Resumen: El envejecimiento poblacional constituye un desafío global en el que garantizar la alimentación adecuada de las personas mayores constituye un reto para los Estados. Desde la gran recesión de 2008, y tras el impacto de la crisis sanitaria por la pandemia por COVID-19 y la crisis energética mundial recrudecida por la invasión rusa de Ucrania y la presión inflacionista, numerosos países han experimentado una creciente precarización que los ha obligado a implementar políticas para paliar la desigualdad social y alimentaria. En este artículo mostramos cómo han afectado las sucesivas crisis a las personas mayores en España y Argentina. Específicamente, pretendemos averiguar si se ha incrementado la inseguridad alimentaria a pesar del reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada y de la existencia de planes de envejecimiento activo y saludable. Recopilamos indicadores sociodemográficos, alimentarios y sanitarios y políticas destinadas a las personas mayores y analizamos comparativamente las tendencias asociadas al proceso de envejecimiento, el perfil de este colectivo y de sus necesidades y los mecanismos estatales para garantizar (o no) dicho derecho. Discutimos sobre la concepción, el tipo y el alcance de las medidas y concluimos que, si bien el énfasis dado a la seguridad alimentaria en ambos países es diferente, tienen en común la ausencia y/o insuficiencia de información gubernamental para conocer cómo afecta la precarización alimentaria a las personas mayores y quiénes son las más afectadas según los determinantes sociales de la salud. Consideramos necesario generar estudios interseccionales para detectar situaciones de inseguridad alimentaria entre personas mayores y contrarrestar, así, posibles formas de edadismo derivadas de la ausencia de conocimiento y de políticas específicas para esta población.
Palabras clave: envejecimiento saludable, derecho a la alimentación, seguridad alimentaria, políticas antiedadistas, precariedad.
Eating matters: a comparative analysis of policies aimed at older people in Spain and Argentina (2008-2023)
Abstract: Population aging presents a global challenge, particularly regarding the assurance of adequate nutrition for older adults, posing a significant concern for nations. Since the onset of the 2008 financial crisis, compounded by the impact of the health crisis due to COVID-19 pandemic and the global energy crisis worsened by the Russian invasion of Ukraine and inflationary pressure, many countries have grappled with escalating precariousness, necessitating the implementation of policies to alleviate social and food disparities. This article examines how these successive crises have impacted older populations in Spain and Argentina, focusing specifically on food insecurity. We aggregate socio-demographic, nutritional, and health indicators alongside policies targeting the elderly and conduct a comparative analysis of trends related to the aging process, the demographic profile of this cohort, their needs, and governmental mechanisms for ensuring (or failing to ensure) this right. Our findings indicate that, while the emphasis placed on food security differs between these countries, a common thread is the lack of inadequacy of governmental data to understand the effects of food insecurity on older adults and identify the most vulnerable according to social determinants of health. We advocate for conducting intersectional studies to identify instances of food insecurity among older adults, thereby combating potential ageism stemming from a lack of awareness and tailored policies for this demographic.
Keywords: healthy ageing, right to food, food security, anti-ageing policies, precariousness.
Cómo citar: Gracia-Arnaiz, M.; Demonte, F.; Boragnio, A. (2025). Comer importa: un análisis comparado de las políticas sobre seguridad alimentaria dirigidas a las personas mayores de España y Argentina (20082023). Polít. Soc. (Madr.) 62(2), e94992, https://dx.doi.org/10.5209/rlog.94992. https://dx.doi.org/https://doi.org/10.5209/poso.96005
1. Introducción
El envejecimiento poblacional constituye un proceso demográfico
inédito y, como tal, se erige en uno de los mayores desafíos políticos,
económicos, laborales, sociales y sanitarios a nivel global. Por ende,
no hay administración ni organismo no gubernamental —sean de ámbito
regional, estatal o internacional— que no lo reconozca y no experimente
sus retos y consecuencias en el mediano y corto plazo. Estudiado por su
magnitud en numerosos países del norte global, el aumento del
envejecimiento también tiene especial incidencia en otras regiones del
planeta (Huenchuan, 2018). Si para el año 2050 se prevé que una de cada
cuatro personas que vive en Europa y América del Norte tenga 65 años o
más (ONU, 2019), en Latinoamérica y el Caribe se espera que alcance el
25,1% de la población total, es decir, habrá 2,1 veces más mayores que
en 2022 (CEPAL, 2022). Una parte de los retos a afrontar por los Estados
consiste en gestionar las transformaciones derivadas de este fenómeno
sin empeorar las condiciones de vida, puesto que se prevén presiones
sobre los sistemas de salud y protección social, el mercado laboral, las
estructuras familiares y las redes de apoyo. En este escenario,
organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y sus oficinas regionales para las Américas y Europa, idearon un
marco político que, bajo el epígrafe de “envejecimiento activo y
saludable”, promueve la formulación de planes que desafíen los
estereotipos de una vejez caracterizada por la pasividad, la enfermedad
y la dependencia en favor del reconocimiento de las personas mayores a
participar en la vida económica, social y política (Foster y Walker,
2015). Para estos organismos este marco político no es una mera opción,
sino el modelo a seguir para que las personas sean independientes y
activas mientras envejecen, y detener las consecuencias y los costes
sociosanitarios asociados al alargamiento de la vida (OMS, 2020).
En el proceso de mantener la capacidad funcional y contribuir al
bienestar en la vejez, la alimentación adecuada adquiere un papel
central. Está reconocida en los tratados internacionales como el derecho
de las personas a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, a
alimentos cuantitativa y cualitativamente adecuados, que correspondan a
las tradiciones culturales y que garanticen, a nivel individual y
colectivo, una vida física y mental digna. Su naturaleza jurídica
implica obligaciones a los Estados y, por tanto, es exigible por parte
de la ciudadanía (Fillol Mazo, 2020). Como vía política para su
cumplimiento, el concepto de seguridad alimentaria ha sido entendido en
el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Alimentación en 1996 como
la situación en la que “las personas tienen en todo momento acceso
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a
los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996: 1).
Desde esta perspectiva, una persona padece inseguridad alimentaria
cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos, situación que, de acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), puede
deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de
recursos para obtenerlos, y puede experimentarse con diferentes niveles
de severidad (leve, moderada o severa)3. En
la base de las definiciones de inseguridad alimentaria, especialmente en
la moderada y grave, encontramos situaciones de privación alimentaria y
nutricional, las cuales no solamente hacen referencia a la dificultad
económica de las personas y hogares para adquirir alimentos, lo que, en
ocasiones, conlleva la solicitud de ayudas alimentarias provistas por
políticas estatales, organizaciones del tercer sector y/o redes de ayuda
mutua (Gracia-Arnaiz, Casadó y Campanera, 2021; Díaz-Méndez,
García-Espejo y Otero Estévez, 2018), sino también a lo que
históricamente se ha definido como hambre. Desde un enfoque
biologicista, el hambre es definido por la FAO (2024) como la sensación
física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de
energía alimentaria, que puede volverse crónica cuando la persona no
consume una cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar
una vida normal, activa y saludable. En cambio, el concepto de
inseguridad alimentaria incluye, además de la biológica, otras
dimensiones asociadas con la perspectiva económica, social y cultural de
la alimentación (Gracia-Arnaiz, Casadó y Campanera, 2021). Así, podemos
decir que existe inseguridad alimentaria cuando hay dificultades para
obtener alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos o cuando no se
pueden adquirir en formas social y culturalmente aceptables. Teniendo en
cuenta ello, la inseguridad alimentaria desempeña un papel importante
como factor determinante de diferentes formas de malnutrición, y no
solamente las vinculadas con subnutrición y desnutrición. En particular,
en los país es considerados de ingresos medios, medios-altos y altos
—como España y Argentina—, vivir en un hogar afectado por inseguridad
alimentaria es un indicador de obesidad (FAO, 2019). Del mismo modo,
debe subrayarse el carácter flexible y cambiante de la inseguridad
alimentaria, dado que puede ser transitoria —cuando ocurre en épocas de
crisis—, estacional o crónica —cuando sucede de forma continua—
contemplando distintas fases de gravedad. Finalmente, la inseguridad
alimentaria existe cuando hay limitación e incertidumbre sobre el acceso
a los alimentos (Gracia-Arnaiz, Casadó y Campanera, 2021).
