1. Introducción
“Y es que la penalidad moderna —de forma clara y neta a partir de
Beccaria— no concede derecho a la sociedad sobre los individuos más que
en razón de lo que hacen: un único acto, definido como infracción por la
ley, puede dar lugar a una sanción”
Michel Foucault (1981: 115)
A partir de su elección en el Collège de France, en 1970 y a la edad
de 43 años, Michel Foucault se desvió parcialmente de su primer proyecto
de investigación. De este modo, pasó de la arqueología de las ciencias
humanas (incluido el saber psi) a centrarse en la genealogía de las
relaciones de poder-saber. Relaciones que en este caso aparecen
articuladas en torno a la noción de “discurso de verdad”. La confluencia
entre la institución judicial, el derecho y el saber psiquiátrico se
convierte en su principal campo de estudio. Desde 1971, dedicó su
seminario a “los primeros desarrollos de la psiquiatría penal durante el
período de la Restauración” (Foucault, 1989), temática que fue, durante
cinco años, el centro de sus reflexiones. En los años siguientes, sus
cursos abordan la historia de esta confluencia desde varios puntos de
vista: el curso Teorías e Instituciones Penales (1971-72) se
centra en los métodos de producción de pruebas jurídicas y en la
investigación judicial. Con el peritaje médico-legal, culmina el
nacimiento de “otro esquema de poder-saber”, cuyo efecto, escribe
Foucault en 1972, “será la aparición de las ciencias humanas” (Foucault,
2015: 215). El año siguiente (1972-73), La Sociedad punitiva se
centra en la historia del advenimiento de un nuevo régimen punitivo y en
la prisión. Por su parte, El poder psiquiátrico (1973-74) se
decanta por el asilo y la psiquiatría, entendidos como matrices del
poder disciplinario y, finalmente, Los Anormales (1974-1975) se
interesa por la categoría de una nueva forma de poder que denomina
“poder de normalización”, resultado del encuentro entre la justicia y la
psiquiatría. A estos cursos se suman la cuarta y la quinta conferencia
celebradas en la Universidad Católica Pontificia de Río de Janeiro (del
21 al 25 de mayo de 1973) y publicadas con el título La Verdad y las
Formas Jurídicas. Este período también suscitó la publicación de
Yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a
mi hermano... (Foucault, 1973), así como Vigilar y castigar.
Nacimiento de la prisión, que constituye la culminación de cinco
años de trabajo individual y colectivo. Cabe señalar que gran parte de
este trabajo no se conocerá en Francia hasta 1999, con la publicación de
los cursos. Seguirán otras publicaciones, en particular un artículo
esencial para nuestro tema, “La evolución de la noción de individuo
peligroso en la psiquiatría legal”, publicado por primera vez en un
boletín de psiquiatría norteamericana, y luego en Francia, tres años más
tarde, en la revista Déviance et société (Foucault, 1981).
El resumen de los cursos formula la hipótesis principal de este
programa: “Ningún poder se ejerce sin la extracción, la apropiación, la
distribución o la retención de un conocimiento […] No hay conocimiento
de un lado y sociedad del otro, ni ciencia y Estado, sino las formas
fundamentales de poder-saber” (Foucault, 1989: 20). Desde esta
perspectiva, la historia de la justicia, la represión y los saberes
psiquiátricos que surgen de su contacto, constituyen un campo de
observación privilegiado, y la noción de peligrosidad un nudo en torno
al cual se entrelazan saberes y poderes represivos. Todo ello, según
Foucault, en el marco de una transformación fundamental del derecho de
castigar: el sistema jurídico-judicial se vio sustituido por un mixto
psiquiátrico-judicial cuyo objetivo era proteger la sociedad.
La recepción inicial de estos textos es ahora sobradamente conocida,
en particular entre los especialistas del siglo XIX, que conocían la
historia de la justicia y de las prisiones como un objeto de
investigación (Perrot, 1980). Michelle Perrot se ha pronunciado en
varias ocasiones sobre “la influencia decisiva de Michel Foucault en
la investigación penal y carcelaria, que preexistía a su obra, pero cuyo
rumbo reformuló por completo” (Perrot, 2001: 26). La asimilación
conceptual de la obra cincuenta años después de su publicación —dos
generaciones— es algo constatable, y los términos “genealogía” o
“arqueología” aparecen recurrentemente en los títulos de libros o tesis
de historia. Prueba de ello son los diferentes trabajos dedicados a la
recepción de Vigilar y Castigar o, de manera más amplia, a la
influencia de la obra foucaultiana entre los historiadores (Lenoir,
Tsikounas, Yvorel: 1996; Ciccini, Porret: 2007; Boquet, Dufal, Labey:
2013). A medida que se suceden los aniversarios, ya no se trata de
criticar o evaluar las contribuciones o el método de Foucault a la luz
de las referencias de los historiadores, sino de considerar más bien la
forma en que la segunda y luego la tercera generación se apropiaron de
su obra. La conferencia de Ginebra (Porret y Cicchini, 2007), organizada
con motivo del trigésimo aniversario de Vigilar y castigar, fue
una animada disputa entre especialistas a la luz de los nuevos
conocimientos, la prueba que venía a demostrar la enorme entereza del
texto. La conferencia organizada en Aix-en-Provence por Damien Boquet,
Blaise Dufal y Pauline Labey en 2013, con ponentes generalmente más
jóvenes, constató la asimilación de la obra de Michel Foucault en un
amplio espectro del campo histórico. Julie Claustre, por ejemplo, se
dedicó a realizar un inventario de la historia de las prisiones después
de Foucault, incluyendo la época medieval, poco estudiada por el
filósofo (Claustre, 2013).
