El enfado popular en las calles marcó el compás del ya lejano año 2019. Desde Bogotá a San Juan, el estallido social por el precio de la gasolina, el recorte de los subsidios públicos o la corrupción gubernamental activaron las redes de indignación y esperanza en América Latina. La región se sumaba así al torrente de movilizaciones de diversos colores y causas en todo el planeta convirtiéndolo en el “año de las protestas”, pero gestadas tiempo atrás en una década convulsa. En la obra Los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI, Julio César Valentín Jiminián (2022) retrata la manifestación de este fenómeno en la República Dominicana, analizando los antecedentes, repertorios, actores y estructuras de oportunidad de las reivindicaciones colectivas más exitosas en el país: la lucha por el 4% del PIB para la educación, la Marcha Verde contra la corrupción, la oposición a la instalación de una cementera en los Haitises y de una Isla Artificial frente al malecón de la capital. El éxito proactivo y reactivo de estos cuatro movimientos (o quizás movilizaciones) marca un punto de inflexión en la forma en que la ciudadanía se ha relacionado con el poder, y sirve al autor para demostrar el cambio hacia valores postmaterialistas en la sociedad dominicana. Bajo el liderazgo de la juventud urbana de clase media, sus demandas ambientalistas y de regeneración democrática lograron concitar un “nosotros” solidario poco acostumbrado a enarbolar demandas colectivas, con un repertorio pacífico, creativo, cibernético y técnico. El clamor de las calles se desarrolló en un contexto económico e institucional propicio: de bonanza y de libertades, consagradas en la Constitución de 2010 y protegidas por el recién creado Tribunal Constitucional.

Tras un primer capítulo donde el autor repasa las principales protestas del siglo pasado en el país, Valentín Jiminián (2022) hace uso del marco conceptual de los clásicos de la disciplina (Tarrow, 1997; Tarrow y Tilly, 2008; Tilly y Wood, 2010) para verificar, en cuatro manifestaciones de política contenciosa, los atributos de la categoría “movimiento social”. Un objetivo que, a pesar de la minuciosidad y acercamiento prolijo a cada causa, no siempre consigue construir el andamiaje para que las movilizaciones estudiadas encajen en tal categoría. Aun así, la sistematización de actores, aliados, recursos y noticias —además de la recopilación y reivindicación de la literatura local— convierte a la obra en un recurso valioso para aquellos interesados en el estudio de la consolidación democrática en la República Dominicana. El acercamiento a las protestas dominicanas a través de estos cuatro casos permitirá complejizar futuras agendas de investigación en clave regional y transnacional, así como entender la agitación política en sociedades desiguales en la línea ya apuntada por Rossi (2023) y Ponce et al. (2024), y superar la casuística. Este ejercicio analítico deberá también superar el sesgo de selección de casos de éxito para poder entender las resistencias que los colectivos feministas, LGTBI y de defensa de los derechos humanos en las relaciones de vecindad con Haití encuentran en la muy conservadora sociedad dominicana.

La obra comienza presentando el proyecto urbanístico que prendió la mecha de la movilización y que inauguraba una nueva etapa en las relaciones de la ciudadanía con las élites políticas. La administración del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) firmaba en 2003 un acuerdo con la empresa Novo Mundo XXI para la construcción del complejo turístico La Isla Artificial. La aprobación del contrato requería de su aprobación final en un Congreso ahora bajo la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) (20042008). Esta circunstancia fue aprovechada por los activistas para denunciar las consecuencias medioambientales. La oleada de protestas llevó al Senado a abrir el trámite de vistas públicas, donde fueron expuestas las razones de su inviabilidad ecológica y falta de transparencia. Además de la participación de expertos y afectados en el Congreso, se celebraron numerosos foros auspiciados por la cooperación internacional y las ONG nacionales en los que la Academia de las Ciencias, que aportaba el peritaje técnico, compartía protagonismo con grupos de jóvenes (La Multitud, La Revuelta, Yatabueno…) y asociaciones vecinales. Las acciones de su repertorio, con encuentros artísticos como “Una bandera y una flor por el malecón” y difusión a través de Facebook, no evitaron la aprobación —precipitada y con nocturnidad— del contrato, que desconocía las alegaciones de las vistas públicas. Esto desató tal indignación popular que el presidente Leonel Fernández revocó el proyecto en 2005, en un anuncio que provocó la euforia colectiva en las calles. Unos años antes, acciones judiciales encaminadas a proteger la bahía de Las Águilas y otras áreas de especial valor ecológico, o contra la minera Barrick Gold, habían colocado en la agenda mediática nacional la bandera medioambiental.

