Coincidiendo con la postindustrialización, la globalización y generación de nuevos tipos de trabajos, las po­líticas activas de empleo se extendieron en toda Europa a finales de los 80 y durante los 90 del siglo pasado (Kalleberg, 2009, citado por Haapanala, 2021: 2). Durante este periodo comenzó también a incentivarse la participación de organizaciones de la sociedad civil en las políticas activas. En este sentido, López (2012: 11) clasifica a las organizaciones implicadas en estas políticas en cuatro tipos: las correspondientes al sector público, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones mixtas.

La estructura organizativa de implementación de estas políticas activas de empleo, con participación de organizaciones sociales, puede expresarse en el modelo de gobernanza multinivel, ejemplificada en el triángulo de Pestoff6 (2008), que sitúa a las organizaciones del tercer sector en el centro del triángulo. Según este modelo, las organizaciones están vinculadas a tres modalidades de instituciones, las del Estado, las del mercado y las de la sociedad civil o la comunidad, que se sitúan en los vértices del triángulo. Sin embargo, pese a las aportaciones positivas de las organizaciones en la gestión de políticas activas, también existe el riesgo de que se orienten más al mercado, debido a la competencia creciente del sector privado, junto con participación de organizaciones sin ánimo de lucro en la gestión de las políticas públicas (Sepúlveda, 2015: 842; Doherty et al., 2014).

En línea con lo anterior, Bassoli y Cinalli (2014: 109) subrayan cómo una gran pluralidad de actores sociales participa con el sector público para dar nuevas soluciones al desempleo y la precariedad, a la vez que a los propios desempleados se les incentiva haciéndoles responsables de su situación laboral, en tanto que se reducen las prestaciones sociales y las ayudas públicas por considerarlas inductoras de dependencia entre los afectados (Serrano, 2016; Crespo y Serrano, 2013, Dall y Danneris, 2019).

No obstante, a pesar de esta perspectiva mercantilista de las políticas activas de empleo para colectivos vulnerables, centradas en el empleo, el discurso se suaviza al implicar a organizaciones representativas de la sociedad civil. En esta línea, pero refiriéndose al contexto latinoamericano, Pieck (2012) y Messina (2013:102) subrayan que las organizaciones no gubernamentales, u otras entidades de la sociedad civil, pueden con­tribuir a crear lo que llaman experiencias significativas para los sujetos, antes que centrarse meramente en las metas marcadas por el programa de intervención en cuestión, impuestas por instancias superiores; siguiendo a estos autores, esto lleva al desplazamiento de los intereses institucionales hacia las personas.

Por otro lado, y, paradójicamente, es relevante el hecho de que la implicación de las organizaciones en las políticas activas de empleo se da en contextos de precariedad laboral. En otras palabras, se pone el énfasis en el trabajo decente para todos de las políticas activas, implicando a organizaciones de la sociedad civil a conseguir este objetivo frente a complejas realidades de precarización laboral que tensan la cuerda a favor del mercado.

Respecto al funcionamiento de estas organizaciones en las políticas activas de empleo, Baglioni y Giugni (2014) realizaron una investigación en 7 ciudades europeas y destacaron cómo participan organizaciones muy heterogéneas, como también ocurre en España, incluidas las de la sociedad civil, que representan dos tercios de la muestra en su investigación. En particular, mencionaron a organizaciones como cooperativas sociales, asociaciones voluntarias, organizaciones de movimientos sociales, así como algunos sindicatos y partidos políticos, este último con participación indirecta. Estos autores destacaron que las relaciones de reciprocidad y cooperación entre organizaciones resultan cruciales para un modelo más receptivo a las necesidades de los desempleados (Bassoli y Cinalli, 2014: 130). En general, la investigación de Baglioni et al. (2014) muestra diferencias significativas en la atención a colectivos vulnerables entre las 8 ciudades ana­lizadas, según sean las características relacionales entre organizaciones, pero también según la ideología política imperante en el país.

