Agradecimientos
A las profesionales del Servicio de Mediación Familiar del Gobierno
de Navarra y a las que desempeñan trabajo social sanitario y de
servicios sociales de base en la Comunidad Foral que colaboraron con su
opinión experta. De modo especial, es preciso agradecer también a las
mujeres usuarias de estos programas que accedieron a prestar sus propios
testimonios sobre su experiencia maternal posdivorcio.
1. Introducción.
Intendencia en alternancia
Tal como indica Ennis (2014) la maternidad intensiva, que fue
definida por Hays (1995), actúa como un tipo de esencialismo de género
en tanto que representa un modelo ideológico y filosófico que informa y
asesora a las madres para que hagan una inversión ingente de recursos en
la crianza, que insiste en que las mujeres son las principales
cuidadoras de sus hijos e hijas y que a esos cuidados deben supeditar su
bienestar físico, psicológico, emocional e intelectual, 24 horas, los 7
días de la semana. Algo que Hays (1995) argumentara hace ya más de dos
décadas en un estudio cuantitativo realizado en California sigue siendo
útil desde una perspectiva crítica feminista para definir un modelo
cultural de lo que se concibe como maternidad apropiada en las
sociedades contemporáneas afectadas por los modelos neoliberales.
Según Williamson et al. (2023), la ideología de la buena
madre, sostenida y amplificada por la parentalidad intensiva, refuerza
normas rígidas que afectan la autonomía y el bienestar de las mujeres.
Los medios y redes sociales generan presiones que imponen un modelo de
maternidad idealizado y excluyente. El activismo lactante o la
maternidad con apego podrían servir para ilustrar algunas de las
dinámicas de la parentalidad intensiva, un término que alude al aumento
en las demandas sociales y expectativas sobre las acciones de los y las
progenitores, especialmente las madres, en relación con la crianza
(Faircloth, 2014).
En todo caso, el pluralismo feminista nos ha invitado a reconocer una
diversidad de formas de ejecutar e interpretar la praxis política de la
maternidad. En este sentido, esta investigación pone el foco en las
experiencias de mujeres que ocupan posiciones diversas en el ejercicio
de las prácticas maternales que se ejercen tras lo que operadores
jurídicos y de la intervención social consideran acuerdos de
parentalidad corresponsable posdivorcio. Hablamos de mujeres madres en
posiciones de intendencia, a tiempo parcial, en alternidad y
también de madres cuasiausentes. Algunas de estas madres incluso rozan
la omnipresencia en términos que pudieran describir, pero también
contestar, lo que se ha definido como maternidad y parentalidades
intensivas (Ennis, 2014; Faircloth, 2024; Williamson et al.,
2015). Decimos contestar porque, a pesar de que la dedicación intensiva
a la crianza aparece como ideología transversal, las condiciones
materiales que estas mujeres han negociado en alternancia o interinidad
pueden representar resistencias a los regímenes morales que vienen
marcados por la biopolítica que regula la reproducción en términos
globales. En los datos que aportan con su experiencia estas mujeres, que
ejercen la maternidad a tiempo parcial tras una ruptura negociada de la
relación con el otro progenitor, se pueden apreciar cambios identitarios
en lo relativo a su posición como madre, lo cual contribuye a la
generación de una pluralidad de actitudes en torno a los modelos
culturales de parentalidad (Marinho y Gouveia, 2021; Markham y Coleman,
2020).
Aquí analizaremos relatos biográficos de mujeres que han buscado la
ayuda de los servicios de mediación familiar extrajudicial para negociar
acuerdos corresponsables de crianza tras el divorcio o la ruptura de
convivencia entre la pareja de progenitores de distinto sexo. Estas
mujeres han negociado con sus excompañeros un modelo compartido de
custodia por el que pasan a ejercer la maternidad a tiempo alterno. En
sus trayectorias vitales se detecta que han actuado como madres a tiempo
completo y madres a turnos compartidos. Así, de modo enlazado en sus
relatos, aparecen también mujeres que han sido reportadas como madres
“defectuosas” porque hicieron dejación de su papel de madre intendente
al cuidado de sus propias criaturas. Situaciones como estas ilustran
contenidos propios de la reproducción estratificada y que algunos
discursos hegemónicos han definido como maternidad ausente o abandónica.
La circulación de menores en estos casos expresa cómo las desigualdades
de género, etnicidad y clase social influyen en la distribución del
trabajo reproductivo (Morgan y Roberts, 2015) y cómo los cuidados se
distribuyen de manera injusta a través de cadenas globales que
reproducen un régimen neocolonial (Colen, 1995; Gorfinkiel, 2008; Orozco
y Gil, 2011).
Tras el análisis, se mostrarán los resultados más relevantes sobre la
parentalidad posdivorcio y los acuerdos en la custodia compartida
derivados de una investigación más amplia desarrollada en Navarra
(España), entre 2016 y 2020, con el propósito de explorar e identificar
nuevas parentalidades en contextos cambiantes.
Revisando datos cuantitativos de los años previos al trabajo de campo
que aquí se trata, se percibía un significativo incremento en el
porcentaje de custodias compartidas para el conjunto de España,
evolucionando del 12 al 27% entre 2011 y 2016. En Navarra este
incremento tuvo lugar de modo más acusado, variando del 10 al 34%. Un
factor relevante puede haber sido, la entrada en vigor de la ley
específica para esta comunidad foral, de 2011, en materia de relaciones
filioparentales posdivorcio.
Navarra tenía en 2014 una tasa de 2,1 disoluciones conyugales por
cada mil habitantes, siendo levemente más baja que la de 2,3 para España
(INE, 2015). Según datos para 2015, Navarra contaba con el mayor
porcentaje de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, con un 83,3% de
los casos. Más de la mitad de tales disoluciones se dieron entre parejas
que llevaban más de 10 años casadas. En el 55% de las rupturas quedaron
menores o dependientes a cargo. En cuanto a la incidencia de la custodia
compartida o alterna, Navarra superaba levemente la media española, con
un 26,6%, el quinto puesto tras Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana
y Aragón (Flaquer et al., 2016).
