1. Introducción
Parece difícil exagerar la relevancia que ha tenido, en el último
medio siglo, Vigilar y castigar (Foucault, 1975/1990; en
adelante VyC), desde su publicación en francés a comienzos de 1975. Se
trata del libro más leído de Michel Foucault, quien ha sido ampliamente
reconocido como uno de los autores más citados en ciencias sociales y
humanidades en las últimas décadas. A modo de referencia, Google Scholar
muestra que VyC se encuentra entre los diez libros más citados en
ciencias sociales a nivel global (Green, 2016). De hecho, VyC continúa
captando la atención de las nuevas generaciones de lectoras y lectores.
Una simple consulta de la web de Amazon.com, realizada en enero de 2024,
muestra que el libro sigue estando en niveles muy elevados en términos
de venta, sobre todo para un ensayo que, en principio, no está pensado
para una audiencia masiva. En efecto, llama la atención que el libro se
situaba en el puesto nº 7 de ventas en la categoría Filosofía
occidental moderna, en el puesto nº 9 en la categoría
Sociología de la teoría social y en el puesto nº 12 en
Criminología.
En síntesis, VyC ha logrado mantener un nivel de impacto
extraordinario, a lo largo de cinco décadas y en múltiples campos
académicos. Dentro de esta pluralidad, es innegable que uno de los
ámbitos en los que la influencia del libro ha sido especialmente acusada
es el de los estudios sobre la prisión y, más general, la sociología del
castigo y la criminología. No en vano, el subtítulo del libro es
Nacimiento de la prisión.
El presente trabajo no pretende analizar las diversas derivaciones
que ha tenido la influencia de VyC en estas disciplinas académicas (vid.
Valverde, 2017). Su objetivo es mucho más modesto. Se pretende indagar
cómo los análisis foucaultianos en materia de tecnologías disciplinarias
y postdisciplinarias incidieron en la discusión criminológica y
sociojurídica sobre los cambios en las políticas y prácticas penales y,
en concreto, sobre su naturaleza incluyente o excluyente. De forma más
precisa, el artículo analiza cómo la publicación a mediados de la
primera década del siglo XXI de las versiones originales de los cursos
en el Collège de France de 1978 (Seguridad, territorio,
población, en adelante STP; Foucault 1978/2004) y 1979
(Nacimiento de la Biopolítica, en adelante NdB; Foucault,
1979/2004) sirvió de caja de resonancia para los debates criminológicos
y sociológicos entonces en auge sobre la crisis de la penalidad
incluyente y, en último término, normalizadora. En ese marco, el
artículo muestra las insuficiencias de aquel debate y rastrea dos
ámbitos diferentes en los que las reflexiones foucaultianas sobre el
poder disciplinario tienen aún mucho que aportar en los análisis
contemporáneos en materia de prisión y castigo.
2.
Vigilar y castigar: La importancia de lo disciplinario en el
estudio de la prisión y del castigo
Como se ha avanzado, el trabajo de Foucault sobre la sociedad y las
tecnologías disciplinarias ha tenido una relevancia capital en el ámbito
de la penología y la sociología jurídica (vid., entre tantos otros, De
Giorgi, 2002/2006; Garland, 1990; Simon, 2013; Valverde, 2017). Se trata
de una de las líneas de investigación principales de lo que podría
denominarse —no sin matices— la segunda etapa de la obra del pensador
francés, marcada por la preocupación por la genealogía del poder
(Campesi, 2011; Castro-Gómez, 2015; Dilts y Harcourt, 2008). Tal línea
de análisis se presenta de manera desarrollada en VyC, pero también
cobra protagonismo en otras obras fundamentales del mismo periodo, como
los cursos en el Collège de France de 1973 (La sociedad
punitiva; en adelante LSP; Foucault, 1973/2013), 1974 (El poder
psiquiátrico; en adelante EPP; Foucault, 1974/2005) y 1975 (Los
anormales; en adelante, LA; Foucault, 1975/2000), La verdad y
las formas jurídicas (en adelante, LVFJ; Foucault, 1974/1995) y
La Voluntad de Saber, el primer volumen de La Historia de
la Sexualidad (Foucault, 1976/1992).
Como es bien conocido, esta línea de trabajo destaca que la creación
de la prisión expresa de forma arquetípica la consolidación, en algún
momento relativamente impreciso de la Modernidad (Deleuze, 1986/2014),
de una nueva tecnología política, con específicas configuraciones en
términos de poder, control y castigo, que el autor francés denomina
sociedad disciplinaria (LSP, EPP, LA). Frente a diagramas de poder
antecedentes, de naturaleza prevalentemente negativa, las disciplinas
presentan una tendencia productiva, transformadora, de administración de
la vida y conformación de los individuos (VyC, LA; vid. asimismo
Foucault, 1976/2000; Vila Viñas, 2014).
A diferencia de otros trabajos de gran impacto en el debate
penológico desde los años setenta, en los que la evolución de la
penalidad se interpreta fundamentalmente desde una perspectiva de
economía política (Melossi y Pavarini, 1977/2018; Rusche y Kirchheimer,
1939/2003), en VyC Foucault sitúa la transformación histórica de los
métodos punitivos en una suerte de anatomopolítica, en la que el poder y
el castigo se proyectan sobre el propio cuerpo de los individuos,
moldeándolos y constituyéndolos como sujetos (LVFJ; vid. asimismo Simon,
2013). No obstante, en la misma línea que aquella literatura
económico-política (Rusche, 1933/1978), el autor postestructuralista se
distancia de una suerte de historiografía whig, que ve la
emergencia de la prisión y la transformación de la penalidad que tuvo
lugar a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX como el
resultado de las ideas humanistas de la Ilustración (Valverde, 2017;
vid. asimismo Fernández Abad, 2020). Frente a ello, Foucault (LVFJ, VyC)
enfatiza que tal transformación se debió a la necesidad de hacer más
incisivo y menos costoso el ejercicio del poder de sanción y
normalización.
