1. Introducción
Los ecos de las aportaciones foucaultianas en el campo de la
penalidad y las racionalidades punitivas resuenan aún con fuerza al filo
del cincuenta aniversario de la publicación de Vigilar y
castigar. Las investigaciones del francés son paso (y parada)
obligado en el análisis de algunas de las cuestiones fundamentales de
nuestra contemporaneidad penal y punitiva.
Cuestiones como la penetración de las tecnologías del riesgo en el
ámbito penal y punitivo, el carácter prioritario de la seguridad como
principio del derecho penal o la eficiencia como criterio evaluador de
las políticas penales son intuidas con precisión por el filósofo francés
a finales de la década de los setenta. La importancia que tales análisis
tuvieron en la posterior sistematización crítica de lo que se denominó
la nueva penología o las tecnologías actuariales es reconocida
expresamente por el propio Jonathan Simon (Foucault, Simon, Elder, 2017:
24). No obstante, pese a este reconocimiento indiscutible es preciso, a
nuestro juicio, incidir en una cuestión que ha sido dejada de lado en
una caracterización quizás demasiado global de las tecnologías
actuariales. Nos referimos al importante papel que el estudio de las
tecnologías del riesgo en el ámbito epidemiológico cobra en la
articulación de las tecnologías actuariales y a la necesidad de
distinguir un “riesgo epidemiológico” que opera en el interior de dichas
tecnologías y que parece haber quedado difuminado en una equiparación
–un tanto reduccionista– de las tecnologías actuariales como tecnologías
aseguradoras. Esta equiparación dificulta la apreciación de la
complejidad de las tecnologías penales, no solo de forma global con la
convivencia e hibridación de tecnologías disciplinarias, gubernamentales
o de otra índole, sino también en el seno de las propias tecnologías
actuariales en las que se entremezclan elementos procedentes del derecho
de daños, del ámbito del seguro y de otras procedencias exógenas al
derecho como la que queremos poner de relieve en torno al ámbito
epidemiológico. En este sentido este artículo se va a ocupar de mostrar
por una parte la conexión que los análisis del riesgo epidemiológico
foucaultianos guardan con su preocupación por una nueva penalidad
securitaria y, por otra parte, de desentrañar la importancia que una
conceptualización del riesgo de procedencia médica (aunque no clínica
sino epidemiológica) tiene en la configuración de unas nuevas
tecnologías penales actuariales orientadas a la gestión, clasificación y
administración de los riesgos.
Tal y como sostiene Colin Gordon: “Foucault no tenía algo
que decir sobre el derecho. Tenía muchas cosas que decir al respecto”
(Gordon, 2013: 25). Tanto es así que las aportaciones foucaultianas en
este ámbito –principalmente en su dimensión penal y punitiva– no pueden
reducirse a sus análisis estrictamente jurídicos o penitenciarios sino
que, de acuerdo con Harcourt, la relevancia de los estudios del francés
sobre la penalidad contemporánea ha de buscarse –más allá de los
análisis disciplinarios de Vigilar y castigar– en la íntima
conexión que une las cuestiones de la gubernamentalidad y la seguridad
con preocupaciones penales, judiciales y punitivas (Harcourt, 2010: 79).
Si la caracterización de las tecnologías disciplinarias supera con
mucho, como sabemos, el ámbito estrictamente penal y punitivo, será en
posteriores análisis de contenido a priori extrajurídico donde
podamos rastrear algunas de las intuiciones más importantes para el
análisis de las tecnologías punitivas y penales contemporáneas. Foucault
es un pensador de los límites, intersticial, cuyos análisis adquieren
una mayor sutileza en el desvelamiento de aquellas exterioridades que
penetran en los pliegues de un determinado saber-poder. En este
desvelamiento de prácticas exógenas al derecho, de zonas fronterizas en
las que lo jurídico se entrecruza con lo médico y lo social, encontramos
la clave de bóveda de una nueva penalidad securitaria preventiva
(Foucault, 2014: 399) que prioriza la defensa de la sociedad, en
ocasiones, por encima del principio de legalidad.
2.
Una nueva penalidad securitaria en el horizonte de las investigaciones
de Foucault
Pese a que pudiera parecer –con el giro gubernamental en las
investigaciones foucaultianas a finales de la década de los 70– que el
interés por las cuestiones penales perdía protagonismo, lo cierto es que
la preocupación por la seguridad, presente durante todo el curso del 78,
atañe especialmente a una problemática penal que
volverá a escena en 1981. Muestra de ello son las constantes
declaraciones y reivindicaciones en las que el francés, a lo largo del
año 1977 en torno al affaire Croissant, da muestra de su
inquietud por la emergencia de una nueva penalidad securitaria, por un
derecho penal centrado en la gestión, la prevención y la administración
de potenciales amenazas y por la difusión extra/supralegal de un control
difuso que opera de manera subterránea a la rigidez del sistema legal.
Tanto es así que incluso podemos afirmar, de acuerdo con Philippe
Artières, que es en estos textos y declaraciones donde aparece el
diagnóstico desarrollado en los cursos de los años 78 y 79 (Artières,
2012: 201-202). Seguridad e inseguridad aparecen en los análisis
foucaultianos como el anverso y el reverso de una nueva
gubernamentalidad en la que las libertades van siempre de la mano de sus
limitaciones y controles. En este marco no podemos hablar de una
seguridad meramente negativa sino fundamentalmente de una inseguridad
constitutiva que propicia la conformación de nuevos riesgos a la vez que
articula nuevas formas de afrontarlos. La penalidad, elemento esencial
de este gobierno securitario, no puede pues entenderse únicamente de una
manera negativa como mera persecución y prohibición sino en tanto que
actividad performativa generadora de nuevos modos de gobierno y
distribución de poblaciones.
La penalidad disciplinaria y normalizadora, reconoce Foucault a un
joven Jonathan Simon en 1983, había resultado un fracaso (Foucault,
Simon, Elder; 2017:18). Los nuevos modelos de control, castigo y
prevención del delito no podían ser explicados a partir de estrategias
disciplinarias. Foucault había advertido, a finales de los setenta, de
la emergencia de una penalidad que no podía ser entendida a partir de
rígidas y encorsetadas explicaciones legalistas. Esta nueva penalidad no
trata de combatir la infracción o la conducta delictuosa tipificada sino
que es virtual, previa y predictiva; pone su blanco en el momento previo
al delito, en la potencial peligrosidad de las conductas y poblaciones
de riesgo. En esta nueva penalidad securitaria “la justicia debe
reaccionar ante el peligro, más aún que ante el delito comprobado”
(Foucault, 2012b: 205). El derecho penal abandona su carácter reactivo
para entregarse a una finalidad preventiva –incluso, como vamos a ver,
profiláctica–, exógena a la propia práctica penal, que supone amalgamar
predicción e intervención en un controvertido campo, a nivel
epistemológico, a medio camino entre la ciencia social y la medicina
(Freeman, 1992: 35-37). La penalidad no debe centrarse únicamente en el
castigo de los infractores sino, sobre todo, en “identificar las líneas
de conducta potencialmente peligrosas, interviniendo en el curso de la
acción antes de que se haya producido el daño temido” (Campesi,
2014:56). Es en este punto, en el nacimiento de una nueva penalidad
centrada en la preocupación –de origen extrajurídica– por la
peligrosidad, las investigaciones foucaultianas se remontan a finales
del siglo XIX para indagar en las conexiones entre la antropología
criminal y la defensa social (Foucault, 2010: 730; 2014: 398 y ss.). Una
nueva penalidad securitaria debía, sostiene el francés, encontrar otros
fundamentos más allá de los principios clásicos del derecho penal que le
permitieran ahondar en criterios técnicos capaces de evaluar,
medir, discriminar y graduar distintos estadios de peligrosidad en
función de una nueva “responsabilidad exenta de culpa” (Foucault, 2010:
736). En este tenor debemos entender el interés del francés por la
introducción de Prins de esa peligrosidad, ese estado peligroso
que legitimaría una intervención preventiva allá donde aún no ha habido
delito (Domínguez González y Domínguez Sánchez Pinilla, 2021:11) sino
únicamente una virtualidad predelictual (o no) que toma cuerpo en unos
determinados sujetos peligrosos.