El propósito de este artículo consiste, pues, en analizar la manera
en que los conceptos y los problemas centrales de Vigilar y castigar se
vieron apropiados por los/as investigadores/as franceses/as en historia
del siglo XIX, así como saber qué interrogantes son los que han sido
objeto de atención por parte de dos generaciones a cincuenta años de
distancia de su publicación. Por último, también se trata de contemplar
el modo en que el libro sigue promoviendo nuevos campos de
investigación. Para ello no es necesario ofrecer un cuadro
historiográfico completo, pero sí al menos seguir el hilo de los
diferentes problemas planteados originalmente por Foucault en algunos
trabajos posteriores, entre los cuales daré sin duda un lugar
arbitrariamente sobrevalorado a los míos.
En Vigilar y castigar, Foucault sitúa la emergencia del
individuo peligroso en el marco de una demostración más amplia que
abarca el abandono del sistema penal clásico y la aparición de un poder
de normalización. Se puede descomponer su propuesta en diferentes etapas
históricamente situadas, que la investigación histórica ha discutido: 1/
El momento de la monomanía homicida (años 1820-30), que constituye la
primera etapa del encuentro entre justicia y psiquiatría. 2/ La llegada
de la justicia moral y de las penas judiciales individualizadas
(monarquías censitarias). 3/ La emergencia de la noción de peligro
criminal (Segundo Imperio y Tercera República). 4/ Finalmente, se
dedicará un último apartado a aquellos trabajos recientes que,
habiéndose inspirado en Vigilar y castigar, se orientan sin embargo
hacia nuevos territorios, ya descentrados del programa foucaultiano.
2.
La “monomanía homicida”: el primer momento del encuentro entre crimen y
locura
En Los Anormales y en “La evolución de la noción de
individuo peligroso en la psiquiatría legal", Foucault insiste en un
primer momento inaugural del encuentro entre justicia y psiquiatría. Su
elección cronológica rompe con el enfoque hasta entonces dominante sobre
los años 1880 y la Tercera República Francesa.
Este momento, que corresponde a la afirmación del positivismo penal y
a una serie significativa de reformas judiciales, fue la época en la que
apareció una justicia de defensa social que privilegiaba la prevención
del crimen a través de la identificación de los individuos peligrosos.
Si bien la victoria de la Tercera República permitió eliminar ciertas
resistencias, para Foucault fue sin embargo el período anterior, a
partir de los años 1820, el que marcó el inicio de las transformaciones
en la historia francesa. Entre 1815 y 1835, la Restauración y luego el
comienzo de la monarquía de Julio estuvieron marcados por juicios
importantes y muy mediatizados, comparables a los juicios españoles de
los años 1880: Otero y José Garayo “El sacamantecas” (Huertas, 2004),
Manuel Morrillo (Campos, 2013), el Cura Galeote (Campos, 2003). Tales
procesos dieron lugar a enfrentamientos entre psiquiatras y magistrados
en torno a la cuestión de la irresponsabilidad criminal. Ahora bien,
mientras que en España el enfrentamiento se produjo en torno a nociones
biológicas como la degeneración, en Francia se apeló más bien a una
noción médica singular: la monomanía homicida, una enfermedad mental en
la que el acto homicida se presenta como el único síntoma que vendría a
manifestarse en un sujeto aparentemente normal.
Las consecuencias de dicha concepción fueron enormes. Se referían
sobre todo a la definición de la irresponsabilidad penal de los enfermos
mentales delimitada por el artículo 64 del código penal de 1810. Este
célebre artículo, que dictamina que “no hay crimen ni delito cuando el
acusado se encontraba en estado de demencia en el momento de la acción,
o cuando se vio obligado a actuar por una fuerza ante la cual no pudo
resistirse” (Livre II Du code pénal. Des personnes punissables,
excusables ou responsables), traza una demarcación muy clara entre
los locos y los delincuentes. Se basa en antiguas categorías
médico-legales como la demencia, el furor o la imbecilidad. Es decir,
formas morbosas manifiestas cuya identificación es evidente. De forma
paralela, el código prevé medidas para preservar a la sociedad de estos
enfermos, lo que suponía una continuación con la ley de 1790. Sin
embargo, la monomanía homicida, por ser una enfermedad difícil de
descifrar, por cuanto se confunde con el delito, inicia otra cosa: se
trata de un movimiento de patologización de los actos delictivos y de
emergencia de una categoría novedosa, la de los “locos criminales”, que,
según Foucault, prefigura la noción de “individuos peligrosos”.
Foucault identifica el elemento común que une los casos legales de la
década de 1820: se ocupan de crímenes graves, la mayoría de las veces de
asesinatos acompañados de gestos extraños y con frecuencia crueles. Se
trata de crímenes que transgreden reglas sociales fundamentales:
asesinatos en el seno familiar, actos de canibalismo que Foucault
califica, por ejemplo, de “crímenes contra la naturaleza”. También
tienen en común el haber sido ejecutados “sin motivo”, es decir, sin la
racionalidad ni la intención criminal en la que se fundamenta la
justicia ilustrada. Por último, los acusados escapan a los síntomas
tradicionales de la locura y sus actos emergen en “lo que podía
denominarse el grado cero de locura” (Foucault, 1981: 406); se trata,
dice Foucault, de un “crimen-locura” (Ibid.: 407).
Diversos trabajos posteriores se interesaron por las relaciones entre
crimen y locura en el siglo XIX (Pedron, 1984; Goldstein, 1997;
Renneville, 2003; Guignard 2010). Dejaron constancia de la importancia
del momento. Si este es inaugural es porque abre una brecha en la teoría
jurídica ilustrada, para la cual el delito se concibe como el resultado
de una actividad racional, con la excepción, sin embargo, de los
enfermos mentales, que deben clasificarse fuera de este sistema.