Los resultados de otras investigaciones (Sepúlveda, 2015; Mesina, 2013; Bonvin y Laruffa, 2022) eviden­cian también limitaciones en la libertad de gestión de las organizaciones, lo que se enlazará en la siguiente sección con el enfoque de capacidades. Se observa, además, diferentes grados de implicaciones de las organizaciones en los diversos programas de formación e inserción a los que pueden optar, ya que algunos organismos tienen más recursos, al poder recabar más financiaciones, aunque todas compartan el interés por responder a la inserción laboral de colectivos vulnerables, no sin dificultades (Baglioni y Giugni, 2014). Del mismo modo, la investigación realizada en la provincia de Cádiz (España) sobre organizaciones involu­cradas en políticas activas de empleo evidencian la diversidad de organizaciones implicadas, desde empre­sas de formación e inserción, Cámara de Comercio, federaciones de personas con discapacidad y organi­zaciones no gubernamentales7, a organismos públicos locales, comarcales y provinciales; evidenciándose su sujeción a las directrices de los programas en los que participan (Carvajal, 2021). De aquí la importancia de promover la libertad, los márgenes de autonomía de estas organizaciones, o incluso de incentivarlas en la toma de iniciativas de innovación para fortalecer la dimensión social frente a la dimensión económica, dominante en el discurso de las políticas activas de empleo. Esto puede promoverse fomentando las capa­cidades colectivas, como se especificará más adelante. Ahora se pasa a analizar el discurso del ODS 8, y de las políticas activas de empleo, desde el enfoque foucaultiano y seniano.

En esta sección se retoma primero el planteamiento de Foucault (1991: 79) sobre el discurso en sus raíces históricas y de cómo funciona a modo de estructuras de pensamiento. Para el autor francés el discurso com­prende una forma compartida de aprehender el mundo, que construye significados y relaciones, ayudando a definir el sentido y el conocimiento legítimo de comprensión de la realidad (Dryzek, 2005: 9).

En cuanto al análisis del discurso del objetivo octavo de desarrollo sostenible, los indicadores que lo definen, comentados brevemente en la sección 1 con referencias al INE, relacionan la calidad del empleo con mejoras en el modelo productivo de la economía y las estrategias comportamentales de los individuos (cualificaciones y competencias laborales de los trabajadores).

Para favorecer la inserción laboral se ofertan cursos de formación para el empleo e itinerarios de inser­ción laboral, muy en la línea de la teoría del capital humano. Esta teoría es un buen ejemplo de racionalidad política de cariz economista e individualista, argumentado en torno al mercado (Kreining y Aigner, 2022; Crespo y Serrano, 2013). La teoría sostiene, a grandes rasgos, que los esfuerzos individuales de mejoras en la cualificación laboral conllevan recompensas personales, de más cuantía salarial para los individuos que invierte en su formación, y, a nivel macro, de un mayor crecimiento económico para el país (Becker, 1994).

Por su parte, Foucault (2009: 225) se refiere a la racionalidad de la teoría del capital humano del siguiente modo: “La conducta individual comienza a ser ahora foco de análisis para los economistas neoliberales, al analizar el trabajo como resultado de una conducta racional del individuo”. También Sen (2005: 7; 2000) es consciente del peso que esta teoría da a la racionalidad centrada en los intereses del individuo, dentro de la lógica del mercado, sosteniendo que Becker (1994) ofrece una lúcida exposición de la utilidad de la forma­ción y cualificación profesional para la promoción social del individuo, sirviéndose de mediciones exhausti­vas del comportamiento, ajustados a unos parámetros teóricos matemáticos.

Basta retomar de nuevo los prerrequisitos del ODS 8, mencionados arriba, que ponen énfasis, a nivel micro, en las cualificaciones laborales, y, a nivel macro, en el crecimiento productivo, para relacionarlos con la teoría del capital humano. Por consiguiente, la propuesta de Becker enfoca el estudio del trabajo y la cua- lificación en torno a su valor dentro del mercado, y a partir del comportamiento del individuo, aislando los factores históricos, de procesos o sociales que puedan estar interfiriendo en la óptima adecuación entre oferta de cualificación y demandas de empleo existentes (Dall y Danneris, 2019). En esta misma línea, Sen (1999: 29) llega a decir que la racionalidad económica lleva a una indeterminación contextual y a ignorar exi­gencias morales.

Estas lecturas de Sen y Foucault implican un reconocimiento de que el mercado sigue utilizándose como motor principal del discurso político, lo que lleva también al reconocimiento del crecimiento económico como cuestión principal para el desarrollo humano. Rossi (2004: 9) se pregunta, a este respecto, sobre las fuerzas de poder que dirigen la política, y sobre el grado de libertad del contexto, o de los márgenes de ma­niobra que tienen los diferentes agentes sociales frente al discurso general o dominante. Se parte de la base de que las características del discurso tienen unas consecuencias directas en las actuaciones políticas llevadas a cabo, en los programas que se aprueban, y en los modelos de gestión aplicados.

