El tratamiento de la cuestión médica en la obra de Foucault bascula entre el análisis de la cientificidad de una medicina sustentada en la anatomía patológica y la crítica política de un pensamiento médico clínico- normalizador (Fortanet, 2022: 82) y epidemiológico-gubernamental. En esta perspectiva epidemiológica- gubernamental de la enfermedad encontramos “el esbozo de una serie de elementos que son muy importantes para la extensión ulterior de los dispositivos de seguridad en general” (Foucault, 2008: 69); los mimbres con los que trenzar una penalidad actuarial guiada por los principios de prevención y eficiencia. No hemos de entender, por tanto, estos análisis acerca del tratamiento epidemiológico de la viruela (como tampoco los referidos al tratamiento de la peste o de la lepra) como una continuación de los estudios acerca de la fundamentación científica del saber médico, sino en el marco de unas nuevas tecnologías securitarias y siempre en relación con la preocupación del francés por la emergencia de un gobierno del riesgo en el que el tratamiento clínico del peligro individual es desplazado por una gestión securitaria de poblaciones de riesgo. En esta lectura médico-política hemos de entender también la preparación del curso del 78. Un año antes de que Foucault imparta dicho curso aparecen publicadas dos obras6 que, según los comentaristas del mismo (Foucault, 2008: 66, nt.2), el francés pudo haber consultado para su preparación (Razzell, 1977; Miller: 1957). Foucault a lo largo del curso no hace referencia a estas obras (lo cual no es significativo pues no es práctica habitual en los cursos la mención expresa de la bibliografía secundaria). Lo cierto es que en ambas publicaciones, referidas a la generalización de la práctica de la inoculación como tratamiento preventivo de un evento-enfermedad de carácter colectivo, encontramos rasgos fundamentales de lo que será la caracterización foucaultiana del riesgo epidemiológico. Cuestiones como la procedencia exógena al ámbito médico de las prácticas inoculadoras (Razzell, 1977: 11-12; Miller: 1957: 56); la generalización de las técnicas estadísticas y probabilísticas no solo para la distribución y el tratamiento diferencial de poblaciones sino también para la evaluación del éxito de medidas y políticas (Razzell, 1977: 21y ss.; Miller: 1957: 103); la delimitación, en función de una serie de factores de riesgo, de poblaciones susceptibles sobre las que intervenir de manera preventiva (Razzell, 1977: 31; Miller, 1957: 120), o la importancia de los criterios de eficiencia para determinar el éxito o viabilidad de las medidas a tomar (Razzell, 1977: 48-49; Miller, 1957: 245-246) son fundamentales en el análisis foucaultiano de una caracterización epidemiológica del riesgo íntimamente ligada a una gestión securitaria de las poblaciones. La introducción de “nociones novedosas” (Foucault, 2008: 71) como caso, riesgo, peligro o crisis supone la irrupción de unas tecnologías de regulación y control cuyo objetivo no es ya la erradicación del evento indeseado (enfermedad o crimen) sino la intervención preventiva sobre una serie de factores de riesgo (no necesariamente causales) en aras de una minimización de daños; la gestión y administración de peligros y poblaciones vulnerables o, llegado el caso, la segregación de poblaciones de riesgo para evitar el riesgo de contagio. Será precisamente, como vamos a ver, el carácter preventivo de estas técnicas epidemiológicas, la importancia de unos factores de riesgo independientes y no ligados por una estricta relación de causalidad, y la determinación de poblaciones vulnerables sobre las que enfocar la acción lo que nos sirva para mostrar la vinculación estrecha entre estas técnicas epidemiológicas y la penalidad actuarial tomando una cierta distancia de las tecnologías propiamente aseguradoras.

Si entendemos la epidemiología como el estudio de la distribución de la frecuencia con la que determinados eventos o enfermedades tienen lugar sobre ciertos grupos sociales y el análisis e intervención sobre una serie de factores cuya presencia, ausencia, incremento o decremento influyen, de una u otra manera, en las probabilidades de que se produzca dicho evento no deseado (Colimon, 2010: 3), los vínculos con unas tecnologías actuariales de procedencia exógena al derecho y el cuestionamiento de esa “estrecha vecindad” con las tecnologías aseguradoras nos resultarán más familiares.

