Estructura institucional y organización territorial local en España: fragmentación municipal, asociacionismo confuso, grandes ciudades y provincias supervivientes - Rodríguez Álvarez, José Manuel (Política y Sociedad, 2010)
Este artículo ofrece una visión de las estructuras locales en España, un país con un gran número de municipios (más de 8.110) pero sin una política dirigida a la racionalización y simplificación de esa fragmentación. El asociacionismo local ha acreditado ser un movimiento demasiado anárquico, en el que los municipios celebran acuerdos por razones muy diversas y prestan todo tipo de servicios, pero sin una pauta común. Peor aún, un gran número de mancomunidades realmente no funcionan y sólo existen sobre el papel. Este mapa local fragmentado es muy desequilibrado porque casi el 40 por ciento de las población española reside en un pequeño grupo de 62 municipios con más de 100.000 habitantes, que representan el núcleo del poder local en España. El tradicionalmente uniforme mapa local español, basado en el modelo francés, ha introducido por ver primera un modelo específico para las grandes ciudades en 2003, teniendo en cuenta la complejidad de su gobierno y su contexto de gobernanza. También las dos principales ciudades españolas –Madrid y Barcelona– disponen de leyes especiales aprobadas por las Cortes Generales en 2006. Sin embargo, las áreas metropolitanas funcionales españolas presentan un bajo perfil institucional debido a la resistencia de las Comunidades Autónomas –el nivel político regional con potestades legislativas para crearlas o suprimirlas– para institucionalizar esas áreas urbanas, que son percibidas como potenciales competidores políticos. Finalmente, el tradicional segundo nivel local, la provincia, ha experimentado un sustancial recorte de sus competencias tras la creación de las Comunidades Autónomas en 1979-1983. En teoría, el principal papel de la provincia es la cooperación económica, técnica y jurídica con los municipios pequeños y medios, pero realmente este papel puede ser perfectamente desempeñado por las Comunidades Autónomas y la provincia representa de hecho un terreno para el clientelismo político y un espacio privilegiado y confortable para las élites políticas locales que perfectamente puede suprimirse, especialmente en el contexto de una profunda crisis económica y de reducción de los recursos públicos.