1. Introducción
El análisis de la disciplina como forma de poder que ofrece la obra
Vigilar y castigar (1975) de Michael Foucault ha tenido una
inmensa repercusión en el campo de la criminología y los estudios sobre
castigo y sociedad. En su obra, el autor analiza el surgimiento de la
prisión como forma de castigo y examina las nuevas prácticas penales que
en esta se despliegan: la disciplina. La prisión pasará a conformarse
como la nueva forma de castigo por defecto. Pero más allá de su análisis
del surgimiento de la penalidad moderna, autores como Pat O’Malley,
Nikolas Rose o Mariana Valverde señalan un conjunto de innovaciones de
esta obra de Foucault que parecen no haber sido tenidas suficientemente
en cuenta en la criminología (Rose, 2000; O’Malley y Valverde, 2014;
Valverde, 2017).
Por una parte, estos autores señalan la importancia de la innovación
metodológica de Vigilar y castigar, que se materializa en dos
aspectos fundamentales. En primer lugar, en el hecho de que se tomen
como foco de análisis las prácticas y, en segundo lugar, en que este
trabajo supone un ejercicio de descentrar y desplazar (Valverde, 2017:
13) la prisión, mostrando que las prácticas que allí ocurren se
encuentran también dispersas por otras instituciones y ámbitos sociales.
Se rompe así la tendencia a considerar el castigo y el sistema penal
como campos de estudio separados del resto. Por tanto, más que
establecer una historia del origen de la prisión, Foucault se centra en
el estudio de sus prácticas disciplinarias para poner de manifiesto que
lo que ocurre dentro de las instituciones penitenciarias no resulta muy
diferente a lo que se da en otros ámbitos.
Por otra parte, se va a criticar la falta de una lectura en conjunto
de la obra de Foucault y especialmente la poca atención prestada a
aquellos textos posteriores considerados no criminológicos. Trabajos
que, sin embargo, van a aportar herramientas fundamentales para el
análisis de los cambios en las formas de castigo y control social, tanto
dentro como fuera de los sistemas penales formales (O’Malley y Valverde,
2014; Valverde, 2008). Especialmente, sus trabajos posteriores, en los
que introduce y desarrolla el concepto de gubernamentalidad
(governmentality) (Foucault,1991; 2006) y analiza esta nueva
forma de poder, serán considerados fundamentales para el estudio de las
prácticas penales contemporáneas. Estos trabajos ofrecen ya un panorama
algo más interactivo y dinámico del funcionamiento de las formas de
poder (Valverde, 2017: 34). Aunque el castigo es una de las herramientas
de dominación y control de un grupo sobre otro, los sistemas penales no
son áreas puramente dominadas por la soberanía o el poder disciplinario
(Valverde, 2017: 145). Frente a una visión cronológica de la evolución
de las formas de castigo y sus prácticas, lo que realmente se produce
son ensamblajes, hibridaciones y mutaciones entre diferentes
racionalidades y prácticas punitivas (Foucault, 1991; Garland, 1997;
Hannah-Moffat, 2000; O’Malley, 1999; O’Malley y Valverde, 2014).
La obra Vigilar y castigar también suscitó críticas,
particularmente de criminólogas feministas (Almeda, 2002; Bosworth,
2000), que destacaron que la explicación foucaultiana del cambio en las
formas de castigo a partir del siglo XVIII, caracterizada por el paso
del castigo físico y corporal a una vigilancia disciplinaria, resultaba
insuficiente para explicar el castigo en el caso de las mujeres. Para
ellas, la privación de libertad había sido una constante durante el
Antiguo Régimen, y la forma que este castigo adoptaba, con la disciplina
y el control como sus ejes esenciales, no había supuesto grandes
novedades.
El objetivo del presente artículo es contribuir a avanzar en estas
dos líneas planteadas. Por una parte, analizaré un grupo de prácticas
contemporáneas de la penalidad mediante una aproximación que combine una
indagación sobre los ensamblajes de tres formas fundamentales de
ejercicio del poder: soberanía, disciplina y gubernamentalidad. Mostraré
cómo estas operan y se combinan en las prácticas penitenciarias actuales
en las prisiones españolas. Por otro lado, desde una mirada feminista,
examinaré cómo estas prácticas toman forma en el encarcelamiento de las
mujeres. Las innovaciones penales contemporáneas activan un conjunto de
tecnologías gubernamentales que se ensamblan con los rasgos
tradicionales del castigo de las mujeres, donde la disciplina a través
de la domesticidad, jugaba un papel central. Esto dará lugar a una
estrategia de “redomesticidad” (Ballesteros, 2017a) implantada a través
de prácticas de responsabilización y gobierno en la distancia, en la que
también se identifican ciertos usos de formas de poder soberano.
Para realizar el análisis, utilizaré como caso de estudio los módulos
de respeto (MdR), una nueva forma de organización de las prácticas
penitenciarias que ha tenido una enorme expansión desde los inicios del
siglo XXI en el Estado español. El artículo se organizará de la
siguiente manera: a continuación, se ofrecerá el marco
teórico-conceptual del estudio, en el que se describirán las principales
herramientas conceptuales y analíticas que guiarán el estudio. En
segundo lugar, se darán unas pinceladas a la estrategia metodológica de
la investigación. Continuaré con una descripción de los MdR en su
características esenciales y pautas de funcionamiento, así como sobre
las iniciativas en materia de igualdad en el sistema penitenciario
español. De ahí, pasaré, en cuarto lugar, a exponer los resultados del
análisis realizado para finalizar con unas conclusiones.
2. Marco teórico-conceptual
A continuación, introduciré algunos términos emanados de la obra de
Foucault y los estudios sobre gubernamentalidad, que serán
posteriormente empleados en el análisis. Asimismo, se explicarán
brevemente las claves analíticas básicas que he tomado como base para el
estudio de las continuidades en el castigo de las mujeres.
En su obra, Foucault identifica diversos modos de poder/saber de los
que me centraré en tres de ellos, dado que serán los que emplearé en mi
análisis. En primer lugar, estaría la soberanía, forma de poder que se
ejerce sobre el territorio y sobre quienes lo habitan (Foucault, 1991).
Es una forma de poder que se ejerce de arriba-abajo y se basa en la
prohibición de determinados actos, así como de desprender del poder a
quienes incumplen las normas o amenazan el poder establecido (Valverde,
2017). La finalidad de la soberanía es, por tanto, el ejercicio mismo de
la soberanía y su preservación (Foucault, 1991). La disciplina, por el
contrario, es una forma de poder que se orienta a la reforma de las
personas y al control, mejora y maximización de espacios y territorios
(Valverde, 2017). Para su ejercicio, será necesario disponer de cierto
conocimiento de los individuos, mediante la realización de mediciones y
exámenes que tendrán por objetivo la normalización de las conductas. Por
último, el poder gubernamental (governmentality) tiene como
objetivo el bienestar de la población y la mejora de sus condiciones en
términos de salud, longevidad, riqueza, etc. (Foucault, 1991). Para
ello, se desplegarán una serie de prácticas que buscarán guiar la
conducta humana, preferiblemente mediante medios impersonales, con el
fin de que los intereses de las autoridades se alineen con los deseos
individuales de conocimiento, libertad y elección (Valverde,
2017:89).
