Como informa, entre otros, Van Swaaningen (1997), Michel Foucault, junto a Jean-Marie Domenach y Pierre Vidal-Naquet, fundaron el Groupe d’Information sur les Prisons (GIP), que funcionó en gran parte en la misma casa de Foucault (también, sobre ello, Anitua, 2023). La propia vida cotidiana de Michel Foucault se vio afectada y transformada por el compromiso adquirido1. La creación del GIP fue provocada por la huelga de hambre protagonizada por doce maoístas en la cárcel parisina de La Santé quienes, de esta manera, consiguieron llamar la atención sobre su encarcelamiento por razones políticas. El soporte a esta acción fue brindado por colectivos de estudiantes (Secours Rouge, en el que estaba comprometido el propio Jean-Paul Sartre) y por Gauche Prolétarienne. Cuando las revueltas y los motines se extendieron por las cárceles francesas, estos grupos constituyeron una auténtica red de trabajo junto a presos, entonces denominados comunes.

Una de las principales estrategias de trabajo del GIP consistió en recolectar y publicar información sobre las condiciones carcelarias, escrita y descrita por los propios presos, haciendo que la cárcel fuera vista como una institución intolerable. Precisamente “Intolerable” fue el título del manifiesto fundacional del Grupo de Información de las Prisiones, escrito por Foucault. Aquellas cárceles empezaron a ser observadas y sus condiciones de vida comenzaron a ser registradas a través de unas actividades precisas. El método empleado por el GIP para el desarrollo de la estrategia apuntada consistió en la elaboración y reparto de cuestionarios que circularon tanto hacia dentro como hacia fuera de las cárceles. Sus miembros fueron gradualmente ganándose la simpatía de los familiares y amigos de presos que hacían largas colas para visitar y comunicar con las personas presas. Estas, inicialmente, vieron con cierto recelo y temor a los activistas del GIP, pero luego comenzaron a ayudarles en la tarea de distribución y circulación de los cuestionarios. Poco tiempo después, en una segunda consulta realizada por el GIP, esta organización comenzó a establecer lazos de comunicación y trabajó con miembros más radicales de las profesiones jurídicas. Foucault siempre consideró que las relaciones con el Syndicat de la Magistrature —una asociación de jueces progresistas establecida después de los incidentes de mayo del 68—, revestían una importancia decisiva.

En esos años, los apoyos exteriores tampoco faltaban: la existencia del GMP (Groupe Multiprofessionnel des Prisons) y otros sectores afines constituían núcleos de reflexión teórica permanente en torno a los problemas de las cárceles y, a través del cuestionamiento de estas, tal y como ocurría en otros países, se cuestionaba todo el funcionamiento de la justicia. Al respecto, señalaba Foucault que el GIP había sido una empresa de “problematización”, un esfuerzo por hacer explorar las evidencias, las prácticas, las reglas, las instituciones y sus actitudes que se habían hecho tan rígidas, sedimentadas después de decenas y decenas de años. Y ello, añadía, se había hecho a propósito de la cárcel, pero, a través de ella, también a propósito de la justicia penal y a propósito de la punición en general. Por ese camino, se había revalorizado un tipo de saber hasta entonces prácticamente ignorado, el de las personas privadas de libertad (Zitouni, 2007).

El “caso francés” que aquí se emplea no fue en absoluto privativo de ese país en esos años. La movilización social en torno (y en contra) de la cárcel en la Europa de los años de 1960 a 1980, con diferencias claro está en determinados entornos nacionales, fue muy extendida, como en diversas investigaciones y en otras publicaciones he procurado describir al menos también en los Países Escandinavos, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Italia y España (Rivera Beiras, 2013). Si la tarea de información fue decisiva, en realidad, la misma fue posible porque se tomó en serio el saber que provenía de las propias personas afectadas por la cárcel: el “saber sometido” de las personas que estaban presas y sus entornos sociales y familiares. Veámoslo un poco más.

