1. Introducción
Desde la Revolución Industrial en adelante, la importancia de la
energía para las sociedades se ha ido volviendo cada vez mayor, al punto
tal que el consumo de energía no ha dejado de ir en ascenso, tanto en
cuanto a electricidad como en lo que a combustibles líquidos refiere.
Así, ciertos autores han dado en llamar a nuestras sociedades como
“energívoras” (Bertinat y Argento, 2022). La reciente guerra en Ucrania
ha puesto de relieve esa situación: las sanciones económicas de la OTAN
contra Rusia se concentraron en su principal empresa exportadora, el
emporio Gazprom, lo que, por otra parte, aceleró procesos de autoa-
bastecimiento energético en las regiones de la región trasatlántica del
hemisferio norte (Hessling Herrera y González, 2024). Ello conllevó
incluso que se reavivaran proyectos de generación de energía a partir de
fuentes fósiles altamente contaminantes, como el carbón. Así, los países
de ese norte global toman a la energía como elemento central de sus
intereses en disputa (Svampa y Viale, 2020).
Otro elemento que impulsaría esa trascendencia de la energía para las
sociedades contemporáneas es el crecimiento demográfico, ya que se
estima que para 2100 la población mundial alcanzaría los 15 billones de
habitantes, duplicando la cantidad actual (Piketty, 2014). Ello
acarrearía, consecuentemente, un incremento en la demanda de energía
(Riahi et al., 2012) y un crecimiento de las tasas de
urbanización (ONU- Hábitat, 2017). En ese marco, no son pocos los
actores sociales —políticos, jurídicos, académicos, culturales, etc.—
que han asumido el asunto de la transición energética como un aspecto de
primer orden, dentro del que incluyen aspectos como la eficiencia
energética, la diversificación de la matriz energética primaria y
derivada y las políticas de asequibilidad y seguridad energética para
los servicios básicos domiciliarios (Garrido y Recalde, 2022). El
horizonte de esa transición puede ser estrecho, es decir, solo discutir
el relevo de fuentes o la sustitución tecnológica, o, en cambio,
profundo, Deep Transition, en palabras de Schot (2016), lo que
implicaría cambios no solo técnicos sino también sociales, económicos,
culturales y políticos.
En ese último sentido, uno de los aspectos más importantes para darle
horizonte profundo a la transición será la posición que se asuma con
respecto al acceso y goce de la energía. Así, puede considerárselo un
derecho o un servicio de mercado (Hessling Herrera et al.,
2023). El problema se presenta, así, como una tensión entre una
racionalidad de derechos humanos y una racionalidad liberal-mercantil
(Hessling Herrera, 2023). Tomando en cuenta la perspectiva de derechos
humanos, sus sistemas de protección y la idea de “derecho a la energía”
(Hessling Herrera, 2024), el asunto de la “transición profunda” (Schot y
Kanger, 2018) se desplaza de las cuestiones de rentabilidad y ganancias,
y reposa en el principio de igualdad en el goce de aspectos considerados
mínimos para una vida digna, tales como el hábitat y los servicios
básicos (Hessling Herrera y Belmont Colombres, 2022).
El hecho de circunscribir el derecho a la energía dentro del ámbito
de los derechos humanos conlleva asociarlo con el derecho a la vida y
vivienda adecuadas, consagrado en el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948) y en el artículo 11 de la
Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica, 1969). Ello es
así dado que los sistemas de protección que positivizan los derechos
humanos generan en los Estados compromisos a través de tratados
internacionales y, así, convierten esos derechos en “exigibles”
(Abramovich y Curtis, 2004). En los sistemas de protección (universal,
europeo, interamericano y africano) el tema de la energía como derecho
ha tenido distintos cauces: en el sistema interamericano ha sido
recogido explícitamente en fallos, en el europeo se ha inclinado más por
el asunto del cambio climático y el impacto ambiental y en el africano
todavía no existen antecedentes que merezcan destacarse (Sánchez Suárez,
2018). En el plano del sistema universal se destacan instrumentos como
la Agenda 2030 (2015) dentro de la cual el séptimo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible apela a una energía asequible, limpia y
segura.