Este artículo se organiza explicando en primer lugar la metodología
del trabajo empírico. Luego enfocamos la evolución de la
corresponsabilidad parental en España con la expansión del modelo de
custodia compartida en las realidades posdivorcio. Le sigue una
descripción analítica de la actuación del servicio de mediación familiar
extrajudicial de la Administración del Gobierno de Navarra como parte de
la cartera de derechos sociales que previenen la judicialización de los
conflictos y operan en la práctica para la protección de la infancia por
su superior interés. Los resultados del análisis sobre las maternidades
se presentan en torno a un eje bipolar. Por una parte, se valora la
agencia de las madres en el uso de servicios preventivos como el de
mediación familiar extrajudicial y además como corresponsables del logro
de acuerdos, que la pericia experta valora como buenas prácticas de
custodia compartida o reparto justo de tiempos de crianza. Por otra
parte, una mirada crítica feminista obliga a revisar en estas prácticas
posdivorcio la prevalencia de la maternidad intensiva, la
estratificación reproductiva y la injusticia en la distribución y
reconocimiento en las cadenas globales de los cuidados.
2. Metodología
La selección de las informantes para la presente contribución no
obedece a criterios estadísticos de representatividad. El acceso a las
personas entrevistadas ha seguido un proceso de decantación planificada,
juntamente con el servicio de mediación familiar del Gobierno de
Navarra, que nos proporcionó el contacto con informantes cuya
experiencia reunía criterios de parentalidad positiva y comunicación
flexible y efectiva en el desarrollo parental, a juicio experto del
propio servicio.
Siguiendo a Sebastiani y Álvarez (2024), somos conscientes de los
peligros del extractivismo, es decir, de lo que puede suponer recolectar
información sobre la intimidad de manera intrusiva. Por ello, se aseguró
que el acceso a los datos se realizara desde el cuidado y exclusivamente
a través de personas que aceptaron voluntariamente colaborar, tras haber
sido informadas sobre los objetivos y alcance de la investigación. Ello
nos permitió recoger la información más significativa, a partir de
prácticas situadas que informan sobre lo relevante de la realidad
sociopolítica en relación con el ejercicio de la responsabilidad
parental por parte de las madres. En este texto, analizamos los relatos
biográficos de mujeres que interpretan su experiencia de maternidad a
tiempo parcial, así como los fragmentos del discurso experto de las
profesionales del Servicio de Mediación Familiar que fueron recogidos
durante el trabajo de campo etnográfico. Se utilizó la técnica de
entrevista semiestructurada previo consentimiento pactado y con
observación de las normas éticas de tratamiento de datos para el respeto
a la intimidad y el anonimato. Esto implica el uso de nombres ficticios
y la alteración de algunos datos circunstanciales a la hora de citar
extractos verbatim.
El acceso a las informantes madres se realizó previo contacto
autorizado por parte del Servicio de Mediación Familiar del Gobierno de
Navarra. En una primera fase del trabajo de campo se estableció el
contacto con personas expertas en el ámbito de los servicios
sociosanitarios y de abogacía de familia. De esta fase se derivaron una
serie de entrevistas focales a las profesionales que nos cedieron
generosamente su atención y su tiempo. Desde el servicio público de
salud pudimos contar con una pediatra y tres trabajadoras sociales de
centros de salud de atención primaria. Desde el servicio de mediación
familiar, participaron una jurista y una psicóloga. Por último, desde
los servicios profesionales independientes que actúan como operadores
jurídicos, tomaron parte dos psicólogas con experiencia forense y tres
abogadas de familia. En el conjunto de la investigación se realizaron un
total de 42 entrevistas a padres, madres, profesorado con función
tutorial, profesionales sociosanitarios y operadores jurídicos en
Navarra.
Para esta contribución hemos seleccionado los resultados relativos a
los datos proporcionados por seis mujeres que fueron referidas como
madres participantes activas en procesos corresponsables de parentalidad
posdivorcio. De algún modo, estas madres parecen encarnar lo que algunas
expertas han referido como buenas prácticas de acuerdo mutuo parental
tras ruptura con menores a cargo. En relación con la capacidad de
agencia en la toma de decisiones, estas mujeres ejercen un papel activo
por un cambio de roles de género en la crianza, al situarse como
pioneras de un modelo emergente de reparto negociado de la crianza de
modo alterno, que modifica la asunción de que la madre deba tener
dedicación constante en la crianza. Ellas se configuran como
protagonistas de un modelo que en la última década ha dejado
progresivamente de ser minoritario y que contesta la idea inicial de que
una mayoría de las madres podría ser reticente a la custodia
compartida.
Se trata de seis mujeres nacidas entre 1963 y 1981, que se sitúan en
el momento de la entrevista entre los 53 y los 35 años. Son madres de
entre uno y dos hijos/as menores en el momento de la separación, con
edades comprendidas entre 2 y 19 años al momento de entrevista, fruto de
uniones entre personas de distinto sexo. En dos de los casos, el hijo o
hija mayor supera la mayoría de edad, pero no se ha emancipado. Los nombres utilizados para los
verbatims son ficticios y no se ha proporcionado un perfil concreto de
cada informante para proteger el anonimato de estas familias, dado que
pertenecen a un universo local bastante acotado en tiempo y espacio.
3.
Parentalidad posdivorcio y custodia compartida en España
Con la primera ley del divorcio de 1981 tras la dictadura franquista,
la patria potestad o responsabilidad parental en España perdió su
carácter de prerrogativa patriarcal del pater familias. Una
expresión de la autonomía para las mujeres madres se produce a partir de
este momento con la posibilidad de poder tomar decisiones a la hora de
ejercer la responsabilidad parental y la crianza directa de hijos e
hijas tras una ruptura de la unión conyugal. Con esta ley de divorcio
causal, este derecho y obligación parental pasa a ser ejercida
conjuntamente por padre y madre.
Por otra parte, hasta entrado el nuevo milenio, la tenencia o
custodia de los hijos era habitualmente y de modo casi automático
otorgada a la madre en los convenios de divorcio. La
posibilidad de solicitar la guarda conjunta o custodia compartida en los
juzgados de familia no llegará hasta la reforma de la ley del divorcio
en 2005, que elimina además la necesidad de causa para la ruptura.