En este marco, la tecnología disciplinaria se orienta a una
modelación constante del cuerpo, con el fin de transformarlo en un
aparato dócil y útil. El cuerpo se entrena, temporaliza y localiza de
acuerdo con determinadas reglas, orientadas a la transformación del
espíritu y a la normalización del comportamiento de los individuos (EPP,
VyC; vid. asimismo Rabinow y Dreyfus, 1983/2001; Valverde, 2017). En
todo caso, la prisión no es sino una más del conjunto de instituciones
disciplinarias, que conjugan funciones de vigilancia, inspección y
sanción, orientadas todas ellas a la normalización (LSP, VyC). En este
sentido, la cárcel manifiesta un patrón que tiende a trasladarse a otras
instituciones, como la fábrica, la escuela, el cuartel, el orfanato, el
hospital, el hospital psiquiátrico, el reformatorio de menores o,
incluso, la barriada obrera, que generan una red de secuestro de la
existencia humana (LSP, LVFJ).
La consolidación de la racionalidad disciplinaria se incardina en la
emergencia de una verdadera ciencia de gobierno, orientada a la gestión
de las poblaciones en función de los flujos productivos que las
atraviesan (LA; vid. asimismo Castro-Gómez, 2015). En esa lógica, las
tecnologías políticas contribuyen a maximizar las potencialidades
productivas, es decir, a articular la cooperación productiva humana
(EPP; vid. asimismo De Giorgi, 2002/2006). Con ello, se pasa de unas
formas de poder externas a los procesos sociales, que simplemente
prohíben, a otras internas, que regulan y ordenan. En ese marco se
inscribe el surgimiento de la prisión, como nuevo modelo de castigo, de
naturaleza discreta y superador del suplicio (LSP, VyC). En la línea de
la naturaleza productiva del poder, anteriormente mencionada, el
pensador francés subraya que la nueva institución no tiene una función
negativa, de exclusión, sino de normalización, que se puede estructurar
en tres finalidades principales: a) temporalizar la vida de los sujetos,
ajustando su tiempo al aparato productivo; b) controlar sus cuerpos,
convirtiéndolos en fuerza de trabajo; c) integrar esa fuerza de trabajo
en el marco productivo (LSP, LVFJ; vid. asimismo Deleuze, 1990/1995;
Garland, 1990). En este sentido, si bien no pretende ser un estudio de
economía política de la pena, sino un análisis de las racionalidades de
poder (Simon y Sparks, 2013), VyC piensa la prisión en relación con las
lógicas productivas necesarias para la conformación de la sociedad
industrial y, con posterioridad, del capitalismo fordista (LSP, LVFJ; De
Giorgi, 2002/2006).
3.
¿Gobernar sin normalizar? El debate sobre las tecnologías de poder y
control postdisciplinarias
La extraordinaria influencia de VyC en el campo sociojurídico y
criminológico experimentó un cierto momento de crisis en la primera
década de este siglo, con ocasión de la publicación de textos de
Foucault (parcialmente) inéditos, que muestran un nuevo campo de
análisis en materia de tecnologías postdisciplinarias. Este tipo de
análisis tuvo un eco notable en relación con debates sociojurídicos que
estaban gozando de especial auge en aquel momento.
Como es sabido, tras la extraordinaria difusión de sus tesis sobre
las disciplinas, Foucault no se dedicó con la misma intensidad a indagar
la conformación de una tecnología de poder posterior a la disciplinaria,
cuestión que su trabajo aborda de manera relativamente fragmentaria
(Castro-Gómez, 2015; Clavel, 2014; Schuilenburg, 2015). Esta
circunstancia contribuye a que se haya hablado de obsolescencia en
relación con el análisis foucaultiano de las tecnologías disciplinarias
(Smith, 2008; vid. asimismo Baudrillard, 1977/2001). En todo caso,
parece evidente que una caracterización de las dinámicas de poder y
control en el momento de surgimiento de la prisión no alcanza para
analizar los cambios en la penalidad que han tenido lugar en las últimas
décadas (Simon, 2013).
Precisamente por ello, no es de extrañar que la publicación a
mediados de la primera década del siglo de los cursos de 1978 y 1979,
STP y NDB, que suponían una clara innovación en relación con el análisis
de las disciplinas (Castro-Gómez, 2015), generase interés en el debate
penológico y sociojurídico. En dichas obras, el pensador francés
presentó las líneas generales de una tecnología de poder
postdisciplinaria, que entendía consonante con una racionalidad política
propia del liberalismo avanzado y que denominó dispositivos de
seguridad (Bigo, 2011; Lemke, 2012; Valverde, 2008). Se trata de
una tesis que, aun presentada de forma esquemática, muestra semejanzas
con el análisis de las sociedades de control (Castro-Gómez, 2015; Razac,
2008; vid. asimismo Deleuze, 1986/2014), que Deleuze desarrollará una
década más tarde (Deleuze, 1990/1995).