Precisamente porque el criminal es racional, las penas del nuevo
humanitarismo penal, suaves pero rápidas y sistemáticas, pueden frenar
el crimen. También cabe destacar que ciertos reformadores humanistas
como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham apenas estaban interesados en la
responsabilidad penal, que sin embargo se convierte en un verdadero
problema jurídico y judicial a partir de la Restauración (Porret, 1997;
Audegean, 2018 y 2010).
Así, al contrario de lo que hoy podría pensarse, la irresponsabilidad
penal de los enfermos mentales no nace en el siglo XIX con la emergencia
de la psiquiatría (Guignard, 2010). Antes bien, se trata de una noción
jurídica antigua heredada del derecho imperial romano (Legibre, 1967;
Laingui, 1979; Thomas, 1977), pero que en realidad tiende a desaparecer
en favor del auge de la psiquiatría. El proyecto del primer alienismo
que se impuso en la primera mitad del siglo XIX consistió en tratar y
curar a los locos. Se basaba en concepciones novedosas de las
enfermedades mentales, que no solo tienen la característica de ser
parciales y transitorias, sino que pueden tratarse y curarse
precisamente porque no anulan por completo el uso de la razón El
tratamiento moral que promueven los médicos a través de la palabra se
dirige así al resto de razón que subsiste en el alma enferma.
La ruptura es importante porque no se refiere solo a las formas
mórbidas, sino que también afecta indirectamente al estado de la razón.
A las enfermedades del alma que conducen supuestamente a la abolición
completa de sus facultades —pues, según las concepciones clásicas, el
alma no puede sufrir ninguna alteración— le corresponde una concepción
radical del libre albedrío, propia de la Ilustración. Y le corresponde
también un procedimiento judicial centrado en el examen de la
materialidad del acto y de sus circunstancias. El propio Michel Porret,
en su estudio de la República de Ginebra, así lo atestigua. Se trata de
un régimen probatorio que funciona sobre la base de una investigación
moderna de las pruebas materiales, que son el elemento a partir del cual
se establece la racionalidad del acto: el móvil, la intención (Porret,
1995; Farcy, Kalifa, Luc, 2007); lo que Foucault llamó el “requisito de
racionalidad”.
Por todo ello, la monomanía homicida —ese crimen-síntoma, esa
enfermedad indiscernible y ese acto sin motivo— abre un resquicio en el
sistema judicial. Funda al mismo tiempo la posición del psiquiatra
forense como especialista de una enfermedad invisible y marca un primer
momento de patologización del crimen a partir de acontecimientos
excepcionales. En ese sentido, Foucault evoca “una psiquiatrización de
la delincuencia que se ha hecho ‘desde lo alto’, a partir de los
crímenes más graves” (Foucault, 1981: 105).
El conocimiento histórico de estos dominios se ha perfeccionado
considerablemente gracias a la apertura de vastos campos de
investigación; centrados inicialmente en la historia de la justicia y
luego en la historia de las prisiones y del confinamiento (Farcy: 2001;
Guignard, Jarrige, Roynette, 2023). La historia de la psiquiatría, sin
embargo, se desarrolló de manera más tardía, pero no sin alcanzar un
impulso potente (Swain, 1994; Rigoli, 2001; Guillemain, 2006;
Bueltzingsloewen, 2015). De hecho, su desarollo ha permitido conocer
mejor las doctrinas médicas y afinar la distinción establecida por
Foucault, y de manera previa por Georges Canguilhem, entre una primera
fase psiquiátrica de la historia del alienismo y una segunda que
privilegia la “biología de los comportamientos humanos” (Canguilhem,
1984), y de la cual la degeneración sería el concepto adquirió una mayor
presencia después de 1860. Posteriormente, en un segundo momento, la
historia del asilo es la que ha centrado la atención
historiográfica.
Del conjunto de tales trabajos, mencionaré dos orientaciones. La
primera es práctica. Y se centra en los efectos del concepto de
monomanía en la práctica judicial y en su tratamiento jurídico. La
segunda es médico-legal y trata de las teorías criminales que prolongan
la monomanía homicida y que pueden vincularse a la elaboración de las
perversiones sexuales. Mi trabajo sobre las prácticas judiciales en la
primera mitad del siglo XIX (Guignard, 2010) ha permitido mostrar las
diversas formas en que se introdujo el concepto de monomanía entre 1825
y 1836 en las Cours d’Assises:
mientras que en los tribunales de justicia de la región de París fue
objeto de conflicto y hostilidad entre la magistratura y la psiquiatría,
en las Cours d’Assises de Rennes, donde las relaciones fueron
más pacíficas, el concepto adquirió una mayor presencia. La monomanía
homicida justifica la aplicación en varias ocasiones del artículo 64 del
código penal (Guignard, 2008a). El análisis también constata que más
allá de esto, la cuestión de la enfermedad mental se plantea con mayor
frecuencia; de hecho, el análisis constata un progreso del peritaje
psiquiátrico-legal en la justicia que, sin embargo, seguía siendo
inusual antes de 1865: se mantuvo por debajo del 2% de los procesos y no
constituía más que una prueba entre otras. Cabe añadir que el paso de la
medicina moral a la medicina organicista en la década de 1860 facilitó
la intervención de los médicos expertos en la práctica judicial, ya que
el síntoma anatómico-clínico aportaba una prueba material conforme a los
métodos probatorios de la justicia.