Partiendo de la relación entre la definición jurídica del derecho a
la alimentación adecuada y el concepto político de seguridad alimentaria
(Fillol Mazo, 2020) y considerando los pilares a tener en cuenta para la
evaluación del acceso a la alimentación —disponibilidad, acceso,
utilización y estabilidad— (Rezende Machado de Sousa et al., 2019),
sostenemos que el logro de la seguridad alimentaria como objetivo para
la garantía del derecho a la alimentación adecuada se ha convertido en
otro reto global. No solo porque depende de factores macro y
microestructurales —producción, distribución, acceso y consumo de los
alimentos— a escala mundial, regional y local (Hammelman y Hayes-Conroy,
2015; Feuermann, 2023), sino porque las recientes crisis mundiales han
limitado el acceso económico a los alimentos y han provocado
experiencias de incertidumbre acerca de cómo lograrlo. Desde la gran
recesión de 2008, y considerando el impacto económico, social y
sanitario provocado por la pandemia COVID-19 y la posterior crisis
energética mundial recrudecida por la invasión rusa de Ucrania (Mbah y
Wasum, 2022), en numerosos países muchas personas empeoraron su
alimentación como resultado de los recortes en el gasto público que
impactaron en las políticas sociales y alimentarias y del aumento
sostenido de los precios de bienes y servicios, constituyendo una de las
principales preocupaciones de la economía mundial y, particularmente, de
la europea y latinoamericana (Akter, 2020; CEPAL/FAO, 2020). Si bien
esta situación afecta a la ciudadanía en su conjunto, hay colectivos más
vulnerables (Gracia-Arnaiz, García-Oliva y Campanera, 2021; Aguirre y
Díaz-Córdova, 2021). Entre ellos, las personas mayores constituyen un
grupo socialmente heterogéneo (Ivic et al., 2021) que es potencialmente
más frágil por su nivel de ingresos dependiente del sistema de pensiones
y jubilaciones (Ordóñez-Barba y Stabridis-Arana, 2023), sus condiciones
de salud y su requerimiento de cuidados de largo plazo (Li y Mutchler,
2020; Dickinson et al., 2022; Govindaraju et al., 2022; Avgerinou et
al., 2019; Bloom et al., 2017; Bjørner et al., 2018).
La investigación sobre inseguridad y privación alimentaria en las
personas mayores ysus consecuencias sanitarias ha crecido desde la gran
recesión y se ha acentuado durante y tras la pandemia por COVID-19 tanto
a nivel mundial (Pereira et al., 2022) como a nivel de los
países estudiados aquí, España y Argentina (Díaz-Méndez y García-Espejo,
2021; Amadasi et al., 2022). Esta tendencia expresa una
preocupación social importante, dado el aumento de hogares y personas
que no tienen garantizada una alimentación adecuada, reconocida como
prioridad para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
específicamente el objetivo 2 “Hambre cero”, el cual hace referencia a
poner fin al hambre. Estas investigaciones asocian la inseguridad
alimentaria y la privación alimentaria de las personas mayores con los
ingresos, la pobreza y la propiedad de la vivienda, pero también con la
composición del hogar, el estado civil, el grado de envejecimiento, el
género, el origen étnico, el estado de salud/enfermedad y la
funcionalidad. Asimismo, la mayoría se ha centrado en el estudio de la
inseguridad alimentaria como factor de riesgo para la salud; en el
estudio de sus determinantes; en la evaluación cuantitativa de los
programas que buscar intervenir sobre ella; en la revisión de los
aspectos vinculados con su medición y en abordajes cualitativos que
evidencian la alimentación de las personas mayores como fenómeno
complejo (Vilar-Compte et al., 2017). Sin embargo, ninguno de
estos estudios se ha interesado en verificar si las políticas
alimentarias y sociales implementadas por los Estados han tenido en
cuenta las dimensiones implicadas en la garantía del derecho a la
alimentación adecuada entre las personas mayores. Tampoco se han
interesado en analizar si estas políticas se han diseñado bajo el
concepto de seguridad alimentaria. Desde nuestra perspectiva, tomar en
cuenta las posibles situaciones de inseguridad alimentaria de la
población mayor es un problema de índole social que requiere de la
legitimación e intervención público-estatal.
Formando parte de un estudio mayor sobre el impacto de las recientes
crisis en los itinerarios alimentarios de personas mayores no
institucionalizadas, realizamos un análisis comparativo entre dos países
que, si bien están en situaciones sociales, económicas y políticas
diferentes, mantienen puntos en común respecto a los retos que les
impone el proceso de envejecimiento y la precarización en relación con
el derecho a la alimentación adecuada. Tanto en España como en Argentina
se ha constatado que la creciente precarización ha tenido consecuencias
en el bienestar de las personas mayores, particularmente en su salud
física y mental (Ortega-Gaspar et al., 2020; Findling y Ponce, 2023;
Tinoboras, 2017), lo que hace pertinente preguntarse si, como ha
sucedido entre otros grupos etarios para ambos países (Moragues-Faus y
Magaña-González, 2022; Salvia et al., 2021) , el empeoramiento de las
condiciones de vida se ha traducido en un cuestionamiento del derecho a
la alimentación, tanto en términos de diagnóstico como de diseño de
políticas específicas destinadas a este colectivo. El objetivo de este
análisis es esclarecer si desde los marcos políticos dispuestos entre
2008-2023 ha habido respuestas específicas para este grupo poblacional
ante los apremios globales. Hemos elegido este periodo por la
concurrencia en el tiempo de las recientes crisis globales y la
elaboración de estrategias sobre envejecimiento activo y saludable y
seguridad alimentaria. Sostenemos que un análisis diacrónico y
comparativo de datos procedentes de fuentes estadísticas y documentales
de España y Argentina ofrece información valiosa para mostrar cómo se
están analizando y abordando localmente estos desafíos y valorar si
estas políticas se inscriben en lo que se ha conceptualizado, desde los
compromisos asumidos, como seguridad alimentaria. Si bien este concepto
implica, como se mencionó anteriormente, sustentar los cuatro pilares,
sabemos que el sistema alimentario global no ha sido capaz de procurar
una alimentación adecuada para todo el mundo (Gracia-Arnaiz, 2021;
Gracia Arnaiz, 2017; Gracia-Arnaiz, Casadó y Campanera, 2021). Por esta
razón, este estudio se centra específicamente en el pilar del acceso, ya
que consideramos que garantizar la disponibilidad no es suficiente, sino
que es necesario que quienes deben alimentarse dispongan de los medios
para adquirir y consumir los alimentos y que estos además sean seguros,
saludables y culturalmente aceptables. Adicionalmente, si bien la
seguridad alimentaria incluye dos dimensiones complementarias, la
accesibilidad y la inocuidad2, en este trabajo nos
hemos centrado en la primera, aunque, como podrá verse más adelante,
también la segunda ha surgido en nuestro análisis.
2. Abordaje metodológico
Este estudio se inscribe en una investigación socioantropológica más
amplia de carácter cuantitativo- cualitativo que incorpora diferentes
niveles de análisis derivados de una revisión exhaustiva de la
literatura científica, una recopilación y análisis de fuentes
estadísticas y documentales y un trabajo de campo de soporte empírico
(Larrea et al., 2024). Para abordar los objetivos propuestos,
nos centramos en el acopio y análisis de fuentes estadísticas y
documentales. Seleccionamos y examinamos intencionalmente encuestas
sobre condiciones de vida, salud e inseguridad alimentaria, e
indicadores demográficos y socioeconómicos relativos a las personas
mayores, así como también el contenido de los planes y estrategias
estatales vinculadas con la seguridad alimentaria y el envejecimiento
activo que han cumplido con los criterios de inclusión (Cuadro 1).
Cuadro 1. Criterios de inclusión y exclusión de las fuentes de información
(estadísticas y documentales)
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Indicadores demográficos, de condiciones de vida y salud, de la
situación socioeconómica y de inseguridad alimentaria de la población
general y la población mayor.
Informes técnicos sobre tendencias sobre envejecimiento,
condiciones de vida, salud y alimentación de la población
mayor.
Estrategias y Planes de Acción globales de Envejecimiento
Saludable.
Planes de Acción Mundial para la Prevención y Control de las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Políticas y programas de protección social de alcance
nacional.
Planes y programas de acción alimentaria y nutricional de alcance
nacional.
Planes, programas y acciones de envejecimiento activo y saludable
de alcance nacional.
Disposiciones, normativas, resoluciones y leyes relacionadas con
la alimentación adecuada de alcance nacional.
Programas, proyectos, materiales y guías sobre envejecimiento y
alimentación destinados a la población mayor de alcance
nacional.
Políticas y programas de protección social de alcance regional y
municipal.
Planes y programas de acción alimentaria y nutricional de alcance
regional y municipal.
Disposiciones, normativas, resoluciones y leyes relacionadas con
la alimentación adecuada de alcance regional y municipal.
Planes, programas y acciones de envejecimiento activo y saludable
de alcance regional y municipal.
Programas, proyectos, materiales y guías sobre envejecimiento y
alimentación destinados a la población adulta mayor de regional y
municipal.
Recomendaciones médicas y nutricionales para población adulta
mayor.
Estrategias de promoción de la salud y prevención de las
enfermedades para población adulta mayor que no relacionadas con la
alimentación.
Materiales informativos (como folletería) sobre alimentación para
población general.
Medidas y acciones de organizaciones del tercer sector.
Fuente: elaboración propia.