En líneas generales, los dispositivos de seguridad pueden presentarse
mediante el análisis de sus diferencias con las disciplinas (Valverde,
2017). En este sentido, en primer lugar, las disciplinas concentran sus
espacios de operación, mientras que la seguridad es centrífuga. En
segundo lugar, las disciplinas atienden incluso a las infracciones de
menor relevancia, que son desconsideradas por los dispositivos de
seguridad. En tercer lugar, mientras que las disciplinas pretenden
erradicar por completo un determinado fenómeno disfuncional, la
seguridad solo intenta minimizarlo, con la intención de regularlo hasta
un nivel óptimo, a los efectos de definir los límites de lo tolerable
(Castro-Gómez, 2015). No en vano, la seguridad es especialmente
pragmática, y su racionalidad se orienta al mercado, a la economía
política y a la gestión de riesgos (Valverde, 2017). En cuarto lugar,
las disciplinas, mediante su pretensión de normalización, producen
sujetos pasivos, mientras que los dispositivos de seguridad atienden al
favorecimiento de dinámicas, fenómenos y eventos, intentando mantenerlos
dentro de límites funcionales (Clavel, 2014). En relación con ello, el
objetivo de los dispositivos de seguridad es crear sujetos activos y
libres para el mercado (Castro-Gómez, 2015; Laval, 2018; Lazzarato,
2009), con lo que no tienen problema para tolerar un cierto grado de
pluralismo, diferencia y, en último término, desviación (Foucault,
1977/2012; vid. asimismo Vila Viñas, 2014). En quinto lugar, mientras
que las disciplinas intervienen prioritariamente sobre los individuos,
la seguridad lo hace sobre un ambiente, sobre las estructuras de
oportunidad que favorecen o desincentivan determinadas formas de
comportamiento (Amoore, 2013; Lemke, 2012; O’Malley, 2013; vid. asimismo
Deleuze, 1986/2014).
Sin perjuicio del carácter más o menos esquemático de estos
postulados, una cuestión que destaca sobremanera en relación con el
impacto del análisis foucaultiano de los mecanismos postdisciplinarios
es que una de las lecciones fundamentales de STP, en concreto la
correspondiente al 1 de febrero de 1978 sobre el concepto de
gubernamentalidad (STP, pp. 91-118), se publicó mucho antes que el
conjunto del libro. En concreto, vio la luz en inglés en 1991, a partir
de una versión italiana aparecida inmediatamente después de la
impartición del curso (Foucault, 1978/1991; vid. asimismo Gordon, 1991;
Valverde, 2017). El adelanto de la publicación de esa pequeña parte de
las clases de 1978 sería puramente anecdótico si no fuese porque su
innovación en materia de análisis de las racionalidades de poder y las
tecnologías de control supuso el punto de partida para el surgimiento de
una verdadera escuela de pensamiento, los governmentality
studies (Dean, 2007, 2010; Miller y Rose, 2008; Rose, 1999; vid.
asimismo Garland, 1997), que ha tenido especial influencia en el ámbito
anglosajón.
Junto a ello, lo que interesa particularmente a efectos de este
trabajo es que la publicación de las tesis postdisciplinarias tuvo lugar
en un momento en que estaban cobrando auge teorías penológicas que
parecían particularmente consonantes con los análisis contenidos en STP
y NDB. Precisamente por ello, se entendió que los análisis sobre la
gubernamentalidad y los dispositivos de seguridad estaban en sintonía
con las nuevas racionalidades en materia de castigo (Foessel, 2010/2011;
Razac, 2008) e, incluso, que mostraban que la etapa de la penalidad
disciplinaria había concluido (Smith, 2008).
Más en concreto, el debate sobre los análisis postdisciplinarios que
se suscitó con ocasión de la publicación de STP y NDB impulsó las
siguientes perspectivas, que ya estaban presentes en la literatura
penológica y, más en general, en los análisis de ciencias sociales sobre
control y castigo:
La crisis del modelo penal normalizador. No debe sorprender
que los análisis foucaultianos sobre la gubernamentalidad y los
dispositivos de seguridad se hayan visto como una confirmación del
declive de la lógica normalizadora y, por tanto, de la crisis de un
modelo penal pensado en términos esencialmente incluyentes y sustentado
en los postulados de tratamiento y reintegración (Bauman, 1998/2004;
Castel, 1991; De Giorgi, 2002/2006). Se trata, por lo demás, de una
tesis que gozó de especial acogida en la etapa de cambio de siglo
(Western, 2006). En particular, fue desarrollada de forma
particularmente lúcida por Garland (2001/2005) en su análisis de la
crisis de ese modelo específico de penalidad incluyente que fue el
welfarismo penal.
Ha habido menor consenso sobre qué nueva racionalidad penal ha venido
a sustituir la hegemonía del pensamiento normalizador, aunque sea porque
las políticas penales parecen evolucionar en diversas direcciones. No
obstante, si uno de los paradigmas políticos que se va consolidando es
el gobierno a través de la noción de riesgo, resulta comprensible que se
promocione una teleología de incapacitación de sujetos particularmente
peligrosos (De Giorgi, 2002/2006; Simon, 2013; Wacquant, 2009/2010), en
el marco de la emergencia del populismo punitivo (Pratt, 2007) y de lo
que Garland (2001/2005: 231, 300 ss.) denominó, de forma expresiva, la
“criminología del otro”. Ese tipo de lógica punitiva resulta consonante
con la aceptación creciente de la exclusión social de ciertos segmentos
de la colectividad (Bauman, 2007; O’Malley, 2000/2006a; Re, 2006). Esta
interpretación del gobierno coactivo de los sectores supernumerarios de
la población no parece especialmente consonante con los análisis
foucaultianos. Adoptando una perspectiva más
próxima a las publicaciones del pensador francés, otro sector de la
literatura destaca, en cambio, que la crisis de la penalidad
normalizadora/reintegradora se deriva más bien de la necesidad de crear
sujetos prudenciales, desarrollando para ello mecanismos de gobierno a
través de la libertad (Dardot y Laval, 2010; Dean, 2010; De Giorgi,
2002/2006).