Estas formas de ejercicio de poder no siguen una sucesión cronológica
ni funcionan con mecanismos de sustitución. Es decir, las nuevas formas
de poder que surjan no suponen la desaparición de las anteriores, que se
mantendrán en forma de prácticas, tecnologías y racionalidades. Se dará
una relación “triangular” que producirá mutaciones, hibridaciones,
interacciones y alianzas (O’Malley y Valverde, 2014; Valverde,
2010).
El poder/saber disciplinario en los centros penitenciarios se orienta
a la reducción de la desviación y la normalización de las conductas.
Para ello, se busca la generación de cuerpos dóciles, obedientes y que
aprendan hábitos regulares. Todo ello se logra mediante la
transformación del comportamiento, que se produce en un ambiente de
aislamiento regido por el trabajo y la educación como piezas clave. Las
personas encarceladas se distribuyen según ciertos criterios que
permiten la modulación de las penas y son controladas por personal
técnico (Foucault, 1975).
En el caso de las mujeres, los análisis históricos sobre la prisión
en el Estado español muestran que los tres componentes fundamentales que
configuran el ejercicio del castigo han sido la disciplina, la
domesticidad y la moralización (Almeda, 2002; Hernández, 2013). La
disciplina se traduce en la imposición de rutinas férreas de actividad y
control de las conductas que serán minuciosamente vigiladas por las
autoridades; la moralización se asocia a la conexión entre delito y
pecado y se materializa en la presencia preponderante de las órdenes
religiosas que impondrán rezos constantes y un discurso moralizador
(Hernández, 2013). Finalmente, el modelo de domesticidad que surge a
partir de la modernidad consagrará dos esferas separadas y segregadas
genéricamente: la pública y la privada. Esta última, reservada a las
mujeres, va a orientarse a inculcar un ideal de la buena madre y esposa
(Nash, 2004). Estas pautas históricamente configuradas pervivirán en las
prisiones de la democracia (Almeda, 2002), mediante la continuidad de la
presencia de asociaciones vinculadas a la Iglesia católica, el
mantenimiento de actividades que refuerzan la lógica de la domesticidad,
así como un régimen disciplinario y de control mucho más duro y rígido
que el que se aplica en las cárceles de hombres (Carlen y Worrall,
2004).
Volviendo a Foucault y sus estudios sobre las formas de poder/saber,
me detendré en el “término paraguas” (Valverde, 2017:81)
gubernamentalidad, que ha dado lugar al desarrollo de una extensa
literatura académica (Ávila y Sozzo, 2020; Garland, 1996, 1997;
Hannah-Moffat, 2000, 2001; O’Malley, 1999; Rose, 1993, 1996, 2000; Rose
et al., 2006; entre muchos otros). Los estudios sobre
gubernamentalidad (governmentality), en línea con los escritos
de Foucault (1991), enfatizan la confluencia de viejas y nuevas
prácticas y tecnologías en la configuración de los sistemas penales
particulares. Los nuevos sistemas incorporan diferentes formas de
ejercicio del poder dando lugar a propuestas fragmentarias y, en
ocasiones, incoherentes (Garland, 1997; Hannah-Moffat, 2000; O’Malley,
1999). A esta dinámica de combinaciones y mutaciones no es ajena la
realidad penitenciaria española actual. Así, en cada contexto específico
se producirán intersecciones entre nuevos discursos, lógicas y prácticas
con otras formas más tradicionales de actuar (Garland, 1997; O’Malley,
1999).
Asimismo, en referencia a las prácticas gubernamentales, los
estudiosos de la gubernamentalidad exploran las “tecnologías de
libertad” (Garland, 1997; Rose, 1999) o “tecnologías de ciudadanía”
(Cruikshank, 1999) como prácticas de gobierno desarrolladas por y para
sujetos considerados libres. Estas tecnologías buscan influir en las
capacidades de acción de individuos y grupos, alineando esas acciones
con los objetivos del gobierno en la era neoliberal (Garland, 1997;
O’Malley, 1999; Rose, 1999, 2000; Valverde, 2008). Estos mecanismos de
autogobierno se implementan en una amplia variedad de actores,
configurando lo que se conoce como proceso de responsabilización
(Garland, 1997; O’Malley, 1999; Rose, 2000). Desde esta línea de
análisis, la intervención penitenciaria se identifica y analiza como una
forma de gobierno basada en la responsabilización, produciendo así un
sujeto racional, autogobernado, libre y autosuficiente (Bosworth, 2007;
Garland, 1997; Hannah-Moffat, 2000; O’Malley, 1999; Rose, 1999,
2000).
Estas tecnologías van a funcionar mediante el uso de formas de
gobierno en la distancia (Garland, 1996; Rose, 1999, 2000). Estas se
entienden como prácticas que se sirven de diferentes grupos, entidades,
profesionales y de los sujetos mismos con el fin de alinear las
conductas con los objetivos establecidos (Rose, 2000). En lo relativo al
funcionamiento de la prisión y el castigo, el objetivo será reconstruir
la autoestima de los excluidos y empoderarlos mediante el impulso a la
actividad y el principio de la “libre” elección (Cruikshank, 1999; Rose,
1999, 2000), para que se conviertan en sujetos autónomos y responsables.
En contraposición, quienes no se consideran aptos para entrar dentro de
las dinámicas de inclusión, serán aislados y sujetos a medidas muy
duras. Y, en última instancia, las tecnologías empleadas (Cruikshank,
1999), de carácter teóricamente voluntario, incorporarán elevadas dosis
de coerción y control.
Las herramientas ofrecidas por los estudios de gubernamentalidad han
sido utilizadas por las académicas feministas, incluidas las
criminólogas, para el estudio de las técnicas neoliberales de
empoderamiento recogidas en las prácticas penales contemporáneas. Este
cuerpo de investigación se ha centrado en una variedad creciente de
instituciones y programas: instituciones penales para mujeres
(Hannah-Moffat, 2000, 2001; McCorkel, 2003, 2004; Pollack, 2005, 2010),
servicios para jóvenes en el sistema de justicia juvenil (Goodkind,
2005, 2009), programas de tratamiento de drogas (Mckim, 2008, 2014),
instituciones para madres encarceladas (Haney, 2010a) y sistemas de
libertad condicional y libertad vigilada (Turnbull y Hannah- Moffat,
2009; Wyse, 2013). En la mayoría de los casos, las investigadoras
examinan de cerca las iniciativas centradas en las mujeres o programas
específicos de género en los que un ideal de empoderamiento está
constantemente presente. Estos estudios van a constatar la existencia de
un sistema diferente de control social en las instituciones dirigidas a
mujeres en las que se fusionan características clave del castigo
(vigilancia) con aproximaciones terapéuticas, con el fin de promover un
cambio de comportamiento. Lo que finalmente se inculca van a ser las
construcciones institucionales sobre los modelos de género y
subjetividad (McCorkel, 2003).