A partir de este momento, podemos apreciar la influencia ideológica
de la individualización de la parentalidad, algo que se ha visto
vinculado con el fenómeno de descasamiento, que indicaría la tendencia
normativa para agilizar tanto la celebración como la disolución de la
unión conyugal a través del reconocimiento progresivo de la autonomía y
capacidad de agencia individual (Lathrop, 2009 en Fernández-Rasines,
2016, p. 127). En España, la convivencia posdivorcio entre menores y sus
progenitores a cargo ha experimentado nuevas fórmulas en la última
década. Aunque la custodia exclusiva materna sigue siendo el modelo
predominante, el modelo emergente conocido popularmente como custodia
compartida se ha extendido de forma considerable desde 2009 en todo el
territorio nacional. Los datos más actualizados para 2023 nos indican
que la custodia exclusiva materna sigue su tendencia descendente en todo
el Estado y se sitúa en el 48 %, la custodia compartida alcanza un
máximo ascendente de 48%, situándose la custodia exclusiva paterna en un
valor residual de en torno al 3% (INE, 2024).
Es preciso señalar que estos datos representan la realidad de la
mayoría de las rupturas cuya tipología corresponde a parejas de
progenitores de distinto sexo. En 2023, las rupturas de parejas del
mismo sexo con criaturas a cargo supusieron un 2,2% del total, aunque en
el boletín estadístico que el INE remite a los medios no se recoge el
porcentaje de custodias compartidas otorgadas en estos casos. No
obstante, el boletín del año 2021 sí arroja este dato que resulta muy
relevante, puesto que cifra la custodia compartida tras rupturas
homoparentales en más del 64% (INE, 2022).
En todo caso y para la mayoría de las rupturas con menores a cargo,
tal como señalan Solsona et at. (2017), la custodia compartida
constituye un modelo emergente que aparece de manera progresiva y con
distinta intensidad en las diferentes comunidades autónomas del Estado
español. Así tenemos que para el período 2012-14, la custodia compartida
oscilaba entre un mínimo 10% en comunidades del sur de España como
Andalucía, Extremadura o Murcia, un 32% para Baleares y Aragón, hasta un
máximo del 35% como promedio para Cataluña (Solsona et al. 2017). La incidencia
de este modelo de convivencia con menores tras la disolución de la unión
de pareja se relaciona, en parte, con la existencia de una legislación
específica sobre corresponsabilidad posdivorcio en determinadas CC. AA.,
y también viene siendo más frecuente en territorios donde ya lo era con
anterioridad a la ley, como son Cataluña, País Vasco, Aragón y Comunidad
Valenciana (Jiménez-Cabello et al. 2020).
Al margen de estas tendencias regionales, existen provincias en las
que se da una mayor prevalencia del modelo de custodia compartida,
siempre en detrimento del modelo de custodia exclusiva materna, puesto
que el relativo a la custodia exclusiva paterna es prácticamente
residual en todos los casos. Según el análisis de microdatos de la
estadística de nulidades, separaciones y divorcios del INE, realizado
por Jiménez- Cabello et al. (2020), Girona lidera la prelación
con un 51% de sentencias que asignan custodia a ambos progenitores, le
siguen Álava con un 47% y Teruel, Barcelona y Castellón con el 45%.
Desde una perspectiva política feminista, Fernández-Rasines (2016)
señala que no debería darse por hecho que el desarrollo normativo para
la promoción de la figura de la custodia compartida haya partido del
hecho manifiesto de una demanda mayoritaria por parte de una vanguardia
de hombres padres con ideales igualitarios. También Solsona (2020)
concluye que, aunque esta demanda de padres por derechos ha gozado de
amplio predicamento en algunos escenarios, esta no ha sido tan
significativa como para fundamentar los cambios. En este sentido,
siguiendo a Solsona y Ajenjo (2017) en su estudio sobre Cataluña, el
éxito de la custodia compartida como modelo emergente puede derivarse
como consecuencia del pacto asentado en una práctica previa a la ruptura
en equidad de género, algo que todavía sigue sin ser realidad
mayoritaria en España, si tenemos en cuenta la diversidad de patrones de
crianza posdivorcio en la totalidad del territorio.
Las mujeres que llegan a acuerdos con sus parejas en el momento de la
ruptura para regular un ejercicio conjunto y alterno de la tenencia o
custodia, en este contexto, era aún de vanguardia en 2016. Se trataba de
una tendencia emergente pero aún minoritaria. Hablamos de mujeres que
negocian la responsabilidad parental de modo conjunto pero que
desarrollan el ejercicio de los cuidados físicos y de residencia a sus
hijos e hijas de modo discontinuo o alterno. Para el logro de estos
acuerdos de corresponsabilidad el servicio público de mediación familiar
extrajudicial ha resultado ser un elemento de intervención social
decisivo.
Tal como indican García Villaluenga y Vázquez de Castro (2013), la
mediación familiar aparece ya en 1998 como objeto de preocupación en la
recomendación R (98) 1 del Consejo de Ministros a los Estados miembros
de la UE. En el año 2001, Cataluña es pionera legislando sobre la
mediación familiar. En el ámbito estatal, es la Ley 15/2005, que reforma
el divorcio, la que introduce la posibilidad de que las partes puedan
optar a someterse a mediación de mutuo acuerdo, con el fin de disminuir
la litigiosidad y siempre en beneficio de la descendencia a cargo de la
pareja de progenitores en proceso de ruptura.
El servicio de mediación familiar extrajudicial de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra se regula por Decreto Foral desde
2012. Este decreto foral da cumplimiento
a la Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en
caso de ruptura de la convivencia de los padres. Para esta contribución
se ha analizado el contenido de la entrevista mantenida con las
profesionales responsables del servicio y la información recogida en las
memorias anuales que sistematizan las empresas gestoras del servicio y
que publica el Gobierno de Navarra.
Tal como se recoge en la memoria del servicio del año 2022, este se
concibe como un servicio público, preventivo de futuros conflictos y que
resulta por ello necesario para evitar daños y perjuicios mayores a
medio plazo en procesos de crisis familiar. Se trata de una intervención
profesional que permite a los miembros de una familia poder llegar a
acuerdos de manera amistosa, evitando una escalada de conflictos que
podrían implicar procesos largos y dolorosos con perniciosas
consecuencias, especialmente para el bienestar de los menores que se ven
implicados en procesos de ruptura de unión de sus progenitores (Gobierno
de Navarra, 2023).