La progresiva organización del control penal en función de la
gestión de riesgos. Los análisis foucaultianos sobre las
tecnologías postdisciplinarias enmarcan el desarrollo de nuevas formas
de control y castigo en la emergencia de nuevos paradigmas políticos,
propios de lo que se ha dado en llamar neoliberalismo o liberalismo
avanzado (Rose, 1999). En una línea diferente a la tesis de la penalidad
neoliberal (Harcourt, 2011; Wacquant, 2009/2010), esta contextualización
ha llevado a la literatura a destacar diversos aspectos de un nuevo
modelo de control y castigo que resulta consonante con los modelos
neoliberales de gobierno. En el marco de una nueva racionalidad sobre el
papel del Estado en lo social, se redefinen los objetivos y expectativas
de las políticas penales, que se hacen menos trascendentes que en el
pasado. En consecuencia, en una etapa de fin de siglo que estuvo
caracterizada en múltiples lugares por el crecimiento constante de las
tasas de criminalidad, se asumió una cierta normalidad del delito, que
las políticas institucionales solo pueden pretender gestionar de manera
eficiente y mantener en niveles tolerables (Feeley & Simon, 1992,
1994; Zedner, 2009). Esta moderación de los fines de las políticas
penales es una expresión arquetípica de la estrategia adaptativa que
Garland (2001/2005: 231) denominó “criminología del sí mismo”.
Esta forma de pensar el papel del Estado en el gobierno del delito
crea las condiciones para el desarrollo de nuevas perspectivas en
materia de política penal. Por una parte, en la línea de la aplicación
de la teoría económica neoclásica al ámbito del delito y de la pena
(Becker, 1968), se abren paso consideraciones de costo-beneficio y, por
tanto, de eficiencia en las políticas públicas de control de la
delincuencia (Dilts, 2008). Por otra parte, emerge gradualmente la
gestión de riesgos como principio organizador básico de las políticas de
castigo (Castel, 1991; De Giorgi, 2002/2006; Rose, 1999). En efecto, la
gestión de riesgos permite una estimación operativa de los peligros (en
este caso, de los peligros de victimización), facilitando con ello las
tareas de distribución de recursos, planificación de políticas y
programas y evaluación de resultados. El riesgo, de este modo, se
convierte en un elemento central de la extensión de los modelos
gerenciales al ámbito de las políticas penales (Brandariz, 2016).
Junto a ello, la racionalidad de gestión de riesgos transforma los
peligros de victimización en oportunidades (Ericson, 2007; O’Malley,
2000/2006b; Zedner, 2009). En efecto, facilita el desarrollo de un
sector de negocio orientado a la provisión de seguridad y a la
prevención del delito. Al mismo tiempo, el riesgo sienta las bases para
la conformación del modelo de sujeto prudencial, que debe ser
estimulado para asumir la gestión de sus necesidades, incluidas
las necesidades de protección frente a la criminalidad (O’Malley,
2000/2006c; Rose, 2000). En términos más generales, este tipo de modelos
de seguridad permite la decidida apertura del campo de la prevención y
el control del delito a la colaboración público-privada (Bauman,
1998/2004; Dean, 2007; Garland, 2001/2005).
4.
Los límites de una mirada unidimensional: la coexistencia de diversas
racionalidades punitivas
Es innegable que el debate presentado hasta el momento contribuyó
sobremanera a entender cómo estaba evolucionando la penalidad en el
contexto de declive del modelo del welfarismo penal. Cabe destacar que,
en ese contexto, los estudios foucaultianos y postfoucaultianos
establecieron un diálogo no solo con la literatura penológica y
criminológica especializada, sino también con múltiples científicos
sociales que en aquel momento de reflexión sobre la modernidad tardía y
el neoliberalismo mostraron especial interés en el estudio de los
cambios en materia de control y castigo.
Sin embargo, un problema relevante de aquella literatura es el
excesivo apresuramiento con el que se decretó el ocaso de la prisión y
la penalidad disciplinarias. En efecto, una parte de la literatura
especializada ha destacado que la evolución de los dispositivos de
control y castigo en las últimas décadas no ha seguido las tendencias
presentadas en los análisis postdisciplinarios (Laval, 2018; Lazzarato,
2009). Más en concreto, se señala, con razón, que la penalidad
normalizadora, incluyente, resocializadora no ha desaparecido, sino que
pervive en múltiples ámbitos, frecuentemente adoptando formas híbridas e
innovadoras (Bell, 2011; Hörnqvist, 2010; Phelps, 2011; Robinson,
2008).