3. Metodología
Este artículo forma parte de mi línea de investigación sobre
encarcelamiento de mujeres en el siglo XXI y las políticas de igualdad
de género en los sistemas punitivos. La fuente fundamental de material
empírico es un estudio sobre los MdR realizado entre los años 2011 y
2017 en el marco de mi tesis doctoral (Ballesteros Pena, 2017). En
concreto, el trabajo de campo cualitativo consistió en un estudio de
caso en MdR con presencia de mujeres en tres prisiones españolas,
llevado a cabo entre noviembre de 2013 y septiembre de 2014. El trabajo
de campo incluyó entrevistas semiestructuradas, observación no
participante y asistencia a algunos de los eventos organizados en la
prisión. Se entrevistó a un total de 86 mujeres y 24 miembros del
personal técnico y directivo de las tres prisiones, así como a tres
responsables políticos o exresponsables, con cargos en la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). La muestra de personas
entrevistadas se configuró mediante diferentes mecanismos. En el caso
del personal técnico y directivo se siguieron criterios estratégicos,
principalmente se trató de cubrir diferentes perfiles de profesionales
que tuvieran contacto con los MdR de mujeres. En el caso de las mujeres
privadas de libertad, dependiendo del centro penitenciario y de las
condiciones concretas en las que se realizó el trabajo de campo, la
estrategia de captación varió y, en ocasiones, fue evolucionando. En
ciertos casos, el carácter más esporádico de las visitas conllevaba la
necesidad de una mayor planificación con lo que la selección inicial de
participantes se realizó conjuntamente con el equipo técnico sobre la
base de la voluntariedad en la participación. En otros casos, el trabajo
de campo comenzó con una estrategia similar, pero la mayor regularidad e
intensidad de las visitas propiciaron una implicación más espontánea de
las participantes, derivada de mi presencia periódica en el centro
penitenciario. Esto, unido al intercambio de información entre las
participantes en una suerte de bola de nieve, permitieron lograr una
muestra más diversa y rica (para más información sobre el proceso de
trabajo de campo y sus complejidades, véase Ballesteros-Pena, 2019).
Todas las entrevistas fueron transcritas y analizadas con el software de
análisis cualitativo Atlas.ti. Como complemento a este trabajo de campo,
en los últimos años, en el marco de diversos proyectos de investigación,
por ejemplo, el proyecto de Innovación Docente “Taller de investigación
penitenciaria” (UCM, 2020-actualidad), el Prison Transparency Project
(2023-actualidad) y el GEIPP (2023-actualidad), he seguido en contacto
con centros penitenciarios en los que los MdR continúan teniendo un
papel esencial. Las observaciones y reflexiones en el marco de estos
proyectos han permitido enriquecer y apuntalar mis análisis previos
sobre este programa de intervención.
4. Módulos de respeto
y programa de igualdad
Desde el cambio de siglo, y de forma más intensa durante los dos
gobiernos sociales de 2004 y 2008 (2004-2008 y 2008-2011), el sistema
penitenciario español incorporó un conjunto de medidas entre las que
destaca el impulso del tratamiento. Así se introdujeron una serie de
programas de intervención, algunos de ellos dirigidos a sectores
específicos de la población penitenciaria (Ballesteros y Almeda, 2015).
Con diferencias dependiendo de los partidos en el gobierno, muchas de
estas medidas se han mantenido hasta la actualidad. En los últimos años,
se está experimentando un nuevo impulso a las medidas de intervención y
tratamiento penitenciario en las prisiones españolas.
Los MdR son uno de los programas que va a experimentar una mayor
expansión en aquellos años y cuyo respaldo se mantiene en la actualidad.
Esta iniciativa surgió en la prisión de Mansilla de las Mulas (León) en
2001 y estaba dirigida únicamente a la población penitenciaria
masculina. Los MdR buscan modificar la forma de organizar la vida en las
prisiones, mediante un sistema que regula todas las áreas de la vida
penitenciaria: higiene personal, relaciones interpersonales, cuidado del
entorno, etc., así como las actividades que debe realizar cada persona
privada de libertad, planificando el tiempo de formación, trabajo y ocio
(Cendón, Belinchón et al., 2011). La participación en este
sistema es voluntaria y se rige por la firma de un “contrato
terapéutico”.
El modelo se estructura en torno a tres ejes centrales. En primer
lugar, las personas privadas de libertad están organizadas en grupos de
tareas que se encargan del mantenimiento de las áreas comunes. Estos
grupos están liderados por otras personas privadas de libertad que se
encargan de velar por el cumplimiento de las reglas y la correcta
realización de las actividades. Asimismo, se espera que todas las
personas encarceladas supervisen el correcto cumplimiento de las normas
por parte del resto de la población penitenciaria. En segundo lugar,
existe un sistema de evaluación inmediata del comportamiento mediante un
sistema de penalización que tiene repercusión en las tareas semanales
que se asignan a cada grupo. Esto es, las tareas más gravosas serán
encargadas a aquellos grupos cuyos miembros acumulen peores puntuaciones
en el cómputo semanal. Para finalizar, existe una estructura de
participación de las personas privadas de libertad que se organiza en un
conjunto de órganos que se reúnen periódicamente, entre ellos destacan
la asamblea diaria, la asamblea de responsables y diferentes comités. El
comité de convivencia, encargado de la gestión inicial de los conflictos
que se dan en el interior de los módulos, es de los que tiene mayor
importancia.
De forma paralela a las medidas descritas anteriormente, sobre todo a
partir del segundo gobierno socialista (2008-2011), se comienza a
prestar una mayor atención a la situación de las mujeres privadas de
libertad. Las mujeres han representado históricamente una minoría dentro
de la población penitenciaria, situándose en el momento actual en torno
al 7% de la población penitenciaria en el conjunto del Estado (datos
SGIP). Respecto a los establecimientos penitenciarios, la gran mayoría
de las mujeres en el sistema penitenciario español cumple condena en
prisiones mixtas, y solo hay cuatro prisiones exclusivas para mujeres en
el país.
Entre los factores que explican el interés político por las mujeres
presas estaría, entre otros, el impulso dado a las políticas de igualdad
de género en el conjunto del Estado (Bustelo, 2016), con la aprobación
de leyes de gran relevancia como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades 2008-2011 y la incorporación a la SGIP de una
subdirectora general de Gestión y Tratamiento Penitenciario, con
experiencia y conocimiento de la situación de las prisiones de mujeres.
