En memoria de Mohamed Chouli El Hosni, quien perdió su vida en
prisión luchando por la dignidad de las condiciones carcelarias
1.
Marco teórico-conceptual. La caja de herramientas de Michel
Foucault
1.1.
La observación de las cárceles en Francia durante la década de 1970
Como informa, entre otros, Van Swaaningen (1997), Michel Foucault,
junto a Jean-Marie Domenach y Pierre Vidal-Naquet, fundaron el
Groupe d’Information sur les Prisons (GIP), que funcionó en
gran parte en la misma casa de Foucault (también, sobre ello, Anitua,
2023). La propia vida cotidiana de Michel Foucault se vio afectada y
transformada por el compromiso adquirido. La
creación del GIP fue provocada por la huelga de hambre protagonizada por
doce maoístas en la cárcel parisina de La Santé quienes, de
esta manera, consiguieron llamar la atención sobre su encarcelamiento
por razones políticas. El soporte a esta acción fue brindado por
colectivos de estudiantes (Secours Rouge, en el que estaba
comprometido el propio Jean-Paul Sartre) y por Gauche
Prolétarienne. Cuando las revueltas y los motines se extendieron
por las cárceles francesas, estos grupos constituyeron una auténtica red
de trabajo junto a presos, entonces denominados comunes.
Una de las principales estrategias de trabajo del GIP consistió en
recolectar y publicar información sobre las condiciones carcelarias,
escrita y descrita por los propios presos, haciendo que la cárcel fuera
vista como una institución intolerable. Precisamente
“Intolerable” fue el título del manifiesto fundacional del Grupo de
Información de las Prisiones, escrito por Foucault. Aquellas cárceles
empezaron a ser observadas y sus condiciones de vida comenzaron a ser
registradas a través de unas actividades precisas. El método empleado
por el GIP para el desarrollo de la estrategia apuntada consistió en la
elaboración y reparto de cuestionarios que circularon tanto hacia dentro
como hacia fuera de las cárceles. Sus miembros fueron gradualmente
ganándose la simpatía de los familiares y amigos de presos que hacían
largas colas para visitar y comunicar con las personas presas. Estas,
inicialmente, vieron con cierto recelo y temor a los activistas del GIP,
pero luego comenzaron a ayudarles en la tarea de distribución y
circulación de los cuestionarios. Poco tiempo después, en una segunda
consulta realizada por el GIP, esta organización comenzó a establecer
lazos de comunicación y trabajó con miembros más radicales de las
profesiones jurídicas. Foucault siempre consideró que las relaciones con
el Syndicat de la Magistrature —una asociación de jueces
progresistas establecida después de los incidentes de mayo del 68—,
revestían una importancia decisiva.
En esos años, los apoyos exteriores tampoco faltaban: la existencia
del GMP (Groupe Multiprofessionnel des Prisons) y otros
sectores afines constituían núcleos de reflexión teórica permanente en
torno a los problemas de las cárceles y, a través del cuestionamiento de
estas, tal y como ocurría en otros países, se cuestionaba todo el
funcionamiento de la justicia. Al respecto, señalaba Foucault que el GIP
había sido una empresa de “problematización”, un esfuerzo por hacer
explorar las evidencias, las prácticas, las reglas, las instituciones y
sus actitudes que se habían hecho tan rígidas, sedimentadas después de
decenas y decenas de años. Y ello, añadía, se había hecho a propósito de
la cárcel, pero, a través de ella, también a propósito de la justicia
penal y a propósito de la punición en general. Por ese camino, se había
revalorizado un tipo de saber hasta entonces prácticamente ignorado, el
de las personas privadas de libertad (Zitouni, 2007).
El “caso francés” que aquí se emplea no fue en absoluto privativo de
ese país en esos años. La movilización social en torno (y en contra) de
la cárcel en la Europa de los años de 1960 a 1980, con diferencias claro
está en determinados entornos nacionales, fue muy extendida, como en
diversas investigaciones y en otras publicaciones he procurado describir
al menos también en los Países Escandinavos, Gran Bretaña, Alemania,
Holanda, Italia y España (Rivera Beiras, 2013). Si la tarea de
información fue decisiva, en realidad, la misma fue posible porque se
tomó en serio el saber que provenía de las propias personas afectadas
por la cárcel: el “saber sometido” de las personas que estaban presas y
sus entornos sociales y familiares. Veámoslo un poco más.
1.2.La
(re)valoración de los saberes de las vidas “miserables”
En la obra Defender la sociedad, Curso en el Collège de France
1975-1976, Foucault alude a un significado pocas veces expresado
acerca de los “saberes sometidos”. Con esa expresión se refiere a toda
una serie de conocimientos que estaban descalificados como saberes no
conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados. Foucault
(1976/2001: 21) los califica como “saberes ingenuos, saberes
jerárquicamente inferiores, saberes por debajo del nivel del
conocimiento o de la cientificidad exigidos”. Y añade que por la
reaparición de esos saberes “de abajo”, de esos saberes no calificados y
hasta descalificados, se construye la crítica. Los saberes del sujeto
patologizado, psiquiatrizado, el del enfermo, el del enfermero, el del
médico —“pero paralelo y marginal con respecto al saber médico”
(Foucault, 1976/2001: 21)—, así como el saber del etiquetado como
delincuente, son parte de un posible contradiscurso hegemónico que,
quizás, tampoco es seguro, tengan la oportunidad de aflorar y adquirir
visibilidad, como se verá más adelante.
Conocedor de la crítica que provocaría la revaluación de tales
saberes, Foucault inmediatamente señaló: “Ustedes me dirán que hay algo
así como una extraña paradoja en el hecho de querer agrupar, acoplar en
la misma categoría los contenidos del conocimiento histórico meticuloso,
erudito, exacto, técnico, y, además, esos saberes locales, singulares,
esos saberes de la gente que son saberes que en cierto modo se dejaron
en suspenso, cuando no fueron efectiva y explícitamente mantenidos a
raya” (Foucault, 1976/2001: 22). Consciente plenamente de una imputación
semejante, Foucault advirtió que en ese acoplamiento entre los saberes
enterrados de la erudición y los saberes descalificados por la jerarquía
de los conocimientos y las ciencias se jugó efectivamente lo que dio su
fuerza esencial a la crítica de los discursos. En efecto, ¿de qué se
trataba tanto en un caso como en el otro, tanto en el saber de la
erudición como en esos saberes descalificados, en esas dos formas de
saber, sometidos o enterrados? Se trataba del saber histórico de las
luchas.