Es fundamental, adelanta Foucault anticipándose a la sistematización
crítica actuarial, en esta nueva estrategia preventiva el desplazamiento
de la peligrosidad individual al riesgo poblacional. La población, que
se erigirá en protagonista en los análisis sobre la gubernamentalidad,
constituye el sujeto de riesgo sobre el que se levantan estas nuevas
tecnologías penales securitarias. Para la conformación de una penalidad
preventiva ha sido necesaria la cotidianización del
evento-delito. Es preciso tratar el crimen como un evento probable, como
un riesgo que, como tal puede ser medido, evaluado y, de alguna forma,
gobernado, a través de las tecnologías estadísticas y el cálculo de
probabilidades cuando es abordado de forma colectiva y poblacional. Esta
rutinización del delito y la asunción de los daños resultantes
del mismo guarda evidentes similitudes con la relación aseguradora que
vincula accidente, riesgo y responsabilidad. Tanto es así que supone,
asegura Foucault en 1977, una importación penal de prácticas propias del
derecho civil en torno a una responsabilidad civil no culposa (en esta
misma línea: Simon, 1988: 771, nt.1; Foucault, Simon, Elden: 2017: 24;
Feeley y Simon, 1995: 37; Feeley, 2016: 23). Dichas prácticas civilistas
encuentran su reflejo en una penalidad reparadora y minimizadora de unos
riesgos inextinguibles e inevitables en su totalidad (Foucault, 2010:
734-735). No obstante, pese a que estas equiparaciones entre accidente y
delito, tecnologías aseguradoras y tecnologías actuariales, parecieran
haber copado las posteriores sistematizaciones actuariales de una nueva
penalidad basada en el riesgo (especialmente a raíz de los análisis de
Ewald y Defert), lo cierto es que Foucault se refiere también a una
nueva estrategia médico-preventiva en la que la diagnosis y el
tratamiento del evento enfermedad suponen una nueva intervención médica
biopolítica basada en el cálculo de riesgos, la clasificación de las
poblaciones y la normalización de la enfermedad como evento
cuantificable y gobernable (Foucault, 2008; 2012c: 218). Pese a que en
el siguiente punto de este artículo se ahondará con mayor detenimiento
en la resonancia que estas tecnologías médico-políticas adquieren en la
penalidad y en su diferenciación con las técnicas aseguradoras, es
preciso, en este momento, únicamente apuntar a estos dos ámbitos
(asegurador y médico) en los que la rutinización del evento
(enfermedad/accidente) permite su gobernabilidad a partir de tecnologías
del riesgo, para precisar su diferente incidencia en la posterior
sistematización crítica de las tecnologías penales actuariales.
En esta nueva penalidad, que prioriza la defensa de la sociedad,
Estado y población están vinculados por un “pacto de seguridad”
(Foucault, 1994: 384) que ha de ser salvaguardado por encima incluso de
las garantías legales y procesales; “la seguridad está por encima de la
ley” (Foucault, 1994b: 367). La primacía securitaria no implica
únicamente una subordinación del principio de legalidad sino también una
modificación de las funciones policiales y de control centradas en la
prevención y minimización de posibles amenazas. Las funciones de control
se difuminan, los controles se hacen cada vez más dispersos traspasando
las difusas barreras de la penalidad para insertarse en la cotidianidad
(Cohen, 1972; Brodeur, 1993: 11). Estos controles no tienen como
objetivo último la desaparición del delito sino la gestión y
administración eficientes de los riesgos en unos niveles manejables,
funcionales u óptimos, asegura Foucault en reiteradas ocasiones
adelantando la importancia de la eficiencia como criterio evaluador del
éxito de las políticas penales (Foucault, 2004: 54; Brodeur, 1993: 25;
Foucault, 2009: 256). En nombre de la eficiencia, la prevención y la
minimización de riesgos se delimitan distintas curvas de normalidad que
ensanchan y alientan la diferencia más allá de la rígida dicotomía
binaria (lícito/ilícito) del pensamiento jurídico. Mientras que en las
tecnologías penales disciplinarias era la norma previa la que marcaba la
cesura, el hiato entre normalidad y anormalidad, las tecnologías penales
securitarias promueven la diferencia y permiten la gradación estratégica
de las poblaciones en función del riesgo. Foucault advierte de la
conformación de una penalidad preventiva en torno a unas poblaciones de
riesgo articuladas de acuerdo a criterios y factores extrajurídicos
(Foucault, Simon, Elder, 2017: 14). Esta diferenciación de poblaciones
permite un tratamiento desigual, una verdadera gestión diferencial de
riesgos en la que son determinadas poblaciones las que entrañan el
peligro de producción de delincuentes (Foucault, Simon, Elder, 2017:17).
Se trata de verdaderas poblaciones susceptibles que demandan un
tratamiento o intervención diferencial. Es necesario actuar sobre esas
“poblaciones objetivo” que algún día podrían llegar a ser inquietantes
(Foucault, 2012b: 205). La peligrosidad del sujeto individual
determinada por los saberes clínicos que habían penetrado en el proceso
judicial es desplazada por la configuración estadística de poblaciones
de riesgo.
El castigo y la penalidad, imbuidos también por estos criterios
eficientistas y securitarios, no tienen como objetivo prioritario la
normalización del delincuente; la creación de delincuentes ha dejado de
ser económica y políticamente útil (Brodeur, 1993: 25). Las prisiones
–asegura Foucault adelantándose a Simon (Simon, 2013:77), De Giorgi
(2006: 129 y ss.) o Wacquant (2010:418-419)– se convierten en vertederos
en los que recluir a todas aquellas poblaciones que supongan un riesgo
difícilmente asumible para la sociedad (Foucault, 1994c: 817). Encarcelamiento masivo, prisiones
vertederos, eficiencia y poblaciones de riesgo están dentro de la misma
ecuación punitiva.