Los datos que proporciona este servicio en Navarra indican que las
personas acceden a la mediación directamente en la Subdirección de
Familia o bien son derivadas por los servicios sociales de base, centros
de salud, centros de atención a la mujer y centros educativos. Una parte
importante de las personas usuarias provienen de parejas que han
decidido romper su relación, pero no han iniciado aún los trámites en el
juzgado de familia. También acuden progenitores que ya resolvieron
judicialmente su separación, divorcio o ejecución de medidas de guarda y
custodia de menores a cargo, pero continúan en situación de crisis a la
hora de ejecutar las medidas convenidas y/o precisan apoyo para
consensuar nuevas regulaciones. Por otra parte, en sintonía con los
argumentos de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, en ningún caso
pueden ser objeto de atención en este servicio aquellos casos que
impliquen “conflictos en los que exista una situación de violencia que
provoque desigualdad entre las partes, especialmente en situaciones de
violencia de pareja” (Gobierno de Navarra, 2017: 6), (Asociación de
Mujeres Juristas Themis, 2020).
La mediación que se produce en el marco de la ruptura de pareja se
dirige fundamentalmente a lograr acuerdos en torno a los términos que
pueden facilitar la redacción de un convenio de divorcio y/o de guarda y
custodia de menores o dependientes a cargo. Se trata de cuestiones como
son el reparto del tiempo de cuidado directo a hijos e hijas por parte
de progenitores y otras personas vinculadas o de la red familiar, así
como las relativas a pautas convivenciales y educativas. No menos
importante es lograr acuerdos sostenibles en torno a cuestiones
económicas de las que se derivan decisiones sobre las pensiones de
alimentos, los gastos extraordinarios, la atribución de uso de la vivienda en
común, la pensión compensatoria en su caso.
En la evolución del servicio se aprecia que el número de casos ha ido
en aumento desde 2012, con 178 casos, hasta los 250 casos atendidos en
2016. En los años posteriores se aprecia un pico con más de 300 casos en
2019 para moderarse de nuevo la demanda en 2022 con menos de 240 casos.
Durante el año 2016, en el que se centra el estudio, el 93% de los casos
atendidos finalizaron con la negociación y firma de un acuerdo. En
cuanto a tipo de custodia negociada para hijos/as a cargo, se acordaron
un 54% de custodias compartidas, 33% de exclusivas para la madre, 1% de
exclusivas para el padre y 12% graduales. Esta última fórmula supone
comenzar con una custodia monoparental para ir aumentando tiempos de
estancia con el otro progenitor de manera gradual hasta acordar un
reparto más igualitario de tiempo de estancia y cuidado directo de
crianza (Gobierno de Navarra, 2017). En este sentido, los datos de la
memoria de 2022 indican que los acuerdos de custodia compartida han
subido al 61% en detrimento de la exclusiva materna y la gradual
(Gobierno de Navarra, 2023).
Del análisis de estos datos puede colegirse, por una parte, que el
uso de este servicio facilita el logro de acuerdos de corresponsabilidad
y, por otra parte, que el acceso a este servicio es relevante. Sobre el
primer aspecto, hemos visto que los acuerdos de custodia compartida
entre personas usuarias de este servicio superan en 5 puntos el
porcentaje de 46,2% que corresponde a los datos que maneja el INE para
2022 sobre resultados para la Comunidad Foral de Navarra de la serie
sobre “Separaciones entre cónyuges de diferente sexo según cónyuge que
debe ejercer la custodia”. Sobre lo segundo, tengamos en cuenta que,
según el Instituto Navarro de estadística, en 2022 en Navarra hubo 1.059
disoluciones matrimoniales. De ellas, el 54,2 % de los divorcios y el
42,9% de las separaciones en Navarra hubo hijos/as menores o
dependientes (Na(stat), 2023). Por su parte, la memoria del servicio de
mediación familiar contabilizó 232 casos atendidos en 2022, por lo
tanto, se puede estimar que el servicio de mediación familiar estaría
dando cobertura a casi la mitad de las disoluciones que implican menores
entre parejas de distinto sexo.
En cuanto al perfil de las personas usuarias del servicio en 2016, su
edad oscilaba entre los 36 y 45 años, apenas un 7% era de origen
extranjero y la mayoría habían tenido un hijo/a o dos. De entre los
menores a cargo, se aprecia un 10% con origen en uniones previas, lo que
evidencia la existencia de familias fusionadas. El tipo de unión previa
a la ruptura mayoritario, con un 52%, es el que se conoce como “sociedad
de conquistas” o asimilable al régimen de gananciales, al que le sigue,
con un 32%, el tipo de unión de hecho o parejas no casadas previamente.
La mayoría de las uniones habían durado entre 6 y 10 años, seguidas del
tramo posterior entre 11 y 15 años.
Hay algunas cuestiones en las que el género aparece como variable
estructurante, como es el nivel de estudios, la decisión de iniciar la
ruptura y la decisión de acceder a la mediación. En cuanto al nivel de
estudios de las personas usuarias, resulta consistente a través de los
años que las mujeres están mejor formadas que los hombres, y que son
mayoría entre quienes realizan estudios terciarios y superiores. En todo
caso, es preciso advertir de un sesgo sobre el nivel de estudios que
también se detectó en un estudio precedentes sobre padres
corresponsables (Fernández-Rasines y Bogino, 2019). Aquí también, las
mujeres madres derivadas para la realización de las entrevistas tienen
un nivel más alto de estudios que la media de las atendidas en el
servicio. No obstante, interesa destacar la valoración que realizan las
dos mediadoras entrevistadas (M1 y M2), por cuanto indica la ausencia de
correspondencia entre la sobrecualificación de las mujeres y su
reconocimiento en el mundo laboral, algo que se percibe como una
constante en la actividad económica de nuestro contexto social.
Por otra parte, la adherencia de los hombres padres en el mercado
laboral habla de su prevalente alto valor en el régimen de la actividad
económica global y esto es lo que condiciona los acuerdos en la
disponibilidad de padre y madre para la crianza:
M1: Sí que es verdad que en general, ellos, los hombres, en ese
sentido, tienen como... Hasta donde han llegado en su trabajo, están
como más consolidados... Casi todos tienen su jornada completa. Yo pocos
me he encontrado, no sé tú (refiere a M2), que sean ellos los que se
hayan reducido o los que se hayan adaptado, ¿no? En cambio, ellas, es la
gran mayoría. O se han adaptado: “Mira, tal trabajo no lo cogí porque
era incompatible, tenía que madrugar tanto que dejábamos a los niños
solos a la mañana y no podíamos tal”. Entonces, se han adaptado mucho a
trabajos sí, trabajos no... O dentro de un determinado trabajo, bueno,
pues se han reducido la jornada. Y luego han tirado de abuelas. Han
tirado y tiran.
