de Lisboa, porque no fueron recogidos tampoco entonces tras los
resultados de la Convención sobre el Futuro de Europa de 2001), era la
petición del Parlamento Europeo en esta ocasión. Y apostar por un
enfoque ascendente, transparente, inclusivo, participativo y bien
equilibrado.
La firma de la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre
el Futuro de Europa se rubricó el 10 de marzo de 2021. El presidente del
Parlamento Europeo, David Sassoli, el primer ministro de Portugal,
António Costa, en nombre de la Presidencia del Consejo, y la presidenta
de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmaron dicha Declaración. Este
hecho facilitaba que se pusiera en marcha un mecanismo para organizar
una serie de debates y discusiones que harían posible a los ciudadanos
europeos de cualquier parte compartir sus ideas y contribuir a dar forma
al futuro de Europa.
En el Discurso del estado de la Unión de 2021, titulado Reforzar
el alma de nuestra unión, la presidenta de la Comisión Europea
había sido tajante al afirmar:
Si queremos crear nuestra Unión a su imagen, los jóvenes deben poder
crear el futuro de Europa. Nuestra Unión debe tener un alma y una visión
que les lleguen. Retomando la pregunta de Jacques Delors: ¿Cómo podremos
construir Europa si los jóvenes no ven en ella un proyecto colectivo y
una representación de su propio futuro? (Comisión Europea, 2021b)
¿Es el Seguimiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un
punto de inflexión en la forma de comunicar la política que se hace en
la Unión Europea y solventar las demandas de cubrir el déficit de
participación democrática que la ciudanía europea demanda? Podría
resultar que así fuera puesto que la Conferencia finalizó el 2 de
diciembre de 2021, con el evento de restitución organizado por las
instituciones europeas para los ciudadanos que participaron en los
debates dentro de los paneles europeos y nacionales, en las numerosas
manifestaciones en las regiones y en la plataforma digital multilingüe
de la Conferencia. Evento de restitución a través del cual, más de 500
ciudadanos se reunieron en Bruselas para expresar una vez más sus
expectativas, escuchar las respuestas del Parlamento Europeo, el Consejo
de Ministros y la Comisión, y preguntar directamente a sus
representantes. Aunque muchas de las propuestas ya se están teniendo en
cuenta en la formulación de políticas, los representantes de las tres
instituciones se comprometieron a continuar el ejercicio y a comunicar
los resultados abiertamente (Unión Europea, 2022).
Según Carcoran (2010), la escasa atención informativa que las
instituciones europeas reciben ha contribuido a la existencia de un
“déficit democrático’.
Estas instituciones resultan menos visibles a los ciudadanos, y
gracias a ello, los gobiernos se liberan de los constreñimientos que
derivan del escrutinio al que están sometidos en sus países de origen, y
en este espacio de semi-sombra, los lobbies empresariales operan con
mayor efectividad (Lamuedra-Graván, 2011, p. 28).
Como nos recuerda Patino, citando a Lewin y a White, la teoría del
gatekeeping que dirimía qué de todo lo importante era lo relevante
mediante un criterio selectivo de asuntos comunicables, explicable,
responsable, independiente y desinteresado (esta necesidad estuvo en el
origen de la búsqueda de autonomía de las redacciones en los diferentes
medios de comunicación),
Con la aparición de las redes sociales, aunque la prensa esté
disponible en línea, ya no se la percibe como la que publica sino como
la que oculta. Su legitimidad se resiente y queda instalada en la
desconfianza. Y le acusan de hacerlo a sabiendas, obedeciendo a
criterios selectivos que no son desinteresados e independientes por
cuanto están dictados por criterios político-económicos. El gatekeeping
se asimila a censura disfrazada (Patino, 2022, p. 131).
Y sobre la teoría de la agenda setting, o la aptitud de los medios de
comunicación para organizar la conversación pública, Patino advierte que
no se trata de enunciar lo que habría de pensarse sobre los
acontecimientos cuanto de promover aquellos temas sobre los que hay que
pensar. Este hecho es crucial para la vida en democracia: que la agenda
mediática y la social interactúen y se alimenten una de la otra.
