https://doi.org/10.5209/RIBE.106674; Recibido: 21/12/2025; Revisado: 18/01/2026; Aceptado: 27/01/2026
Francisco-Javier León-Álvarez, Biblioteca Pública Municipal de La Orotava (Tenerife, Canarias); franciscojla@villadelaorotava.org; https://orcid.org/0000-0003-0404-8098
Artículos; Revista de Investigación sobre Bibliotecas, Educación y Sociedad; e-ISSN: 3045-5685; Ediciones Complutense; Creative Commons CC BY 4.0
Resumen: Estudio exploratorio para conocer cómo puede estar afectando la práctica de la censura en las bibliotecas públicas de España entre 2020 y 2024 a través del personal profesional de las bibliotecas públicas de Canarias. Se ha utilizado la encuesta como método de investigación, empleando un cuestionario en línea autoadministrado entre marzo y abril de 2024 y aplicado a una muestra de 161 bibliotecas públicas. Se ha obtenido una tasa de respuesta del 37,26 %. Se destaca, entre las principales conclusiones, que para el personal encuestado la censura solo está afectando a determinadas bibliotecas públicas de ciertas provincias. Considera muy positivas la diversidad y la pluralidad informativa de las colecciones, así como garantizar el acceso libre a la información a las personas usuarias y el respeto a su derecho a la libertad y demandas informativas. Pone de manifiesto que debe adoptar un papel neutral al desempeñar su cometido y defiende el asociacionismo profesional como marco de cohesión frente a posibles prácticas relacionadas con la censura. Este trabajo implica una nueva vía de investigación en España para comprender el impacto negativo de la praxis de la censura y cómo esta interfiere en la gestión de las unidades de información.
Palabras clave: Acceso a la información; Bibliotecas públicas; Canarias; Censura; Colecciones de las bibliotecas; Diversidad informativa; Libertad de información; Personal bibliotecario.
Abstract: Exploratory study to find out how the practice of censorship may be affecting public libraries in Spain between 2020 and 2024 according to the opinion of public library professional staff in the Canary Islands. The survey has been used as a research method by means of a self-administered online questionnaire which was applied to a sample of 161 public libraries between March and April, 2024 and with a response rate of 37.26 %. Among the main conclusions, it stands out that according to the staff, censorship is only affecting certain public libraries in certain provinces. They consider that the diversity and plurality of information in the collections are very positive as well as guaranteeing free access to information for users and respect for their right to freedom and information demands. They show that they must adopt a neutral role when carrying out their duties and defend professional associations as a cohesion framework against possible practices related to censorship. This work implies a new way of research in Spain to understand the negative impact of the praxis of censorship and how it interferes with the management of information units.
Keywords: Access to Information; Public Libraries; The Canary Islands; Censorship; Library Collections; Information Diversity; Freedom of Information; Library Staff; Librarians.
Sumario: 1. Introducción. 1.1. Tipologías de censura en el ámbito bibliotecario. 1.2. El posicionamiento del asociacionismo profesional bibliotecario en relación a la práctica de la censura. 2. Objetivos. 3. Metodología. 4. Resultados. 4.1. Características generales del personal profesional encuestado. 4.2. Percepción general de la censura en las bibliotecas públicas de España por el personal de Canarias. 4.3. Aspectos normativos relacionados con la regulación de la censura. 4.4. Colección y servicios bibliotecarios en general. 4.5. Los contenidos en las colecciones de las bibliotecas públicas de Canarias. 4.6. Perfil bibliotecario y asociacionismo profesional. 4.7. Pregunta final de respuesta libre. 4.8. Propuesta adicional final. 5. Conclusiones. 6. Perspectivas de futuro. 7. Agradecimientos. 8. Contribución de autoría. 9. Referencias.
Cómo citar: Francisco-Javier León-Álvarez. (2026). Análisis de la percepción del personal profesional de las bibliotecas públicas de Canarias sobre la práctica de la censura en las bibliotecas públicas españolas entre 2020 y 2024. Revista de Investigación sobre Bibliotecas, Educación y Sociedad, 3, e106674. https://doi.org/10.5209/RIBE.106674
Las bibliotecas públicas son espacios imprescindibles en el crecimiento y la cimentación de las sociedades democráticas, cuya razón de ser responde a un doble motivo: por un lado, aseguran el acceso libre e igualitario a la información, sin que se produzcan restricciones de ningún tipo por cuestiones de género, raza, religión, ideología y procedencia geográfica; por otro, son un núcleo de convivencia pacífica y de cohesión entre sus personas usuarias, lo que implica el respeto plural a la libertad de opinión y pensamiento.
En la actualidad, la aplicación coyuntural de la censura en determinadas bibliotecas públicas de países desarrollados ha propiciado un debate en la comunidad profesional y científica, producto de sus efectos negativos en la sociedad y los desequilibrios que conlleva en el acceso a la información.
La tradicional neutralidad de estas unidades de información, que garantiza un ambiente democrático, servicios con carácter igualitario para toda la sociedad y la formación de colecciones de contenido plural y diverso, se está viendo afectada por quienes desean imponer la censura en ellas, a través de decisiones que vulneran los principios de la gestión bibliotecaria. Por eso, Lankes (2023, p. 3) advierte que “muchos de los ataques organizados contra la libre expresión de ideas nunca han valorado la objetividad, ya que quieren instaurar un régimen ideológico claro dentro de la biblioteca”.
Atendiendo a su etimología, el término “censura” proviene del latín censūra, que significa “acción de censurar” y “dictamen que se emitía acerca de una obra” (Real Academia Española, 2026), entre otras cosas. Su origen está en la institución política de la censura, que se creó en la Antigua Roma el 443 antes de Cristo y perduró hasta el 92 antes de Cristo (Casanova-Leal, 2021). Aunque nació con un fin administrativo, desempeñándola 2 magistrados que se encargaban de elaborar el census (censo) para clasificar a la población en función de su patrimonio (Planchuelo-Redondo, 2021; Fontecha-Rubio, 2023), acabó convirtiéndose en un instrumento que permitía al censor sancionar actuaciones que infringían la moral pública y las costumbres.
A partir de ese origen, la censura se incorporó al devenir de la historia universal, evolucionando también semánticamente, pero utilizándose siempre por personas y grupos como un método “para prevenir y controlar la creación, el acceso y la difusión de ideas e información” (Oppenheim y Smith, 2004, p. 159).
Precisamente, no existe una única definición de esta praxis negativa que sea aceptada por la comunidad científica. Una de las más completas es la de Otero (2003, p. 26), quien la define como “la forma institucionalizada de controlar la expresión de ideales, opiniones y conceptos que puedan afectar el poder político, económico o la moral social”, lo cual implica un procedimiento de dominio normalizado mediante instituciones de carácter oficial, practicado tanto por estados como gobiernos para imponer su ideario y para mantener su idea de orden social frente a actitudes y manifestaciones contrarias a ese poder.