Por otra parte, la genealogía de las perversiones sexuales
conceptualizadas en los años 1880 constituye un campo bien establecido
(Guignard, Guillemain, Tison, 2013). En el caso del sadismo, Richard von
Krafft-Ebing proporciona en 1886 explicaciones a estos crímenes
monstruosos y a los gestos enigmáticos que intrigaban a los magistrados
de los años 1820 (Mazaleigue, 2010; Doron 2012). Tales concepciones, que
serán compatibles con una lectura psíquica, todavía encajan, según
Krafft-Ebing, en el marco global de las degeneraciones. Desempeñan un
papel importante en la conceptualización del individuo peligroso, al
dejar espacio no solo a la biología de los instintos, sino también, y
sin duda de manera más generalizada, a la psicología de las
perversiones.
3. La justicia moral y el
alma moderna
Estas transformaciones alimentan un cambio importante en el
funcionamiento del derecho. Mientras que la justicia clásica se centraba
en los actos criminales, que examinaba a partir de pruebas materiales,
el llamado interrogatorio judicial neoclásico comenzó a centrarse en la
subjetividad del acusado, cuyos mecanismos psicológicos empezaban a
sondearse.
Foucault expuso de manera muy clara los términos de esta evolución en
las primeras líneas de su artículo sobre el individuo peligroso:
La maquinaría penal ya no puede funcionar simplemente con la ley, con
la infracción y con un autor responsable de los hechos. Se necesita algo
más, se requiere un material suplementario. [Debe de responder a una]
cuestión esencial para un tribunal de nuestros días, aunque habría
sonado de una forma muy extraña hace ciento cincuenta años: “¿quién eres
tú?”
(Foucault, 1981: 103).
De manera paralela,
El castigo recae más sobre el criminal mismo que sobre el crimen, es
decir, sobre lo que lo convierte en criminal: sus motivos, sus móviles,
su voluntad profunda, sus tendencias, sus instintos
(Foucault, 1981: 109).
A partir de ahora, el castigo buscará modificar al criminal. Las
investigaciones dedicadas a la evolución del derecho y a las prácticas
judiciales han demostrado que los cambios comenzaron desde muy pronto, a
principios del siglo XIX. Y ello se produjo tanto "desde arriba", por
medio de la ley, como "desde abajo", a través de la práctica cotidiana
de los tribunales y de las series de juicios pronunciados. Desde este
punto de vista, aunque es posible considerar el surgimiento de una nueva
antropología que sustituye el antiguo libre albedrío por concepciones
más graduadas de la conciencia y la voluntad, podemos, no obstante,
situar en el ámbito del derecho y la justicia el origen de los
cuestionamientos que parecen estimular nuevos saberes. Como indica
Foucault:
Conviene subrayar también que esta transformación no se operó
únicamente desde la medicina hacia el derecho, como si se tratase de la
presión ejercida por un saber racional sobre viejos sistemas
prescriptivos, sino que se realizó mediante un perpetuo mecanismo de
ayuda y de interacción entre el saber médico o psicológico y la
institución judicial. No fue esta última la que cedió, sino que se formó
un territorio y un conjunto de conceptos nacidos en sus fronteras y de
sus intercambios.
(Foucault, 1981: 116).
En efecto, aunque el artículo 64 del Código Penal de 1810 se
inscribía inicialmente en el marco de una justicia objetiva que juzgaba
actos, los debates que condujeron a la redacción del Código ya mostraban
indicios de los futuros desplazamientos. La conceptualización jurídica
se desarrolló en torno a nuevos sustantivos: “culpabilidad” (hasta
entonces solo había “culpables”), “responsabilidad” y “elementos
morales” de los delitos, que son los que alimentaron las discusiones en
la jurisprudencia y en la doctrina. El informe del diputado Thomas
Riboud sobre el Libro II del Código Penal ofrece claves sintomáticas de
las transformaciones en curso:
El proyecto considera a estas personas en función de sus
particularidades, como la influencia de su edad, el estado de su mente,
el grado de fuerza que las impulsó: esta parte de la ley tiende, por
tanto, a evaluar en qué medida su voluntad dirigió la acción que
se considera delito o falta [...] y a escrutar la conciencia del
acusado.
(Thomas Riboud, Rapport fait au nom de la commission de législation
sur le deuxième projet de loi formant le Livre II du Code pénal, Séance
du 13 février 1810).
Este extracto muestra con meridiana claridad el paso de una justicia
objetiva, centrada en los actos, a una justicia moral, cuyo objetivo es
evaluar la culpabilidad moral del acusado. Se basa en una retórica
espiritualista de las facultades del alma y de la culpabilidad,
claramente inspirada en Immanuel Kant, que floreció bajo las monarquías
censitarias y formó la matriz de formación filosófica de numerosos
magistrados. A partir de este momento, la forma altamente tarifada de
organización de las penas se orientó hacia una evaluación de la
culpabilidad mucho más graduada e individualizada, que siguió
desarrollándose en el marco de la llamada justicia neoclásica, promovida
por el italiano Pellegrino Rossi (1829). Esta primera forma de
individualización de la pena se dedicó en un primer momento a la
evaluación de los “infinitos matices de la culpabilidad” (Hélie y
Chauveau, 1837).
Diferentes indagaciones en los archivos judiciales han demostrado
que, desde la década de 1830, el análisis moral y psicológico de los
acusados se hizo más profundo (Tillier, 2001; Lapalus, 2005; Guignard,
2008b). Si bien estos trabajos precisan nuestro conocimiento de los
mecanismos de las evoluciones, Foucault identificó claramente el
movimiento inicial que precedió y posibilitó la aparición posterior del
criterio de peligrosidad. Es dicha aparición la que anuncia la
“psicosociología de la delincuencia”, la cual, adosada a la clínica de
las perversiones, será quien tome el relevo de las concepciones
biológicas, pues estas son, dice Foucault, “mucho más aceptables para el
derecho penal” (Foucault, 1981: 417).
