Resumen: Las víctimas de despojo de tierras viven una tragedia que se prolonga en el tiempo mientras que no se hace efectiva la restitución jurídica y material. Se han adoptado instrumentos jurídicos internacionales que buscan el reconocimiento de los derechos de estas víctimas, pero que en la práctica constituyen verdaderos retos dependiendo de las condiciones de cada caso. La investigación tiene por propósito describir el proceso de restitución de tierras desde las percepciones elaboradas por víctimas y funcionarios de entidades como la Unidad de Restitución de Tierras —URT— en el municipio de Cáceres (Colombia). Bajo el tejido lógico del paradigma interpretativo-hermenéutico, se adelantó un estudio cualitativo de nivel descriptivo en el que se empleó el método análisis de discurso. Participaron en el estudio 25 personas, a quienes se les aplicaron entrevistas semiestructuradas asociadas a los tópicos: conflicto armado y desplazamiento forzado, y experiencias de restitución y retorno. Se hicieron codificaciones y categorizaciones para el diseño de redes semánticas con apoyo de la herramienta ATLAS.ti. Los resultados permiten reconocer percepciones diferenciadas entre los grupos de participantes, expectativas cumplidas en la etapa administrativa y oportunidades de mejora en la etapa judicial y el proceso de retorno.
Palabras clave: conflicto armado interno (no internacional), reparación integral, restitución de tierras, víctimas.
Land restitution in the municipality of Cáceres, Colombia. Perceptions of victims and public officials
Abstract: The victims of land dispossession live a tragedy that extends over time as long as the legal and material restitution is not carried out. International legal instruments have been adopted that seek the recognition of the rights of these victims, but in practice they present real challenges depending on the circumstances of each case. The research aims to describe the land restitution process from the perceptions of victims and officials of entities such as the Land Restitution Unit (URT) in the municipality of Cáceres (Colombia). Using the logical framework of the interpretative-hermeneutic paradigm, a qualitative descriptive study was conducted employing the discourse analysis method. The study involved 25 participants, who were given semi-structured interviews associated with the topics of armed conflict and forced displacement, as well as experiences of restitution and return. Codifications and categorizations were made to design semantic networks with the support of the ATLAS.ti tool. The results allow for the recognition of differentiated perceptions among the groups of participants, fulfilled expectations in the administrative stage, and opportunities for improvement in the judicial stage and the return process.
Cómo citar: Luz M. Herrera Lopera; Abad E. Parada Trujillo; Lady A. Suárez Carvajal (2025). Restitución de tierras en el municipio de Cáceres, Colombia. Percepciones de víctimas y funcionarios públicos. Polít. Soc. (Madr.) 62(2), e91214. https://dx.doi.org/https://doi.org/10.5209/poso.91214
1. Introducción
El conflicto armado en Colombia se ha extendido a lo largo de seis
décadas, aunque algunos expertos consideran que sus causas pueden
ubicarse en el pasado remoto del siglo XIX (Pizarro, 2015). El
antecedente más inmediato al conflicto armado es la violencia
bipartidista a mediados del siglo veinte, denominada como la época de La
Violencia, y en la que tuvo lugar el enfrentamiento de simpatizantes de
los partidos políticos liberal y conservador. Desde el punto de vista
político, el fenómeno de la violencia se agudizó como resultado del
Frente Nacional (1958-1974), periodo en el que se alternaron en el poder
los partidos políticos tradicionales con exclusión de otras fuerzas o
expresiones políticas. Además, el conflicto armado ha escalado como
resultado de la ausencia del Estado para responder a las demandas
sociales de la población rural (Yaffe, 2011; De Zubiría, 2015), y la
distribución inequitativa de la tierra (Villamizar, 2023; Giraldo, 2015;
Ríos, 2017).
Se estima que hay más de 9.2 millones de víctimas en el país (Unidad
de Víctimas, 2022). El 79% son víctimas de desplazamiento forzado (7.5
millones), el 10,6% son víctimas de homicidio (1.018.860) y el 0,2%
corresponden a víctimas de despojo o abandono de tierras (21.149). Al
menos el 55% de la población desplazada —cerca de 3.8 millones— tenía
tierras y de estos, el 94% debió abandonarlas (Mojica y Salamanca,
2019). El desplazamiento forzado ha constituido una maniobra de los
grupos armados para dominar zonas territoriales que son estratégicas por
su ubicación geográfica, riqueza natural y/o potencialidades económicas
(Marín y Santos, 2014). Precisamente, el departamento de Antioquia reúne
estas características, y por ello, no es raro que sea uno de los
territorios con mayor afectación por el conflicto armado.
El conteo de víctimas en Antioquia asciende a 1.9 millones (Unidad de
Víctimas, 2022), lo que equivale al 21,15% de personas registradas a
nivel nacional. Por hecho victimizante, las víctimas de mayor número
son: desplazamiento forzado (1.433.021), homicidio (288.768), amenaza
(81.873), desaparición forzada (42.080), pérdida de bienes (9.850),
secuestro (8.175) y acto terrorista o atentado (7.287). Dentro de las
subregiones del departamento, una de las más golpeadas por el conflicto
armado es el Bajo Cauca Antioqueño, conformado por trece municipios:
Nechí, Caucasia, El Bagre, Cáceres, Zaragoza, Tarazá, Segovia, Remedios,
Amalfi, Anorí, Briceño, Valdivia e Ituango.
El número de víctimas por cada territorio municipal se muestra en la
tabla 1. Sin embargo, el número
de víctimas para esta subregión puede ser mayor. Para el caso del
municipio de Cáceres, por ejemplo, el Departamento Nacional de
Planeación (2021) indica que hasta el año 2020, se tenía un registro de
31.581 personas víctimas (Departamento Nacional de Planeación —DNP—,
2021). El territorio del Bajo Cauca Antioqueño ha resultado estratégico
para los grupos armados por sus riquezas ecosistémicas y servir de
conexión a la costa atlántica desde el interior del país. La
conectividad terrestre entre regiones por vías como la Troncal de la Paz
permiten el tránsito de mercancías y, por tanto, dinamiza, la economía
de la región, al mismo tiempo que tales condiciones son aprovechadas por
las organizaciones al margen de la ley para las actividades ilícitas,
especialmente, el tráfico de drogas (Marín y Santos, 2014).
