El envejecimiento poblacional constituye un proceso demográfico inédito y, como tal, se erige en uno de los mayores desafíos políticos, económicos, laborales, sociales y sanitarios a nivel global. Por ende, no hay administración ni organismo no gubernamental —sean de ámbito regional, estatal o internacional— que no lo reconozca y no experimente sus retos y consecuencias en el mediano y corto plazo. Estudiado por su magnitud en numerosos países del norte global, el aumento del envejecimiento también tiene es­pecial incidencia en otras regiones del planeta (Huenchuan, 2018). Si para el año 2050 se prevé que una de cada cuatro personas que vive en Europa y América del Norte tenga 65 años o más (ONU, 2019), en Latinoamérica y el Caribe se espera que alcance el 25,1% de la población total, es decir, habrá 2,1 veces más mayores que en 2022 (CEPAL, 2022). Una parte de los retos a afrontar por los Estados consiste en gestionar las transformaciones derivadas de este fenómeno sin empeorar las condiciones de vida, puesto que se prevén presiones sobre los sistemas de salud y protección social, el mercado laboral, las estructu­ras familiares y las redes de apoyo. En este escenario, organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus oficinas regionales para las Américas y Europa, idearon un marco político que, bajo el epígrafe de “envejecimiento activo y saludable”, promueve la formulación de planes que desa­fíen los estereotipos de una vejez caracterizada por la pasividad, la enfermedad y la dependencia en favor del reconocimiento de las personas mayores a participar en la vida económica, social y política (Foster y Walker, 2015). Para estos organismos este marco político no es una mera opción, sino el modelo a seguir para que las personas sean independientes y activas mientras envejecen, y detener las consecuencias y los costes sociosanitarios asociados al alargamiento de la vida (OMS, 2020).

En el proceso de mantener la capacidad funcional y contribuir al bienestar en la vejez, la alimentación adecuada adquiere un papel central. Está reconocida en los tratados internacionales como el derecho de las personas a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, a alimentos cuantitativa y cualitati­vamente adecuados, que correspondan a las tradiciones culturales y que garanticen, a nivel individual y colectivo, una vida física y mental digna. Su naturaleza jurídica implica obligaciones a los Estados y, por tanto, es exigible por parte de la ciudadanía (Fillol Mazo, 2020). Como vía política para su cumplimiento, el concepto de seguridad alimentaria ha sido entendido en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Alimentación en 1996 como la situación en la que “las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996: 1). Desde esta perspectiva, una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, situación que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos, y puede experimentarse con diferentes niveles de severidad (leve, moderada o severa)2. En la base de las definiciones de inseguridad alimentaria, especialmente en la mo­derada y grave, encontramos situaciones de privación alimentaria y nutricional, las cuales no solamente hacen referencia a la dificultad económica de las personas y hogares para adquirir alimentos, lo que, en ocasiones, conlleva la solicitud de ayudas alimentarias provistas por políticas estatales, organizaciones del tercer sector y/o redes de ayuda mutua (Gracia-Arnaiz, Casadó y Campanera, 2021; Díaz-Méndez, García-Espejo y Otero Estévez, 2018), sino también a lo que históricamente se ha definido como hambre. Desde un enfoque biologicista, el hambre es definido por la FAO (2024) como la sensación física incómo­da o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria, que puede volverse crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable. En cambio, el concepto de inseguridad alimentaria incluye, además de la bio­lógica, otras dimensiones asociadas con la perspectiva económica, social y cultural de la alimentación (Gracia-Arnaiz, Casadó y Campanera, 2021). Así, podemos decir que existe inseguridad alimentaria cuan­do hay dificultades para obtener alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos o cuando no se pueden adquirir en formas social y culturalmente aceptables. Teniendo en cuenta ello, la inseguridad alimentaria desempeña un papel importante como factor determinante de diferentes formas de malnutrición, y no solamente las vinculadas con subnutrición y desnutrición. En particular, en los país es considerados de ingresos medios, medios-altos y altos —como España y Argentina—, vivir en un hogar afectado por insegu­ridad alimentaria es un indicador de obesidad (FAO, 2019). Del mismo modo, debe subrayarse el carácter flexible y cambiante de la inseguridad alimentaria, dado que puede ser transitoria —cuando ocurre en épo­cas de crisis—, estacional o crónica —cuando sucede de forma continua— contemplando distintas fases de gravedad. Finalmente, la inseguridad alimentaria existe cuando hay limitación e incertidumbre sobre el acceso a los alimentos (Gracia-Arnaiz, Casadó y Campanera, 2021).