La categorización unívoca de las tecnologías del riesgo encubre, como hemos dicho, una pluralidad de perspectivas y dimensiones distintas de estos usos (gubernamentales). Desde una perspectiva eminentemente foucaultiana el británico Mitchel Dean distingue, sin ningún afán totalizador [pues el riesgo es un “concepto indisciplinado” (De Almeida, Castiel, Ayres, 2009: 335) que permite ser renovado y actualizado y se rebela contra cualquier clasificación que pretenda delimitar un numerus clausus de supuestos del mismo], una tipología de riesgos en la que diferencia: riesgo asegurador, epidemiológico, de gestión de casos y clínico. Centrando nuestra atención en los dos primeros –cuya distinción y relación con las tecnologías penales actuariales nos ocupa–, es fundamental resaltar que, pese a similitudes en el uso de procedimientos estadísticos y de clasificación de poblaciones o cuantificación del riesgo a tenor de la presencia de una serie de factores y frecuencias, las técnicas epidemiológicas tienen su propia racionalidad distintiva y sus herramientas y técnicas de intervención específicas (Dean, 1998: 32) que permiten diferenciarlas de las tecnologías aseguradoras. El propio Ewald, al tratar de definir la tecnología del seguro, da cuenta de su carácter equívoco y plural. El proceso de aseguramiento comprende, según el francés: “1) una técnica de estimación del riesgo en términos actuariales; 2) las prácticas de restitución e indemnización de daños que pone en marcha esta técnica; y 3) las instituciones que estructuran los esquemas de seguros públicos y privados” (Ewald, 1990: 141). Las tecnologías actuariales son una parte importante de este procedimiento asegurador, pero precisamente por ello, no podemos identificar estas tecnologías aseguradoras como únicamente actuariales ni al contrario, las técnicas actuariales como tecnologías aseguradoras; “las operaciones actuariales para el cálculo de riesgos desbordan el campo del aseguramiento” (San Martín Segura, 2021: 289).

La tecnología aseguradora supone la socialización de un riesgo probable estimado en el marco de una determinada población a partir de patrones frecuenciales y mediante una tasación de posibles factores de riesgo. El seguro cuantifica, objetiva y monetariza hechos y conductas riesgosos que únicamente pueden serlo al ser tratados de forma colectiva, tomando como referencia la población (Ewald, 1990:146). Se trata de determinar una prima, una compensación y una indemnización rentables para un daño probable. Es por tanto una tecnología performativa en tanto que es el asegurador no solo quien crea nuevos riesgos sino también quien cuantifica, evalúa y determina los niveles y grupos de riesgo (Vila Viñas, 2012: 98-99). Por su parte, el riesgo epidemiológico, propio de la gestión y preservación de la salud pública, pone su blanco en la población como sujeto colectivo por encima de lo individual. Lo particular no es propiamente individual sino un “caso”, una manera de cuantificar e identificar el fenómeno individual integrado en un ámbito colectivo (Foucault, 2008: 69). De acuerdo con esta noción de “caso” la medición de sucesos individuales remitirá al estudio de la frecuencia con que un determinado evento se manifiesta en una población en un tiempo y espacio concretos. A partir de una serie de técnicas propias (curvas epidemiológicas, tasas de mortalidad y morbilidad, etc.), la evaluación y medición del riesgo epidemiológico permite la adopción de distintas medidas políticas, administrativas o securitarias en función de la incidencia –entendida como el número de casos nuevos en una determinada población en un tiempo concreto (Shoemaker y Delgado Noguera, 2019: 66)– y de la prevalencia –la proporción de individuos afectados por un evento en una población concreta– sobre distintas poblaciones de riesgo. La evaluación y cuantificación de eventos pasados es fundamental para una adecuada previsión de riesgos futuros. Tecnologías aseguradoras y epidemiológicas coinciden en este propósito predictivo a partir del estudio de patrones pasados. No obstante, es en el tratamiento de estas predicciones donde ambas toman caminos separados.