Con las redes sociales lo que ha venido a ocurrir con la agenda
setting es aún más grave: los periodistas se acomodan al hecho de
difundir lo que les preocupa como casta social homogénea en sus
convicciones, sus prácticas culturales y sus centros vitales (Patino,
2022, p. 132)
Desafío Dos. Reforzar la cooperación interna de todos los estados
miembros. Y modificar los Tratados, si fuera preciso, para completar la
Unión. El análisis de Peirano muestra con claridad el paisaje de
acontecimientos de los últimos años, en los que dos dimensiones del
poder, esto es, el desarrollo de infraestructuras técnicas y la
capacidad de construir relato o realidad, habrían salido fortalecidas
gracias a una fuerte interdependencia interna:
En el nuevo escenario, las tres potencias que dominan el tablero
internacional son EE. UU., Rusia y China. Europa mantiene su papel
diplomático, pero necesita desarrollar sus valores y construir un relato
propio que refuerce la cooperación interna de todos sus miembros. Para
conseguirlo, necesita establecer una nueva estrategia digital basada en
la soberanía de sus infraestructuras. Para hacerlo, es imprescindible
tener una perspectiva clara de cómo se desarrollaron las
infraestructuras originales y en qué estado se encuentran actualmente
(Peirano, 2023, pp. 170-171)
Pero no sólo. Para el caso resulta de interés recuperar y ahondar en
la reflexión de Beck (2012) cuando, al abordar la perspectiva de la
sociedad europea, se pregunta “¿dónde quedan los ciudadanos y dónde la
Europa de los individuos, de las personas, de la gente corriente?” (pp.
81-82). Propone el regreso a los que considera “cuatro principios de la
formación de confianza en Europa, que representan los fundamentos
irrenunciables de una sociedad europea” (Beck, 2012, pp. 7879).
Principio de juego limpio: Con la ampliación de la Unión
Europea se crean también siempre nuevas dependencias y obligaciones: lo
decisivo es que tanto los correspondientes procedimientos como los
resultados sean percibidos por todos los implicados como correctos y
justos. Principio de equilibrio: En el modo como se comporten
los grandes y poderosos con los pequeños Estados se decide si mañana se
podrá seguir viviendo bien en Europa –y también si en el futuro Europa
se sostendrá–. Principio de reconciliación: Como es
completamente normal que en tan complejo mosaico de países, economías,
culturas y democracias existan desigualdades entre los socios, la
relación con los estados más débiles debe caracterizarse por una
política de reconciliación. Principio de impedir la
explotación: Deben introducirse en la arquitectura política de
Europa medidas de seguridad institucionales suficientemente potentes
para evitar que los países fuertes exploten la debilidad de los otros en
su propio beneficio. Aludía el sociólogo alemán a estas cuatro
condiciones básicas que deberían imperar en una sociedad europea en la
que pudiera merecer la pena vivir. Y, añadía: “La táctica del titubeo,
del adiestramiento y el aleccionamiento destruye la confianza recíproca
de los ciudadanos. Y, entonces, la visión de un continente unido se
convierte en la imagen de Europa como enemigo” (Beck, 2012, p. 79).
Entendió Peirano que la reforma de las instituciones comunitarias se
había hecho un hueco en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de
2022, y que los estados miembros estuvieron de acuerdo en su voluntad de
convertir a la Unión en líder de la conectividad digital.
En la actualidad, equilibrar el flujo de la información, el dato y su
procesamiento también en la Unión Europea pasa por consolidar toda una
red de fibra óptica necesaria para implementar la tecnología 5G sin
subordinarnos a corporaciones como Huawei que nos hagan depender de
China, el actor más determinante de las estrategias de mercado a muy
corto plazo junto con las corporaciones Baidu, Alibaba y Tencent (BAT).
Recordemos que en la última cita de los BRICS (preparatoria de la que
les congrega en Rusia, en 2024) este bloque incorporó a Argentina,
Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.