Con relación a quién toma la decisión de iniciar la ruptura y de
solicitar el servicio se mediación, la memoria del servicio para 2016,
año en que iniciamos el estudio, indicaba que las mujeres habían tomado
la iniciativa en la ruptura o disolución de la unión en un 47% aunque
parecía haber una tendencia al alza en los hombres. Sin embargo, esta
tendencia no se confirma en el tiempo, puesto que para 2022, en la
última memoria disponible, se confirma con un 57% que son las mujeres
quienes en su mayoría deciden iniciar los procesos de disolución.
El servicio de mediación familiar extrajudicial en Navarra se estima
que da cobertura cada año a algo menos de la mitad de los casos de
ruptura con hijos/as dependientes a cargo. La labor de estas mediadoras
ha posibilitado lograr un porcentaje de acuerdos de custodia compartida
del 61% en 2022, algo que supera en 5 puntos el porcentaje en la
Comunidad Foral.
5.
Acuerdos de corresponsabilidad y buenas prácticas tras la ruptura
Las informantes entrevistadas aquí representan casos de mujeres que,
como hemos mencionado, ejercen la maternidad a tiempo parcial en virtud
de un acuerdo negociado posruptura de convivencia con el otro
progenitor. El corpus de los datos se caracteriza por la
heterogeneidad en cuanto a sus perfiles socioeconómicos, su localización
residencial rural/urbano y sus experiencias migratorias.
Sin embargo, estas mujeres tienen en común la identificación
cisgénero y el haber tenido a sus hijos e hijas a través de embarazo
propio llevado a término. Proceden de unidades familiares biparentales
de distinto sexo cuya ruptura se había producido en torno al año 2015 y
en las que ambos excónyuges habían tenido actividad económica remunerada
antes de la misma. Todas ellas habían hecho estudios superiores de nivel
equivalente o superior a sus exparejas.
Si bien estas informantes habían sido referidas, por las expertas de
los servicios consultados, como participantes de buenas prácticas de
corresponsabilidad parental y convivencia compartida o alterna
posdivorcio, esto no se corresponde necesariamente con que la ruptura de
pareja hubiera tenido dictamen de jure con fallo en sentencia
firme de custodia compartida o lo que el INE llama “custodia para
ambos”. Al respecto de esta cuestión, las profesionales del servicio de
mediación nos indicaron que había un consenso, derivado también de un
cambio en la terminología de uso en las sentencias de juzgados de
familia, para que los convenios de mutuo acuerdo no incluyeran el
término de custodia compartida por estar muy connotado de frentismo. En
lugar de eso, era más habitual encontrar perífrasis como “regulación de
tiempos de estancia” para definir el modo alternado en la tenencia con
el padre y con la madre.
Las buenas prácticas se definían no por haber determinado una
distribución de tiempos al 50% entre progenitores, sino por haber
logrado un pacto flexible entre padre y madre a través de un modo de
comunicación fluido, frecuente y basado en la confianza, a pesar del
duelo de la ruptura. También estas prácticas eran percibidas por las
expertas y las propias mujeres entrevistadas como modelos emergentes que
contestan el prejuicio de que tras una ruptura de pareja el
entendimiento es difícil con relación al interés superior de los
menores.
Inicialmente queremos destacar algunas características sobre el grupo
de informantes en función de la cronología familiar y de convivencia, su
formación y actividad económica, sus referentes geográficos,
experiencias migratorias y de divorcios previos.
En lo relativo a la cronología familiar y de convivencia, es preciso
destacar los acuerdos de modo dinámico. Como se planteó también en
Fernández-Rasines y Bogino (2019), se aprecian casos de hijos o hijas
adolescentes que abandonan el régimen de alternancia o lo flexibilizan
al máximo, habitualmente debido a la intensificación en su dedicación a
los estudios postobligatorios y sus implicaciones, o bien buscando
cercanía y constancia con sus grupos de iguales. En cuanto a nuevas
relaciones de pareja, tres de ellas reportan haber tenido pareja con
algún tipo de implicación en la crianza, dos han tenido experiencia de
convivencia enlazada con hijos de ambas partes y solo una de ellas
convive de modo continuo con su nuevo compañero y los hijos de
ambos.
Considerando su nivel de formación, estas seis mujeres reportan haber
cursado estudios postobligatorios, del nivel técnico profesional, o el
equivalente a grado universitario. El nivel de estudios superior en los
arreglos de corresponsabilidad parental posdivorcio es un sesgo que
también ha sido señalado en estudios precedentes realizados en Madrid
(Muñoz, 2014) y Cataluña (Spijker y Solsona, 2012). Sus itinerarios
formativos son variados y no se observa un predominio en la elección de
carreras feminizadas, salvo un caso de diplomada en enfermería. El nivel
educativo que reportan o se infiere de sus exparejas resulta homólogo o
de nivel inferior.
En su dedicación al trabajo remunerado sí aparece un impacto de la
brecha estructural de género. Todas ellas son empleadas por cuenta
ajena. Sin embargo, solo en dos de los casos la dedicación retribuida ha
tenido lugar a través de una vinculación continuada y a tiempo completo
durante la mayor parte de su edad laboral, con una continuidad en la
cotización al sistema público de la Seguridad Social de entre 15 y 20
años. Previamente a la ruptura, todas
ellas convivían en hogares con entrada de ingresos por parte de ambos
miembros de la pareja, lo cual no en todos los casos tenía reflejo en la
economía formal y/o en posiciones de empleo efectivo. Idealmente se
trataría en proyecto de parejas llamadas de doble ingreso.
Resulta relevante indicar que, en las parejas que se rompieron con una
única criatura en edad preescolar, el padre había ocupado un lugar
contrahegemónico por su posición inactiva o laboralmente precaria
durante el periodo peri y postnatal. También ocurre que la precariedad
laboral o las actividades económicas marginales aparecen en miembros de
la pareja de origen extranjero, como derivada de las políticas
migratorias y la especial afectación tras la crisis de 2008. En cuanto a
la conciliación vida-trabajo, ninguna de estas madres ha tenido un
horario laboral extendido, ni en turno vespertino, como sí ha podido
ocurrir entre sus exparejas. Esto último es indicador de prevalencia del
rol de género por la intendencia de las madres que tienden a asegurar su
disponibilidad para estar al cargo de hijos e hijas en horario no
escolar.