La predicción aseguradora tiene como propósito la previsión frecuencial del riesgo en aras de establecer unas primas e indemnizaciones rentables; no interviene sobre el riesgo sino que lo trata de compensar a posteriori. Por el contrario, una determinación epidemiológica del riesgo implica no solo su predicción y estimación sino, fundamentalmente, una actuación preventiva, anticipatoria, destinada a la minimización y gestión eficiente de los riesgos. Es en esta naturaleza preventiva y anticipatoria donde la vinculación entre esta concepción epidemiológica del riesgo y las tecnologías penales actuariales se hace especialmente patente. No se trata únicamente de una previsión de riesgos, de un pronóstico elaborado a partir del estudio de patrones pasados que se repiten con una cierta frecuencia, sino de una naturaleza esencialmente preventiva que, como tal, supone la amalgama de la predicción y la intervención, de la previsión y la acción, del saber epistemológico predictivo y las estrategias prácticas de intervención (Freeman, 1992: 35). La finalidad epidemiológica es práctica, “es la acción sobre la población en general, o en forma específica en los grupos de alto riesgo” (Colimon, 2010: 319). Esta intervención preventiva es en sí misma una intervención de naturaleza política, no meramente técnica, sino “estrechamente relacionada con los valores sociales y la organización política e institucional” (Freeman, 1992: 40).

El carácter preventivo y práctico de estas tecnologías del riesgo epidemiológico es señalado por el propio Foucault al destacar que estas técnicas requieren de “toda una serie de formas de intervención” (Foucault, 2008: 71) destinadas no a la erradicación del riesgo sino a la gestión diferencial de los mismos. Ese mismo carácter preventivo –propio, como hemos visto, de las tecnologías epidemiológicas pero no de las aseguradoras– es fundamental en una penalidad actuarial cuya preocupación por la defensa de la sociedad y la priorización de la seguridad por encima de otras cuestiones supone y legitima intervenciones anticipatorias sobre poblaciones de riesgo. Esta finalidad preventiva, que trasciende el ámbito propio de la penalidad, es importada a la criminología, sostiene Farrington, desde una dimensión médica y de salud pública (Farrington, 2000: 2). En aras de la prevención estas tecnologías penales actuariales suponen verdaderas políticas performativas generadoras de nuevos riesgos que legitimarán nuevas intervenciones. En un primer momento, en su artículo de 1992, Simon y Feeley trataron de desvincular las tecnologías actuariales de cualquier intencionalidad política apelando a un carácter técnico-científico prepolítico7. El propio Simon, años después, corrigió esta aparente neutralidad política de las tecnologías actuariales mostrando no solo su evidente carácter desmovilizador e imposibilitador de la conformación de identidades colectivas, sino también la importancia que esta conformación política de poblaciones peligrosas tenía en el gobierno a través de delito (Simon, 2007). Lo cierto es que el carácter específicamente político de estas tecnologías, la parcialidad a la hora de conformar los grupos de riesgo y las consiguientes intervenciones preventivas fueron ya advertidas por Foucault al propio Jonathan Simon en 1983. El francés intuye que en esta nueva estrategia penal, en la que la peligrosidad individual se ha visto desplazada por el riesgo poblacional, la atención ya no se centra en individuos degenerados sino en poblaciones capaces de albergar, formar y reproducir posibles delincuentes. El foco se traslada a poblaciones susceptibles conformadas, advierte el propio Foucault, a partir de factores racistas, económicos o de vivienda (Foucault, Simon, Elden, 2017: 17).

