1.
Introducción. Una recepción dispersa y periférica
Decía Foucault que una cultura no tiene acceso a lo que es distinto
de ella “más que en el elemento de su archivo y según las formas de su
propio discurso” (Foucault, 2023: 28, la traducción es nuestra). Pero la
manera en que una obra producida dentro de un universo intelectual
europeo delimitado, al menos desde el siglo XIX, por las fronteras del
Estado nación, es trasplantada y leída en otro espacio cultural
diferente no depende solo del discurso imperante en el medio receptor.
La historia social de la lectura (Chartier, 1993: 13-40) y la sociología
de la circulación internacional de las ideas (Bourdieu, 2002) enseñan
desde hace décadas que estos procesos de importación cultural involucran
también a una población de intérpretes e intermediarios situados en un
espacio institucional que los lleva a desgajar la obra recibida respecto
a sus condiciones originales de producción para reconfigurarla dentro de
un horizonte de experiencia que en principio le resultaba ajeno.
Para entender por tanto cómo la comunidad historiográfica española
recodificó una obra como Vigilar y castigar adaptándola a sus
propias expectativas, es necesario trascender al fetichismo del texto
que nos lleva a convertirlo en norma desde la cual juzgamos las
lecturas; se impone en cambio una atención detallada a los
emplazamientos institucionales (colecciones editoriales, departamentos
universitarios, revistas académicas, sociedades científicas, medios de
comunicación), a las convenciones que operan en ellas y a las
trayectorias de esos intermediarios e intérpretes que actúan como
importadores (Pinto, 2009: 13-14). Ese conjunto constituye el campo
desde el cual tiene lugar el proceso de recepción, de manera que los
significados y las posibilidades que la obra recibida abren en el
universo de destino se transforman a medida que este mismo se modifica
en sus envites y en sus tendencias en el curso del tiempo.
Si se adopta este enfoque, lo primero que llama la atención en la
recepción de Vigilar y castigar —texto traducido en 1976 para
Siglo XXI por un exiliado español en México, Aurelio Garzón del Camino
(Cavanese, 2021: 161), pero cuya primera reseña en España tuvo que
esperar hasta 1979 (Galván, 2014: 49-50)— por la historiografía española
es que el proceso tuvo lugar de un modo periférico y disperso. No fue el
núcleo académico de la disciplina en su área cronológicamente más afín
—esto es, los departamentos universitarios de historia contemporánea— ni
tampoco las revistas de este ámbito las que acogieron inicialmente y con
interés ese trabajo de Foucault. No, las primeras utilizaciones a fondo
de las herramientas y esquemas de análisis propuestos en Vigilar y
castigar procedieron por una parte de sociólogos relativamente
marginales como Fernando Álvarez-Uría y Julia Varela, discípulos de un
investigador social tan atípico como Jesús Ibáñez (1928-1992), autores
de sendas tesis doctorales sobre la genealogía de la medicina mental y
sobre la escuela disciplinaria en la España de la Contrarreforma. Estas
fueron publicadas como libro en 1983 (Álvarez-Uría, 1983; Varela, 1983)
y dirigidas respectivamente por Robert Castel y Paul de Gaudemar, sus
autores fueron fundadores en 1979 de Ediciones La Piqueta, cuya
colección “Genealogía del Poder” fue decisiva para la importación
española de Foucault. Hay que mencionar también a geógrafos como Pedro
Fraile Pérez de Mendiguren, cuya tesis doctoral (Fraile, 1987), titulada
Un espacio para castigar: la cárcel, la ciencia y la penitenciaría
en España, siglos XVIII-XIX, se defendió en 1985 (publicada por
Ediciones del Serbal en 1987), y fue situada bajo el magisterio de
Horacio Capel (n. 1941), catedrático de Geografía Humana de la
Universidad de Barcelona e interesado tempranamente por el pensamiento
foucaultiano (Capel, 2014). No hay que olvidar tampoco, en esta
recepción, la presencia de estudiosos de especialidades históricas no
impartidas en las facultades de Historia. Por una parte, el grupo
dedicado a historia de la antropología criminal y de la psiquiatría
radicado en el CSIC (Raquel Álvarez, Rafael Huertas, Ricardo Campos,
Andrés Galera) y cuyo mentor fue el catedrático de Historia de la
Medicina José Luis Peset (n. 1946), familiarizado desde muy pronto con
la obra de Foucault (Peset y Peset, 1975: 94-95; y Peset, 1983: 81-82 y
91-92).
Por otra parte, hay que referirse a los cultivadores de la historia
del derecho penal encuadrados bajo el magisterio de Roberto Bergalli
(1936-2020), un jurista exiliado de la dictadura militar argentina,
convertido durante las décadas de 1980 y 1990 en profesor titular de
derecho penal de la Universidad de Barcelona (UB), introductor de la
criminología crítica en España y fundador en 1988 de la colección
“Sociedad-Estado”, dentro de la editorial Promociones y Publicaciones
Universitarias de la UB (Anitua y Amaral Machado, 2021). En esta se
publicaron varios textos que incorporaron a la concepción sociocrítica
del derecho penal una mirada histórica muy marcada por la impronta de
Vigilar y castigar (Bergalli y Marí, 1989). Bergalli, que por
otra parte estaba muy conectado con el filósofo del derecho
althusseriano Enrique Eduardo Marí (Cavanese, 2012: 9), uno de los
primeros valedores de la obra de Foucault en el país andino, editó y
prologó, como primer volumen de la colección universitaria que
coordinaba, una versión reelaborada de la tesis doctoral de Justo Serna
Alonso, defendida en 1986 en la Universidad de Valencia (su director era
el catedrático de Historia Contemporánea por esta universidad, Pedro
Ruiz Torres). Esta salió a la luz en 1988 con el título de Presos y
pobres en la España del XIX (Serna Alonso, 1988), donde se hacía un
amplio uso de las hipótesis sugeridas por Foucault en Vigilar y
castigar. Bergalli, próximo a la teorización marxista del control
social formulada por los criminólogos italianos Darío Melossi y Massimo
Pavarini, siempre estuvo muy interesado en la interlocución con los
historiadores sociales de profesión, lo que le llevó a coordinar en 1986
y para la influyente revista barcelonesa de historia L’Avenç un
monográfico sobre “la questió criminal al segle XIX” (Bergalli, 1986).