Al menos desde la perspectiva foucaultiana, uno de los problemas con
el discurso penológico que cobró relevancia en la etapa de cambio de
siglo es que la idea de reemplazo de unas racionalidades de poder y
control por otras carece de sentido. El pensador francés señaló con
claridad que la emergencia de una nueva tecnología de poder no sustituye
por completo a las tecnologías anteriores, que se verían, de este modo,
definitivamente clausuradas (EPP, STP; vid. asimismo Deleuze, 1986/1987;
Lemke, 2012; Valverde, 2017; Vila Viñas, 2014). Lejos de ello, las
nuevas orientaciones se interrelacionan con las anteriores,
reconfigurándolas parcialmente en su sentido y funcionalidad (Garland,
1997). Por ello, las políticas penales contemporáneas muestran un
panorama marcadamente híbrido, en el que las tecnologías de seguridad o
postdisciplinarias coexisten con dinámicas de normalización
disciplinaria y con expresiones de control excluyente, que remiten a la
lógica soberana (Dean, 2007).
Esta perspectiva es plenamente consonante con el hecho de que, como
ha constatado la sociología del castigo, las políticas penales
contemporáneas se caracterizan, ante todo, por su carácter complejo e,
incluso, contradictorio (Barker, 2009; Loader y Sparks, 2007). Al mismo
tiempo, el panorama que dibuja la premisa foucaultiana es también
consonante con el análisis de Goodman et al. (2017), que parten
de la noción bourdieusiana de campo (Bourdieu, 1976/1988, 1993) para
demostrar que las políticas penales son el resultado, siempre inestable,
de la relación de fuerzas agónica de los diversos actores e intereses
que concurren a la definición de tales políticas.
5.
¿Desde y más allá de VyC? Nuevas expresiones de la penalidad
disciplinaria
Si bien hace medio siglo que se publicó VyC, ya han transcurrido dos
décadas desde la aparición de los cursos del Collège de France que
contienen el grueso del análisis postdisciplinario de Foucault. Los
veinte años que han pasado desde la publicación de STP y NdB otorgan una
perspectiva privilegiada para superar la unidimensionalidad de algunos
debates sobre el control y el castigo que se dieron en la primera década
del siglo. Con la perspectiva privilegiada que otorga el paso del
tiempo, puede fácilmente percibirse que cualquier expectativa de
superación de lo disciplinario en el ámbito del poder penal —o, incluso,
de la prisión— era esencialmente quimérica. Por ello, es necesario
volver, en sentido metafórico, a VyC y a las principales obras de
Foucault de mediados de los años setenta para pensar las manifestaciones
actuales de lo punitivo desde —y más allá— del poder disciplinario. Ese
tipo de análisis permite ver la resiliencia, así como las mutaciones y
recombinaciones de lo disciplinario en el campo punitivo. Para ilustrar
este punto, la segunda parte de este trabajo va a presentar dos ámbitos
en los que la pervivencia de lo disciplinario se manifiesta con especial
claridad, en concreto, las nuevas formas de la prisión disciplinaria y
el nuevo papel de la disciplina en el gobierno de sujetos y poblaciones
en una era de “prisión sin fábrica” (Dal Santo, 2022; Pavarini,
2007).
5.1. La nueva prisión
disciplinaria
Como se ha apuntado, la crisis del welfarismo penal y de su modelo
rehabilitador (Garland, 2001/2005) no puso fin a la resocialización ni a
la prisión como dispositivo de normalización de sujetos. De hecho,
podría discutirse en qué medida es viable organizar un sistema
penitenciario que abandone por completo la aspiración rehabilitadora, al
menos como retórica y principio formal de organización, habida cuenta lo
asentada
que está en las concepciones colectivas sobre la prisión y en la
cultura profesional de los operadores (Lynch, 1998).
Por ello, no es de extrañar que, como describen gráficamente Goodman
et al. (2017: 106 ss.), en el momento de auge del giro punitivo actores
que defendían una concepción reintegradora de la prisión actualizasen
los objetivos resocializadores, reconstruyéndolos sobre nuevas bases,
visiones e instrumentos. La manifestación más clara de esta nueva
resocialización ha sido la consolidación de los programas de evaluación
de riesgos basados en el modelo RNR (riesgo-necesidad-capacidad de
respuesta) (Andrews et al., 2011; Hannah-Moffat, 2008), que se
difundieron en el último cuarto de siglo por múltiples sistemas
penitenciarios, entre ellos el catalán, por medio del protocolo Riscanvi
(Andrés, 2014, 2017; Castro, 2019).
No obstante, probablemente hay un caso más interesante de nueva
prisión normalizadora. Desde antiguo es conocido que la prisión
disciplinaria (clásica) produce sujetos sumisos, desconfiados y
renuentes a la interacción, cualidades plenamente disfuncionales para
las dinámicas vitales de la sociedad libre (Hörnqvist, 2010; Western,
2006). Una respuesta a este problema es el desarrollo de lo que se ha
denominado como programas de reclusos emprendedores (O’Malley,
2000/2006b; Hörnqvist, 2008), que han tenido gran impacto en el caso
español como consecuencia de la difusión de los módulos de respeto (en
adelante, MdR) (Enjuanes, 2020). Este programa de tratamiento es, sin
lugar a dudas, una de las principales innovaciones en materia de
organización y condiciones de vida penitenciaria que ha tenido lugar en
el sistema penitenciario español en las últimas décadas. Tras un
programa piloto puesto en marcha en un centro de Castilla y León en
2001, la extensión de los MdR conjunto del sistema en 2007 condujo a una
expansión exponencial (Gallizo, 2013; García España y Díez Ripollés,
2012). Si bien las circunstancias políticas llevaron posteriormente a un
periodo de estancamiento, desde comienzos de la segunda década del siglo
XXI los MdR —con sus variaciones— se han convertido en la forma
ordinaria de cumplimiento de un segmento muy notable de la población
penitenciaria, superior al 30% en el último periodo. En 2022, el sistema
penitenciario de la Administración General del Estado contaba con 229
MdR en 67 establecimientos carcelarios, en los que se integraba el 33,5%
de la población reclusa (SGIP, 2023).