Esta noción de susceptibilidad, y la consiguiente categorización de poblaciones susceptibles, sirve para dar cuenta de “otro préstamo” médico-epidemiológico en la penalidad actuarial. La clasificación y categorización de los grupos de riesgo supone un intento de mapear las distintas intensidades y prevalencias de los riesgos en función de las poblaciones. Este mapeamiento poblacional del riesgo propone una ruptura con la dicotomía sano-enfermo, íntimamente relacionada con la oposición lícito-ilícito, introduciendo múltiples niveles de normalidad sobre los que incidir con mayor o menor intensidad (Foucault, 2012c: 212-213). El enfoque médico-epidémico, a diferencia del clínico, ya no tiene únicamente una misión diagnóstica individual sino de gestión diferencial de poblaciones en función del riesgo; la lógica de la prevención desplaza a la lógica del diagnóstico (Rose, 1999: 261). Las intervenciones preventivas –propias de las tecnologías epidemiológicas y también de las actuariales– centran su actuación en la gestión de las poblaciones de mayor riesgo, en las poblaciones susceptibles. Estas medidas preventivas de intervención suelen catalogarse –siguiendo la clásica división de Caplan (1964: 16-17)– como medidas primarias, cuando tratan de evitar la aparición de un evento actuando de forma previa a su aparición, secundarias, aquellas que actúan bloqueando el avance de la enfermedad y minimizando su impacto o, cuando fallan las anteriores, medidas terciarias, paliativas o de segregación con el fin de evitar los efectos sociales debilitantes del evento (Colimon, 2010: 22-23; Freeman, 1992: 37; Farrington, 2002: 657).

La noción de susceptibilidad supone una reelaboración, en términos de evaluación, predicción y gestión del riesgo, de conceptos previos que hacían referencia a la predisposición como condicionamiento heredado y a la degeneración como patologización social de determinadas poblaciones. Rose señala el origen epidemiológico de esta noción de la susceptibilidad referida al estudio de la prevalencia de determinadas enfermedades en algunos sectores de la población y a la evaluación, en términos probabilísticos, de escalas de riesgo poblacionales (Rose, 2012: 52). La susceptibilidad hace referencia a un estado más allá de lo sano o lo enfermo, a un criterio intermedio, indeterminado, siempre a medio camino entre la salud y la enfermedad, que sirve para delimitar poblaciones asintomáticas de riesgo sobre las que incidir preventivamente con mayor intensidad. Las poblaciones susceptibles son poblaciones prepacientes (o predelincuentes) que pese a no manifestar enfermedad o sintomatología son siempre sospechosas. Esta noción de susceptibilidad es incorporada por las tecnologías penales actuariales para distinguir poblaciones susceptibles sobre las que, pese a no haber cometido ningún ilícito, se cierne la sombra de la sospecha. El carácter inconcreto e intermedio de ese estado de susceptibilidad legitima nuevas formas de intervención preventivas con el objeto de actuar bien de manera primaria o secundaria, anticipándose a la aparición de nuevos delincuentes, o bien de forma terciaria, segregando poblaciones de riesgo en aras de la seguridad de la sociedad.

La conformación de poblaciones susceptibles es en sí misma una tecnología performativa que imputa, de forma virtual, futuras conductas ilícitas a poblaciones previamente señaladas de acuerdo a criterios meramente estadísticos8. Esta virtualidad de un mayor riesgo determinada estrictamente de forma estadística lleva consigo, asegura Harcourt, que la vigilancia y los controles preventivos se estrechen sobre estas poblaciones susceptibles provocando no solo la estigmatización y criminalización de comunidades enteras, sino también una desproporción en la sobrerrepresentación de estas en la población carcelaria (Harcourt, 2007: 218). Lo cierto es que esta categorización de las poblaciones susceptibles, importada de la epidemiología, da lugar, de acuerdo con Rose, a un verdadero gobierno de las susceptibilidades que, amparándose en la protección frente a riesgos futuros, amplía cada vez más la identificación de nuevas poblaciones susceptibles y promueve nuevas tecnologías preventivas de intervención (Rose, 2012: 201). La susceptibilidad de esas poblaciones viene determinada por la concurrencia de una serie de factores de riesgo.