Fue también prologuista, ya en una etapa posterior, de uno de los
trabajos más señeros sobre la historia carcelaria española: la tesis
doctoral de Pedro Oliver Olmo defendida en el año 2000 (publicada al año
siguiente en la editorial de la Universidad del País Vasco con el título
de Cárcel y sociedad represora) (Oliver Olmo, 2001), sobre la
criminalización del desorden en Navarra entre los siglos XVI y XIX,
donde el diálogo con la herencia de Vigilar y castigar es muy
relevante.
Finalmente, en esta acogida inicial, pero también periférica y
fragmentaria de Vigilar y castigar por los estudios históricos
en España, destaca otra tesis doctoral, la de Pedro Trinidad Fernández,
titulada Delincuencia y control social en España del Antiguo Régimen
a la sociedad liberal (su versión reelaborada se publicó en 1991 en
Alianza Universidad) (Trinidad Fernández, 1991). Fue defendida en 1988,
aunque su autor, desde comienzos de esa década ya había publicado
trabajos importantes sobre el asunto (Trinidad Fernández, 1982 y 1989).
La tesis fue dirigida por Manuel Pérez Ledesma (1944-2018), catedrático
de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de
los más influyentes historiadores sociales españoles de las últimas
generaciones. La defensa tuvo lugar ante un tribunal de
“contemporaneístas”, aunque su autor ha ejercido siempre como docente en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense.
Por lo tanto, aunque la institución de la historiografía
universitaria española no estuvo totalmente ausente en la recepción de
Vigilar y castigar, esta obra comenzó a impactar sobre el saber
histórico producido en España en enclaves periféricos respecto al
establishment de los historiadores. Prácticamente hasta la
década de 1990, precisamente en ese mismo año, cuando la renovadora
revista Historia social publicó un dosier titulado “Crimen y
Castigo”, no encontramos, e incluso entonces de forma muy limitada y
hostil, un diálogo de la historiografía
universitaria española con las propuestas de Vigilar y
castigar, cuando desde otros ámbitos académicos, como se ha visto,
ese encuentro venía realizándose al menos desde finales de la década de
los setenta.
Para explicar ese silencio es necesario decir algo sobre la situación
de la historia social y su surgimiento como disciplina profesionalizada
en España a partir de comienzos de la década de los ochenta, y en
particular sobre la amplia repercusión que conocieron en esa época los
planteamientos de Josep Fontana (19312018) en el terreno de la reflexión
teórica sobre la historia.
2. El
silencio inicial de la historiografía social española
En efecto, se ha señalado que, a comienzos de la década de los
ochenta tuvo lugar una importante inflexión en el desarrollo de la
historiografía social en España (Vázquez García, 2000). Suele citarse
como ejemplo de este nuevo arranque un influyente artículo publicado en
1982 y en la Revista de occidente por José Álvarez Junco y
Manuel Pérez Ledesma (Álvarez Junco y Pérez Ledesma, 1982). En él se
diagnosticaba el agotamiento de una historia social antifranquista y
fuertemente ideologizada, cuyas grandes líneas habrían sido definidas
por Tuñón de Lara en la década de los setenta. Aunque hoy sabemos que
ese retrato es una simplificación, sirvió para impulsar una
historiografía social más profesionalizada, sustentada en el uso de
métodos empíricos avanzados y valedora de criterios objetivos de prueba.
Se anunciaba asimismo un cambio en el objeto de investigación: de la
concentración exclusiva en el movimiento obrero a la apertura de nuevos
horizontes temáticos: las élites, el pauperismo, la criminalidad, la
mujer, las relaciones de género. Además, en vez de confinarse únicamente
en los aspectos organizativos e institucionales del propio movimiento
obrero, se alentaba el estudio de las condiciones materiales y el nivel
de vida de las clases subalternas, desde la alimentación y la vivienda
hasta la convivencia familiar.
En las dos décadas que siguieron, este programa se desarrolló en toda
su amplitud, dando lugar en España a un crecimiento espectacular de las
investigaciones sobre estos asuntos. Al mismo tiempo que la historia
económica, la demografía histórica y la historia política se emancipaban
metodológica y corporativamente de la historia social, esta se
consolidaba institucionalmente. Desde 1979 y por iniciativa de la
Universidad a Distancia en su sede valenciana, comenzaron a celebrarse
los Encuentros de Historia Social. De este organismo partió también la
fundación en 1981 del Instituto de Historia Social, que en 1988 se dotó
de una de las revistas más reconocidas de la disciplina, Historia
Social. En 1990, por otra parte, se fundó la Asociación de Historia
Social, cuya presentación tuvo lugar en un Congreso fundacional
celebrado en Zaragoza en septiembre de ese año.
Ahora bien, este importante crecimiento de la historia social, con
una ampliación de las temáticas y una renovación en los métodos, tuvo un
carácter muy fragmentario y no vino acompañado de un replanteamiento
teórico. Por otro lado, el nuevo impulso implicó también el declive de
la influencia ejercida por la historiografía francesa en detrimento de
una entusiasta acogida de los estudios procedentes de los historiadores
marxistas británicos, en particular E. P. Thompson y E. Hobsbawm. Esta
coyuntura no propició precisamente una recepción favorable de las
investigaciones de Foucault en general y de Vigilar y castigar
en particular.
Esta falta de creación teórica propia explica la prolongada
dependencia de muchos historiadores respecto a la reflexión elaborada
por Josep Fontana (Fontana, 1982, 1992, 2002), cuyos trabajos en esta
dirección se convirtieron en una suerte de oráculo, forjando una cierta
vulgata de uso muy extendido, donde la historiografía francesa de los
Annales y más específicamente la obra de Foucault, no salían muy bien
paradas. Fontana, que había sido discípulo del gran filósofo marxista
Manuel Sacristán, compartía la galofobia teórica de su maestro y
presentaba a Foucault como un pensador que despreciaba el saber “menor”
de los historiadores, que se infiltraba como un intruso en la disciplina
para colmarla de continuidades y rupturas falseadas, un filósofo
postmoderno y muy a la moda, que recurría a las fuentes con un
conocimiento escaso y sesgado
(Fuentes Armadans, 2017). Si a esto se le une que las diatribas de
Thompson contra Althusser, y de paso también contra Foucault, expuestas
en Miseria de la teoría, fueron tomadas como dogmas de fe por
muchos historiadores españoles en un periodo de enaltecimiento del
historiador británico (la revista Historia Social le dedicó a
Thompson sendos monográficos en 1994 y 1996), se hace más inteligible el
silencio prolongado ante Vigilar y castigar en el núcleo
académico de los “contemporaneístas” españoles. Los anatemas de
“relativista postmoderno” o de “estructuralista” que negaba la agencia
de los sujetos en la historia llegan hasta hoy (Erice, 2020: 167-207).