Por su parte, Álvarez-González (2007, p. 1) se refiere a ella como “el control ideológico –en lo artístico, lo moral y lo doctrinal– de quien se expresa, para evitar así las desviaciones sociales inconvenientes para el statu quo”. Se diferencia de la definición anterior porque tiene un componente más global, ya que enfatiza el papel de la ideología dominante para suprimir la expresión libre de ideas y mantener el orden establecido que le beneficia.
En lo que respecta al entorno bibliotecario, la American Library Association’s Intellectual Freedom Committee (ALA/IFC) explica la censura como la limitación o eliminación del acceso a cualquier forma de expresión humana, desde las imágenes hasta las palabras y las ideas, basándose en la decisión que toma una autoridad gobernante sobre toda la comunidad (ALA/IFC, 2023).
Esta limitación también tiene en cuenta la historia social y política del libro como medio de transmisión de información y conocimiento, ya que, tal y como indican Meneses-Tello y Licea-de-Arenas (2005), se ha visto afectado por el control político y religioso en distintos períodos y sociedades, de ahí que se haya convertido en un elemento clave de la censura, afectando evidentemente a las bibliotecas públicas. De hecho, Aucoin (2021, p. 1) sigue la misma idea de Meneses-Tello y Licea-de-Arenas (2005) al establecer su definición: “Un libro cuya publicación y/o venta ha sido prohibida o suprimida por una autoridad eclesiástica o secular porque su contenido se considera objetable o peligroso, generalmente por razones políticas y/o sociales”.
Por otro lado, la práctica de la censura se suele asociar a países no desarrollados o que están en vías de ello porque favorecen una política que no es democrática. Por eso, Kazimi (2021) insiste en que esto también se produce en naciones democráticas, algunas incluso con una larga trayectoria en este sistema de gobierno, en la medida que se han implantado limitaciones que afectan a la edición y la libre circulación de distintos libros. Esto implica que se debe distinguir entre la censura o la censura dictatorial y la censura democrática (Álvarez-González, 2007): la primera, ejercida por el Estado o las clases dominantes, es propia de las dictaduras; la segunda la llevan a cabo distintos agentes sociales, como por ejemplo las formaciones políticas y la Iglesia, entre otros.
Así pues, la censura se convierte en un problema trascendental porque acarrea la exclusión de distintas maneras de pensar y relega a las personas del poder social. En este punto es donde adquiere importancia el papel de la figura de la persona mediadora (personal del sector bibliotecario, de la edición, la docencia y la promoción de la lectura) porque contribuye a que la sociedad piense en libertad en un marco de acceso libre a la información (Llunch, 2023).
La comunidad científica ha asumido que existen distintas y heterogéneas tipologías de la censura (Otero, 2003; Pereira, 2010; Famous, 2011; Giraldo-Jiménez, 2014; Delicado-Ibarra, 2017; Emeka y Atanda, 2017; Tudor; Moore y Byrne, 2023), cuya clasificación atiende a distintos factores, como los agentes que la generan, el contexto donde se aplica y el sector afectado.
En el caso concreto de las bibliotecas públicas, este acto negativo se ha materializado a través de la censura restrictiva (limitar el acceso de determinados documentos e información de forma intencionada) y la autocensura (por ejemplo, la decisión del personal profesional de no incorporar documentos porque son contrarios al partido gobernante o a las normas de la comunidad donde está asentada la propia biblioteca), insistiendo Stevens (2020) en esta última para que no influya negativamente en la formación de las colecciones y en la transmisión de ideas.
Al mismo tiempo, Wright (2021), siguiendo a su vez a la ALA’s Office for Intellectual Freedom (ALA/OIF, 2021), diferenció 3 métodos de aplicación de la censura en esas unidades de información, que tienen como trasfondo la experiencia en las bibliotecas de Estados Unidos de América:
Prohibiciones (banned): se retira un documento de la estantería de una biblioteca y, por tanto, se deniega su acceso.
Desafíos (challenges): se genera una controversia sobre un determinado título de una colección, cuestionándose por aspectos como su idoneidad/rango de edad, entre otros, pero sin que se tome una decisión sobre su posible retirada o no de dicha colección.
Control de acceso (gatekeeping): incluye desde manifestar a las personas usuarias que un título en cuestión no está disponible, cuyo trasfondo es evitar que accedan a él, hasta promover un lenguaje con una determinada semántica por parte del propio profesional de las bibliotecas para condicionar la libre decisión de esas personas.
El personal profesional de la información, en especial el correspondiente a los ámbitos del periodismo, la archivística y las bibliotecas, no ha sido ajeno a la aplicación de la censura porque utiliza la información como recurso esencial en su trabajo y en su relación con la sociedad. En las últimas décadas, esta praxis se ha acrecentado a nivel internacional porque ciertos Estados y Gobiernos tratan de controlar el desempeño de su cometido para que no canalicen esa información libremente, sobre todo en los regímenes autocráticos y totalitarios donde el personal de la biblioteca se ha convertido en un objetivo fundamental (Cavalcanti et al., 2022).
No en vano, el papel histórico de ese personal ha sido oponerse a la censura en su ámbito de trabajo porque una de sus funciones es promover recursos informativos heterogéneos que contribuyan a desarrollar las habilidades, los intereses y el conocimiento de las personas usuarias y de la ciudadanía en general, ya que el objetivo de estos agentes culturales es garantizar la libertad intelectual de la sociedad (Martiarena-Feijoo, 2022).
En este sentido, ha surgido una tendencia que defiende que las bibliotecas públicas deben abandonar su papel neutral para impulsar otro basado en el activismo bibliotecario, donde se tenga en cuenta los posibles casos de censura que les afecten. Esto conlleva un cambio en el perfil del personal profesional de esas unidades de información, ya que implica que se transformen “en activistas de la alfabetización, del empoderamiento y del cambio social positivo” (Lankes, 2023, p. 3). Por eso, Oppenheim y Smith (2004) reafirmaron la postura de Oboler (1980), que establecía que dicho personal es una figura social y cultural que defiende la libertad intelectual, pero eran partidarios de que este último diese un paso más allá para actuar de una manera más práctica y activa.
A este respecto, el asociacionismo profesional internacional ha asumido el papel reivindicativo de presentar a las bibliotecas públicas como espacios donde existe la libertad en el acceso a la información, de ahí que el Comité de Libre Acceso a la Información y la Libertad de Expresión de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA/FAIFE, 2000) reconoció que ese personal profesional garantiza el acceso autónomo y democrático a los documentos y la propia información en el ámbito de esas unidades de información.
Por esta razón, asociaciones nacionales como Bibliosuisse (2020), Association des Bibliothécaires de France (ABF, 2020) y Deutscher Bibliotheksverband (2023), entre otras, han recogido en sus respectivos códigos deontológicos que las bibliotecas públicas son espacios plurales y democráticos donde prima el acceso libre a la información, caracterizándose además por un marco de diversidad en sus colecciones y sin cabida para ningún tipo de censura.