Hemos recopilado las fuentes mediante el acceso a los sitios web de
las áreas estatales, aunque también consideramos documentos de los
organismos internacionales que dictan las estrategias a seguir en estos
países. Registramos y clasificamos en matrices los datos estadísticos
publicados en informes de censos y encuestas oficiales a partir de
indicadores comunes para la población general y para las personas
mayores en periodos diferentes y disponibles para Argentina y España
(2008; 2013; 2018; 2020; 2022/2023): expectativa de vida, peso
demográfico de las personas mayores, índice de envejecimiento, índice de
masculinidad y feminidad, evolución de pensiones y jubilaciones,
evolución de precios de los alimentos, riesgo de pobreza, inseguridad
alimentaria y prevalencia de problemas de salud relacionados con la
alimentación (Esquema 1). Cabe
aclarar que algunos de los indicadores seleccionados no pudieron ser
comparados por no estar construidos de la misma manera, ser del mismo
año o simplemente no existir en uno de los países. En ese caso, optamos
solo por considerar aquellos que pudieran ser comparables. Por tanto y
dada esta dificultad metodológica, analizamos los indicadores de interés
que permitieran comparar tendencias en períodos de tiempo similares. A
pesar de estas limitaciones, el análisis de los indicadores demográficos
y socioeconómicos de España y de Argentina nos permitió realizar una
puesta en común de las tendencias poblacionales y la situación
socioeconómica como parte de los retos globales de los Estados
nacionales.
Esquema 1. Procedimientos del análisis de las fuentes estadísticas
utilizadas para el análisisde la situación de envejecimiento, de las
condiciones salud/enfermedad y de la situaciónsocioeconómica e
inseguridad alimentaria de las personas mayoresde España y Argentina
(2008/2023)
Fuente: Elaboración propia.
Notas:
*Indicadores disponibles, definidos conceptualmente y medidos de
modos equiparables.
** Personas mayores.
*** Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
**** Desnutrición.
Como fuentes de información, también incluimos las políticas y
medidas de protección social, de envejecimiento activo y de seguridad
alimentaria relevantes implementadas durante el periodo y las
clasificamos según año de implementación, tipo de política,
administración y área de gobierno, objetivos, poblaciones meta y medidas
propuestas. Realizamos un análisis documental cualitativo de 28
documentos: 5 directrices internacionales y 23 políticas y programas
estatales que, de acuerdo con nuestro enfoque, podían vincularse con la
seguridad alimentaria en relación con el acceso a la alimentación
adecuada, 10 de España y 13 de Argentina, siguiendo el método de
análisis temático (Guest, 2012) de modo similar a otros estudios propios
sobre análisis de políticas alimentarias (Gracia-Arnaiz, 2017;
Gracia-Arnaiz, Bom Kraemer y Demonte, 2020).
Después de identificar las dimensiones de interés para este análisis,
generamos las categorías para clasificar los documentos y las vinculamos
a los fragmentos de texto. Este procedimiento utilizó el razonamiento
inductivo, mediante el cual las categorías, basadas principalmente en
citas textuales, emergen de los datos a través de un examen meticuloso y
comprobación. Esta sistematización permitió crear matrices para el
análisis cualitativo y así facilitar la identificación de aspectos o
puntos específicos para la comparación (Díaz-Tendero y Cruz-Martínez,
2023), estableciendo los elementos recurrentes y/o contrastantes entre
los documentos de cada país (Esquema
2).
Esquema 2. Procedimientos del análisis temático cualitativo de los
documentos oficiales de España y Argentina
Fuente: elaboración propia.
Notas:
*En este caso, se mantuvo el nombre de la política y programa tal
como se enuncian en los documentos.
** Personas mayores.
3. Resultados
3.1.
Condiciones de vida y salud en el contexto del envejecimiento
Las personas mayores representan una población con un peso
demográfico significativo en ambos países resultado de la disminución de
la mortalidad y morbilidad, el aumento de la esperanza de vida y el
descenso de la natalidad (Pérez Díaz et al., 2022; Amadasi,
et al., 2022; Oddone, 2018). En España, el 20,08% de la
población tiene 65 años y más, con una tasa de dependencia del 58,7%
(INE, 2022). Si bien Argentina muestra un porcentaje menor, el peso de
las personas mayores es relevante y presenta una tendencia ascendente,
propia de los países en desarrollo. El 11,8% tiene más de 65 años con
una tasa de dependencia del 51,3% (INDEC, 2022a) (Figura 1).
Al igual que en otras partes del mundo (Díaz-Tendero y Cruz-Martínez,
2023), esta transformación fue acompañada de una feminización del
envejecimiento que aumenta con la edad. Si para la población general el
porcentaje de mujeres en España es de 51,04%, para las personas mayores
representan un 56,6%, siendo 63,2% las mayores de 80 años (INE, 2023a).
Argentina evidencia la misma tendencia: el 51,7% son mujeres, pero en el
caso de las personas mayores, las mujeres mayores de 60 años representan
el 57% y el 66% tiene más de 80 años (INDEC, 2022a).
Figura 1. Dependencia y feminización en el total de adultos mayores de
65 años y más de España y Argentina.
Fuente: elaboración propia.
Aunque la esperanza de vida de las mujeres es mayor a la de los
hombres en ambos casos (85,06 y 79,5 años para España; 79 y 72 años para
Argentina), también lo es la probabilidad de vivir solas (Díaz-Tendero y
Cruz-Martínez, 2023). Que la viudez sea más frecuente entre las mujeres
condiciona la composición de los hogares. En 2020, en España el 43,6% de
los hogares unipersonales estaban integrados por personas de 65 o más
años y de ellos un 70,9% estaban integrados por mujeres (INE, 2021).
Argentina evidencia el mismo escenario, aunque con menor intensidad: del
total de hogares unipersonales (18%), el 39% está integrado por personas
mayores y, de ellos, más de la mitad lo integran mujeres (INDEC, 2019).
Asimismo, y por sus trayectorias laborales y vitales, las mujeres viven
en peores condiciones sociosanitarias ya que tienen mayor riesgo de
padecer pobreza, sufren más enfermedades crónicas no transmisibles y
tienen más años de vida en condiciones de discapacidad (Díaz-Tendero y
Cruz-Martínez, 2023). De acuerdo con los datos disponibles de cada uno
de los países, los ingresos por pensiones contributivas y no
contributivas de las mujeres mayores son más bajos que los del hombre,
particularmente las pensiones por jubilación. En España, esta diferencia
alcanza el 32%. Mientras que en enero de 2023 la pensión alcanzó una
media 1.437,36 euros entre los hombres, la mensualidad percibida por
mujeres fue de 964,15 euros. Además, de quienes reciben menos de 700
euros mensuales, 3 de cada 4 son mujeres. Por su parte, en Argentina, en
enero de 2022 el 70% de quienes percibieron las jubilaciones mínimas son
mujeres con una brecha del 35% en los ingresos de las jubilaciones de
hombres y mujeres. En promedio, las mujeres percibían $44.616 por
jubilación contra una media de $68.632 para los hombres, lo que equivale
a €378,67 y €582,51, al tipo de cambio oficial del 31 de enero de 2022.
Parte de este diferencial se debe a que muchas mujeres perciben una
pensión de viudedad o no contributiva cuya cuantía es sustancialmente
menor. Asimismo, la recesión económica y el impacto de la COVID-19 han
tenido repercusiones negativas en la salud y en ingresos. En España
entre 2015 y 2020 se ha producido un incremento de la pobreza de más de
6 puntos entre los AM, pasando de 11,1 a 16,4 entre los hombres, y de
13,2 a 20,6 entre las mujeres (EUROSTAT, 2023). La misma tendencia se
observa en Argentina, donde se incrementó la pobreza en los AM, de 11,3%
en 2018 a 13,8% en 2021 y a 14,5% a fines de 2022 (INDEC, 2022b).
Figura 2. Prevalencia de obesidad en población total y mayores de 65
años de España y Argentina.
Fuente: elaboración propia.
Como muestran otras investigaciones (Payne et al., 2020;
Jura y Kozak, 2016), parte de los problemas de salud que presentan las
personas mayores están relacionados con la dieta: diabetes,
hipertensión, co- lesterolemia y desnutrición y obesidad. En particular,
la obesidad, que es la principal manifestación de mal- nutrición por
exceso de peso y que, como hemos conceptualizado anteriormente, revela
situaciones de inseguridad alimentaria, también tiene mayor prevalencia
en este grupo etario. En el caso de España, si la prevalencia es de
17,4% en adultos de más 18 años y es superior entre los hombres, en las
personas mayores la relación se invierte, alcanzando el 24,9% entre las
mujeres y 18,7% para los hombres (Ministerio de Sanidad de España,
2017). Argentina muestra una tendencia similar, también con mayor
prevalencia en los mayores (27,7%) respecto de la población general
(25,3%), pero sin observarse diferencias entre varones y mujeres
(Ministerio de Salud de la República Argentina, 2019a) (Figura 2).