Este antagonismo de Thompson versus Foucault, interiorizado
como esquema cognitivo por parte de muchos historiadores profesionales
en España, no deja de resultar curioso, pues hoy sabemos, tras la
publicación de los cursos del Collège de France, y en particular el
dedicado a la “sociedad punitiva” (1972-1973), preparatorio de
Vigilar y castigar, y con el acceso a las fichas de lectura del
filósofo, que Foucault era un lector asiduo de Hobsbawm y sobre todo de
Thompson, y que sus puntos de vista sobre la subjetividad y el concepto
de clase son mucho más próximos entre sí de lo que se nos ha hecho creer
durante décadas (Chamorro, 2021: 10-11 y 2023).
Se pueden distinguir entonces dos etapas en la recepción de
Vigilar y castigar por los estudios históricos en España. La
primera, situada aproximadamente entre 1978 y 1995, se lleva a cabo
desde el espacio periférico a la historiografía, antes indicado y se
caracteriza por el intento de amalgamar las propuestas de Vigilar y
castigar, recibidas muy favorablemente, con las de la criminología
crítica de inspiración marxista, conformando una perspectiva
contrapuesta a la concepción liberal, progresiva e idealista que primaba
entre los juristas en el terreno de la historia del derecho penal. La
segunda, desde 1995 a la actualidad, sí afectó a los historiadores
sociales institucionalmente arraigados y se caracteriza por la gestación
en España de una historiografía penal que, integrando críticamente las
aportaciones de Vigilar y castigar, trasciende la focalización
en la escala macroestructural y el esquematismo teórico que habían
prevalecido en la etapa anterior, poniendo entre paréntesis lo que se
conoció como la “ilusión del panoptismo” (Gómez Bravo, 2004: 516).
3.
Una recepción entusiasta. Arqueogenealogía y perspectiva
económico-estructural:el maridaje de Foucault con la criminología
marxista (1978-1994)
La recepción de Vigilar y castigar por la historiografía
española es inseparable de un proceso extracadémico que se puso en
marcha paralelamente a la aprobación por las Cortes, en diciembre de
1978, de la nueva Constitución española. Había que adaptar el sistema
penitenciario al nuevo marco democrático. El resultado final fue la
promulgación de la Ley General Penitenciaria de 1979, cuyo inspirador y
redactor principal fue el joven jurista y profesor Carlos García Valdés.
Este se había hecho cargo de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias a finales de marzo de 1978, organizando un equipo de
funcionarios de confianza y de entusiastas partidarios de la reforma
penal para redactar un Anteproyecto de la Ley General Penitenciaria. El
proceso tuvo lugar en medio de la situación tempestuosa que conocían las
cárceles españolas desde comienzos de los años setenta, cuando se inició
una rebelión de los presos comunes contra el vetusto e insostenible
sistema penitenciario franquista. El motín de Tarragona en 1972 abrió un
ciclo continuado en los años posteriores (Burgos, Sevilla, Teruel, San
Sebastián, Valencia, Barcelona, Ocaña, Carabanchel). La amnistía
otorgada a los presos políticos recrudeció en los comunes la protesta
por su discriminación, dando lugar desde finales de 1976, con la
aparición del colectivo Margen y algo después con la Coordinadora de los
Presos en Lucha (COPEL), a un movimiento organizado y militante (Bueno
Arús, 1978: 129-135).
Apenas publicado en francés, el texto de Vigilar y castigar
comenzó a circular en estos ambientes. Así, por ejemplo, en la defensa
del dictamen de la Comisión Especial Investigadora que promovió la
reforma penitenciaria, aprobada por el senado en mayo de 1978, Juan
María Bandrés citaba Vigilar y castigar para legitimar la
perspectiva abolicionista de la prisión. Por otro lado, los comités
españoles de ayuda a los presos estaban en comunicación con los
franceses que integraban el Grupo de Información de Prisiones que
Foucault contribuyó a fundar, y las ideas de este circulaban en sus
boletines y panfletos, como muy bien han mostrado los trabajos de
Valentín Galván (Galván 2009, 2010: 104-135, 2014).
En esta coyuntura, la preocupación por emprender una profunda reforma
penitenciaria, ejemplificada por el trabajo de García Valdés y de sus
colaboradores, que, sin prescindir de la cárcel aminorara el recurso a
la reclusión y enfatizara el carácter resocializador del castigo,
potenció el interés por la historia del sistema penal español. El propio
García Valdés había publicado ya en 1975 un estudio que trataba de
esclarecer históricamente la situación del régimen penitenciario español
(García Valdés, 1975). Siguiendo esta estela, la revista de divulgación
histórica Historia 16, publicó en 1978 un monográfico titulado
“Cárceles en España: cinco siglos de horror”. La mayoría de los
colaboradores del número eran eminentes juristas (Gacto Fernández, Tomás
y Valiente, Victoria Kent, Bueno Arús) que cultivaban la historia del
derecho. Solo un artículo citaba Vigilar y castigar; lo hacía
mencionando la edición francesa y en una nota que englobaba el libro de
Foucault junto a otros de Savater y de Sagaseta que defendían la
“insostenible” abolición de las prisiones (Bueno Arús, 1978: 120).
Pues bien, tanto el texto de García Valdés en buena medida como los
artículos de Historia 16 hacían valer un relato teleológico y
wiggish que presentaba la historia del sistema penal en
términos de avances del humanitarismo y tránsito de la oscuridad a las
luces, de la barbarie a la civilización. Esta narrativa, característica
de los historiadores-juristas que justificaban la propia institución
carcelaria y al mismo tiempo su necesidad de profunda y permanente
reforma, se apoyaba fundamentalmente en los textos doctrinales (de
Lardizábal a Jiménez de Asúa pasando por Concepción Arenal) y normativos
y no tanto en el análisis del funcionamiento efectivo del sistema penal
en el interior de la historia social.