Partiendo de la relación entre la definición jurídica del derecho a la alimentación adecuada y el concep­to político de seguridad alimentaria (Fillol Mazo, 2020) y considerando los pilares a tener en cuenta para la evaluación del acceso a la alimentación —disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad— (Rezende Machado de Sousa et al., 2019), sostenemos que el logro de la seguridad alimentaria como objetivo para la garantía del derecho a la alimentación adecuada se ha convertido en otro reto global. No solo porque depende de factores macro y microestructurales —producción, distribución, acceso y consumo de los alimentos— a escala mundial, regional y local (Hammelman y Hayes-Conroy, 2015; Feuermann, 2023), sino porque las recientes crisis mundiales han limitado el acceso económico a los alimentos y han provocado experiencias de incertidumbre acerca de cómo lograrlo. Desde la gran recesión de 2008, y consideran­do el impacto económico, social y sanitario provocado por la pandemia COVID-19 y la posterior crisis energética mundial recrudecida por la invasión rusa de Ucrania (Mbah y Wasum, 2022), en numerosos países muchas personas empeoraron su alimentación como resultado de los recortes en el gasto público que impactaron en las políticas sociales y alimentarias y del aumento sostenido de los precios de bienes y servicios, constituyendo una de las principales preocupaciones de la economía mundial y, particular­mente, de la europea y latinoamericana (Akter, 2020; CEPAL/FAO, 2020). Si bien esta situación afecta a la ciudadanía en su conjunto, hay colectivos más vulnerables (Gracia-Arnaiz, García-Oliva y Campanera, 2021; Aguirre y Díaz-Córdova, 2021). Entre ellos, las personas mayores constituyen un grupo socialmente heterogéneo (Ivic et al., 2021) que es potencialmente más frágil por su nivel de ingresos dependiente del sistema de pensiones y jubilaciones (Ordóñez-Barba y Stabridis-Arana, 2023), sus condiciones de salud y su requerimiento de cuidados de largo plazo (Li y Mutchler, 2020; Dickinson et al., 2022; Govindaraju et al., 2022; Avgerinou et al., 2019; Bloom et al., 2017; Bjørner et al., 2018).

La investigación sobre inseguridad y privación alimentaria en las personas mayores ysus consecuencias sanitarias ha crecido desde la gran recesión y se ha acentuado durante y tras la pandemia por COVID-19 tanto a nivel mundial (Pereira et al., 2022) como a nivel de los países estudiados aquí, España y Argentina (Díaz-Méndez y García-Espejo, 2021; Amadasi et al., 2022). Esta tendencia expresa una preocupación social importante, dado el aumento de hogares y personas que no tienen garantizada una alimentación adecuada, reconocida como prioridad para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el objetivo 2 “Hambre cero”, el cual hace referencia a poner fin al hambre. Estas investigaciones asocian la inseguridad alimentaria y la privación alimentaria de las personas mayores con los ingresos, la pobre­za y la propiedad de la vivienda, pero también con la composición del hogar, el estado civil, el grado de envejecimiento, el género, el origen étnico, el estado de salud/enfermedad y la funcionalidad. Asimismo, la mayoría se ha centrado en el estudio de la inseguridad alimentaria como factor de riesgo para la salud; en el estudio de sus determinantes; en la evaluación cuantitativa de los programas que buscar intervenir sobre ella; en la revisión de los aspectos vinculados con su medición y en abordajes cualitativos que evi­dencian la alimentación de las personas mayores como fenómeno complejo (Vilar-Compte et al., 2017). Sin embargo, ninguno de estos estudios se ha interesado en verificar si las políticas alimentarias y sociales implementadas por los Estados han tenido en cuenta las dimensiones implicadas en la garantía del de­recho a la alimentación adecuada entre las personas mayores. Tampoco se han interesado en analizar si estas políticas se han diseñado bajo el concepto de seguridad alimentaria. Desde nuestra perspectiva, tomar en cuenta las posibles situaciones de inseguridad alimentaria de la población mayor es un proble­ma de índole social que requiere de la legitimación e intervención público-estatal.