Por otro lado, en este discurso del capital humano, pero también en las políticas activas de empleo, no se calibra o valora cómo impacta el compromiso social en el entorno, como si el funcionamiento de la eco­nomía, y el de los propios trabajadores, percibidos aisladamente, fueran los factores principales del curso tomado por los acontecimientos, descartando o reduciendo la influencia de formas históricas y sociales más amplias de concepción de la realidad (Ferguson, 1994, citado por Rossi, 2004). Estas estrategias se relacio­nan también con la investigación realizada en Europa por Baglioni et al. (2014), y la realizada en la provincia de Cádiz, en las que buena parte de las organizaciones están supeditadas a las directrices de formación y empleo para desempleados que marcan los programas de formación e inserción laboral de la adminis­tración, utilizando una concepción de la formación para el empleo ajustada a la teoría del capital humano. También se observa que, en el discurso de las políticas activas de empleo no solo se da relevancia a la par­ticipación de las organizaciones, también se conduce a los propios desempleados a la búsqueda activa de empleo, haciéndoles responsables de su propia situación (Serrano, 2016; Serrano et al., 2012).

En relación con el objetivo 8, y en línea con la teoría del capital humano al que responden algunos de sus indicadores, pero también en línea con la definición de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1999), cabe afirmar que se utilizan indicadores sobre el trabajo decente que descuidan los factores contextuales relacionados con las particularidades del territorio, como sostenían ya otros autores sobre el trabajo decente y el desarrollo sostenible (Kingdon y Knight, 2007; Kreinin y Aigner, 2022; Griggs et al., 20148). A este respecto, ya a principios del siglo XXI, Kingdon y Knight (2007) proponían superar esta limitación mediante otros indicadores de trabajo decente que incluyeran medidas de crecimiento no limi­tadas solo al ámbito económico. En esta misma línea, Ghai (2003: 125-128), que fue director del Instituto de Nacionales Unidas para el desarrollo social, también reconoció las limitaciones de los indicadores para medir el trabajo decente. Esta crítica sigue vigente en la actualidad, ya que para Kreinin y Aigner (2022), y con relación al objetivo 8 de la Agenda 2030, se sigue necesitando un marco novedoso para superar esta limitación y poder responder a la sostenibilidad fuerte, que no se limita solo a lo económico. Estos autores incluyen una primera propuesta de nuevos subobjetivos, metas e indicadores para el ODS 8, para medir la dependencia de las sociedades al crecimiento económico. Con relación también al objetivo 8, Kwon y Lane (2016: 3) sostienen que “para comprender el desempleo, y las situaciones de precariedad laboral en general, hay que considerar cómo afecta el contexto, incluyendo una variedad de ángulos históricos, políticos, cul­turales y económicos”, porque en modo alguno se consideran estas cuestiones cuando se define el trabajo decente, tan focalizado en torno al mercado, o al crecimiento económico. En relación a todo esto, y recien­temente, Dellve et al. (2025) destacan los sesgos, tensiones y contradicciones implícitos en el objetivo oc­tavo del desarrollo sostenible. En particular, sostienen que la implementación de este objetivo es compleja, incluso en países democráticos con políticas, legislaciones y servicios sociales avanzados; principalmente, porque la aspiración de trabajo decente para todos se enfrenta a los desafíos de la polarización de los mer­cados laborales (Dellve et al., 2025: 4).

Además, se destaca el hecho de que el discurso en torno al mercado, y al crecimiento económico, ha ido parejo a un incremento de la precariedad entre los más vulnerables. En línea con esto, Haapanala (2022) se pregunta si estas políticas activas y el empleo atípico están relacionados. Observa que las medidas de activación al empleo pueden tener unas consecuencias no deseadas en el incremento del empleo precario. Del mismo modo, las políticas de activación al empleo coinciden en el tiempo con la expansión del empleo a tiempo parcial y temporal en toda Europa (Rasmussen et al., 2019, citado por Haapanala, 2022). Para Elson (2015), dada esta centralidad del trabajo, y, por tanto, del mercado, la población trabajadora es vista como un elemento más de los costes de producción, junto con la maquinaría y materias primas. Con relación a las limitaciones del mercado, Sen (2020: 52) ya sostenía que la economía moderna se asienta en una visión estrecha del ser humano, pudiendo considerarse una de las mayores deficiencias de la teoría económica contemporánea.