Esta forma foucaultiana de “completar el conocimiento” supone una
tarea que necesita del concurso de sectores que no han tenido la
posibilidad de mostrar sus vidas, porque, por distintas razones, fueron
naturalizadas como vidas miserables. Planteemos una pregunta de fondo:
¿ocupan algún sitio los miserables?
Pienso que han sido muy pocos (especialmente desde el ámbito
estrictamente jurídico, profesional y académico, lo que es especialmente
grave), los que se han atrevido realmente a pasar la frontera del espejo
interpretativo para que los relatos, las vivencias, los sufrimientos de
los vencidos, adquieran una visibilidad que solo se logra si, en serio,
quiere modificarse la mirada. En otros contextos, como indican Freyre
Roach y Ramos Lamar (2012: 27), sí se observa un amplio movimiento
intelectual (particularmente latinoamericano) de lengua castellana que,
al tiempo que pone en tela de juicio la hegemonía epistemológica, gira
hacia la valorización ontológica y gnoseológica de saberes excluidos: el
saber cotidiano, el saber campesino, el saber indígena amerindio, el
saber afronegro americano y el saber femenino. La epistemología
feminista y decolonial, en gran parte, ha realizado la tarea de dar
visibilidad a las portadoras de reclamos (Segato, 2013). No ha hecho esa
tarea la historiografía dominante, tampoco lo ha hecho el relato del
poder ni de los vencedores, tampoco lo ha hecho el derecho; solo puede
hacerlo un auténtico ejercicio anamnético (Reyes Mate, 2006).
La “caja de herramientas” que Foucault presenta a partir del trabajo
del Grupo de Información sobre las Prisiones ofrece la realización de
una doble tarea, que podría sintetizarse en una suerte de ecuación que
aquí se presenta como hipótesis de trabajo para el desarrollo que se
expondrá más adelante. Por ahora basta indicar que: (i) la observación
—independiente— de la privación de libertad (desde el exterior, como se
describirá en el siguiente apartado); (ii) junto al trabajo con los
afectados por la cárcel (presos/as y sus familias) con un compromiso que
no instrumentalice a los sujetos; (iii) puede producir como resultado el
alumbramiento, la producción de un “nuevo estatuto de la verdad”, una
nueva y más completa forma de conocimiento, por la imbricación que
determinados discursos pueden tener con racionalidades de dispositivos
no investigados.
La “caja de herramientas” de Foucault se completa con una metodología
y una táctica precisa: el empleo de una genealogía (entendida
de una particular manera) y de una especial forma de entender un
dispositivo; en este caso, el dispositivo que representa el
sistema penal y, más en concreto, el penitenciario. Veamos mejor estos
elementos.
La genealogía: “Llamemos, si ustedes quieren genealogía al
acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias locales,
acoplamiento que permite la constitución de un saber histórico de las
luchas y la utilización de ese saber en las tácticas actuales. Esa
sería, pues, la definición provisoria de las genealogías” (Foucault,
1976/2001: 21). Más aún y más propiamente, Foucault dirá que lo que
atraviesa el proyecto genealógico no es un empirismo; lo que lo sigue no
es tampoco un positivismo, en el sentido corriente del término. Se
trata, en realidad, de poner en juego unos saberes locales,
discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia
teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en
nombre de un conocimiento verdadero, en nombre de los derechos de una
ciencia que algunos poseerían. Las genealogías, en consecuencia, no son
retornos positivistas a una forma de ciencia más atenta o exacta. Las
genealogías son, muy precisamente, “anticiencias” y cuestionan el
pretendido curso lineal de la historia científica. No es que
reivindiquen el derecho lírico a la ignorancia y el no saber, no es que
se trate de la negativa de saber o de la puesta en juego, la puesta de
manifiesto de los prestigios de una experiencia inmediata, todavía no
captada por el saber. No se trata de eso. Como Foucault ha podido
transmitir, se trata de la insurrección de los saberes. No tanto contra
los contenidos, los métodos o los conceptos de una ciencia, sino una
insurrección, en primer lugar y, ante todo, contra los efectos de poder
centralizadores que están ligados a la institución y al funcionamiento
de un discurso científico organizado dentro de una sociedad como la
nuestra. Y, añade, “en el fondo importa poco que esta
institucionalización del discurso científico cobre cuerpo en una
universidad o, de una manera general, en un aparato pedagógico, que esta
institucionalización de los discursos científicos cobre cuerpo en una
red teórico comercial como el psicoanálisis o en un aparato político,
con todas sus aferencias, como en el caso del marxismo. La genealogía
debe librar su combate, sin duda, contra los efectos de poder propios de
un discurso considerado como científico” (Foucault, 1976/2001: 23).
La siguiente categoría que se va a considerar es la del dispositivo:
los saberes y discursos a que alude Foucault, para el caso de estudio en
este trabajo, se verifican en un particular ámbito, como se ha dicho, el
propio del sistema penal y penitenciario. ¿Qué características tiene el
dispositivo en el pensamiento foucaultiano? Se trata de un
conjunto claramente heterogéneo que puede comprender discursos,
instituciones, reglamentaciones jurídicas, órdenes gubernamentales,
instalaciones arquitectónicas, enunciados científicos y valoraciones
morales, entre otros elementos. Es decir, el dispositivo comprende tanto
lo dicho como lo no dicho: el dispositivo es la red que puede
establecerse en torno a tales elementos. Comprende también la función
seguramente de legitimación de una determinada práctica y de dar acceso
a un nuevo campo de racionalidad. También aclaró que el dispositivo
podía ser una especie y/o estrategia que tratara en un momento
determinado de dar respuesta a un acontecimiento que se presenta como
urgente, excepcional y emergente, frente al cual no bastan los remedios
ordinarios. El dispositivo podía ser (o devenir) así, un claro
instrumento de gobierno para justificar una determinada práctica
necesaria, calificada como imperiosa. El dispositivo no es una
institución; es una relación, una red, o un complejo haz de relaciones
que comprende el saber y el poder, de naturaleza nada abstracta, aunque
lo parezca, y normalmente se expresa con una delimitación temporal y
espacial (que luego puede variar y extenderse). Para Foucault
(1970/2013, 1974/2017), el dispositivo no captura sujetos,
sino que los produce, produce subjetividad.