A ello hay que añadir la publicación desde los años noventa del siglo XX
de estudios e investigaciones centrados en diferentes aspectos del
encarcelamiento de las mujeres (Almeda, 2002; Equipo Barañí, 2001, 2007;
Manzanos y Balmaseda, 2003; Miranda et al., 2005; Naredo, 2004;
Yagüe, 2006, entre otros muchos).
Como resultado de esta confluencia de factores, se aprueba en
noviembre de 2008 el Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres en el Ámbito Penitenciario. Este incorporaba dos objetivos
fundamentales: por un lado, abordar aquellas situaciones y
circunstancias que mantienen un trato discriminatorio hacia las mujeres
en la ejecución penal y, por el otro, ayudar a las mujeres a aprovechar
activamente su tiempo en prisión, contribuyendo a romper sus
limitaciones personales y sociales que podrían obstaculizar su inclusión
social y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales como
ciudadanas (Yagüe, 2012: 49). Dentro de las medidas del programa se
incluía la implementación de los MdR en las prisiones y módulos de
mujeres, lo que lleva a su expansión. Las limitaciones de este programa
ya han sido destacadas en otras publicaciones (Ballesteros y Almeda,
2015) y, respecto a los MdR, es importante tener en cuenta que esta
iniciativa no representa un ejemplo de programa sensible al género
(Ballesteros y Almeda, 2015). Por el contrario, lo que se busca es que
el conjunto de la población penitenciaria, sin excluir a las mujeres,
pueda incorporarse a este sistema de organización de la vida en prisión,
que se concibe como neutro en términos de género.
Desde la aprobación del programa y la expansión de los MdR hasta el
momento presente, se han producido oscilaciones en la atención mostrada
a las desigualdades de género en prisión. En el momento actual, los
análisis realizados hasta el momento muestran un nuevo impulso en la
incorporación de medidas en materia de igualdad de género en el sistema
penitenciario.
5.
Combinaciones de soberanía, disciplina y gubernamentalidad en los
MdR
A continuación, se presentan los resultados del análisis de los MdR y
los ensamblajes entre prácticas soberanas, disciplinarias y
gubernamentales que de ellos emerge. Comenzaré por abordar las
tecnologías que se activan en el momento de la entrada en los centros
penitenciarios, asociadas a la distribución de las personas privadas de
libertad en los distintos módulos. Asimismo, apuntaré las consecuencias
para quienes se van a ver excluidas de la participación en los MdR. Para
continuar, me centraré en el funcionamiento de los MdR en los que, bajo
una estrategia general de responsabilización, se observarán mecanismos
soberanos, materializados en la expulsión, y un despliegue de prácticas
disciplinarias, en lo que se ha denominado “estrategia de la
redomesticidad” (Ballesteros, 2017a). Mediante el análisis del
funcionamiento de esta estrategia se pretende ilustrar el marco de
efectos que produce la implantación de los MdR en el caso de las mujeres
encarceladas. Estos derivarán en una agudización de las prácticas
disciplinarias tradicionales propias del castigo femenino en el Estado
español y que se articulaban en torno al florecimiento del ideal de
“domesticidad” atravesado por una vigilancia y control exhaustivo de las
conductas.
5.1. Clasificación
inicial y voluntariedad
La evaluación inicial es la práctica habitual tras la entrada a un
centro penitenciario. Los profesionales realizan una entrevista para
analizar el perfil de la persona privada de libertad y decidir en qué
módulo será ingresada. Desde la implementación de los MdR y en el caso
de prisiones solo para mujeres o prisiones con más de un módulo de
mujeres, el equipo técnico decide si la persona es adecuada o no para un
MdR. En caso de serlo, se le brindará información detallada sobre la
naturaleza, características y reglas de los MdR. Los MdR se han
expandido intensamente en los centros penitenciarios, y particularmente
en el caso de las mujeres, porque se alude a la adecuación del perfil de
este a los requerimientos de este modelo (Yagüe, 2012: 52). El análisis
ha constatado cómo la valoración de esta adecuación se asienta sobre
imágenes estereotipadas sobre las mujeres presas. Los procesos de
clasificación materializan, asimismo, el funcionamiento de las
denominadas “criminologías del yo” y “criminologías del otro” Garland
(1996: 461) a dos niveles. Las mujeres presas, en términos generales, se
asemejan a los perfiles de mujeres con los que nos encontramos
extramuros, aunque con un componente más elevado de victimización y
falta de empoderamiento (Hannah- Moffat, 2001; Valverde, 2017). Por
ello, en un primer nivel, esto las va a distanciar de los reclusos
masculinos, cuyas imágenes estereotipadas se conectan más con perfiles
de mayor violencia, exclusión y amenaza, y en un segundo nivel, las
mujeres se van a distanciar de aquellas otras que se niegan a participar
en los MdR o que son clasificadas como no aptas por ser usuarias de
drogas, reincidentes, tener antecedentes violentos, etc. Todos estos
grupos se consideran como los “otros” (Garland, 1996), las “que no se
pueden empoderar” (Hannah-Moffat, 2001), las y los “problemáticos”.
Este proceso de clasificación inicial contribuye a construir una
dicotomía en la que las mujeres reclusas se colocan en un lado y se
consideran más adecuadas para la búsqueda de las “características de
género de la ciudadanía normativa”, mediante el despliegue de
“tecnologías de la libertad” (Rose, 1999) o “tecnologías de la
ciudadanía” (Cruikshank, 1999). Estas, en el caso de las mujeres,
comprenderán nociones de maternidad, domesticidad, propiedad,
autosuficiencia y crecimiento personal (Turnbull y Hannah-Moffat, 2009:
548). En este proceso de clasificación, ciertas características de las
mujeres privadas de libertad, como la frecuente pobreza, las
responsabilidades familiares, la victimización y el impacto de los
familiares (normalmente masculinos) en sus trayectorias criminales,
también contribuyen a mantenerlas en el llamado “circuito de inclusión”
(Rose, 1999, 2000). O más específicamente, a lo largo del tiempo que
pasen en prisión, regresarán a este circuito, en la medida en que
acepten seguir e internalizar las reglas y expectativas de este
sistema.
Sobre este punto, conviene mencionar el hecho de que la propia
participación en los MdR se asienta sobre el principio de voluntariedad
y, por tanto, sobre la idea de que el individuo es libre de escoger
entre varias opciones. Este principio de libertad de elegir y de
voluntariedad se simboliza en la firma de un “contrato” entre la
institución y la persona privada de libertad mediante el cual se
manifiesta la voluntad de participar en este sistema de organización y,
en consecuencia, de acatar el conjunto de normas que ello conlleva.
En este marco, el objetivo es la responsabilización: “reconstruir la
autosuficiencia en aquellos que están excluidos” (Rose, 2000: 334) y, al
mismo tiempo, reconceptualizar una agencia basada en valores e ideas
sobre los atributos deseables para aquellos integrados en la sociedad.