Al respecto, hay que destacar 2 casos paradigmáticos de este tipo de asociaciones en su relación directa con esta cuestión. Por un lado, la Associazione Italiana Biblioteche (AIB), que en 2018 creó el Osservatorio sulla Censura (OSC) para conocer cómo afectaba esa praxis al personal profesional de sus bibliotecas (AIB, 2024a) y que entre diciembre de 2021 y abril de 2022 llevó a cabo una encuesta (AIB, 2024b) para monitorizar, a través de su opinión, qué efectos estaba causando la censura en esas unidades de información. Por otro lado, es ineludible citar el caso de Estados Unidos, donde la ALA ha desarrollado una larga e histórica trayectoria en la lucha contra la censura en sus bibliotecas públicas, en la cual cobra importancia el activismo bibliotecario. Entre sus actuaciones se constata la creación en 1967 de la ALA’s Office for Intellectual Freedom, que tiene por finalidad proteger la libertad intelectual e instruir al personal profesional sobre su importancia en dichas unidades de información (ALA, 2026). Esta oficina despliega una labor práctica sobre el terreno, como en el caso italiano, y también defiende y protege el derecho de las bibliotecas a recopilar todo tipo de información, asegurando su acceso a la ciudadanía (Gómez-Díaz y García-Rodríguez, 2023). Su código ético (ALA, 2021) establece que sus integrantes defenderán la libertad intelectual y no permitirán cualquier tipo de censura en sus bibliotecas públicas para que se cumpla el principio de la libertad de acceso a la información en un marco de un servicio público plural y diverso.
En el caso concreto de España, las 3 asociaciones nacionales existentes han abordado de manera dispar este aspecto. La Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) no recoge tácitamente en su Código deontológico el término censura, a pesar de que indica que las bibliotecas públicas garantizarán “un acceso libre e igualitario de los recursos a toda la ciudadanía, sin restricciones por razón de género, cuestiones ideológicas, educacionales, culturales, políticas, económicas o de cualquier otra condición, o circunstancia personal o social” (SEDIC, 2022, p. 11). Por su parte, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) tampoco lo incluye en sus estatutos ni en su código ético (FESABID, 2013, 2020), aunque sí presta especial atención a la defensa de la libertad intelectual, donde el personal profesional velará por un acceso libre e igualitario de los recursos informativos.
En lo que respecta a los actuales estatutos de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de los Archivos, las Bibliotecas, los Centros de Documentación, de Información y de Interpretación, los Museos y los Yacimientos Arqueológicos (ANABAD Federación), que datan de 2020, se desconoce si recogen algún aspecto sobre la censura, ya que no son de acceso público indicando en su página web que para ver dicho contenido se necesitan credenciales (ANABAD, 2026).
No obstante, en vista de la coyuntura específica que acaece desde 2023 en determinadas bibliotecas públicas de la Comunidad Valenciana, FESABID emitió un comunicado, denominado Un fantasma recorre Europa: No a la censura en bibliotecas (FESABID, 2023), donde advertía de la situación desfavorable que se estaba produciendo en estas unidades de información por la injerencia política, dando lugar a casos calificados de censura. Uno de ellos afectaba a la Biblioteca Pública Municipal de Burriana (Castellón): el Gobierno municipal, formado por la coalición entre el Partido Popular y Vox, intentó cancelar la suscripción a revistas en catalán (El Periódico, 2023) y reorganizar la sala infantil y juvenil para eliminar documentos de temática LGTBI y de diversidad sexual sin atender a principios de gestión bibliotecaria (Giménez, 2023).
Este comunicado fue secundado por otras agrupaciones territoriales que formaban parte de FESABID, como la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias (ByD Canarias, 2023), la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación (ALDEE, 2023) y la Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación (AAPID, 2023).
El objetivo general de esta investigación es conocer la percepción del personal profesional de las bibliotecas públicas de Canarias sobre la cuestión de la práctica de la censura en las bibliotecas públicas españolas en el período comprendido entre 2020 y 2024.
Al mismo tiempo, se divide en los siguientes objetivos específicos:
Detectar qué agentes pueden estar contribuyendo a la posible práctica de la censura en las bibliotecas públicas españolas.
Conocer qué sabe el personal profesional de las bibliotecas públicas canarias que han respondido sobre la regulación de la censura en la normativa española.
Recabar su opinión sobre la importancia del acceso libre a la información en esas bibliotecas como garantía del cumplimiento de un derecho universal y del progreso de una sociedad democrática.
Averiguar cuál es la trascendencia de la diversidad informativa en la configuración de la colección de una biblioteca pública para representar la comunidad a la que presta sus servicios.
Explorar cómo se forman las colecciones de las bibliotecas públicas canarias para responder a las necesidades informativas de sus personas usuarias y descubrir qué contenidos predominan en ellas como garantía de su pluralidad informativa.
Saber si se han producido quejas de personas usuarias de esas bibliotecas por la presencia en las colecciones de documentos sobre determinados temas considerados lesivos para sus intereses.
Conocer cómo se desarrolla la comunicación entre el personal profesional de esas bibliotecas públicas y las personas usuarias.
Definir qué papel desempeña el asociacionismo profesional español en Información y Documentación en relación a las posibles prácticas de la censura en las bibliotecas públicas.
El método que se utilizó fue la encuesta, planteándose que era el más apropiado porque se trataba de una investigación a escala regional, centrada en las islas Canarias, y por el marco de dispersión geográfica donde se asentaba el personal profesional de las bibliotecas públicas de ese archipiélago.
La finalidad era conocer cómo este último percibía la cuestión de la posible práctica de la censura en ese tipo de unidades de información en España, a partir de su experiencia profesional, y de los efectos negativos que conllevaba.
El período estudiado fue el comprendido entre 2020 y 2024, que presentó una coyuntura específica. Se corresponde con el inicio de la XVI Legislatura de España, caracterizado por una fuerte polarización desde el punto de vista político, que estaba afectando incluso a ciertas bibliotecas públicas, hasta el punto de producirse injerencias en la organización y la configuración de sus colecciones.
Respecto a la planificación, la población objeto de estudio fue el personal profesional de las bibliotecas públicas de Canarias, que formaban parte de la Red de Bibliotecas de Canarias (Red BICA). En vista de que en cada una de estas unidades de información trabajaba un número variable de este personal y que no se contaba con su correo particular para remitirle el cuestionario que se elaboró, se optó por analizar una muestra. Para ello, se recurrió a un doble marco muestral: el Directorio de bibliotecas españolas (Ministerio de Cultura, 2026) y el Directorio de Bibliotecas de Canarias (Biblioteca de Canarias, 2026), comparando y filtrando la información contenida en ambos recursos sobre las bibliotecas públicas de Canarias. De este modo, se generó un nuevo documento con información más actualizada, conformado por 161 bibliotecas públicas, 83 de ellas correspondientes a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 78 a la de Las Palmas de Gran Canaria.