En la obra Defender la sociedad, Curso en el Collège de France 1975-1976, Foucault alude a un significado pocas veces expresado acerca de los “saberes sometidos”. Con esa expresión se refiere a toda una serie de conocimientos que estaban descalificados como saberes no conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados. Foucault (1976/2001: 21) los califica como “saberes ingenuos, saberes jerárquicamente inferiores, saberes por debajo del nivel del conocimiento o de la cientificidad exigidos”. Y añade que por la reaparición de esos saberes “de abajo”, de esos saberes no calificados y hasta descalificados, se construye la crítica. Los saberes del sujeto patologizado, psiquiatrizado, el del enfermo, el del enfermero, el del médico —“pero paralelo y marginal con respecto al saber médico” (Foucault, 1976/2001: 21)—, así como el saber del etiquetado como delincuente, son parte de un posible contradiscurso hegemónico que, quizás, tampoco es seguro, tengan la oportunidad de aflorar y adquirir visibilidad, como se verá más adelante.

Conocedor de la crítica que provocaría la revaluación de tales saberes, Foucault inmediatamente señaló: “Ustedes me dirán que hay algo así como una extraña paradoja en el hecho de querer agrupar, acoplar en la misma categoría los contenidos del conocimiento histórico meticuloso, erudito, exacto, técnico, y, además, esos saberes locales, singulares, esos saberes de la gente que son saberes que en cierto modo se dejaron en suspenso, cuando no fueron efectiva y explícitamente mantenidos a raya” (Foucault, 1976/2001: 22). Consciente plenamente de una imputación semejante, Foucault advirtió que en ese acoplamiento entre los saberes enterrados de la erudición y los saberes descalificados por la jerarquía de los conocimientos y las ciencias se jugó efectivamente lo que dio su fuerza esencial a la crítica de los discursos. En efecto, ¿de qué se trataba tanto en un caso como en el otro, tanto en el saber de la erudición como en esos saberes descalificados, en esas dos formas de saber, sometidos o enterrados? Se trataba del saber histórico de las luchas.

Esta forma foucaultiana de “completar el conocimiento” supone una tarea que necesita del concurso de sectores que no han tenido la posibilidad de mostrar sus vidas, porque, por distintas razones, fueron naturalizadas como vidas miserables. Planteemos una pregunta de fondo: ¿ocupan algún sitio los miserables?

Pienso que han sido muy pocos (especialmente desde el ámbito estrictamente jurídico, profesional y académico, lo que es especialmente grave), los que se han atrevido realmente a pasar la frontera del espejo interpretativo para que los relatos, las vivencias, los sufrimientos de los vencidos, adquieran una visibilidad que solo se logra si, en serio, quiere modificarse la mirada. En otros contextos, como indican Freyre Roach y Ramos Lamar (2012: 27), sí se observa un amplio movimiento intelectual (particularmente latinoamericano) de lengua castellana que, al tiempo que pone en tela de juicio la hegemonía epistemológica, gira hacia la valorización ontológica y gnoseológica de saberes excluidos: el saber cotidiano, el saber campesino, el saber indígena amerindio, el saber afronegro americano y el saber femenino. La epistemología feminista y decolonial, en gran parte, ha realizado la tarea de dar visibilidad a las portadoras de reclamos (Segato, 2013). No ha hecho esa tarea la historiografía dominante, tampoco lo ha hecho el relato del poder ni de los vencedores, tampoco lo ha hecho el derecho; solo puede hacerlo un auténtico ejercicio anamnético (Reyes Mate, 2006).

La “caja de herramientas” que Foucault presenta a partir del trabajo del Grupo de Información sobre las Prisiones ofrece la realización de una doble tarea, que podría sintetizarse en una suerte de ecuación que aquí se presenta como hipótesis de trabajo para el desarrollo que se expondrá más adelante. Por ahora basta indicar que: (i) la observación —independiente— de la privación de libertad (desde el exterior, como se describirá en el siguiente apartado); (ii) junto al trabajo con los afectados por la cárcel (presos/as y sus familias) con un compromiso que no instrumentalice a los sujetos; (iii) puede producir como resultado el alumbramiento, la producción de un “nuevo estatuto de la verdad”, una nueva y más completa forma de conocimiento2, por la imbricación que determinados discursos pueden tener con racionalidades de dispositivos no investigados.