Foucault (1976/2001: 24) concluye al respecto que la
genealogía es la táctica que, a partir de ciertas
discursividades locales, propias de ciertos dispositivos, pone en juego
los saberes liberados del sometimiento que se desprenden de ellas; y
esto para restituir el proyecto de conjunto. Lo que se pretende indicar,
con los aportes de El orden del discurso (Foucault, 1971), es
que aquí interesa señalar que la elaboración de los discursos en tanto
epistemes se articula en el estudio de “formaciones discursivas” que
operan en entornos concretos. Es decir, el análisis de los discursos
comienza a traducirse en su institucionalidad y en formas concretas de
poder. Con ello, este artículo pretende indicar “un marco” para el
estudio contextualizado de las reglas de la formación de los discursos y
sus transgresiones. Dicho de otro modo, ¿cómo podemos “aprovechar” a
Foucault en el presente, en relación con la penalidad carcelaria?
2.
Las voces de las personas presas, proceso de escucha y cristalización en
la escena política
2.1. Metodología de trabajo
Este artículo forma parte de mi línea de trabajo iniciada en abril de
2001, cuando un grupo de profesores de la Universidad de Barcelona (en
adelante, UB), estudiantes y militantes de organizaciones sociales
fundamos en la UB el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos
Humanos (en adelante, OSPDH). Con una técnica de trabajo documental, la
metodología empleada en la investigación que se presenta es claramente
cualitativa porque emplea la palabra, los relatos de las personas
presas. La fuente fundamental de material empírico proviene de dos
etapas que ponen de manifiesto el trabajo de campo cualitativo que se
emplea. La primera fue más rudimentaria pero enormemente fructífera
cuando, a partir de 2001, comenzamos a desarrollar desde el OSPDH
durante toda esa década, de un modo “artesanal”, un sistema de visitas a
los diez centros penitenciarios entonces existentes en Cataluña. En
concreto, el trabajo consistía en visitar personas presas que comenzaron
a escribirnos al conocer la creación del OSPDH, en recorrer
instalaciones de módulos carcelarios de régimen ordinario y
paulatinamente algunos de aislamiento y en crear unos talleres de
conversación sobre derecho, psicología, música y hábitos de cuidado e
higiene en espacios sin vigilancia penitenciaria interna. Logramos
trabajar en salas que reproducían en la medida de lo posible el aula
universitaria, con unos seminarios que denominamos “Abrir la cárcel”.
Los relatos que emergían de aquellas visitas eran recogidos en fichas
que siempre guardamos y conservamos (hasta el presente) en un área del
departamento de Derecho Penal.
Pero a partir del llamado “motín de Quatre Camins” (y, sobre todo
cuando diez años más tarde recayó una sentencia paradigmática sobre
torturas, que luego se examinará), se abrió una segunda etapa cuando
entendimos, por nuestra propia experiencia, que aquel rudimentario modo
de observar la cárcel y de visitar a las personas presas requería la
creación de un sistema mucho más articulado para la recogida de los
testimonios de las personas presas. Como más adelante se expresará, ello
fue también un acto de autodefensa ante los ataques que recibimos desde
sindicatos de funcionarios de prisiones. No fue hasta 2015 que creamos,
a través de un software del servicio informático de la UB, el
Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (en
adelante, SIRECOVI) que mejoró (o quizás sea más preciso decir que
formalizó) un método de trabajo. Pudimos crear un primer registro o
fichero de casos y narraciones de episodios de violencia institucional
sufrido por las personas presas. Bajo la premisa de la legislación de
protección de datos, el SIRECOVI permitió desde entonces (i) recibir
peticiones de posibles maltratos o vulneraciones de derechos de las
personas presas en los centros penitenciarios de Cataluña, por parte de
algún funcionario penitenciario; (ii) visitar a la presunta víctima para
realizar una entrevista; (iii) registrar la información en el sistema
informático; y (iv) gestionar la situación, ya sea comunicándola a
instituciones públicas o derivándola a otras entidades. Recuperamos de
ese modo muchos testimonios de personas presas que, hasta el 31 de
diciembre de 2023, se elevan a 1023 casos.
Este registro tiene su centro en la Facultad de Derecho de
Universidad de Barcelona. Muchísimos testimonios de personas presas,
algunos de los cuales se transcribirán más adelante, constituyen la
experiencia directa de las personas presas y son un patrimonio de
conocimiento de la “cárcel desde dentro” que, como se verá, ha chocado
en diversas ocasiones con el relato dogmático y oficial sobre el sistema
penitenciario. Se trata de las voces de los afectados (completada en
ocasiones con los testimonios de sus familiares y abogados/as).
Cuanto se indicará en este artículo proviene de las visitas que
semanalmente realizamos en los últimos diez años a presos y presas que
expresamente solicitan nuestra presencia, normalmente a través de cartas
enviadas al OSPDH (en la Facultad de Derecho de la UB) y también a
través del sistema de correo electrónico (alertasirecovi@ub.edu) y
de un call center creado para facilitar que personas presas y
sus familias se puedan comunicar con rapidez con nosotros. Esas
peticiones son presentadas por el equipo de trabajo del SIRECOVI al
Departamento de Justicia del gobierno catalán para que se autorice
nuestra entrada y poder realizar las visitas. Desde el SIRECOVI siempre
hemos procurado visitar semanalmente a las personas que así lo solicitan
a lo largo de los últimos diez años. Los testimonios de las personas
presas (algunos de los cuales se transcribirán con el debido cuidado más
adelante), son centrales en los procesos que se van a describir.
Dicho sistema de trabajo e investigación fue fortaleciendo, pese a
innumerables resistencias opuestas, un particular dispositivo de
observación, registro y documentación de las condiciones carcelarias
aprendido en cierta medida de otros sistemas europeos que nos ayudaron
en su configuración, como ahora se dirá.
2.2.
El concepto de la observación de la privación de libertad
A modo de presentación, se toma aquí el concepto de la observación de
la penalidad carcelaria como elemento central para efectuar algunas
consideraciones generales que van a ser ejemplificadas con la mención de
algunos dispositivos que con esa finalidad venimos desarrollando en los
últimos años. Se alude a la importancia decisiva de la observación, la
documentación y el registro de la realidad carcelaria, particularmente
de aquellas situaciones que puedan constituir vulneraciones de derechos
fundamentales.