El instrumento de recogida de los datos fue el cuestionario, para cuya elaboración se tuvo en cuenta, sobre todo, diversos trabajos previos realizados en el ámbito anglosajón, caso de Moody (2004), Lukenbill y Lukenbill (2007), Monks, Gaines y Marineau (2014) y McGhee y Chrastka (2024), así como otros correspondientes a Bothma (2007) y la AIB/OSC (2022), este último publicado en 2024 por dicha asociación en su web en forma de resumen (AIB, 2024b).
El cuestionario se estructuró en 6 bloques de contenido:
Características generales del personal profesional encuestado.
Percepción general de la censura en las bibliotecas públicas de España.
Aspectos normativos relacionados con la censura.
Colección y servicios bibliotecarios en general.
Los contenidos en las colecciones de las bibliotecas públicas de Canarias.
Perfil bibliotecario y asociacionismo profesional.
Se plantearon 37 preguntas obligatorias (9 de índole sociodemográfica, 7 en escala Likert y 21 de carácter cerrado). Se añadió una pregunta final, de carácter voluntario, libre y al margen de esos 6 bloques, para que, a partir de su experiencia profesional, el personal encuestado escribiese su opinión sobre qué implica la censura en el ejercicio actual de su profesión y en el contexto de la gestión bibliotecaria. Por último, se planteó una propuesta final para que aquellas personas interesadas en participar posteriormente en un debate centrado en este tema, contactasen con el investigador a través del correo electrónico que se les facilitó en el enunciado de dicha propuesta.
El cuestionario autoadministrado se generó en línea con la herramienta Google Forms y fue enviado el 11 de marzo de 2024, realizando un recordatorio 15 días después. La recogida de los datos se efectuó entre el 11 marzo y el 21 de abril y, tras su finalización, se procesaron de la siguiente forma:
Las respuestas de las preguntas cerradas se compilaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, realizándose los correspondientes cálculos estadísticos y las representaciones gráficas necesarias.
Las respuestas a la pregunta abierta se recogieron en un documento de Microsoft Word de manera secuencial, es decir, tal y como se recibieron, y sin aplicar ningún tipo de filtro. Estas respuestas tenían una fuerte carga subjetiva. En caso de que se hubiese extraído la posible idea principal para agruparlas en apartados relacionados con el tema tratado, no solo se hubiese perdido el sentido general de la propia respuesta, sino también información relevante porque se trataba de opiniones muy personales, derivadas de la actividad profesional en sus respectivos puestos de trabajo.
Solo una de las personas encuestadas manifestó su interés en la propuesta para participar posteriormente en el debate centrado en este tema.
Los instrumentos utilizados, así como los resultados obtenidos, están disponibles desde un conjunto de datos en Zenodo (León-Álvarez, 2026).
Los resultados se presentaron atendiendo a la estructura de los bloques de contenido de la encuesta.
Durante la fase de recogida de datos se detectó que, al menos, 21 de las 161 unidades de información estaban cerradas temporalmente al público por distintos motivos y que en 23 de ellas se daban situaciones concretas que afectaban a la cantidad final de respuestas y al cálculo de la tasa oportuna.
De las 60 personas que respondieron, cerca de 2/3 trabajan en bibliotecas públicas de Tenerife y Gran Canaria: el 35 % en Tenerife y el 30 % en Gran Canaria. El resto se distribuye de la siguiente manera: el 18,33 % en La Palma; el 8,33 % en Lanzarote; el 3,33 % en Fuerteventura, con idéntico porcentaje en La Gomera; y, por último, el 1,67 % en El Hierro.
Eso implica que, dentro de su distribución provincial, el 58,33 % trabaja en unidades de información de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 41,67 % en Las Palmas de Gran Canaria.
A nivel de la cantidad de bibliotecas existentes en cada isla y en lo que respecta a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, contestó el 66,66 % del total del personal encuestado de La Gomera; el 55 %, del concerniente a La Palma; el 50 % de El Hierro; y el 36,20 % de Tenerife. Con respecto a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, lo hizo el 50 %, del total de Lanzarote; el 32,14 %, del correspondiente a Gran Canaria; y el 16,66 %, de Fuerteventura.
Por otro lado, de esas 60 personas, el 78,33 % son mujeres y el 21,67 % hombres. De ese total, el 60 % tiene más de 50 años de edad; el 38,33 % entre 41 a 50 años; y el 1,67 % entre 20 y 30 años.
Respecto al nivel de estudios académicos, el 46,67 % tiene un grado o una licenciatura universitaria; el 21,67 % Bachillerato; y el 16,67 % Formación Profesional II, constituyendo las 3 categorías con más porcentajes.
Al mismo tiempo, el 58,33 % tiene un nivel formativo básico (cursos genéricos) y el 18,33 % un máster relacionado con algún aspecto bibliotecario. El resto presenta porcentajes muy inferiores: el 8,33 %, un grado en Información y Documentación; el 8,33 % una diplomatura en Biblioteconomía y Documentación; el 5 % una licenciatura en Documentación; y el 1,67 % ninguna formación bibliotecaria.
El 50 % ocupa el puesto de auxiliar de biblioteca; el 18,33 % la dirección o coordinación de biblioteca y otro 18,33 % como personal técnico auxiliar de biblioteca, siendo las 3 principales ocupaciones.
El 56,67 % lleva trabajando más de 20 años en su sector profesional, mientras que el 25 %, entre 11 y 20 años. El resto lo hace en porcentajes muy inferiores.
El 23,33 % desarrolla sus servicios para una población comprendida entre 2.501 y 5.000 habitantes; un 20 % para otra entre 5.001 y 10.000 habitantes; el 18,33 % entre 10.001 y 25.000 habitantes; y otro 18,33 % entre 25.001 y 50.000 habitantes.
Por último, el 26,67 % trabaja en bibliotecas públicas conformadas con entre 11.001 y 20.000 documentos como mínimo; otro 26,67 % en otras constituidas con entre 20.001 y 40.000 documentos, también como mínimo, siendo así las 2 opciones dominantes en el conjunto de esas respuestas.
El 56,67 % del personal profesional que respondió consideraba que la censura en las bibliotecas públicas podría estar afectando a determinadas provincias de España, frente a un 21,67 %, para el cual sí era un fenómeno que se estaba desarrollando en un ambiente general del país, tal y como aparece representado en la Figura 1. No obstante, para el 18,33 % no se estaba produciendo esa circunstancia en términos generales, es decir, de manera categórica afirmó que no existía censura en dichas unidades de información.