Frente a ese relato wiggish se fue configurando en el curso
de los años ochenta la llamada “perspectiva económico-estructural” en
España, remitiendo a un corpus que aglutinaba trabajos muy
heterogéneos: el viejo libro de los miembros de la escuela de Frankfurt,
Rusche y Kircheimer, Pena y estructura social (1939), publicado
originalmente en alemán y reeditado en inglés en 1968; la Teoría
general del derecho y marxismo del jurista soviético Yevgueni
Pasukanis, editada en la década de los treinta y traducida al castellano
en 1976 y Cárcel y fábrica (1977), traducido por Siglo XXI en
1980, el trabajo de los criminólogos marxistas italianos Melossi y
Pavarini, discípulos del jurista crítico Alessandro Baratta, dentro de
la llamada “escuela de Bolonia”.
Vigilar y castigar fue encuadrado dentro de este conjunto, y
aunque se reconocían sus peculiaridades respecto al análisis marxista
del sistema penal, estas quedaban supeditadas a sus convergencias. Con
este corpus se trataba de elaborar un relato materialista y
alternativo respecto al jurídico-discursivo que prevalecía entre los
historiadores del derecho. Se trataba de englobar la institución
penitenciaria dentro de una historia socioeconómica donde el
internamiento disciplinario se interpretaba como expresión de las nuevas
formas de control social requeridas por el naciente modo de producción
capitalista. Sobre las premisas de la teoría marxiana de la acumulación
originaria, se entendía el encierro de los pobres (en las
workhouses británicas o en los Rasphuis holandeses) en
el periodo de transición al capitalismo, durante una fase
protoindustrial marcada por la doctrina mercantilista y por el modo
manufacturero, como una manera de encuadrar a las poblaciones vagabundas
liberadas por la disolución de las relaciones de producción feudales,
inculcándoles el aprendizaje de la disciplina laboral necesario para el
despegue de la era de las manufacturas. Bajo el capitalismo industrial,
la cárcel moderna, panóptica, sería una prolongación de los viejos
hospicios para pobres, pero donde el trabajo estaría desprovisto de
valor económico y su función sería eminentemente antropotécnica:
fabricar a los sujetos requeridos para el mantenimiento del nuevo
sistema de extracción de plusvalías.
Esta perspectiva económico-estructural sobre la penalidad fue
inicialmente teorizada en España por Roberto Bergalli (Bergalli, 1989).
El monográfico de L’Avenç sobre la cuestión criminal en la
España decimonónica, dirigido por él en 1986, contó con la participación
de Pavarini (1986) y de otros juristas e historiadores que abordaron las
formas modernas del derecho (Resta, 1986), el problema de la infancia
delincuente (Mellón, 1986), la policía (Recasens, 1986), la
administración de justicia (Fiestas Losa, 1986) y la cárcel (Bergalli,
1986b). En todos ellos predominaba una
perspectiva rígidamente funcionalista y en términos de control social,
donde lo penal no era más que un instrumento de la burguesía para
disciplinar a las clases subalternas, y las propuestas de Vigilar y
castigar estaban prácticamente ausentes, reemplazadas por un
análisis marxista no muy sofisticado.
En cambio, la integración de los planteamientos foucaultianos con los
procedentes del marxismo dentro de una metodología materialista, aparece
mucho más elaborada y lograda en los trabajos de Serna Alonso, Pedro
Fraile y Pedro Trinidad Fernández, y en menor medida en la síntesis del
profesor de derecho penal Horacio Roldán Barbero (Roldán Barbero, 1988),
su Historia de la prisión en España, publicada en 1988 por el
Instituto de Criminología de Barcelona (dentro de las PPU) y prologada
por Carlos García Valdés.
Los tres primeros trabajos mencionados exploran en qué medida el
prototipo de cárcel panóptica se implantó en España. Para ello combinan
la aproximación de Foucault con la de los criminólogos marxistas, en
especial la de Melossi y Pavarini, viendo los hospicios de pobres y el
trabajo disciplinario en los mismos como una fábrica de sujetos
proletarios donde se inculcaba el ethos requerido por un
capitalismo industrial en proceso de construcción. Serna Alonso estudia
el proceso en sus aspectos discursivos y doctrinales y también en su
faceta institucional (Serna Alonso, 1988). En España, a diferencia de lo
acaecido en los países de la Europa noroccidental, la casa de
misericordia u hospicio disciplinario para pobres fue en los siglos XVI
y XVII una proyección construida por los tratadistas; solo en el siglo
XVIII empezó a traducirse en la realidad institucional. Serna estudia al
respecto el caso concreto del hospicio valenciano para pobres. Por otro
lado, aborda la implantación de la cárcel correccional y panóptica
moderna, ilustrando el proceso con el estudio de la cárcel valenciana.
Lo más cercano al modelo panóptico y disciplinario fue la experiencia
desarrollada en el presidio valenciano por el coronel Montesinos durante
las décadas centrales del siglo XIX.
Serna Alonso retoma constantemente la argumentación de Vigilar y
castigar, pero combina esta referencia con el recurso a la
Historia de la locura, La microfísica del poder y La verdad
y las formas jurídicas. A diferencia de los historiadores franceses
que discutieron con Foucault en 1978 (Perrot, 1980 y Petit, 1996), los
españoles contaban desde 1980 con una edición castellana de este último
texto, es decir, del importante ciclo de conferencias dictadas por
Foucault en la Universidad Pontificia de Río de Janeiro durante 1973
(Foucault, 1980), durante el periodo preparatorio de Surveiller et
punir.
En Presos y pobres se utiliza a Foucault para contrapesar el
economicismo de la criminología crítica marxista. Frente a Rusche y
Kircheimer, Serna considera que los sistemas punitivos no son un mero
reflejo del modo de producción (Serna Alonso, 1988: 17); las tecnologías
disciplinarias de poder mantienen una autonomía relativa respecto a las
formas de explotación económica. Sin embargo, considera frente a
Foucault que los mecanismos políticos, las disciplinas, no son tampoco
la condición previa que permitió la apropiación capitalista del
plusvalor. No habría determinación de lo socioeconómico por las
relaciones de poder ni viceversa; se trataría de un nexo de
presuposición recíproca: el régimen disciplinario se consolidó conforme
se fue imponiendo el sistema capitalista. Serna Alonso no parecía darse
cuenta de que esa tesis del condicionamiento recíproco, expresada en Vigilar y
castigar y con mayor rotundidad en el curso de La sociedad
punitiva, era también la defendida por el filósofo francés
(Chamorro, 2023: 9).