El propósito del castigo, asegura Foucault visiblemente influenciado
por la lectura de Prins, se enmarca dentro de una estrategia preventiva
de defensa social que pretende reducir o minimizar aquellos riesgos
imposibles de eliminar en su totalidad. Podemos hablar de todo un
entramado de neutralización selectiva (Harcourt, 2011) en el
que estas tecnologías del riesgo –en distintos ámbitos y con distinta
intensidad– en aras de una mayor seguridad y una maximización de la
eficiencia, movilizan toda una serie de recursos (policiales, judiciales
y punitivos) con el objeto de incapacitar unas poblaciones
potencialmente peligrosas. La incorporación de estas tecnologías del
riesgo en la práctica punitiva tendrá, como veremos, una importancia y
protagonismo desigual en función del ámbito en el que se desempeñe. En
este sentido el propio Simon habla de una convivencia de las tecnologías
actuariales con otras “tecnologías de precaución” (Simon, 2013: 79)
orientadas a la incapacitación selectiva de poblaciones peligrosas en
las que la eficiencia económica está subordinada a otras cuestiones
securitarias.
En definitiva, Foucault a lo largo de una serie de intervenciones
jalonadas durante la segunda mitad de la década de los setenta intuye un
cambio en las estrategias punitivas y penales. Una nueva estrategia
punitiva hacía su aparición en el seno de una deriva securitaria. La
seguridad y la defensa de la sociedad como objetivos principales, la
gestión de riesgos y poblaciones, el uso de metodologías estadísticas y
de cálculo en detrimento de una metodología clínica, la eficiencia como
principio de evaluación de las políticas penales y punitivas o la
primacía de la norma sobre la ley son algunas de las características de
esta nueva estrategia penal vislumbradas por el francés. Algunos años
después, en 1992, Simon y Feeley alertaban acerca de una colonización,
de procedencia exógena al ámbito jurídico, que estaba penetrando en el
derecho penal. Esta nueva práctica penal y punitiva que desplazaba el
foco del individuo “redirigiéndolo hacia la consideración actuarial de
agregados” (Simon y Feeley, 1995: 33) conllevaba principalmente tres
transformaciones: desplazamiento de una peligrosidad clínica en pos de
discursos probabilísticos revestidos de objetividad científica, nuevos
objetivos marcados por lógicas de eficiencia y control; y nuevas
técnicas de gestión, distribución y clasificación de poblaciones (Simon
y Feeley, 1995: 34). Pese a que las valoraciones y la decisiones en
torno al riesgo constituyen una parte esencial en la mayor parte de las
decisiones en el ámbito penal y punitivo (Glaser, 1987: 250) y su uso se
había convertido en algo habitual en ámbitos como la quiebra de la
libertad condicional (Burguess, 1916), la persecución y vigilancia de
ciertos grupos sociales (Matthews, 2016: 16) o el castigo y persecución
de delincuentes comunes (Pratt, 1995: 4 y ss.), lo realmente novedoso de
estas tecnologías actuariales son “las lógicas y técnicas dispuestas
para evaluarlo y afrontarlo” (Brandariz García, 2016: 91). Es
precisamente en el análisis de las lógicas y tecnologías imbricadas en
la conformación de esta nueva estrategia penal actuarial donde los
análisis foucaultianos encuentran especial resonancia. La procedencia de
estas prácticas actuariales es –según reconocen Simon y Feeley y ya
había intuido el propio Foucault– dispersa, difusa, múltiple y plural.
Lo cierto es que el francés en el curso de 1978 aborda el estudio del
riesgo como tecnología de gobierno desde una perspectiva epidemiológica
que, como veremos, no puede ser desligada de la emergencia de una nueva
penalidad securitaria de control y prevención de riesgos y gestión de
poblaciones.
3.
La gestión epidemiológica del riesgo en la base de una estrategia penal
profiláctica
La penalidad actuarial ha sido tradicionalmente equiparada a las
tecnologías aseguradoras. No obstante, lo cierto es que, de acuerdo con
San Martín, el término “justicia actuarial” es más “evocador que
concreto” (San Martín Segura, 2021: 291). Esta caracterización en la que
lo actuarial se equipara con lo asegurador en realidad simplifica y
oculta la complejidad de tecnologías y tratamientos que un concepto
polimorfo como el riesgo reviste en esta caracterización actuarial
(Brandariz García, 2016: 106-107) e impide dar cuenta de la proximidad
que estas tecnologías penales guardan con una concepción epidemiológica
del riesgo. Las técnicas frecuentistas utilizadas para la categorización
de poblaciones en torno al riesgo o el recurso a la estadística no son
únicamente atribuibles a estas tecnologías aseguradoras sino que están
presentes, de una u otra forma, en todas las tecnologías destinadas a la
particularización estadística de riesgos poblacionales. No es casual que
el acercamiento de Foucault al análisis de los mecanismos de seguridad
–en unos momentos en los que la preocupación por la emergencia de una
nueva penalidad securitaria ocupaba un lugar destacado en sus
consideraciones– venga de la mano del estudio del tratamiento epidémico
de la enfermedad. La caracterización y diferenciación del enfoque
epidemiológico del riesgo es fundamental a la hora de atender a una
penalidad actuarial no solo centrada en la predicción sino también en la
intervención preventiva que responde a una verdadera estrategia penal
profiláctica.
3.1.
Gobierno epidémico de la viruela y gestión de poblaciones
El tratamiento de la cuestión médica en la obra de Foucault bascula
entre el análisis de la cientificidad de una medicina sustentada en la
anatomía patológica y la crítica política de un pensamiento médico
clínico- normalizador (Fortanet, 2022: 82) y
epidemiológico-gubernamental. En esta perspectiva epidemiológica-
gubernamental de la enfermedad encontramos “el esbozo de una serie de
elementos que son muy importantes para la extensión ulterior de los
dispositivos de seguridad en general” (Foucault, 2008: 69); los mimbres
con los que trenzar una penalidad actuarial guiada por los principios de
prevención y eficiencia. No hemos de entender, por tanto, estos análisis
acerca del tratamiento epidemiológico de la viruela (como tampoco los
referidos al tratamiento de la peste o de la lepra) como una
continuación de los estudios acerca de la fundamentación científica del
saber médico, sino en el marco de unas nuevas tecnologías securitarias y
siempre en relación con la preocupación del francés por la emergencia de
un gobierno del riesgo en el que el tratamiento clínico del peligro
individual es desplazado por una gestión securitaria de poblaciones de
riesgo. En esta lectura médico-política hemos de entender también la
preparación del curso del 78. Un año antes de que Foucault imparta dicho
curso aparecen publicadas dos obras que, según los
comentaristas del mismo (Foucault, 2008: 66, nt.2), el francés pudo
haber consultado para su preparación (Razzell, 1977; Miller: 1957).