Figura 1. Estimación de si la censura podría estar afectando a las bibliotecas públicas españolas desde 2020 hasta 2024
Al mismo tiempo, el 53,33 % valoró rotundamente que sí es necesario crear un Observatorio Nacional de la Censura, que se encargaría de realizar un seguimiento regular para monitorizar cualquier actividad censora que afectase a las bibliotecas públicas españolas. El 21,66 % también fue proclive a esta idea, matizando además que su respuesta se justificaba porque existía censura en este tipo de bibliotecas. No obstante, el 18,33 % se mostró rotundamente contrario al establecimiento de este tipo de órgano colegiado, en un porcentaje muy cercano a la segunda opción elegida.
El 63,33 % del personal encuestado manifestó que sabía que la censura está regulada en la Constitución Española, aunque otro 30 % desconocía si constaba o no en ella.
Respecto a la normativa bibliotecaria, el 63,33 % no sabía si dicha praxis figuraba en el articulado de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas (España, 2007), en contraposición al 21,70 % que afirmó que sí aparecía en ella.
De igual modo, el 56,66 % indicó que desconocía si estaba regulada o no en la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y las Bibliotecas de Canarias (Canarias, 2019), mientras que el 21,66 % afirmó que sí lo estaba y otro 21,66 % que no.
El 66,70 % apoyó la propuesta para que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria edite un documento donde explique por qué es importante la libertad de acceso a la información, respaldo que igualmente recibió otro 30 % al indicar categóricamente que resultaba conveniente.
Asimismo, el 45 % respaldó de forma inequívoca la recomendación para que la censura se regule en el reglamento de una biblioteca pública, opción que también fue secundada por otro 43,33 % dado que consideraban que era necesaria.
En el caso concreto de su regulación en el reglamento de las bibliotecas donde trabajaban las 60 personas encuestadas, se produjo una fuerte división en el tipo de respuesta: el 35 % consideró que esta práctica no estaba regulada en el correspondiente a su biblioteca porque, precisamente, esta última no tenía reglamento; el 23,33 % que tampoco lo estaba en el suyo, a pesar de que su biblioteca sí contaba con dicha normativa; y el 21,67 % que no disponía de reglamento propio, pero pensaba que era necesario que figurase en él.
El impacto de la diversidad informativa de la colección de una biblioteca pública se valoró de manera muy positiva por el 70 % del personal profesional encuestado. No se recogió ninguna respuesta donde se indicase que tenía efectos negativos para el incremento de dicha colección.
Al mismo tiempo, el 76,67 % se mostró totalmente de acuerdo con la afirmación de que la censura, aplicada al acceso a la información de un documento de una biblioteca pública, representa un freno para el crecimiento intelectual de las personas usuarias. En este caso, tampoco se recibió ninguna respuesta que mostrase su desacuerdo con esa afirmación.
Con relación a los aspectos que definen la práctica del acceso a la información en una biblioteca pública, se recogieron 298 respuestas por parte del total de 60 participantes, a partir de una propuesta previa para que seleccionasen las opciones que creyesen oportunas. Los 5 elementos que obtuvieron mayor porcentaje fueron los siguientes:
Contribuye a generar el pensamiento crítico en las personas usuarias (75 %).
Promueve el hábito de la lectura y el crecimiento cultural de dichas personas (70 %).
Da sentido al principio universal de la libertad de expresión (66,70 %).
Defensa de los principios de la libertad intelectual (66,70 %).
Empodera a las personas usuarias en el conocimiento y el desarrollo intelectual y personal (63,30 %).
Para el 58,33 %, la restricción de documentos y contenidos en las bibliotecas públicas recorta el acceso democrático y libre a la información, a la vez que para el 31,67 % limita la libertad de pensamiento, opinión y decisión.
Por otro lado, dicho personal se posicionó abiertamente en contra de la proposición para formar una sección “especial” y separada del resto de documentos de la colección para los libros sobre diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual. Por un lado, el 51,67 % estimó que no crearía esa sección porque esto comportaría que se vulnerase el respeto a la diversidad sexual, el libre acceso a la información, la privacidad y la pluralidad. Por otro, el 40 % también opinó de la misma manera, en este caso argumentando que eso no implicaría la consideración hacia la diversidad sexual ni visibilizaría correctamente las distintas expresiones de sexualidad en un ambiente democrático.
En relación a la posible realización de actividades relacionadas con los temas indicados a continuación en las bibliotecas públicas donde trabajan las 60 personas que respondieron, su grado de aceptación fue el siguiente, que también aparece expresado en la Figura 2, comentándose los resultados más destacados en cada caso:
Política. El 28,33 % se mostró neutral; el 21,67 % en desacuerdo; el 20 % totalmente en desacuerdo y otro 20 % de acuerdo.
Sindicalismo. El 26,67 % optó por la neutralidad; el 25 % se posicionó totalmente en desacuerdo y el 23,33 % de acuerdo.
Educación pública y privada. El 41,67 % manifestó que estaba de acuerdo en realizar actividades relacionadas con este tema y el 30 % totalmente de acuerdo.
Islam. El 38,33 % estuvo de acuerdo y el 21,67 % totalmente de acuerdo. No obstante, el 20 % optó por la neutralidad.
Feminismo. Recibió una alta valoración positiva, ya que el 45 % opinó que estaba totalmente de acuerdo y, a su vez, el 35 % de acuerdo.
LGTBI+. Esta materia también fue recibida con bastante aceptación, ya que el 43,33 % estuvo de acuerdo y el 41,67 % totalmente de acuerdo.
Violencia contra mujeres y niños/as. Reúne la misma característica que el tema anterior, teniendo en cuenta que el 48,33 % se mostró totalmente de acuerdo y el 38,33 %, de acuerdo.
Migrantes. De nuevo, se trata de otra materia con gran acogida porque el 46,67 % opinó que estaba totalmente de acuerdo y el 36,67 % de acuerdo.
Desahucios. El 40 % indicó que estaba de acuerdo, a lo que se sumaba que otro 26,67 % estaba totalmente de acuerdo. No obstante, hay que destacar que el 23,33 % optó por la neutralidad.
Censura en los medios de comunicación. Fue recibido con una perspectiva positiva, en vista que el 41,67 % indicó que estaba de acuerdo y el 33,33 %, totalmente de acuerdo.
Figura 2. Distribución porcentual del grado de aceptación para el desarrollo de determinadas actividades culturales en las bibliotecas públicas canarias
El 45 % del personal profesional manifestó que la adquisición de documentos para formar la colección de su respectiva biblioteca se efectuaba siempre de manera equilibrada con la finalidad de satisfacer las necesidades de las distintas agrupaciones ciudadanas que integran la sociedad a la que presta sus servicios. Esto mismo lo corroboró otro 38,33 %, aunque en este caso esa misma decisión se tomaba con frecuencia, es decir, que habitualmente se adquirían documentos para garantizar ese fin.
En este proceso, el 75 % tiene presente las desideratas como medio para incorporar paulatinamente distintos documentos a la colección de la biblioteca.