Esta crítica de Sen a la economía convencional cabe aplicarla también a los componentes que caracteri­zan el objetivo 8 de la Agenda 2030. Además, desde el enfoque de capacidades la teoría económica estándar no sería un marco teórico adecuado para el desarrollo sostenible (Seckler and Volkert, 2021). Principalmente, porque la conformación del trabajo decente en torno al mercado reduce las capacidades de los individuos, referidas a las oportunidades reales de las que puede disponer la persona para optar a diferentes estilos de vida (Sen, 1985; 1992; 1997; 1999; Clark, 2005). Por tanto, la disposición del trabajo condicionado al mercado limita las posibilidades de elección de los colectivos vulnerables, la de las personas desempleadas con me­nores posibilidades de encontrar empleos de calidad, y más cuando a estas se les conduce al ámbito laboral como única opción, pese a las precarias condiciones de los trabajos que encuentran.

Respecto a la relación entre esta centralidad del trabajo y la sostenibilidad, Graeber (2018: 12) observa que la perspectiva débil del desarrollo sostenible está apoyada y compartida por partidos políticos de di­ferentes ideologías, y “se relaciona con una concepción central del trabajo incuestionable e inherente a la esencia misma de lo humano”. De este modo, el enfoque estrecho de desarrollo sostenible mantiene la cen- tralidad del trabajo en torno al mercado, e incluso considerándolo como elemento clave para la integración social, fundamentado en un ciclo virtuoso y reforzado entre crecimiento económico y Estados del bienestar (Laruffa, 2022: 824). De aquí también la pretensión de querer conseguir la cohesión social mediante la in­serción laboral. En este sentido, Laruffa (2022: 825-826) distingue dos posturas bien diferenciadas sobre el desarrollo sostenible, un primer enfoque de sostenibilidad, asentado en la defensa de mejoras medioam­bientales, y compatibles con el crecimiento económico, que es el dominante. En este enfoque débil el tra­bajo decente para todos está condicionado al crecimiento económico. El segundo enfoque de desarrollo sostenible es más social, y, está promovido, principalmente, por movimientos sociales y académicos, que postulan una sociedad postproductivista, que daría preferencia a un enfoque fuerte de desarrollo social sostenible, o desarrollo inclusivo. En este sentido, López et al. (2018: 33) afirma que no asumir la dimensión social por parte de las instituciones supondría dificultar la equidad social, y, que, si bien los objetivos de desarrollo sostenible incorporan ampliamente esta dimensión, no están exentos de contradicciones. Por su parte, para Laruffa (2022), un desarrollo sostenible inclusivo conllevaría una transformación socioecoló- gica, así como de estados de bienestar más capacitantes (Brand, Gorg, and Wissen, 2020; Koch and Buch- Hansen, 2021; Soper, 2020; citados por Laruffa, 2022). Esta segunda postura sería más posible de alcanzar con el compromiso social al que apela Sen (1999: 87-88), como elemento necesario para la vida democrática y para las libertades de los individuos.

Justamente, este compromiso se ha iniciado ya con el protagonismo que toman las organizaciones so­ciales en las políticas activas de empleo. En línea con todo esto, y siguiendo a Foucault (1995: 7-9), se hace necesario distinguir entre dos racionalidades, una de nivel macro y otra de nivel micro. Primero, a nivel ma- cro, la racionalidad resulta de las argumentaciones constituidas en las relaciones de poder, mediante el uso que se hace del saber, por ejemplo, con la teoría del capital humano comentada arriba, pero también con el discurso imperante en las políticas activas de empleo y de su referencia al objetivo 8 de desarrollo sos- tenible. En segundo lugar, la racionalidad a nivel micro es la que ejercita el propio individuo cuando se man­tiene crítico frente a las racionalidades impuestas, y, para ello las organizaciones implicadas en las políticas activas de empleo pueden ser un medio para hacerla posible. Esta racionalidad a nivel micro está también vinculada a la libertad, mediante la práctica de la resistencia y creencia en el poder emancipador de la crítica (Tobias, 2005: 68). Se trata de una racionalidad que se ejercita con el propósito de deconstruir el discurso, tan necesario para un cambio de paradigma, para lo que las organizaciones de la sociedad civil podrían te­ner una labor primordial. En otras palabras, esta racionalidad que parte del individuo conlleva la adopción de una actitud crítica que permita diagnosticar el presente para transformarlo (Vignale, 2014: 5).

Por último, se subraya de nuevo que, pese a esta visión estrecha del desarrollo sostenible, se introducen elementos discrepantes con el discurso dominante que se aprecia con la participación de organizaciones de la sociedad civil en las políticas activas de empleo y que apuntan a que estamos en un nuevo paradigma.