Foucault a lo largo del curso no hace referencia a estas obras (lo cual
no es significativo pues no es práctica habitual en los cursos la
mención expresa de la bibliografía secundaria). Lo cierto es que en
ambas publicaciones, referidas a la generalización de la práctica de la
inoculación como tratamiento preventivo de un evento-enfermedad de
carácter colectivo, encontramos rasgos fundamentales de lo que será la
caracterización foucaultiana del riesgo epidemiológico. Cuestiones como
la procedencia exógena al ámbito médico de las prácticas inoculadoras
(Razzell, 1977: 11-12; Miller: 1957: 56); la generalización de las
técnicas estadísticas y probabilísticas no solo para la distribución y
el tratamiento diferencial de poblaciones sino también para la
evaluación del éxito de medidas y políticas (Razzell, 1977: 21y ss.;
Miller: 1957: 103); la delimitación, en función de una serie de factores
de riesgo, de poblaciones susceptibles sobre las que intervenir de
manera preventiva (Razzell, 1977: 31; Miller, 1957: 120), o la
importancia de los criterios de eficiencia para determinar el éxito o
viabilidad de las medidas a tomar (Razzell, 1977: 48-49; Miller, 1957:
245-246) son fundamentales en el análisis foucaultiano de una
caracterización epidemiológica del riesgo íntimamente ligada a una
gestión securitaria de las poblaciones. La introducción de “nociones
novedosas” (Foucault, 2008: 71) como caso, riesgo, peligro o crisis
supone la irrupción de unas tecnologías de regulación y control cuyo
objetivo no es ya la erradicación del evento indeseado (enfermedad o
crimen) sino la intervención preventiva sobre una serie de
factores de riesgo (no necesariamente causales) en aras de una
minimización de daños; la gestión y administración de peligros y
poblaciones vulnerables o, llegado el caso, la segregación de
poblaciones de riesgo para evitar el riesgo de contagio. Será
precisamente, como vamos a ver, el carácter preventivo de estas técnicas
epidemiológicas, la importancia de unos factores de riesgo
independientes y no ligados por una estricta relación de causalidad, y
la determinación de poblaciones vulnerables sobre las que enfocar la
acción lo que nos sirva para mostrar la vinculación estrecha entre estas
técnicas epidemiológicas y la penalidad actuarial tomando una cierta
distancia de las tecnologías propiamente aseguradoras.
3.2.
Intervención preventiva, poblaciones susceptibles y factores de riesgo:
de la gestión de la enfermedad a la lucha contra el delito
Si entendemos la epidemiología como el estudio de la distribución de
la frecuencia con la que determinados eventos o enfermedades tienen
lugar sobre ciertos grupos sociales y el análisis e intervención sobre
una serie de factores cuya presencia, ausencia, incremento o decremento
influyen, de una u otra manera, en las probabilidades de que se produzca
dicho evento no deseado (Colimon, 2010: 3), los vínculos con unas
tecnologías actuariales de procedencia exógena al derecho y el
cuestionamiento de esa “estrecha vecindad” con las tecnologías
aseguradoras nos resultarán más familiares.
La categorización unívoca de las tecnologías del riesgo encubre, como
hemos dicho, una pluralidad de perspectivas y dimensiones distintas de
estos usos (gubernamentales). Desde una perspectiva eminentemente
foucaultiana el británico Mitchel Dean distingue, sin ningún afán
totalizador [pues el riesgo es un “concepto indisciplinado” (De Almeida,
Castiel, Ayres, 2009: 335) que permite ser renovado y actualizado y se
rebela contra cualquier clasificación que pretenda delimitar un
numerus clausus de supuestos del mismo], una tipología de
riesgos en la que diferencia: riesgo asegurador, epidemiológico, de
gestión de casos y clínico. Centrando nuestra atención en los dos
primeros –cuya distinción y relación con las tecnologías penales
actuariales nos ocupa–, es fundamental resaltar que, pese a similitudes
en el uso de procedimientos estadísticos y de clasificación de
poblaciones o cuantificación del riesgo a tenor de la presencia de una
serie de factores y frecuencias, las técnicas epidemiológicas tienen su
propia racionalidad distintiva y sus herramientas y técnicas de
intervención específicas (Dean, 1998: 32) que permiten
diferenciarlas de las tecnologías aseguradoras. El propio Ewald, al
tratar de definir la tecnología del seguro, da cuenta de su carácter
equívoco y plural. El proceso de aseguramiento comprende, según el
francés: “1) una técnica de estimación del riesgo en términos
actuariales; 2) las prácticas de restitución e indemnización de daños
que pone en marcha esta técnica; y 3) las instituciones que estructuran
los esquemas de seguros públicos y privados” (Ewald, 1990: 141). Las
tecnologías actuariales son una parte importante de este
procedimiento asegurador, pero precisamente por ello, no podemos
identificar estas tecnologías aseguradoras como únicamente actuariales
ni al contrario, las técnicas actuariales como tecnologías aseguradoras;
“las operaciones actuariales para el cálculo de riesgos desbordan el
campo del aseguramiento” (San Martín Segura, 2021: 289).
La tecnología aseguradora supone la socialización de un
riesgo probable estimado en el marco de una determinada población a
partir de patrones frecuenciales y mediante una tasación de posibles
factores de riesgo. El seguro cuantifica, objetiva y monetariza hechos y
conductas riesgosos que únicamente pueden serlo al ser tratados de forma
colectiva, tomando como referencia la población (Ewald, 1990:146). Se
trata de determinar una prima, una compensación y una indemnización
rentables para un daño probable. Es por tanto una tecnología
performativa en tanto que es el asegurador no solo quien crea nuevos
riesgos sino también quien cuantifica, evalúa y determina los niveles y
grupos de riesgo (Vila Viñas, 2012: 98-99). Por su parte, el riesgo
epidemiológico, propio de la gestión y preservación de la salud pública,
pone su blanco en la población como sujeto colectivo por encima de lo
individual. Lo particular no es propiamente individual sino un “caso”,
una manera de cuantificar e identificar el fenómeno individual integrado
en un ámbito colectivo (Foucault, 2008: 69). De acuerdo con esta noción
de “caso” la medición de sucesos individuales remitirá al estudio de la
frecuencia con que un determinado evento se manifiesta en una población
en un tiempo y espacio concretos. A partir de una serie de técnicas
propias (curvas epidemiológicas, tasas de mortalidad y morbilidad,
etc.), la evaluación y medición del riesgo epidemiológico permite la
adopción de distintas medidas políticas, administrativas o securitarias
en función de la incidencia –entendida como el número de casos nuevos en
una determinada población en un tiempo concreto (Shoemaker y Delgado
Noguera, 2019: 66)– y de la prevalencia –la proporción de individuos
afectados por un evento en una población concreta– sobre distintas
poblaciones de riesgo. La evaluación y cuantificación de eventos pasados
es fundamental para una adecuada previsión de riesgos futuros.
Tecnologías aseguradoras y epidemiológicas coinciden en este propósito
predictivo a partir del estudio de patrones pasados. No obstante, es en
el tratamiento de estas predicciones donde ambas toman caminos
separados.
La predicción aseguradora tiene como propósito la previsión
frecuencial del riesgo en aras de establecer unas primas e
indemnizaciones rentables; no interviene sobre el riesgo sino que lo
trata de compensar a posteriori. Por el contrario, una
determinación epidemiológica del riesgo implica no solo su predicción y
estimación sino, fundamentalmente, una actuación preventiva,
anticipatoria, destinada a la minimización y gestión eficiente de los
riesgos. Es en esta naturaleza preventiva y anticipatoria donde la
vinculación entre esta concepción epidemiológica del riesgo y las
tecnologías penales actuariales se hace especialmente patente. No se
trata únicamente de una previsión de riesgos, de un pronóstico elaborado
a partir del estudio de patrones pasados que se repiten con una cierta
frecuencia, sino de una naturaleza esencialmente preventiva que, como
tal, supone la amalgama de la predicción y la intervención, de la
previsión y la acción, del saber epistemológico predictivo y las
estrategias prácticas de intervención (Freeman, 1992: 35). La finalidad
epidemiológica es práctica, “es la acción sobre la población en general,
o en forma específica en los grupos de alto riesgo” (Colimon, 2010:
319). Esta intervención preventiva es en sí misma una intervención de
naturaleza política, no meramente técnica, sino “estrechamente
relacionada con los valores sociales y la organización política e
institucional” (Freeman, 1992: 40).