Ampliación que supera en PIB al del G-7, así como lo hacen sus ingentes
recursos naturales y demográficos o el potencial investigador y
educativo (y no sólo de China), lo que le dota de la capacidad
suficiente para poner punto final al periodo de control occidental sobre
el planeta.
Peirano interpreta los datos que pone a nuestra disposición el último
Mapa Global de Internet de TeleGeography sobre el estado de la
infraestructura de internet a nivel global, y muestra que los cuatro
mayores centros de conexión a la red están en Europa. Sin embargo, aduce
que el principal desarrollo habría corrido a cargo de los proveedores de
servicios estadounidenses –Google, Facebook, Amazon y Microsoft–:
Consecuentemente, en los últimos años han liderado el desarrollo de
infraestructuras de comunicación en el mundo occidental. Su prioridad,
sin embargo, no es el servicio público sino garantizar la velocidad de
conexión entre sus centros de datos y los grandes nodos de interconexión
global” (Peirano, 2023, pp. 183-184).
Ciertamente, aunque las fortalezas de la IA dirijan nuestra atención
hacia los gigantes tecnológicos estadounidenses, los notables
desarrollos de China e India en infraestructuras para la inteligencia
artificial ya sean como proveedores de centros de datos, de nube o
semiconductores nos advierten de que a medida que el mercado se
desarrolla seguirán creciendo. Del mismo modo, la situación lo será
favorable para Japón y otros tigres asiáticos como Corea del Sur o
Singapur. Independientemente de que lo que puedan suponer estas
tecnologías para las corporaciones europeas, las más interesadas en no
quedarse a rebufo de las anteriores son las alemanas (sector
industrial), francesas (sectores aeroespaciales, de automoción y
químico) y las de logística y tecnología en Países Bajos. Artero (2024,
p. 12), avanza al menos dos razones que obligarían a los inversores
europeos a abordar la IA desde una perspectiva global: “las
implicaciones para la seguridad nacional que rodean el acceso y el
control de sus datos” y dada la probable y voraz competencia “que nuevas
normas similares a la política estadounidense que limita la venta de
algunos chips de IA avanzados a China, se extiendan”.
Circunstancia que nos guía al tercero de los desafíos que tiene por
delante la Unión Europea si, como presuponemos, la transición digital
hace de lanzadera de innovación mejora en la calidad de vida de la
ciudadanía europea.
Desafío Tres. Establecerse con independencia apoyándose en una nueva
estrategia digital basada en la soberanía de sus infraestructuras (en el
marco de las seis prioridades de la Comisión 2019-2024):
Plantea Peirano (2023) que:
tres crisis refuerzan la interdependencia sistémica de nuestras
economías, nuestras sociedades y nuestros futuros: la crisis de
suministros, la crisis energética y la crisis climática. Los dos
acontecimientos que marcan la agenda informativa y económica de los
últimos años constituyen una clara demostración (p. 169).
Sostiene que la “encrucijada” en la que nos encontramos viene marcada
por el ascenso colonialista de las grandes plataformas tecnológicas
(amenazando el horizonte de internet), por un lado y por otro, por el
ascenso nacionalista de las democracias “aliberales”. Así que, no es de
extrañar, que el futuro de Europa vea amenazada su soberanía como
bloque, tal y como Thierry Breton, comisario europeo de Mercado
Interior, advertía en febrero de 2021: “la crisis que llegó con la
pandemia ha sido el detonante de la toma de conciencia sobre la
vulnerabilidad de nuestros sistemas económicos” (Sánchez, 2021, p. 5). Y
cree que la UE debe ser dueña de su destino en plena “guerra
tecnológica”. En su política de fines está relanzar una estrategia
industrial de gran alcance con la que reducir la exposición de la UE a
los riesgos. Para ello, entiende, se precisa recuperar la soberanía en
la actividad energética, pero también descarbonizando la energía e
inventando modelos mucho más resistentes. El comisario (ex presidente de
France Telecom, como ya señalamos) consideraba que:
La UE deberá acometer nuevas inversiones para no quedarse atrás en la
batalla tecnológica. Durante los próximos 20 a 30 años, los riesgos de
exclusión social y el desafío de la dependencia estratégica girarán en
torno a la conectividad. Una cuarta parte de la población europea no
tiene acceso a banda ancha de muy alta velocidad. Esto es inaceptable.