Huelga presentar en este momento las características fundamentales de
este programa penitenciario. La literatura ya ha analizado con
detenimiento la regulación y las condiciones de vida de los MdR, así
como las premisas en las que se asienta el modelo (Belinchón y García
Casado, 2014; Cendón et al., 2011). En consecuencia, procede
prestar atención a ciertos aspectos específicos, que tienen relevancia
en relación con la emergencia de la nueva prisión
disciplinaria. El primero de ellos es la constatación de que, frente a
los augurios de un declive terminal de la prisión rehabilitadora, los
MdR son, esencialmente, un programa para mejorar las condiciones de
reintegración de las personas presas (Galán y Moraleda, 2019; Martínez
Fernández, 2021; Valderrama, 2016). La retórica y la teleología
resocializadoras son ubicuas en la presentación, descripción y análisis
del programa (Cendón et al., 2011).
El segundo aspecto que merece destacarse es que los MdR pretenden
ampliar los márgenes de autonomía de los sujetos reclusos (Enjuanes,
2020; Galán y Gil, 2018; Chiclana et al. 2021). En ello puede
verse una cierta sintonía con los análisis postdisciplinarios de
Foucault, en particular con algo que podría parecer tan contradictorio
con la vida en prisión como la idea de gestión de la propia vida a
través de la libertad. En efecto, frente al modelo disciplinario
clásico, que produce reclusos obedientes y, en último término, dóciles,
el programa de los MdR pretende activar otras destrezas y habilidades,
como la participación, la cooperación o la autorresponsabilidad (Del
Pozo, 2013; Galán y Gil, 2018). Este tipo de objetivos se muestran,
entre otros extremos, en el trabajo por grupos, en la asignación de
responsabilidades, en la participación en asambleas y comisiones, en la
capacidad de proponer y gestionar actividades o en la idea de
voluntariedad que preside el ingreso a los MdR. Todo ello muestra que,
en la línea de la racionalidad liberal avanzada, y más en concreto de
los objetivos de responsabilización y construcción de un sujeto
prudencial, con los MdR parece quererse conformar una suerte de preso
prudencial (Ballesteros, 2018, 2020; vid. asimismo Hörnqvist, 2013).
Se trata, en todo caso, de un modelo normativo de cómo debe ser un
recluso (Ballesteros y Almeda, 2015). En este punto es donde el
paradigma del preso emprendedor o prudencial muestra su conexión
inherente con el proyecto disciplinario (Ballesteros, 2018, 2020; vid.
asimismo Francés y Restrepo, 2019). En el marco de la promoción de la
autonomía, el modelo de los MdR se asienta sobre una regulación densa,
se sustenta en una lógica premial y sancionadora —que puede llegar hasta
la expulsión del módulo— y establece un decálogo exigente de normas de
conducta y convivencia cuya observancia es objeto de evaluación
constante (Cendón et al., 2011; Valderrama, 2016, dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=35196
). En síntesis, el programa se construye a partir de una modelización
escasamente flexible de la conducta, en la línea tradicional de las
técnicas de normalización. No en vano, uno de los objetivos más
repetidos de los MdR es lograr que la persona presa llegue a ver el
módulo y sus normas no como algo ajeno, sino como “algo propio”
(Ballesteros, 2018; Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
2007).
En suma, más allá de todas sus virtudes en términos de mitigación del
daño inherente a la experiencia carcelaria, el programa de los MdR
muestra una dirección de renovación de la prisión disciplinaria, que
permite su hibridación —ciertamente, conflictiva, agonística— con los
dictados de la racionalidad liberal avanzada y de la doxa del
capital humano. Sin embargo, no es esta la única manifestación de la
reinvención de la prisión y la penalidad disciplinarias.
5.2.
Menor elegibilidad y disciplinamiento en una era de prisión sin
fábrica
Muchos lectores de Foucault que no están familiarizados con los
debates criminológicos quizás desconocen que prácticamente al mismo
tiempo que VyC se publicó otra obra de referencia que estableció una
conexión entre el surgimiento de la prisión y el disciplinamiento de
los individuos y que presenta afinidades con el libro del pensador
francés (De Giorgi, 2002/2006; Howe, 1994; Simon, 2013). Se trata de
Cárcel y fábrica (en adelante, CyF), una monografía publicada
en 1977 por Dario Melossi y Massimo Pavarini (Melossi y Pavarini,
1977/2018), quienes han reconocido expresamente ese nexo entre ambos
libros (Melossi, 2018).
Con todo, sin perjuicio de coincidencias temporales y temáticas, las
diferencias entre CyF y VyC son relativamente evidentes. La obra de
Melossi y Pavarini se enmarca en el ámbito de la economía política del
castigo, un campo de estudio que tenía especial auge en aquel momento.
El punto de partida de esa perspectiva teórica suele situarse en la
reedición de Castigo y estructura social, la magna obra de los
teóricos de la Escuela de Frankfurt Georg Rusche y Otto Kirchheimer
(1939/2003), en el ambiente cultural
estadounidense de finales de los años sesenta. Tanto el libro de Rusche
y Kirchheimer como el posterior de Melossi y Pavarini crearon un marco
de análisis para pensar la relación entre la prisión, el sometimiento
coactivo al trabajo asalariado y, más en general, el disciplinamiento de
los individuos.