El segundo de los casos de estudio analiza la lucha contra una cementera cerca del Parque Nacional Los Haitises, uno de los mayores éxitos de impacto de la nueva oleada de movilizaciones sociales en el país. En abril de 2009, la empresa Consorcio Minero Dominicano obtiene la licencia para la explotación cementera. Este hecho provocó el rechazo del liderazgo comunitario de las localidades aledañas y de organizaciones campesinas nacionales, que trasladaron la alerta más allá del territorio afectado. La red de apoyo estableció un Campamento de Solidaridad con los Haitises, convirtiendo el lugar en un espacio de difusión y resistencia al que se sumaban campistas ocasionales (líderes religiosos, artistas, empresarios, políticos). La celebración de conciertos y otras actividades lúdicas servían para sufragar el campamento permanente, a la vez que se establecían nuevos asentamientos itinerantes en barrios de clase acomodada como el Parque Mirador Sur. El movimiento llegó a captar la atención de medios internacionales, como Los Ángeles Times, gracias a las movilizaciones de la diáspora a través de Facebook. El conflicto adquirirá dimensión judicial tras la paralización del proyecto en el Tribunal Contencioso Administrativo y una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia promovida por el grupo juvenil Toy Jarto. Será entonces cuando el gobierno, debilitado por las divisiones a favor y en contra de la cementera en la propia bancada legislativa y a nivel ministerial, decide buscar la mediación del PNUD. Tras seis meses de trabajo en el país, los 12 expertos de Naciones Unidas emitieron en diciembre de 2009 un informe que declaraba su inviabilidad poniendo el punto final al proyecto.

En el capítulo dedicado al movimiento Coalición por una Educación Digna, el autor destaca el triunfo sin precedentes de estas movilizaciones lideradas por la juventud urbana con sus Lunes de Paraguas Amarillos. Dos años después de la conformación de la Coalición, esta conseguía el compromiso de todas las fuerzas políticas que concurrían a la contienda presidencial de 2012 para hacer cumplir la Ley General de Educación, que desde 1997, fijaba en el 4% del PIB el gasto en la formación preuniversitaria. Desde su promulgación, esta disposición había sido ninguneada por los gobiernos de todos los colores, dejando al país entre los últimos en inversión educativa y con los peores resultados en las pruebas PISA. Las protestas pacíficas y sin banderas partidarias encontraron el apoyo del poderoso sector empresarial, religioso y mediático nacional. Su discurso técnico y alejado de la controversia sobre la calidad de la educación se aseguraba el respaldo del gremio docente, la corporativista Asociación Dominicana de Profesores. Y su repertorio creativo, didáctico y cibernético se coló en la ventana de oportunidad del faccionalismo del partido oficialista: mientras el leonelismo se aferraba al inexplicable mantra de que el dinero no impacta en la calidad educativa, el danilismo abrazaba la propuesta, deseoso de hacerse con el título de esta conquista histórica. Así, durante la administración de Danilo Medina (2012-2016), el gobierno cumplió con el porcentaje legal, llevando a cabo un ambicioso plan de edificaciones, estancias infantiles, jornada extendida y programas de alfabetización.