Por lo tanto, en este régimen, la aceptación “voluntaria” de los MdR se
define como una “libertad de elección” (Garland, 1997; Hannah-Moffat,
2004), ignorando la variedad de restricciones, miedos y obstáculos que
las personas enfrentan tanto dentro como fuera de la prisión. Conviene
apuntar, en este aspecto, el cuestionamiento que de este principio se
hace en el caso de las mujeres presas, como resultado de la
generalización de los MdR especialmente en las prisiones con un solo
módulo de mujeres, con lo que ello supone de eliminación del principio
participación voluntaria.
Frente a quienes se enmarcan en las “tecnologías de libertad”, se
ubican quienes no se consideran adecuadas para los MdR: “las
conflictivas”, que serán dirigidas a los módulos ordinarios. La propia
consideración de “conflictiva” supone la activación de una serie de
percepciones de fuerte poder simbólico en torno a la persona privada de
libertad. Esto es, tanto para los equipos y profesionales de la propia
prisión, como para los juzgados de vigilancia, el calificativo de presa
“conflictiva”, denominación que se ha extendido en todo el sistema para
referirse a los módulos ordinarios, trasluce una falta de voluntad de
reinserción social que tendrá consecuencias prácticas.
Estos efectos entroncan con ejercicios del poder soberano en los que
no hay cabida para la normalización de conductas ni la configuración del
sujeto autosuficiente. Por el contrario, tendrán su reflejo en la
limitación de las actividades y oportunidades laborales en los módulos
ordinarios, así como en la reducción de las posibilidades de movilidad
fuera del módulo. Todo ello busca enfatizar las diferencias y las
ventajas asociadas al nuevo modelo de respeto y “forzar” a las personas
internas a asumir las normas asociadas a este, a cambio de disponer de
más opciones para cubrir el tiempo de encarcelamiento (Ballesteros y
Almeda, 2015). Así lo expresa una de las mujeres entrevistadas:
Hay mucha diferencia porque en el 2 (número de módulo)
sales, a actividades. Aquí no tenemos actividades ningunas. Aquí para
sacarte, tienes que rezarle a la virgen, para que se acuerden de que
existe el M12 o el M11. Esos dos módulos no existen (mujer privada de
libertad en un módulo ordinario).
En esencia, la vida será más difícil para quienes no aceptan la
responsabilidad de gobernar su propio confinamiento. Es importante
destacar que el grupo excluido incluye, con frecuencia, a mujeres con
problemas de salud mental, adictas a las drogas y también aquellas que
se resisten al sistema reforzado de control y disciplina materializado
en los MdR.
El esquema general de funcionamiento de los MdR se enmarca dentro de
un ejercicio de poder de tipo gubernamental en el que, mediante la
consagración de las “oportunidades de elección”, se ofrecen diferentes
vías de adquirir responsabilidad y configurarse como un sujeto racional
y autónomo. La persona privada de libertad va a adquirir o recuperar su
papel de “ciudadano- sujeto” (Cruikshank, 1999). El ejercicio de la
libertad tendrá que ver, por ejemplo, con la posibilidad de selección
del conjunto de actividades en las que la persona interna quiere
implicarse. En colaboración con el equipo técnico del módulo, se procede
a la configuración del plan de actividades, incluyendo las actividades
de ocio, en las que se quiere participar. Asimismo, las personas
internas también son impulsadas a proponer la oferta de nuevas
actividades desarrolladas por ellos/as mismas como monitores/as o
coordinadores/as. La libertad de elección se promueve, por tanto, por
parte de la institución, aunque en la puesta en marcha del plan de
actividades, esta incorporará rasgos disciplinarios. El ejercicio
constante y pautado de actividades, principio básico del modelo, se
conecta con una voluntad normalizadora de las conductas, que será muy
estrechamente vigilada a distintos niveles.
El diseño de los MdR incorpora otra serie de elementos de carácter
disciplinario, entre los que destacan el conjunto de normas en las
esferas personal, de higiene, de relación personal, de hábitos, etc.
Tanto el manual como los anexos especifican claramente un conjunto de
pautas que la persona interna debe seguir con el fin de normalizar sus
conductas y, por ende, evitar una evaluación negativa. Desde la propia
vestimenta, pasando por las particularidades de la limpieza y
mantenimiento de la celda, la forma de relacionarse o incluso de caminar
aparecen pautadas y caracterizadas en los documentos orientadores. El
objetivo no es otro que un intento de emular la vida normalizada en la
sociedad, tal y como apunta el manual. Por otro lado, el sistema
establece una dinámica cotidiana de actividad mediante la participación
en programas laborales, deportivos y de tiempo libre, que pretende
desarrollar una serie de hábitos favorecedores de una reincorporación
exitosa a la vida en sociedad. Lo que se observa, no obstante, es que no
necesariamente el contenido de estas actividades plantea una conexión
clara con el objetivo de la reinserción. Por el contrario, lo que parece
orientar el programa de actividades es el control y cumplimiento del
compromiso de asistencia y aprovechamiento, más que la adquisición de
habilidades y destrezas útiles para la vida en libertad. Tanto los
estudios generales sobre el sistema penitenciario español como aquellos
enfocados directamente al análisis del castigo de las mujeres en España,
apuntan también a esta estrategia de disciplinamiento que entronca con
algunos de los rasgos de los MdR.
Unas prácticas disciplinarias que, en el caso de las mujeres,
demuestran la pervivencia de un modelo de domesticidad reforzada o
redomesticidad, que conduce a una mayor dureza del encarcelamiento
femenino. En los MdR, las tareas de limpieza y mantenimiento de
diferentes zonas comunes son asignadas a los grupos de trabajo en los
que se distribuye la población interna en cada módulo. Los y las
profesionales de vigilancia, de acuerdo con un mayor o menor grado de
arbitrariedad, analizan el desarrollo de las tareas. Si la evaluación no
es satisfactoria, se asignará un negativo, que conlleva diversas
consecuencias, tanto sobre la distribución de tareas entre los grupos
como sobre una potencial expulsión de la persona del módulo. De acuerdo
con el sistema de evaluación, de la acumulación de negativos puede
derivarse la expulsión temporal o permanente del módulo, circunstancia
que genera fuerte estrés entre las mujeres presas, como relatan algunas
de las mujeres entrevistadas:
Sí, la verdad es que el módulo está bien, está bien. Se pasan un poco
con las normas, porque a la mínima te ponen negativos por tonterías: una
gota en el lavabo, una chaqueta en el respaldo de la silla, una arruga
en la cama, o sea, tonterías. Que eso lo único que lleva es a que la
gente ande estresada. Porque es lo único que hacen. Vale que sea de
respeto, pero no estresar a la gente (mujer privada de libertad en un
MdR).