En cuanto a los referentes geográficos y culturales se trata de un
conjunto diverso de informantes. En el grupo se incluye una mujer de la
minoría vascohablante. Todas las madres pertenecen a
entornos urbanos, salvo un caso que puede considerarse neorrural por
cuanto, siendo pareja, ambos migraron de una gran capital española a una
pequeña aldea en Navarra. Cabe destacar también la cultura migratoria en
la definición de estas experiencias vitales. Dos de las informantes han
experimentado migración internacional en su persona o en la de su
expareja, lo que conlleva un desarrollo de proyecto familiar
transnacional. Dos de estas parejas eran binacionales y una de ellas
tenía este proyecto con un país de la Unión Europea. En la otra pareja
mixta, el padre era de origen extracomunitario y la familia extensa de
este no había conocido presencialmente aún a la criatura. En otros dos
casos, aparecen experiencias migratorias nacionales por motivos de
formación y de desempeño profesional de su familia de origen, de ellas
mismas, o de sus parejas.
En cuanto a pautas de unión y ruptura, todas estas madres tuvieron a
sus criaturas a través de un pacto de convivencia con sus parejas
hombres y en solo un caso, no había mediado el matrimonio. También para
uno de los casos, el pacto de pareja no había sido el primero de sus
matrimonios. La cultura del divorcio no está muy extendida aún en
España, en comparación con la de otros países, como son los de América
Latina. Sin embargo, tres de estas mujeres indicaron que habían vivido
el divorcio en su propio ciclo de vida, bien en primera persona o como
hijas. Las que lo reportaron como hijas, indicaban que haber vivido el
divorcio de sus padres había sido un importante aprendizaje para su
propia toma de decisiones con relación a asegurar la convivencia de sus
hijos/as con ambos progenitores.
Y luego tengo a mi padre, pero no lo veo ya hace treinta años. Sí, se
separaron y muy mal. Por eso no lo veo. (…) por eso estamos haciendo
todo lo contrario que ha hecho mi madre. (…) Mi madre me dijo: “Si
vuelves a buscar a tu padre, a mi casa no vuelvas”. Porque siempre voy
de vacaciones a casa de ella (Alicia, 38 años, 1 hija).
Lo que pasa que ellos no llegaron a hacer los trámites de divorcio,
simplemente hicieron los de separación legal. Marcó bastante, sí, y
luego pues el que mi padre luego se fuera a [región distante] (Irina, 35
años, 2 hijas).
En el caso de Alicia, había el recuerdo de un padre ausente tras una
separación muy conflictiva. Para Irina, sin embargo, la separación de
sus padres le marcó, pero sobre todo cuando su padre decidió emigrar a
otra comunidad autónoma por motivos laborales.
6.
Maternidad intensiva y estratificación reproductiva
En este apartado hemos interpretado las percepciones sobre la
maternidad y la paternidad, con especial enfoque en la maternidad
intensiva y los efectos de los regímenes morales de la estratificación
reproductiva.
Interesa como referente la investigación que Marinho (2017; 2018)
realiza en Portugal, país vecino. Esta autora analiza los modos de
desarrollar la paternidad y maternidad posdivorcio a través de los datos
de una encuesta, y recomienda para futuras investigaciones la
realización de entrevistas en profundidad que permitan conocer
experiencias y percepciones sobre identidad parental y roles de género
en padres y madres.
En este sentido, las madres que hemos entrevistado se corresponden,
en parte, con el modelo que Marinho califica como de maternidad y
paternidad intercambiables, en la que la parentalidad tras la ruptura se
estructura de forma inclusiva y simétrica, tanto en la toma de
decisiones como en la realización de actividades con tiempos alternos de
residencia y cuidado directo equivalente.
Es cierto que estas mujeres subrayan la inclusión coparental, aunque
no se aprecia claramente una simetría entre la dedicación de padre y
madre. Puede decirse incluso que se da una cierta sobrecalificación o
idealización de la imagen de su excompañero como padre. Alina, Sonia y
Alicia justifican su voluntad de compartir la dedicación parental con
quien consideran es un padre idóneo:
Mi ex siempre ha sido una muy buena persona, como siempre lo he
dicho. Lo único que no funcionamos como pareja. Pero es el mejor padre
que puede tener mi hija, muy tolerante, muy responsable (Alicia, 38
años, 1 hija).
Si hay algo en lo que hemos estado de acuerdo es que, para mí,
Eduardo siempre ha sido el padre. El gran padre. Yo quería un gran padre
para mi hijo y lo he encontrado. Entonces, siempre hemos estado de
acuerdo que los dos somos personas trabajadoras y podemos tener nuestro
trabajo, y, a la vez, los dos nos queríamos dedicar a nuestro hijo
(Alina, 35 años, 1 hija).
Con el niño, él ha hecho siempre, cambiarle, acunarle. O sea, no
tengo ninguna queja como padre. Él ha actuado muy bien como padre, en la
familia, pero como pareja, no. Y entonces, yo me he acordado de eso y
dije: “Por mí y por el niño”. O sea, yo ahora no me puedo hacer cargo
sola del niño y al niño dejarle sin padre tan pequeñico. Lo hacía por su
bien (Sonia, 45 años, 1 hija).
La toma de decisiones aparece también negociada gracias al uso de
formas de comunicación fluida y continua. Los cuidados se realizan en
tenencia o custodia alterna, aunque la asimetría se refleja también en
una asignación de tiempos flexible que se percibe por las actoras como
equilibrada pero no es igual en su distribución cuantitativa ni
cualitativa.
Analizando las biografías reportadas puede verse la prevalencia del
género en el desempeño de lo que podemos entender como intendencia
materna. Dicho de otro modo, se observa en los relatos la preeminente
presencia de la madre en la distribución de tiempos y en la gestión
cotidiana de la atención a hijos e hijas desde el nacimiento hasta la
emancipación. Estas madres se aseguran la intendencia de modo más
continuo y en los tiempos de calidad intrasemanal durante el curso
escolar, con la derivada dedicación de seguimiento académico y logístico
que ello conlleva.