Tabla 1. Número de víctimas registradas en la subregión Bajo Cauca
Antioqueño. Por municipio
Municipio
Nº de personas víctimas
Caucasia
28.148
El Bagre
19.986
Tarazá
14.953
Ituango
12.986
Nechí
10.242
Cáceres
10.209
Segovia
8.527
Zaragoza
7.642
Remedios
6.935
Anorí
6.560
Valdivia
6.362
Briceño
2.653
Total
135.203
Fuente: elaboración propia.
El carácter estratégico de la ubicación del municipio de Cáceres y en
general del Bajo Cauca, ha significado para las organizaciones
guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
—FARC—, Ejército de Liberación Nacional —ELN—, Autodefensas Unidas de
Colombia —AUC— y, ahora, las bandas criminales —bacrim—, una zona para
el enriquecimiento, refugio y avanzada de su aparato militar. El
resultado es una disputa entre dichas organizaciones y grupos por el
control de los territorios.
Esta confrontación ha generado una enorme cantidad de víctimas
civiles, especialmente, víctimas de desplazamiento forzado en las
modalidades individual, familiar o colectivo. Durante los periodos
1996-1997, 2010-2011 y 2018 aumentaron de manera significativa el número
de víctimas en el municipio de Cáceres. En otras palabras, el
crecimiento de las cifras son el resultado de hechos específicos: la
expansión del proyecto paramilitar, el establecimiento de estos grupos
en el territorio y la firma del Acuerdo de Paz de 2016 que facilita la
llegada de otros actores como bandas criminales, ELN y disidencias de
las FARC (Restrepo et al., 2018; Pino y Sánchez, 2017).
En el fenómeno de desplazamiento forzado convergen múltiples
situaciones y hechos violatorios del sistema internacional de derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. En efecto, las víctimas
de desplazamiento forzado ven menoscabados sus derechos fundamentales a
la vida digna, la integridad física, psíquica y moral, la libertad y
seguridad personal, la libertad de residencia, permanencia y
circulación, la salud, la vivienda, la propiedad, entre otros (Delgado,
2015; Pérez et al., 2019). De esta manera, el desplazamiento
forzado siempre estará conexo con otro tipo de delitos y violaciones de
los derechos humanos.
Muy conexo al desplazamiento forzado, se encuentra el abandono y
despojo forzado de tierras. En el municipio de Cáceres se registra
21.447 víctimas de desplazamiento forzado y 33 casos de abandono o
despojo de tierras según la RNI de la Unidad de Víctimas (2021), aunque
el DNP (2021) indica 101 casos hasta el 2020. La gravedad del
desplazamiento forzado en Cáceres es tal, que el enfrentamiento entre el
ELN y las Autodefensas en un periodo de dos años generó el abandono casi
total de veredas como Las Mojosas, Los Conchos, Las Frías y San Marcos;
pasando de tener una población aproximada de 3.500 habitantes en 1995 a
700 en 1997 tras el posicionamiento de las AUC. La situación se tornó
más crítica cuando se presentaron los enfrentamientos entre
paramilitares y las FARC desde el año 2000. En este periodo se vieron
obligadas a abandonar sus territorios unas 17.258 personas (Defensoría
del Pueblo, 2018).
Las víctimas de despojo o abandono forzado tienen derecho no solo a
la restitución de sus tierras, además, a todo el conjunto de derechos y
medidas reconocidas en un marco normativo internacional (Naciones
Unidas, 1998; Naciones Unidas, 2005) —conforme a los compromisos del
Estado colombiano por la ratificación de instrumentos internacionales—,
así como a los derechos y garantías dispuestos en el ordenamiento
jurídico interno mediante la Ley 1448 (2011) —también denominada Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras—: derecho a la verdad (art. 23),
derecho a la justicia (art. 24) y derecho a la reparación integral (art.
25). Esta reparación integral conforme a la norma debe ser “adecuada,
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño sufrido [y]
comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica”.
Como respuesta a estas exigencias, en el municipio de Cáceres se han
formulado cinco planes para atender a las víctimas en correspondencia
con la Ley 1448: 1. Plan de contingencia. 2. Plan integral de prevención
y protección. 3. Plan de retornos y reubicaciones. 4. Plan integral
contra minas antipersonal y 5. Plan de acción territorial. Sin embargo,
estos se encuentran desactualizados y tienen poco avance en su
implementación. Resulta pertinente señalar que el Plan de retornos y
reubicaciones es acompañado por el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a Víctimas, aunque no se ha conseguido materializar
la restitución y retorno a los territorios de algunas víctimas, incluso
en casos donde existe sentencia judicial desde el año 2015 (Alcaldía de
Cáceres, 2020).
El propósito de este artículo es describir el proceso de restitución
de tierras desde las percepciones elaboradas por víctimas y funcionarios
de la Unidad de Restitución de Tierras —URT— teniendo como contexto el
municipio de Cáceres (Colombia). Es menester señalar que la restitución
de tierras debe entenderse en el marco de la reparación integral, la
cual desde el ámbito jurídico impone la obligación, una vez se ha
producido un daño que ha afectado a una persona o colectivo en sus
dimensiones material, corporal, social o sentimental, de devolver a los
afectados a la situación previa al suceso causante del daño, o en su
defecto, compensar a la víctima con un equivalente pecuniario.
Desde la Ley 387 de 1997 el Estado colombiano ha reconocido no solo
el daño causado a tales víctimas sino también su derecho a la
reparación, resumida en el artículo 2 cuando se afirma: “El desplazado
forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen”. Sin embargo, no
fue sino a partir de la Ley 1448 de 2011 cuando dicho derecho adquiere
la connotación de “integral”. La reparación integral, definida como un
derecho fundamental para cuya garantía concurre la reparación judicial y
administrativa, pertinente en contextos de violaciones masivas a los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario que incluyen un
extenso universo de víctimas, articula la indemnización con las medidas
de satisfacción, rehabilitación y las garantías de no repetición, y
encuentra en la restitución de tierras, en los términos de la Ley 1448,
el mecanismo privilegiado para restablecer a la víctima a la situación
anterior a la ocurrencia del daño (Corte Constitucional, 2013).