Este artículo busca recuperar de trabajos anteriores la consagración
del derecho a la energía dentro de los derechos humanos y relacionarlo
con otra empresa teórica que también ya se ha emprendido en planteos
previos: erigir una ética ambiental de la liberación, tomando en
consideración el opúsculo de Enrique Dussel (Hessling Herrera, 2025). A
partir de ese encuadre se buscará situar los debates sobre transición
energética en el horizonte amplio que hemos definido como “transición
profunda”, considerando el giro conceptual propuesto sobre transición
justa y popular (Duran-Duran, 2025) y añadiéndole también el epítome
“sustentable” (Ferrari et al. —cdres.—, 2024). El objetivo de
ese planteo teórico, anclado en la perspectiva de los derechos humanos,
es que el proceso de transición energética sirva para objetivos más
ambiciosos que los desarrollos tecnológicos, la descarbonización, el uso
racional de la energía y las innovaciones científicas.
2. Derecho a la
energía en los derechos humanos
Tiene relieve explicitar cómo se conciben los derechos humanos,
dejando claro que no se los considera como meros instrumentos del
derecho positivo. Así, se retoma aquella línea que se conoce como
“teoría crítica de los derechos humanos” (Gándara Carballido, 2019),
dentro de la que se define a estos, principalmente, como procesos de
lucha por la ampliación de formas de vida digna (Gallardo, 2008; Herrera
Flores, 2008). Desde este punto de vista, los derechos humanos deben
entenderse de modo procesual, contextual y anclado (Douzinas, 2008). En
tanto que instrumentos jurídicos escritos y consagrados en documentos,
los derechos humanos conforman también sistemas de protección que
cuentan con sus propios tribunales, que cumplen funciones
contencioso-administrativas, y comisiones, que cumplen funciones de
procuración. Esos sistemas tienen la particularidad de que, a través de
los mencionados instrumentos, al ser acogidos por los órdenes jurídicos
nacionales, generan compromisos en los Estados.
Dentro de esos sistemas de protección y de sus institutos jurídicos
documentados, lo cierto es que el derecho a la energía tiene poco
desarrollo doctrinario hasta el momento. Sin embargo, ya ha sido
considerado dentro de algunos instrumentos en particular y más
puntualmente en declamaciones del sistema universal tutelado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así, como ya se ha dicho, un
ejemplo sobresaliente de esas menciones se halla dentro de los
diecisiete ODS, donde el séptimo se ha sintetizado como el acceso a una
energía “asequible, segura y no contaminante”.
En los sistemas de protección de derechos humanos se toman como
referencia dos grandes institutos derivados de la DUDH: los pactos
internacionales sancionados en 1966 sobre derechos civiles y políticos,
por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales, por otra.
Como se ha dicho, el derecho a la energía se ha presentado como derecho
instrumental del derecho a la vida y vivienda adecuadas (Hessling
Herrera, 2024), por lo que formaría parte del segundo grupo, es decir,
aquellos derechos que son de cumplimiento progresivo y que, en general,
concitan en los Estados “obligaciones de hacer” (Stinco, 2019).
Por lo demás, no debe confundirse derecho “a la” energía con derecho
“de la” energía. Guayo Castiella (2020) se ocupa de aclarar que por una
parte hay que entender el derecho como potencia y atribución de los
sujetos y, por otra, como acervo sobre la regulación de las prestaciones
de servicios de energía. Esta última acepción es el derecho de la
energía, mientras que la primera, la que tomamos en este artículo, es el
derecho a la energía. Desde la óptica que se adopta en este trabajo, el
derecho a la energía es también un programa de investigación (Lakatos,
1989) para resignificar las formas de vida digna y tornar como deberes
prestacionales de los Estados aquellos elementos, como el acceso a la
energía, que garanticen tales formas.
3. Antecedentes del
derecho a la energía
Se ha señalado que el derecho a la energía se circunscribe como
instrumental de derecho a la vida y vivienda adecuadas, consagrado por
el artículo 25 de la DUDH (1948). Ya en aquel primer antecedente de este
último derecho consagrado se introduce la idea de los “servicios
sociales necesarios”, punto importante, ya que es lo que hoy podríamos
reconocer como “servicios básicos” dentro de los cuales se configuran
los servicios domiciliarios de energía —el gas natural entregado a
través de red y la electricidad distribuida—. Este aspecto es relevante
dado que esa consideración como servicios sociales necesarios, o
servicios básicos, les vale configuraciones jurídicas particulares en
diversos aspectos como la regulación tarifaria, la calidad de las
prestaciones, los flujos de subsidios y los planes de inversión.