Asimismo, el 50 % opinó que la colección de su respectiva biblioteca pública recoge toda la diversidad ideológica, sexual, racial, religiosa y cultural de los habitantes de su localidad, mientras que el 45 % indicó que la suya alberga parte de esa diversidad, es decir, no reúne toda la variedad informativa necesaria para satisfacer las necesidades de su respectiva población.
Con relación a si la biblioteca donde trabajaba el personal encuestado tenía documentos relacionados con alguno de los temas que formaban parte de una propuesta presentada, y seleccionando todas las opciones que considerase oportunas, esas 60 personas emitieron 573 respuestas. En función del porcentaje recibido, que se recoge en la Figura 3, esos temas se agruparon de la siguiente forma, de mayor a menor preponderancia:
Primer bloque, conformado por estos 5 temas: LGTBI+ (90 %), feminismo (86,67 %), violencia de género (86,67 %), creencias religiosas (83,33 %) y educación sexual (81,67 %).
Segundo bloque, por estos otros 5: drogadicción (78,33 %), racismo y xenofobia (78,33 %), justicia social (71,67 %), erotismo (70 %) y fuerzas políticas y políticos en general (70 %).
Tercer bloque, por 3 temas: terrorismo (58,33 %), suicidio (51,67 %) y eutanasia (40 %).
De igual modo, el 93,33 % de dicho personal no recibió ninguna queja en el período aquí estudiado por parte de personas usuarias ante la presencia en la colección de su respectiva biblioteca de documentos relacionados con alguno de los temas anteriormente expuestos. En esta misma línea, el 96,67 % indicó que tampoco recibió quejas por parte de personas no usuarias por idénticos motivos.
Figura 3. Temas presentes en los documentos de las colecciones de las bibliotecas públicas canarias según su distribución porcentual
Con respecto a esa variedad informativa, el 68,33 % corroboró que su biblioteca cumplía con la Ley 2/2021, de 7 de junio, que establece que todas estas unidades de información deben contar con un fondo bibliográfico específico en materia de identidad y expresión de género, intersexualidad, diversidad familiar y diversidad afectivo social (España, 2021, art. 50), si bien el 23,33 % no sabía que su cumplimiento era preceptivo.
En lo que respecta al perfil bibliotecario, el 75 % opinó que es muy importante que el personal de las bibliotecas públicas adopte una posición neutral en su relación con las personas usuarias a la hora de manifestar su ideología, creencia religiosa o sexualidad, entre otros aspectos.
El 40 % estuvo totalmente de acuerdo y el 36,67 %, de acuerdo, en la afirmación de que una praxis subjetiva de ese personal puede contribuir a un retroceso en la calidad del acceso a la información por las personas usuarias.
Por último, el 55 % estimó que el principal argumento por el que se plantea que las bibliotecas públicas contribuyen a la democratización en el acceso a los contenidos de las colecciones es porque brindan las mismas oportunidades a todas las personas usuarias para obtener y utilizar información a partir de los documentos y las fuentes de la biblioteca pública. En cambio, para el 26,67 % es porque garantizan el cumplimiento del derecho universal a la información para toda la ciudadanía.
Acerca del papel del activismo bibliotecario en Canarias ante la cuestión de la posible práctica de la censura en las bibliotecas públicas españolas, el 53,33 % indicó que ese activismo tiene un papel que no está bien definido, es decir, que no está claro cuál es su funcionamiento y proyección pública. Por el contrario, para el 20 % no existe dicho activismo porque, precisamente, plantea que no hay censura en las bibliotecas públicas.
En lo concerniente al asociacionismo profesional, el 38,33 % planteó que la función preponderante de las asociaciones y los colegios profesionales de Información y Documentación, en relación a la práctica de la censura en las bibliotecas, es defender el derecho de las personas usuarias a acceder a cualquier tipo de información en las bibliotecas públicas. A su vez, el 28,33 % indicó que respaldan la importancia cultural y social de dichas bibliotecas y de sus profesionales en una democracia, en tanto que para el 21,67 % sirven de apoyo al personal profesional del sector porque ayudan a denunciar los posibles casos de censura en las bibliotecas públicas. Todas las respuestas están representadas en la Figura 4.
Figura 4. Cometido de las asociaciones y los colegios profesionales de Información y Documentación en relación a la censura en las bibliotecas públicas
A nivel concreto de Canarias, el 58,33 % consideró que sería pertinente que ByD Canarias informara regularmente sobre el significado y las consecuencias de la práctica de la censura en las bibliotecas públicas, ya que se trata de una actuación muy necesaria. Además, otro 21,67 % apoyó esa propuesta porque estimaba que hay casos de censura en este tipo de unidades de información.
Al mismo tiempo, el 55 % se mostró de acuerdo con la propuesta para que ByD Canarias despliegue un servicio público de mayor impacto ante posibles prácticas de censura en las bibliotecas públicas canarias, destacando asimismo que otro 30 % estuvo totalmente de acuerdo con esta iniciativa.
De las 60 personas que respondieron al cuestionario, 32 (53,33 %) opinaron voluntariamente y por escrito a la pregunta final que se les planteó sobre este tema. Del total de esas respuestas, destacamos las siguientes:
Necesitamos mayor apoyo e información. También colaboración de las instituciones.
Si coartamos el derecho al acceso de la información de forma libre y verificada, solo conseguiremos que la población, en general, se crea el discurso de los censores, sin oponer argumento alguno y a pie juntillas. Esto conllevaría una analfabetización estructural todavía más grave de la que vivimos en España, conduciendo a estructuras de poder que creíamos haber dejado atrás y discriminando a los colectivos que tanto han luchado por sus derechos, dando así gigantescos pasos atrás en el progreso de una sociedad tolerante, integradora y democrática.
Creo que, a día de hoy, no hay censura en las bibliotecas que conozco. Tengo la certeza de que en mi biblioteca, durante una legislatura pasada, sí se ejerció; actualmente ya no ocurre. Otra cosa es la demanda por parte de la ciudadanía de ese tipo de documentos: en mi caso, no es un tema muy demandado, sino que se demanda más ocio (novelas) que información.
Pienso que, más o menos, las respuestas de esta encuesta sintetizan mi posicionamiento al respecto. Desde ByD Canarias, Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas, se trabaja para visibilizar este tipo de cuestiones y, como profesionales, debemos garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la información a través de fuentes seguras y fiables.
Es muy importante ser conscientes que, por parte de determinados sectores ideológicos, nos llegan mensajes que promueven la censura a nivel general en nuestro país. Para ello, debemos aprender a detectarla, con el fin de contrarrestarla y no dejarnos manipular por quienes pretenden imponérnosla. Las bibliotecas públicas tenemos la oportunidad de facilitar información que sirva para que nuestras personas usuarias decidan por sí mismas cómo quieren pensar y sentir para poder crear entonces una sociedad plural y más justa, pero no podemos hacerlo si se censura parte de nuestros fondos y de las actividades que realizamos.