En términos históricos, y en el marco de un modelo de castigo donde
la domesticidad era un componente esencial en la construcción de un tipo
de feminidad heteropatriarcal, el área de la limpieza y el orden ya
suponía un área de atención especial en el caso de las mujeres. Por
ello, los y las profesionales han manifestado durante la investigación
que este ámbito no resultaba problemático. Sin embargo, lo que se
produce en los MdR es un incremento del nivel de exigencia requerido en
el cumplimiento de estas tareas, no comparable a estándares previos y
tampoco a los exigidos en el caso de la población masculina. Por tanto,
el orden y la limpieza tienen que responder a un modelo determinado que
es altamente controlado y vigilado en sus mínimos detalles. La
colocación de las cortinas, la forma de hacer la cama, entre otras, debe
responder a un modelo estandarizado sobre el que las mujeres no tendrán
capacidad de elección, a riesgo de recibir un negativo. Así lo describe
uno de los profesionales de la prisión:
En mujeres, vamos a ver, la mujer es mucho más fácil, por su propio
carácter, que acepte las normas de un MdR. Es más ordenada, siempre
¿eh?, en cualquier prisión, es más limpia, las tareas de limpieza, de
recoger, la salen innatas. A un hombre del (módulo) 14, lo tienes que
empujar. Es que no ve el yogur tirado, lo pisa, pero no lo ve. Entonces,
el primer paso, la limpieza y el orden, las mujeres ya lo tenían. El
segundo paso, que es la actividad, muchas lo demandan porque se aburren,
entonces ya lo tenían. El tercer paso, más comprometido, que es el
control social y de grupo, pues es que también lo tienen. Es que también
lo tienen, porque la mujer habla mucho más, se expresa mucho más, cuenta
mucho más y, a través de la palabra, también manipula mucho más. No era
muy difícil adaptar este sistema a módulos de mujeres. (equipo directivo
prisión).
Aunque la reclusa no esté de acuerdo con la evaluación del equipo de
vigilancia, no se le permite quejarse porque un punto negativo nunca se
cuestiona. En el contexto privado, algún profesional puede expresar su
desacuerdo con la medida, sin embargo, la evaluación y todas las
consecuencias derivadas de ella se retienen. Además, el manejo de las
irracionalidades y frustraciones burocráticas se incorpora directamente
en el “régimen de tratamiento” (Kaye, 2012), creando subjetividades
donde la sumisión y la obediencia desempeñan un papel clave. Nuevamente,
los esfuerzos para cambiar el yo se centran más en crear “ciudadanas-
sujeto” (Cruikshank, 1999) que en ayudar a las necesidades de las
mujeres o promover su empoderamiento (Hannah-Moffat, 2001; McCorkel,
2004).
Esta organización de la vida cotidiana basada en un horario con
actividades a lo largo del día, como trabajo remunerado, limpieza
colectiva, formación, educación, deporte, entre otros, se presume con
una finalidad terapéutica, dado que se abordan cuestiones como la
puntualidad, la responsabilidad y la organización (Kaye, 2012). Además,
la disciplina a través del trabajo y las actividades está omnipresente
en el modelo que sustenta los MdR. Todo el MdR está estructurado en
torno al trabajo y las actividades, y las jerarquías de las reclusas
surgen de ello, en línea con los resultados mostrados por Haney (2010b)
en el caso húngaro. La provisión, o no, de los limitados trabajos
remunerados disponibles dentro de la prisión depende del ejercicio
correcto de la responsabilidad y se encuentra conectado con la
internalización de reglas y formas de comportamiento.
Al mismo tiempo, el trabajo remunerado, actividad esencial y muy
demandada, como resultado de la precariedad en la que viven muchas
mujeres y sus familias (Ballesteros y Almeda, 2015), continúa también
reforzando el discurso de la domesticidad, observándose ciertas
actitudes estereotipadas sobre los empleos más adecuados para las
mujeres o los varones. Por ejemplo, las mujeres continúan dedicándose en
mayor medida a los destinos asociados a la limpieza, mientras que, en
los talleres productivos, que operan con frecuencia a través de empresas
externas, su presencia es muy limitada o nula.
El trabajo y la actividad constante implementan mecanismos de
disciplina y normalización en las mujeres, proporcionando, al mismo
tiempo, rutinas claras y predecibles (Haney, 2010b). Los efectos
logrados son dobles: por un lado, contribuyen a crear un tipo de
autocontrol, autodisciplina y subordinación social (Kaye, 2012: 229),
tal y como se recoge en la cita. Por otro lado, para las mujeres es una
estrategia de supervivencia en la prisión y funciona para distraerse de
las duras realidades del encarcelamiento (Haney, 2010b).
Sí me ha costado, pero más bien por mi culpa, porque antes yo era, no
digamos rebelde, pero era de las que a la mínima saltaba, entonces aquí
los trabajos tienes que tener un poco de… tragarte algunas cosas,
morderte la lengua (…) y sí me ha costado, pero también mi condena es
muy larga y yo a los dos años tampoco podía… que me dieran un trabajo.
Me lo han dado ahora y lo voy a mantener, porque lo necesito y me ha
costado mucho, la verdad que sí (mujer privada de libertad en un
MdR).
En algunas reflexiones de profesionales sobre mujeres encarceladas en
España, se hacen referencias a factores sociales que han influido en sus
trayectorias criminales: la pobreza, la violencia sufrida, las
responsabilidades familiares, entre otros. Estos factores coexisten con
explicaciones más psicológicas en la construcción de la transgresión de
la ley por parte de las mujeres, como el papel de las emociones (Wyse,
2013; Haney, 2010b). Además, uno de los principales objetivos del
programa de igualdad es contribuir a romper las limitaciones personales
y sociales que podrían obstaculizar su inclusión social y el pleno
ejercicio de sus derechos fundamentales como ciudadanas, es decir,
lograr un “empoderamiento efectivo”. Sin embargo, la implementación de
los MR puede colisionar con estos objetivos. De hecho, incluso la
vivencia del encarcelamiento se ve influenciada por las diferencias
económicas, ya que aquellas sin apoyo económico desde el exterior ni
empleo remunerado dentro de las cárceles tienen serias dificultades para
cubrir sus necesidades más básicas. Aunque los profesionales son
conscientes de algunos de estos hechos, poco se lleva a cabo dentro del
proceso de rehabilitación. Más bien, se presta atención a la regulación
y control dentro de las prisiones, utilizando técnicas derivadas de las
teorías cognitivo-conductuales (puntos negativos y, como consecuencia,
la expulsión del módulo). Así, como resultado de las estrategias de
responsabilización, obtener un empleo remunerado está más relacionado
con la obediencia dentro de la prisión que con la situación económica
personal. En resumen, estas formas de gobierno de la penalidad abordan,
con frecuencia, los problemas de las personas privadas de libertad como
si fueran internos al yo, lo que, al igual que otras formas
individualizadoras de gobierno, oscurece la desigualdad estructural
(Hannah-Moffat, 2004; McKim, 2008).