Ciertos procedimientos judiciales muestran así, desde muy pronto, el
despliegue de auténticos estudios de personalidad que reúnen a
magistrados, peritos y testigos en torno a un cuestionario cada vez más
minucioso. En el caso Jules Rousse (1855), el ministerio fiscal pidió
una investigación precisa y detallada sobre el acusado, cuyos diversos
puntos merecen ser citados:
¿Cuál era su carácter y sus costumbres?
¿Cuál fue su educación familiar? ¿Quién le educó? ¿Cómo era su
entorno? ¿Cuáles fueron sus lecturas?
¿Cuáles eran sus principios religiosos? ¿Era practicante?
¿Desde cuándo no se confesaba ante un cura?
¿Cuál era su inteligencia? ¿Su sabiduría? ¿Su firmeza de
carácter? ¿Su visión intelectual? ¿Prevalecía en él una idea por encima
de todas?
¿Era tacaño o ahorrador? ¿Era ambicioso?
¿Tenía amigos? ¿Quiénes eran sus amigos y cómo se comportaba con
ellos? ¿Era expansivo?
¿Golpeó alguna vez a sus criados? ¿Era cruel con los
animales?
¿Cuáles eran sus inclinaciones? ¿Vicios secretos? ¿Propensiones?
¿Intimaba con las mujeres? etc.”
(Archives départementales des Pyrénées Atlantiques, 2 U 969, Dossier
de
Procédure, Réquisitoire du Parquet, 3 de diciembre de 1854).
El examen judicial destinado a dictaminar la culpabilidad se
formalizaba en el lenguaje de los juristas y los magistrados, pero el de
la responsabilidad penal podía confiarse, en ciertos casos, a médicos
expertos que imponían progresivamente sus concepciones graduadas de la
enfermedad mental. Como demostró Robert Castel en 1976, la voz de los
médicos influyó mucho en las concepciones de la responsabilidad, hasta
el punto de que la justicia les confió la definición de la demencia y la
responsabilidad de los absueltos en el nuevo contexto del asilo. De
hecho, en los años 1820, una cincuentena de sentencias del Tribunal de
Casación permitió corregir la inseguridad
jurídica inicial y estabilizar el procedimiento adaptándolo a las nuevas
concepciones médicas.
Esta evolución vino acompañada de una transformación paralela del
derecho fácilmente identificable. Se muestra primero en la doctrina
jurídica. Los célebres Faustin Hélie y Adolphe Chauveau, en su
Théorie du code pénal (1837), plantean nítidamente la
cuestión:
Toda acusación en la que se invoque la excepción de demencia plantea
estas formidables preguntas: ¿cuáles son los signos que indican una
perturbación de la inteligencia y cómo pueden constatarse? ¿Qué
grado de lesión de las facultades intelectuales es necesario para
constituir una demencia legal? En definitiva, ¿en qué casos
pueden los tribunales apoderarse legítimamente de él y considerarlo
responsable, a pesar de la enfermedad que esgrime como excusa?
(Hélie y Chauveau, 1837).
La ley francesa ratifica así, lenta pero inexorablemente, una
concepción graduada de la responsabilidad penal que se funde poco a poco
con la culpabilidad. Fue primero el Tribunal de Casación el que abrió la
puerta en una sentencia de 1885, precisamente al comienzo de la Tercera
República, cuando el sistema judicial estaba en pleno proceso de
profunda reorganización. Esta primera etapa del derecho ratifica la idea
de la responsabilidad penal graduada:
No se infringe el artículo 64 del Código Penal en una sentencia que
condena a un acusado, señalando al mismo tiempo, para justificar la
moderación de la pena, que no goza del grado ordinario de juicio que
caracteriza un discernimiento completo de las cosas, y que hay en él un
cierto desequilibrio que, sin anular su responsabilidad, permite sin
embargo considerarlo como limitado.
(Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1887: 285).
La circular Chaumié dirigida a los fiscales generales en 1905
generaliza su uso. Este texto organiza el examen psiquiátrico e invita a
los peritos médicos, a través de un formulario que se encontrará en
innumerables expedientes penales, a “examinar en qué medida el acusado
puede revelar anomalías físicas, psíquicas o mentales que no entran en
el ámbito de aplicación del artículo 64, pero que pueden dar lugar a una
responsabilidad atenuada”. El reconocimiento legal de la posibilidad de
una “responsabilidad atenuada” significa que los enfermos mentales
pueden ser condenados. También significa que se pueden introducir otros
criterios que la mera culpa en la condena, como se propuso en 1958 en el
nuevo Código de Procedimiento Penal, que prevé la posibilidad de
preguntar a los expertos sobre el “estado peligroso” del acusado
(artículo 81).
Sin embargo, la ley se resistió a este nuevo enfoque, y no fue hasta
la reforma global del Código Penal francés, en 1994, cuando el artículo
122-1 sustituyó al artículo 64, permitiendo que las sentencias se
basaran en elementos psiquiátricos:
La persona que, en el momento de los hechos, padeciera un trastorno
mental o neuropsicológico que menoscabara su capacidad de discernimiento
o impidiera el control de sus actos sigue siendo sancionable; no
obstante, el tribunal tendrá en cuenta esta circunstancia al determinar
la pena y fijar la sanción.
Con el término de alteración del discernimiento, la enfermedad mental
deja de ser una condición susceptible de excluirse de las esferas de lo
penal. Y se convierte en una circunstancia, en un elemento moral que
interviene en la determinación individualizada de la pena. La
prescripción legal considera que la enfermedad mental debe llegar a
atenuar la pena, pero los profesionales de la justicia denunciarán el
efecto inverso de un diagnóstico susceptible de pesar, según ellos, en
sentido contrario, al aumentar la pena debido al peligro que le
atribuyen las instancias juzgadoras.