Asimismo, podemos observar la desnutrición energético-proteica, cuyas
causas están relacionadas con dificultades físicas y/o económicas para
obtener y/o preparar los alimentos adecuados. En España, este indicador
se señala como uno de los síndromes geriátricos más frecuentes dada su
elevada prevalencia, y su variación se encuentra relacionada con el
estado de salud y el nivel de dependencia para las actividades de la
vida diaria (Salvá-Casanovas y Serra-Rexach, 2008). Sin embargo, apenas
hay datos sobre desnutrición fuera del ámbito hospitalario. Por su
parte, Argentina tampoco dispone de datos sobre desnutrición energé-
tico-proteica en población mayor. Las cifras oficiales a nivel
poblacional se corresponden con la encuesta nacional de nutrición y
salud realizada en 2018 (Ministerio de Salud de la República Argentina,
2019b), pero solo releva datos de desnutrición en población de niños/as
y adolescentes, mientras que sí lo hace sobre obesidad en la población
mayor de 18 años.
A partir de datos parciales, diversos estudios han señalado que la
red de atención primaria tiene, además, poca capacidad de detección de
situaciones de malnutrición en esta población (CEPAL, 2022; Payne et
al., 2020; Campanera, Gasull y Gracia-Arnaiz, 2023).
3.2.
Las políticas de seguridad alimentaria destinadas a las personas
mayores
Las condiciones de vida están determinadas, en buena medida, por la
evolución de los precios de bienes y servicios, siendo relevante entre
las personas mayores, el cubrimiento de los gastos de la vivienda y de
los suministros, la alimentación y los medicamentos (Huenchuan, 2018).
Estas condiciones se han visto alteradas recientemente por las diversas
crisis globales y, en particular, por la presión inflacionista vivida en
los últimos años en ambos países, la cual ha repercutido
significativamente en el aumento de los precios de los alimentos. En
España, en 2022 los precios subieron un 15,7%, mientras que las
pensiones se revalorizaron el 2,5%. En Argentina, se adiciona la
inflación de la dinámica económica interna. Durante 2022 el aumento de
precios fue de 98,4% y las pensiones mínimas se revalorizaron un 73,3%.
Como podemos observar, en ambos países se resintió significativamente el
poder adquisitivo (Figura 3).
Figura 3. Aumento de pensiones y precios de los alimentos en España y
Argentina, 2009-2010; 2022-2023
Fuente: elaboración propia.
Aunque las fuentes estadísticas sobre consumo muestran a los mayores
como quienes “mejor comen” según la mayor cantidad de alimentos frescos
de origen vegetal comprados/consumidos (Cerdeño, 2020; Tamburini y
Zapata, 2022; Ballesteros et al., 2022), poco sabemos acerca de
cómo han repercutido estas circunstancias en las prácticas alimentarias
de quienes tienen menos recursos socioeconómicos y redes de apoyo. La
información oficial disponible proviene de datos de aproximación
indirecta a las situaciones de privación, y solo recogen datos asociados
a consumos considerados indispensables para no padecer hambre. Por
tanto, no permiten comprender la experiencia de la inseguridad
alimentaria, ya que no presentan datos vinculados al acceso a una dieta
de calidad ni tampoco a la cantidad de alimentos consumidos
(Moragues-Faus y Magaña-González, 2022). Por ejemplo, la Encuesta de
Condiciones de Vida de España solo recoge una pregunta relativa a la
privación alimentaria (no poder permitirse una comida de carne,
pescado o su equivalente vegetariano al menos cada dos días), la
cual se ha tomado como un indicador de ingesta mínima proteica. Según la
última encuesta, el 5,2% de las personas mayores españolas estaría en
esa situación, casi el triple que en 2014 (1,8%) (INE, 2023b). Por su
parte, a través de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares de
Argentina, se define el conjunto de alimentos y bebidas que satisface
requerimientos nutricionales. Según los datos de fines de 2022, un 14,5%
de las personas mayores argentinas es pobre (no accede a servicios
básicos, incluso alimentos) dentro de los cuales a un 1,7% se los
considera como pobres extremos; cifra que, al igual que en España, se
duplicó desde 2016, donde 7,4% era considerado pobre y 0,9% era
considerado indigente (INDEC, 2022b).
Los datos más específicos que muestran las diferentes situaciones de
inseguridad alimentaria en ambos países responden a informes del tercer
sector/universidades y la mayoría se centran en comunidades autónomas en
España (Moragues-Faus et al., 2022; Ayala, Laparra y Rodríguez,
2022; Novo-Vázquez y Alonso-Ibañez, 2023) o áreas metropolitanas de
Argentina (Amadasi et al., 2022). En España, un estudio basado
en la Escala FIES (Moragues-Faus y Magaña-González, 2022) ha mostrado
que el 13,3% de los hogares españoles experimenta inseguridad
alimentaria —el 5,2% sufre inseguridad alimentaria moderada o grave—. El
porcentaje de hogares en esta situación antes de la COVID-19 era de
11,9%. De modo similar, en Argentina un estudio que utiliza la misma
escala ha mostrado que la inseguridad alimentaria en la población fue de
20,2% en 2018 y 22,2% en 2019, y la inseguridad grave pasó de 7,9% a
9,3% en el mismo período. A diferencia de España, en Argentina este
estudio ha mostrado que para las personas mayores la inseguridad
alimentaria fue 16,7% en 2018 y 12,7% en 2019. Sin embargo, las escalas
e instrumentos utilizados pueden ser apropiados para la población
general pero las personas mayores experimentan la inseguridad
alimentaria de manera diferente a otros grupos dados los factores
propios del ciclo vital (Vilar-Compte et al., 2017).
Cuadro 2. Políticas y programas asociados con la seguridad alimentaria
seleccionados para el análisis de España y Argentina
País
Políticas y programas
España
Plan Gerontológico Nacional, 1988-1992.
Ley N°39/2006 Libro Blanco de Envejecimiento Activo, 2006.
Ley N°39/2006. Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, 2006.
Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento
Activo y para su Buen Trato, 20182021.
Plan Nacional para la Inclusión Social, 2008-2010.
Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, 2019.
Ley N°17/2011 Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011.
Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria,
2017.
Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la
Obesidad, 2005.
Guías Alimentarias para la Población Española, 2016.
Argentina
Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para Adultos
Mayores, 2007.
Ley N°27360/2022. Ley Nacional N°27.700/2022. Otorgamiento y
ratificación de jerarquía constitucional a la Convención Interamericana
sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, 2022.
Pensión Universal para el Adulto Mayor y Pensión No Contributiva por
Vejez, 2020.
Programa de Envejecimiento Activo para los Adultos Mayores/Crecer
con Derechos (Bien Activos y La Experiencia Cuenta).
Ley N°25724. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, 2003 y sus
componentes programáticos (Tarjeta Alimentaria, Pro Huerta, Comedores,
entre otros).
Plan Argentina contra el Hambre, 2020 y sus componentes
programáticos (Seguridad Alimentaria; Asistencia alimentaria en
Situaciones Críticas y/o de Emergencia; Apoyo a la producción y
comercialización de Alimentos; Fortalecimiento de Redes Comunitarias;
Monitoreo y Evaluación).
Plan Alimentario del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, desde 1992.
Ley Nacional N°26.396/2008 de Trastornos Alimentarios, incluida
obesidad, 2008.
Plan Argentina Saludable (prevención de las ECNT), 2009.
Programa Nacional de Promoción de Alimentación Saludable y
Prevención de Obesidad, 2016 y Plan Nacional de Alimentación Saludable
en la Infancia, 2019.
Guías Alimentarias para la Población Argentina, 2016.
Guía de Autocuidado de la Persona Mayor en la década del
envejecimiento saludable.
Ley N° 27642/2021 de Promoción de la Alimentación Saludable,
2021.
Fuente: elaboración propia.
Esta falta de información oficial sobre esta cuestión se da a pesar
de que ambos Estados se declararon garantes del derecho a la
alimentación a través de la ratificación de tratados, directrices y
protocolos internacionales (Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, 1976 -PIDESC-; Declaración Universal sobre la
Erradicación del Hambre y la Malnutrición, 1974; Protocolo Facultativo
del PIDESC, 2008 y ODS, 2015), que reconocen el derecho de toda persona
a estar protegida contra el hambre y disfrutar de una alimentación
adecuada. Los ODS reclaman “poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición” (ONU, 2015). En relación con
las personas mayores, proponen evitar que caigan en la pobreza y
reclaman políticas de jubilación flexibles, pensiones mínimas
financiadas con impuestos, seguridad social y acceso a servicios de
salud y atención a largo plazo (OMS, 2020). También han suscrito el Plan
de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de 2002, donde
se promueve el acceso de las personas de edad a alimentación adecuada y
han implementado una serie de políticas destinadas a la población mayor,
pero prácticamente ninguna de ellas está centrada en la seguridad
alimentaria (Cuadro 2).