El contenido de las entrevistas indica el nivel de adherencia de
estas madres con la ideología de la maternidad intensiva. Si bien se
aprecia una mayor intensidad de las madres en la dedicación parental
durante los primeros años de crianza. La posición gerencial en el
cuidado de hijos e hijas en estas mujeres permanece a medida que pasa el
tiempo, con la llegada de la adolescencia y también en las relaciones
que emergen con otros/as menores a través del enlazamiento con nuevas
parejas. Sin embargo, el acuerdo de tiempos alternos rompe con los
modelos de intensidad continua. El reparto de tiempos pactado tras la
ruptura opera habitualmente con una alternancia intrasemanal, semanal o
quincenal. El encaje se hace a medida, depende de la edad de los menores
y suele hacerse de manera progresiva y con previsión de flexibilidad en
el tiempo.
Estas madres tuvieron a sus criaturas mediante embarazo propio
llevado a término. En este sentido, todas sufrieron alteraciones en su
dedicación laboral por causa del periodo de gestación y la dedicación a
los cuidados de crianza en la atención perinatal. En dos de ellas, esta
dedicación aparece como especialmente intensiva como parte de lo que
Faircloth (2014) conceptualiza como maternidad con apego.
Sonia y Alina se habían conocido en lo que indicaron se trataba de un
grupo de crianza con apego.
Hasta los tres años, te digo que hemos estado los dos al 50% porque
él no tenía trabajo y yo estaba de excedencia, o sea, que estábamos
siempre con la nena (Sonia, 45 años, 1 hija).
Él aceptó y yo pensaba que como yo había tomado la decisión, era yo
la que me tenía que ir de casa, pero el nene está bastante atado a mí
por el tema del apego. Pero para mí lo hizo muy bien y dijo: “Tú te
quedas en casa con el niño y yo me busco un sitio”. Él pensaba en lo
mejor para el niño (Alina, 35 años, 1 hija).
La prevalencia del género también aparece con las medidas para la
conciliación que toman estas mujeres en los primeros años de sus
criaturas. Es común haber solicitado excedencia en el puesto laboral y
después trabajar con jornada reducida para hacer compatible la atención
a las criaturas. En otro de los casos la mujer optó por la inactividad
laboral. También se reporta la solicitud de ayuda a sus propias madres.
Cuando están disponibles, las abuelas cubren ausencias propias o de la
expareja.
Sonia decía haber aprendido en el citado grupo de crianza que el bebé
precisa establecer el apego con padre y madre hasta los tres años, pero
veía que el mayor apego era con la madre. Explica que ella y su expareja
acuerdan convivir hasta los tres años de la niña. Él estaba en búsqueda
de empleo y ella solicita una excedencia para cuidado de la bebé. Afirma
haber tenido suerte en su trabajo para la conciliación de su vida
laboral y familiar. Después de la separación su expareja busca trabajo
de modo itinerante en el extranjero y viene a cumplir con las estancias
con su hija cuando su régimen de trabajo se lo permite. Si él tiene que
cambiar su turno de estancias con la nena, ella cuenta con el apoyo
puntual de su madre, la abuela materna.
Irina también cuenta puntualmente con la ayuda de su madre, que está
prejubilada. Tiene dos nenas menores de cinco años y se acoge a una
jornada laboral reducida para poder recogerlas cada día del centro de
educación preescolar. Su expareja tiene una dedicación laboral que no es
compatible con ello:
Nosotros decidimos hacer una custodia compartida, pues para
participar los dos al máximo dentro de nuestras posibilidades. Yo ya
tenía esta jornada laboral reducida de ocho a tres, y seguimos en que yo
las recojo siempre, porque ahora la pequeña salía a las tres de la
guardería. Su padre sale a las cinco y media o seis de la tarde.
Entonces, yo las recojo todos los días, le toque a quien le toque
(Irina, 35 años, 2 hijas).
La nena de Alicia, con casi nueve años cursa educación primaria. Su
padre tiene un trabajo con solo un día de descanso a la semana. Durante
el curso, vive con su madre cinco días entre semana y pasa con su padre
la mayor parte de los periodos vacacionales:
La nena está cinco veces por semana conmigo y dos con su padre. Él
trabaja y tiene fiesta siempre el mismo día de la semana, con lo cual
los miércoles y jueves la nena está con él. Yo la dejo en el colegio a
las nueve de la mañana del miércoles y la recojo a las cinco de la tarde
del viernes. Miércoles y jueves está con su padre. Y estamos siempre
así. Luego, en las vacaciones, él tiene 45 días, pero repartidos en tres
veces al año. Con lo cual, en las vacaciones se queda normalmente con su
padre (Alicia, 38 años, 1 hija).
Con la llegada de la adolescencia no es infrecuente que el esquema
temporal y de residencia alterna se flexibilice para responder a las
necesidades del chico o la chica. En ocasiones, cuando hay dos menores
se produce una partición de la tenencia.
Gina y Susana tienen hijos en edad adolescente y sin emancipar. Gina
tiene custodia compartida en su convenio de divorcio, sin embargo, en la
práctica el hijo menor alterna quincenas entre padre y madre, mientras
el hijo mayor ha abandonado la alternancia motu proprio.
El mayor vive solamente conmigo. No está con el padre. Teníamos
custodia compartida y él ha decidido. Y ya no le puedes decir nada. Y
mantiene relación con el padre, evidentemente. Yo me esfuerzo y, además,
quiero que vaya con su padre. Entonces ya le digo: “Pues nada bonito, en
cuanto puedas te independizas y me independizas a mí también”. Cuando se
hacen más mayores, ya no quieren custodia compartida (Gina).
Susana acordó con su expareja un convenio de divorcio de custodia
exclusiva materna para su hija, pero con estancias prolongadas y
flexibles con el padre. En la realidad actual, la hija no pernocta
ningún día con su padre, aunque sí comparte muchas estancias con él y su
familia extensa paterna.
Cuando nos separamos la cría tenía dieciséis años. Estaba estudiando
y decidió que era mejor estar dos o tres días a la semana con su padre,
durmiendo allí y desde ahí se iba al instituto. Luego tampoco hemos
hecho lo que teníamos firmado, sino que nos hemos adaptado a sus
circunstancias. Sigue viviendo aquí y con su padre sigue manteniendo esa
relación de: “Quedamos para comer, quedamos para cenar”, cuando les
viene bien (Susana).