Como derecho fundamental, la restitución de tierras es una respuesta
tardía a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos,
prácticas que tuvieron como eje central el desplazamiento y el despojo
de las tierras. Dada la relevancia que tienen los territorios para las
víctimas, jurídicamente se reconoce la restitución como un componente
preferencial y principal de la exigencia de reparar integralmente, por
lo que se religa con otros derechos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional e internacional —justicia, reparación, verdad y no
repetición— (Corte Constitucional, 2024). La notabilidad que ha venido
adquiriendo la restitución, amplía, por tanto, el deber del Estado para
que realice las acciones suficientes para que la víctima sea devuelta a
su situación anterior (Corte Constitucional, 2022).
2. Metodología
Corresponde a un estudio cualitativo de nivel descriptivo enmarcada
en el tejido lógico del paradigma interpretativo-hermenéutico (Martínez,
2017; Vasco, 1990). La tarea inductiva del investigador implica una
apertura a la emergencia de la información recolectada desde las
narrativas que envuelven sentires, significados y percepciones de los
sujetos. Frente a ello, el investigador devela las relaciones
manifiestas entre los elementos asociados al fenómeno, procurando la
búsqueda de la unidad de análisis. En otras palabras, no se estudian por
separado los elementos, sino las relaciones entre estos para reconocer
la estructura dinámica del fenómeno estudiado para dar cuenta de su
comportamiento y manifestaciones (Martínez, 2014; Martínez, 2017).
Apoyado en el “análisis de discurso”, un método de naturaleza
hermenéutica que tiene por objeto el rastreo de sentidos y significados
de textos orales o escritos (Martínez, 2017), se realizaron entrevistas
semiestructuradas a 25 personas: (a) 20 víctimas de desplazamiento
forzado del municipio de Cáceres con reconocimiento del derecho de
restitución de tierras en sede judicial, y (b) 5 funcionarios de
distintas entidades encargadas de operacionalizar las normas sobre la
restitución de tierras, incluyendo representantes de la URT Córdoba. Al
primer grupo se le aplicó un guion integrado por 13 preguntas, mientras
que al segundo un instrumento compuesto por 16 preguntas, aunque se
agregaron otros ítems a medida que se adelantaron los encuentros. Los
instrumentos fueron validados a través del juicio de expertos con la
participación de cuatro personas con experiencia en el campo del
derecho, la investigación científica y en temas conexos con el objeto de
esta investigación.
Los datos recolectados fueron analizados a través de un proceso de
codificación y categorización. De los textos recolectados en las
entrevistas, se seleccionaron unidades textuales que sirvieron de base
para la generación de códigos cualitativos que evidencian la
interpretación de los investigadores sobre los mismos. La codificación
se realizó a través de tres niveles: codificación abierta, codificación
axial y categorización selectiva o inductiva. En el caso de las
entrevistas, los datos producto del ejercicio de saturación se
sometieron al tratamiento de información a través del software
ATLAS.ti con el propósito de verificar recurrencias y densidades.
Se consideraron en la investigación diferentes aspectos éticos como:
originalidad, no plagio y debida citación, confidencialidad y anonimato
de los participantes —la mayoría de ellos en condiciones de
vulnerabilidad social—, consentimiento informado, relevancia social de
la investigación, respeto de los derechos fundamentales de los
participantes, validez y confiabilidad de los instrumentos, devolución
de los hallazgos, respeto por los derechos fundamentales de los
participantes, entre otros.
3. Resultados y discusión
Los hallazgos del estudio se presentan en tres secciones: las dos
primeras (3.1 y 3.2) corresponden a los resultados producto de las
entrevistas a víctimas del conflicto armado, y el tercer apartado (3.3)
está centrado en las entrevistas aplicadas a funcionarios de entidades
del Estado.
3.1.
Entre las violencias y la resiliencia. El conflicto armado y el
desplazamiento forzado como fenómeno complejo objetivo y subjetivo
La primera red semántica “Experiencias en el marco del conflicto
armado”, esquematizada en la figura
1, evidencia las voces y los recuerdos de las víctimas asociados al
desarrollo del conflicto armado en el territorio, más allá del análisis
conceptual y estadístico, situándose en sus sentires, significados,
símbolos otorgados y representaciones.
Figura 1. Red semántica “Experiencia en el marco del conflicto
armado”
Fuente: elaboración propia.
La red semántica se encuentra religada con ocho códigos axiales. El
primero de estos hace referencia a la violencia sobre la población. El
significativo número de códigos abiertos en esta red da cuenta, por un
lado, de las relaciones que encarna el desplazamiento forzado y el
despojo/abandono forzado de tierras como fenómeno multicausal y
multidimensional (Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—,
2018), y por otra parte, de la violación sistemática de los derechos
humanos y las normas del derecho internacional humanitario tal como se
describe en la literatura (Becerra, 2012; Internal Displacement
Monitoring Centre —IDMC— y Norwegian Refugee Council —NRC—, 2013; CIDH,
2018).
La violencia contextualizada en las dinámicas del conflicto armado
adquiere variados significados para las víctimas: vivir entre amenazas,
pedir permisos para volver al territorio o trabajar, la destrucción de
los bienes, la pérdida de las cosechas, las noticias de los asesinatos
con sevicia, el terror de quedar en medio de los enfrentamientos, y por
último, el abandono de la tierra y el desplazamiento con todo lo que
ello acarrea —pobreza, inequidad, vulneración social, riesgos, daños y
perjuicios—. Un aspecto clave de esta sección de la red es que uno de
los códigos de mayor recurrencia es la revictimización con más de un
desplazamiento.
