El análisis de las políticas públicas se ha llevado a cabo de forma mayoritaria desde los marcos teóricos y metodológicos de las ciencias de la administración. Estas han estado dirigidas fundamentalmente al aseso ramiento para la optimización de la toma de decisiones y el aumento de la efectividad de las políticas (véase p. ej. Peters y Pierre, 2006; Grau y Mateos, 2002). Sin embargo, precisamente por esta concepción neutral de las políticas públicas, los conflictos que en ellas se dan quedan reducidos a un ámbito puramente técnico y las relaciones de poder, los intereses de las diferentes fuerzas sociales o las orientaciones políticas quedan fuera de estos análisis. Existen, por otro lado, otros enfoques en el ámbito de las ciencias políticas y de la sociología que, al señalar los marcos comunicativos en los cuales se definen los problemas que las políticas públicas deben solucionar, sí ponen en cuestión la neutralidad de estas (véase Greven, 2008). Sin embargo, tienden a desligarlas de los conflictos que penetran la sociedad en su conjunto y que se materializan en las diferentes estructuras e instituciones sociales.

Por otra parte, la crítica al análisis de políticas públicas desde una perspectiva más sensible a las relaciones de dominación sistémicas en el ámbito de la reproducción social ha venido en muchas ocasiones de la mano de un desinterés hacia estos procesos políticos concretos en el seno del Estado y de las instituciones públicas (véase p. ej. Agnoli, 2012: 35). Esta falta de interés está en este caso relacionada con un enfoque funcionalista del Estado: la actuación estatal (en toda su variedad) se tomaría como dirigida unívocamente al mantenimiento de la (conflictiva) reproducción social (Brand, 2013: 426). Frente a esta asunción determinista, la teoría materialista del Estado desarrollada por Nicos Poulantzas señala que, es precisamente la materialidad y especificidad del Estado como relación social, la que apuntala su “autonomía relativa” respecto a las fuerzas sociales en una determinada sociedad tomada en su conjunto (Poulantzas, 2005: 152s; véase sección 2). Desde esta perspectiva, los procesos y conflictos que se dan en el interior del Estado dejan de entenderse como la ejecución de una determinada receta para la reproducción social. Por el contrario, son vistos como un escenario más de la lucha entre las diferentes fuerzas sociales (ahora bien, un escenario específico y diferenciado del social global) y son, por lo tanto, merecedoras de mayor atención por parte del/ de la investigador/a.

El objetivo principal del análisis político materialista-histórico (APMH en adelante) es explicar los procesos y conflictos específicos que tienen lugar en el seno del Estado, poniéndolos en relación con una sociedad penetrada por relaciones de poder que definen su forma de reproducción. Existen publicaciones en castellano que adoptan enfoques metodológicos cercanos teóricamente (p. ej. Álvarez Huwiler y Bonnet, 2017; Juste de Ancos, 2017). Sin embargo, consideramos que el APMH, tal y como ha sido desarrollado por el grupo de investigación Proyecto de Estado Europa (Staatsprojekt Europa (2014)) y posteriormente enriquecido con nuevas aportaciones y que sobre todo en el área germanohablante ya ha fundamentado diversos estudios empíricos (p. e. Wissel, 2015; Georgi, 2016; Syrovatka, 2016; Caterina, 2019; Boos, 2021; Schafgans Muñoz, 2022), puede ser de gran interés en el ámbito hispanohablante en el que apenas ha tenido eco hasta la fecha. Este tipo de análisis permitiría, por ejemplo, poner conflictos tan concretos, como la aprobación en España de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (4/2015) (ley mordaza en adelante)2 y la oposición a esta, con procesos globales como el de la integración europea de una forma no arbitraria, sino justificada metodológicamente. El ejemplo de la “Ley Mordaza” hará las veces en este artículo de objeto de investigación hipotético para ilustrar mejor la aplicación de la metodología.

La intención del presente artículo es exponer, sintetizar y discutir críticamente los distintos enfoques que la propuesta metodológica del APMH ha desarrollado en los últimos años. También haremos referencia a diferentes trabajos que han hecho uso de esta metodología en el proceso de investigación y expondremos el corpus metodológico, desglosando las diferentes fases del mismo, con el fin de facilitar su uso para la investigación. El artículo está estructurado de la siguiente forma: En primer lugar, presentamos la teoría materialista del Estado como la base teórica del APMH. En segundo lugar, ahondaremos en el concepto de proyecto de hegemonía como clave para la operacionalización en la investigación de campo de la teoría materialista del Estado y desgranaremos la estructura fundamental del APMH. Por último, haremos una reflexión crítica sobre las oportunidades que esta metodología ofrece y los límites que enfrenta.