El análisis de los factores de riesgo para la determinación de poblaciones susceptibles y la evaluación, tasación y gestión de los riesgos no es algo nuevo ni exclusivo de las tecnologías epidemiológicas9. En el ámbito propiamente asegurador es frecuente la utilización de tablas para fijar indemnizaciones y primas en función de la concurrencia de uno o varios de estos factores. Sin embargo, el tratamiento de estos factores es distinto en las tecnologías aseguradoras y en las epidemiológicas. Las tecnologías epidemiológicas tratan de identificar los factores de riesgo que preceden y tienen, de una u otra manera, responsabilidad en la producción del evento no deseado. Estos factores son fenómenos de naturaleza múltiple y variada que preceden al evento en cuestión y cuya presencia o ausencia, incremento o decremento, influyen en la aparición del mismo, su intensidad y sus condiciones, en un determinado lugar y en un periodo de tiempo concreto (Colimon, 2010: 32-33). Los factores de riesgo necesariamente han de preceder al evento (Kraemer et al., 1997: 338). La relación de estos factores de riesgo, de naturaleza múltiple e independiente, con el evento analizado no está determinada por la causalidad sino por “las correlaciones estadísticas de elementos heterogéneos” (Castel, 1986: 231). Centrar la atención en los factores de riesgo permite esquivar las espinosas y enrevesadas cuestiones de la causalidad (Farrington, 2000: 7). Las tecnologías epidemiológicas –y las actuariales– dejan en un segundo plano el interés por las causas primeras del evento (enfermedad, delito) para interesarse por una relación incidental o aproximativa10; cuantos más factores confluyan mayor será la probabilidad del evento, sin que ninguno de ellos pueda ser determinado como causa exclusiva del mismo11. La preocupación por las causas primeras de la enfermedad se fue transformando en la búsqueda de “explicaciones relacionales entre factores de riesgo y eventos adversos de la salud” (Malagón Oviedo, 2017: 420). La procedencia múltiple de estos factores precisa de explicaciones amplias y plurales. Los factores de riesgo no son los mismos ni afectan de la misma forma a todas las poblaciones sino que han de ser estudiados siempre en relación a los distintos efectos que desencadenan en diferentes poblaciones, a la potencia para dicotomizar la población en distintos grupos de riesgo (Kraemer et al., 1997: 338). Un factor de riesgo no puede ser universal para toda la población sino que ha de mostrar una cierta heterogeneidad, una incidencia desigual, para ser considerado como tal (Farrington, 2000: 8; Kraemer et al., 1997: 340).

La identificación epidemiológica de los factores de riesgo tiene fundamentalmente una intencionalidad práctica y anticipatoria; no se trata únicamente de identificar estos factores, sino de indagar en su grado de inferencia, su vinculación con el resultado, la frecuencia con que su aparición implica un riesgo elevado y, fundamentalmente, en el establecimiento de medidas preventivas, anticipatorias y de control, gestión y minimización de daños. La intervención no está basada en la naturaleza de la patología sino en “el análisis actuarial de los factores de riesgo” (Rose, 1999: 235). Las intervenciones preventivas sobre esta multiplicidad de factores son asimismo plurales; la identificación de nuevos factores abre la puerta a nuevas intervenciones (Petersen, 1997). Es importante, de cara a esta intencionalidad práctica de la identificación de los factores de riesgo epidemiológicos, precisar las diferencias entre los factores de riesgo y aquello que se han denominado indicadores de riesgo (Colimon, 2010: 33), marcadores (Farrington, 2000: 7) o factores predictivos. Un factor de riesgo indica siempre una cierta relación de dependencia (no necesariamente causal) o responsabilidad en la producción del evento, mientras que indicadores o marcadores pueden ser interpretados únicamente en clave sintomatológica, de tal forma que una intervención sobre ellos no tendrá repercusión sobre la producción, incremento o decremento del evento (Farrington, 2002: 661; Vila Viñas, 2012: 717; 2013: 350). Dentro de los factores de riesgo puede incluso establecerse diversas tipologías como la que distingue entre factores de riesgo variables, marcadores de riesgo fijos o factores de riesgo causales (Kraemer et al., 1997: 340); factores de riesgo individuales o ambientales, etc. A este respecto algunos investigadores como Farrington abogan por una demarcación estricta a la hora de delimitar los factores de riesgo teniendo únicamente en cuenta como tales aquellos susceptibles de ser modificados y dejando al margen otros como la raza o el género (Farrington, 2002: 661). No obstante, partiendo de una visión gubernamental de esta estrategia preventiva, es difícilmente explicable dejar fuera de tal consideración factores no modificables, especialmente en el caso de la raza, que determinan y condicionan gran parte de las políticas penales preventivas y de distribución de las poblaciones (Harcourt, 2015; Wacquant, 2010).