Como se ha señalado en el apartado anterior, esta relación entre el
derecho a la energía y el derecho a la vida y vivienda adecuadas
posiciona al primero dentro de los derechos mal llamados de “segunda
generación” (Rabossi, 1998). Se considera que no deben ser llamados de
ese modo puesto que esa clasificación en generaciones, sugerida en la
década de los 70 por Karel Vasak, presupone preeminencias y, de un modo
u otro, jerarquías entre los derechos humanos. Sin embargo, desde el
prisma de este trabajo los derechos humanos deben clasificarse solo
entre aquellos que generan obligaciones de no hacer y cumplimiento
inmediato en los Estados y aquellos otros que generan obligaciones de
hacer y cumplimiento progresivo por parte de los Estados. La vida y
vivienda adecuadas, entonces, se incluirían en este segundo grupo y, por
lo tanto, en los derechos económicos, sociales y culturales.
De allí que el segundo antecedente en el que se haya incluido al
derecho a la vida y vivienda adecuada haya sido, justamente, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en
su artículo decimoprimero. Allí se menciona la idea progresiva de “una
mejora continua de las condiciones de existencia”, con lo cual, la cada
vez mayor calidad de los servicios energéticos domiciliarios sería un
parte importante.
En ese marco, que bien podríamos entender como el softlaw del derecho a la energía en el
ámbito universal, otro hito es la Observación General N°4 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese documento emitido a
principios de la década del noventa se aborda específicamente el
contenido del ya evocado artículo 25 de la DUDH sobre vida y vivienda
adecuadas. En este caso, lo que se había llamado “servicios sociales
necesarios” se menciona como “servicios indispensables”, dentro de los
cuales se destaca “acceso permanente (…) a energía para la cocina, la
calefacción y el alumbrado”.
Ya en 2015 y en concomitancia con el Acuerdo de París (2015),
sancionado en el marco de una COP, se dio lugar a la Agenda 2030 de
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos ODS se impulsan a partir
de una idea clave para las gramáticas de la ONU: la idea de desarrollo.
Diversos autores, como Rist (2002) o Svampa (2010), por solo citar
algunos, han trabajado al respecto de las hondas discusiones que se han
dado en torno a esta idea axial, predilecta por la ONU incluso desde sus
orígenes.
De un modo u otro, el planteo más novedoso en esa agenda no fue el
desarrollo sino la sostenibilidad, que tampoco era nueva, tal como ha
demostrado ya el ecologista uruguayo Eduardo Gudynas (2009). Esa
tendencia ya se había propuesto en otros tantos instrumentos de la ONU
como la Declaración de Río (1992) y la Declaración de Johannesburgo
(2002), por solo mencionar algunas.
Como ya se ha resaltado, el séptimo ODS se conoció en primer lugar
como “acceso a la energía asequible y no contaminante”, que luego fue
problematizándose a partir de ciertos aportes teóricos y de los
movimientos sociales ambientalistas para replantearse como acceso a una
energía segura, asequible y limpia. Como se observa, ese ODS recoge lo
que se ha conocido como “trilema energético” (Hessling Herrera et
al., 2021; Camacho Parejo, 2013), donde se subrayan como
principales aristas del asunto energético a la seguridad y eficiencia en
la prestación del suministro, al acceso amplio y asequible y a la
mitigación del impacto ambiental. A partir de esta clase
de planteos es que este ODS ha entrado en diálogo con ideas vinculadas a
la transición energética como la transición socioecológica (Svampa y
Bertinat, 2022), la transición susten- table (Guzowski, Ibáñez Martín y
Zabaloy, 2020) y la transición justa (Bertinat, 2016).
4.
Derecho a la energía dentro de los sistemas regionales de
protección
Se ha explicado que los sistemas de protección regionales son tres:
el sistema europeo de derechos humanos, el sistema africano de derechos
humanos y de los pueblos y el sistema interamericano de derechos
humanos. Ellos se diferencian del sistema universal fundamentalmente
porque cuentan con tribunales judiciales, que cumplen funciones
contencioso-administrativas, y con comisiones, que cumplen funciones de
procuración. Entonces, en estos sistemas existen otra clase de
instrumentos jurídicos que van creando doctrina, pero además que van
generando directamente efectos en los Estados. Por ejemplo, los fallos
de las cortes, las visitas de las comisiones in situ o los
informes elaborados en coordinación con expertos en ciertas áreas
temáticas, sin dejar de mencionar los documentos de trabajo de las
relatorías.