Para ofrecer a todos nuestros conciudadanos un acceso a muy alta
velocidad tendremos que posicionarnos en la carrera espacial global y
equipararnos con una constelación de satélites en órbita baja, además de
redes de fibra y 5G. El mundo venidero girará en torno a los datos y
nuestra capacidad para recopilar, gestionar y analizar estos datos en
todos los sectores. La guerra de los datos ya ha comenzado. Será
importante para nosotros estar a la vanguardia: equiparnos con capacidad
de procesamiento, potencia informática autónoma y una nube europea
(Sánchez, 2021, p. 5)
Si esto es así, el mercado laboral sufrirá muchos y duros embates.
Sobre los gigantes tecnológicos, el comisario europeo de interior
manifestaba:
Seamos conscientes: El futuro de nuestro espacio público no puede
dejarse en manos de empresas digitales sin control ni legitimidad
democrática. Démonos cuenta de que es una cuestión de supervivencia para
nuestras democracias en el siglo XXI. (…) Sin potentes corporaciones
tecnológicas europeas para competir con los titanes estadounidenses y
chinos, el gran riesgo de quedar relegados es previsible: lo que está en
juego no sólo es científico o económico, ahora va acompañado de un
desafío geopolítico (Sánchez, 2021, p. 5).
Pero no sólo está en juego la soberanía digital de la UE, parece que
la soberanía personal de la ciudadanía europea es la materia prima que
reivindica, de modo unilateral, el selecto grupo de empresas
norteamericanas y chinas para su traducción en datos (Zuboff, 2020). El
ciudadano sería engañado de manera doble: “cuando hace entrega de sus
datos a cambio de unos servicios casi siempre relativamente triviales, y
cuando posteriormente esos datos son personalizados y estructuran un
mundo nuevo que es más opaco que el anterior (y menos deseable)”
(Estefanía, 2024b, p. 7).
5. A modo de conclusión
Entendemos que con la propuesta legislativa de la Comisión Europea
sobre el mercado digital se pretendan, por una parte, abordar la
competencia desleal de las grandes tecnológicas (Ley del Mercado
Digital) y por otra, exigir una mayor responsabilidad sobre
comportamientos ilegales en sus plataformas (Ley de Servicios
Digitales). Nos gustaría pensar que esta doble medida trata de
establecer el regreso a una política de finalidad de las instituciones
comunitarias marcada por la autoexigencia de los estándares de calidad
debidos a una ciudadanía democrática. De tal modo que, preservar las
obligaciones de las corporaciones públicas y los derechos de ciudanía
digital pasaría no sólo por sostener la universalidad de contenido y
acceso, sino también la producción y distribución de una oferta capaz de
generar cohesión social y de contribuir al pluralismo político: que
proteja y promocione la diversidad de las expresiones culturales, capaz
de atender y de entender la complejidad de nuestras sociedades con
independencia y rendición de cuentas. Entendemos también que el
Reglamento de IA, que tiene como objetivo prestar apoyo a la innovación,
pretenda hacer más eficiente el mercado interior y común de 27 Estados
Miembros, así como dotarse de una inteligencia artificial (IA) centrada
en las personas y segura, garante de la Carta de Derechos Fundamentales
de la UE y la protección del medio ambiente. Pero para contener la
vulneración al estado de derecho y a los valores en los que se funda la
UE se precisa seguir profundizando en algunos otros aspectos:
Una conversación pública renovada, que procure el intercambio de
las conversaciones públicas de los espacios nacionales y que sea capaz
de trascenderlos.
Reforzar en el ámbito comunitario la cooperación interna de todos
sus miembros. Y modificar los Tratados, si fuera preciso, para completar
la Unión (Tercera Convención sobre el futuro de Europa, en
ciernes).
Establecerse con independencia a nivel global apoyándose en una
nueva estrategia digital basada en la soberanía de sus infraestructuras
(en el marco de las seis prioridades de la Comisión 2019-2024).