Además, se identifican riesgos percibidos que aumentan la
potencialidad de ocurrencia de un hecho victimizante: ser líder social,
pertenecer a organizaciones de víctimas, la exigencia de la garantía de
derechos en instancias administrativas y judiciales, estar acompañado de
la fuerza pública o realizar actos coaccionados por otros grupos u
organizaciones. Aún con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz de
2016, se sigue viviendo un cierto temor:
Se respira como esa tranquilidad, pero el año pasado en el 2020
también me tocó volver a salir a mí. En mayo estando aquí en el pueblo
con mi hija, la del medio, le tocó irse y está en Medellín por amenaza,
porque ella hacía parte de la mesa de víctimas municipal de Cáceres, [y
a] esa misma pertenezco yo. Yo soy más que todo líder de la vereda, una
asociación de víctimas, ASOVIANARÁ, Asociación de Víctimas de Anará
(PV-004-220).
Conexo a las violaciones de los derechos humanos, se encuentran los
códigos “grupos armados” y “bandas criminales: bacrim”. Aunque las
bacrim no son reconocidas como grupos armados al margen de la ley por la
normatividad jurídica, la violencia que continua en el territorio
potencia la idea de que el accionar de estos grupos es una extensión del
conflicto armado. En efecto, los participantes identifican como grupos
armados al ELN, las FARC, Los Gaitanistas, las AUC y el ELN, y respecto
de ellos, señalan que hubo transformación de algunos de los miembros de
estos actores en organizaciones como Los Rastrojos, Los Paisas, el Clan
del Golfo, Los Caparros, Las Águilas Negras, entre otros:
Cuando nosotros salimos la primerita vez, fue porque allá había coca,
ellos se estaban disputando el territorio por la coca, ahorita estamos
en lo de restitución y siempre ha habido ese conflicto, porque estaban
Los Caparros, ahorita entró el Clan del Golfo, hubo mucha muerte, hubo
mucho desplazamiento, la vereda quedó casi, mejor dicho, sola. Los que
estamos, entramos y salimos (PV-004-230).
El código axial “Dinámicas del conflicto armado” muestra las
características particulares del conflicto: control territorial como
estrategia económica, siembra de coca, disputas entre actores armados y
bandas criminales, división del territorio por parte de actores para su
control, violación sistematizada de DD. HH. y DIH, y despojos asociados,
principalmente, a la actividad paramilitar. Frente a unas realidades tan
complejas configuradas desde la experiencia del conflicto armado,
resulta lógico que se identifique un conjunto de elementos simbólicos
asociados al desplazamiento forzado y el despojo/abandono de tierras.
Estos símbolos retratan el drama de las víctimas: salir a pie, dejarlo
todo atrás y perderlo, abandonar nuestra tierra, esconderse para no ser
encontrado, huir en colectivo y sin rumbo, regresar y no encontrar
nada:
Todo, todo, nosotros tuvimos que dejar todo porque imagínese, los
animalitos los dejamos solos, todo tirado imagínese, uno ahí pierde
todo, cuando entramos, entramos y ya pues con las manos vacías, porque
ni siquiera en el municipio nos dijeron “tomen y lleven estos”, si no
nada con las manos vacías nos fuimos otra vez como dije yo con una rula
y a comenzar de cero otra vez (PV-006-313).
A estos elementos significativos de naturaleza simbólica se debe
agregar el lugar relevante que tiene la tierra y el territorio en la
existencia de las víctimas rurales (Vargas, 2024). Ellos mantienen una
conexión particular, dinámica e interactiva con el medio que habitan: el
campo. Al quebrantar esta relación territorial y obligárseles a un
desplazamiento hacia zonas urbanas, las víctimas pierden más que los
bienes materiales y se les impulsa a un destino lleno de incertidumbre y
de nuevas formas de victimización (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2015). Como bien lo describe Villa: “desplazamiento forzado en Colombia:
ni derecho a quedarse, ni derecho a marcharse” (Villa, 2006: 15).
La experiencia del conflicto armado también está atravesada por el
componente emocional que subyace del drama, manifestándose en graves
efectos psíquicos y morales. Algunos de los códigos recurrentes en la
red son la angustia familiar, la fragmentación familiar, el terror por
las sentencias de muerte, el temor permanente por el riesgo, entre
otros. Los estudios muestran que las familias desplazadas sufren de
graves afectaciones sobre la salud mental, por ejemplo, el trastorno por
estrés postraumático, el trastorno bipolar, la depresión, la ideación
suicida, entre otros (Andrade, 2011; Andrade et al., 2016).
La red semántica de la figura
2, aunque se refiere a las percepciones que tienen los participantes
del desplazamiento forzado, debe ser tomada también como una extensión
complementaria de la red semántica de la figura 3. Tres códigos axiales se desprenden de
la categoría inductiva. El primero de estos es “dificultades”,
relacionado con situaciones particulares propias de la experiencia del
desplazamiento: retrata las vulnerabilidades y los riesgos a las que se
ven sometidas las víctimas cuando llegan a nuevos territorios sin medios
materiales que atentan contra el mínimo vital.
Figura 2. Red semántica “Experiencia en el desplazamiento
forzado”
Fuente: elaboración propia.
En ausencia del Estado y con medidas judiciales poco efectivas,
reconstruyen unos modus vivendi en el exilio que pueden,
nuevamente, ser interrumpidos —en casos de revictimización— por la
intimidación de grupos armados. Como lo indica López (2005:1): “[los
desplazados son] arrojados a un entorno social nuevo, sin medios
materiales para sustentar su vida en los términos conocidos y agobiadas
por el trauma sufrido, el presente y futuro se tornaron inciertos”. Si
bien la ausencia del Estado es notoria en los primeros tiempos o
periodos del desplazamiento, los participantes destacan la colaboración
de actores institucionales no gubernamentales como las Naciones Unidas,
especialmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados —ACNUR—.
También bajo el código axial “resiliencia” se identifican otros
actores que sirven como redes de apoyo para los desplazados como
familiares, amigos y vecinos. La resiliencia entendida como la capacidad
que tiene el ser humano para recuperarse frente a los eventos adversos y
soportar situaciones traumáticas en procesos de transición donde
convergen creativamente recursos personales y sociales (López, 2005;
Domínguez y Godín, 2007; Galindo y Mateus, 2017).