El hecho de que los sistemas de protección regionales operen de ese
modo permite distinguir más directamente el grado de influencia que
pueden tener sus decisiones en el derrotero del derecho a la energía,
como doctrina, como jurisprudencia o como cimiento de futuras decisiones
de los tribunales domésticos. La influencia de estos sistemas, entonces,
opera en cierta forma como softlaw, pero de algún modo también
tienen una transcendencia mayor y un peso jurídico más fuerte que los
elementos declamatorios de la ONU o del sistema universal.
En trabajos previos se ha emprendido un análisis pormenorizado de
estos aportes a través de la metodología propia del ámbito jurídico
conocida como “derecho comparado” (Gómez Serrano, 2009). Ello implica
asumir que los documentos acumulados como acervo en cada sistema
jurídico se constituyen como instancias hermenéuticas atravesadas por
principios, circunstancias históricas y evidencias de que el derecho en
general es flexible, ambiguo y se encuentra en permanente construcción y
tensión (Nino, 1984).
Así, antes de mencionar algunos de los instrumentos, decisiones y
casos más relevantes de cada uno de los sistemas regionales de
protección conviene adelantar, a modo de síntesis, que el sistema
interamericano es hasta el momento el que ha dado mayor lugar al derecho
a la energía como tal, enunciándolo y admitiendo sus alcances más
ambiciosos, en los que no solo se reconocen aspectos ambientales, sino
también elementos que tienen que ver con la justicia social y la
igualdad económica en el acceso y goce de la energía. En el sistema
europeo, por su parte, ha dado menos lugar al enfoque amplio del derecho
a la energía, pero ha recogido el asunto energético en casos donde se ha
debatido, principalmente, aspectos relacionados con el ambiente —no solo
como hábitat natural ni como ecosistema, sino también como espacio de
habitabilidad—. Por último, el sistema africano, el más novel de los
tres, todavía no ha dado lugar a menciones específicas sobre el problema
energético, mucho menos sobre derecho a la energía específicamente.
Tabla 1. Cuadro comparativo entre el abordaje del derecho a la energía en los
sistemas regionales de protección de derechos humanos
| DERECHO A LA ENERGÍA EN LOS SISTEMAS REGIONALES
DE DD. HH. |
| ELEMENTOS DE COMPARACIÓN |
CASOS, FALLOS E INSTRUMENTOS |
INTERPRETACIONES, CONCEPTOS Y/O PROYECCIONES |
| Sistema interamericano |
Capítulo III del Pacto de San José de Costa Rica.
Fallo de la Corte en el caso Río
Negro vs. Guatemala.
Fallo de la Corte Lakha Honhat vs.
Argentina. |
Se relaciona el derecho a la energía con el derecho al agua, es
decir, como elementos para garantizar el derecho a la vida y vivienda
adecuadas, pero además como fundamentos de derechos culturales. Se
reconoce explícitamente el derecho a la energía y se lo asocia, además,
con las múltiples formas interculturales con las que puede concebirse la
vida digna. |
| Sistema europeo |
Artículo octavo de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Caso Fagerskiold c. Suecia ante el TEDH.
Calancea y otros c. Moldavia ante el TEDH. |
Se pone por delante el interés colectivo de promover generación de
energía eólica, aunque ello implique vulnerar la vida privada y familiar
de quienes están radicados cerca de una planta eólica. Asimismo, se
considera que el riesgo de vivir en un lugar adyacente a tendidos de
alta tensión eléctrica es responsabilidad de los habitantes y no de los
Estados, puesto que los primeros se radicaron allí a sabiendas de que
existían dichas líneas. |
| Sistema africano |
Artículo vigésimo primero de la Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de los Pueblos. |
Es el más joven de los sistemas de protección y, de hecho, la Corte
empezó a funcionar hace menos de un lustro. En la Carta, se reconoce el
derecho de los pueblos sobre sus recursos naturales, un aspecto novedoso
en cuanto que derecho y propiedad colectiva. En ese sentido, encuentra
vínculo directo con los fallos reseñados del sistema
interamericano. |
Fuente: elaboración propia.