Formando parte de un estudio mayor sobre el impacto de las recientes crisis en los itinerarios ali­mentarios de personas mayores no institucionalizadas, realizamos un análisis comparativo entre dos países que, si bien están en situaciones sociales, económicas y políticas diferentes, mantienen puntos en común respecto a los retos que les impone el proceso de envejecimiento y la precarización en rela­ción con el derecho a la alimentación adecuada. Tanto en España como en Argentina se ha constatado que la creciente precarización ha tenido consecuencias en el bienestar de las personas mayores, par­ticularmente en su salud física y mental (Ortega-Gaspar et al., 2020; Findling y Ponce, 2023; Tinoboras, 2017), lo que hace pertinente preguntarse si, como ha sucedido entre otros grupos etarios para ambos países (Moragues-Faus y Magaña-González, 2022; Salvia et al., 2021) , el empeoramiento de las condi­ciones de vida se ha traducido en un cuestionamiento del derecho a la alimentación, tanto en términos de diagnóstico como de diseño de políticas específicas destinadas a este colectivo. El objetivo de este análisis es esclarecer si desde los marcos políticos dispuestos entre 2008-2023 ha habido respuestas específicas para este grupo poblacional ante los apremios globales. Hemos elegido este periodo por la concurrencia en el tiempo de las recientes crisis globales y la elaboración de estrategias sobre enveje­cimiento activo y saludable y seguridad alimentaria. Sostenemos que un análisis diacrónico y compara­tivo de datos procedentes de fuentes estadísticas y documentales de España y Argentina ofrece infor­mación valiosa para mostrar cómo se están analizando y abordando localmente estos desafíos y valorar si estas políticas se inscriben en lo que se ha conceptualizado, desde los compromisos asumidos, como seguridad alimentaria. Si bien este concepto implica, como se mencionó anteriormente, sustentar los cuatro pilares, sabemos que el sistema alimentario global no ha sido capaz de procurar una alimen­tación adecuada para todo el mundo (Gracia-Arnaiz, 2021; Gracia Arnaiz, 2017; Gracia-Arnaiz, Casadó y Campanera, 2021). Por esta razón, este estudio se centra específicamente en el pilar del acceso, ya que consideramos que garantizar la disponibilidad no es suficiente, sino que es necesario que quienes deben alimentarse dispongan de los medios para adquirir y consumir los alimentos y que estos además sean seguros, saludables y culturalmente aceptables. Adicionalmente, si bien la seguridad alimentaria incluye dos dimensiones complementarias, la accesibilidad y la inocuidad3, en este trabajo nos hemos centrado en la primera, aunque, como podrá verse más adelante, también la segunda ha surgido en nuestro análisis.

Este estudio se inscribe en una investigación socioantropológica más amplia de carácter cuantitativo- cualitativo que incorpora diferentes niveles de análisis derivados de una revisión exhaustiva de la literatura científica, una recopilación y análisis de fuentes estadísticas y documentales y un trabajo de campo de soporte empírico (Larrea et al., 2024). Para abordar los objetivos propuestos, nos centramos en el acopio y análisis de fuentes estadísticas y documentales. Seleccionamos y examinamos intencionalmente en­cuestas sobre condiciones de vida, salud e inseguridad alimentaria, e indicadores demográficos y socioe­conómicos relativos a las personas mayores, así como también el contenido de los planes y estrategias estatales vinculadas con la seguridad alimentaria y el envejecimiento activo que han cumplido con los criterios de inclusión (Cuadro 1).

Fuente: elaboración propia.