Si bien en las investigaciones foucaultianas en torno al tratamiento epidemiológico de la enfermedad no se menciona expresamente la noción del factor de riesgo, lo cierto es que a partir de lo que el francés denomina “riesgo diferencial” –un riesgo no uniforme, diferente según la edad, las condiciones o los medios– “se pueden identificar las características peligrosas” (Foucault, 2008: 70) de determinadas poblaciones en función de la presencia de una serie de variables. Estas características diferenciales que suponen un incremento del riesgo y una mayor probabilidad de concreción del evento indeseado son identificadas por Foucault como la tercera de las características de las tecnologías epidémicas: el peligro (Foucault, 2008: 70). Resulta evidente la cercanía entre esa caracterización foucaultiana del peligro y la noción del factor de riesgo. Asimismo, es relevante señalar que, a continuación de este esbozo en la caracterización del peligro, el francés hace referencia no solo a la posibilidad de identificar fenómenos que contribuyen a la aceleración y multiplicación del evento indeseado, sino también a la necesidad de una intervención artificial sobre dichos fenómenos (factores). Los análisis foucaultianos intuyen la importancia de una serie de factores que determinan la evaluación de una población como susceptible y sobre los cuales han de centrarse las tecnologías ambientales de carácter preventivo.

La importancia del peligro en las tecnologías penales no es algo que aparezca por primera vez en las investigaciones gubernamentales foucaultianas. La peligrosidad, en su dimensión penal y punitiva, ocupa un lugar protagonista en los escritos del francés de manera recurrente desde principios de la década de los setenta en torno, por una parte a la penetración de la psiquiatría y las ciencias psi en el proceso penal, y por otra, a la conformación de una serie de clases peligrosas que constituirán el blanco privilegiado de las tecnologías penales y punitivas12. Por encima de las particularidades de cada momento de la peligrosidad, lo que nos interesa resaltar es que Foucault se refiere a esta como un modo de considerar al individuo, por parte de la sociedad, en virtud no de sus actos sino de sus virtualidades (Foucault, 2012: 27 y ss.), de potencialidades que, en función de una serie de rasgos, indicios o síntomas, parecen indicar una propensión a conductas indeseadas. Si en la metodología clínica la peligrosidad de los individuos y la conformación de clases peligrosas implicaba la participación activa y protagonista de los distintos expertos (fundamentalmente del ámbito médico-psiquiátrico), la emergencia de unas nuevas tecnologías securitarias, en las que la estadística y el estudio de la probabilidad dejan en un segundo plano la discrecionalidad profesional, supone un desplazamiento del peligro al riesgo. El riesgo ya no es una característica intrínseca de determinados individuos sino “una radicalización de la noción de peligro desde un punto de vista del peligro estadístico” (Foucault, Simon, Elder, 2017: 16). El riesgo debe entenderse como una combinación de factores abstractos que hacen más probable un determinado tipo de evento o conducta no deseada (Castel, 1986: 229); de tal forma que la determinación, clasificación y tratamiento diferencial de poblaciones pueda hacerse de forma automática a partir de la identificación de un cierto número de estos factores de riesgo de carácter diverso (Castel, 1984: 153). El objetivo de estas intervenciones preventivas no es otro que actuar sobre una virtualidad determinada por la presencia de una serie de factores de riesgo que servirán para determinar las poblaciones susceptibles. El individuo es descompuesto y reconfigurado a partir de la concurrencia de determinados factores que rearticulan su identidad de acuerdo a un profiling que lo enmarque en el seno de unas poblaciones u otras de acuerdo a su mayor o menor riesgo.