Insidiosamente, lentamente, de forma reptante y segmentada se
organiza una penalidad centrada en lo que se es: han sido necesarios más
de cien años para que esta noción de individuo peligroso, que estaba
virtualmente presente en la monomanía de los primeros alienistas, fuese
aceptada por el pensamiento jurídico. Al cabo de cien años esta noción
se ha convertido en un tema central de los exámenes periciales
psiquiátricos (en Francia los psiquiatras, convocados como expertos, se
refieren mucho más a la peligrosidad de un individuo que a su
responsabilidad), sin embargo el derecho y los códigos parecen dudar a
la hora de abrirle un hueco.
(Foucault, 1981: 117).
4. La
afirmación del peligro: una patologización del delito
Castigar, entre todas las técnicas de control y transformación de los
individuos, se había convertido en un conjunto de procedimientos
concertados para modificar a los infractores
(Foucault, 1981: 109).
La peligrosidad marca el paso final de una justicia retributiva a una
justicia que pretende proteger a la sociedad de los delincuentes
“peligrosos”, de una peligrosidad individualizada y encarnada en los
individuos.
Junto a la responsabilidad graduada, los elementos más emblemáticos
de esta evolución tienen su origen, en Francia, en las reformas de los
primeros años de la Tercera República: las leyes de 1885 sobre la
reincidencia y la libertad condicional, y luego la ley sob supuestamente
a la abolición re la suspensión condicional de la pena (1891). Tales
leyes contribuyen también a una difusión europea de los principios de la
defensa social, que también afecta a España. Permitieron distinguir
entre delincuentes primerizos y reincidentes, evitando las penas de
prisión para los primeros y reservando penas eliminatorias para los
segundos, como la reclusión en ultramar creada en 1854 y ampliada a
todos los reincidentes en 1885 (Schnapper, 1991; Stora-Lamarre, 1993;
Briegel y Porret, 2006; Sanchez, 2006 y 2013). Este sistema jurídico se
apoyó en nuevas doctrinas: por parte de los penalistas, en las teorías
de la defensa social (Digneffe y Tulkens, 1981; Van de Kerchove, 1998;
Digneffe, 2009), y por parte de la medicina, en las doctrinas que hacían
hincapié en la herencia de las degeneraciones, como la antropología
criminal, y que ha dado lugar a numerosos trabajos (Mucchielli, 1985 y
2000; Kaluszynski, 2002; Coffin, 2003; Doron, 2011). Aunque ciertos
autores proponen romper con el concepto clásico de responsabilidad, o
desarrollar formas sociales de la misma, diferentes tanto de la
responsabilidad moral como de las doctrinas deterministas (Tarde, 1890;
Saleilles, 1898), la justicia francesa no abandona el concepto, que se
convierte desde entonces en un tema recurrente del régimen de las
penas.
Son más escasos los trabajos dedicados a examinar las primeras fases
de este cambio. La focalización en el individuo, motivada inicialmente
por la implicación subjetiva del acusado en su acto (el examen de la
culpa, la voluntad y la conciencia), preparó el terreno. El auge de las
investigaciones sobre la personalidad y la sofisticación de la ciencia
forense hicieron posible que el problema de la peligrosidad surgiera
entre finales de los años 1840 y los años 1880 (Guignard, Guillemain,
Tison, 2013). La historia de las palabras es importante: los archivos
judiciales evocan primero los “individuos peligrosos”, luego el
“carácter peligroso”. En el siglo XX aparece el término “estado
peligroso”. El vocablo “peligrosidad” data de los años sesenta. Todo
esto adquiere su verdadera dimensión cuando entra en contacto con la
justicia y la psiquiatría.
El peligro y la violencia de las enfermedades mentales no eran
conceptos jurídicos nuevos, pues el confinamiento de los furiosos era
una disposición jurídica antigua, pero en el siglo XIX se convirtieron
en la suerte ordinaria de los psiquiatras (Castel, 1976). El ingreso en
un asilo y, sobre todo, la salida del mismo, estaban sujetos a esta
evaluación de la peligrosidad individualizada. La medición del riesgo se
convirtió así en una tarea rutinaria de los alienistas.
El problema de la locura violenta y “peligrosa” se refleja también en
los cambios que ha experimentado la organización de los lugares de
internamiento; temática que ha interesado mucho a los especialistas en
la historia del asilo o en la historia de la prisión desde finales de
los años 2000. Mientras que el sistema penal de principios del siglo XIX
reflejaba el principio de la irresponsabilidad penal de los locos en el
ámbito institucional, distinguiendo por un lado a las prisiones y por
otro a los asilos, a finales de ese siglo asistimos en Francia a la
aparición de instalaciones híbridas: manicomios-prisiones, o
prisiones-manicomios, destinadas a albergar a los que empezaban a
denominarse “locos criminales” o incluso “locos peligrosos” (Colin,
1906). Las primeras propuestas este sentido se remontan a principios de
la década de 1860. Hunden sus raíces en los médicos partidarios de la
herencia y los promotores de la doctrina de la degeneración. En 1863, la
sociedad médico-psicológica se interesó directamente por las cuestiones
penales y abordó de frente el asunto de la responsabilidad de los
enfermos. Para ello consideró casos de responsabilidad parcial (Legrand
du Saulle, 1863) y reclamó la generalización de la pericia médico-legal,
así como la creación de instituciones especializadas para los
“semilocos”.