Si por todas partes, como señalara Judt (2011) vemos los efectos
perversos de la supresión del debate genuino para alcanzar objetivos
comunes ¿qué impide renovar nuestra conversación pública? Hacerlo, le
parecía a Tony Judt la única forma realista de propiciar un cambio. No
pensaremos de otra forma si no hablamos de otra forma. “Ante la guerra
tecnológica en gestación y el riesgo latente de dependencia tecnológica,
Europa debe seguir siendo dueña de su destino y desarrollar una economía
capaz de preservar sus conocimientos y tecnologías” (Thierry Breton, en
Sánchez, 2021, p. 7).
Edgar Morin (París, 103 años) reflexiona sobre la instalación
tecnocientífica de esta sociedad domótica, de carreras –por emplear la
expresión que acuñase en la década de los noventa, Paul Virilio– que
parece retorna al “dogmatismo y al fanatismo, así como a una crisis de
la moral por el auge del odio y la idolatría” (Morin, 2024, p. 2).
Reitera Morin que los saberes fragmentados en los que nuestras
disciplinas parecen haber encerrado al conocimiento nos impiden concebir
la complejidad de lo real, y especialmente del mundo de la vida
corriente o, como él prefiere señalar, de las realidades humanas:
Hubo un tiempo –no hace tanto– en el que podíamos contemplar un
cambio de rumbo. Parece que es demasiado tarde. Por supuesto, puede
ocurrir lo improbable y, sobre todo, lo imprevisto. No sabemos si la
situación mundial es solamente desesperante o verdaderamente
desesperada. Esto significa que, con o sin esperanza, con o sin
desesperación, debemos pasar a la Resistencia (Morin, 2024, p. 2).
El filósofo de la tecnología Yuk Hui refrendaría la visión de Morin,
aunque no disponemos de datos que confirmen si han intercambiado
reflexiones. En la entrevista que para el diario El País le
hiciese Josep Catá a la pregunta: ¿Cómo pensar la tecnología desde otros
lugares?, Hui pone de manifiesto que: “no podemos dejar que la razón
económica y el individualismo domine nuestro uso de la tecnología,
estudiemos otros caminos para desarrollar alternativas que sirvan a la
comunidad” (Catá, 2024, p. 5). Y apela al término “tecnodiversidad” para
abrir una vía que nos ayude a entender hoy cuáles de los conocimientos
son “relevantes” –término que emplea y no seguramente al azar– para lo
que hacemos y cómo pueden ser(nos) de utilidad para “resituar” la
tecnología.
Si como plantea Artero (2024), director de Inversiones de JP Morgan
Banca Privada en España, la IA (que apenas está comenzando) “cambiará la
forma en que pensamos, trabajamos y resolvemos problemas, abriendo el
camino hacia la innovación y cambios revolucionarios” (p. 12).
Entendemos que, ante las transformaciones socioculturales y
civilizatorias a las que estamos asistiendo, se precisan con urgencia
mentalidades para el cambio. Sin ellas el cambio de mentalidad que
augura la IA será improbable, pues exige además de otras miradas otros
compromisos. Pero frente a todo pronóstico, los Estados siguen situados
en los márgenes economicistas y geopolíticos en la carrera de la IA.
Solamente, plantea Éric Sadin, les preocupa su soberanía digital lo que
lleva al callejón sin salida de la automatización cada vez mayor de los
asuntos humanos y a la práctica imposibilidad de replicar otros modos de
vivir en comunidad:
Ha llegado el momento de acabar con esta concepción piramidal y
anticuada del saber y construir una sociedad que se mire en el espejo,
que sea capaz de hacer públicos los datos que merecen serlo dentro de
nuestro cuerpo político común. Es decir, unas condiciones que nos den
los medios para contradecir las representaciones dominantes, para hacer
valer nuestros derechos fundamentales y nuestras legítimas diferencias,
mediante el ejercicio, con hechos, de nuestra propia soberanía (Sadin,
2024, p. 4).
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