Con relación a esto, Rossi (2004: 22), siguiendo el enfoque foucaultiano, observa un campo de fuerzas entre el discurso dominante del desarrollo económico productivista y otros discursos alternativos. En esta misma línea, Gramsci (1971) señalaba que el discurso dominante se mantiene gracias a la absorción en el discurso principal de elementos sociales, de valores e intereses discrepantes, e incluso contradictorios con el dis­curso dominante, ubicados en una etapa discursiva a la que calificó de “absorción de la antítesis”. Siguiendo la reflexión de Gramsci, en la práctica, la realidad social en torno al empleo ha cambiado sustancialmente, pero sigue sujeto todavía al discurso dominante asentado en la dimensión económica. Incluso pareciera que estas organizaciones sociales sigan fieles a este discurso centrado en la inserción laboral de los colectivos desempleados vulnerables, focalizado en lo económico.

Respecto a las normativas de 2021 y 2024 sobre políticas activas de empleo destacan cómo estas polí­ticas están destinadas, preferentemente, a colectivos vulnerables, subrayando la dimensión social de estas políticas. La normativa de 2021 entiende por colectivos vulnerables a aquellas personas desempleadas que presentan mayores dificultades de inserción laboral9^. En particular, la palabra “colectivos” aparece en este texto 42 veces, con referencias a colectivos vulnerables o colectivos prioritarios. Del mismo modo, las dos normativas reconocen esta dimensión social al mencionar el objetivo 8 de la Agenda 2030, porque bajo este objetivo el texto especifica que: se pretende promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Pero, al analizar los dos textos con más detenimiento se comprueba, por ejemplo, que la referencia a la innovación social, que podría ser un instrumento para conseguir este de­sarrollo social inclusivo, brilla por su ausencia. La normativa de 2021 y 2024 cita reiteradamente el concepto de “innovación”, pero siempre subrayando la dimensión económica, encauzada a la “innovación para el em­pleo y para la activación al empleo”, lo que implica poner lo económico por delante de lo social. Esta carac­terística del discurso se da pese al hecho de que la normativa de 2021 menciona la palabra “discapacidad” en 124 ocasiones, lo que podría ser claramente indicativo de la necesidad de reforzar la dimensión social. De hecho, la dimensión social queda reducida también por la evidencia de que la palabra “cohesión social” es mencionada una sola vez, mientras que la palabra “integración10” se cita en 22 ocasiones, mayoritariamente como “integración laboral”, pese a que los empleos obtenidos por estos colectivos desempleados vulnera­bles pueden ser precarios, e incluso percibirse como insatisfactorios por estas personas.

Estas cuestiones hacen que sea de interés analizar cómo el discurso dominante de desarrollo económi­co productivista está en connivencia con otros discursos alternativos (Rossi, 2004), o bien, sobre la obser­vación de Gramsci (1971) en torno a la absorción de la antítesis. Se entra a continuación a reflexionar sobre estas cuestiones, centrando la atención en las organizaciones implicadas en las políticas activas de empleo, y partiendo principalmente del enfoque de capacidades de Sen.

En cuanto a las organizaciones, la participación de estas en las políticas activas de empleo conlleva un compromiso con la inserción laboral de colectivos vulnerables. En este sentido, cabría esperar que las or­ganizaciones pudieran abrir espacios de debates para los trabajadores precarios, dándoles la oportunidad de poder expresar opiniones sobre su participación en los programas, sus posibilidades de inserción laboral en torno a sus valoraciones sobre los empleos ofertados, hasta el punto, incluso, de que estas personas pudieran disponer de otras opciones previas a la toma de decisiones frente a la inserción laboral, fomentan­do así la dimensión social de estas políticas frente a la dimensión económica centrada en el mercado. Es pertinente destacar, con relación a esto último, la aportación de Bonvin (2012; citado por Regier, 2024: 89) al introducir el término de “capacidad de voz” entre personas trabajadoras y desempleadas. Esta capacidad valora las posibilidades de estos colectivos de poder expresarse.