Esto se produce de modo informal porque la mirada experta desde el
derecho de familia, la psicología y el trabajo social forense no
considera idónea la fórmula de separar a los hermanos. La administración
de justicia y de protección a menores enfoca este celo en procurar que
no se separe la descendencia de una misma pareja, sin embargo, es
interesante comprobar cómo los y las menores que forman parte de
familias enlazadas por múltiples uniones suelen quedar al margen de esta
prescripción.
Susana tiene entonces a su hija sin emancipar en casa y convive ahora
con una nueva pareja que trae un nene pequeño de unión previa. Según el
relato de esta informante, la madre biológica y legal de este niño había
inmigrado de un país latinoamericano y residía en otra comunidad
autónoma. En el acuerdo de divorcio, esta mujer habría renunciado al
ejercicio de la patria potestad sobre este hijo y acordó con su expareja
un régimen de estancias mínimas que en la práctica haría coincidir, en
lo posible, con las estancias mínimas pactadas para otra hija de una
unión previa. Susana resulta ser actual pareja del padre de ese niño y
actúa como madre interina del mismo. Refiere que la madre de este
prioriza “estar libre”:
La madre, cuando se lo lleva, procura juntar a los dos hermanos.
Claro, vive en una habitación, con otras dos personas. Cuando va con su
madre, duermen los tres en una cama. Pero tampoco creo que esa sea la
causa. Ella prioriza estar libre (Susana).
La vida de este niño de seis años ilustra el resultado de la
estratificación reproductiva y de la coexistencia de dos tipos de
ejercicio de la maternidad marcados por la economía moral entre la
consideración de madre migrante cuasi ausente y madre sustituta
intendente.
7. Conclusiones
En este trabajo analizamos prácticas en el ejercicio de la maternidad
que resultan de acuerdos negociados de corresponsabilidad parental
posdivorcio. Hemos visto que estas prácticas se inscriben dentro de la
ideología de la maternidad intensiva, sin embargo, al realizarse en
forma discontinua o alterna contestan el modelo hegemónico de género en
lo relativo a reproducción y crianza.
Las mujeres madres implicadas en estas prácticas tienen un papel
activo, no solo en la negociación de la alternancia con sus exparejas
varones, sino en la toma de decisiones previa. En primer lugar, toman la
iniciativa en mayor proporción ante la propia ruptura de la convivencia
conyugal. En segundo lugar, son quienes buscan y solicitan el apoyo
institucional a través del servicio de mediación familiar para lograr
acuerdos sostenibles por el interés superior de las criaturas
dependientes a cargo.
En cuanto a las prácticas del divorcio, en España hasta 1981 no llega
una ley de disolución matrimonial con causa que, hay que destacar, rompe
con la tradición paterna de la patria potestas y posibilita que
las mujeres puedan acceder a la responsabilidad parental sobre sus hijos
e hijas en términos de igualdad. La reforma de esta ley llega en 2005
introduciendo la posibilidad de acordar la guarda y custodia compartida
y para ello, asunción institucional de la mediación familiar como parte
de la ampliación de los servicios vinculados a los derechos
sociales.
El servicio de mediación familiar es un servicio público preventivo
que opera en facilitar la comunicación en situaciones de crisis de
pareja con el objeto de lograr los mejores acuerdos posdivorcio para
beneficio de los menores, tanto en lo relativo al reparto económico como
a tiempos de convivencia con padre y madre. Los datos que proporciona
este servicio indican que el género sigue apareciendo como estructurante
en las relaciones reproductivas y de crianza. Las madres están mejor
formadas que los padres, pero tienen peor reconocimiento en el mercado
laboral. Por el contrario, la adherencia de estos en el mercado de
trabajo condiciona los acuerdos de corresponsabilidad antes y después de una
ruptura de convivencia. Este dato aparece de forma muy clara también en
las entrevistas realizadas a las madres.
Como ya se ha dicho, estos acuerdos de corresponsabilidad se
consideran buenas prácticas de parentalidad no tanto porque busquen una
distribución del 50% en la dedicación de padre y madre, sino porque
surgen de un esfuerzo compartido de comunicación para lograr un pacto
sostenible y al mismo tiempo flexible en el tiempo.
El perfil de las madres entrevistadas es heterogéneo en cuanto a sus
características socioeconómicas, origen y lugar de residencia. También
se ha visto diversidad en cuanto a la cultura migratoria y de
descasamiento o divorcio.
Por otra parte, tienen en común las entrevistadas que son mujeres
cisgénero y que han sido madres a través de embarazo propio llevado a
término dentro de una familia biparental, de progenitores de distinto
sexo, en su mayoría unidos por matrimonio y con actividad económica
previa de doble ingreso.
En la selección del grupo de entrevistadas se han detectado sesgos al
menos en tres sentidos. En primer lugar, no quedan aquí reflejadas las
realidades de parejas del mismo sexo, y su contribución a los acuerdos
de custodia compartida es muy superior al resto. El segundo sesgo está
en que el nivel de estudios de estas mujeres es superior al de resto de
usuarias del servicio de mediación familiar. Por último, los casos
analizados se refieren a familias de entornos urbanos y periurbanos.
El análisis de las entrevistas indica que en estas prácticas
maternales hablamos de padres y madres intercambiables de manera
alterna. Sin embargo, en los relatos sobre las experiencias de estas
mujeres, se comprueba la influencia de los mandatos de género cuando sus
carreras profesionales se ven moldeadas por la conciliación, con el
cumplimiento de roles de cuidado y crianza.
La prevalencia del género se aprecia en el desempeño de la
intendencia materna que se atenúa tras la ruptura, pero sigue la
ideología de la maternidad intensiva. Se aprecia además en los relatos
una sobrevaloración o idealización de la imagen del padre en la
contribución a la crianza. La negociación de la alternancia tras la
ruptura ha sido posible con el esfuerzo conjunto de participar en una
comunicación fluida y continua. Ello ha posibilitado lograr acuerdos
equilibrados pero desiguales en su distribución cuantitativa y
cualitativa.
Por último, de manera enlazada y tangencial, nos aparecen datos de
cómo las condiciones socioeconómicas de precariedad que se derivan de la
política migratoria de cupos en determinados sectores precarizados
operan en esta estratificación reproductiva. Algunas de estas mujeres
migrantes toman decisiones de ejercicio parental muy similares a las que
toman buena parte de los hombres, sin embargo, los regímenes morales
regulan que ellas sean consideradas como madres ausentes o de
competencia deficiente con relación a los cuidados parentales.
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