La creación del SIRECOVI se produjo en gran medida gracias a una
capacitación y aprendizaje de ciertos equipos, particularmente de
Italia, así como del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo
de Europa (en adelante, CPT), que tiene su sede en Estrasburgo. Este
organismo internacional siempre afirmó que el concepto de observación
necesita de un elemento nuclear del mismo: la observación la ha de
realizar un ojo que pueda ver, que pueda mirar sin límites y con
independencia (Palma, 2020). Mauro Palma, último presidente del CPT, y
asimismo exgarante dei diritti delle persone private della libertà
personale en Italia, ha dedicado diversas reflexiones sobre su
dilatada experiencia en el sentido indicado. El
Garante Nazionale italiano señaló que debía trabajar siendo
un ojo para lo invisible: “Un ojo preventivo que nunca
puede prescindir de la comunidad, de las organizaciones sociales, y de
la sociedad civil. Debemos mantener nuestros ojos firmes”, señalaba
Palma (2020: 165). Y precisaba aún más con una reflexión decisiva: el
acto de observar modifica, por sí mismo, el objeto observado,
especialmente en cuanto a que su sola actuación quiebra la opacidad de
la institución. Otro gran referente que fue útil para la creación del
SIRECOVI fue la asociación Antigone, per i diritti e le garanzie
nell sistema penale. Su presidente, Patrizio Gonnella, afirma en la
misma línea antes indicada que la monitorización por parte de organismos
independientes, de mecanismos nacionales de prevención y de
organizaciones no gubernamentales es aún más necesaria en una fase
compleja como la actual: “Se trata de una protección esencial ante el
riesgo de malos tratos, discriminaciones y abusos” (Gonnella, 2020:
189).
En la misma línea, regresando a España, se describirán algunas
experiencias concretas que están haciendo realidad la implementación de
dispositivos de observación de las instituciones de segregación, que
emergen de iniciativas de diversa índole (sociales, académicas y
profesionales). Después, volveremos a Foucault, para ver cómo operan
esos dispositivos con su caja de herramientas y qué estatuto de
producción de (otra) verdad pueda, quizás, emerger.
2.3.
La observación de la cárcel en España por parte de la sociedad civil en
las últimas décadas. Creación y activación de redes
La tarea que desarrollamos en el SIRECOVI del OSPDH estuvo asimismo
enmarcada y acompañada en y por otras acciones que tuvieron lugar
también en las últimas décadas en diversas partes del Estado español.
Para abordar este tema, será bueno describir ni que sea someramente
cuanto ha sucedido en España y particularmente en Cataluña en los
últimos veinte años, aun cuando todo comienza más atrás, en
relación con movimientos sociales que han venido luchando contra el
sistema penitenciario. Se entiende que esta descripción es necesaria,
pues contextualiza cualitativamente la línea de investigación y el
trabajo de campo antes indicado.
En los últimos años, y a pesar de su diversidad,
una idea fue afianzándose en los objetivos de aquellos movimientos: la
necesidad de relacionarse con otras entidades de similar naturaleza en
aras de una coordinación estatal de las acciones colectivas a emprender.
Ello ha tenido muchos intentos, logrados unos, frustrados otros, lo que
refleja la propia dificultad del accionar de una sociedad civil tan
comprometida con la situación de las personas presas como damnificada
por escasos recursos y numerosos impedimentos en su tarea —cuando no
abiertas criminalizaciones, como más adelante se tratará—. El paulatino
conocimiento entre los integrantes de diversos grupos de apoyo a
personas presas ha sido fundamental para afianzar acciones sociales de
defensa de derechos fundamentales. La necesidad de celebrar encuentros
estatales entre los movimientos sociales de promoción de la situación y
de los derechos fundamentales de los reclusos motivó una movilización
general en tal sentido en diversas regiones españolas, cuya enumeración
se cuenta en varias decenas de reuniones y jornadas (Rivera Beiras,
2023; Manzanos Bilbao, 2014).
Sin duda, la posterior creación de la Coordinadora para la Prevención
y Denuncia de la Tortura (en adelante, CPDT), que aglutinó a la mayoría
de las organizaciones mencionadas, fue el ejemplo de articulación más
importante. Desde 2003 y durante quince años, la CPDT elaboró en España
el único y auténtico banco de datos sobre la tortura y muertes bajo
custodia, publicando anualmente un informe que oscilaba entre las 700 y
1000 denuncias por año, sumamente acreditadas, pese a lo cual recibió
ataques, descalificaciones y criminalizaciones (administrativas y
penales) permanentes hasta su paulatina disolución hacia 2018. La CPDT
logró afianzar una interlocución con organismos internacionales, en
especial el Comité para la Prevención de la Tortura y de las penas o
tratos inhumanos o degradantes (CPT) del Consejo de Europa, que
visibilizó la violencia institucional en el ámbito supranacional a
través de las comunicaciones sobre casos de maltratos documentados.
Muchas han sido las redes creadas con organismos públicos
internacionales y organizaciones sociales, tanto en el ámbito europeo
como en el del sistema de las Naciones Unidas. La CPDT logró una
interlocución paulatina con, entre otras, la Organización Mundial contra
la Tortura, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de
Europa, las organizaciones Front Line Defenders y Amnistía Internacional
y el European Prison Observatory. Ello promovió en diversas ocasiones la
amplificación internacional de denuncias sobre violencia
institucional.
2.4. La particular
situación en Cataluña
Señalado el contexto nacional indicado, regresemos a la experiencia
de nuestro trabajo de campo. Cuanto se está relatando cobra una especial
particularidad en Cataluña, primera comunidad autónoma que, hace
cuarenta y un años (a principios de 1984), organizó su propia
administración penitenciaria cuando le fueron traspasadas las
competencias en esta materia.
Como se ha dicho, a inicios de 2001 se creaba en la Universidad de
Barcelona el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos
(OSPDH) con la finalidad, entre otras, de realizar desde el ámbito
académico una tarea de monitoreo de los centros penitenciarios de
Cataluña. Pero las tensiones con los entonces responsables de la
administración penitenciaria no tardarían en aflorar, cuando el
Observatorio denunció episodios de malos tratos a personas presas que
tenía acreditados a través de las visitas que desde su creación
realizaba a personas privadas de libertad.