La teoría materialista del Estado no es en absoluto un corpus teórico cerrado y uniforme, sino que abarca un gran número de enfoques diferentes. Todos ellos tienen un denominador común: su vínculo con el materialismo histórico desarrollado por Marx y con la crítica de la economía política basada en él (Hirsch, 2005a: 15). Esta crítica sostiene que las sociedades capitalistas, así como sus relaciones específicas, son inherentemente contradictorias y tendentes a las crisis. Ello se debe a que se fundamentan en determinaciones naturales y en condiciones sociales que no son capaces de reproducir; por el contrario, tienden incluso a destruirlas (Hirsch, 1995: 21; Brand et al., 2021: 5). Partiendo de esta base, el papel central del Estado es la

estabilización duradera del proceso de reproducción social, sin afectar de forma significativa a las relaciones entre sus fuerzas antagónicas (Buckel et al., 2014: 27). Uno de los modos en los que se procesan y regulan de forma continuada y dinámica las contradicciones y tendencias a las crisis es a través de las políticas del Estado (Brand et al., 2021: 6). Es por ello que es en el Estado donde se materializan las distintas relaciones de poder. La materialidad del Estado, así como la de las relaciones sociales en general, se entiende apoyándose en una tradición de pensamiento que se refleja en las palabras de Karl Marx en el 18 Brumario: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (Marx, 2003: 10). Esta concepción enfatiza que las relaciones de dominación y explotación no son relaciones personales, sino que están inscritas en una realidad social que no está a disposición de los individuos, “(...) como una relación social entre los objetos, existente al margen de los productores” (Marx, 2008: 88) Por un lado, las condiciones materiales son portadoras de relaciones sociales determinadas. Es decir, de relaciones de dominación capitalistas, sexistas y racistas (entre otras). Por otro lado, su forma específica depende de las correlaciones concretas de poder, que pueden ser muy variadas según cuáles sean las condiciones históricas específicas, el campo de conflicto o los actores protagonistas (Buckel et al., 2014: 44). Asimismo cabe decir que no existe solo un conflicto social entre trabajadores y capitalistas. Al contrario, categorías como raza o género no son contradicciones secundarias del capitalismo, sino que son el producto de condiciones de cuya continuación depende constitutivamente el capitalismo (Buckel y Oberndorfer, 2018: 41). En palabras de Hirsch (2005): “El Estado burgués es entonces siempre y simultáneamente un Estado capitalista, racista y patriarcal y las relaciones sociales que él expresa y ‘regula’, mediante su aparato, comprenden todas estas contradicciones” (Hirsch, 2005b: 171).

A continuación, para profundizar en la presente aproximación teórica, nos vamos a centrar en los postulados de Antonio Gramsci, Nicos Poulantzas y sus posteriores desarrollos. Para ellos, la noción de Estado difiere de cualquier idea de Estado ideal “solucionador de problemas”, así como de cualquier otra concepción subjetivista o instrumentalista del Estado (Kannankulam, 2008: 34; véase Poulantzas, 2005: 153 y ss.). La innovación central de la teoría del Estado de Poulantzas radica en su concepción del Estado como una “relación social” específica que cambia en función de las relaciones de clase y de poder que se encuentran en constante disputa (Demirovic, 2007: 64; Hirsch, 2005b: 169). Más bien, concibe el Estado en consonancia con la idea gramsciana de “Estado integral” (Gramsci, 1999: C17, §51, 333), como un campo y proceso estratégico y como “un conjunto contradictorio y fragmentado de aparatos estatales” (Buckel et al., 2014: 29¸ traducción propia), en el que cada uno de estos aparatos tiene su propia “materialidad estructural” (véase también Kannankulam, 2008: 34; Hirsch, 2005a: 30). En palabras de Poulantzas el Estado es “la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de manera específica, en el seno del Estado” (Poulantzas, 2005: 154 y 159).