En particular, en España la propia constitución, en su artículo 50,
indica que los poderes públicos han de garantizar mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de las
personas mayores, promoviendo su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atiendan sus problemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio. Como puede observarse en el Cuadro 2, las acciones se han ido concretando
mediante el Plan Gerontológico Nacional de 1988-1992, que ya incluye la
perspectiva del envejecimiento activo y el cuidado preferente en el
entorno habitual, el programa de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Más recientemente,
enmarcado en la Ley nro. 39/2006, están el Libro Blanco de
Envejecimiento Activo de 2011 o la Estrategia Nacional de Personas
Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato de 2017. Por
su parte, Argentina también ha incorporado en su constitución —a partir
de la reforma constitucional de 1949—, los derechos de la ancianidad
referidos a la asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de
la salud, esparcimiento, trabajo y a la tranquilidad y al respeto.
Recientemente, se han promulgado dos leyes que expresan su acuerdo con
el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, la
Ley nro. 27.360 que lo ratifica, y la Ley nro. 27.700, en la que
adquiere rango constitucional y se han establecido direcciones y
programas específicos para la planificación de políticas dirigidas a la
población mayor. Como se observa, en estos documentos se hace explícito
que las personas de edad deben tener acceso a alimentación, agua,
vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la provisión
de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad. Sin embargo, la
ratificación de los pactos implica que los Estados no solamente deben
incorporarlas al diseño, sino a la implementación de las políticas y
garantizar su cumplimiento.
Respondiendo a estos lineamientos, España y Argentina desplegaron
medidas que buscan garantizar los derechos de las personas mayores. Si
bien las políticas de envejecimiento están destinadas a la promoción de
la salud desde un enfoque de derechos, hemos observado que no tienen
entre sus objetivos prioritarios la seguridad alimentaria, puesto que
sus principios son los del envejecimiento activo, los cuales promueven
que los mayores permanezcan saludables (reduciendo costos de la atención
sociosanitaria), continúen en el empleo por más tiempo (reduciendo
costos de las pensiones/jubilaciones) y al mismo tiempo que participen
en la vida comunitaria y política (Foster y Walker, 2015). Teniendo en
cuenta ello, debemos considerar los sistemas de protección social como
medidas indirectas que garantizarían la seguridad alimentaria
garantizando ingresos económicos para la compra de alimentos. En ambos
países el 90% de los mayores de 65 años posee algún tipo de pensión. En
España, el sistema de pensiones es la política pública que alcanza la
mayor cobertura en esta población: el 90% de los mayores de 65 años
posee algún tipo de pensión, siendo la jubilación y la viudedad las
predominantes (INSS, 2024). De modo similar, Argentina también cuenta
con una elevada cobertura: casi el 90% de la población mayor posee una
pensión. Sin embargo, existen heterogeneidades notorias en los hogares
de estratos socioeconómicos más bajos puesto que algo más del 50% de las
pensiones por jubilaciones alcanzan solo con un ingreso mínimo que no
llegan a cubrir el acceso a los alimentos básicos. En ambos casos hemos
visto que las pensiones por jubilaciones presentan marcadas diferencias
en varones y mujeres, siendo más del 30% inferiores en el caso de estas
últimas.
Asimismo, España cuenta con programas donde participan diversas áreas
ministeriales —Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011— los
cuales tienen como objeto el reconocimiento y la protección de la
seguridad alimentaria de la población general, pero asociándola con la
dimensión referida a la calidad e inocuidad alimentaria, es decir, con
los riesgos potenciales que pudieran estar asociados a un alimento
(food safety) y menos como el derecho al acceso (físico y
económico) a los alimentos, el cual incluye la alimentación segura, pero
la excede (Fillol Mazo, 2020). En el caso de Argentina diferentes áreas
estatales im- plementan medidas orientadas a la seguridad alimentaria,
pero, a diferencia del énfasis puesto por el Estado español en la
inocuidad, las referidas a la inocuidad se encuentran implementadas a
través de la regulación en la elaboración, comercialización,
industrialización, distribución y venta de alimentos, cuyo epicentro
normativo es el código alimentario argentino (Bonet et al.,
2022). Adicionalmente, Argentina tiene una extensa historia de programas
alimentarios para las emergencias (Abeyá Gilardón, 2016; Fuermann,
2023), pero después de la crisis de 2001 se creó el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, que incluye entre su población a los adultos
mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica reconociendo el
derecho a acceder a alimentos suficientes, variados, saludables y
seguros. Posteriormente, este programa se fortaleció con el Plan
Argentina contra el Hambre (PACH) de 2020, en el que la población mayor
en situación de vulnerabilidad se incluye como grupo a atender dentro de
otros grupos etarios.
En ambos países, y atendiendo a situaciones al margen de coyunturas
de emergencia, se han implemen- tado políticas nutricionales, pero, en
su mayoría, están orientadas a población general o infantil (Feuermann,
2023; Breda et al., 2020). A pesar de las diferencias en el
plano conceptual, las políticas, programas y servicios sociales
vinculados con la seguridad alimentaria son limitados en España y
Argentina porque están focalizados en poblaciones específicas, pero sin
atender a la población mayor; están circunscritos a situaciones de
emergencia y porque la alimentación se entiende como factor de riesgo y
menos como aquello que, según su disponibilidad/acceso/uso social, es en
sí mismo un indicador de pobreza y un determinante social de enfermedad
(Payne et al., 2020; Kopparapu et al., 2020;
Campanera, Gasull y Gracia-Arnaiz, 2023; Gracia-Arnaiz, Casadó y
Campanera, 2021).
4. Discusión y Conclusiones
En un contexto con tendencias demográficas similares, pero con
situaciones socioeconómicas y políticas distintas, hemos mostrado que
España y Argentina han sido activos para ratificar los pactos, suscribir
las directrices y asumir los compromisos promovidos por organismos
internacionales en torno al derecho a la alimentación adecuada y el
envejecimiento activo y saludable. Para ambos países, el marco político
vinculado con estas estrategias no se concibe como una alternativa
posible, sino como el modelo a seguir para garantizar la vida activa de
las personas mayores mientras envejecen y reducir los costes asociados a
la enfermedad y la dependencia. En el afán de fomentar la capacidad
funcional de los sujetos y facilitar el bienestar en la vejez, disponer
de políticas de seguridad alimentaria centradas en el paradigma del
derecho a la alimentación adecuada debería ser una prioridad, en la
medida en que es un instrumento para dignificar la vida de las personas
y los pueblos (Fillol Mazo, 2020). Por tanto, asegurarla deviene en un
desafío debido a una variedad de razones. Como hemos visto, en la
actualidad desde los debates jurídicos y político-académicos no se
concibe simplemente como el derecho “a ser alimentado”, sino como el
derecho a alimentarse en condiciones dignas. Esto quiere decir que se
espera que las personas puedan satisfacer esta necesidad utilizando
medios y recursos propios; se espera, además, que los Estados garanticen
que los alimentos disponibles sean asequibles, saludables, inocuos,
cultural y personalmente aceptables.
No obstante, las expectativas sociales acerca del logro del acceso a
los alimentos en los términos aquí planteados se han visto cuestionadas
por las consecuencias de las recientes crisis globales. En este
escenario muchas personas han precarizado sus condiciones de vida por
los recortes en los ingresos económicos, la precarización laboral, el
aumento de los precios de los alimentos y de las fuentes de energía.
Así, la fragilidad de las personas mayores respecto de otros grupos
etarios (Li y Mutchler, 2020), cobra relevancia social y política. Sin
embargo, nuestro análisis muestra un desajuste notable entre los
discursos expresados en los marcos jurídicos y políticos y las acciones
implementadas para garantizar este derecho. Desde nuestra perspectiva,
la principal evidencia que nos permite hablar de este desajuste es la
falta de datos y acciones específicas que den cuenta de la situación de
seguridad e inseguridad alimentaria y sus diferentes niveles en personas
mayores y permitan saber si el derecho a la alimentación adecuada se
está cumpliendo en esta población. Hemos visto que se trata de un
colectivo que, si bien tiene garantizados ingresos económicos producto
de las pensiones/jubilaciones y presenta menos índices de pobreza frente
a otros grupos etarios, por los condicionantes asociados a esta etapa
del ciclo vital puede reunir mayores vulnerabilidades fisiológicas,
cognitivas, afectivas o relacionales (Govindaraju et al., 2022;
Avgerinou et al., 2019; Bloom et al., 2017; Bjørner
et al., 2018), enfrentándose a las desigualdades adquiridas a
lo largo del curso de vida que se acentúan en la vejez (Dickinson et
al., 2022) y que impactan en su seguridad alimentaria.