La “caja de herramientas” de Foucault se completa con una metodología y una táctica precisa: el empleo de una genealogía (entendida de una particular manera) y de una especial forma de entender un dispositivo; en este caso, el dispositivo que representa el sistema penal y, más en concreto, el penitenciario. Veamos mejor estos elementos.

La genealogía: “Llamemos, si ustedes quieren genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias locales, acoplamiento que permite la constitución de un saber histórico de las luchas y la utilización de ese saber en las tácticas actuales. Esa sería, pues, la definición provisoria de las genealogías” (Foucault, 1976/2001: 21). Más aún y más propiamente, Foucault dirá que lo que atraviesa el proyecto genealógico no es un empirismo; lo que lo sigue no es tampoco un positivismo, en el sentido corriente del término. Se trata, en realidad, de poner en juego unos saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de un conocimiento verdadero, en nombre de los derechos de una ciencia que algunos poseerían. Las genealogías, en consecuencia, no son retornos positivistas a una forma de ciencia más atenta o exacta. Las genealogías son, muy precisamente, “anticiencias” y cuestionan el pretendido curso lineal de la historia científica. No es que reivindiquen el derecho lírico a la ignorancia y el no saber, no es que se trate de la negativa de saber o de la puesta en juego, la puesta de manifiesto de los prestigios de una experiencia inmediata, todavía no captada por el saber. No se trata de eso. Como Foucault ha podido transmitir, se trata de la insurrección de los saberes. No tanto contra los contenidos, los métodos o los conceptos de una ciencia, sino una insurrección, en primer lugar y, ante todo, contra los efectos de poder centralizadores que están ligados a la institución y al funcionamiento de un discurso científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra. Y, añade, “en el fondo importa poco que esta institucionalización del discurso científico cobre cuerpo en una universidad o, de una manera general, en un aparato pedagógico, que esta institucionalización de los discursos científicos cobre cuerpo en una red teórico comercial como el psicoanálisis o en un aparato político, con todas sus aferencias, como en el caso del marxismo. La genealogía debe librar su combate, sin duda, contra los efectos de poder propios de un discurso considerado como científico” (Foucault, 1976/2001: 23).

La siguiente categoría que se va a considerar es la del dispositivo: los saberes y discursos a que alude Foucault, para el caso de estudio en este trabajo, se verifican en un particular ámbito, como se ha dicho, el propio del sistema penal y penitenciario. ¿Qué características tiene el dispositivo en el pensamiento foucaultiano? Se trata de un conjunto claramente heterogéneo que puede comprender discursos, instituciones, reglamentaciones jurídicas, órdenes gubernamentales, instalaciones arquitectónicas, enunciados científicos y valoraciones morales, entre otros elementos. Es decir, el dispositivo comprende tanto lo dicho como lo no dicho: el dispositivo es la red que puede establecerse en torno a tales elementos. Comprende también la función seguramente de legitimación de una determinada práctica y de dar acceso a un nuevo campo de racionalidad. También aclaró que el dispositivo podía ser una especie y/o estrategia que tratara en un momento determinado de dar respuesta a un acontecimiento que se presenta como urgente, excepcional y emergente, frente al cual no bastan los remedios ordinarios. El dispositivo podía ser (o devenir) así, un claro instrumento de gobierno para justificar una determinada práctica necesaria, calificada como imperiosa. El dispositivo no es una institución; es una relación, una red, o un complejo haz de relaciones que comprende el saber y el poder, de naturaleza nada abstracta, aunque lo parezca, y normalmente se expresa con una delimitación temporal y espacial (que luego puede variar y extenderse). Para Foucault (1970/2013, 1974/2017)3, el dispositivo no captura sujetos, sino que los produce, produce subjetividad.

Foucault (1976/2001: 24) concluye al respecto que la genealogía es la táctica que, a partir de ciertas discursividades locales, propias de ciertos dispositivos, pone en juego los saberes liberados del sometimiento que se desprenden de ellas; y esto para restituir el proyecto de conjunto. Lo que se pretende indicar, con los aportes de El orden del discurso (Foucault, 1971), es que aquí interesa señalar que la elaboración de los discursos en tanto epistemes se articula en el estudio de “formaciones discursivas” que operan en entornos concretos. Es decir, el análisis de los discursos comienza a traducirse en su institucionalidad y en formas concretas de poder. Con ello, este artículo pretende indicar “un marco” para el estudio contextualizado de las reglas de la formación de los discursos y sus transgresiones. Dicho de otro modo, ¿cómo podemos “aprovechar” a Foucault en el presente, en relación con la penalidad carcelaria?