Para Poulantzas, la especificidad del Estado capitalista consiste en la separación relativa entre este y la economía. Esta separación relativa es la base de la peculiar estructura institucional del Estado; es decir, la base de su materialidad (Poulantzas, 2005: 14). No obstante, este cisma no debe entenderse como una independencia del Estado, por el contrario el Estado solo puede verse únicamente como un nivel estructural autónomo en el conjunto social de las relaciones de producción y su reproducción (Kannankulam, 2008: 69; Demirović, 2007: 66): Según (Hirsch, 2005b: 170): “el Estado refleja en su estructura organizativa concreta relaciones de fuerzas sociales, pero simultáneamente también las moldea y estabiliza”. Para ello tiene que conservar su autonomía relativa, que se deriva de la estructura de las relaciones de producción capitalista. Solo porque el Estado tiene por regla general una autonomía relativa a través de su independencia frente a los actores sociales, es capaz de contribuir a la reproducción de esta socialización contradictoria (Buckel et al., 2014: 28).

El propio Estado se divide así en diferentes sectores o aparatos estatales: p. ej. el Parlamento, los ministerios, el poder judicial, el Ejército, así como aparatos regionales y comunales y también en aparatos ideológicos como los medios de comunicación y el sistema escolar. Estos constituyen “la sede del poder y del representante privilegiado de tal o cual fracción del bloque en el poder, o de una alianza conflictiva de algunas de esas fracciones contra las otras” (Poulantzas, 2005: 159s.). Es en ellos donde se cristalizan los diversos intereses. Así pues, el Estado puede entenderse como un campo y un proceso estratégico, caracterizado por relaciones complejas, en parte complementarias, en parte antagónicas, entre sus diversos aparatos (Hirsch, 2005a: 30). La relativa “autonomía del Estado [...] existe concretamente, por consiguiente, como autonomía relativa de tal o cual rama, aparato o red del Estado con relación a otras” (Poulantzas, 2005: 163). Es más, esta citada autonomía, tanto del Estado como de sus aparatos, se plasma especialmente en las medidas contradictorias y las resistencias que generan las políticas estatales (ibid.).

En consecuencia, las políticas de los distintos aparatos estatales pueden ser contrarias entre sí y, en algunos casos, incluso diametralmente opuestas. Sin embargo, lo decisivo para que el Estado pueda crear cohesión social es que los distintos aparatos estatales cooperen a pesar de sus antagonismos. Esta cooperación antagónica solo puede tener éxito si las facciones políticas de los actores del poder se comprometen con un proyecto a largo plazo que implique simultáneamente a los subalternos. “Esta unidad solo puede garantizarse mediante proyectos estatales específicos o proyectos políticos que se elaboren en los distintos departamentos del Estado” (Buckel et al., 2014: 30; traducción propia). Para realizar un examen más explícito e de tales proyectos políticos, así como su capacidad para la creación de consenso hege mónico entre las clases dominantes y subalternas, resulta necesario volver al autor clásico de la teoría de la hegemonía: Antonio Gramsci. Gramsci combinó el análisis del Estado con el de las relaciones sociales de poder. Para él, el Estado no era solo un núcleo represivo, sino un “Estado integral” compuesto por el

sistema político-administrativo y la sociedad civil. Concebía el Estado como “todo el conjunto de actividades prácticas y teóricas con las que la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino que logra obtener el consenso activo de los gobernados” (Gramsci 1999: C 15, §10, 186). Para llegar a ser hegemónico, un proyecto político debe ser capaz de solidificarse como representante de una generalidad trascendente y así “establecer una estructura relativamente estable de antagonismos institucionalizados con éxito a lo largo del tiempo” (Opratko, 2012: 139; traducción propia). Asimismo el proyecto político debe “establecer el liderazgo político e intelectual en la vida social mediante la difusión de la ‘visión del mundo’ personal en todo el tejido de la sociedad” (Eagleton, 1993: 137; traducción propia). La hegemonía es, por tanto, el proceso por el que los intereses particulares de una facción se transforman en el interés general. Sin embargo, no surge ni se estabiliza por sí misma, sino que es una relación disputada que debe organizarse, reorganizarse y combatirse activamente a diario.