Como se ha sintetizado en la tabla anterior, en el sistema interamericano
se equipara el derecho a la energía con el derecho al agua, algo que se
deduce de la interpretación que hace la Corte IDH en el caso Lakha
Honhat vs. Argentina. Asimismo, en el fallo Río Negro vs. Guatemala se
autoriza el desplazamiento de una población originaria de la comunidad
Pacux para instalar la central Chixoy, pero se indica que, por tratarse
de un derecho, se deberá garantizar de modo gratuito a la comunidad la
provisión de energía eléctrica. Como en ambos fallos se abordan
situaciones que implican a comunidades de pueblos originarios, el
derecho a la energía queda relacionado con el goce de modos diversos de
vida digna, desde un punto de vista intercultural y con relación directa
a los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, en el
Sistema Europeo se toman dos casos en los que se pone en tensión el
derecho a una vida privada y familiar con el derecho a un ambiente sano.
Ambas situaciones dan lugar a polémica, en el primer caso, proveniente
de Suecia, el TEDH se inclina por favorecer el interés colectivo sobre
el familiar, ya que se trata de un proyecto de generación de energía
eólica, es decir, más limpia que las formas derivadas de los
hidrocarburos. En el segundo caso, de Moldavia, el Tribunal admite el
peligro de una vida familiar en cercanías a líneas de alta tensión
eléctrica, pero interpreta que las familias se apostaron allí luego de
que las líneas se instalaran y que, por lo tanto, ya sabían a lo que se
exponían. Por último, el Sistema Africano no tiene menciones específicas
al derecho a la energía ni a los problemas energéticos, aunque sobresale
la concepción de que los pueblos tienen derechos sobre sus recursos
naturales, aspecto que se enuncia en la Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos.
5.
Ética ambiental de la liberación y derecho a la energía
La ética ambiental se ha desarrollado como aquella rama de los
estudios filosóficos en la que se abordan las relaciones de los seres
humanos con el entorno que los rodea, asumiendo este no tanto como un
contexto sino principalmente como un ecosistema integrado por múltiples
formas de vida (Apud López y Apud López, 2019). En ese sentido, se ha
considerado que la idea de ética ambiental viene a proponer una mayor
armonía en el funcionamiento de las relaciones dentro del planeta,
considerando el vínculo, interrelación y code- pendencia al interior y
entre las biósferas (Attfield, 2022; Yang, 2010). De este modo, se pone
en el foco el accionar humano no por considerarlo superior ni encumbrado
en la pirámide ecosistémica, sino porque es la actividad humana la única
que puede considerarse consciente —con volición y discernimiento—
(Cortina, 1994) y es la única que puede debatir en el plano de las ideas
cómo relacionarse con su entorno y, de un modo más llano, de qué modo
considerar la naturaleza.
En trabajos previos se ha propuesto que esa ética ambiental se
cimente en los principios de la filosofía de la liberación dusseliana
(Hessling Herrera, 2025), dentro de la que se propone una ética
materialista, en oposición a la formalista, y con fuerte anclaje en una
perspectiva radical desde el prisma de las víctimas (Dussel, 1998; Vivar
Flores, 2023; Téllez Fabiani, 2020; Mills, 2018). Así, el caso puntual
de la ética ambiental de la liberación que se viene planteando,
entonces, requeriría de dos elementos a considerar: la perspectiva
geopolítica para considerar al sur global como ese flanco desde las
víctimas y la perspectiva de la naturaleza como un escenario de
construcción y vinculación, no de abastecimiento ni de explotación.
Desde esa ética ambiental para la liberación, el asunto de la energía
se presenta como una cuestión relacionada precisamente con la concepción
acerca de la naturaleza. Al igual que con el derecho a la energía, se
plantea el problema en una dialéctica entre una mirada de derechos
humanos y una mirada mercantil. Si la naturaleza no se cosifica (Lukács,
1985), la energía no es considerada una mercancía sino parte de los
elementos del entorno a través de los que se desarrollan los ecosistemas
y los modos múltiples modos de vida digna. En ese punto, entonces, la
energía se configura como una parte más de los ecosistemas que debe
respetarse, aprovecharse y utilizarse sin caer en la fiebre consumista
del afán incesante de lucro. En ese sentido, la ética ambiental para la
liberación entra en estricto diálogo con la propuesta del derecho a la
energía, puesto que los principios mercantiles quedan subyugados por los
principios de cooperación, solidaridad y armonía ecosistémica.