Este artículo forma parte de mi línea de trabajo iniciada en abril de 2001, cuando un grupo de profesores de la Universidad de Barcelona (en adelante, UB), estudiantes y militantes de organizaciones sociales fundamos en la UB el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (en adelante, OSPDH). Con una técnica de trabajo documental, la metodología empleada en la investigación que se presenta es claramente cualitativa porque emplea la palabra, los relatos de las personas presas. La fuente fundamental de material empírico proviene de dos etapas que ponen de manifiesto el trabajo de campo cualitativo que se emplea. La primera fue más rudimentaria pero enormemente fructífera cuando, a partir de 2001, comenzamos a desarrollar desde el OSPDH durante toda esa década, de un modo “artesanal”, un sistema de visitas a los diez centros penitenciarios entonces existentes en Cataluña. En concreto, el trabajo consistía en visitar personas presas que comenzaron a escribirnos al conocer la creación del OSPDH, en recorrer instalaciones de módulos carcelarios de régimen ordinario y paulatinamente algunos de aislamiento y en crear unos talleres de conversación sobre derecho, psicología, música y hábitos de cuidado e higiene en espacios sin vigilancia penitenciaria interna. Logramos trabajar en salas que reproducían en la medida de lo posible el aula universitaria, con unos seminarios que denominamos “Abrir la cárcel”. Los relatos que emergían de aquellas visitas eran recogidos en fichas que siempre guardamos y conservamos (hasta el presente) en un área del departamento de Derecho Penal.

Pero a partir del llamado “motín de Quatre Camins” (y, sobre todo cuando diez años más tarde recayó una sentencia paradigmática sobre torturas, que luego se examinará), se abrió una segunda etapa cuando entendimos, por nuestra propia experiencia, que aquel rudimentario modo de observar la cárcel y de visitar a las personas presas requería la creación de un sistema mucho más articulado para la recogida de los testimonios de las personas presas. Como más adelante se expresará, ello fue también un acto de autodefensa ante los ataques que recibimos desde sindicatos de funcionarios de prisiones. No fue hasta 2015 que creamos, a través de un software del servicio informático de la UB, el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (en adelante, SIRECOVI) que mejoró (o quizás sea más preciso decir que formalizó) un método de trabajo. Pudimos crear un primer registro o fichero de casos y narraciones de episodios de violencia institucional sufrido por las personas presas. Bajo la premisa de la legislación de protección de datos, el SIRECOVI permitió desde entonces (i) recibir peticiones de posibles maltratos o vulneraciones de derechos de las personas presas en los centros penitenciarios de Cataluña, por parte de algún funcionario penitenciario; (ii) visitar a la presunta víctima para realizar una entrevista; (iii) registrar la información en el sistema informático; y (iv) gestionar la situación, ya sea comunicándola a instituciones públicas o derivándola a otras entidades. Recuperamos de ese modo muchos testimonios de personas presas que, hasta el 31 de diciembre de 2023, se elevan a 1023 casos.

Este registro tiene su centro en la Facultad de Derecho de Universidad de Barcelona. Muchísimos testimonios de personas presas, algunos de los cuales se transcribirán más adelante, constituyen la experiencia directa de las personas presas y son un patrimonio de conocimiento de la “cárcel desde dentro” que, como se verá, ha chocado en diversas ocasiones con el relato dogmático y oficial sobre el sistema penitenciario. Se trata de las voces de los afectados (completada en ocasiones con los testimonios de sus familiares y abogados/as).