En las últimas décadas, la globalización y la transnacionalización de la política han enfrentado estos conceptos de Estado-nación a una serie de nuevos retos y han provocado cambios significativos en el Estado moderno (Buckel et al., 2014: 16). El grupo de investigación Proyecto de Estado Europa ha concebido el término Europäisches Staatsapparateensemble (“conjunto del aparato estatal europeo”) en referencia a Nicos Poulantzas para describir el gran número de actores institucionales a nivel nacional y supranacional que forman el conjunto institucional europeo mientras compiten por intereses diferentes, pero operando sobre la base de una estructura jurídica europeizada (Wöhl et al., 2020: 12; Buckel et al., 2014: 38; Wissel, 2010: 88s.). Además, como el conjunto de aparatos estatales en Europa son muy heterogéneos, las posiciones entre los Estados miembros y sus diversos aparatos son frecuentemente contradictorias. No obstante, para mantener una cierta cohesión política, es importante poner en marcha determinados proyectos de Estado (Wöhl et al., 2020: 12; véase Jessop, 2006). Por lo tanto, la Unión Europea puede entenderse como una nueva configuración escalar de los Estados nacionales en un nuevo “proyecto de Estado europeo”, cuyo objetivo es establecer una estructura medianamente coherente de las instituciones y aparatos europeos y nacionales (ibid.; véase también Buckel et al., 2012). En este sentido, han surgido nuevos aparatos europeos estatales o semiestata les, p. ej.: la Comisión Europea, una multiplicidad de agencias europeas o el propio Banco Central Europeo. Además se han desarrollado redes transnacionales de organización de intereses en forma de think tanks, empresas editoriales, grupos de presión, ONG, etc. Pero también los aparatos estatales nacionales se están europeizando internamente (Buckel et al., 2014: 37 ss.; Syrovatka, 2016: 34 ss.; Wissel, 2019: 47). Asimismo, este proyecto de Estado europeo “existe junto a los diversos proyectos de Estado nacionales y en competencia con ellos” (Wissel, 2019: 49; traducción propia). La relación y la posición de los distintos aparatos europeos y nacionales unilateral y bilateralmente, son el resultado de un proceso de negociación permanente. Sin embargo, dado que no se ha desarrollado una sociedad civil europea, solo unos pocos actores disponen de los recursos necesarios para abordar por sí mismos los conflictos políticos a escala internacional, por lo que el espacio nacional sigue siendo central, al menos para el establecimiento de una hegemonía social inmediata con respecto a los subalternos (Wissel, 2015: 38). El proyecto de un Estado europeo común, debido a que aún no tiene una posición hegemónica consolidada, es permanentemente contestado, precario, inestable y propenso a las crisis (Wissel, 2010: 88). Esto también queda ilustrado en la permanente crisis en Europa, que ha puesto de manifiesto la gran inestabilidad de los regímenes tanto europeos como de los Estados nacionales. Siguiendo a Nicos Poulantzas y a su actualización por Lukas Oberndorfer, el nuevo modelo normalizado de Estado, que se vuelve dominante con el neoliberalismo, puede caracterizarse como estatismo autoritario. Este se puso de manifiesto en Europa en la crisis del Euro durante el periodo de ajustes y austeridad, como estatismo competitivo autoritario (Oberndorfer, 2012). Esta situación se caracterizaba por una creciente reestructuración y vaciamiento de la democracia representativa o de los partidos y el parlamento, así como por una restricción de las libertades de los subalternos (Poulantzas, 2005: 247s). Esta transformación del Estado se debe a una escisión y a una inestabilidad permanente de la hegemonía de los gobernantes, dado que la política neoliberal choca con sus límites.

Para finalizar este apartado, retomando el ejemplo que indicamos en la introducción como hilo conductor del presente artículo, la ley mordaza, cabe señalar que supuso una profunda restricción de los derechos fundamentales y se considera un ejemplo de la aplicación del estatismo competitivo autoritario (Caceres y Oberndorfer, 2013). La ley mordaza, pero también la gestión estatal de la crisis de las nacionalidades en Cataluña, entre otras, sugieren que asegurar el poder por parte de los actores gobernantes era cada vez más posible solo a través de estrategias autoritarias, ya que no había consenso ni dentro del bloque gobernante ni fuera de él. Esta deriva llevó a que “las luchas populares tom[aran] cada vez más por blanco el aparato mismo del Estado” (Poulantzas, 2005: 300 ).