Así, por ejemplo, una resolución del Departament de Justícia dictada
un año después de la creación del Observatorio prohibió entonces la
entrada a la totalidad de las cárceles catalanas a su equipo de
investigación, cuando este denunció públicamente un caso de presuntas
torturas a un preso. Se reveló así la opacidad de las instituciones
penitenciarias del momento, cuyo máximo responsable (el entonces
Director General, Ramón Parés) protagonizó con su firma la aludida
prohibición, primero, y las más duras descalificaciones y
criminalizaciones de los investigadores, después. En efecto, tal y como
puede leerse en la obra que recogió el trabajo de dos años de necesario
desarrollo de metodologías alternativas al prohibirse las visitas,
investigar la cárcel siempre es difícil, básicamente porque se trata de
un contexto de gran complejidad, con múltiples facetas y lleno de
condicionamientos (OSPDH, 2004). Pero una cosa son los condicionamientos
intrínsecos a este espacio y otra, bien distinta, los obstáculos y las
trabas que se pueden poner a toda investigación. En todo caso, la visita
a las cárceles era una de las diversas actividades de la investigación.
Su prohibición sin duda la perjudicó, pero en absoluto la impidió; hay
otras metodologías alternativas y muchas otras vías para contactar con
los presos y con los profesionales. El OSPDH trabajó con otra
metodología, consistente en el envío de cartas a personas presas y
contactos y entrevistas con sus familias y abogados/ as. La
investigación concluyó afirmando que el OSPDH pretendió llamar la
atención de los responsables de la política penal y penitenciaria de
Cataluña y expresamente señaló: “A pesar de las acusaciones que
padecemos (en los medios de comunicación), la censura que se nos impuso,
la prohibición de nuestra entrada en las cárceles y las graves
descalificaciones sufridas, deseamos mostrar nuestra voluntad de
continuar con el trabajo que dio origen al OSPDH; esto es, la
investigación académica, el estudio y la inspección de las agencias del
sistema penal con la finalidad de verificar e informar a la sociedad
civil y a los poderes públicos en torno al grado de respeto de los
derechos fundamentales de los destinatarios de aquellas agencias”
(OSPDH, 2004: 298).
2.5.
El agravamiento de la criminalización ante la observación y denuncia de
la violencia institucional (el mal llamado motín de
Quatre Camins de 30 de abril de 2004)
Pese a la prohibición de la realización de visitas a los centros
penitenciarios de Cataluña, un poco más tarde, a raíz de otro cambio de
gobierno y consecuentemente de la titularidad en la Dirección General de
Servicios Penitenciarios en abril de 2004, el OSPDH pudo volver a
visitar a personas presas que requerían su atención. Pero el día 30 de
abril de 2004 se produjeron unos gravísimos incidentes en una prisión
(la de Quatre Camins, situada en La Roca del Vallès en la provincia de
Barcelona), como reacción a los abusos que los presos denunciaban
padecer y querían poner de manifiesto. Algo más de una veintena de
reclusos fueron golpeados, algunos muy gravemente, por funcionarios de
prisiones y trasladados a otras cárceles donde nuevamente fueron
maltratados. A raíz de lo ocurrido, desde el
OSPDH se solicitó autorización a la administración penitenciaria para
poder entrevistar a los presos involucrados en unos hechos que parecían
muy graves, y, en esta ocasión, el permiso fue concedido, lo cual
permitió escuchar las declaraciones en primera persona de muchos presos
maltratados físicamente y humillados repetidamente.
En breve: la investigación efectuada por el OSPDH concluyó que
numerosos presos fueron sacados a golpes de las celdas y trasladados a
otras cárceles de Catalunya en represalia por la protesta en la que
había resultado herido el subdirector de la prisión. Durante los
traslados los presos también fueron golpeados, incluso en la enfermería
de la cárcel por parte del exsubdirector médico.
Uno de los presos que más sufrió tales agresiones relató (en nuestro
registro primero y en el acto de juicio oral después):
Me sacaron de madrugada de la celda a golpes, me fueron desnudando
hasta quedar en slip y fui conducido por un pasillo entre
módulos donde había unos doscientos funcionarios que me pegaban por todo
el cuerpo hasta que caí perdiendo el conocimiento y ensangrentado.
Además, los presos que habían denunciado los malos tratos al OSPDH
seguían sufriendo amenazas diarias, como fuimos constatando en sucesivas
visitas. Otro preso pudo explicarme directamente en una de mis
visitas:
Cada vez que vienes a verme y luego de la visita me llevan a la
celda, me golpean repetidamente hasta que cuente que te he dicho, me
muelen a palos para que me niegue a verte en la próxima ocasión.
Por todo ello, y a la vista de que no se adoptaban medidas de
protección a los presos maltratados durante las posteriores semanas a
las agresiones iniciales, el OSPHD decidió hacer públicas las
alegaciones de maltrato sufrido por los reclusos, publicando la
información sobre los malos tratos en los periódicos y llevando el caso
al Colegio de Abogados de Barcelona, al Parlamento de Cataluña y ante el
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos
Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa (CPT).
Todo ello motivó la apertura de una investigación judicial que, nueve
años más tarde, en 2013, produjo la condena del exsubdirector médico y
cinco funcionarios de prisiones por parte de la Audiencia de Barcelona
por delitos de atentado contra la integridad moral y faltas de lesiones
(aunque el Ministerio Fiscal y las representaciones de los presos
acusaban por delitos de torturas). En 2015, dicha sentencia fue
confirmada por el Tribunal Supremo (Sentencia 165/15, Sala Segunda TS). Era la primera vez que algo así
sucedía en Cataluña (única comunidad, entonces, con competencias
penitenciarias transferidas, como se ha dicho) resultando ser un
auténtico leading case en materia penitenciaria. Algo había
cambiado, pero aún ignorábamos las consecuencias más profundas que con
los años se constatarían.
A partir de lo ocurrido después de los hechos de 2004 en la cárcel de
Quatre Camins, y durante más de una década, el Observatorio sufrió toda
una persistente campaña de graves ataques, en páginas web, redes
sociales y otros medios de comunicación, que incluyó insultos,
descalificaciones, amenazas personales, actos de hostigamiento y
represalias al trabajo de defensa de los derechos de los presos
agredidos.