Bonvin (2012) subrayó también cómo la capacidad de voz está condicionada por las normativas que se aprueban sobre el mercado laboral. Del mismo modo, Fernández-Urbano y Orton (2021; citado por Regier, 2024: 89-90) llevaron a cabo una investigación empírica sobre la capacidad de voz y la capacidad de elec­ción entre participantes en políticas activas de empleo en Dinamarca. Sus resultados evidenciaron la ausen­cia de estas capacidades entre los participantes en las políticas de inserción laboral. También mostraron cómo estas medidas de inserción afectan negativamente al bienestar de los demandantes de empleo, a pesar de que mucho de ellos encontraran trabajo. Regier (2024: 90) reflexiona sobre estos hallazgos in­troduciendo interrogantes sobre la calidad de los trabajos que obtienen estos demandantes, al confrontar con las preferencias de los propios desempleados/as, lo que significa también para la autora cuestionar la utilidad de la política y demostrar la importante aportación del enfoque de capacidades para el análisis de esta realidad.

Por otro lado, y volviendo al tema central de esta sección sobre las organizaciones implicadas y las po­líticas activas de empleo, se detalla seguidamente cómo la normativa subraya la dimensión económica, dejando en una posición muy relegada la dimensión social. En primer lugar, y con relación a la tipología de organizaciones, la normativa de 2021, en su artículo 20, especifica que serán beneficiarias de subvenciones para programas de inserción laboral entidades y corporaciones locales, así como organizaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia.

Algunas de estas organizaciones, por su propia naturaleza, tienen el compromiso de contribuir al bien­estar social de sus usuarios, además de colaborar en su inserción laboral (federaciones de personas con discapacidad, fundaciones, ONG). Sin embargo, se presentan algunas limitaciones, por ejemplo, las inves­tigaciones consultadas muestran que estas organizaciones mantienen escasas relaciones de cooperación entre ellas (Baglioni et al., 2014). Además, se observan situaciones de competencias entre organizaciones por hacerse con clientes (desempleados), lo que dificulta aún más la cooperación, y, por tanto, el poder dar respuestas adecuadas a las necesidades de los colectivos. También influyen otras limitaciones del contexto, como una alta tasa de paro y el tener que ajustarse a las directrices que marcan los programas de inserción laboral, respondiendo de forma insuficiente a las necesidades particulares de los colectivos vulnerables (Carvajal, 2021; 2022).

En particular, en la provincia de Cádiz (España) se observan disparidades entre organizaciones en el gra­do de participación en programas de formación e inserción laboral. Algunas organizaciones11 participan de forma limitada en programas de inserción laboral, mientras otras, como la Fundación Inserta de la ONCE, cuenta con mayores recursos para ofrecer a sus usuarios, si bien es cierto que esta última colabora también con otras federaciones de personas con discapacidad, ayudando a la inserción laboral de sus usuarios.

Pese a algunos logros positivos, en esta zona andaluza con alta tasa de paro las organizaciones llegan con frecuencia a resultados de inserción laboral insuficientes para estos colectivos, y, generalmente, en trabajos precarios. Sin embargo, y hay que reconocer esta faceta, contribuyen, en mayor medida, a mejo­rar el bienestar psicosocial de estos colectivos. De hecho, todas las investigaciones consultadas enfatizan también cómo las organizaciones están contribuyendo al bienestar psicosocial de sus clientes: personas desempleadas y trabajadores precarios. Por tanto, están logrando objetivos que van más allá de la mera pretensión de empleabilidad (Baglioni y Giugni, 2014), por ejemplo, al favorecer el capital social12 (contactos entre los desempleados y con la comunidad).

Estas referencias al capital social conducen, a su vez, a las capacidades colectivas, indicativas de cual­quier grupo que actúa para hacer realidad un derecho que obra en la vida del grupo, como sujeto colectivo, y de sus miembros a título individual, mejorando sus condiciones de vida (Rosignoli, 2018: 820). Esto es, las capacidades colectivas son de especial relevancia para ampliar las capacidades individuales (Robeyns, 2005; Stewart, 2005; Alkire, 2008; Leßmann y Roche, 2013; Lyon, 2019; Leßmann, 2022). En este sentido, Stewart (2005: 199) se refiere a las capacidades colectivas cuando el grupo, o la organización, facilita a sus miembros el acceso a los recursos políticos, sociales y económicos. En definitiva, las organizaciones emprenden acciones colectivas que tienen consecuencias en la vida de los miembros del grupo (Robeyns, 2017; Rosignoli, 2018: 817; Evans, 2002). Del mismo modo, para Ibrahim (2006: 404) las capacidades colec­tivas afectan a las capacidades individuales, de tal forma que estas últimas no podrían alcanzarse sin una colectividad.