Han sido muchos los intentos de aplicar las ideas de los enfoques materialistas y de la teoría de la hegemonía en el trabajo empírico y operacionalizarlas para proyectos concretos de investigación (Brand, 2013; Kannankulam y Georgi, 2012). Es por ello, que para facilitar de forma efectiva y simplificada la investigación empírica en torno a la concepción materialista de las relaciones sociales de poder, y al mismo tiempo hacerla accesibles a un mayor número de investigadores/as; el grupo de investigación Proyecto de Estado Europa (2012, 2014) ha desarrollado —siguiendo las consideraciones de Brand (2013)— el enfoque metodológico del APMH con el que pueden analizarse las constelaciones de conflictos sociales en relación con regiones, coyunturas y ámbitos políticos espacio-temporalmente concretos.

Al inicio de este apartado es necesario centrarse en el concepto proyecto3 de hegemonía, puesto que consideramos que es fundamental para la operacionalización de la teoría materialista del Estado. Este concepto se basa en la noción gramsciana de las relaciones de dominación, según la cual esta dominación, no se basa exclusivamente en la violencia, sino también en un consenso (asimétrico) del que participan los dominados (véase Gramsci, 1999: C12, §1, 357). Cuando determinados actores políticos logran universalizar su visión de la sociedad (es decir, sus intereses materiales mediados estratégicamente), su proyecto se convierte en el proyecto hegemónico (ibid. C13, §17, 36-7). En este sentido la hegemonía no solo consiste en la consecución de objetivos de unas fuerzas sociales determinadas, sino en la fijación de unos patrones de reproducción social que garanticen el consenso activo de los dominados (Demirovic, 2013: 127). Junto al proyecto hegemónico, del mismo modo, pueden darse otros proyectos que, si sobrepasan la inmediatez de los “intereses económico-corporativos” de determinados actores o fracciones de clase, pueden concurrir en la lucha por la hegemonía con el proyecto hegemónico. Es entonces cuando verdaderamente se convierten en proyectos de hegemonía.

En línea con lo expuesto anteriormente afirmamos que, si bien la correlación de fuerzas de la sociedad se reproduce en la correlación de fuerzas en el Estado, debido a la autonomía relativa y a la materialidad del Estado, dicha reproducción no se realiza en ningún caso de forma “automática” o paralela (Poulantzas, 2005: 152s). La correlación de fuerzas en una sociedad tomada en su conjunto se inscribe solo de una forma específica en los diferentes aparatos del Estado, por eso entendemos que conviene diferenciar —con Wissel (2015)— entre la correlación social de fuerzas y la aparativo-estatal en el proceso de investigación. Por tanto, cada proyecto de hegemonía engloba un proyecto de Estado (Jessop, 1990) como parte diferenciada de sí mismo. Este es resultado de la adaptación de las estrategias que lo conforman a la selectividad del Estado y de cada aparato estatal. Sin embargo, precisamente en la constatación de la presencia específica de las fuerzas sociales en el Estado, vemos aparecer uno de los mayores desafíos para el APMH, que podríamos calificar como el problema de la correspondencia: Por una parte no es posible trazar una correspondencia directa entre fuerzas sociales y actores políticos, más o menos institucionalizados, (véase Bieler, 2014: 307). Por otra parte tampoco parece viable identificar plenamente conflictos en procesos políticos muy concretos y específicos (como la aprobación de la ley mordaza) con los ejes fundamentales de conflicto en una sociedad (como la distribución del producto social en un contexto de crisis financiera) (Brand et al., 2021: 12). Para integrar estas críticas en el análisis históricomaterialista hacemos hincapié en que son las estrategias adoptadas y no sus actores o los intereses de determinadas fuerzas sociales las que conforman los proyectos de hegemonía.