Cuanto se indicará en este artículo proviene de las visitas que semanalmente realizamos en los últimos diez años a presos y presas que expresamente solicitan nuestra presencia, normalmente a través de cartas enviadas al OSPDH (en la Facultad de Derecho de la UB) y también a través del sistema de correo electrónico (alertasirecovi@ub.edu) y de un call center creado para facilitar que personas presas y sus familias se puedan comunicar con rapidez con nosotros. Esas peticiones son presentadas por el equipo de trabajo del SIRECOVI al Departamento de Justicia del gobierno catalán para que se autorice nuestra entrada y poder realizar las visitas. Desde el SIRECOVI siempre hemos procurado visitar semanalmente a las personas que así lo solicitan a lo largo de los últimos diez años. Los testimonios de las personas presas (algunos de los cuales se transcribirán con el debido cuidado más adelante), son centrales en los procesos que se van a describir.

Dicho sistema de trabajo e investigación fue fortaleciendo, pese a innumerables resistencias opuestas, un particular dispositivo de observación, registro y documentación de las condiciones carcelarias aprendido en cierta medida de otros sistemas europeos que nos ayudaron en su configuración, como ahora se dirá.

A modo de presentación, se toma aquí el concepto de la observación de la penalidad carcelaria como elemento central para efectuar algunas consideraciones generales que van a ser ejemplificadas con la mención de algunos dispositivos que con esa finalidad venimos desarrollando en los últimos años. Se alude a la importancia decisiva de la observación, la documentación y el registro de la realidad carcelaria, particularmente de aquellas situaciones que puedan constituir vulneraciones de derechos fundamentales.

La creación del SIRECOVI se produjo en gran medida gracias a una capacitación y aprendizaje de ciertos equipos, particularmente de Italia, así como del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (en adelante, CPT), que tiene su sede en Estrasburgo. Este organismo internacional siempre afirmó que el concepto de observación necesita de un elemento nuclear del mismo: la observación la ha de realizar un ojo que pueda ver, que pueda mirar sin límites y con independencia (Palma, 2020). Mauro Palma, último presidente del CPT, y asimismo exgarante dei diritti delle persone private della libertà personale en Italia, ha dedicado diversas reflexiones sobre su dilatada experiencia en el sentido indicado4. El Garante Nazionale italiano señaló que debía trabajar siendo un ojo para lo invisible: “Un ojo preventivo que nunca puede prescindir de la comunidad, de las organizaciones sociales, y de la sociedad civil. Debemos mantener nuestros ojos firmes”, señalaba Palma (2020: 165). Y precisaba aún más con una reflexión decisiva: el acto de observar modifica, por sí mismo, el objeto observado, especialmente en cuanto a que su sola actuación quiebra la opacidad de la institución. Otro gran referente que fue útil para la creación del SIRECOVI fue la asociación Antigone, per i diritti e le garanzie nell sistema penale. Su presidente, Patrizio Gonnella, afirma en la misma línea antes indicada que la monitorización por parte de organismos independientes, de mecanismos nacionales de prevención y de organizaciones no gubernamentales es aún más necesaria en una fase compleja como la actual: “Se trata de una protección esencial ante el riesgo de malos tratos, discriminaciones y abusos” (Gonnella, 2020: 189).

En la misma línea, regresando a España, se describirán algunas experiencias concretas que están haciendo realidad la implementación de dispositivos de observación de las instituciones de segregación, que emergen de iniciativas de diversa índole (sociales, académicas y profesionales). Después, volveremos a Foucault, para ver cómo operan esos dispositivos con su caja de herramientas y qué estatuto de producción de (otra) verdad pueda, quizás, emerger.

La tarea que desarrollamos en el SIRECOVI del OSPDH estuvo asimismo enmarcada y acompañada en y por otras acciones que tuvieron lugar también en las últimas décadas en diversas partes del Estado español. Para abordar este tema, será bueno describir ni que sea someramente cuanto ha sucedido en España y particularmente en Cataluña en los últimos veinte años, aun cuando todo comienza más atrás5, en relación con movimientos sociales que han venido luchando contra el sistema penitenciario. Se entiende que esta descripción es necesaria, pues contextualiza cualitativamente la línea de investigación y el trabajo de campo antes indicado.