El carácter preventivo y práctico de estas tecnologías del riesgo
epidemiológico es señalado por el propio Foucault al destacar que estas
técnicas requieren de “toda una serie de formas de intervención”
(Foucault, 2008: 71) destinadas no a la erradicación del riesgo sino a
la gestión diferencial de los mismos. Ese mismo carácter preventivo
–propio, como hemos visto, de las tecnologías epidemiológicas pero no de
las aseguradoras– es fundamental en una penalidad actuarial cuya
preocupación por la defensa de la sociedad y la priorización de la
seguridad por encima de otras cuestiones supone y legitima
intervenciones anticipatorias sobre poblaciones de riesgo. Esta
finalidad preventiva, que trasciende el ámbito propio de la penalidad,
es importada a la criminología, sostiene Farrington, desde una dimensión
médica y de salud pública (Farrington, 2000: 2). En aras de la
prevención estas tecnologías penales actuariales suponen verdaderas
políticas performativas generadoras de nuevos riesgos que legitimarán
nuevas intervenciones. En un primer momento, en su artículo de 1992,
Simon y Feeley trataron de desvincular las tecnologías actuariales de
cualquier intencionalidad política apelando a un carácter
técnico-científico prepolítico. El propio Simon, años
después, corrigió esta aparente neutralidad política de las tecnologías
actuariales mostrando no solo su evidente carácter desmovilizador e
imposibilitador de la conformación de identidades colectivas, sino
también la importancia que esta conformación política de poblaciones
peligrosas tenía en el gobierno a través de delito (Simon, 2007). Lo
cierto es que el carácter específicamente político de estas tecnologías,
la parcialidad a la hora de conformar los grupos de riesgo y las
consiguientes intervenciones preventivas fueron ya advertidas por
Foucault al propio Jonathan Simon en 1983. El francés intuye que en esta
nueva estrategia penal, en la que la peligrosidad individual se ha visto
desplazada por el riesgo poblacional, la atención ya no se centra en
individuos degenerados sino en poblaciones capaces de albergar, formar y
reproducir posibles delincuentes. El foco se traslada a poblaciones
susceptibles conformadas, advierte el propio Foucault, a partir de
factores racistas, económicos o de vivienda (Foucault, Simon, Elden,
2017: 17).
Esta noción de susceptibilidad, y la consiguiente categorización de
poblaciones susceptibles, sirve para dar cuenta de “otro préstamo”
médico-epidemiológico en la penalidad actuarial. La clasificación y
categorización de los grupos de riesgo supone un intento de mapear las
distintas intensidades y prevalencias de los riesgos en función de las
poblaciones. Este mapeamiento poblacional del riesgo propone una ruptura
con la dicotomía sano-enfermo, íntimamente relacionada con la oposición
lícito-ilícito, introduciendo múltiples niveles de normalidad sobre los
que incidir con mayor o menor intensidad (Foucault, 2012c: 212-213). El
enfoque médico-epidémico, a diferencia del clínico, ya no tiene
únicamente una misión diagnóstica individual sino de gestión diferencial
de poblaciones en función del riesgo; la lógica de la prevención
desplaza a la lógica del diagnóstico (Rose, 1999: 261). Las
intervenciones preventivas –propias de las tecnologías epidemiológicas y
también de las actuariales– centran su actuación en la gestión de las
poblaciones de mayor riesgo, en las poblaciones susceptibles. Estas
medidas preventivas de intervención suelen catalogarse –siguiendo la
clásica división de Caplan (1964: 16-17)– como medidas primarias, cuando
tratan de evitar la aparición de un evento actuando de forma previa a su
aparición, secundarias, aquellas que actúan bloqueando el avance de la
enfermedad y minimizando su impacto o, cuando fallan las anteriores,
medidas terciarias, paliativas o de segregación con el fin de evitar los
efectos sociales debilitantes del evento (Colimon, 2010: 22-23; Freeman,
1992: 37; Farrington, 2002: 657).
La noción de susceptibilidad supone una reelaboración, en términos de
evaluación, predicción y gestión del riesgo, de conceptos previos que
hacían referencia a la predisposición como condicionamiento heredado y a
la degeneración como patologización social de determinadas poblaciones.
Rose señala el origen epidemiológico de esta noción de la
susceptibilidad referida al estudio de la prevalencia de determinadas
enfermedades en algunos sectores de la población y a la evaluación, en
términos probabilísticos, de escalas de riesgo poblacionales (Rose,
2012: 52). La susceptibilidad hace referencia a un estado más allá de lo
sano o lo enfermo, a un criterio intermedio, indeterminado, siempre a
medio camino entre la salud y la enfermedad, que sirve para delimitar
poblaciones asintomáticas de riesgo sobre las que incidir
preventivamente con mayor intensidad. Las poblaciones susceptibles son
poblaciones prepacientes (o predelincuentes) que pese a no manifestar
enfermedad o sintomatología son siempre sospechosas. Esta noción de
susceptibilidad es incorporada por las tecnologías penales actuariales
para distinguir poblaciones susceptibles sobre las que, pese a no haber
cometido ningún ilícito, se cierne la sombra de la sospecha. El carácter
inconcreto e intermedio de ese estado de susceptibilidad legitima nuevas
formas de intervención preventivas con el objeto de actuar bien de
manera primaria o secundaria, anticipándose a la aparición de nuevos
delincuentes, o bien de forma terciaria, segregando poblaciones de
riesgo en aras de la seguridad de la sociedad.
La conformación de poblaciones susceptibles es en sí misma una
tecnología performativa que imputa, de forma virtual, futuras conductas
ilícitas a poblaciones previamente señaladas de acuerdo a criterios
meramente estadísticos. Esta virtualidad de un mayor riesgo
determinada estrictamente de forma estadística lleva consigo, asegura
Harcourt, que la vigilancia y los controles preventivos se estrechen
sobre estas poblaciones susceptibles provocando no solo la
estigmatización y criminalización de comunidades enteras, sino también
una desproporción en la sobrerrepresentación de estas en la población
carcelaria (Harcourt, 2007: 218). Lo cierto es que esta categorización
de las poblaciones susceptibles, importada de la epidemiología, da
lugar, de acuerdo con Rose, a un verdadero gobierno de las
susceptibilidades que, amparándose en la protección frente a
riesgos futuros, amplía cada vez más la identificación de nuevas
poblaciones susceptibles y promueve nuevas tecnologías preventivas de
intervención (Rose, 2012: 201). La susceptibilidad de esas poblaciones
viene determinada por la concurrencia de una serie de factores de
riesgo.
El análisis de los factores de riesgo para la determinación de
poblaciones susceptibles y la evaluación, tasación y gestión de los
riesgos no es algo nuevo ni exclusivo de las tecnologías
epidemiológicas. En el ámbito propiamente asegurador
es frecuente la utilización de tablas para fijar indemnizaciones y
primas en función de la concurrencia de uno o varios de estos factores.