Con respecto al objetivo de empoderamiento, al que profesionales y
responsables de las políticas penitenciarias aluden frecuentemente al
hablar del encarcelamiento de las mujeres, Hannah-Moffat (2000, 2001) y
Pollack (2010) expresan su preocupación acerca de la posibilidad de
trabajar en el empoderamiento en un lugar cerrado como una prisión.
El empoderamiento en el contexto de la prisión se convierte en una
tecnología de autocontrol que requiere que la mujer asuma la
responsabilidad de sus acciones para satisfacer los objetivos de las
autoridades y no los suyos propios. Las elecciones que se empodera a las
mujeres a hacer son censuradas y predeterminadas por la estructura penal
más amplia. A las mujeres en prisión se les permiten elecciones
limitadas (Hannah-Moffat, 2001).
Si el comportamiento de las reclusas se aleja de estos modelos de
comportamiento, la institución la reconceptualiza como manipuladora,
dado que mientras simula el desempeño de un comportamiento regulado,
continúa haciendo acciones prohibidas. Esta forma particular de
autonomía promovida por estrategias de responsabilización ha llevado en
los MdR a acciones para prohibir y castigar conductas solidarias como
comprar un café a otra reclusa.
Es muy feo tener a una persona que te dice: “Por favor, cómprame un
refresco de 45 céntimos”. Y tienes que hacerlo a escondidas para que no
digan que estás trapicheando. No todo es así. No todo funciona de esa
manera (mujer privada de libertad en un MdR).
Este control minucioso de las actividades cotidianas, la programación
detallada de tareas, la obligación de mantener los espacios limpios y
ordenados de acuerdo con unos estándares exigentes y definidos por la
institución, la corrección de las conductas, por más minúsculas que
parezcan, o la necesidad de pedir permiso para cualquier acción que se
quiera desarrollar se entroncan también con prácticas infantilizadoras.
Un símil utilizado frecuentemente para caracterizar el funcionamiento de
estos módulos es el de un internado. Es frecuente que las propias
mujeres expresen que hay determinadas intromisiones u órdenes que están
fuera de lo que ellas consideran la actitud con la que se debe tratar a
una persona adulta que cuenta con un bagaje existencial y
responsabilidades personales, laborales y familiares diversas.
Esto es como vivir con mis padres pero a lo bruto. Esto es lo típico
que te llega tu madre y te dice “¡Qué no has hecho la cama!». Estás
privada de libertad, ya eres mayor de edad… ¿Te van a venir y te van a
decir que te tienes que poner la colchita para abajo en vez de para
arriba? Son cosas que yo las veo muy estúpidas. ¿Que no puedes tener
comida en tu celda? ¿Por qué? Si a ti te da hambre y son las diez de la
noche, cómo no puedes tener comida en tu celda, o tener un número
determinado de comida… ¿Si a mí me apetece comer naranjas y yo me harto
de naranjas, por qué no puedo tener cinco en la celda y puedo tener
solamente dos y si tengo tres ya es para que te pongan un negativo?
(mujer privada de libertad en módulo ordinario).
Por tanto, disciplina y “tecnologías de libertad” se ensamblan en el
funcionamiento cotidiano de los MdR de mujeres, en los que la disciplina
tiene forma y efectos “redomestizadores” mediante el recurso al control
y vigilancia férrea y a prácticas infantilizadoras y donde el
empoderamiento se interpreta dentro de un marco funcional a la
institución y no a la generación de cambios estructurales.
Y junto a estos, se observan también aspectos conectados en el tercer
componente del triángulo de las formas de poder: la soberanía, que se
manifiesta claramente en la figura de la expulsión, junto al ya
mencionado tratamiento de las personas privadas de libertad y
consideradas conflictivas. La participación en los MdR supone
comprometerse a acatar un conjunto de normas de comportamiento y
relaciones interpersonales que son sometidas a diversos mecanismos de
evaluación y sanción. En este sentido, la acumulación de negativos y
desfavorables en un determinado periodo de tiempo o bien una conducta
considerada especialmente grave conllevan la expulsión temporal o
permanente del módulo. El mecanismo de la expulsión constituye un rasgo
fundamental del ejercicio de la soberanía y es una amenaza que
sobrevuela la vida cotidiana en los MdR, tal y como se recoge en la
siguiente cita.
Me la he mordido tantas veces la lengua. Si quieres estar aquí en el
MdR te tienes que aguantar muchas tonterías (…). Es mejor cuando tal…
darte la media vuelta y, porque aquí en el MdR como no se puede
discutir, y si discutes tienes convivencias y si tienes una discusión
muy fuerte, fuera del módulo. Y yo lo que no quiero es eso, porque me
quiero buscar mi libertad para estar con mis niñas (mujer privada de
libertad en un MdR).
Pero, junto a esto, se debe contemplar también el tratamiento que
reciben aquellas personas que han sido expulsadas, que no han sido
propuestas para participar en este programa o que se han negado a ello.
En estos casos, el encierro carcelario tendrá un cariz más duro dado que
se limitarán las posibilidades de acceso a determinados servicios y
actividades, así como cierta libertad ambulatoria.
La configuración del sujeto autónomo, autosuficiente y con capacidad
de iniciativa puede servir también de instrumento para contribuir al
cumplimiento de los fines de los MdR, mediante la puesta en marcha de
ciertas prácticas de “gobierno en la distancia” (Garland, 1996; Rose,
1999, 2000). Los MdR incorporan un conjunto de figuras de
responsabilidad, entre las que se destacan las personas responsables de
los grupos de tareas, así como las integrantes de diferentes comisiones
que velan por el buen funcionamiento de ciertas áreas de la vida del
centro, incluyendo la encargada de gestionar los conflictos que surgen
en el módulo. Estas figuras tienen una función importante relacionada
con el control social colectivo de la convivencia (Mckim, 2008: 317).
Mediante esta fórmula, la participación en la vigilancia también se
justifica por su conexión con el bien común (Wyse, 2013) y la confianza
mutua, tal y como relata una de las entrevistadas:
Aparte de nuestra educadora, que es la que dirige el módulo, los que
hacemos que funcione el módulo, aparte de nuestra educadora y, bueno,
los compañeros educadores, psicólogos y demás, los que hacen que
funcione el módulo somos realmente los internos que vivimos aquí. O sea,
que nosotros tenemos que tener aquí un comportamiento ejemplar (mujer
privada de libertad en un MdR).