Véronique Fau-Vicenti (2013, 2019) ha investigado históricamente los
lugares de atención y tratamiento de la peligrosidad, que siguen siendo
bastante limitados en Francia, si se compara, por ejemplo, con la
situación en Bélgica: en primer lugar, la sección La Sûreté de la
prisión de Bicêtre en la región parisina, creada en 1840, con treinta y
cuatro plazas reservadas a los “locos criminales”; después, la sección
para dementes de la prisión de Gaillon en el Eure (1876-1906), reservada
a los presos que enloquecían en el trascurso de su condena. Este
pabellón, equipado con una moderna unidad de hidroterapia, dependía de
la administración penitenciaria, pero estaba dirigido por el médico jefe
de la prisión central (maison central), que también se
encargaba de la enfermería de la prisión. En 1910, el pabellón de
seguridad asilar del hospital de Villejuif fue creado por el psiquiatra
Henri Colin (1860-1930), especializado en el tratamiento de “locos
peligrosos”, a veces también llamados casos “difíciles” (Colin, 1906).
Fue concebido para alojar a los dementes criminales y a los criminales
dementes internados en los manicomios del Sena, esos “individuos con
tendencias perversas, instintos malignos, esos locos morales, esos
pacientes difíciles, con delirios efímeros que se desencadenan por el
menor exceso” (Colin, 1912). El pabellón se convirtió en una “unidad
para pacientes difíciles” (UMD) en 1986, en el trascurso de la creación
de las nuevas estructuras hospitalarias destinadas a alojar a los
individuos “peligrosos para sí mismos y para los demás”.
Aunque el término “anormal” se impuso después de la Segunda Guerra
Mundial en el pabellón de Villejuif (Fau-Vincenti, 2019), en Francia, la
definición de un nuevo perímetro de cuidados seguía siendo problemática.
Así pues, las UMD precedieron a la introducción de otros sistemas que
reorganizaron la frontera entre los locos y los criminales, entre las
prisiones y los servicios psiquiátricos, sin llegar a fusionar
completamente ambas categorías: los Service Médico Psychiatrique
Régional (SMPR), creados en 1995, prestan asistencia psiquiátrica dentro
de las prisiones; las Unités de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP),
creadas en 2005, constituyen un intermediario médico entre los servicios
psiquiátricos generales y las Unités pour Malade Difíciles (UMD). Y por
último, las Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA), creadas por
una ley de 2002, están implantadas en establecimientos públicos de salud
mental y rodeadas por los muros de las prisiones: son, por tanto,
prisiones situadas dentro de hospitales psiquiátricos, destinadas a
detenidos que sufren trastornos mentales. En Francia, la prioridad
concedida a la cuestión de la responsabilidad penal sobre la
peligrosidad es lo que ha conducido a la actual multiplicidad de lugares
de detención para personas consideradas peligrosas.
La historia de estos lugares es un trabajo en curso que continúa
actualmente con un proyecto financiado por la Agencia Nacional de
Investigación francesa (ANR): “PSYDanger. Affaires dangereuses.
L’émergence du complexe de la dangerosité, la réforme psychiatrique et
l’essor des droits humains en Europe, 1950-2000”,
coordinado por el sociólogo Nicolas Henckes.
5. A modo de conclusión:
nuevos objetos
Hasta ahora se han mencionado pocas críticas a Vigilar y
castigar, que, a la luz de la investigación histórica francesa,
aparece verdaderamente como una obra magistral. Quisiera concluir
mencionando algunos enfoques nuevos, específicamente históricos, que, si
bien reflejan la abundancia de trabajos que esta obra aún genera hoy, a
cincuenta años de su publicación, desplazan sin embargo sus enfoques.
Sacan a relucir objetos y formas de conocimiento diferentes que tienen
el efecto de descentrar las proposiciones foucaultianas. Estos trabajos
recientes demuestran una fuerte apropiación de las preguntas de Foucault
ahora transferidas a perspectivas actuales de la historia social y/o
cultural. Toman pues buena nota de las fuertes renovaciones
epistemológicas del campo que, desde principios de la década de 2000,
han reorientado la historia de la justicia y la psiquiatría en al menos
tres direcciones: el giro práctico, la historia “desde abajo” —más
concretamente, en este ámbito, la historia desde el punto de vista de
los pacientes— y, por último, las cuestiones de género. La prisión y el
asilo han dado lugar, pues, a un buen número de trabajos de historia
social y cultural, más atentos a los contextos, a las diversidades y
conflictos que hoy renuevan el conocimiento de la historia de las
prácticas de encierro. Este desplazamiento de los objetos y de los
puntos de vista no elude la cuestión del tratamiento de la violencia y
del peligro, pero al centrarse en las prácticas, saca a la luz otra
historia, diferente de la de los discursos jurídico-psiquiátricos que
constituyeron el objeto de los análisis foucaultianos. Sin ánimo de
exhaustividad, esta última parte del artículo se detendrá en algunos de
esos trabajos relativos a la historia de la peligrosidad, aunque no
constituyan el centro de su objeto.
Algunos de estos proyectos colectivos recientes siguen claramente los
pasos de la historia foucaultiana de las disciplinas. Esto es lo que
sucede, por ejemplo, con el trabajo de Julie Claustre, Isabelle
Heullant- Donat y Elisabeth Lusset, que iniciaron un proyecto colectivo
sobre la historia del encierro que ha dado lugar a tres grandes
volúmenes temáticos y diacrónicos (2011, 2015, 2017). Se trata de una
historia cruzada y comparada de diferentes sistemas de confinamiento
“moralmente incomparables” (prisiones, claustros, asilos, hospitales,
fábricas, etc.) y abordada desde la perspectiva de la larga duración
(2015: 27): Le cloître et la prison
(VIe-XVIIIe siècle); Règles et dérèglements en
milieu clos (IVe-XIXe siècle); Le genre enfermé.