Asimismo, las fuentes de energía deben ser lo más limpias posibles,
equilibradas con ese aprovechamiento racional. Así, las cosas, la
transición energética hacia fuentes no fósiles se torna insoslayable,
aunque no únicamente por razones ambientales sino también por motivos
económicos y demográficos. La misma ONU expresa que dicha transición
será necesaria para abastecer a todas las poblaciones. En la actualidad,
el 13% de la población mundial está imposibilitada de acceder a
servicios de electricidad, mientras que 3 mil millones de personas
utilizan biomasa para calefaccionar sus hogares y cocinar alimentos.
Además, en términos estrictamente ambientales, “la energía es el factor
que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor
del 60% de todas las emisiones mundiales de GEI” (ONU, 2022).
En referencia al otro aspecto de esta propuesta ética, es decir el
asunto geopolítico desde el sur global (Svampa y Viale, 2020), el canal
de diálogo con el derecho a la energía se establece a través de la
noción de “justicia energética” (Jenkins, Sovacool y McCauley, 2018),
donde la tensión por la disponibilidad de recursos, la soberanía, el
abastecimiento y los flujos comerciales se debe matizar al calor de
priorizar el acceso asequible, seguro y no contaminante de la más amplia
porción de las poblaciones. Así, el modelo de vida de las sociedades del
norte global debe cuestionarse dado sus principios consumistas, de
maximización y mercantilización; en su lugar, deben proponerse modelos
de organización social no solo posfósiles sino también posconsumistas
(Hessling Herrera, 2023b).
Un marco de ética ambiental para la liberación y derecho a la
energía, entonces, empuja a progresar en una transición energética que
habilite morigerar el impacto ambiental asociado al consumo de energía
sin reducir el objetivo de ir ampliando el acceso asequible y seguro a
un uso cada vez más universal de la energía. Se torna imposible
proyectar una trayectoria de sustitución tecnológica y relevo de fuentes
que desconozca pautas culturales de una utilización y consumo razonables
y emparentados con principios de economía circular, es decir, con
mecánicas de reutilización, reciclado y reaprovechamiento (De Miguel
et al., 2021). En un mismo sentido, se ha propuesto pensar la
eficiencia energética como una “fuente oculta” dentro de los procesos de
transición (Bouille et al., 2019) ya que, si los usos y
consumos de energía no se moderan, el éxito de las energías renovables
dependerá demasiado de innovaciones tecnológicas todavía por desarrollar
—qué hacer con los paneles fotovoltaicos que agotan su capacidad de
captación y cómo abaratar el costo y mejorar el rendimiento de las
baterías de litio, entre otras cosas—.
Entonces, la importancia de una ética ambiental para la liberación en
la discusión sobre transición energética estriba en que permite
visualizar el derecho a la energía como un proyecto ambicioso y en
confrontación con los principios del capitalismo, sin por ello confundir
la idea de derecho con un desinterés consumista, propio del despilfarro
de los modos de vida de los países del norte global (Svampa y Bertinat,
2022). En esa línea, la transición energética estaría dirigida a mitigar
el impacto ambiental en paralelo con garantizar el acceso a la energía
haciendo más eficientes y racionales sus usos. Por ello se ha optado por
recuperar la idea de “transición profunda”, que, como veremos en el
apartado siguiente, encuentra como noción integra- dora la propuesta de
una “transición justa, popular y sustentable”.
6.
Transiciones profundas: hacia una transición energética justa, popular y
sustentable
Como se ha dicho, la propuesta de impulsar un derecho a la energía
desde los derechos humanos y en un marco de diálogo con una ética
ambiental de la liberación tiene como objetivo plantear que el proceso
de transición energética reclama visiones allende la sustitución
tecnológica y el mero relevo de fuentes. De allí que en principio se
haya recogido la propuesta de hablar de “transiciones profundas”, noción
acuñada por Johan Schot (2016). Este concepto se vincula con la idea de
“grandes transformaciones” de Polanyi (2011 [1947]), ya que se presupone
que son procesos de gran escala y a largo plazo. En el caso puntual de
la transición energética, ello implicaría, además, que no se trata solo
de cambios de corte técnico o tecnológico, sino también económicos,
sociales y culturales. Es decir, habría modificaciones en las pautas de
producción, transmisión, distribución y consumo que generarían
repercusiones a diferentes escalas y provocarían formas diferentes de
organización social en ámbitos tan variados como la educación, el
transporte, los servicios de energía domiciliarios y la planificación
urbana, entre otros.