Si bien los indicadores socioeconómicos de ambos países muestran que
las personas mayores con escasos recursos podrían encontrarse en riesgo
para el logro de una alimentación adecuada respecto a periodos previos,
ninguno cuenta con mediciones estadísticas oficiales ni estudios
cualitativos que, desde un enfoque de la seguridad alimentaria, informen
sobre la situación del acceso a alimentos a nivel estatal, que
contemplen su heterogeneidad social y permitan conocer si su
alimentación es adecuada. Las posibles situaciones de vulnerabilidad
quedan ocultas en promedios poblacionales de aproximaciones a la
privación alimentaria. En un contexto de incertidumbre propio de las
experiencias de crisis, la insuficiencia de datos oficiales imposibilita
no solamente conocer si el derecho a la alimentación está siendo
garantizado, sino además el alcance de las carencias para determinar la
orientación de las políticas de seguridad alimentaria. Asimismo, los
datos oficiales disponibles contemplan situaciones de privación
alimentaria de poblaciones urbanas, invisibilizando la población mayor
de zonas rurales, donde el proceso de envejecimiento se vive en
condiciones socioeconómicas más desfavorables con menos acceso a
servicios y alimentos (Huenchuan, 2018; CEPAL, 2022; Rivero-Jiménez
et al., 2020). Urge, pues, disponer de datos estadísticos y
cualitativos oficiales de recolección periódica que releven los niveles
de inseguridad alimentaria y que abarquen los diferentes entornos porque
podrían mostrar el alcance y la naturaleza de la privación alimentaria
en las personas mayores en diferentes escalas (micro, meso y macro) y
entornos (rural y urbano).
Los estudios sobre inseguridad alimentaria se han realizado
principalmente desde la academia o el tercer sector, pero la mayoría no
se han ocupado de este grupo etario. Si bien ofrecen datos sobre
inseguridad alimentaria de la población general, utilizan la escala
FIES, la cual, habiendo sido validada por expertos de organizaciones
internacionales, expresa si en el último año ha habido una reducción
involuntaria de la porción de comida y/o la percepción de experiencias
de hambre por problemas económicos. Pero se trata de un indicador que
mide exclusivamente el acceso físico y económico (Carrillo-Álvarez
et al., 2021), dejando de lado otros aspectos del acceso, como
la calidad nutricional, la inocuidad de los alimentos o su
aceptabilidad. Al mismo tiempo, estos datos están realizados,
mayormente, a partir de encuestas telefónicas de tiempo reducido, las
cuales pueden comportar una dificultad añadida en el caso de los mayores
para entender los enunciados y responder con rapidez a preguntas sobre
sus prácticas alimentarias, además de sus carencias. Adicionalmente, no
permite dar cuenta de las estrategias desplegadas por los hogares más
allá del periodo contemplado en la encuesta (12 meses), invisibilizando
la capacidad de agencia de los sujetos de buscar recursos en el
medio/largo plazo. Tampoco incluye cuestiones que puedan describir el
continuum entre seguridad/inseguridad que suele darse en las
situaciones de inseguridad alimentaria (Hendriks, 2015). Esto es central
porque, aunque existen mecanismos de protección para las personas
mayores a través de las transferencias sociales, en contextos adversos
no sabemos qué uso hacen de las redes de soporte ni de los sistemas de
emergencia social. Estudios etnográficos previos propios señalan que las
personas mayores, y particularmente las mujeres, son reticentes a
solicitar ayuda para comer en los servicios sociales y, ante la pérdida
de capacidad adquisitiva, tienden a reducir el número y contenido de
comidas (Gracia-Arnaiz, García-Oliva y Campanera, 2021). Para estas
personas, la alimentación aparece como un gasto flexible ante otros
pagos como alquiler o mantenimiento de la vivienda, medicamentos y
servicios. Los métodos de recolección de datos y, en general la
investigación científica, deberían integrar herramientas cuantitativas y
cualitativas con preguntas que ayuden a tomar decisiones políticas
informadas y permitan obtener una aproximación holística sobre la
singularidad de sus prácticas alimentarias y la influencia de los
determinantes sociales de salud respecto de otros grupos etarios (Bloom
et al., 2017; Bjørner et al., 2018; Gajda et
al., 2020).
Como hemos afirmado, la ausencia de información oficial específica
impide visibilizar los efectos de la pre- carización en la seguridad
alimentaria en este colectivo y muestra el desinterés político de ambos
países por incorporar esta problemática en los instrumentos de
diagnóstico y acción política que tiene como fin fortalecer sus
estándares de vida y evitar posibles tratos desiguales en el cuidado de
la salud. Hemos observado que el marco del envejecimiento activo y
saludable suscrito por ambos países está configurado principalmente para
disminuir los costos asistenciales del envejecimiento y activar la
participación social y económica antes que para garantizar el bienestar
físico y mental de las personas mayores (Foster y Walker, 2015).
Asimismo, en España, las políticas y los marcos legislativos de
seguridad alimentaria se orientan hacia la inocuidad de la cadena
alimentaria, lo que expone que el Estado ha relegado la responsabilidad
de las cuestiones relativas al acceso a organizaciones caritativas y
humanitarias. Por su parte, en Argentina, las políticas de seguridad
alimentaria se encuentran orientadas —dada la situación de emergencia
constante— a garantizar el acceso a los alimentos del colectivo
vulnerable, priorizando a niños/adolescentes. Pero el hecho de disponer
de políticas que intervienen sobre el acceso a los alimentos de la
población vulnerable no es suficiente para resolver la situación de
inseguridad alimentaria argentina, dados sus peores indicadores
socioeconómicos comparados con España.
Además, si bien ambos países tienen políticas de alimentación
saludable para población general y disponen de planes para prevenir la
malnutrición infantil, son inexistentes los planes orientados a las
problemáticas de las personas mayores cuando presentan una alta
prevalencia de enfermedades relacionadas con la alimentación que se
acentúan en esa etapa vital (Avgerinou et al., 2019; Payne
et al., 2020). Al respecto, las directrices internacionales
alegan sobre su vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria, pero
reconocen que los programas de asistencia priorizan a los jóvenes (OMS,
2020). Sería necesario contrarrestar esta forma de edadis- mo
institucional (OPS, 2021) y considerar, tal como se enuncian en las
directrices sobre envejecimiento y ODS, las situaciones de malnutrición
de los mayores como cuestión prioritaria para recopilar datos
estadísticos y planificar políticas de seguridad alimentaria encaminadas
a garantizar el derecho a la alimentación adecuada. De acuerdo con ello,
debe tenerse en cuenta además que la población mayor requiere de
intervenciones y prestaciones específicas en este momento de la vida,
como ingresos económicos suficientes para llevar una vida digna, pero
también asistencia para movilizarse, comprar y preparar los alimentos,
lo que se inscribe en una política de cuidados para la población mayor
diferencial a otras poblaciones. En relación con ello, se necesitan
diagnósticos que analicen los niveles de autonomía de los hogares
integrados por personas mayores así como la dependencia de las ayudas
sociales (sean públicas, comunitarias, familiares), e identificar cómo
estas condicionan el tipo de alimentos a los que se acceden, es decir,
si son seguros, saludables y aceptados culturalmente por este colectivo
(Moragues-Faus y Magaña-González, 2022).
Desde nuestra perspectiva, el cumplimiento del derecho a la
alimentación adecuada en las personas mayores se da por supuesto por
ambos Estados a partir de mecanismos indirectos para el acceso a los
alimentos, como los ingresos económicos provenientes del sistema de
pensiones y jubilaciones. Sin embargo, aunque estas transferencias
sociales ayudan a paliar la desigualdad de los hogares con rentas más
bajas, resultan insuficientes ante los efectos de las crisis y las
tendencias inflacionarias experimentadas por ambos países.
Adicionalmente, en estas se observan profundas brechas de género. Ello
confirma que no solamente se desconoce el alcance de las medidas, sino
que además no se tiene en cuenta la naturaleza y las dimensiones
diferenciales de la inseguridad alimentaria asociada a la feminización
del envejecimiento y las desigualdades de género que se experimentan por
sus diferentes trayectorias biográficas. Los indicadores de ambos países
evidencian que las mujeres viven más años que los hombres, pero en
peores condiciones de salud, con pensiones menores por su trayectoria
laboral precaria y dedicación a las tareas de cuidado familiar y sufren
más aislamiento social y privaciones económicas (Díaz-Tendero y
Cruz-Martínez, 2023). Por tanto, la edad no es la única variable
definitoria que explicaría una mayor vulnerabilidad. También lo son la
clase social y el género, las cuales, en intersección, estructuran
cursos de vida diferenciados que comprometen la igualdad. En este
sentido, no solo es necesario mejorar los montos de las pensiones en
función de las brechas de género identificadas en ellos y las
prestaciones sociales en función de los apremios contextuales, sino
también considerar que los hogares están constituidos por personas que
no son homogéneas en cuanto a necesidades, recursos y apoyos. Cuando se
diseñan e implementan políticas de seguridad alimentaria para garantizar
el derecho a la alimentación adecuada debe tenerse en cuenta cuáles son
las estructuras de poder que generan las desigualdades en el seno de los
propios grupos domésticos y las comunidades en relación con el acceso,
la distribución y el consumo de alimentos y cuáles son las redes de
apoyo formal e informal existentes o cómo pueden generarse en el caso de
necesidad a modo de evitar reproducir o reforzar condiciones de
vulnerabilidad debidas al género.