Hommes et femmes en milieux clos (XIIIe-XXe
siècle). Las comparaciones resultantes entre diferentes campos,
especialidades y épocas han puesto de manifiesto la fuerte continuidad
entre estos diferentes marcos, ya sea en lo que se refiere a la
estructuración de las normas de la vida conventual o a las formas de
violencia que tenían lugar en ellos. La melancolía y el suicidio, por
ejemplo, que han sido azotes habituales de las instituciones
penitenciarias desde la invención de la prisión celular, fueron
designados desde la Edad Media como pecado de desidia, como algo que
amenazaba el alma de los encerrados. Atentos al lugar de estas
instituciones en la sociedad de su tiempo, estas obras también llaman la
atención sobre un aspecto descuidado por Foucault: el carácter sumamente
poroso de los límites de estos lugares, ya sea del muro exterior, ya sea
del claustro, y que nos lleva a reconsiderar su funcionamiento y su
lugar social.
La comparación de las instituciones disciplinarias también ha sido la
perspectiva de trabajo del Groupe de Recherche sur les Institutions
Disciplinaires (GRID), un grupo de jóvenes investigadores/as que
plantean una historia social comparada de la escuela, el ejército, la
cárcel, el asilo, el hospicio y el hospital. Junto a importantes obras
individuales (Génard 2021, Rossigneux-Méheust 2018, Le Bras 2024), este
grupo está en el origen de un libro colectivo dedicado a la historia de
las “micropenalidades” foucaultianas: las “rutinas punitivas” (Génard,
Rossigneux-Méheust, 2023). El cuestionamiento discute la función de
estas micropenalidades, que Foucault designa como instrumentos de
inculcación de las disciplinas. Pero la obra también revela que fueron
objeto de escándalos y reformas a finales del siglo XIX y principios del
XX, y que dejan espacio para contradiscursos muy ausentes en la obra de
Foucault. El estudio se basa en los análisis clásicos de los archivos,
pero también en el estudio de la materialidad de los objetos y de las
huellas sobre los cuerpos, que son los que permiten “reabrir la cuestión
de la naturaleza del poder en las instituciones” (ibid: 16),
así como en el seno de la sociedad normal, más allá de las relaciones de
autoridad.
Este interés por la resistencia, la protesta y el discurso crítico
también ha inspirado las investigaciones sobre la historia del asilo y
la psiquiatría, influenciadas por Erving Goffman (1922-1982). Como se
sabe, el autor de Asylums (1961; 1968 para la traducción
francesa) propuso analizar los manicomios como “instituciones totales”,
poniendo el acento en las lógicas de poder que existían en su interior,
pero también en los espacios de libertad que albergaban. Este
cuestionamiento ha permitido el desarrollo en Francia de una historia de
la psiquiatría “desde abajo”, influida por la historiografía británica
(Porter, 1985) y en ruptura con la mera historia del discurso médico.
Hablamos de toda una sección de investigaciones recientes centradas en
el punto de vista de los pacientes (Bacopoulos-Viau y Fauvel 2016), así
como en el lugar que ocupan las instituciones en las trayectorias
vitales de los internados (Génard, Le Bras, Marquis, Rossigneux-Méheust,
Zappi, 2022).
Este cambio de perspectiva ha puesto de relieve los recorridos
individuales de los pacientes en el marco del laberinto institucional y
discursivo, produciendo una imagen de la psiquiatría y del asilo
bastante diferente de aquella planteada por Vigilar y castigar
(Fauvel, 2005). Mientras que el enfoque discursivo centraba la atención
en las categorías institucionales y, ante todo, en la problemática
aparición de la peligrosidad, el giro hacia las prácticas pone de
relieve numerosas inflexiones en los principios.
En primer lugar, se hizo evidente la porosidad de estas
instituciones: el asilo, al igual que la prisión —y a veces
alternativamente—, suele ser, con frecuencia, solo una etapa en el curso
de trayectorias de vida complejas, en las que las familias siguen
desempeñando un papel importante. Anatole Le Bras muestra que, incluso
en lo relativo a los locos violentos —los furiosos—, el asilo no es más
que una solución entre otras, y a menudo un último recurso porque
resulta costoso para las familias. Por lo general, sigue a períodos de
reclusión en un entorno privado, y a veces permite salidas a largo plazo
con “esclusas hacia la vida civil” en las sociedades de patronato (Le
Bras, 2023: 332). Este punto de vista aporta así elementos adicionales
de complejidad, al permitir comprender no solo el discurso alienado,
sino también sus “condiciones de enunciación”, así como diseccionar los
juegos de poder e identidad —individuales y colectivos— que se juegan en
tales discursos” (Le Bras, 2024: 19). Todo ello ilumina espacios que los
análisis foucaultianos habían dejado hasta ahora en la sombra.
A esta historia del asilo desde el punto de vista de los pacientes se
le suma finalmente una historia de la enfermedad mental, abordada como
una historia de las subjetividades en sus relaciones con los marcos
institucionales (Guillemain, 2018; Gallien, 2024). Las enfermedades
mentales, dice Hervé Guillemain, deben ser historizadas y
contextualizadas a la luz de las estructuras institucionales, de los
tratamientos y medicamentos que modifican su curso, o incluso de las
transformaciones sociales como las guerras, la colonización, las
migraciones, etc. (Guillemain y Tison, 2013).
No hay duda de que la “peligrosidad” puede considerarse a la luz de
estos enfoques. Como resulta evidente, esto no significa negar la
importancia de los efectos de sentido producidos por la historia de los
discursos. Sin embargo, estos nuevos enfoques llaman la atención sobre
la necesidad de examinar sus efectos prácticos, a nivel judicial, pero
también al nivel de las instituciones de encierro, cuyo enfoque “de
abajo hacia abajo” nos invita a considerar su gran diversidad. De modo
similar, hay que comparar la cronología de los textos y de las reformas
con las trayectorias de los individuos que, a lo largo de su vida, son
susceptibles de cruzar sucesivamente diferentes sistemas de categorías.
El resultado es una comprensión diferente de la violencia, el peligro y
la impotencia institucional.
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