Sin embargo, el tratamiento de estos factores es distinto en las
tecnologías aseguradoras y en las epidemiológicas. Las tecnologías
epidemiológicas tratan de identificar los factores de riesgo que
preceden y tienen, de una u otra manera, responsabilidad en la
producción del evento no deseado. Estos factores son fenómenos de
naturaleza múltiple y variada que preceden al evento en cuestión y cuya
presencia o ausencia, incremento o decremento, influyen en la aparición
del mismo, su intensidad y sus condiciones, en un determinado lugar y en
un periodo de tiempo concreto (Colimon, 2010: 32-33). Los factores de
riesgo necesariamente han de preceder al evento (Kraemer et
al., 1997: 338). La relación de estos factores de riesgo, de
naturaleza múltiple e independiente, con el evento analizado no está
determinada por la causalidad sino por “las correlaciones estadísticas
de elementos heterogéneos” (Castel, 1986: 231). Centrar la atención en
los factores de riesgo permite esquivar las espinosas y enrevesadas
cuestiones de la causalidad (Farrington, 2000: 7). Las tecnologías
epidemiológicas –y las actuariales– dejan en un segundo plano el interés
por las causas primeras del evento (enfermedad, delito) para interesarse
por una relación incidental o aproximativa;
cuantos más factores confluyan mayor será la probabilidad del evento,
sin que ninguno de ellos pueda ser determinado como causa exclusiva del
mismo. La preocupación por las causas
primeras de la enfermedad se fue transformando en la búsqueda de
“explicaciones relacionales entre factores de riesgo y eventos adversos
de la salud” (Malagón Oviedo, 2017: 420). La procedencia múltiple de
estos factores precisa de explicaciones amplias y plurales. Los factores
de riesgo no son los mismos ni afectan de la misma forma a todas las
poblaciones sino que han de ser estudiados siempre en relación a los
distintos efectos que desencadenan en diferentes poblaciones, a la
potencia para dicotomizar la población en distintos grupos de
riesgo (Kraemer et al., 1997: 338). Un factor de riesgo no
puede ser universal para toda la población sino que ha de mostrar una
cierta heterogeneidad, una incidencia desigual, para ser considerado
como tal (Farrington, 2000: 8; Kraemer et al., 1997: 340).
La identificación epidemiológica de los factores de riesgo tiene
fundamentalmente una intencionalidad práctica y anticipatoria; no se
trata únicamente de identificar estos factores, sino de indagar en su
grado de inferencia, su vinculación con el resultado, la frecuencia con
que su aparición implica un riesgo elevado y, fundamentalmente, en el
establecimiento de medidas preventivas, anticipatorias y de control,
gestión y minimización de daños. La intervención no está basada en la
naturaleza de la patología sino en “el análisis actuarial de los
factores de riesgo” (Rose, 1999: 235). Las intervenciones preventivas
sobre esta multiplicidad de factores son asimismo plurales; la
identificación de nuevos factores abre la puerta a nuevas intervenciones
(Petersen, 1997). Es importante, de cara a esta intencionalidad práctica
de la identificación de los factores de riesgo epidemiológicos, precisar
las diferencias entre los factores de riesgo y aquello que se han
denominado indicadores de riesgo (Colimon, 2010: 33), marcadores
(Farrington, 2000: 7) o factores predictivos. Un factor de riesgo indica
siempre una cierta relación de dependencia (no necesariamente causal) o
responsabilidad en la producción del evento, mientras que indicadores o
marcadores pueden ser interpretados únicamente en clave sintomatológica,
de tal forma que una intervención sobre ellos no tendrá repercusión
sobre la producción, incremento o decremento del evento (Farrington,
2002: 661; Vila Viñas, 2012: 717; 2013: 350). Dentro de los factores de
riesgo puede incluso establecerse diversas tipologías como la que
distingue entre factores de riesgo variables, marcadores de riesgo fijos
o factores de riesgo causales (Kraemer et al., 1997: 340);
factores de riesgo individuales o ambientales, etc. A este respecto
algunos investigadores como Farrington abogan por una demarcación
estricta a la hora de delimitar los factores de riesgo teniendo
únicamente en cuenta como tales aquellos susceptibles de ser modificados
y dejando al margen otros como la raza o el género (Farrington, 2002:
661). No obstante, partiendo de una visión gubernamental de esta
estrategia preventiva, es difícilmente explicable dejar fuera de tal
consideración factores no modificables, especialmente en el caso de la
raza, que determinan y condicionan gran parte de las políticas penales
preventivas y de distribución de las poblaciones (Harcourt, 2015;
Wacquant, 2010).
Si bien en las investigaciones foucaultianas en torno al tratamiento
epidemiológico de la enfermedad no se menciona expresamente la noción
del factor de riesgo, lo cierto es que a partir de lo que el francés
denomina “riesgo diferencial” –un riesgo no uniforme, diferente según la
edad, las condiciones o los medios– “se pueden identificar las
características peligrosas” (Foucault, 2008: 70) de determinadas
poblaciones en función de la presencia de una serie de variables. Estas
características diferenciales que suponen un incremento del riesgo y una
mayor probabilidad de concreción del evento indeseado son identificadas
por Foucault como la tercera de las características de las tecnologías
epidémicas: el peligro (Foucault, 2008: 70). Resulta evidente la
cercanía entre esa caracterización foucaultiana del peligro y la noción
del factor de riesgo. Asimismo, es relevante señalar que, a continuación
de este esbozo en la caracterización del peligro, el francés hace
referencia no solo a la posibilidad de identificar fenómenos que
contribuyen a la aceleración y multiplicación del evento indeseado, sino
también a la necesidad de una intervención artificial sobre dichos
fenómenos (factores). Los análisis foucaultianos intuyen la importancia
de una serie de factores que determinan la evaluación de una población
como susceptible y sobre los cuales han de centrarse las tecnologías
ambientales de carácter preventivo.
La importancia del peligro en las tecnologías penales no es algo que
aparezca por primera vez en las investigaciones gubernamentales
foucaultianas. La peligrosidad, en su dimensión penal y punitiva, ocupa
un lugar protagonista en los escritos del francés de manera recurrente
desde principios de la década de los setenta en torno, por una parte a
la penetración de la psiquiatría y las ciencias psi en el proceso penal,
y por otra, a la conformación de una serie de clases peligrosas que
constituirán el blanco privilegiado de las tecnologías penales y
punitivas. Por encima de las particularidades
de cada momento de la peligrosidad, lo que nos interesa resaltar es que
Foucault se refiere a esta como un modo de considerar al individuo, por
parte de la sociedad, en virtud no de sus actos sino de sus
virtualidades (Foucault, 2012: 27 y ss.), de potencialidades que, en
función de una serie de rasgos, indicios o síntomas, parecen indicar una
propensión a conductas indeseadas. Si en la metodología clínica la
peligrosidad de los individuos y la conformación de clases peligrosas
implicaba la participación activa y protagonista de los distintos
expertos (fundamentalmente del ámbito médico-psiquiátrico), la
emergencia de unas nuevas tecnologías securitarias, en las que la
estadística y el estudio de la probabilidad dejan en un segundo plano la
discrecionalidad profesional, supone un desplazamiento del peligro al
riesgo. El riesgo ya no es una característica intrínseca de determinados
individuos sino “una radicalización de la noción de peligro desde un
punto de vista del peligro estadístico” (Foucault, Simon, Elder, 2017:
16). El riesgo debe entenderse como una combinación de factores
abstractos que hacen más probable un determinado tipo de evento o
conducta no deseada (Castel, 1986: 229); de tal forma que la
determinación, clasificación y tratamiento diferencial de poblaciones
pueda hacerse de forma automática a partir de la identificación de un
cierto número de estos factores de riesgo de carácter diverso (Castel,
1984: 153). El objetivo de estas intervenciones preventivas no es otro
que actuar sobre una virtualidad determinada por la presencia de una
serie de factores de riesgo que servirán para determinar las poblaciones
susceptibles. El individuo es descompuesto y reconfigurado a partir de
la concurrencia de determinados factores que rearticulan su identidad de
acuerdo a un profiling que lo enmarque en el seno de unas
poblaciones u otras de acuerdo a su mayor o menor riesgo.