Este reconocimiento de las capacidades significa situar al ser humano en el centro, en lugar de reducir el florecimiento humano al condicionante económico (Lambert, Vero y Zimmermann, 2012: 15), y, por tanto, lleva a destacar la importancia del compromiso social. Dicho de otro modo, implica el reconocimiento de una racionalidad que incluya razones socialmente responsables y moralmente inteligibles (Demals y Hyard, 2014). Por esto, para Sen (2020: 52) los supuestos motivacionales no se circunscriben solo al interés propio, como pueda ser el mercado. Comprenden también objetivos marcados en relación con los demás, que van más allá del propio bienestar personal, lo que lleva a obligaciones y compromisos con los otros (Seckler y Volker, 2021).

En relación con el compromiso social, Leßmann (2022: 261) distingue dos efectos básicos de las capa­cidades colectivas en las capacidades de los individuos: 1) Cuando las acciones colectivas favorecen las capacidades de bienestar de los individuos (responder a necesidades de bienestar psicosocial, de bienes­tar material, por ejemplo); 2) Cuando las acciones colectivas propician las capacidades de agencia de sus miembros integrantes (la organización ofrece oportunidades para la discusión y la toma de decisiones de sus miembros).

Respecto a la capacidad de bienestar, las organizaciones sociales implicadas en la inserción laboral de los colectivos vulnerables no solo facilitan cursos de formación, e itinerarios de inserción laboral, también están contribuyendo a reforzar lazos sociales entre los trabajadores precarios, y de estos con la comunidad (Dall and Danneris, 2019). Lo dicho se comprueba en investigaciones realizadas por otros autores (Messina, 2013; Pieck, 2012; Baglioni et al., 2014), y en la realizada en la provincia de Cádiz (España), donde se realizaron en 2018 siete entrevistas focales a diferentes colectivos de desempleados13 (Carvajal, 2022). Los resulta­dos apuntan a que las personas desempleadas consideran el trabajo como un medio material fundamental para cubrir necesidades básicas, y también para sentirse parte de la sociedad y aumentar su valía personal.

Pero había también discrepancias entre algunos colectivos, principalmente los mayores de 45 años, que percibían, con frecuencia, que sólo tenían accesos a trabajos precarios, poco gratificantes, lo que les hacía deseable alcanzar la edad de jubilación. En general, todos los colectivos entrevistados fueron conscientes de sus dificultades para la inserción laboral, por la inestabilidad y malas condiciones laborales, y por la exis­tencia de prejuicios sobre discapacidad, edad, o por falta de cualificación profesional o experiencia laboral. Pero, en su aspecto positivo, la asistencia al curso de formación para el empleo también proporciona a la persona desempleada un orden o rutina en su vida cotidiana que favorece su capacidad de bienestar psico- social, al compartir un espacio común con otros compañeros.

En líneas generales, las investigaciones referidas muestran que los programas de activación al empleo pueden propiciar mejoras en el bienestar psicosocial del alumnado, pero descuidan la capacidad de agen­cia de estas personas. Esta capacidad, como espacio de libertad, permitiría a estos trabajadores precarios convertirse en agentes activos y responsables en su toma de decisiones (Sen, 2010: 301).

En cuanto a la formación para el empleo, en lo que tanto se insiste desde las políticas activas de empleo, Lima y Guimaráes (2015:250) creen que está relacionada con la flexibilidad laboral y los cambios en la es­fera del trabajo. Esto significa que la formación puede estar ayudando a superar la pérdida de centralidad del trabajo, mitigando las consecuencias negativas del desempleo. En línea con todo esto, surgen dudas razonables respecto a la eficiencia de algunas organizaciones para que los colectivos vulnerables consigan empleos decentes, como indica la normativa 2021 y 2024 de políticas activas de empleo al incluir el objetivo 8 de desarrollo sostenible, que marca el propósito de trabajo decente para todos.

Con relación a las capacidades colectivas de la organización, y a su poder reivindicativo, caben distinguir entre la capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia (Rosignoli, 2018: 819-822). Dentro de la capa­cidad de resistencia este autor distingue dos actuaciones: las estrategias defensivas y las ofensivas. En las estrategias defensivas la organización establece acciones compatibles con los programas existentes. En las segundas, las ofensivas, se llevan a cabo acciones que intentan modificar, o incluso romper lo existente propiciando un cambio social (Lallau, 2008: 182, citado por Rosignoli, 2018: 829).