En los últimos años, y a pesar de su diversidad6, una idea fue afianzándose en los objetivos de aquellos movimientos: la necesidad de relacionarse con otras entidades de similar naturaleza en aras de una coordinación estatal de las acciones colectivas a emprender. Ello ha tenido muchos intentos, logrados unos, frustrados otros, lo que refleja la propia dificultad del accionar de una sociedad civil tan comprometida con la situación de las personas presas como damnificada por escasos recursos y numerosos impedimentos en su tarea —cuando no abiertas criminalizaciones, como más adelante se tratará—. El paulatino conocimiento entre los integrantes de diversos grupos de apoyo a personas presas ha sido fundamental para afianzar acciones sociales de defensa de derechos fundamentales. La necesidad de celebrar encuentros estatales entre los movimientos sociales de promoción de la situación y de los derechos fundamentales de los reclusos motivó una movilización general en tal sentido en diversas regiones españolas, cuya enumeración se cuenta en varias decenas de reuniones y jornadas (Rivera Beiras, 2023; Manzanos Bilbao, 2014).

Sin duda, la posterior creación de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (en adelante, CPDT), que aglutinó a la mayoría de las organizaciones mencionadas, fue el ejemplo de articulación más importante. Desde 2003 y durante quince años, la CPDT elaboró en España el único y auténtico banco de datos sobre la tortura y muertes bajo custodia, publicando anualmente un informe que oscilaba entre las 700 y 1000 denuncias por año, sumamente acreditadas, pese a lo cual recibió ataques, descalificaciones y criminalizaciones (administrativas y penales) permanentes hasta su paulatina disolución hacia 2018. La CPDT logró afianzar una interlocución con organismos internacionales, en especial el Comité para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT) del Consejo de Europa, que visibilizó la violencia institucional en el ámbito supranacional a través de las comunicaciones sobre casos de maltratos documentados. Muchas han sido las redes creadas con organismos públicos internacionales y organizaciones sociales, tanto en el ámbito europeo como en el del sistema de las Naciones Unidas. La CPDT logró una interlocución paulatina con, entre otras, la Organización Mundial contra la Tortura, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, las organizaciones Front Line Defenders y Amnistía Internacional y el European Prison Observatory. Ello promovió en diversas ocasiones la amplificación internacional de denuncias sobre violencia institucional.

Señalado el contexto nacional indicado, regresemos a la experiencia de nuestro trabajo de campo. Cuanto se está relatando cobra una especial particularidad en Cataluña, primera comunidad autónoma que, hace cuarenta y un años (a principios de 1984), organizó su propia administración penitenciaria cuando le fueron traspasadas las competencias en esta materia.

Como se ha dicho, a inicios de 2001 se creaba en la Universidad de Barcelona el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) con la finalidad, entre otras, de realizar desde el ámbito académico una tarea de monitoreo de los centros penitenciarios de Cataluña. Pero las tensiones con los entonces responsables de la administración penitenciaria no tardarían en aflorar, cuando el Observatorio denunció episodios de malos tratos a personas presas que tenía acreditados a través de las visitas que desde su creación realizaba a personas privadas de libertad.

Así, por ejemplo, una resolución del Departament de Justícia dictada un año después de la creación del Observatorio prohibió entonces la entrada a la totalidad de las cárceles catalanas a su equipo de investigación, cuando este denunció públicamente un caso de presuntas torturas a un preso. Se reveló así la opacidad de las instituciones penitenciarias del momento, cuyo máximo responsable (el entonces Director General, Ramón Parés) protagonizó con su firma la aludida prohibición, primero, y las más duras descalificaciones y criminalizaciones de los investigadores, después. En efecto, tal y como puede leerse en la obra que recogió el trabajo de dos años de necesario desarrollo de metodologías alternativas al prohibirse las visitas, investigar la cárcel siempre es difícil, básicamente porque se trata de un contexto de gran complejidad, con múltiples facetas y lleno de condicionamientos (OSPDH, 2004). Pero una cosa son los condicionamientos intrínsecos a este espacio y otra, bien distinta, los obstáculos y las trabas que se pueden poner a toda investigación. En todo caso, la visita a las cárceles era una de las diversas actividades de la investigación. Su prohibición sin duda la perjudicó, pero en absoluto la impidió; hay otras metodologías alternativas y muchas otras vías para contactar con los presos y con los profesionales. El OSPDH trabajó con otra metodología, consistente en el envío de cartas a personas presas y contactos y entrevistas con sus familias y abogados/ as. La investigación concluyó afirmando que el OSPDH pretendió llamar la atención de los responsables de la política penal y penitenciaria de Cataluña y expresamente señaló: “A pesar de las acusaciones que padecemos (en los medios de comunicación), la censura que se nos impuso, la prohibición de nuestra entrada en las cárceles y las graves descalificaciones sufridas, deseamos mostrar nuestra voluntad de continuar con el trabajo que dio origen al OSPDH; esto es, la investigación académica, el estudio y la inspección de las agencias del sistema penal con la finalidad de verificar e informar a la sociedad civil y a los poderes públicos en torno al grado de respeto de los derechos fundamentales de los destinatarios de aquellas agencias” (OSPDH, 2004: 298).