En 2015, el Comité de Prevención de la Tortura de las Naciones
Unidas, en la lista de cuestiones previas a la presentación del VII
Informe Periódico, solicitó a España que informase sobre las
investigaciones que se habían realizado sobre las alegaciones de
represalias contra miembros del OSPDH y la presunta obstrucción de su
trabajo de supervisión de la situación de los derechos humanos en los
centros de privación de libertad en Cataluña (Comité contra la Tortura,
2017). En el escrito se indicaba que: “Tras la condena, se habrían
llevado a cabo graves reacciones contra el director del OSPDH, así como
contra abogados y profesores de Universidad. Se informa que pese a ser
un centro de investigación en derechos humanos acreditado ante el
Gobierno y reconocido, tanto por este, como por diferentes instituciones
y organizaciones internacionales, desde el año 2007 se habría denegado
el acceso a su director a centros penitenciarios de Catalunya. De hecho,
se indica que se habría instalado un sistema de alarma informática para
impedir la entrada de los miembros del OSPDH en centros penitenciarios,
impidiendo con ello el cumplimiento de sus funciones como observadores
de derechos humanos. En vista de las repetidas demandas del OSPDH por
acceder a los centros penitenciarios, la Administración catalana habría
finalmente remplazado el sistema de alarmas por la emisión de una
negación de acceso general del OSPDH y de su director a todos los
centros penitenciarios de Cataluña”.
2.6.
Las llamadas SLAPP (Strategic lawsuit against public participation)
Cuanto se está indicando promovió un proceso de reflexión interna en
el OSPDH que culminó con la decisión de crear un sistema formalizado,
institucional y amparado por la legislación de protección de datos para
la creación de un primer registro sobre violencia institucional
carcelaria. Nacía así el SIRECOVI, con la ayuda de un equipo de
informáticos de la UB, que ha registrado hasta el 31 de diciembre de
2023 los 1023 casos antes indicados. Este registro representa, al menos
en Cataluña, el único existente en este tipo particular de violencia,
como lo es la de carácter institucional carcelaria. El SIRECOVI, como
sistema de alerta temprana, ha recibido avisos de gravísimos episodios,
no solamente de personas presas, sino también de abogados/ as, redes de
familiares de personas presas y de organizaciones sociales. Ha logrado
así implantarse como un interlocutor fiable en cuanto hace al monitoreo
de las condiciones de encarcelamiento. Pero, a pesar de ello, los
ataques no solo no cesaron, sino que se recrudecieron como consecuencia
de la presencia del OSPDH cada vez más frecuente en el terreno político,
social y mediático. En efecto, la campaña de ataques en contra de la
actividad del OSDPH se incrementó.
También una gran solidaridad nacional e internacional se desplegó
contra los ataques y denuncias interpuestas por el corporativismo
penitenciario (con más de sesenta organizaciones e instituciones
internacionales, así como dos centenares de académicos
de Europa y América Latina que así se pronunciaron a lo largo de los
últimos años). De hecho, organismos referentes en
la materia como la Organización Mundial Contra la Tortura (www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/spain/2019/09/d25504/)
, junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos,
divulgaron varios comunicados de apoyo.
Quizás uno de los puntos más importantes de todo ello sea el llamado de
atención de las citadas organizaciones internacionales al Gobierno de
España y de Cataluña, en el sentido de que los ataques padecidos se
estaban produciendo en un contexto general que evidenciaba una tendencia
a lo que cada vez más, en los últimos años, remite al uso indebido
del derecho penal contra declaraciones y mensajes protegidos por la
libertad de expresión, con un evidente intento inhibitorio. Es decir,
las organizaciones citadas aludían al concepto de SLAPP (Strategic
lawsuit against public participation),
que se suele definir como un pleito estratégico contra la participación
pública; es decir, una acción judicial, penal, cuya intención es la
intimidación y silenciamiento de voces críticas, que pueden ser
periodistas, defensores de derechos humanos, profesionales, políticos u
otros, los cuales pueden acabar desistiendo de sus objetivos ante la
presión jurídica, por el elevado costo (en un sentido amplio) de su
defensa legal, y, por tanto, acaben abandonando su oposición o crítica y
autocensurándose.
Ahora bien, detrás de esta cronología y de toda la fenomenología
indicada, siguiendo el “hilo rojo” más profundo de todo ello y volviendo
a la “caja de herramientas” de Foucault, ¿qué fue lo que verdaderamente
sucedió, más allá de los relatos puntuales?
3.
Los saberes sometidos: su visualización en las instituciones y en los
medios de comunicación
Antes de continuar, debe decirse que existió un momento especial en
el que, por primera vez, unas cuantas víctimas de semejante violencia
institucional llegaron a poder hablar ante las instituciones públicas
acerca de las gravísimas situaciones vividas en los Departamentos
Especiales de Régimen Cerrado, en condiciones de aislamiento que el
SIRECOVI especialmente documentaba y denunciaba públicamente. Se
verificó así un momento especial en que las voces despreciadas
“cristalizaron” y adquirieron una visibilidad insospechada.
Ello sucedió durante el primer semestre de 2016, cuando junto a
diversas organizaciones de derechos humanos logramos presentar, ante el
Parlamento de Cataluña, un amplio informe sobre las condiciones y los
efectos del régimen de aislamiento penitenciario. Solicitamos asimismo
la creación de un grupo de trabajo parlamentario y, por primera vez, se
aceptó la petición para la declaración de personas presas ante los y las
diputadas de la Comisión de Justicia (algo absolutamente inédito, sin
precedentes), petición que fue aprobada por los grupos parlamentarios,
no sin tensiones (Stroppa, 2020, 2022).
Así se pudo tener algún acceso a los relatos sobre vejaciones,
insultos, presiones, malos tratos físicos y emocionales que al menos
cuatro personas pudieron explicar a los diputados y diputadas. Así se
expresaba algunos de los presos ante el Parlamento catalán:
Cuando me dirigía a enfermería, en el camino, un funcionario me
preguntó cómo tenía el dedo (maltrecho de una lesión laboral) y le
contesté que era un cínico porque ayer me había dado una paliza y hoy me
preguntaba por su dedo (…). Más tarde, unos 4 funcionarios junto con don
Antonio entraron en mi celda y me pegaron violentamente. Uno de los
funcionarios (no los puedo identificar porque no portan ningún tipo de
identificativo) se subió sobre la mesa que uso de escritorio en la celda
y saltó sobre mi cabeza.