Hemos recopilado las fuentes mediante el acceso a los sitios web de las áreas estatales, aunque también consideramos documentos de los organismos internacionales que dictan las estrategias a seguir en estos países. Registramos y clasificamos en matrices los datos estadísticos publicados en informes de censos y encuestas oficiales a partir de indicadores comunes para la población general y para las personas mayores en periodos diferentes y disponibles para Argentina y España (2008; 2013; 2018; 2020; 2022/2023): expec­tativa de vida, peso demográfico de las personas mayores, índice de envejecimiento, índice de masculinidad y feminidad, evolución de pensiones y jubilaciones, evolución de precios de los alimentos, riesgo de pobreza, inseguridad alimentaria y prevalencia de problemas de salud relacionados con la alimentación (Esquema 1). Cabe aclarar que algunos de los indicadores seleccionados no pudieron ser comparados por no estar construidos de la misma manera, ser del mismo año o simplemente no existir en uno de los países. En ese caso, optamos solo por considerar aquellos que pudieran ser comparables. Por tanto y dada esta dificultad metodológica, analizamos los indicadores de interés que permitieran comparar tendencias en períodos de tiempo similares. A pesar de estas limitaciones, el análisis de los indicadores demográficos y socioeconó­micos de España y de Argentina nos permitió realizar una puesta en común de las tendencias poblacionales y la situación socioeconómica como parte de los retos globales de los Estados nacionales.

Fuente: Elaboración propia.

Notas:

*Indicadores disponibles, definidos conceptualmente y medidos de modos equiparables.

** Personas mayores.

*** Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

**** Desnutrición.

Como fuentes de información, también incluimos las políticas y medidas de protección social, de enve­jecimiento activo y de seguridad alimentaria relevantes implementadas durante el periodo y las clasificamos según año de implementación, tipo de política, administración y área de gobierno, objetivos, poblaciones meta y medidas propuestas. Realizamos un análisis documental cualitativo de 28 documentos: 5 directrices internacionales y 23 políticas y programas estatales que, de acuerdo con nuestro enfoque, podían vincular­se con la seguridad alimentaria en relación con el acceso a la alimentación adecuada, 10 de España y 13 de Argentina, siguiendo el método de análisis temático (Guest, 2012) de modo similar a otros estudios propios sobre análisis de políticas alimentarias (Gracia-Arnaiz, 2017; Gracia-Arnaiz, Bom Kraemer y Demonte, 2020).

Después de identificar las dimensiones de interés para este análisis, generamos las categorías para cla­sificar los documentos y las vinculamos a los fragmentos de texto. Este procedimiento utilizó el razonamien­to inductivo, mediante el cual las categorías, basadas principalmente en citas textuales, emergen de los datos a través de un examen meticuloso y comprobación. Esta sistematización permitió crear matrices para el análisis cualitativo y así facilitar la identificación de aspectos o puntos específicos para la comparación (Díaz-Tendero y Cruz-Martínez, 2023), estableciendo los elementos recurrentes y/o contrastantes entre los documentos de cada país (Esquema 2).

Fuente: elaboración propia.

Notas:

*En este caso, se mantuvo el nombre de la política y programa tal como se enuncian en los documentos.

** Personas mayores.

En un contexto con tendencias demográficas similares, pero con situaciones socioeconómicas y políticas distintas, hemos mostrado que España y Argentina han sido activos para ratificar los pactos, suscribir las directrices y asumir los compromisos promovidos por organismos internacionales en torno al derecho a la alimentación adecuada y el envejecimiento activo y saludable. Para ambos países, el marco político vincu­lado con estas estrategias no se concibe como una alternativa posible, sino como el modelo a seguir para garantizar la vida activa de las personas mayores mientras envejecen y reducir los costes asociados a la enfermedad y la dependencia. En el afán de fomentar la capacidad funcional de los sujetos y facilitar el bien­estar en la vejez, disponer de políticas de seguridad alimentaria centradas en el paradigma del derecho a la alimentación adecuada debería ser una prioridad, en la medida en que es un instrumento para dignificar la vida de las personas y los pueblos (Fillol Mazo, 2020). Por tanto, asegurarla deviene en un desafío debido a una variedad de razones. Como hemos visto, en la actualidad desde los debates jurídicos y político-acadé­micos no se concibe simplemente como el derecho “a ser alimentado”, sino como el derecho a alimentarse en condiciones dignas. Esto quiere decir que se espera que las personas puedan satisfacer esta necesidad utilizando medios y recursos propios; se espera, además, que los Estados garanticen que los alimentos dis­ponibles sean asequibles, saludables, inocuos, cultural y personalmente aceptables.