El concepto de proyecto de hegemonía funciona como nexo entre las teorías del Estado y de la hegemonía y la investigación de campo en tanto que estructura el escenario de conflicto político y lo divide en proyectos de hegemonía que compiten entre sí4 (Wissel, 2015: 60). Por lo tanto, el escenario del proceso político queda ordenado a priori a lo largo del eje definido por la lucha por la hegemonía. Ahora bien, la determinación del contenido de los proyectos de hegemonía, de sus objetivos y principales líneas estratégicas, así como de los actores que se adhieren a estas y de su posición en la correlación social de fuerzas y aparativo-estatal, es una tarea que le compete a la investigación de campo. Cabe decir que la definición más ajustada de proyecto de hegemonía es la de “haz de estrategias” (Buckel et al., 2014: 45). Por lo tanto, resulta fundamental tomar como referencia las estrategias y no los actores como objeto de análisis. Esta definición pretende hacer comprensibles en una categoría analítica una multitud de acciones, prácticas y tácticas con motivaciones diferentes y a menudo yuxtapuestas (Kannankulam y Georgi, 2012: 35). Las acciones y prácticas analizadas pueden ser de índole muy diferente: “Desde actos organizados por pequeños grupos políticos hasta trabajo de lobby por parte de asociaciones de capital, decisiones de inversión y propuestas legislativas de actores políticos en un sentido estricto” (Buckel et al., 2014: 46; traducción propia). Además, esta definición tiene en cuenta que cada uno de los actores están ellos mismos atravesados por diferentes estrategias y por lo tanto, en ocasiones, están suscritos a diferentes proyectos de hegemonía. En palabras de Wissel:

Tomado con exactitud, los actores pueden ser solo tendencialmente clasificados en proyectos de hegemonía, porque ellos mismos están atravesados por diferentes proyectos de hegemonía. Los actores pueden adoptar estrategias contradictorias. Acciones y estrategias por el contrario pueden ser clasificadas con mayor claridad (Wissel, 2015: 63s, traducción propia).

La adscripción de actores o partes de actores por parte del/la investigador/a determinados proyectos de hegemonía no depende de su pertenencia consciente, sino que es suficiente que estos adopten, en un escenario de conflicto político determinado, unas estrategias compatibles dirigidas a unos objetivos comunes (Buckel et al., 2014: 46). Retomando el ejemplo de la ley mordaza, cabe decir que, en el contexto de conflicto social de los años de la crisis financiera, se puede dar una contestación a la ley mordaza para evitar

su aprobación o forzar su derogación como coincidencia relevante de estrategias de actores tan diversos como pueden ser asociaciones periodísticas, una ONG como Amnistía Internacional y sindicatos, entre los cuales puede no haber ningún tipo de identificación. En este sentido siguiendo a Kannankulam y Georgi: “Los proyectos de hegemonía son abstracciones elaboradas analíticamente, no son alianzas conscientes y organizadas centralizadamente” (Kannankulam y Georgi, 2012: 35; traducción propia). Es decir, al reducir la inmensa complejidad de la cantidad de prácticas y actores y hacerlos así accesibles, los proyectos de hegemonía se convierten en elementos extremadamente útiles para la investigación. La designación de las estrategias y no de los actores como unidades del objeto de análisis, además de tener una fundamentación teórica y metodológica, tiene considerables ventajas prácticas en el proceso de investigación: mientras los intereses “objetivos” de los actores son más difíciles de probar, las estrategias que estos adoptan (y que son mediadoras de esos intereses) son accesibles al/a la investigador/a partir del análisis de contenido de documentos, entrevistas, etc. (Buckel et al., 2014: 46).

En esta línea, conviene señalar la centralidad de la figura del intelectual orgánico (en sentido gramsciano) tanto para la formación de los proyectos de hegemonía como para su estudio. Son ellos los que, a través de sus reformulaciones, consiguen hacer de diferentes objetivos e intereses, a veces incluso contradictorios, unas líneas estratégicas básicas con una dirección común (ibid.). Esto último resulta especialmente importante para la investigación, ya que, para determinar el contenido común (estrategia y fines) del proyecto de hegemonía, puede ser de gran ayuda probar que determinados actores toman como referencia las interpretaciones de los intelectuales orgánicos.

Para concluir el apartado, nos parece esclarecedor presentar a modo de ejemplo, los cinco proyectos de hegemonía, en torno a la integración europea y a la política de migración, que han sido identificados por parte del grupo de investigación Proyecto de Estado Europa (2014): el neoliberal, el/los conservador/ es, el proeuropeosocial, el nacional-social y el alternativo de izquierdas. Estos proyectos atraviesan grandes actores como partidos políticos, instituciones europeas, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil, según las estrategias que en ellos (o en parte de ellos) se adoptan. A través de la agregación analítica de estrategias5, el grupo de investigación llegó a la identificación de los proyectos anteriores. Estos son por lo tanto identificables en un momento determinado en un área geográfica/estatal determinada y estarían en constante transformación. Como consecuencia de ello, en ningún caso se puede constatar que los citados proyectos tengan un carácter definitivo, sino que están en constante cambio y los límites entre ellos tienen que volver a definirse constantemente.