Otro de los presos que declaró ante la comisión de investigación del
Parlamento indicó:
Después que se cansaron de darme golpes en todo el cuerpo, me sacaron
en volandas como un títere de la celda y me llevaron al “Superman”. Ahí me sujetaron por las muñecas,
los tobillos y a la altura de las lumbares boca abajo. Pasó a visitarme
el médico y le comenté que me estallaba la cabeza de dolor y que la
sentía toda abollada, pero el médico no me dijo nada.
Hubo diversas declaraciones en sentido similar de otras personas
presas que declararon en la comisión parlamentaria de investigación.
Todas estas declaraciones obran en las fichas de los archivos del
registro del SIRECOVI. Semejantes testimonios fueron enseguida
descalificados por el director de un centro penitenciario. En efecto, el
director de la cárcel en la que se denunciaban con mayor presencia tales
abusos, Juan Carlos Navarro, responsable del centro penitenciario de
Brians 1, quien también pudo comparecer ante la mencionada comisión de
investigación, tuvo ocasión de realizar un encendido discurso basado en
acusar al OSPDH de inventar violaciones de los derechos humanos, así
como también se encargó de “patologizar” a la totalidad de los presos
declarantes. Renacía, esta vez en sede parlamentaria, el poder médico
psiquiátrico (tan examinado por Foucault, por cierto) para descalificar
a los afectados a través del etiquetamiento patológico de las víctimas.
Así se expresaba el aludido director de la cárcel:
Los presos que han declarado presentan trastornos de conducta que
hacen imprevisibles sus actuaciones. Se trata de personas que presentan
inadaptación a la vida normal y a la propia de la cárcel. Los internos
han dicho que han sufrido malos tratos (…). Yo demostraré la falsedad de
ello explicando las características de personalidad de estos. Se trata
de personas que presentan un amplio historial de inadaptación social y
que acumulan 140 expedientes disciplinarios en las cárceles. Presentan
conductas agresivas contra internos y trabajadores penitenciarios (…).
Puede hablarse de un diagnóstico de trastornos antisociales de
personalidad y trastornos límites. De acuerdo con manuales de
psiquiatría, sus comportamientos son definidos con un patrón general de
menosprecio que presenta diversos ítems: 1) fracaso para adaptarse a las
normas sociales; 2) deshonestidad y tendencia a mentir reiteradamente;
3) manipuladores, impulsivos y con una incapacidad para manejar el
futuro; 4) irritabilidad y agresividad; 5) irresponsabilidad; 6) falta
de remordimiento.
El grupo de trabajo sobre aislamiento penitenciario del Parlamento de
Cataluña tuvo mucha repercusión. Noticias periodísticas, mensajes en
redes sociales, organización de jornadas sobre las conclusiones a que
llegó aquella iniciativa mostraron públicamente el relato de los presos
afectados e, incluso, promovió la creación de la primera Asociación de
Familiares de Presos/as de Cataluña. Su portavoz, Gracia
Amo (madre de un preso fallecido en prisión) inició una tarea permanente
(hasta el presente) de difusión de las voces de personas presas y
familias, convirtiéndose en un nuevo actor político.
Es evidente que cuanto se ha presentado refleja un conjunto de
luchas, de conflictos, de dominios y de oposición de resistencias
diversas: los saberes menospreciados —en este caso, los saberes de las
personas presas— adquirían visibilidad por primera vez de una forma
notoria, como consecuencia de los trabajos de la observación
independiente de la cárcel y del trabajo de denuncia de los movimientos
sociales que durante años han trabajado en este ámbito. Hasta hace unas
dos décadas, el discurso penitenciario era fundamentalmente
institucional y monopolizado por operadores del sistema. Algo se había
quebrado y la hegemonía del relato había estallado.
4.
Haciendo historia del presente. A veinte años de los sucesos de la
cárcel de Quatre Camins
Como ya se ha mencionado, Foucault (1976/2001) definió el
“acoplamiento” de los saberes ocultos y sometidos con los
institucionalizados, como la construcción de una genealogía que pretende
completar el relato acerca de la verdad. Y, para ello, recomendó emplear
las herramientas que tratan a los discursos y a las prácticas (en este
caso, de dispositivos propios del mundo del derecho o, mejor, de la
cárcel), como restos, textos de documentos o como fragmentos, que son
indispensables para que el conocimiento más completo pueda
realizarse.
Se han cumplido, el 30 de abril de 2024, veinte años del (mal)
llamado motín de la cárcel de Quatre Camins. Como se ha pretendido
demostrar, yendo hasta el fondo de lo sucedido, empleando para ello la
“caja de herramientas” de Michel Foucault, lo que sucedió es que,
quizás, solo quizás, se quebró una hegemonía en el discurso oficial
penitenciario. A partir de aquellos hechos, la observación independiente
y el trabajo con los afectados tal vez rompió la monopolización del
relato hasta entonces imperante. Desde otro punto de vista, y con otros
autores, ello también fue la demostración de un ejercicio anamnético: la
importancia de observar, documentar y registrar la violencia
institucional revela, efectivamente, el ejercicio o la práctica de la
categoría de la memoria. En este caso, aludo a la memoria del presente,
para que se documenten y no se vayan a olvidar algún día, en el futuro,
los padecimientos de quienes no ocuparon nunca un lugar en la historia
(entre otros, Reyes Mate, 2014; Traverso, 2007).
Así se “produjo una nueva verdad”, como Foucault denominó a este
proceso en la primera de sus conferencias de Brasil antes citada. Y
entonces distinguió, en la línea de los diversos saberes ya mencionados,
que hay dos historias de la verdad. La primera es una especie de
historia interna de la verdad, es la historia de la verdad tal
como se hace en o partir de la historia de las ciencias. Pero hay
otros sitios en los que se forma la verdad, allí donde se definen un
cierto número de reglas de juego, “a partir de las cuales vemos
nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto y tipos de
saber” (Foucault, 1974/2017: 5).
Señalan Laval et al. (2023: 7) en su estudio introductorio
relativo a Marx y Foucault que, en la relación entre lucha de clases y
luchas minoritarias de los excluidos, Foucault se adentra en estas
últimas sin perder de vista la primera, trazando una cartografía precisa
de las mismas para “hacer de las luchas de los excluidos de la historia
—mujeres, colonizados, homosexuales, presos, inmigrantes, niños…— no
ciertamente el motor sustituto de una nueva historia, sino el reverso de
la representación dominante de la historia, entendida hasta entonces
como progreso hacia la emancipación universal”.