No obstante, las expectativas sociales acerca del logro del acceso a los alimentos en los términos aquí planteados se han visto cuestionadas por las consecuencias de las recientes crisis globales. En este esce­nario muchas personas han precarizado sus condiciones de vida por los recortes en los ingresos económi­cos, la precarización laboral, el aumento de los precios de los alimentos y de las fuentes de energía. Así, la fragilidad de las personas mayores respecto de otros grupos etarios (Li y Mutchler, 2020), cobra relevancia social y política. Sin embargo, nuestro análisis muestra un desajuste notable entre los discursos expresa­dos en los marcos jurídicos y políticos y las acciones implementadas para garantizar este derecho. Desde nuestra perspectiva, la principal evidencia que nos permite hablar de este desajuste es la falta de datos y acciones específicas que den cuenta de la situación de seguridad e inseguridad alimentaria y sus diferentes niveles en personas mayores y permitan saber si el derecho a la alimentación adecuada se está cumpliendo en esta población. Hemos visto que se trata de un colectivo que, si bien tiene garantizados ingresos econó­micos producto de las pensiones/jubilaciones y presenta menos índices de pobreza frente a otros grupos etarios, por los condicionantes asociados a esta etapa del ciclo vital puede reunir mayores vulnerabilidades fisiológicas, cognitivas, afectivas o relacionales (Govindaraju et al., 2022; Avgerinou et al., 2019; Bloom et al., 2017; Bjørner et al., 2018), enfrentándose a las desigualdades adquiridas a lo largo del curso de vida que se acentúan en la vejez (Dickinson et al., 2022) y que impactan en su seguridad alimentaria.

Si bien los indicadores socioeconómicos de ambos países muestran que las personas mayores con es­casos recursos podrían encontrarse en riesgo para el logro de una alimentación adecuada respecto a pe­riodos previos, ninguno cuenta con mediciones estadísticas oficiales ni estudios cualitativos que, desde un enfoque de la seguridad alimentaria, informen sobre la situación del acceso a alimentos a nivel estatal, que contemplen su heterogeneidad social y permitan conocer si su alimentación es adecuada. Las posibles situaciones de vulnerabilidad quedan ocultas en promedios poblacionales de aproximaciones a la privación alimentaria. En un contexto de incertidumbre propio de las experiencias de crisis, la insuficiencia de datos oficiales imposibilita no solamente conocer si el derecho a la alimentación está siendo garantizado, sino además el alcance de las carencias para determinar la orientación de las políticas de seguridad alimentaria. Asimismo, los datos oficiales disponibles contemplan situaciones de privación alimentaria de poblaciones urbanas, invisibilizando la población mayor de zonas rurales, donde el proceso de envejecimiento se vive en condiciones socioeconómicas más desfavorables con menos acceso a servicios y alimentos (Huenchuan, 2018; CEPAL, 2022; Rivero-Jiménez et al., 2020). Urge, pues, disponer de datos estadísticos y cualitativos oficiales de recolección periódica que releven los niveles de inseguridad alimentaria y que abarquen los dife­rentes entornos porque podrían mostrar el alcance y la naturaleza de la privación alimentaria en las personas mayores en diferentes escalas (micro, meso y macro) y entornos (rural y urbano).