Presos y pobres, por otra parte, tomaba prestada de Foucault
la consideración de la cárcel panóptica moderna como un espacio de
poder-saber, un observatorio permanente del comportamiento. Otros
argumentos de Vigilar y castigar presentes en el texto de Serna
Alonso son los referidos a la existencia simultánea del proceso de
universalización de la cárcel como castigo penal y de la exigencia de su
reforma (Serna Alonso, 1988: 28); el carácter productivo y no meramente
represivo del poder disciplinario (Serna Alonso, 1988: 17); su ejercicio
centrado en el cuerpo (Serna Alonso, 1988: 242) y el argumento de la
cárcel como “fábrica de hombres” (Serna Alonso, 1988: 245). En la
monografía se combina con maestría un encuadre teórico que coaliga a
Foucault con la criminología marxista y un minucioso estudio de caso
centrado en material de archivo local, analizando la conexión entre el
encierro disciplinario y la peculiar vía valenciana hacia el
capitalismo.
El libro de Pedro Fraile (Fraile, 1987) se inscribe en un marco
diferente. Su objeto de estudio es una configuración espacial: la de la
prisión moderna tal como fue proyectada en el pensamiento penitenciario
español entre los siglos XVIII y XIX. Por una parte, analiza el discurso
ilustrado sobre el castigo focalizándolo, en primer lugar, en Lardizábal
a partir de sus fuentes europeas y españolas y en segundo lugar, en el
programa panóptico de Bentham, situándolo en una tradición utópica que
iría desde Tomás Moro hasta Fourier. El segundo bloque del libro emplaza
el proceso español de modernización carcelaria dentro del contexto moral
del siglo XIX, ponderado a partir de las estadísticas de nacimientos
ilegítimos y de criminalidad, interpretadas según su distribución
geográfica. Se considera que la nueva política penitenciaria española
debería haberse sustentado en un análisis científico de ese tipo; el
hecho de que no se hiciera explicaría el carácter muy limitado de la
modernización de las prisiones que tuvo lugar en el país. Esta segunda
parte se completa con un estudio acerca de la distribución territorial
de los presidios tal como fue planeada en las distintas ordenanzas
legales de la España decimonónica. Se observa entonces un desajuste
entre la geografía de la criminalidad reflexionada por los penalistas y
la planificación penitenciaria recogida por la legislación.
La última parte del libro se concentra, no en el examen de los
espacios carcelarios efectivamente construidos en España sino en las
edificaciones proyectadas. Se pasa revista a un amplio espectro de
planos y diseños arquitectónicos penitenciarios, desde la cárcel de
Sevilla en el siglo XVI hasta la cárcel modelo de Barcelona inaugurada
en 1904. El hilo conductor del recorrido consiste en evaluar en qué
medida el esquema panóptico benthamiano fue incorporado en esta historia
intelectual de los espacios carcelarios. En la monografía de Fraile la
incidencia de Vigilar y castigar —citado junto a otros textos
editados por La Piqueta como la Microfísica del poder y El
panóptico— es por completo predominante hasta el punto de eclipsar
la presencia de la criminología marxista; en la bibliografía se menciona
el libro conjunto de Melossi y Pavarini, Cárcel y fábrica, pero
los argumentos de estos autores brillan por su ausencia.
La tentativa tal vez más ambiciosa y conseguida a la hora de aplicar
el enfoque y las hipótesis de Vigilar y castigar al caso
español la representa el libro de Pedro Trinidad, La defensa de la
sociedad (Trinidad Fernández, 1991). Publicado en 1991, este
estudio recoge lo fundamental de la tesis doctoral defendida por su
autor en 1988 después de un prolongado trabajo que ya dio frutos
importantes en publicaciones anteriores que se remontan a comienzos de
la década de 1980 (Trinidad Fernández, 1982 y 1989). El proceso de
modernización penitenciaria en España, analizando en qué medida triunfó
aquí el paradigma panóptico, es afrontado desde una cronología larga,
entre el siglo XVIII y las dos primeras décadas del siglo XX. Se parte
del limitado papel desempeñado por lo carcelario en el Antiguo Régimen,
donde el espectáculo de los suplicios se vio muy pronto sobrepujado por
la condena masiva a galeras y más tarde por la política borbónica
centrada en los trabajos forzados en obras públicas, la minería y los
arsenales, complementado con los hospicios disciplinarios para pobres y
otras casas de encierro para malas mujeres o jóvenes disolutos.
Posteriormente, las tentativas para introducir, en el curso del siglo
XIX, el sistema moderno de las prisiones correccionales se estudia en
función de la edificación de un Estado liberal que representaría las
aspiraciones triunfantes de la burguesía financiera y latifundista. El
proceso culminaría con las cárceles modelo instauradas durante la
Restauración, en particular la cárcel celular de Madrid, inaugurada en
1884, y con la fabricación del personaje del delincuente a través de la
antropología criminal, la literatura, la prensa y las nuevas técnicas
periciales de identificación. La “sociedad disciplinada”, contrapuesta a
un movimiento obrero y revolucionario cada vez más extendido, se habría
creado en ese periodo (Trinidad Fernández, 1982: 168).
Trinidad combina el enfoque económico-estructural que vincula la
modernización carcelaria con la aparición del modo de producción
capitalista, con el análisis arqueogenealógico procedente de Foucault.