Como se ha podido constatar de los sucesos antes indicados, quizás
cierta hegemonía relativa al discurso institucional sobre la cárcel se
había, si no quebrado, al menos resquebrajado. Tal vez sea excesivo
decir que ello fue consecuencia de la observación independiente y del
trabajo con los afectados; los procesos son demasiado complejos para
poder afirmarlo de ese modo. Quizás, solo quizás, aquel trabajo
colectivo con los afectados por la privación de libertad hizo aparecer
algo de aquello que estaba escondido (utilizando el lenguaje
benjaminiano), contribuyendo a visibilizar y a dar alguna voz a
nuevos sujetos que no habían sido escuchados. Quizás, solo quizás,
aparecieron nuevos hechos y, en definitiva, alguna nueva narración. Tal
vez, una nueva verdad pueda haber aflorado, diversa de la del relato
hegemónico de los textos legales y de las prácticas judiciales, de los
discursos mediáticos y de las verdades oficiales.
¿Se habrá producido un nuevo conocimiento que desmorona el carácter
dogmático antes establecido? Más tiempo y reflexiones seguramente hacen
falta para responder a ello. Quizás, tan solo se ha opuesto una
resistencia puntual y se ha hecho un trabajo político desde un modesto
equipo académico junto a movimientos sociales en relación con un
conflicto que muy poco importa a la sociedad. Aquí no se escribe desde
el optimismo en absoluto, no hay lugar para ninguna ingenuidad. Un solo
y brutal acontecimiento echa por tierra cualquier ilusión al respecto:
uno de los (pocos) presos que declaró sus vejámenes ante el Parlamento
de Cataluña en el Grup de Treball antes citado, cuyo relato ha
sido citado antes, perdió la vida un tiempo después, oficialmente
suicidado en extrañas circunstancias hasta hoy no aclaradas
suficientemente. Su muerte nos afectó muy profundamente, no hay modo de
poder explicarlo aquí. Y, por eso, este trabajo se dedica a su
memoria.
5.
Reflexiones finales. ¿Se puede tratar (y penetrar en) el discurso de un
tabú?
Señalaba Foucault (1974/2017: 28) en la conferencia de Brasil que se
ha comentado, cuando recurría a Nietzsche, que “se comprende entonces
por qué afirma Nietzsche que el filósofo es aquel que más fácilmente se
engaña sobre la naturaleza del conocimiento al pensarlo siempre en forma
de adecuación, amor, unidad, pacificación”. Sin embargo, añadía
enseguida que si quisiéramos saber qué cosa es el conocimiento, no hemos
de aproximarnos a él desde la forma de vida, de existencia ascética
característica del filósofo. Para saber qué es, para conocerlo
realmente, para aprehenderlo en su raíz, en su fabricación, “debemos
aproximarnos a él no como filósofos, sino como ‘políticos’” debemos
comprender cuáles son las relaciones de lucha y de poder (Foucault,
1974/2017: 28). Solamente en esas relaciones de lucha y poder, en la
manera en que las cosas se oponen entre sí, en la manera en que los
hombres luchan, procuran dominarse los unos a otros, quieren establecer
relaciones de poder unos sobre otros, comprenderemos en qué consiste el
conocimiento. Es claro, pues, que un análisis como este nos introduce de
manera eficaz en una historia política del conocimiento, de los hechos y
del sujeto del conocimiento” (Foucault, 1974/2017: 28).
La genealogía foucaultiana emplea técnicas y principios. En
relación con los discursos, se examinan cuestiones muy complejas: cómo
se han formado, cuál es la relación de los discursos con los sistemas de
coacción y cuáles han sido sus condiciones de aparición, de crecimiento,
de variación. Porque, y debe decirse de modo claro, particularmente en
un país como España, históricamente negacionista del fenómeno de la
tortura, de lo que estamos hablando es de semejante violencia
institucional. Dicho de modo más directo: estamos afrontando y
penetrando en un tabú, en un lugar que es “inhabitable”
(Mendiola, 2014). La historia de los saberes de la cárcel y de sus
habitantes es la historia de un lenguaje silenciado.
Pavarini (2006: 32) tal vez lo indicó como nadie: “La historia de la
cárcel se inscribe en la historia más amplia de la hipocresía y tiene
que ver con la censura de las palabras obscenas y los espectáculos
inconvenientes (…) la penología es un arte abyecto”. Y, por cierto, con
ello solo recordaba que así fueron las cosas desde los albores de la
penalidad ilustrada, tan examinada por Foucault (1975/2023) también: la
cárcel que inventó la modernidad —en el binomio para siempre resumido en
la aspiración panóptica de vigilar y castigar— nunca superó el estadio
de abyección. Para comprobar ello y con ese lenguaje, pueden leerse a
los clásicos, como Francesco Carrara (1898), en su introducción al año
académico de 1862-63, en el ateneo pisano, para entender que ya entonces
el maestro de Lucca advertía sobre el invento de aquel ilegalismo
institucionalizado, como Foucault calificó a la cárcel. Pero las
preguntas permanecen: ¿se puede avanzar penetrando en la gramática de un
tabú? (el tabú que representa tener que aceptar que hablamos de la
existencia de la tortura).
Para ir terminando, ¿qué régimen de conocimiento afloró cuando se
puso en práctica (sin haberlo planeado previa o expresamente) la
ecuación planteada en las primeras páginas de este trabajo? Foucault
(1976/2001: 38) respondió anticipadamente a ello cuando señaló que el
GIP intentó hacer aparecer aquello que había permanecido escondido,
oculto “y profundamente invertido en la historia de nuestra cultura: las
relaciones de poder”.
La caja de herramientas de Foucault no es solo una metodología y una
estrategia del pasado. Recuperada en una totalidad mayor, puede y debe
alumbrar el camino del trabajo y de las luchas, también, en el presente.
Michel Foucault sigue siendo en consecuencia una fuente imprescindible
para quienes no aceptamos los relatos dogmáticos, sino que buscamos en
los pliegues inacabables de la gramática del poder. No tengo una
respuesta al interrogante formulado acerca del tabú, pero sí la
necesidad de no contribuir a su mantenimiento.
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