Pese a la prohibición de la realización de visitas a los centros penitenciarios de Cataluña, un poco más tarde, a raíz de otro cambio de gobierno y consecuentemente de la titularidad en la Dirección General de Servicios Penitenciarios en abril de 2004, el OSPDH pudo volver a visitar a personas presas que requerían su atención. Pero el día 30 de abril de 2004 se produjeron unos gravísimos incidentes en una prisión (la de Quatre Camins, situada en La Roca del Vallès en la provincia de Barcelona), como reacción a los abusos que los presos denunciaban padecer y querían poner de manifiesto. Algo más de una veintena de reclusos fueron golpeados, algunos muy gravemente, por funcionarios de prisiones y trasladados a otras cárceles donde nuevamente fueron maltratados8. A raíz de lo ocurrido, desde el OSPDH se solicitó autorización a la administración penitenciaria para poder entrevistar a los presos involucrados en unos hechos que parecían muy graves, y, en esta ocasión, el permiso fue concedido, lo cual permitió escuchar las declaraciones en primera persona de muchos presos maltratados físicamente y humillados repetidamente.

En breve: la investigación efectuada por el OSPDH concluyó que numerosos presos fueron sacados a golpes de las celdas y trasladados a otras cárceles de Catalunya en represalia por la protesta en la que había resultado herido el subdirector de la prisión. Durante los traslados los presos también fueron golpeados, incluso en la enfermería de la cárcel por parte del exsubdirector médico9. Uno de los presos que más sufrió tales agresiones relató (en nuestro registro primero y en el acto de juicio oral después):

Además, los presos que habían denunciado los malos tratos al OSPDH seguían sufriendo amenazas diarias, como fuimos constatando en sucesivas visitas. Otro preso pudo explicarme directamente en una de mis visitas:

Por todo ello, y a la vista de que no se adoptaban medidas de protección a los presos maltratados durante las posteriores semanas a las agresiones iniciales, el OSPHD decidió hacer públicas las alegaciones de maltrato sufrido por los reclusos, publicando la información sobre los malos tratos en los periódicos y llevando el caso al Colegio de Abogados de Barcelona, al Parlamento de Cataluña y ante el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa (CPT)10. Todo ello motivó la apertura de una investigación judicial que, nueve años más tarde, en 2013, produjo la condena del exsubdirector médico y cinco funcionarios de prisiones por parte de la Audiencia de Barcelona por delitos de atentado contra la integridad moral y faltas de lesiones (aunque el Ministerio Fiscal y las representaciones de los presos acusaban por delitos de torturas). En 2015, dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo (Sentencia 165/15, Sala Segunda TS)11. Era la primera vez que algo así sucedía en Cataluña (única comunidad, entonces, con competencias penitenciarias transferidas, como se ha dicho) resultando ser un auténtico leading case en materia penitenciaria. Algo había cambiado, pero aún ignorábamos las consecuencias más profundas que con los años se constatarían.

A partir de lo ocurrido después de los hechos de 2004 en la cárcel de Quatre Camins, y durante más de una década, el Observatorio sufrió toda una persistente campaña de graves ataques, en páginas web, redes sociales y otros medios de comunicación, que incluyó insultos, descalificaciones, amenazas personales, actos de hostigamiento y represalias al trabajo de defensa de los derechos de los presos agredidos12.