Ante la ausencia de las instituciones del Estado, la resiliencia es
una alternativa para las víctimas. Por ello, este código axial está
integrado por códigos abiertos como redes de información entre miembros
de la comunidad, permanecer en el territorio pese al riesgo, el impulso
a resistir la violencia, querer volver —o en algunos casos retornar— y
el autorreconocimiento como víctimas y sujetos de derecho. Las
comunidades víctimas del conflicto armado muestran capacidades de
respuesta cuando de organizan y establecen estrategias para el
empoderamiento, la lucha de sus derechos, el apoyo mutuo, la mejora de
sus condiciones de vida y el aumento de la seguridad colectiva.
3.2.
Restitución para el retorno: la sentencia no implica la reparación
transformadora y el retorno no es reflejo de la sentencia
La figura 3 corresponde a la
red semántica “experiencia de la restitución”. Asociado a la categoría
central de la presente investigación —medidas de la restitución de
tierras—, la categoría inductiva en mención se enriquece con doce (12)
códigos axiales y cuarenta (40) códigos abiertos. Con el primer código
axial “Proceso judicial: obtener la sentencia”, se reconoce que las
víctimas de despojo o abandono forzado de tierras no conocen muy bien de
las acciones dispuestas dentro de la ley para la reparación integral,
incluyendo las medidas de restitución. Muchos encuentran en los grupos
interdisciplinarios de la URT que visitan zonas rurales apartadas el
primer tipo de formación y capacitación en materia de derechos,
garantías y mecanismos de protección (Sánchez y Naranjo, 2023).
Aunque las URT juegan un papel fundamental en el acompañamiento de
las víctimas, lo cierto es que su capacidad es excedida por los retos de
la restitución en un país con cifras alarmantes de despojo y abandono de
tierras. En el 2019 —y para los próximos años— se estimaba la
restitución aproximada de 10 millones de hectáreas (DeJusticia, 2019).
Pero de esta meta, apenas 340.000 hectáreas habían sido objeto de
sentencia en la etapa judicial, lo que representaba el 15% de avance de
la política (Mojica y Salamanca, 2019). Cinco años después, el panorama
no es mejor: tan solo 708.000 hectáreas han sido restituidas (URT,
2025), a lo que se debe sumar la continuidad del conflicto armado con el
respectivo incremento de víctimas.
Figura 3. Red semántica “Experiencia de la restitución”
Fuente: elaboración propia.
Aunque los participantes del estudio perciben que no hay tramitología
excesiva para la solicitud de restitución, bastando la declaración sobre
los hechos ocurridos, la primera gran dificultad de la política es el
desbordado número de casos que se reciben y tramitan en las diferentes
fases del proceso: solicitud, etapa administrativa y etapa judicial. El
acompañamiento de los funcionarios de la URT se valora positivamente
entre las víctimas, y estos son elementos de subjetividad que
contribuyen al desarrollo de la política (González y Güell, 2012). Por
ello, el código axial “Acceso: procedimientos previos”, asocia conceptos
que dan muestra de estas percepciones positivas en las tareas previas a
la etapa judicial.
Las acciones de microfocalización que realiza la URT no solo se
extienden a la capacitación e información de los actores, además,
incluyen la recaudación de los primeros documentos requeridos que son
base del proceso judicial. Esto implica acompañamiento, asesoría y
colaboración, lo que significa satisfacción entre los entrevistados:
Yo hice la solicitud de restitución en el 2013, y en el 2013 la
Unidad de Restitución de Tierras hizo una reunión en la vereda Anara
donde estuvo brindando todos los proyectos para las víctimas del
desplazamiento forzado y ahí donde tuvimos la oportunidad de incluirnos
en el proyecto de restitución (PV-002-92).
Llegó “Forjando Futuro”, y eso nos dio una papelería y eso se quedó
ahí quieto. Más tarde apareció restitución de tierra. Bueno, ya tomamos
las mismas medidas que habíamos tomado con “Forjando Futuro”, y luego ya
esta vez sí se dio el programa, es muy bueno, agradeciéndole mucho
porque el programa pues hasta ahora ha sido excelente, es muy bueno
(PV-003-145).
Durante la solicitud y la etapa administrativa, otros actores
públicos y no públicos se identifican dentro de los discursos de las
víctimas participantes. Adicional a la URT, destacan
instituciones/entidades como la alcaldía, los juzgados de restitución de
tierras, la personería municipal, el Ejército nacional y los abogados
que hacen parte de la URT. En el terreno no público, destacan la labor
de las fundaciones, la Cruz Roja, la Pastoral y varias organizaciones de
la sociedad civil. Así, se observa un acercamiento entre los sectores
público y social en la tarea de afrontar los retos propios de la
restitución (Orozco et al., 2021). Por ello, se destaca como
producto del tratamiento de los datos, el nivel de recurrencia similar
entre los códigos “actores institucionales públicos de apoyo” y “actores
institucionales no públicos de apoyo”.
La etapa judicial, proceso que puede demorar varios años, transforma
las percepciones de las víctimas. La eficiencia propia de la etapa
administrativa que le aporta a la efectividad al sistema de restitución
se ve limitada con las demoras dentro de los procesos judiciales y las
dificultades que se presentan durante el retorno. Incluso, al proceso
pueden vincularse personas que la ley reconoce como “segundos
ocupantes”, quienes acreditando la buena fe exenta de culpa, una buena
fe calificada —difícil de demostrar con elementos probatorios—, reciben
una compensación (Martínez, 2019; Imbett, 2015).
La tabla 2 muestra las
medidas otorgadas en sentencias de restitución de tierras conforme a las
narrativas de los entrevistados, así como la percepción elaborada sobre
su cumplimiento. Aunque se ordena la restitución material y jurídica del
predio, en la práctica se evidencian dificultades porque las condiciones
materiales para el retorno no son óptimas. En esto influye las
limitaciones para otorgar una vivienda digna conforme a lo ordenado en
la sentencia. En cuanto a los proyectos productivos y la seguridad, si
bien se observa cumplimiento en estos, surgen críticas a los mismos por
su poco alcance. El resto de las medidas se perciben cumplidas: las
capacitaciones y educación, los servicios de salud y los estudios de
propiedad.