A este respecto, llegados a este punto, hemos de precisar que si bien hasta el momento hemos hablado de una forma un tanto general de una implementación actuarial en el ámbito punitivo-penal, es necesario llamar la atención –aunque sea de una forma excesivamente generalizadora– sobre la desigual incidencia que esta racionalidad epidemiológica tuvo en los distintos aspectos de la práctica penal y punitiva. Dada la naturaleza esencialmente preventiva de estas tecnologías epidemiológicas que, como hemos visto, no buscaban únicamente la previsión sino una intervención anticipatoria sobre los factores de riesgo, parecen especialmente presentes en ámbitos como la intervención policial y la concesión de la libertad condicional o beneficios penitenciarios. En una penalidad esencialmente securitaria en la que la labor policial está diseñada para “ajustarse y priorizar el orden frente a la ley” (Neocleous, 2022:253), las prácticas e intervenciones preventivas sobre poblaciones de riesgo son, advierte Harcourt, no solo algo habitual y rutinario sino profundamente aceptado en aras de una maximización securitaria. Las metodologías actuariales centradas en la prevención de riesgos a partir de la concurrencia de una serie de factores de riesgo obligan siempre a una priorización de unos factores sobre otros que dará lugar a una determinada configuración de los grupos de riesgo. La actividad policial, siempre guiada por ese “afán priorizador”, orientaba su labor a partir de un cierto criterio profesional discrecional. Lo que resulta novedoso en la introducción de criterios actuariales preventivos no es pues esa intervención priorizadora, sino el modo en que esa priorización selectiva se produce. La normativización, el establecimiento de protocolos de actuación a través de una serie de criterios determinados de forma estadística, el diseño y la configuración de perfiles (profiling) de virtuales delincuentes en torno a la concurrencia de una serie de factores de riesgo guían la actividad policial en aras de una mayor eficiencia al legitimar intervenciones eximiendo de responsabilidades dado su carácter técnico (Brandariz García, 2016:177-179)13.

En cuanto a la aplicación de estas tecnologías actuariales en las que una concepción epidemiológica del riesgo se halla especialmente presente, en el ámbito penitenciario hemos de mencionar los análisis que a este respecto, dentro del ámbito canadiense, realiza Hannah Moffat llamando la atención sobre un modelo mixto, una hibridación entre tecnologías del riesgo y tecnologías de necesidad. Los trabajos de la criminóloga canadiense apuestan por unas tecnologías del riesgo de tercera generación (2005: 32) en las que el riesgo es utilizado para enfocar un tratamiento, una supervisión y una rehabilitación efectiva. La previsibilidad del comportamiento delictivo, evaluado y medido de acuerdo a técnicas actuariales permite a los profesionales –cuya discrecionalidad y profesionalidad se impuso como moderación y resistencia a la frialdad estadística actuarial (Hannah Moffat, Maurutto y Turnbull, 2009:393-394)– mejorar y personalizar los tratamientos terapéuticos de reinserción (Hannah Moffat,2005:34)14.

La extrapolación de este enfoque epidemiológico al ámbito penal y punitivo ha recibido críticas desde diversos sectores en torno a distintas cuestiones entre las que nos interesa destacar fundamentalmente dos: a) por una parte unas críticas que podríamos denominar “epistemológicas”, que se centran en señalar el distinto grado de solidez o fiabilidad epistemológica que une los factores de riesgo y resultados en el ámbito médico y la relación entre ambos en una dimensión criminológica. En este sentido, la vinculación entre factores de riesgo y resultados es fácilmente comprobable, cautelosamente inferida y dotada de una sólida fiabilidad que permite determinar y modular la importancia de cada factor en la producción del resultado, mientras que la trasposición de esta metodología al ámbito criminológico-penal es vaga y difusa (O´Mahony, 2009: 105-106) y la relación o el efecto de los factores de riesgo solo puede establecerse de manera aditiva sin tener en cuenta la modulación en la importancia de los factores en la consecución del evento (O´Mahony, 2009: 109). El carácter heterogéneo y ambiguo del crimen, por contraposición a la naturaleza biológica de la enfermedad, condena dichas explicaciones basadas en una concepción epidemiológica del riesgo al fracaso (O´Mahony, 2009: 112); b) otro tipo de críticas que podríamos tratar de aunar bajo la etiqueta de “crítica política” presta atención no tanto a la fundamentación epistémica de esta metodología sino, fundamentalmente, a la necesidad de resaltar su carácter híbrido en la práctica. Una sobredimensión del enfoque actuarial centrado en el riesgo puede trasladar la falsa sensación de sustitución de unas tecnologías por otras obviando la necesaria convivencia entre ellas. El éxito y protagonismo adquirido por las tecnologías del riesgo no puede asumir la desaparición y sustitución de la metodología clínica sino su convivencia, adaptación e hibridación (Vila Viñas, 2013b: 11; Werth, 2019: 7-8). De forma similar, como hemos apuntado en alguna ocasión a lo largo de este artículo, estas tecnologías actuariales conviven en tenso equilibrio con otras neoconservadoras que apuestan por la prioridad securitaria por encima de cuestiones garantistas y que abogan también por una intervención preventiva sobre factores de riesgo delimitando poblaciones susceptibles pero supeditando, en esta priorización securitaria y de defensa del orden (moral) de la sociedad, las cuestiones de eficiencia económica a prioridades morales e incluso identitarias. Esta hibridación entre tecnologías responde, en palabras de O´Malley, “a la alianza política e inestable entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo” (O´Malley, 2006: 194) que modela, limita o reorienta estas tecnologías actuariales en pos de una agenda de marcado carácter moral.