Como profesional del servicio público de bibliotecas, [considero que] sí deberíamos estar informados sobre qué ocurre cuando esto ha pasado en otras bibliotecas españolas. Cada comunidad autónoma tiene una ley de bibliotecas y debería de regirse por ella. Y por encima de todo, está la Constitución, que habla de la libertad de expresión y de acceso a la información de manera democrática.
La censura es un aspecto fundamental que hay que abordar hoy en día en las bibliotecas, ya que supone un ataque abierto a la libertad de expresión y de pensamiento de la ciudadanía. Es necesaria una normativa que prohíba de manera explícita la censura y proteja el acceso libre a cualquier manifestación cultural, informativa y lúdica presente en las bibliotecas.
Particularmente, hoy por hoy no tengo ni sufro censura en la biblioteca a la cual represento. Ahora bien, en la década pasada sí la sufrí, ya que tenía un control absoluto de las compras por parte del político del cual dependía. Aunque me dirigí a estamentos superiores, no actuaron en lo más mínimo, si bien es cierto que aún no había Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias. Una de las formas de censura que veo más factible y sutil en la actualidad es que el profesional se vea sometido a un control absoluto de lo que compra por parte del político de quien depende, compras, además, que pueden venir indicadas por desideratas o por actualización de la colección. También puede influir notablemente en la censura la propia ideología del personal que realiza o supervisa las compras. […]
Las bibliotecas públicas tienen como misión fundamental acercar a las personas usuarias cualquier tipo de información que necesiten de forma totalmente inclusiva.
Hay censura en las bibliotecas y es más necesario que nunca que haya pluralidad.
La censura, en una democracia participativa, no tiene cabida y mucho menos en los recintos donde el saber y el conocimiento son los pilares fundamentales de su existencia: las bibliotecas. En la actualidad, cuando están emergiendo peligrosas ideologías conservadoras y fascistas que están en el poder, las bibliotecas, como entes públicos, deben expresar y manifestar su preocupación contra esos hechos y protegerse ante actitudes y acciones denunciables contra las libertades más elementales.
Sé que, últimamente, se han dado casos aislados en ciertos sitios de España y el extranjero, y que esto podría dar paso a otros casos, pero confío en que haya mecanismos necesarios para detenerlo. Creo que, actualmente, la acción social, las AMPA, las bibliotecas, la escuela de teatro y demás asociaciones culturales han sabido criticar y echar para atrás cualquier intento de censura, y creo que los mismos profesionales de las bibliotecas deberíamos tomarlo muy en serio, pero no vendría mal algún tipo de disposición de ley que apoyara el derecho a leer lo que cada uno quiera. […]
Me parece muy adecuado tratarlo porque ya hemos visto casos en la Península. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, al censurar, se crea un miedo en las personas y no se suele denunciar. Por tanto, hay que actuar antes contra la censura.
De momento, por lo que sé, la censura no está afectando a ninguna biblioteca pública en Canarias. Eso no quiere decir que no puedan estar afectadas en el futuro ante el ascenso de la extrema derecha, en alianza con la derecha tradicional de este país. Hay que estar preparados por si se pretendiera ejercer algún tipo de censura en las bibliotecas canarias. Por ello es muy recomendable estar asociado a ByD Canarias, que agrupa al personal profesional del sector.
Es la primera vez que tomo conciencia de esta problemática, en parte porque llevo poco tiempo trabajando en una biblioteca, en parte porque no se ha dado un caso así aquí. Creo que la selección del fondo de una biblioteca siempre se hace atendiendo a ciertos criterios, por lo que, en cierto sentido, puede haber una censura previa. Quizás, la biblioteca ideal sería aquella que, atendiendo a la veracidad y calidad de los libros y documentos, incluyera entre sus fondos material de épocas y autores de toda índole e ideología y dejar que el lector elija libremente y se forme una opinión personal y libre de condicionantes previos o posteriores.
La gestión de las bibliotecas públicas debería tener una base totalmente apolítica y dedicarse solo y exclusivamente a la gestión en total libertad de la información que le llega al usuario de forma directa.
En el cuestionario se planteó que, si había interés por parte de alguien del personal encuestado, se podría escribir al correo electrónico facilitado para participar posteriormente en un encuentro donde se analizaría la cuestión de la posible práctica de la censura en las bibliotecas públicas. Solo 1 persona encuestada mostró su inclinación, de ahí que no se llevara a cabo. No obstante, esa predisposición se ha tenido en cuenta para posibles actuaciones siguientes vinculadas al tema investigado.
Las principales conclusiones derivadas del análisis son las siguientes:
La tasa de participación del 37,26 % es adecuada, ya que cumple lo establecido por la literatura científica para las encuestas en línea (Sánchez-Saavedra y García-Muñoz-Aparicio, 2023; Lindemann, 2024), y los resultados son representativos de la muestra objeto de estudio.
Casi 2/3 de las 60 personas que respondieron trabajan en Tenerife y Gran Canaria. La mayoría son mujeres, casi 2/3 tienen más de 50 años y casi la mitad posee un grado o licenciatura universitaria como nivel de estudios académicos. En cambio, su nivel concreto de formación bibliotecaria es muy inferior: el 58,33 % ha realizado cursos genéricos. Al mismo tiempo, el 50 % ocupa el puesto de auxiliar de biblioteca, mientras que, a nivel temporal, 34 de esas personas llevan más de 20 años trabajando en este sector.
Existe una amplia diversidad en cuanto a la población a la que cada biblioteca pública presta sus servicios, sobresaliendo hasta 4 categorías, aunque con unas diferencias mínimas entre sí, que abarcan entre 2.501 y 50.000 habitantes. Algo más de la mitad de esas bibliotecas tiene entre 11.001 y 40.000 documentos como mínimo, concentrándose casi todas las demás en el intervalo entre menos de 6.000 y 11.000 documentos.
Las respuestas recibidas señalan que, desde 2020 hasta la actualidad, la censura en las bibliotecas públicas en España solo está afectando a unas provincias concretas, por lo que no se puede considerar que sea un fenómeno extendido a todas las unidades de información de esa tipología. Además, se plantea que es necesario crear un Observatorio Nacional de la Censura para rastrear, recopilar, analizar y evaluar de manera permanente y metódica cualquier actuación relacionada con esta praxis en las bibliotecas públicas españolas.
Respecto al marco normativo español, el 63,33 % de ese personal profesional sabe que la censura está regulada en la Constitución Española, tal y como efectivamente consta en ella (España, 1978, art. 20). La situación cambia cuando se refiere a la normativa bibliotecaria:
El 63,33 % desconoce si la Ley 10/2007, de 22 de julio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas incorpora en su articulado la prohibición de esa práctica. No obstante, aunque en dicha ley se regulan los aspectos primordiales sobre los principios y los valores de las bibliotecas públicas, el papel del derecho y el acceso libre a la información y la cultura por cualquier persona usuaria, y el enriquecimiento de las colecciones mediante documentos que reflejen la diversidad de la sociedad a la que prestan sus servicios (España, 2007), no consta el término “censura” ni su regulación en la gestión de esas unidades de información.