Tabla 2. Medidas otorgadas en sentencias y percepciones de cumplimiento
Medidas otorgadas en sentencias
Medidas con cumplimiento
Restitución material y jurídica de la tierra
Vivienda digna
Capacitación y educación
Protección del derecho a la salud
Estudios de la propiedad
Proyectos productivos
Medidas de protección y seguridad
Parcial – entrega de escrituras públicas
No
Sí
Sí
Sí
Sí – con limitaciones
Sí – con limitaciones
Fuente: elaboración propia.
Por último, la figura 4
describe la “experiencia del retorno”, red semántica integrada por
catorce (14) códigos axiales y 76 códigos abiertos. Se resalta el papel
de actores estatales y no gubernamentales durante el retorno: la
alcaldía, la personería municipal, las brigadas de salud, el Servicio
Nacional de Aprendizaje —SENA— y la URT. En el tema de proyectos
productivos, trabajan de manera conjunta la alcaldía, la URT y el SENA.
Por ejemplo, el entrevistado PV-002 informa del proyecto productivo que
adelanta en apicultura, donde la URT y la alcaldía disponen recursos y
medios para su materialización, mientras que el SENA brinda el
acompañamiento formativo y la capacitación:
Está muy bueno. Me gusta tener la verificación en abeja para uno
desarrollar un poco más la economía un poquito más porque a nosotros nos
sirve mucho porque somos del campo. Este proyecto está conformado por
restitución y por la alcaldía y por la buena coordinación de tierra. A
nosotros nos van a entregar todos los materiales para, para la, para el
proceso desde las abejas y nos van a entregar a las abejas (PV-002-115,
117, 118).
Las brigadas de salud se convierten en estrategias para llevar los
servicios sanitarios a los territorios más apartados y es percibido como
un elemento positivo entre los entrevistados. ACNUR también participa
con este tipo de estrategias. En el caso de la personería municipal y la
URT, se disponen de rutas de atención a la población y se brindan
capacitaciones con fines de empoderamiento de las comunidades. Así lo
retrata una de las participantes:
Por parte de la personería también han inculcado mucho eso. También
hemos tenido lo de las rutas para las mujeres, donde podemos estar,
donde podemos llamar, acudir en caso de alguna cosa que nos suceda, por
protección de víctimas del mismo conflicto familiar, todas esas cosas
nos las han dado a conocer, nosotros hemos tenido mucha capacitación en
eso sí (PV-004-268).
Frente al retorno, en general, los entrevistados perciben de manera
positiva la experiencia. Por la posibilidad de regresar a sus predios,
sienten que hay una mejora en la calidad de vida porque esta perspectiva
se encuentra ligada de manera directa con la tenencia y el disfrute de
la tierra. También resaltan la coherencia de los proyectos productivos
con los saberes, las prácticas y las tradiciones, el empoderamiento a
partir del conocimiento formado sobre los derechos fundamentales que le
asisten —autopercepción de ser sujetos de derecho—, y el desarrollo de
las capacidades para la exigencia de los derechos en escenarios públicos
e institucionales:
No, mi calidad de vida, gracias a mi Dios y a las instituciones que
siempre me han ayudado mucho mi calidad de vida es distinta a como
estaba de primero (PV-001-56).
No, yo siento que, por ejemplo, yo en mi tierra me siento porque de
todas maneras es un derecho que yo me siento muy agradecido porque ahí,
en ese pedacito de tierra, acabe yo de levantar mi familia y esa ha sido
mi labor. De que yo toda mi vida, mi labor siempre ha sido labrar la
tierra, habrá, por ejemplo, partes que le suceden, que aquí hay casos
que le sucederán casos y de todas maneras no es a mí solo, sino que de
eso no tiene la culpa nadie. Pero de todas maneras a veces por nosotros
mismos y por la gente también que nos dejamos (PV-002-115).
Pero también es importante destacar que las demoras en los procesos,
la inseguridad de algunas zonas donde hace presencia otros grupos
armados y el incumplimiento de algunas medidas impulsa la construcción
de percepciones negativas en algunos participantes, lo que sugiere la
especificidad de cada caso con sus características particulares,
potencialidades y limitaciones propias:
Yo me siento que ha sido muy lento, por una parte, insegura también
porque uno a veces no, o sea, por medio de lo que ha pasado uno no
siente tranquilidad. Eso le he dicho mucho a mis compañeros de
comunidad, yo les digo “qué rico que hubiera una restitución”, que en
realidad uno dijera “ay qué feliz me siento” (PV-004-263).
Figura 4. Red semántica “Experiencia del retorno”
Fuente: elaboración propia.
En este orden, hay un componente emocional que surge como código
axial. Se trata de experiencias emocionales positivas por la
(re)configuración de una conexión particular que se tiene con la tierra
y que lleva a la gratitud de los participantes frente a la política de
restitución. En medio de ello, resalta el objetivo principal de las
víctimas: la estabilidad y sostenibilidad económica, y la seguridad
alimentaria.
Ya le dieron sus vaquitas, están sacando queso, están sacando leche
pues pa’ vender por ahí, ¿con eso se va sosteniendo cierto? Por ejemplo,
mi persona, nosotros más que todo es lo de pollo gallina huevo, o sea,
uno se va dando con qué vivir, mejorar su calidad de vida con lo que
puede trabajar (PV-004-273).