Por otro lado, las capacidades colectivas de resiliencia, según Volker (2013: 11, citado por Rosignoli, 2018: 821) se dan cuando los grupos (instituciones u organizaciones) pueden sustituir la falta de poder de decisión de las personas mediante procesos de empoderamiento, como un contrapunto adaptativo frente a las difí­ciles situaciones que viven sus miembros. En buena medida, la capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia están entrelazadas y son complementarias (Rosignoli, 2018). Pero, ¿qué ocurre cuando las organi­zaciones se circunscriben solo a actuaciones defensivas y de resiliencia, de adaptación frente al desempleo, supeditadas a los programas de políticas activas existentes sin llevar a cabo acciones reivindicativas, y, por tanto, sin propiciar un cambio social que sea más efectivo a los deseos y necesidades de sus usuarios?

Respecto a las organizaciones implicadas en políticas activas de empleo, estas ejercitan su capacidad colectiva de resiliencia cuando participan en los programas de formación e inserción, porque contribuyen al bienestar psicosocial de los colectivos vulnerables. También, en el ejercicio de sus capacidades colectivas las organizaciones pueden contribuir con sus acciones a iniciativas de innovación para el empleo, como recogen las normativas, equivaliendo a las estrategias defensivas mencionadas por Rosignoli, siguiendo la línea de actuación que establece el discurso imperante. En cambio, las estrategias ofensivas, que pretendan propiciar el cambio social con iniciativas planteadas desde un enfoque diferente, no están contempladas entre las posibilidades de estas políticas de activación al empleo. Las organizaciones quedan relegadas a lo que establezca el discurso contenido en las normativas, sujetas a las subvenciones que recojan los progra­mas de formación e inserción laboral ofertados.

En perspectiva comparada, y en relación a lo comentado en el párrafo anterior, los sindicatos han sido un ejemplo claro de organización con capacidad de resistencia frente al poder que pudieran ejercer el gobierno y la patronal. La organización sindical se creó para expresar los intereses colectivos de los trabajadores en las negociaciones con los empleadores (Rosignoli, 2018: 821). Pero, ¿qué organizaciones defienden los inte­reses laborales de los trabajadores precarios y/o colectivos desempleados de hoy día? Las organizaciones implicadas en los programas de formación e inserción laboral para colectivos vulnerables están lejos de adoptar medidas de resistencias ofensivas, y, por tanto, reivindicativas, como tradicionalmente han hecho los sindicatos. Se quedan, en mayor medida, en acciones encaminadas a promover la resiliencia entre los colectivos vulnerables con meras acciones adaptativas. Además, en las investigaciones mencionadas se evidencian que las capacidades colectivas de las organizaciones están limitadas por el tipo de relaciones que mantienen las organizaciones entre sí y con la Administración pública, por las directrices que marcan los programas de políticas, e, incluso, por la ideología política imperante en una ciudad o país concreto. De este modo, los colectivos vulnerables, que son también trabajadores precarios, participan en los programas y se adaptan mejor al desempleo mediante acciones colectivas de resiliencia. Se evidencia así que la acción colectiva mejora las capacidades de bienestar psicosocial de los individuos, pero a duras penas aportan para el desarrollo de las capacidades individuales de agencia.

Se insiste, por tanto, que una línea de acción diferente sería mantener una postura de resistencia ofensiva (de intentar modificar lo existente), como han hecho históricamente los sindicatos. Incluso cabría reflexionar un poco más en torno a las capacidades de agencia, tan necesarias para ejercitar la autonomía del individuo, porque estos colectivos vulnerables, con frecuencia, solo pueden optar a empleos precarios y con malas condiciones laborales. Habría que preguntarse qué elegirían estas personas si pudieran decidir. Lo ideal sería que tuvieran la oportunidad, como seres humanos, de poder florecer en una multiplicidad de formas más allá del trabajo (Laruffa, 2020; Bonvin y Laruffa, 2022), en vez de verse abocados a tener que optar a trabajos indecentes.

En relación a esto último, Seckler y Volker (2021) sostienen que las decisiones tomadas en torno al de­sarrollo sostenible deben reflejar lo que los ciudadanos quieren y valoran, y esto implica que la gente pueda influir en el razonamiento público estableciéndose mecanismos que permitan una mayor participación de sus miembros dentro de las organizaciones. Esto estaría en consonancia con un desarrollo social sostenible realmente inclusivo, mencionado antes por Laruffa (2022), en una versión fuerte del desarrollo sostenible, y pasaría primero por fomentar entre las organizaciones las capacidades colectivas, para contribuir realmente a ampliar la capacidad de agencia entre los colectivos desempleados vulnerables.