Los estudios sobre inseguridad alimentaria se han realizado principalmente desde la academia o el ter­cer sector, pero la mayoría no se han ocupado de este grupo etario. Si bien ofrecen datos sobre inseguridad alimentaria de la población general, utilizan la escala FIES, la cual, habiendo sido validada por expertos de organizaciones internacionales, expresa si en el último año ha habido una reducción involuntaria de la por­ción de comida y/o la percepción de experiencias de hambre por problemas económicos. Pero se trata de un indicador que mide exclusivamente el acceso físico y económico (Carrillo-Álvarez et al., 2021), dejando de lado otros aspectos del acceso, como la calidad nutricional, la inocuidad de los alimentos o su acepta­bilidad. Al mismo tiempo, estos datos están realizados, mayormente, a partir de encuestas telefónicas de tiempo reducido, las cuales pueden comportar una dificultad añadida en el caso de los mayores para enten­der los enunciados y responder con rapidez a preguntas sobre sus prácticas alimentarias, además de sus carencias. Adicionalmente, no permite dar cuenta de las estrategias desplegadas por los hogares más allá del periodo contemplado en la encuesta (12 meses), invisibilizando la capacidad de agencia de los sujetos de buscar recursos en el medio/largo plazo. Tampoco incluye cuestiones que puedan describir el continuum entre seguridad/inseguridad que suele darse en las situaciones de inseguridad alimentaria (Hendriks, 2015). Esto es central porque, aunque existen mecanismos de protección para las personas mayores a través de las transferencias sociales, en contextos adversos no sabemos qué uso hacen de las redes de soporte ni de los sistemas de emergencia social. Estudios etnográficos previos propios señalan que las personas ma­yores, y particularmente las mujeres, son reticentes a solicitar ayuda para comer en los servicios sociales y, ante la pérdida de capacidad adquisitiva, tienden a reducir el número y contenido de comidas (Gracia-Arnaiz, García-Oliva y Campanera, 2021). Para estas personas, la alimentación aparece como un gasto flexible ante otros pagos como alquiler o mantenimiento de la vivienda, medicamentos y servicios. Los métodos de re­colección de datos y, en general la investigación científica, deberían integrar herramientas cuantitativas y cualitativas con preguntas que ayuden a tomar decisiones políticas informadas y permitan obtener una apro­ximación holística sobre la singularidad de sus prácticas alimentarias y la influencia de los determinantes sociales de salud respecto de otros grupos etarios (Bloom et al., 2017; Bjørner et al., 2018; Gajda et al., 2020).

Como hemos afirmado, la ausencia de información oficial específica impide visibilizar los efectos de la pre- carización en la seguridad alimentaria en este colectivo y muestra el desinterés político de ambos países por in­corporar esta problemática en los instrumentos de diagnóstico y acción política que tiene como fin fortalecer sus estándares de vida y evitar posibles tratos desiguales en el cuidado de la salud. Hemos observado que el marco del envejecimiento activo y saludable suscrito por ambos países está configurado principalmente para disminuir los costos asistenciales del envejecimiento y activar la participación social y económica antes que para garanti­zar el bienestar físico y mental de las personas mayores (Foster y Walker, 2015). Asimismo, en España, las políticas y los marcos legislativos de seguridad alimentaria se orientan hacia la inocuidad de la cadena alimentaria, lo que expone que el Estado ha relegado la responsabilidad de las cuestiones relativas al acceso a organizaciones cari­tativas y humanitarias. Por su parte, en Argentina, las políticas de seguridad alimentaria se encuentran orientadas —dada la situación de emergencia constante— a garantizar el acceso a los alimentos del colectivo vulnerable, priorizando a niños/adolescentes. Pero el hecho de disponer de políticas que intervienen sobre el acceso a los alimentos de la población vulnerable no es suficiente para resolver la situación de inseguridad alimentaria argen­tina, dados sus peores indicadores socioeconómicos comparados con España.