Por otra parte, cabe señalar que no se experimenta una tranquilidad
plena por el miedo a sufrir nuevas violencias, elementos que son comunes
entre las personas que han vivido experiencias traumáticas como lo es un
conflicto armado, máxime si este tiene continuidad pese a los esfuerzos
de un acuerdo de paz. En ese sentido, las limitaciones son normales en
los procesos de postconflicto o construcción de paz, y por ello, no es
extraño que se identifiquen cuatro tipos de limitaciones en la fase
posterior a la etapa judicial que merecen ser consideradas:
Limitaciones al retorno: la lenta acción del Estado para el
cumplimiento de la indemnización económica incide en las expectativas
sobre los proyectos productivos. Los derechos económicos y sociales se
encuentran limitados a la disponibilidad de los recursos, y en Colombia
con el alto número de víctimas, se amenazan las finanzas públicas de la
nación. Algunos estudios sugieren que la reparación de las víctimas en
Colombia podría demorarse más de 100 años y superar los 240 billones de
pesos.
También es perentorio considerar la continuidad del conflicto armado
en el país, la dinámica cambiante de las violencias, la falta de
presencia del Estado en ciertos lugares, el elemento emocional —miedo,
intranquilidad, temor permanente—, las escasas oportunidades laborales,
las amenazas o intimidación de segundos ocupantes en algunos casos,
entre otros:
Estoy aquí, asentado aquí en el municipio de Cáceres [porque mi
vivienda fue destruida por los actores armados]. Pero todos los días voy
a mi finca y trabajo mi finca porque ya tengo lo que se llama ya lo
relacionado con la restitución. Tengo ya lo que es pasto y tengo comida
sembrada de plátano, maíz y todo eso (PV-001-3).
Bueno. Esa decisión por el momento hay un factor el orden público, la
mayoría, la mayoría de no, pero si mucho viven allá, pero yo no, claro
estoy pensando en hacerlo, pero mirando bien pero que uno de los
obstáculos es el orden público (PV-005-301).
Limitaciones a las garantías de no repetición: para muchos
aún no es posible un retorno seguro considerando la continuidad del
conflicto armado y la presencia de actores armados. Esto sin duda se
convierte en un riesgo que aumenta las probabilidades de nuevas
victimizaciones:
Bueno de dificultades, muchas dificultades, pero gracias a Dios uno
se aferra en Dios y yo creo que las cosas como que van pasando van como
mejorando y uno como que se va haciendo ya al dolor y que, con riesgo y
con miedito porque de todas maneras esa gente no deja de estar por ahí,
entonces, pero lógico no le dicen nada a uno ni nada, pero esa gente
siempre mantiene por ahí todavía (PV-003-180).
Limitaciones a los proyectos productivos: si bien el código
axial “Acceso proyecto productivo” muestra que hay una cierta eficiencia
en la entrega de medios, recursos y ayudas a las víctimas como parte de
la reparación colectiva o individual; hay varios aspectos que pueden ser
considerados como limitaciones o insatisfacciones. Un primer punto es la
poca variedad de los proyectos —códigos: gallinas, semillas, apicultura,
vacas y producción de leche— que, si bien están en coherencia con los
saberes y prácticas productivas y económicas de las víctimas, podrían
orientarse a otros de mayor valor agregado: “pongamos que adicionales
más proyectos productivos. Sí, sí, sí. Más variedad y una variedad de
proyectos productivos” (PV-002-136).
Además, la lógica neoliberal y la incapacidad para pensarse en escala
integral los proyectos productivos tensionan el éxito o la continuidad a
largo plazo de los mismos. La falta de estrategias para la
comercialización, la falta de acciones para acceder al mercado, las
condiciones de infraestructura y vías, la competencia, las dinámicas de
oferta y demanda, entre otros, son componentes sobre los que se debe
pensar los proyectos productivos.
Por último, la fragmentación de las medidas y los tiempos constituye
una limitación, esto es, sentir que la ayuda llega graneada,
como se dice en el argot popular. Además, la pandemia del covid-19 se
convirtió en una limitación para el desarrollo y ejecución de los
proyectos productivos:
Sería eso, que venga completo, todo completico que, si dura un año
que sea completo y que, si dura dos años que sea completo después del
fallo, que no quede nada como pendiente y que la persona se sienta
satisfecha, pero que uno ahora y que dentro de cinco años es que lo van
a llamar a uno a darle una casita, a veces ya ni la persona existe, que
uno no tiene la vida comprada, ¿si me entiende? (PV-004-277).
Yo creo que este es el principal, yo creo que lo otro es que a
nosotros nos dijeron que nos iban a dar unas capacitaciones para la
unidad, pero la unidad el área administrativa, nosotros no la hemos
visto. Por ejemplo, que toca trabajar la tierra, ese tipo de cosas así,
ello le dice a uno de reunión y nos dijeron eso y nada no aparecen, por
ejemplo, la vivienda en este momento era pa enero y nunca han llamado,
eso viene con vivienda y no sé si estaré equivocado este año finaliza, y
yo creo se van a quedar muchas personas sin su proyecto, por la demora
mucha demora ahorita la cosa de la pandemia, pero la antes de la
pandemia fueron dos años (PV-005-305).
Limitaciones para la integración socioeconómica: referidas a
la falta de vías de comunicación, las condiciones deplorables para el
acceso al área, y el ser mujer. Las dos primeras son fundamentales para
una integración social y económica efectiva:
Por eso, porque no hay en que sacar nada, no entra carro porque
imagínese cómo van entrar por esa carretera, eso no sirve, eso está todo
desbaratado. Las motos son y se ven apuradas, entonces cómo hace uno
para sacar una yuca, un plátano de allá, una piña, lo que hay que
sacarlas es a hombro. Acá la carretera es como una hora de camino a pie,
entonces no le da a uno para sacar un producto que vamos a vender este
bulto de yuca al hombro, ¿cómo va a sacarlo uno al hombro? Por allá no
entra carro; no entra nada porque la carretera no sirve
(PV-003-213).
Ahora bien, también se devela un código que muestra la posible
limitación a las mujeres víctimas a los procesos de participación
comunitaria, y por tanto, una dificultad en materia de integración
social. El enfoque de género y la sexualidad ha sido una perspectiva
también empleada para el análisis del proceso de restitución de tierras
y la reparación integral (Lazala, 2022; Duque, 2023; Ruiz, 2024), y
aunque de manera incipiente, la literatura muestra que se han
posicionado narrativas y prácticas con desconocimiento de la experiencia
de las mujeres víctimas y de otras personas con identidades de género
diversas:
Usted sabe que de todas formas en los territorios siempre hay esos
grupos y uno tiene que caminar a veces como ellos digan, entonces uno
como que si siente mal, eh claro, las mujeres porque… pero no de todas
formas uno pasa todas esas cosas (PV-004-251).