El 56,66 % también desconoce si la misma consta en la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas Canarias. Al respecto, dicha norma no recoge nada en relación a dicha praxis negativa, pero establece que el sistema bibliotecario de Canarias garantizará el derecho de las personas usuarias a acceder a la información, el conocimiento y la lectura, siempre en igualdad de condiciones, y siguiendo lo preceptuado por la Ley 10/2007, de 22 de julio en el Preámbulo y el art. 1 (Canarias, 2019).
Del mismo modo, secundan 2 propuestas: por un lado, que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria edite un documento donde explique, de manera pormenorizada, en qué consiste la libertad de acceso a la información; por otro, que las bibliotecas públicas españolas regulen en sus respectivos reglamentos cualquier aspecto relacionado con la posible práctica de la censura en ellas.
En lo que se refiere a la colección y servicios bibliotecarios, plantean que la diversidad informativa de la colección de una biblioteca pública es fundamental para responder a las necesidades informativas de la sociedad, adquiriendo así un carácter representativo.
Al mismo tiempo, la censura, en este tipo de unidades de información, constituye un freno al crecimiento intelectual y una barrera para el fortalecimiento informativo de las personas usuarias. Asimismo, rechazan cualquier actuación que implique la limitación de documentos y contenidos en sus colecciones, así como la creación de una sección “especial” y separada del resto de documentos destinada a los libros específicos sobre diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual porque vulnera derechos de las personas usuarias, tales como la privacidad en la consulta de los documentos y el libre acceso a la información.
También se inclinan a realizar actividades culturales relacionadas con temas diversos, demostrando su carácter integrador, sobre todo las relacionadas con cuestiones sociales (la violencia contra mujeres y niños/as, el colectivo LGTBI+, los migrantes y el feminismo).
El personal profesional señala que las colecciones de sus respectivas bibliotecas públicas se forman siempre o frecuentemente mediante la adquisición equilibrada de documentos y que las desideratas tienen un papel destacado en este proceso.
Aunque las colecciones de la mitad de esas bibliotecas se caracterizan por su diversidad informativa, la otra mitad difiere de esa particularidad, ya que no abarca toda la variedad requerida para su sociedad. Aun así, la mayoría de esas unidades de información tiene documentos sobre el colectivo LGTBI+, el feminismo, la violencia de género, las creencias religiosas y la educación sexual. Además, se respeta el carácter plural de dichas colecciones, ya que en los en los últimos 4 años casi la totalidad del personal que respondió no ha recibido ninguna queja por parte de personas usuarias o no usuarias de sus respectivas bibliotecas por la presencia de documentos vinculados a distintas temáticas.
Igualmente, el 63,33 % de esos profesionales indica que en sus respectivos centros se cumple la Ley 2/2021, de 7 de junio, relativa a que este tipo de bibliotecas debe contar con un fondo bibliográfico específico sobre identidad y expresión de género, intersexualidad, diversidad familiar y diversidad afectivo social (España, 2021, art. 50). Aun así, el 23,33 % desconoce esta obligatoriedad.
Acerca del perfil bibliotecario, dicho personal reconoce que debe adoptar un papel neutral a la hora de relacionarse con las personas usuarias como medio para garantizar una mayor confianza en el desempeño de su cometido.
Al mismo tiempo, admiten que la principal razón por la que se afirma que las bibliotecas públicas contribuyen a la democratización en el acceso a los contenidos de las colecciones es porque brindan las mismas oportunidades a todas las personas usuarias para obtener y utilizar información a partir de los documentos y las fuentes existentes en esas bibliotecas.
En lo concerniente a la percepción del activismo bibliotecario canario, el 53,33 % indica que su papel no está bien definido, con lo cual no se sabe qué posibles acciones puede estar llevando a cabo ante el tema concreto de la censura en las bibliotecas públicas españolas.
Con respecto al asociacionismo profesional, estiman que la función prioritaria de las asociaciones y los colegios profesionales de Información y Documentación, en relación al tema de la censura, es defender el derecho de las personas usuarias a acceder a cualquier tipo de información en esas bibliotecas. En el caso concreto de ByD Canarias, se muestran a favor de que informe regularmente sobre qué implica y qué consecuencias tiene la posible práctica de la censura en las bibliotecas públicas españolas, comunicando además públicamente cualquier posible caso que se produzca en Canarias.
El resultado del apartado de la pregunta final de respuesta libre corrobora muchas ideas señaladas en las preguntas previas. Por un lado, respondieron 32 personas, lo cual denota un nivel de motivación alto entre ese personal bibliotecario a la hora de expresar su percepción. Por otro, destacan 3 aspectos fundamentales: se detectan 2 prácticas censoras anteriores al período aquí analizado; las bibliotecas públicas son espacios colectivos e inclusivos, que se distinguen por su ambiente democrático; y ese personal reafirma el papel del asociacionismo profesional como un entorno sólido para representar y defender los intereses de este colectivo ante esa praxis.
En esta investigación no se efectuó un análisis cruzado de los datos sociodemográficos recogidos porque se consideró que no era pertinente, ya que no se pretendía realizar un estudio en profundidad de quienes respondieron, a partir de los indicadores oportunos. Aun así, los datos están a disposición para su consulta pública y su reutilización para posteriores trabajos.
Asimismo, dicha investigación tiene un carácter exploratorio sobre la percepción de la censura en las bibliotecas públicas, analizando cuestiones relacionadas con la normativa, el acceso a la información, la configuración de la colección y el asociacionismo profesional, principalmente.
No obstante, la censura puede manifestarse de otras maneras, repercutiendo en el normal funcionamiento de esas unidades de información. Esto conlleva una limitación en dicha investigación, de ahí que sería necesario ampliarla o realizar otros estudios complementarios sobre este tema, pero centrados en aspectos más prácticos, ya que también pueden verse afectados por aquella, caso por ejemplo de restricciones o impedimentos en la proyección de películas, realización de talleres de escritura, presentación de libros, etcétera.
Esto permitiría abrir otra línea de estudio para obtener una panorámica más global de cómo puede estar desarrollándose esta praxis negativa, relacionada igualmente con la opinión del personal profesional de las bibliotecas de Canarias. Un análisis idéntico, pero aplicado al territorio español, requeriría de un esfuerzo de tiempo y recursos humanos y materiales que es imposible de afrontar ahora mismo.
Gracias a María-Luisa Alvite-Díez, doctora por la Universidad de León y profesora titular en dicha institución, por tutorizar mi Trabajo Fin de Grado para obtener la titulación en Información y Documentación, cuyo resultado se sintetiza en este artículo.
Francisco-Javier León-Álvarez: Conceptualización; Curación de datos; Análisis formal; Investigación; Metodología; Administración del proyecto; Validación; Visualización; Redacción - borrador original y Redacción - revisión y edición.
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