A este respecto, llegados a este punto, hemos de precisar que si bien
hasta el momento hemos hablado de una forma un tanto general de una
implementación actuarial en el ámbito punitivo-penal, es necesario
llamar la atención –aunque sea de una forma excesivamente
generalizadora– sobre la desigual incidencia que esta racionalidad
epidemiológica tuvo en los distintos aspectos de la práctica penal
y punitiva. Dada la naturaleza esencialmente preventiva de estas
tecnologías epidemiológicas que, como hemos visto, no buscaban
únicamente la previsión sino una intervención anticipatoria sobre los
factores de riesgo, parecen especialmente presentes en ámbitos como la
intervención policial y la concesión de la libertad condicional o
beneficios penitenciarios. En una penalidad esencialmente securitaria en
la que la labor policial está diseñada para “ajustarse y priorizar el
orden frente a la ley” (Neocleous, 2022:253), las prácticas e
intervenciones preventivas sobre poblaciones de riesgo son, advierte
Harcourt, no solo algo habitual y rutinario sino profundamente aceptado
en aras de una maximización securitaria. Las metodologías actuariales
centradas en la prevención de riesgos a partir de la concurrencia de una
serie de factores de riesgo obligan siempre a una priorización de unos
factores sobre otros que dará lugar a una determinada configuración de
los grupos de riesgo. La actividad policial, siempre guiada por ese
“afán priorizador”, orientaba su labor a partir de un cierto criterio
profesional discrecional. Lo que resulta novedoso en la introducción de
criterios actuariales preventivos no es pues esa intervención
priorizadora, sino el modo en que esa priorización selectiva se produce.
La normativización, el establecimiento de protocolos de actuación a
través de una serie de criterios determinados de forma estadística, el
diseño y la configuración de perfiles (profiling) de virtuales
delincuentes en torno a la concurrencia de una serie de factores de
riesgo guían la actividad policial en aras de una mayor eficiencia al
legitimar intervenciones eximiendo de responsabilidades dado su carácter
técnico (Brandariz García, 2016:177-179).
En cuanto a la aplicación de estas tecnologías actuariales en las que
una concepción epidemiológica del riesgo se halla especialmente
presente, en el ámbito penitenciario hemos de mencionar los análisis que
a este respecto, dentro del ámbito canadiense, realiza Hannah Moffat
llamando la atención sobre un modelo mixto, una hibridación entre
tecnologías del riesgo y tecnologías de necesidad. Los trabajos de la
criminóloga canadiense apuestan por unas tecnologías del riesgo de
tercera generación (2005: 32) en las que el riesgo es utilizado para
enfocar un tratamiento, una supervisión y una rehabilitación efectiva.
La previsibilidad del comportamiento delictivo, evaluado y medido de
acuerdo a técnicas actuariales permite a los profesionales –cuya
discrecionalidad y profesionalidad se impuso como moderación y
resistencia a la frialdad estadística actuarial (Hannah Moffat, Maurutto
y Turnbull, 2009:393-394)– mejorar y personalizar los tratamientos
terapéuticos de reinserción (Hannah Moffat,2005:34).
La extrapolación de este enfoque epidemiológico al ámbito penal y
punitivo ha recibido críticas desde diversos sectores en torno a
distintas cuestiones entre las que nos interesa destacar
fundamentalmente dos: a) por una parte unas críticas que podríamos
denominar “epistemológicas”, que se centran en señalar el distinto grado
de solidez o fiabilidad epistemológica que une los factores de riesgo y
resultados en el ámbito médico y la relación entre ambos en una
dimensión criminológica. En este sentido, la vinculación entre factores
de riesgo y resultados es fácilmente comprobable, cautelosamente
inferida y dotada de una sólida fiabilidad que permite determinar y
modular la importancia de cada factor en la producción del resultado,
mientras que la trasposición de esta metodología al ámbito
criminológico-penal es vaga y difusa (O´Mahony, 2009: 105-106) y la
relación o el efecto de los factores de riesgo solo puede establecerse
de manera aditiva sin tener en cuenta la modulación en la importancia de
los factores en la consecución del evento (O´Mahony, 2009: 109). El
carácter heterogéneo y ambiguo del crimen, por contraposición a la
naturaleza biológica de la enfermedad, condena dichas explicaciones
basadas en una concepción epidemiológica del riesgo al fracaso
(O´Mahony, 2009: 112); b) otro tipo de críticas que podríamos tratar de
aunar bajo la etiqueta de “crítica política” presta atención no tanto a
la fundamentación epistémica de esta metodología sino, fundamentalmente,
a la necesidad de resaltar su carácter híbrido en la práctica. Una
sobredimensión del enfoque actuarial centrado en el riesgo puede
trasladar la falsa sensación de sustitución de unas tecnologías por
otras obviando la necesaria convivencia entre ellas. El éxito y
protagonismo adquirido por las tecnologías del riesgo no puede asumir la
desaparición y sustitución de la metodología clínica sino su
convivencia, adaptación e hibridación (Vila Viñas, 2013b: 11; Werth,
2019: 7-8). De forma similar, como hemos apuntado en alguna ocasión a lo
largo de este artículo, estas tecnologías actuariales conviven en tenso
equilibrio con otras neoconservadoras que apuestan por la prioridad
securitaria por encima de cuestiones garantistas y que abogan también
por una intervención preventiva sobre factores de riesgo delimitando
poblaciones susceptibles pero supeditando, en esta priorización
securitaria y de defensa del orden (moral) de la sociedad, las
cuestiones de eficiencia económica a prioridades morales e incluso
identitarias. Esta hibridación entre tecnologías responde, en palabras
de O´Malley, “a la alianza política e inestable entre el neoliberalismo
y el neoconservadurismo” (O´Malley, 2006: 194) que modela, limita o
reorienta estas tecnologías actuariales en pos de una agenda de marcado
carácter moral.