Retomando los orígenes de la “transición profunda”, hay que subrayar
que esta se plantea como una segunda en la historia luego de lo ocurrido
con la Revolución Industrial. En ese sentido, conviene aclarar que se
distancian de otras propuestas teóricas ancladas en la idea de “sistemas
de energía” (Newell, 2021) que ven en el proceso
actual una cuarta transición energética —hacia el carbón, del carbón al
petróleo, del petróleo al gas y, la actual, hacia las energías
renovables y no convencionales— (Del Valle Guerrero, 2016). Esta segunda
transición profunda se impondría a raíz de un contexto global signado
por el calentamiento global, el cambio climático, la desigualdad y los
altos índices de contaminación provocados por la matriz fósil (Guadagni
y Cuervo, 2017). Schot y Kanger lo exponen del siguiente modo:
Por un lado, la histórica expansión y globalización de la Primera
Transición Profunda tuvo niveles de riqueza y bienestar sin precedentes
en Occidente. Sin embargo y en segundo lugar todo el proceso se estropeó
con problemas recurrentes tales como el cambio climático (causado por el
uso de combustibles fósiles), polución, desperdicio de recursos (causado
por las suposiciones de que los recursos y la capacidad para absorber
desperdicios era ilimitada), desigualdad (causada por la innovación del
sistema dirigida principalmente a los mercados más ricos) y el desempleo
persistente (causado por un énfasis incesante en el crecimiento de la
productividad). A medida que estos resultados nocivos se producían,
volvían a producirse, se acumulaban y se amplificaban, se empezó a
expresar una seria preocupación por la sostenibilidad de esta
trayectoria (Meadows et al., 1972; Brown, 1984). Quedó claro
que el reto de la sostenibilidad requiere un cambio fundamental de los
modelos de producción, distribución y consumo (Schot y Kanger, 2018, pp.
1046).
Estos autores se ocupan de distanciarse de otras ideas asociadas con
grandes transformaciones a la Polanyi, como las “grandes olas de
desarrollo” de Carlota Pérez (2002), de las que, sin embargo, recuperan
algunos aspectos como los paradigmas tecnoeconómicos. Asimismo, Schot y
Kanger toman en cuenta también los aportes de la corriente sociotécnica
sobre transiciones, en particular la perspectiva multinivel que toma
Frank Geels (2005). Así, las transiciones profundas no solo se presentan
como una propuesta social y política sino también como una síntesis
integral entre tradiciones teóricas.
Esto último permite relacionar la idea de transiciones profundas con
otras nociones que se han trabajado también buscando integrar tanto las
preocupaciones teóricas como los aspectos técnicos, culturales, sociales
y políticos. En ese caso, una primera conceptualización que emerge desde
Latinoamérica ha sido la propuesta por Svampa y Viale (2020) sobre una
“transición socioecológica”. En este caso, los autores parten de bases
filosóficas y jurídicas, pero comparten con Schot y Kanger la
preocupación por demostrar la densidad de las transformaciones sociales
que podrían avecinarse si se lleva el horizonte de la transición más
allá de la cuestión técnica, del desarrollo tecnológico y del relevo de
fuentes fósiles por fuentes renovables y no convencionales.
Conviene subrayar también, aunque como una sucinta disgregación, la
dimensión espacial de la transición (Truffer et al., 2015), que
ha sido considerada como factor para pensar la planificación urbana a la
luz de la concepción del “derecho a la ciudad” propuesto por Harvey
(2013). En ese caso, el acceso a la vida y vivienda adecuada, y por lo
tanto a la energía, se consideran puntales insoslayables. Esta dimensión
espacial reviste importancia también para ampliar los horizontes
posibles de la transición.