Además, si bien ambos países tienen políticas de alimentación saludable para población general y dispo­nen de planes para prevenir la malnutrición infantil, son inexistentes los planes orientados a las problemáticas de las personas mayores cuando presentan una alta prevalencia de enfermedades relacionadas con la alimen­tación que se acentúan en esa etapa vital (Avgerinou et al., 2019; Payne et al., 2020). Al respecto, las directrices internacionales alegan sobre su vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria, pero reconocen que los pro­gramas de asistencia priorizan a los jóvenes (OMS, 2020). Sería necesario contrarrestar esta forma de edadis- mo institucional (OPS, 2021) y considerar, tal como se enuncian en las directrices sobre envejecimiento y ODS, las situaciones de malnutrición de los mayores como cuestión prioritaria para recopilar datos estadísticos y planificar políticas de seguridad alimentaria encaminadas a garantizar el derecho a la alimentación adecuada. De acuerdo con ello, debe tenerse en cuenta además que la población mayor requiere de intervenciones y prestaciones específicas en este momento de la vida, como ingresos económicos suficientes para llevar una vida digna, pero también asistencia para movilizarse, comprar y preparar los alimentos, lo que se inscribe en una política de cuidados para la población mayor diferencial a otras poblaciones. En relación con ello, se ne­cesitan diagnósticos que analicen los niveles de autonomía de los hogares integrados por personas mayores así como la dependencia de las ayudas sociales (sean públicas, comunitarias, familiares), e identificar cómo estas condicionan el tipo de alimentos a los que se acceden, es decir, si son seguros, saludables y aceptados culturalmente por este colectivo (Moragues-Faus y Magaña-González, 2022).

Desde nuestra perspectiva, el cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada en las personas ma­yores se da por supuesto por ambos Estados a partir de mecanismos indirectos para el acceso a los alimentos, como los ingresos económicos provenientes del sistema de pensiones y jubilaciones. Sin embargo, aunque estas transferencias sociales ayudan a paliar la desigualdad de los hogares con rentas más bajas, resultan insuficientes ante los efectos de las crisis y las tendencias inflacionarias experimentadas por ambos países. Adicionalmente, en estas se observan profundas brechas de género. Ello confirma que no solamente se desconoce el alcance de las medidas, sino que además no se tiene en cuenta la naturaleza y las dimensiones diferenciales de la inse­guridad alimentaria asociada a la feminización del envejecimiento y las desigualdades de género que se experi­mentan por sus diferentes trayectorias biográficas. Los indicadores de ambos países evidencian que las mujeres viven más años que los hombres, pero en peores condiciones de salud, con pensiones menores por su trayec­toria laboral precaria y dedicación a las tareas de cuidado familiar y sufren más aislamiento social y privaciones económicas (Díaz-Tendero y Cruz-Martínez, 2023). Por tanto, la edad no es la única variable definitoria que expli­caría una mayor vulnerabilidad. También lo son la clase social y el género, las cuales, en intersección, estructuran cursos de vida diferenciados que comprometen la igualdad. En este sentido, no solo es necesario mejorar los montos de las pensiones en función de las brechas de género identificadas en ellos y las prestaciones sociales en función de los apremios contextuales, sino también considerar que los hogares están constituidos por perso­nas que no son homogéneas en cuanto a necesidades, recursos y apoyos. Cuando se diseñan e implementan políticas de seguridad alimentaria para garantizar el derecho a la alimentación adecuada debe tenerse en cuenta cuáles son las estructuras de poder que generan las desigualdades en el seno de los propios grupos domésticos y las comunidades en relación con el acceso, la distribución y el consumo de alimentos y cuáles son las redes de apoyo formal e informal existentes o cómo pueden generarse en el caso de necesidad a modo de evitar reprodu­cir o reforzar condiciones de vulnerabilidad debidas al género.

Concluimos que el análisis de los indicadores demográficos y socioeconómicos de España y de Argentina, de los pactos, las directrices internacionales y las políticas estatales relacionadas con la seguridad alimen­taria pone de manifiesto tendencias poblacionales y socioeconómicas como parte de los retos globales de los Estados nacionales. A la vez, revela la necesidad de contrarrestar la ausencia o insuficiencia de datos sobre personas mayores con políticas antiedadistas que, basadas en un mejor conocimiento de las condi­ciones y necesidades de este grupo etario, protejan sus derechos básicos contemplando no solamente la edad, sino también la clase y el género.