La lectura de Vigilar y castigar mientras realizaba el servicio
militar habría tenido un efecto revelador (Trinidad Fernández, 1991:
14); aunque no se trataría de una anécdota: esa obra de Foucault habría
perfilado decisivamente toda la historiografía penal posterior (Trinidad
Fernández, 1989: 150), abriendo nuevas vías de investigación (Trinidad
Fernández, 1991: 11). El recurso foucaultiano, en particular, le habría
permitido trascender tanto el enfoque liberal y jurídico-discursivo, en
términos de evolución y progreso del humanitarismo, como el economicismo
marxista (Trinidad Fernández, 1989: 151 y 1991: 15). Las tecnologías de
poder tienen su propia lógica interna y, aunque se imbrican con los
mecanismos de explotación, son irreductibles a ellos. Una de las vetas
más fecundas que Pedro Trinidad encuentra en Vigilar y
castigar, leído de nuevo en relación con el curso sobre La
verdad y las formas jurídicas y en conexión con los trabajos de
Robert Castel, Jacques Donzelot y Fernando Álvarez-Uría, es la hipótesis
del “poder-saber” y de la cárcel como enclave donde se constituye el
saber criminológico (Trinidad Fernández, 1991: 248-282). De esta manera
se constituyó una población delincuente instrumentalizada en la lucha de
clases (esquiroles, rompehuelgas, pistoleros) y en la gestión de
circuitos ilegales de acumulación de capital (narcotráfico, comercio de
armas, prostitución), introduciendo una fisura en la solidaridad de las
clases subalternas (Trinidad Fernández, 1991: 282). En los trabajos de
Pedro Trinidad se incorporan además los postulados de la analítica
foucaultiana del poder, insistiendo en su carácter productivo y no
represivo (Trinidad Fernández, 1991: 14) y en su condición relacional y
no localizada en el Estado (Trinidad Fernández, 1991: 14-15). Es también
consciente de la resistencia que ofrecen las fuentes cuando se las
quiere amoldar a los esquemas foucaultianos y marxistas; de hecho, sus
hipótesis no parecen encajar en absoluto con lo sucedido en España, ni
durante el Antiguo Régimen ni durante el despegue del reformismo liberal
(Trinidad Fernández, 1989: 151 y 1991: 143). Lo que resulta plenamente
coherente con la intención genealógica es la subordinación de la mirada
histórica al servicio del presente (Trinidad Fernández, 1991: 14); en
esto, el diagnóstico de Pedro Trinidad se opone a los planteamientos
reformistas: una transformación de las relaciones de poder en nuestras
sociedades exige la desaparición del castigo carcelario (Trinidad
Fernández, 1982: 181).
4.
Una recepción escéptica. Más allá de la ilusión del panoptismo: por una
historiografía penal a ras de suelo (1995-2020)
La reacción de los historiadores españoles de profesión, en
particular de la historia social, a la importancia de Vigilar y
castigar dentro del relato económico-estructural que se ofrecía
como alternativa frente al discurso wiggish de los
historiadores del derecho, se haría esperar. Es cierto que la principal
revista de la especialidad, Historia Social, había publicado un
estado de la cuestión en 1989, donde Pedro Trinidad (1989) resaltaba la
relevancia de la obra de Foucault para la historiografía penal y de la
criminalidad, y que al año siguiente editaba un monográfico titulado
“Crimen y castigo”, que incluía una extensa panorámica donde Robert y
Lèvy (1990) hacían balance del impacto de Foucault en este ámbito. El
debate sobre Vigilar y castigar habría alentado
extraordinariamente las investigaciones en curso, pero estas ponían de
relieve las insuficiencias de su propuesta: rastreo superficial del
papel desempeñado por la cárcel en la penalidad del Antiguo Régimen
—dando un relieve engañoso a la visión que los ilustrados ofrecieron
acerca de los castigos en ese periodo—, atenuación de la supuesta
ruptura brutal de la penalidad carcelaria decimonónica con las formas
punitivas de la época absolutista, escasa atención a las variaciones del
sistema penitenciario y a las sanciones no carcelarias en el curso del
siglo XIX y tendencia a no distinguir la lógica de las prácticas
respecto a la de los discursos.
Estas críticas sin embargo se hacían desde el trasfondo de la
historiografía penal y de la criminalidad desarrollada en Francia, mucho
más antigua que la española —concentrada durante mucho tiempo casi
exclusivamente en el tema del bandolerismo— y que se remontaba a
comienzos de los años sesenta, con el despegue de la escuela
cuantitativa de Caen (Pierre Chaunu, François Billacois, Yves y Nicole
Castan) (Billacois, 1967).
En España, la consolidación académica de la historiografía penal solo
tuvo lugar desde mediados de la década de los noventa, cuando se inició
el revisionismo de la perspectiva económico-estructural que había
prevalecido en la década anterior. Se pondrá en tela de juicio la escala
macro y el enfoque funcionalista concebido en clave de control social, y
comenzará a tomar forma una serie de grupos de investigación
especializados, procedentes de la Universidad del País Vasco (Iñaki
Bazán, Centro de Historia del Crimen de Durango, revista Clío y
Crimen), de la Complutense de Madrid (Gutmaro Gómez Bravo, Rubén
Pallol) o de la Universidad de Castilla-La Mancha (Grupo de Estudio
sobre Historia de la Prisión y de las Instituciones Punitivas [GEHPIP],
Pedro Oliver Olmo, Luis Gargallo Vaamonde, Eduardo Parra Iñesta, Ángel
Organero Merino), movilizando a vastas redes nacionales e
internacionales de estudiosos. Los congresos organizados desde 2006 por
el Centro de Historia del Crimen de Durango (y publicados desde 2007 en
la revista Clío y Crimen) y los potenciados por el
GEHPIP, celebrados en 2013 (Ciudad Real) y 2019 (Albacete) (Oliver Olmo
y Urda Lozano, 2014 y Oliver Olmo y Cubero Izquierdo, 2020), constituyen
eventos fundamentales para el establecimiento de esta especialidad
historiográfica. Una ojeada a las ponencias publicadas de ambos
encuentros pone de relieve hasta qué punto la obra de Foucault, como la
de Norbert Elias (Bazán, 1995: 623-630), aparece incorporada como si se
tratara de un clásico de la materia.