Concluimos que el análisis de los indicadores demográficos y
socioeconómicos de España y de Argentina, de los pactos, las directrices
internacionales y las políticas estatales relacionadas con la seguridad
alimentaria pone de manifiesto tendencias poblacionales y
socioeconómicas como parte de los retos globales de los Estados
nacionales. A la vez, revela la necesidad de contrarrestar la ausencia o
insuficiencia de datos sobre personas mayores con políticas
antiedadistas que, basadas en un mejor conocimiento de las condiciones y
necesidades de este grupo etario, protejan sus derechos básicos
contemplando no solamente la edad, sino también la clase y el
género.
Esta es parte del proyecto de I+D+i PID2019-104253RB-C21, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/↩︎
La FAO mide la inseguridad alimentaria utilizando la
Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas
en inglés) y caracteriza a la seguridad o inseguridad alimentaria como
leve, moderada y grave. Disponible en: www.fao.org/hunger/es↩︎
En inglés ambas dimensiones se expresan con términos
distintos: food security, referida a la cantidad de alimentos
disponibles, así como al acceso a los mismos, y food safety, referida a
la calidad o inocuidad de los alimentos (Fillol Mazo, 2020).↩︎
5. Bibliografía
Abeyá Gilardon, O. (2016): “Una evaluación crítica de los programas alimentarios en Argentina”, Salud colectiva, 12(4), pp. 589-604. Disponible en: https://doi.org/10.18294/sc.2016.935 [Consulta: 21 de febrero de 2024].
Aguirre, P. y D. Díaz-Córdova (2021): “La inestabilidad como rutina. La precarización de la vida cotidiana y su impacto en la alimentación en Buenos Aires, Argentina”, Revista de Antropología Social, 30(2), pp. 119133. Disponible en: https://doi.org/10.5209/raso.77894. [Consulta: 23 de abril de 2024].
Akter, S. (2020): “The impact of COVID-19 related ‘stay-at-home’ restrictions on food prices in Europe: findings from a preliminary analysis”, Food Security, 12, pp. 719–725. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12571-020-01082-3 [Consulta: 21 de febrero de 2024].
Amadasi, E., S. Rodríguez y C. Garofalo (2022): Condiciones de vida de las personas mayores (2017-2021). Vulnerabilidades en clave de pandemia por COVID-19, Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores, Buenos Aires, Educa.
Avgerinou, C., C. Bhanu, K. Walters, H. Croker, A. Liljas, J. Rea, Y. Bauernfreund, M. Kirby-Barr, J. Hopkins, A. Appleton y K. Kharicha (2019): “Exploring the Views and Dietary Practices of Older People at Risk of Malnutrition and Their Carers: A Qualitative Study”, Nutrients, 11(6), pp. 1281. Disponible en: https://doi.org/10.3390/nu11061281 [Consulta: 21 de febrero de 2024].
Ayala, L., M. Laparra y G. Rodríguez, coords., (2022): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, Barcelona, FOESSA, Cáritas Española.
Ballesteros, M., M. Zapata, B. Freidin, C. Tamburini y A. Rovirosa (2022): “Desigualdades sociales en el consumo de verduras y frutas según características de los hogares argentinos”, Salud Colectiva, (18), pp. 1-18. Disponible en: https://doi.org/10.18294/sc.2022.3835 [Consulta: 21 de febrero de 2024].
Bloom, I., M. Edwards, K. Jameson, H. Syddall, E. Dennison, C. Gale, J. Baird, C. Cooper, A. Aihie Sayer y S. Robinson (2017): “Influences on diet quality in older age: the importance of social factors”, Age and ageing, 46(2), pp. 277–283. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ageing/afw180 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Bjørner, T., D. Korsgaard, H. Reinbach y F. Perez-Cueto (2018): “A contextual identification of home-living OAs’ positive mealtime practices: A honeycomb model as a framework for joyful aging and the importance of social factors”, Appetite, 129, pp.125-134.
Bonet, A., M. Nessier, M. Marichal y M. Alé (2022): Aportes para un abordaje integral de la política pública alimentaria Argentina, Santiago de Chile, Heinrich Boll Stiftung.
Breda, J., L. Nash Castro, S. Whiting, J. Williams, J. Jewell, K. Engesveen y K. Wickramasinghe (2020): “Towards better nutrition in Europe: Evaluating progress and defining future directions”, Food Policy, 96, pp. 101887. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101887 [Consulta: 21 de febrero de 2024].
Campanera, M., M. Gasull y M. Gracia-Arnaiz (2023): “Food Security as a Social Determinant of Health: Tackling Inequalities in Primary Health Care in Spain”, Health and Human Rights Journal, 25(1), pp. 9-21.
Carrillo-Álvarez, E., B. Salinas-Roca, L. Costa-Tutusaus, R. Milà-Villarroel y N. Shankar Krishnan (2021): “The Measurement of Food Insecurity in High-Income Countries: A Scoping Review”, Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, pp. 9829. Disponible en: https://doi.org/10.3390/ijerph18189829 [Consulta: 21 de febrero de 2024].
Cerdeño, V. (2020): “La cadena alimentaria en tiempos de COVID-19. Cuantificación de los cambios en los hábitos de consumo y compra”, Distribución y consumo, 30(2), pp. 24-42. Disponible en: https://www.mercasa.es/wp-content/uploads/2022/03/DYC162_100px.pdf [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Comisión Económica para América Latina (CEPAL)/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2020): Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, CEPAL/FAO. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45702 [Consulta: 21 de enero de 2024].
Díaz-Méndez, C. e I. García-Espejo (2021): “Alimentación, pobreza y desigualdad. Algunas herramientas para el análisis de la privación alimentaria”, en C. Díaz-Méndez y I. García- Espejo, coords., El malestar con la alimentación, Gijón, Editorial TREA, pp. 205-216.
Díaz-Méndez, C., I. García-Espejo y S. Otero Estévez (2018): “Discursos sobre la escasez: estrategias de gestión de la privación alimentaria en tiempos de crisis”, EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 40, pp. 85-105.
Díaz Tendero A. y G. Cruz-Martínez (2023): “Políticas públicas y derechos humanos de las personas mayores. Presentación”, Política y Sociedad, 60(2), pp. e82293. Disponible en: https://doi.org/10.5209/poso.82293 [Consulta: 21 de mayo de 2024].
Dickinson, A., W. Wills, A. Kapetanaki, F. Ikioda, A. Godfrey-Smythe y S. Halliday (2022): “Food security and food practices in later life: a new model of vulnerability”, Ageing & Society, 42(9), pp. 2180-2205.
Feuermann, M. (2023): “Seguridad Alimentaria Nutricional de la República Argentina, análisis de sus dimensiones y de los planes de acción. Revisión sistemática de la literatura”, Rev Esp Nutr Comunitaria, 29(2), pp. 1-16. [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Fillol Mazo, A. (2020): Seguridad alimentaria y Derecho Internacional, Madrid, Dykinson S.L.
Findling, L. y M. Ponce (2023): “Percepción de la calidad de vida en personas mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en pandemia y pospandemia”, en L. Findling, M. Lehner, E. Cirino y M. Venturiello, coords., Vejeces en pandemia y pospandemia. Políticas sociales, cuidados y calidad de vida, Buenos Aires, La Bicicleta Ediciones, pp. 85-103.
Foster, L. y A. Walker (2015): “Active and Successful Aging: A European Policy Perspective”, The Gerontologist, 55(1), pp. 83–90. Disponible en: https://doi.org/10.1093/geront/gnu028 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Gajda, R. y M. Jeżewska-Zychowicz (2020): “Elderly Perception of Distance to the Grocery Store as a Reason for Feeling Food Insecurity-Can Food Policy Limit This?”, Nutrients, 12(10), pp. 3191. Disponible en: https://doi.org/10.3390/nu12103191 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Govindaraju, T., A. Owen y T. McCaffrey (2022): “Past, present and future influences of diet among older adults – A scoping review”, Ageing Research Reviews, 77, pp. 101600. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101600 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Gracia-Arnaiz, M., F. Bom Kraemer y F. Demonte (2020): “Acting against obesity: a cross-cultural analysis of prevention models in Spain, Argentina and Brazil”, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 62(8), 2192-2204. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1852169 [Consulta: 10 de marzo de 2024].