Y del amarillo, al color verde. El último de los capítulos del libro analiza el volcán ciudadano que despertó el escándalo de los tentáculos del caso Odebrecht en el país. En el año 2017 aparece en escena la Marcha Verde contra la Corrupción y por el Fin de la Impunidad, alentada desde los micrófonos de la Z101 y su programa radial El Gobierno de la Tarde. Una mecha que prendía al calor de años en los que la República Dominicana aparecía señalada por organizaciones como Transparencia Internacional, OXFAM o el Foro Económico Global, por el pago de sobornos, irregularidades y despilfarro público. El terreno de la acción había sido preparado con anterioridad por algunas acciones esporádicas (aparición en 2009 del grupo Toy Jarto pero Creo en mi País, protestas ante la Fundación FUNGLODE del presidente Fernández en 2012 por el déficit fiscal, cadena humana frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en 2015…) y por el respaldo amplificador de los medios de comunicación. Como sucediera en las movilizaciones por la educación, la Marcha Verde contaba con un equipo técnico organizado en comisiones de trabajo que participaba en foros, debates y tertulias en los que presentaba sus propuestas de regeneración democrática: recuperación del dinero, nombramiento de una comisión de investigación liderada por Naciones Unidas, auditorías, reforzamiento de las capacidades de la Cámara de Cuentas e independencia de la Procuraduría General de la República. Además de los aliados compartidos con la lucha por la educación (intelectuales, artistas…), el apoyo de las familias y las iglesias —dos de las instituciones que generan más confianza en el país— resultaron fundamentales en sus multitudinarias reivindicaciones festivas. No ocurrió así con la clase política, que se alejaba poco a poco del movimiento con la cercanía de las elecciones de 2020. Las acciones en otros países de la región con ocasión del escándalo Odebrecht o la repercusión de la CICIG en la vecina Guatemala se convirtieron en estímulo y escenario de oportunidad internacional. Sin embargo, las discrepancias en el seno del movimiento —que llevó a los más radicales a pedir la dimisión del presidente Danilo Medina— provocaron el alejamiento de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, una de las organizaciones empresariales más importantes del país, y con ello, el retraimiento de sus acciones, debilitadas también por la cercanía de las urnas y el impacto de las actuaciones del Ministerio Público para hacer rodar algunas cabezas.

Los cuatro movimientos analizados en la obra ejemplifican un éxito de democracia radical y poder en las calles que sembraron el terreno para triunfos más recientes, como la decidida apuesta por la independencia del Ministerio Público o la retirada del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal de 2024 en la actual administración de Luis Abinader (2024-2028) del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Unos logros que no conquistaron las protestas populares del pasado siglo XX en las voces de los sectores renta baja en reclamo de salarios dignos, agua potable, luz o asfalto en sus comunidades. Estas demandas de primera generación no lograron entonces —ni logran actualmente— traspasar las fronteras del barrio, ni azuzar las voluntades nacionales. Una deuda histórica que deberán atender las nuevas capas medias dominicanas, más proclives a optar, en asuntos de redistribución, por soluciones privadas a problemas colectivos. Una tarea que encuentra ahora dos dificultades añadidas. La primera, de dirección, ya que muchos de los y las que lideraron las movilizaciones fueron llamados a ocupar cargos de gestión en la propia Administración Abinader.

A esta descapitalización del liderazgo civil dominicano se suma la general incertidumbre del contexto internacional y de los actores de la cooperación en particular. La US Agency for Development (USAID) ha estado detrás de muchos de los más importantes proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil y de organizaciones tan relevantes como Participación Ciudadana o FINJUS. También ha sido clave en el microfinanciamiento de muchas ONG de mujeres, de lucha por un hábitat digno e incidencia política en el país que participaron en la política contenciosa que recoge la obra reseñada. En 2024, la USAID ejecutaba un total de 24 proyectos de apoyo a la educación básica, la promoción de la justicia y seguridad, ecosistemas sostenibles para la protección de mangales y arrecifes, reducción de la transmisión del VIH, o la gestión coordinada de fronteras, entre otros. De igual manera, Bruselas planea cerrar 80 Oficinas de Desarrollo en todo el mundo, por lo que su salida y falta de financiamiento en el país podrían suponer un golpe a la capacidad de acción colectiva y movilización de la sociedad civil en la República Dominicana, enterrando en el olvido los éxitos de esta etapa.