Este revisionismo de los historiadores sociales, cuyos contenidos, a
través de una breve travesía por las obras de Pedro Oliver Olmo (2001,
2005, 2011) Gutmaro Gómez Bravo (2004, 2005a, 2005b) y Fernando José
Burillo (1999, 2011) —además de las nuevas consideraciones de Serna
Alonso (1997) acerca de Foucault—, repasaremos a continuación, debe
diferenciarse del contraataque que los historiadores del derecho penal
hicieron en la misma época, cuestionando lo que designaron como “teorías
economicistas” de la penalidad, tratando de aprender de ellas pero
preservando el relato liberal y wiggish. El mejor ejemplo de
esta crítica emprendida por los historiadores-juristas fue el curso de
doctorado dirigido por Carlos García Valdés en la Universidad de Alcalá
de Henares durante el curso 1995-96. Como resultado de este, se editó un
volumen colectivo (García Valdés, 1997) donde los doctorandos del
reconocido penalista publicaban las diferentes ponencias presentadas en
el curso. Estas aparecen escindidas en dos partes; la primera recoge las
intervenciones dedicadas a sintetizar, desde una perspectiva más
institucional y doctrinal que sociológica, la historia contemporánea de
la prisión, de los sistemas penitenciarios y del pensamiento penal en
España, Europa y los Estados Unidos. La segunda es una exposición
crítica de las teorías economicistas (Melossi, Pavarini, Pierre Deyon)
donde se engloban también las propuestas de Foucault en Vigilar y
castigar y las de algunos de sus seguidores (Pedro Fraile y Michel
Ignatieff).
Llama la atención en cualquier caso la desorientación de los
historiadores-juristas a la hora de evaluar los planteamientos de
Vigilar y castigar. García Valdés y sus discípulos parecen
encuadrarlos en el “economicismo”. Sin embargo, otra destacada
historiadora jurista, la profesora Isabel Ramos Vázquez (2013: 19-20),
clasifica a Foucault en una corriente “idealista” que inscribe la
historia de la prisión y de su triunfo en una historia del humanitarismo
y la filantropía, subordinada al valor de los principios de igualdad y
libertad. Esa tendencia se contrapondría a la interpretación
“materialista”, entre cuyos representantes menciona a Melossi, Pavarini,
Rusche, Kircheimer y Trinidad Fernández, entre otros. Estos explican el
primado moderno de la privación de libertad como una expresión del
desarrollo de la sociedad capitalista.
Dejando a un lado estas taxonomías más o menos sorprendentes y
entrando en el revisionismo de los historiadores sociales, el error en
el que habrían incurrido trabajos como los de Serna Alonso, Pedro
Trinidad o Pedro Fraile, consistiría en haber considerado al panóptico
analizado a lo Foucault como el paradigma del encierro disciplinario,
como la norma desde la cual estudiar el desarrollo penal español
comprobando en qué medida este se ajustaba o se desviaba del estándar.
Es un error análogo al cometido por los historiadores que, en la década
de 1970, discutían si en España había habido o no una revolución
burguesa: se tomaba el modelo de Gran Bretaña o de Francia para juzgar
hasta qué punto el caso español se adecuaba al mismo en vez de estudiar
los propios factores locales y específicos del desarrollo español.
Burillo Albacete, un reconocido político e historiador turolense que
no procede del mundo académico, muy familiarizado con los análisis que
recurren a la perspectiva económico-estructural, incluidos los que se
inspiran en Vigilar y castigar, cuestionó la validez de sus
resultados para el caso español. Los hospicios correccionales para
pobres no funcionaron en los países de la Europa meridional como una
suerte de centros formadores de las subjetividades proletarias. En esas
casas de misericordia el trabajo solo desempeñó un papel secundario, con
la intención, nunca lograda, de subvenir a los gastos de esas
instituciones (Burillo Albacete, 1999: 276). No existiría por tanto
ningún hilo directo entre los hospicios para pobres y las cárceles
decimonónicas donde se universalizó la pena de privación de libertad. En
España, como en otras naciones del sur de Europa, la función
disciplinaria la ejercieron primero las galeras (siglos XVI y XVII), y
más tarde los arsenales y los presidios. Además, y en España esto sería
evidente, las manufacturas eran tan escasas que nunca adolecieron de
mano de obra; las cárceles y los presidios nunca funcionaron como
laboratorios para el aprendizaje de las tareas industriales, los
talleres carcelarios siempre ocuparon durante el siglo XIX un lugar
testimonial y marginal. La función correccional de las prisiones,
resaltada por Foucault y por los criminólogos marxistas italianos,
estuvo subordinada en España a su función intimidatoria, aterrorizando a
la población al mostrarle las terribles condiciones del internamiento
(Burillo Albacete, 1999: 278). De este modo, frente a las tentativas de
abordar a gran escala los procesos de modernización carcelaria y su
plasmación española, Burillo prefiere explorar más a ras de suelo los
desarrollos penitenciarios en tiempos y espacios bien delimitados,
poniendo de relieve sus singularidades —por ejemplo, el periodo del
Sexenio a la Restauración, estudiado en un segundo libro (Burillo
Albacete, 2011) —, y distinguiendo siempre entre las controversias y los
proyectos puramente teóricos —como el debate que tuvo lugar en esa época
entre los modelos panópticos y los celulares, o la polémica entre las
posturas correccionales de los krausistas y las de defensa social
sostenidas por los positivistas— y las realizaciones prácticas.
El distanciamiento crítico, no ya hacia las hipótesis sugeridas en
Vigilar y castigar, sino hacia el gran relato
económico-estructural en el que aquellas se habían integrado, afectó
incluso a los que anteriormente habían figurado entre sus principales
valedores. Así, por ejemplo, Serna Alonso, que en 1988 respaldó en su
metodología el “antihumanismo epistemológico de Foucault” (Serna Alonso,
1988: 18), privilegiando el análisis de las prácticas sobre la ruta de
los nombres propios, una década después, tras convertirse con entusiasmo
a las maneras de la microhistoria italiana, criticaba el borrado de la
individualidad, de su capacidad de agencia y de rebeldía, en las
descripciones históricas del Foucault de los años setenta (Serna Alonso,
1997: 42). Le achacaba también al filósofo su tendencia a subordinar la
lectura de las fuentes a ideas y esquemas preconcebidos, de modo que “la
conclusión precede a la investigación” (Serna Alonso, 1997: 41),
haciendo pasar sus concepciones filosóficas y políticas no falsables
como si derivaran de una explicación histórica sobre la institución
carcelaria (Serna Alonso, 1997: 43).