En 2015, el Comité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, en la lista de cuestiones previas a la presentación del VII Informe Periódico, solicitó a España que informase sobre las investigaciones que se habían realizado sobre las alegaciones de represalias contra miembros del OSPDH y la presunta obstrucción de su trabajo de supervisión de la situación de los derechos humanos en los centros de privación de libertad en Cataluña (Comité contra la Tortura, 2017). En el escrito se indicaba que: “Tras la condena, se habrían llevado a cabo graves reacciones contra el director del OSPDH, así como contra abogados y profesores de Universidad. Se informa que pese a ser un centro de investigación en derechos humanos acreditado ante el Gobierno y reconocido, tanto por este, como por diferentes instituciones y organizaciones internacionales, desde el año 2007 se habría denegado el acceso a su director a centros penitenciarios de Catalunya. De hecho, se indica que se habría instalado un sistema de alarma informática para impedir la entrada de los miembros del OSPDH en centros penitenciarios, impidiendo con ello el cumplimiento de sus funciones como observadores de derechos humanos. En vista de las repetidas demandas del OSPDH por acceder a los centros penitenciarios, la Administración catalana habría finalmente remplazado el sistema de alarmas por la emisión de una negación de acceso general del OSPDH y de su director a todos los centros penitenciarios de Cataluña”.

Cuanto se está indicando promovió un proceso de reflexión interna en el OSPDH que culminó con la decisión de crear un sistema formalizado, institucional y amparado por la legislación de protección de datos para la creación de un primer registro sobre violencia institucional carcelaria. Nacía así el SIRECOVI, con la ayuda de un equipo de informáticos de la UB, que ha registrado hasta el 31 de diciembre de 2023 los 1023 casos antes indicados. Este registro representa, al menos en Cataluña, el único existente en este tipo particular de violencia, como lo es la de carácter institucional carcelaria. El SIRECOVI, como sistema de alerta temprana, ha recibido avisos de gravísimos episodios, no solamente de personas presas, sino también de abogados/ as, redes de familiares de personas presas y de organizaciones sociales. Ha logrado así implantarse como un interlocutor fiable en cuanto hace al monitoreo de las condiciones de encarcelamiento. Pero, a pesar de ello, los ataques no solo no cesaron, sino que se recrudecieron como consecuencia de la presencia del OSPDH cada vez más frecuente en el terreno político, social y mediático. En efecto, la campaña de ataques en contra de la actividad del OSDPH se incrementó13.

También una gran solidaridad nacional e internacional se desplegó contra los ataques y denuncias interpuestas por el corporativismo penitenciario (con más de sesenta organizaciones e instituciones internacionales, así como dos centenares de académicos14 de Europa y América Latina que así se pronunciaron a lo largo de los últimos años)15. De hecho, organismos referentes en la materia como la Organización Mundial Contra la Tortura (www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/spain/2019/09/d25504/) , junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos, divulgaron varios comunicados de apoyo16. Quizás uno de los puntos más importantes de todo ello sea el llamado de atención de las citadas organizaciones internacionales al Gobierno de España y de Cataluña, en el sentido de que los ataques padecidos se estaban produciendo en un contexto general que evidenciaba una tendencia a lo que cada vez más, en los últimos años, remite al uso indebido del derecho penal contra declaraciones y mensajes protegidos por la libertad de expresión, con un evidente intento inhibitorio. Es decir, las organizaciones citadas aludían al concepto de SLAPP (Strategic lawsuit against public participation)17, que se suele definir como un pleito estratégico contra la participación pública; es decir, una acción judicial, penal, cuya intención es la intimidación y silenciamiento de voces críticas, que pueden ser periodistas, defensores de derechos humanos, profesionales, políticos u otros, los cuales pueden acabar desistiendo de sus objetivos ante la presión jurídica, por el elevado costo (en un sentido amplio) de su defensa legal, y, por tanto, acaben abandonando su oposición o crítica y autocensurándose.

Ahora bien, detrás de esta cronología y de toda la fenomenología indicada, siguiendo el “hilo rojo” más profundo de todo ello y volviendo a la “caja de herramientas” de Foucault, ¿qué fue lo que verdaderamente sucedió, más allá de los relatos puntuales?