En su estudio sobre la evolución histórica de la penalidad y su
relación con las necesidades del sistema capitalista, Rusche y
Kirchheimer introducen, como concepto central, la noción de menor
elegibilidad (less eligibility), que retoman de Bentham (Dean
2010). La menor elegibilidad es un postulado particularmente intuitivo,
que prescribe que las condiciones de vida en prisión deben ser más
lesivas (menos elegibles) que las condiciones de vida del
segmento más desfavorecido de la población libre (vid. asimismo Bonnet,
2019; De Giorgi, 2013; Rusche, 1933/1978). En otro caso, determinados
grupos podrían preferir la implicación en actividades criminales al
sometimiento a la disciplina del trabajo asalariado, poniendo en
cuestión el proceso de acumulación de capital. El corolario evidente de
este postulado es que los cambios en las condiciones de vida de los
sectores más depauperados han de tener efectos en la ejecución de la
pena de prisión y en las propias condiciones de la vida carcelaria
(Melossi, 2003). Del mismo modo, las diferencias en las condiciones de
subsistencia de los sectores más desfavorecidos entre diferentes
regiones y países deben tener reflejo en sus respectivos sistemas
penitenciarios (Bonnet, 2019; Garland, 1990).
Esta tesis es fundamental para analizar la relación entre la
penalidad y la producción de sujetos dóciles. En efecto, la noción de
menor elegibilidad describe uno de los mecanismos fundamentales por
medio de los que la prisión contribuye a doblegar a los sectores de la
fuerza de trabajo más renuentes a someterse a la coacción salarial (vid.
asimismo Moulier Boutang, 1998), creando lo que ha venido describiéndose
tradicionalmente como un “ejército industrial de reserva” (Rusche y
Kirchheimer, 1939/2003). Esta perspectiva se complementa con el análisis
de Melossi y Pavarini, centrado más específicamente en la noción de
disciplina. Si bien siguen la perspectiva teórica de Rusche y
Kirchheimer, los autores italianos analizan un periodo temporal más
breve y se concentran en los orígenes de la prisión. Esta delimitación
del objeto de estudio les permite comprobar que la específica forma de
penalidad que representa la cárcel ha tenido, desde su propio origen, un
rol fundamental en el disciplinamiento de amplios sectores del
proletariado y subproletariado, con el fin de distanciarlos de los
estilos de vida antisociales de la marginalidad urbana y transformarlos
en la fuerza de trabajo necesaria para los procesos de acumulación
originaria y, posteriormente, de consolidación del capitalismo
industrial (vid. asimismo De Giorgi, 2002/2006; Howe, 1994; Melossi,
2018). De esta forma, para Melossi y Pavarini el concepto de disciplina
es el nexo básico entre la prisión y el sistema productivo e, incluso,
la clave de sentido fundamental para pensar el surgimiento de la prisión
(Melossi, 2018). En suma, las conclusiones de CyF sobre la relación
entre prisión, capitalismo y producción de sujetos dóciles son muy
próximas a las de la etapa disciplinaria de Foucault, sin
perjuicio de que el filósofo galo piense la noción de disciplina más
allá del marco productivo (Harcourt, 2013), en cuanto tecnología de
conducción de la conducta que opera en el conjunto de los ámbitos de la
vida colectiva.
Como es natural, muchas cosas han cambiado en la economía política
del castigo en las casi cinco décadas transcurridas desde la publicación
de VyC y CyF (Brandariz, 2019). Una de las cuestiones que ha requerido
una actualización es lo que podría denominarse el debate sobre la
disciplina en una era de prisión sin fábrica (Melossi, 2002;
Pavarini, 2018; Simon, 2018; vid. asimismo Howe, 1994). Con esta
expresión pretende aludirse a que las necesidades de trabajo vivo han
cambiado notablemente en las últimas décadas, ya que, junto a la
consolidación de un cierto nivel de desempleo estructural, la cadena de
montaje e, incluso, la producción fabril han ido desapareciendo
progresivamente de los países del norte global y, a pesar de ello, la
prisión ha sobrevivido a esta mutación productiva. En consecuencia, la
pregunta es en qué medida la prisión continúa produciendo disciplina en
un tiempo en que el sistema productivo ya no requiere —al menos, no en
la misma medida— una fuerza de trabajo dócil sino, en todo caso,
individuos dispuestos y preparados para maximizar su capital humano.
No se trata de un debate nuevo; de hecho, los propios autores de CyF
aludieron a él en la introducción al libro, señalando que las notables
transformaciones experimentadas por el capitalismo en la segunda mitad
del siglo XX habían dado lugar a una difusión del control más allá de
los muros de la prisión (Melossi y Pavarini, 1977/2018: xxx s.). Melossi
(2008, 2018) ha abordado este interrogante en su trabajo más reciente
introduciendo un matiz de especial interés. El autor italiano señala
que, frente a lo que pretende una cierta mirada sobre la rehabilitación,
el sentido de la disciplina no reside en enseñar destrezas a los
individuos que permitan su subsunción en las relaciones de producción,
sino en imponer la obediencia que se requiere para consolidar un modelo
de inclusión subordinada. En ese sentido, la prisión construye
una representación utópica de orden, produciendo la inclusión
subordinada de quienes son considerados como otros/extraños en
cada tiempo y lugar. De este modo, Melossi concluye que el vínculo
entre disciplina, obediencia e inclusión subordinada es la permanente
razón de ser (programática) de la prisión. En otras palabras, si el
capitalismo se caracteriza sustancialmente por la lucha de clases, el
principio constitutivo de la prisión es la idea de subordinación, mucho
más que el objetivo de producción.