La asunción de estos roles de responsabilidad está asociada, una vez
más, con cierta ambivalencia sobre el significado de empoderamiento. Los
discursos institucionales resaltan el hecho de que desempeñar el papel
de “responsabilidad grupal” se conecta con el objetivo de aumentar la
autoestima y la confianza en sí misma. Sin embargo, como siempre, la
autosuficiencia que comprende estos roles está limitada tanto por los
objetivos y expectativas penitenciarios como, adicionalmente, se ve
afectada por el hecho de que si las mujeres privadas de libertad aceptan
colaborar con las instituciones, pueden obtener más beneficios. Todos
estos elementos se pueden identificar en esta cita de una reclusa en la
que explica por qué quiere ser “responsable de grupo”.
Pueden beneficiarte en el informe que pueden hacer en las reuniones,
puede ayudarte a aumentar tu autoestima, porque eso, quieras o no, el
hecho de que te elijan para tener una responsabilidad, eso te llena.
Puedes decir: «Bueno, me llena de orgullo que cuenten conmigo para eso»,
pero, además de todo eso, es el beneficio que te puede aportar en el
momento de los informes, en el momento de los permisos de fin de semana,
en las revisiones de grados (mujer privada de libertad en un MdR).
Por lo tanto, esta delegación de funciones crea un nuevo nivel de
poder en el contexto de la institución. En lugar de una estructura
compuesta, por un lado, por personal técnico y de vigilancia y, por el
otro, por el grupo de personas privadas de libertad, emerge un nivel
intermedio y al que se le confieren ciertos beneficios sobre el resto de
población penitenciaria. Al hacerlo, las autoridades introducen nuevos
modos de ejercer el poder a través de formas de gobierno a distancia
(Garland, 1996; Hannah- Moffat, 2001; Rose, 1996). En cualquier caso,
como hemos visto anteriormente, la institución mantiene sus funciones
tradicionales de disciplina y control, al tiempo que desarrolla un nuevo
conjunto de roles de apoyo y cooperación (Garland, 1996).
En resumen, el análisis del funcionamiento de los MdR de mujeres en
España muestra que las estrategias de responsabilización elegidas para
normalizar y regular las subjetividades de las mujeres se ensamblan con
otras formas de ejercicio del poder. Por una parte, el poder
disciplinario, materializado en la estrategia de la redomesticidad, y
que entronca con formas tradicionales de castigo femenino en España: una
combinación particular de disciplina estricta, control directo y
obediencia ciega, en forma de estrategia de redomesticidad. De otra, el
poder soberano que funciona mediante las estrategias de exclusión y
expulsión, que operan contra quienes no se acomodan a los nuevos modelos
de responsabilización y autogobierno. Las estrategias correccionales,
como los MdR, encarnan formas de poder productivo que movilizan
tecnologías del yo, como la participación voluntaria, la responsabilidad
y el empoderamiento, al mismo tiempo que ejercen formas opuestas de
poder, como la coerción, la vigilancia y la imposición de objetivos
penales (Hörnist, 2007, citado en Hannah-Moffat y Turnbull, 2009: 537).
Esta coexistencia de prácticas altamente punitivas y terapéuticas,
incluso formas contradictorias de poder punitivo (Hannah-Moffat y
Turnbull, 2009), ejemplifica las variaciones institucionales de las
formas contemporáneas de penalidad (Haney, 2004).
6. Conclusiones
En este artículo se han aplicado algunas herramientas analíticas
foucaultianas al estudio de las transformaciones de las formas de
penalidad en el Estado español. Para ello, se ha escogido un programa de
organización de la vida penitenciaria de elevada expansión en el sistema
penitenciario español en los últimos veinte años: los MdR. Asimismo, el
foco se ha centrado en cómo este programa se aplica en el caso de las
mujeres privadas de libertad, tradicionalmente invisibilizadas en los
estudios sobre penalidad y castigo.
Sobre la base de la gran aportación a los estudios de la penalidad
que supuso la publicación de Vigilar y castigar, se ha llevado
a cabo una aproximación más amplia a los trabajos de Foucault,
particularmente con el objetivo de incorporar los desarrollos emanados
de los estudios sobre gubernamentalidad al análisis de las prácticas
penales contemporáneas.
El artículo ha permitido constatar la confluencia de viejas y nuevas
prácticas, tecnologías y racionalidades en las formas que adoptan los
sistemas penales concretos. Por tanto, la evolución de los modos de
ejercer el poder punitivo no sigue una progresión histórica, sino que
las prácticas de gobierno de la penalidad mutan, se hibridan, se
ensamblan, generando asimismo articulaciones particulares de los poderes
soberanos, disciplinarios y gubernamentales. Los modelos punitivos
muestran fragmentación, lógicas contradictorias y mezclas de estrategias
diversas que es necesario desentrañar con estrategias espaciotemporales
situadas.
El estudio llevado a cabo ha desvelado cómo el funcionamiento de los
MdR, bajo un paraguas de responsabilización, moviliza lo que se ha
denominado “estrategia de la redomesticidad”. En este sentido, en lugar
de revertir o eliminar determinadas tendencias históricas del castigo
femenino —particularmente, el énfasis en la construcción de un modelo de
domesticidad basado en los atributos tradicionalmente asociados a las
mujeres con una atención fundamental a las tareas de cuidado, atención
al entorno, sumisión y obediencia—, lo que se constata es que estas
aparecen reforzadas en este nuevo programa. No solo acaban fortalecidas,
sino que el sistema articula mecanismos que agudizan la disciplina y el
control bajo la amenaza del uso del poder soberano en la forma de la
expulsión.
Por otro lado, junto a esta estrategia de la redomesticidad, las
prácticas que se introducen en el marco de los MdR nos han permitido
identificar la existencia de determinadas “tecnologías de la libertad” o
“tecnologías de ciudadanía”. Ahora bien, estas prácticas adoptan
perfiles particulares en su interacción con las características
tradicionales del castigo en el Estado español y particularmente el
castigo de las mujeres. En los MdR se introducen formas de
clasificación, responsabilización y gobierno en la distancia que toman
de la disciplina, el castigo y la obediencia, propias de la historia de
la penalidad en España, las condiciones particulares de su
ejercicio.
En el ejercicio de estas prácticas, los conceptos de empoderamiento,
autonomía, libre elección, responsabilidad, voluntariedad y autogestión
se enmarcan en un conjunto de procesos que buscan la internalización de
las normas y de los objetivos concretos que la institución penitenciaria
persigue. A partir de estos procesos, se promueve la configuración de
subjetividades dóciles y disciplinadas que, como algunos autores
arguyen, configurarán modelos normativos que funcionarán muy
positivamente en el contexto exterior en el que las condiciones de
funcionamiento del mercado de trabajo se guiarán también por esos mismos
modelos.
Para finalizar, se busca que este trabajo sirva para expandir el uso
de las herramientas de análisis foucaultianas para el análisis de otras
prácticas punitivas y coercitivas, tanto dentro como fuera de las
prisiones, como la gestión de grupos estigmatizados y vulnerabilizados,
como las minorías étnicas o las migraciones no deseadas.
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