Si se considera el enfoque propuesto en este artículo, anclado desde
los derechos humanos, no puede dejar de mencionarse la noción de
“transición energética justa” (Rosemberg, 2020; Jakob y Steckel, 2016;
Bertinat, 2016), devenida de la justicia energética que ya hemos
mencionado en el acápite anterior. Habida cuenta del elemento
geopolítico y de la perspectiva de las víctimas que hemos descrito a
partir de la ética ambiental para la liberación, esa idea de justicia
debe situarse a partir del principio de equidad y en oposición a una
perspectiva de la transición que sea empresarial y corporativista
(Bertinat et al., 2020). De allí que se considere también la
idea de “transición energética popular” (Núñez, 2021). Ello será
elemental para evitar que el proceso transicional caiga en una
estrategia de Greenwashing o Green New
Deal (Hessling Herrera, 2023b; Gutiérrez
Escudero, 2021), que no contribuya a menguar la desigualdad y repensar
cabalmente las pautas culturales de consumo y vinculación con los
ecosistemas.
Por último, a la luz de ese encuadre ético que hemos caracterizado no
se puede soslayar el epítome “sustentable”. Considerando la necesidad de
menguar el impacto ambiental de las actividades que involucran a la
energía, y el derecho a una energía limpia, segura y asequible, no hay
más remedio que proyectar la transición energética como justa, popular
y, además, sustentable (Ferrari et al. —cdres.—, 2024). Así,
habrá que considerar que la transición energética se oponga a los
modelos extractivistas con sustentabilidades débiles (Gudynas, 2009) y,
por lo tanto, que se constituya como un proyecto de “globalización desde
abajo” (Santos, 2002), en términos anglicistas, como un proceso
bottom-up —no como enfoque empresarial sino como mirada
general—, de abajo hacia arriba.
Por todo ello, es decir por el marco de debates sobre transición y el
encuadre de derecho a la energía y ética ambiental para la liberación
que se ha englobado en este trabajo, se propone que, para una transición
energética profunda, es decir, para un proceso de transformación
integral y a múltiples niveles y escalas, debe presentarse el asunto
como una transición energética justa, popular y sustentable.
7. Conclusiones
El principal propósito de este trabajo ha sido robustecer los debates
en torno a la transición energética, teniendo como horizonte último
llevar los alcances de dicho proceso transicional más allá de los
desarrollos tecnológicos y los caminos hacia la desfosilización.
Para ello, a lo largo del artículo se ha demostrado con suficiente
evidencia que el derecho a la energía forma parte de la gramática de los
derechos humanos. En esa línea, se han recuperado desde sus antecedentes
hasta sus menciones o relaciones dentro de los sistemas regionales de
protección, pasando también por las estrategias de litigio más
convenientes para convertirlo en un derecho exigible en las instancias
contencioso-administrativas de los ámbitos de derechos humanos.
Asimismo, se vinculó esa idea de derecho a la energía con un marco de
ética ambiental para la liberación, es decir, con un tipo de concepción
sobre la naturaleza y las relaciones ecosistémicas que se proyecte de
modo radical, desde las víctimas y con una concepción de la naturaleza
como matriz de cooperación, co- construcción y codependencia, contraria
a la racionalidad liberal-mercantil en la que la naturaleza es cosifi-
cada como una mercancía y el consumismo y la maximización son el ideal
de plenitud de vida. Así, la energía, igual que en la perspectiva del
derecho a la energía, es vista como un elemento más de las biosferas con
las que se pretende construir una convivencia armónica.
La multiplicación y potenciación de los modos de vida dignos,
entonces, se deriva de ese encuadre que combina la perspectiva de
derechos humanos con la ética ambiental para la liberación. Así las
cosas, y recuperando algunos aportes dispersos sobre la transición
energética, se ha planteado que para que esta sea “profunda” debe
postularse como justa, popular y sustentable. Para finalizar, habrá que
delimitar cada uno de esos epítetos por antinomia. Transición justa en
oposición al Greenwashing y al Green New Deal, es
decir, en oposición a cambiar la matriz energética sin modificar la
desigualdad estructural. Transición popular en oposición al
corporativismo que haría de la transición un mero cambio de fuentes de
energía sin socializar la propiedad de los medios de producción
energética. Y, por último, transición sustentable en oposición a las
sociedades fetichistas que ven el éxito en la maximización de la
producción y el consumo en vez de propalar pautas culturales de respeto
por la biodiversidad, los ecosistemas y el planeta que heredarán
nuestras generaciones futuras.
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