Esta reflexión tiene especial interés en relación con los sujetos que
representan hoy de manera paradigmática tanto la alteridad como la
inclusión subordinada (De Genova, 2002, 2013; Mezzadra y Neilson, 2013;
Moffette, 2018), esto es, las personas migrantes (Melossi, 2023). En
efecto, la literatura especializada he destacado que los grupos
migrantes constituyen una referencia clave para pensar la operatividad
de las tecnologías disciplinarias en el siglo XXI (Koulish, 2010;
Moffette, 2018; Monclús, 2008; vid. asimismo Mezzadra y Neilson, 2013).
Si bien los principales instrumentos de control migratorio —como el
internamiento y la expulsión, pero también el control policial y la
propia prisión— están formulados en clave excluyente, su aplicación
concreta muestra que operan fundamentalmente como garantía de la
inclusión diferencial de los sujetos migrantes en un orden social
profundamente estratificado. En este sentido, los sujetos migrantes se
ven sometidos a un estatuto (temporal) de sometimiento a prueba, en el
que la subordinación se atenúa gradualmente con el paso del tiempo
(Moffette, 2018; Stumpf, 2006; vid. asimismo Kanstroom, 2007). Esa
subordinación se percibe con especial facilidad en el plano productivo,
en el que las personas migrantes conforman una fuerza de trabajo
vulnerable y dócil, renuente a implicarse en actividades ilícitas y
dispuesta a someterse a la coacción del trabajo asalariado (Calavita,
2005; Golash-Boza, 2015). No obstante, el estatuto diferencial va más
mucho más allá del ámbito laboral, dando lugar a verdaderos procesos de
estratificación racial (Bosworth et al., 2018) en sociedades
sedicentemente neutras en términos raciales.
Retomando la episteme foucaultiana, en este tipo de proceso
de gobierno de los individuos y grupos racializados lo anatomopolítico y
lo biopolítico se superponen (Foucault, 1976/1992, 1976/2000; vid.
asimismo Castro-Gómez, 2015; Deleuze, 1986/2014; Lemke, 2011). La
ejecución selectiva de las medidas penales y de control migratorio
—desde la prisión a la expulsión— sobre los sujetos individuales produce
efectos sobre el conjunto de los grupos migrantes, normalizando su
comportamiento y enseñando coactivamente cuál es el lugar que les
corresponde en el orden social contemporáneo (Golash-Boza, 2015;
Moffette, 2018). Esta es una de las mejores expresiones de cómo la
cárcel, en conjunción con el resto del sistema de control migratorio,
sigue teniendo efectos disciplinarios en una etapa de prisiones sin
fábricas.
6. Conclusiones
Cuando el debate sobre el giro punitivo y la crisis terminal del
welfarismo penal estaba en su momento de mayor auge, diversos autores
llamaron la atención sobre los riesgos de adoptar interpretaciones
distópicas sobre las políticas penales, que decretasen con excesiva
ligereza cambios de época en la evolución de la penalidad (O’Malley,
2000/2006a; Zedner, 2002). La propia tesis de Garland (2001/2005) ha
sido objeto de un cuestionamiento semejante, que la presenta como una
suerte de gran teoría que deja poco espacio para la diversidad
en el análisis de los cambios punitivos (Daems, 2008; Sozzo, 2018).
Este tipo de reflexiones deben ser tenidas en consideración (vid.
asimismo Ballesteros, 2020). La difusión de los análisis foucaultianos
sobre la gubernamentalidad y los dispositivos de seguridad contribuyó a
popularizar la tesis del ocaso de la penalidad reintegradora y
disciplinaria, en el marco de unos debates penológicos en los que
nociones como giro punitivo y populismo penal dejaban poco espacio para
la diversidad en el campo de las políticas de control del delito. Más
recientemente, Goodman et al. (2017) han desarrollado una
perspectiva diferente, y potencialmente más fructífera, que muestra que
las tendencias contradictorias y en tensión, y la pugna entre actores e
intereses, es lo que verdaderamente determina los cambios penales.
En esa línea, el artículo ha mostrado que la prisión (y otras formas
de penalidad) continúan produciendo efectos disciplinarios, como
instrumentos de garantía de la estratificación y el orden social, a
pesar de que su función en la conformación de la fuerza de trabajo se
vaya difuminando. Junto a ello, el artículo destaca las innovaciones de
la prisión disciplinaria, que producen relaciones simbióticas entre las
aspiraciones reintegradoras y normalizadas y las tecnologías de la
responsabilización y el capital humano. Estas expresiones de una nueva
penalidad (post)disciplinaria evidencian que carece de sentido no solo
olvidar a Foucault (Baudrillard, 1977/2001), sino específicamente
olvidar VyC. Por el contrario, el estudio de las formas de la penalidad
disciplinaria en el siglo XXI invita a una lectura de la magna obra de
1975 en relación con los trabajos que, en la segunda mitad de los años
setenta, sentaron las bases para el análisis de una tecnología de poder
tan fundamental para entender el presente como la gubernamentalidad.
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