Tal como señalamos en el anterior capítulo, los actores que adoptan líneas estratégicas similares pueden ser clasificados en un mismo proyecto de hegemonía. No obstante, dependiendo del campo de conflicto, estas pueden adherirse a diferentes proyectos de hegemonía. Es por ello que son las estrategias las que se clasifican preferentemente en los proyectos y no los actores. Puede haber fases en las que tanto dentro de los diferentes proyectos, como entre ellos, surjan conflictos, se rompan coaliciones y se creen otras diferentes (Caterina, 2019: 50 y ss.). Por lo tanto, los proyectos de hegemonía no pueden entenderse como un concepto estático, ya que no son homogéneos ni uniformes: son histórica y espacialmente dinámicos y pueden diferir en virtud del país y del ámbito político (Buckel et al., 2012: 22). Es por ello que las tareas cruciales del APMH consisten en determinar el contenido de cada proyecto de hegemonía (mostrar sus objetivos, sus líneas estratégicas y los actores que los comparten) y esclarecer la posición que adoptan los proyectos de hegemonía en la correlación de fuerzas. La cuestión aquí es: ¿cómo se pueden investigar los proyectos de hegemonía de forma empírica?

La operacionalización del APMH se realiza frecuentemente en tres pasos: el análisis del contexto o contextual, el análisis de los actores y el análisis del proceso (Buckel et al., 2014: 53).

En el presente artículo, ha sido nuestra intención sintetizar críticamente, a partir de las consideraciones teóricas pertinentes, el enfoque metodológico del APMH. Además, hemos intentado con nuestra exposición que este pueda utilizarse, también en el ámbito académico hispanohablante, como herramienta de trabajo para análisis empíricos.

A modo de conclusión queremos llevar a cabo una reflexión crítica sobre este enfoque, indicando cuáles son sus límites y qué oportunidades ofrece. El primero de estos límites se refiere al problema de la correspondencia entre fuerzas sociales y actores políticos, así como en el acceso del/de la investigador/a a la articulación política de las fuerzas sociales. Por ello, para minimizar las consecuencias de este límite, deberán tomarse como objeto inmediato de la investigación las estrategias y no los actores. Sin embargo, es importante seguir considerando este límite durante el proceso de investigación para no llegar a conclusiones reduccionistas. El segundo límite, relacionado con este último, tiene que ver precisamente con una de sus ventajas: la capacidad de hacer un análisis de políticas públicas concretas desde una perspectiva materialista no permite sacar conclusiones generalizables, dado que precisamente los elementos coyunturales juegan un papel importante en estas.

Finalmente, a diferencia de otros enfoques, el APMH pretende analizar cómo un conflicto político revela las relaciones sociales contradictorias y las tendencias a la crisis. Además intenta demostrar cómo contribuyen a la reproducción de la sociedad, no solo dentro del Estado, sino también fuera de la estructura institucional del mismo (Brand et al., 2021: 10). En nuestra opinión, establecer estas relaciones es un reto, debido a la dificultad de operacionalización de teorías tan complejas, pero al mismo tiempo una fortaleza clave del APMH. Como apuntábamos en la introducción, esta propuesta metodológica constituye una aportación relevante para la investigación de procesos políticos concretos y políticas públicas porque permite un serio y pormenorizado estudio de estos sin ignorar acríticamente el amplio marco político y social en el que emergen.

De este modo, es posible, siguiendo el ejemplo de la ley mordaza, comprender esta no solo como una mera ley, sino como parte de un proceso de deriva autoritaria en respuesta a una inestabilidad permanente de la hegemonía de los gobernantes. Un análisis histórico-materialista podría relacionarlo, por un lado, con la crisis de 2008 dentro del contexto más amplio del carácter neoliberal de la integración europea, por otro lado con la creciente impugnación de diferentes actores como respuesta a esa crisis hegemónica. El análisis mediante el APMH también nos permitiría comprender cuáles son las diversas estrategias respecto a esta ley y cómo han ido cambiando en los últimos años, así como cuáles son las razones por las que no se ha derogado hasta ahora.