En cuanto a la primera de las críticas, la crítica epistemológica, desde un enfoque penal gubernamental no se trata tanto de valorar la mayor o menor consistencia epistemológica de la relación entre factores de riesgo y resultado entre unas tecnologías u otras, sino de prestar atención a una misma estrategia centrada en un uso particular de las tecnologías del riesgo en el que las similitudes con otros ámbitos permiten dar cuenta de una colonización externa del derecho penal, la punitividad y la criminología. Más relevante consideramos la segunda crítica que da cuenta del carácter mestizo y bastardeado de unas tecnologías penales que no pueden entenderse como compartimentos estancos que se suceden de forma sustitutoria, sino como fruto de una tensión, de un equilibrio siempre inestable en el que dichas tecnologías no pueden sino ser entendidas en el seno de una estrategia política más amplia. Pese a que, como hemos dicho, la utilización política del riesgo en el ámbito penal y punitivo no es una novedad de las tecnologías actuariales, lo novedoso de esta importación estadística es la conformación de poblaciones de riesgo a partir de criterios probabilísticos que pretenden mostrarse como meramente técnicos, científicos y avalorativos, desprovistos de cualquier intencionalidad política y movidos únicamente por criterios eficientistas en aras de una maximización securitaria. Este carácter técnico-científico de los instrumentos actuariales en realidad se inserta en una racionalidad política vertebrada en torno a un antiwelfarismo en el que la articulación entre tecnologías disciplinarias, gubernamentales e incluso soberanas, responde a una misma estrategia que no puede ser sino política.

Como tal estrategia política, no meramente técnica, la implementación y arraigo de estas tecnologías actuariales tienen un éxito y una relevancia desiguales no solo en función de los diferentes ámbitos y espectros de la práctica penal y punitiva, sino también en cuanto a los distintos países y tradiciones jurídico-políticas. A este respecto resulta significativa la incorporación y el éxito que estas medidas actuariales han tenido en la órbita anglosajona (entendiendo dentro de este espectro no solo Estados Unidos y Gran Bretaña sino también Australia y Nueva Zelanda). En el caso español, siguiendo el ineludible estudio de Brandariz García, podemos hablar de un “significativo retraso” (2016:27) en la implantación de dichas tecnologías propiciado por causas de distinta naturaleza entre las que destacan la pervivencia de un modelo soberano de penalidad, el incumplimiento reiterado de cualquier propósito rehabilitador de la prisión y un expansionismo penal y punitivo que, dada la especial preocupación por la cuestión criminal en la sociedad española durante la década de los noventa y primeros dos mil, no reparaba en gastos ni cuestiones de eficiencia presupuestaria y trataba de gestionar penalmente cuestiones de otra índole como el problema de la droga o la cuestión migratoria (Brandariz García, 2016: 27-42).