Más concretas son las críticas expuestas por Gutmaro Gómez Bravo y
por Pedro Oliver Olmo, colaboradores destacados del nuevo monográfico
sobre “Orden, violencia y Estado” que la revista Historia
Social publicó en 2005. Para el primero, que ya arregló cuentas con
las propuestas foucaultianas en su tesis doctoral defendida en la
Complutense en 2004 (Gómez Bravo, 2004: 516-534) y que seguiría esa
estela en textos ulteriores (Gómez Bravo, 2005a: 94-96 y 2005b: 15-19),
la versión del filósofo acerca del triunfo de la sociedad panóptica y la
económico-estructural sobre el control social disciplinario como
acompañamiento y preparatorio de la modernización capitalista componía
un relato esquemático y descontextualizado —siguiendo a E. P. Thompson,
Gómez Bravo concebía la historia como “disciplina del contexto”—, en el
que presentaba la prisión como una institución total contrapuesta a una
sociedad sometida al control disciplinario a través de aquella. Esta
narración olvidaba lo principal: las circunstancias específicas del caso
español, el funcionamiento de la cárcel dentro de redes sociales y
procesos de negociación que operaban a escala local, articulándose en el
diseño del poder territorial liberal dentro de un Estado siempre
precario. Dejaba también a un lado la inserción de lo carcelario en el
mundo de una violencia cotidiana generalizada con la persistencia de
lógicas y de discursos propios del Antiguo Régimen. En suma, un relato
que dejaba a los historiadores españoles presos del “mito panóptico” y
que postergaba la historia real reduciéndola a una abstracción,
privilegiando la dinámica de las ideas sobre las prácticas sociales
efectivas.
Aunque Gómez Bravo reconocía que Foucault en Vigilar y
castigar había sido el principal alentador del interés de los
historiadores por una temática que la historia y el marxismo
tradicionales habían dejado de lado. Denunciaba también cómo su
utilización había llevado a distorsionar las peculiaridades contextuales
del caso español; aquí el régimen de los suplicios y las casas
correccionales para pobres solo desempeñaron
un papel secundario frente al reclutamiento de galeotes y más tarde
frente a las políticas de obras públicas desplegadas por los Borbones.
Resultaba por otra parte engañoso presentar al Estado liberal
decimonónico como un cuerpo consistente y bien formado que gobernaba con
detalle el aparato carcelario poniéndolo al servicio de los intereses de
un bloque hegemónico burgués.
Pedro Oliver Olmo, por su parte, opta por integrar la aproximación
foucaultiana al estudio de las tecnologías de poder y la perspectiva
económico-estructural de raíz marxista, dentro de una investigación
caracterizada por el pluralismo teórico y metodológico. En su tesis
doctoral, defendida en el 2000, tomó como referencia empírica el caso de
Navarra desde el Antiguo Régimen, estudiando la incidencia de la
edificación del Estado liberal en esta región, abordando los procesos de
criminalización y legalización que intervinieron en los mecanismos
punitivos en general, y en la cárcel en particular (Oliver Olmo,
2001).
El trabajo empírico se acompaña de una revisión crítica del concepto
de control social aplicado al estudio de los dispositivos de castigo
(Oliver Olmo, 2005). A través de un ejercicio de autorreflexividad
cuestiona los enfoques funcionalistas —durkheimianos, parsonianos,
luhmanianos— que conciben el control dentro de una dinámica de
autorregulación de las sociedades. Asume en cambio la conformación
conflictiva de estas y el funcionamiento del control social dentro de
los antagonismos que estructuraban la sociedad navarra entre el Antiguo
Régimen y el desarrollo de la revolución liberal. Rechaza sin embargo el
sesgo determinista y los excesos generalizadores que operan en algunos
de los análisis del sistema penal procedentes de la criminología crítica
marxista. Las formas de penalidad no constituyen sin más una expresión
superestructural del modo de producción, y la cárcel no se puede
explicar mecánicamente y de manera general como una deriva del
capitalismo manufacturero a partir del modelo de las casas
correccionales holandesas e inglesas desde el siglo XVI.
La crítica de Foucault a este marxismo monocausal y determinista
(Foucault, 1976: 17) le sirve a Oliver para distanciarse del enfoque
económico-estructural. Al mismo tiempo asume las limitaciones del
enfoque arqueogenealógico sobre la prisión, evidenciadas por una
historiografía francesa de la penalidad que ha sido definida como
“postfoucaultiana” (Robert y Lèvy, 1990). Sin renunciar por completo al
análisis funcional de los mecanismos punitivos y al concepto de “control
social”, Oliver trata de darles concreción, pasando a una escala más
microsociológica y explorando las dinámicas de interacción y
comunicación que operaban a escala comarcal y local, donde los controles
formales se entrecruzaban con las micropenalidades más informales en los
procesos de criminalización y legalización, y donde se evidenciaba
también el peso de lo rural, muy olvidado por Foucault pero muy
acentuado en una demarcación como la de Navarra.
5. Coda final
El mismo malentendido que se dio en Francia entre Foucault y los
historiadores en la controversia que sostuvieron en la segunda mitad de
la década de los setenta (Perrot, 1980), se
reprodujo en España, pero años más tarde y habiendo tenido ya
conocimiento de la disputa original. Tanto los historiadores que en los
ochenta recibieron con entusiasmo las aportaciones de Vigilar y
castigar amalgamándolas con las de la criminología marxista, como
los que una década más tarde tendieron a acentuar las distancias habían
pensado que el filósofo ofrecía en su libro una historia de la prisión,
ya fuera para dislocar el relato wiggish de los
historiadores-juristas, ya fuera para hacer pasar de contrabando, como
un intruso infiltrado en el corral ajeno de los historiadores de oficio,
unos supuestos especulativos y políticos sugerentes pero no refutables
empíricamente. En ningún caso nuestros historiadores parecen haberse
tomado en serio lo que Foucault repitió en su polémica con Jacques
Léonard, Maurice Agulhon y otros historiadores sociales franceses:
Vigilar y castigar no es una descripción de lo efectivamente
acaecido en las cárceles galas o europeas del siglo XIX. Es una historia
del pensamiento, de los “programas de racionalidad” (Perrot, 1980:
34-35) que pretendieron hacer aceptable el recurso a la privación de
libertad como la forma más generalizada de castigo penal.
Ese malentendido, unido a muchos otros —como el del supuesto
antagonismo entre la manera de escribir la historia de Foucault y de E.
P. Thompson, de vasto predicamento entre nuestros historiadores—, no ha
impedido que Vigilar y castigar se convirtiera en un acicate
crucial para el despegue de la historia social de la criminalidad y del
sistema penal en nuestro país. Convertida en un clásico, esta obra sigue
siendo citada sin cesar en las ponencias de congresos y en las revistas
de una subespecialidad historiográfica de creciente proyección en
España.
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