Gracia-Arnaiz, M., L. Casadó y M. Campanera (2021): “Antropologías del hambre: La (in)seguridad alimentaria en contextos de precarización”, Rev. antropol. soc. 30(2), pp. 93-108. Disponible en: https://dx.doi.org/10.5209/raso.77892 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Gracia-Arnaiz, M., M. Garcia-Oliva y M. Campanera (2021): “Food Itineraries in the Context of Crisis in Catalonia (Spain): Intersections between Precarization, Food Insecurity and Gender”, Social Sciences, 10(10), pp. 352. Disponible en: https://doi.org/10.3390/socsci10100352. [Consulta: 15 de marzo de 2024].
Gracia-Arnaiz, M. (2017): “Taking measures in times of crisis: The political economy of obesity prevention in Spain”, Food Policy, 68, 65-76. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.01.001 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Gracia Arnaiz, M. (2021): “Eating issues in a time of crisis: Re-thinking the new food trends and challenges in Spain”, Trends in Food Science & Technology, 116, pp. 1179-1185. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.06.003 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Guest, G. (2012): Applied thematic analysis, California, Sage Publications.
Hammelman, C. y A. Hayes-Conroy (2015): “Understanding Cultural Acceptability for Urban Food Policy”, Journal of Planning Literature, 30(1), pp. 37-48. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0885412214555433 [Consulta: 15 de marzo de 2024].
Hendriks, S. (2015): “The food security continuum: a novel tool for understanding food insecurity as a range of experiences”, Food Sec. 7, pp. 609–619. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12571-015-0457-6 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Huenchuan, S., ed., (2018): Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos, Santiago de Chile, CEPAL.
Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021): Cifras de población y censos demográficos. Disponible en: https://www.ine.es/ [Consulta: 21 de enero de 2024].
Instituto Nacional de Estadística (INE) (2022): Indicadores demográficos básicos. Disponible en: https://www.ine.es/index.htm [Consulta: 21 de enero de 2024].
Instituto Nacional de Estadística (INE) (2023a): Cifras de población y censos demográficos. Disponible en: https://www.ine.es/ [Consulta: 21 de enero de 2024].
Instituto Nacional de Estadística (INE) (2023b): Encuesta de Condiciones de Vida. Disponible en: https://www.ine.es/prensa/ecv_2022.pdf [Consulta: 21 de enero de 2024].
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2022a): Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Disponible en: https://censo.gob.ar/index.php/datos_definitivos/ [Consulta: 21 de febrero de 2024].
Ivic, S., G. Nikolic y M. Igrutinovic (2021): “Recognition of Older Adults as a Heterogeneous Social Group”, Trans/form/ação, 44(4), pp. 357–374. Disponible en: https://doi.org/10.1590/0101-3173.2021.v44n4.29.p357 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Jura, M. y L. Kozak (2016): “Obesity and related consequences to ageing”, Age (Dordrecht, Netherlands), 38(1), pp. 23. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s11357-016-9884-3 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Kopparapu, A., G. Sketas y T. Swindle (2020): “Food Insecurity in Primary Care: Patient Perception and Preferences”, Family medicine, 52(3), pp. 202–205. Disponible en: https://doi.org/10.22454/FamMed.2020.964431 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Larrea-Killinger, C., A. Muñoz, R. Echeverría, O. Larrea y M. Gracia-Arnaiz, (2024): “Trust and distrust in food among non-dependent elderly people in Spain. Study on socio-cultural representations through the analysis of cultural domains”, Appetite, 97, 107306. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.appet.2024.107306 [Consulta: 21 de mayo de 2024].
Li, Y. y J. Mutchler (2020): “Older Adults and the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic”, Journal of Aging & Social Policy, 32(4-5), pp. 477-487. Disponible en: https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1773191 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Mbah, R. y D. Wasum (2022): “Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian- Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe”, Advances in Social Sciences Research Journal, 9(3), pp. 144-153. Disponible en: https://doi.org/10.14738/assrj.93.12005 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Moragues-Faus, A. y C. Magaña-González (2022): Alimentando un futuro sostenible. Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles antes y durante la COVID-19, Barcelona, Universidad de Barcelona y Fundación Carasso.
Moragues-Faus, A., M. Llobet-Estany, P. Durán-Monfort, A. Muñoz-García, C. Magaña-González y M. Piola Simioli (2022): “Inseguridad alimentaria: más allá de las colas del hambre”, en I. Puigdueta Bartolomé, E. Torremocha Bouchet y J. de la Cruz Leiva, coords., Libro blanco de la alimentación sostenible en España, Barcelona, Fundación Carasso y Fundación Alternativas, pp. 45-64.
Novo-Vázquez, A. y M. Alonso-Ibañez (2023): Inseguridad alimentaria en Asturias, Asturias, Universidad de Oviedo.
Oddone, M. (2018): “Condiciones de vida de las personas mayores”, en J. Piovani y A. Salvia, coords., La Argentina en el Siglo XXI. Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 593-623.
Ordóñez Barba, G. y O. Stabridis Arana (2023): “(In)seguridad económica, pobreza y vulnerabilidad en las personas mayores en México”, Polít. Soc., 60(2), pp. 85063. Disponible en: https://dx.doi.org/10.5209/poso.84553 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2010): El derecho a la alimentación adecuada. Disponible en: https://www.fao.org/3/b358s/b358s.pdf [Consulta: 21 de febrero de 2024].
Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2021): Informe mundial sobre el edadismo. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/55871 [Consulta: 10 de marzo de 2024].
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2016): Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Disponible en: https://www.fao.org/4/w3613s/w3613s00.htm [Consulta: 15 de diciembre de 2024].
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2019): El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Disponible en: http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf [Consulta: 9 de diciembre de 2024].
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2024): Hambre e inseguridad alimentaria. Disponible en: https://www.fao.org/hunger/es [Consulta: 9 de diciembre de 2024].
Ortega Gaspar, M., A. López Narbona y M. Juárez (2020): “El bienestar subjetivo de los mayores en España: Una revisión teórica del estado del arte”, Revista Euro Latinoamericana De Análisis Social Y Político (RELASP), 1(2), pp. 105–114. Disponible en: https://doi.org/10.35305/rr.v1i2.25 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Payne, L., P. Harris, D. Ghio, J. Slodkowska-Barabasz, M. Sutcliffe, J. Kelly, M. Stroud, P. Little, L. Yardley y L. Morrison (2020): “Beliefs about inevitable decline among home-living older adults at risk of malnutrition: a qualitative study”, Journal of human nutrition and dietetics: the official journal of the British Dietetic Association, 33(6), pp. 841–851. Disponible en: https://doi.org/10.1111/jhn.12807 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Pereira, M., M. Pereira, G. Campos y M. Molina (2022): “Food insecurity and nutritional status among older adults: a systematic review”, Nutrition reviews, 80(4), pp. 631-644.
Pérez Díaz, J., D. Ramiro Fariñas, P. Aceituno Nieto, C. Muñoz Díaz, C. Bueno López, J. Ruiz-Santacruz, I. Fernández Morales, A. Castillo Belmonte, J. de las Obras-Loscertales Sampériz y B. Villuendas Hijosa (2022): Un perfil de las personas mayores en España, 2022. Indicadores estadísticos básicos Disponible en: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enredindicadoresbasicos2022.pdf [Consulta: 21 de enero de 2024].
Rezende Machado de Sousa, L., A. Saint-Ville, L. Samayoa-Figueroa, L. et al. (2019): “Changes in food security in Latin America from 2014 to 2017”, Food Sec. 11, pp. 503–513. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12571-019-00931-0 [Consulta: 21 de diciembre de 2024].
Rivero-Jiménez, B., D. Conde-Caballero y L. Mariano-Juárez (2020): “Health and Nutritional Beliefs and Practices among Rural Elderly Population: An Ethnographic Study in Western Spain”, International journal of environmental research and public health, 17(16), pp. 5923. Disponible en: https://doi.org/10.3390/ijerph17165923[Consulta: 21 de marzo de 2024].
Salvá Casanovas, A. y J. Serra Rexach (2008): “Pérdida de peso y desnutrición en las personas mayores: epidemiología”, en M. Planas, coord., Valoración Nutricional en el anciano: recomendaciones prácticas de los expertos en geriatría y nutrición, Madrid, Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pp. 15-40.
Salvia, A., S. Poy y I. Tuñón (2021): Dinámica de la inseguridad alimentaria en los/as destinatarios/as de la Tarjeta ALIMENTAR. Buenos Aires, Educa.
Tamburini, C. y M. Zapata (2022): “Hábitos de consumo de alimentos y bebidas en hogares argentinos según presencia de adultos mayores y nivel de ingreso”, Rev Argent Salud Pública, 14:e82. Disponible en: https://rasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/article/view/790/803 [Consulta: 21 de marzo de 2024].
Tinoboras, C. (2017): “Los problemas económicos de las personas mayores. Una aproximación a las múltiples dimensiones de su vulnerabilidad”, Buenos Aires, Educa.
Vilar-Compte, M., P. Gaitán-Rossi y R. Pérez-Escamilla (2017): “Food insecurity measurement among older adults: Implications for policy and food security governance”, Global Food Security, 14, pp. 87-95.