En cuanto a la primera de las críticas, la crítica epistemológica,
desde un enfoque penal gubernamental no se trata tanto de valorar la
mayor o menor consistencia epistemológica de la relación entre factores
de riesgo y resultado entre unas tecnologías u otras, sino de prestar
atención a una misma estrategia centrada en un uso particular de las
tecnologías del riesgo en el que las similitudes con otros ámbitos
permiten dar cuenta de una colonización externa del derecho penal, la
punitividad y la criminología. Más relevante consideramos la segunda
crítica que da cuenta del carácter mestizo y bastardeado de unas
tecnologías penales que no pueden entenderse como compartimentos
estancos que se suceden de forma sustitutoria, sino como fruto de una
tensión, de un equilibrio siempre inestable en el que dichas tecnologías
no pueden sino ser entendidas en el seno de una estrategia política más
amplia. Pese a que, como hemos dicho, la utilización política del riesgo
en el ámbito penal y punitivo no es una novedad de las tecnologías
actuariales, lo novedoso de esta importación estadística es la
conformación de poblaciones de riesgo a partir de criterios
probabilísticos que pretenden mostrarse como meramente técnicos,
científicos y avalorativos, desprovistos de cualquier intencionalidad
política y movidos únicamente por criterios eficientistas en aras de una
maximización securitaria. Este carácter técnico-científico de los
instrumentos actuariales en realidad se inserta en una racionalidad
política vertebrada en torno a un antiwelfarismo en el que la
articulación entre tecnologías disciplinarias, gubernamentales e incluso
soberanas, responde a una misma estrategia que no puede ser sino
política.
Como tal estrategia política, no meramente técnica, la implementación
y arraigo de estas tecnologías actuariales tienen un éxito y una
relevancia desiguales no solo en función de los diferentes ámbitos y
espectros de la práctica penal y punitiva, sino también en cuanto a los
distintos países y tradiciones jurídico-políticas. A este respecto
resulta significativa la incorporación y el éxito que estas medidas
actuariales han tenido en la órbita anglosajona (entendiendo dentro de
este espectro no solo Estados Unidos y Gran Bretaña sino también
Australia y Nueva Zelanda). En el caso español, siguiendo el ineludible
estudio de Brandariz García, podemos hablar de un “significativo
retraso” (2016:27) en la implantación de dichas tecnologías propiciado
por causas de distinta naturaleza entre las que destacan la pervivencia
de un modelo soberano de penalidad, el incumplimiento reiterado de
cualquier propósito rehabilitador de la prisión y un expansionismo penal
y punitivo que, dada la especial preocupación por la cuestión criminal
en la sociedad española durante la década de los noventa y primeros dos
mil, no reparaba en gastos ni cuestiones de eficiencia presupuestaria y
trataba de gestionar penalmente cuestiones de otra índole como el
problema de la droga o la cuestión migratoria (Brandariz García, 2016:
27-42).
4. Conclusiones
La preocupación por la cuestión penal y punitiva es una constante a
lo largo de toda la obra de Foucault que no puede limitarse a sus
análisis acerca de las tecnologías disciplinarias. Tras la publicación
de Vigilar y castigar, la preocupación por un nuevo modelo de
gobierno que prioriza la seguridad, a la vez que promueve y alienta la
inseguridad y el vivir peligrosamente, se hace patente en las
investigaciones acerca de la gestión del riesgo como tecnología de
gobierno de las poblaciones. A finales de la década de los setenta –de
manera especialmente significativa en los textos acerca del affaire
Croissant, pero no solo en ellos– Foucault muestra ya los mimbres
con los que después tejerá sus análisis acerca de la gubernamentalidad
liberal y neoliberal. En estos primeros esbozos la emergencia de una
nueva penalidad securitaria centrada en la gestión y clasificación de
poblaciones se hace explícita en reiteradas ocasiones y aparece como una
cuestión prioritaria. En este contexto, especialmente implicado en las
transformaciones penales y punitivas, han de ser leídas las
investigaciones llevadas a cabo en los cursos del Collège de France en
1978 y 1979 siempre en estrecha relación con una preocupación penal y
securitaria. Los análisis gubernamentales de Foucault ponen la primera
piedra para una sistematización crítica de una nueva realidad penal que
centraba su atención en la gestión de poblaciones, la priorización de la
seguridad y el uso de las técnicas estadísticas y probabilísticas en la
conformación de grupos de riesgo sobre los que establecer actuar de
forma diferencial (gestión diferencial del riesgo). Los análisis
foucaultianos suponen, tal y como reconoce el propio Jonathan Simon, el
precedente inmediato de la sistematización crítica del actuarialismo
punitivo. Esta nueva penalidad actuarial, entendida como gestión
eficiente de poblaciones en función del riesgo, ha sido tradicionalmente
equiparada con unas tecnologías aseguradoras que socializaban el riesgo
distinguiendo y clasificando poblaciones en función de su mayor o menor
probabilidad de ser afectados por el evento en cuestión. En este
artículo hemos propuesto una revisión de tal relación que tuviera en
cuenta la importancia del denominado riesgo epidemiológico en la
configuración de estas tecnologías penales actuariales.
Como hemos dicho, la preocupación de Foucault por las tecnologías del
riesgo en el ámbito epidemiológico no es una cuestión baladí. Una nueva
forma de gubernamentalidad es analizada por Foucault tomando como
referencias la nueva distribución del espacio urbano, el tratamiento de
la escasez y la gestión epidémica de la enfermedad (viruela). Es, a
nuestro entender, en este último punto, en lo relacionado con la gestión
epidémica, en donde encontramos la mayor confluencia con lo que
posteriormente se denominó la penalidad actuarial. Esta vecindad se hace
patente fundamentalmente en una serie de características en las que
hemos centrado nuestra atención: la rutinización o aceptación de la
cotidianidad del efecto indeseado (enfermedad/delito) que no solo
permite su cálculo probabilístico en función de las poblaciones sino
también plantear la cuestión del combate o prevención de dicho evento en
términos utilitarios de maximización de la seguridad; la finalidad
preventiva de ambas estrategias epidemiológicas y penales-actuariales
que, a diferencia de las aseguradoras, no buscan una simple previsión de
los riesgos sino su anticipación; la delimitación, a partir del uso de
técnicas estadísticas y probabilísticas, de una serie de “poblaciones
susceptibles” portadoras de riesgos sobre las que deberá incidirse con
especial énfasis debido a su peligrosidad (una gestión diferencial de
riesgos y poblaciones de acuerdo a criterios estadísticos); la
identificación de unos factores de riesgo que, lejos de centrarse en el
análisis de las causas primeras, se conforman con mostrar una
correlación con el evento y resultado y sobre los que se centrará la
intervención preventiva ambiental. Partiendo de la gestión
médico-política del riesgo epidémico y rompiendo con un criterio
unitario y englobador del riesgo como cajón de sastre en el que todo
cabe, podemos dar cuenta del interés político que radica en una
tecnología aparentemente neutral y objetiva. El tratamiento
epidemiológico del evento enfermedad no se limita, como muestra
Foucault, a la aplicación sistemática de un criterio médico-científico
sino que corresponde a una verdadera estrategia política de gestión de
riesgos y poblaciones. Del mismo modo, las tecnologías penales
actuariales, basadas en la gestión eficiente del riesgo, no pueden
entenderse como sostenidas únicamente por criterios científicos neutros
y avalorativos sino en el marco de un nuevo tratamiento político del
riesgo y la inseguridad.
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