Por último, la red semántica de la figura 4 da cuenta de los códigos axiales
“Espacios de participación” y “Resiliencia”, ambos complementarios y
vinculados con otros códigos axiales —por ejemplo, lo relacionado con la
integración socioeconómica—. En espacios de participación se reconoce
algunas instancias que son significativas, por ejemplo, las juntas
comunales, la mesa municipal de víctimas, los proyectos gestionados por
ACNUR, las agrupaciones de mujeres, las reuniones comunitarias, entre
otros. Estos espacios tienen potenciales porque permiten: discutir y
organizar nuevos proyectos, tejer institucionalidad, aumentar la
confianza vecinal, tomar decisiones de interés colectivo, establecer
metas y planes estratégicos, formular acciones para mejorar la seguridad
de la comunidad y establecer redes de apoyo comunitario y con instancias
formales y no formales:
Así, sí claro, con la comunidad excelente, por ahí tenemos una junta
y ahí nos reunimos todos los primero y bueno, acordamos lo que se vaya a
trabajar, lo que se vaya a hacer y la comunidad. Si somos, pues los
pocos que nos hemos quedado porque también la violencia ha hecho ir
mucha gente de la vereda, los que han matado, han matado mucho y otras
personas que se han tenido que ir, familias enteras que se han tenido
que ir (PV-003-192).
Todos estos códigos sugieren la capacidad de las víctimas para
autoorganizarse y trabajar en conjunto frente a propósitos compartidos,
aunque ello no resta en la necesidad de una institucionalidad pública
fuerte que, además de tomar decisiones oportunas sobre puntos críticos
en el marco del retorno, puede aprovechar el papel protagónico que
tienen las víctimas para fomentar y adaptar procesos de reparación
integral.
3.3.
Perspectivas de funcionarios y la institucionalidad pública en el marco
del conflicto armado y la restitución de tierras
Los códigos que se religan en las redes semánticas de las figuras 5, 6 y 7 dan
cuenta de las percepciones elaboradas por funcionarios en relación con:
a) el conflicto armado y el desplazamiento forzado, b) el proceso de
restitución, y c) la experiencia del retorno. En total se identificaron
veinte (20) códigos axiales y 71 códigos abiertos. La primera de estas
redes muestra una visión más técnico-histórica respecto del conflicto,
una menos nutrida si se compara con la perspectiva fenomenológica de las
víctimas.
Los cinco códigos axiales que se desprenden de la categoría inductiva
explican que en el municipio de Cáceres y la subregión del Bajo Cauca
Antioqueño se ha potenciado las dinámicas del conflicto armado porque
corresponde a un territorio que, desde el punto de vista económico,
resulta estratégico por los recursos naturales, las rutas de conexión,
el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. En todo caso,
constituye un fenómeno complejo que ha tenido una evolución diferencial
al menos en tres momentos históricos: mediados de los años 90, comienzos
del 2000 y el periodo de postacuerdo.
Figura 5. Red semántica “Percepciones de funcionarios sobre el
conflicto armado”
Fuente: elaboración propia.
Desde una perspectiva histórica, se identifican las consecuencias más
significativas del conflicto armado: el terrorismo, los asesinatos
sistemáticos, el desplazamiento masivo, el abandono y despojo de
tierras, y el quiebre de las relaciones sociales, familiares y
territoriales. Aunque se reconoce la disminución de enfrentamientos con
la crudeza de tiempos anteriores, se hace énfasis en que coexiste con el
acuerdo, un conflicto armado que se dinamiza y transforma, dificultando
la construcción de un proceso de paz en lo local. Por otra parte, hay
una red semántica relacionada con el desplazamiento forzado que se
distancia particularmente de las víctimas. Se identifica solo un código
axial en esta categoría: “dificultades”. Identifican bajo este código el
choque de llegar a la ciudad, el aumento de la pobreza y el incremento
de la vulnerabilidad social desde una perspectiva del riesgo.
La figura 6 relaciona las
comprensiones que tienen los funcionarios en torno a la restitución. Al
igual que en las otras categorías, los códigos axiales y abiertos —9 y
32, respectivamente— reflejan una percepción más de tipo académica e
institucional, basada en resultados observables, contraria a la
subjetividad que reconstruyen las personas que viven la experiencia de
la violencia y la restitución. El código axial “procedimental
administrativo” indica que, en la etapa previa a la instancia judicial,
se busca el cumplimiento de tres objetivos a partir de la acción
interdisciplinaria presente en la microfocalización: a)
contextualización y sensibilización de las comunidades, b) asesoría,
acompañamiento y seguimiento de las víctimas y c) la resolución de
inclusión en el registro de tierras.
Se infiere, entonces, que hay rutas de acción muy claras y que se
cuenta con el personal idóneo en estos procesos, lo que lleva a la
eficiencia de la etapa siempre que exista un concepto favorable por
parte del Comité de Seguridad Local. En ese sentido, se presentan
víctimas que no han podido iniciar las primeras acciones que se enmarcan
en la microfocalización porque la situación de seguridad y orden público
impiden su desarrollo en el terreno. En el campo del proceso judicial,
se resalta que la meta es llegar a la sentencia a favor de la víctima
con el debido reconocimiento del derecho a la restitución material y
jurídica, y el otorgamiento de medidas de reparación y restitución.
Figura 6. Red semántica “Percepciones de funcionarios sobre el proceso
de restitución de tierras”
Fuente: elaboración propia.
Participan de manera dinámica actores públicos como la URT, los
Juzgados de Restitución de Tierras y los Comités de Seguridad Local. Se
desconoce el alcance e importancia que tiene para las víctimas los
actores no públicos o de la sociedad civil que se describieron a partir
de la red semántica de la figura
3. Otro punto clave de diferencia con las víctimas es que los
funcionarios identifican vacíos y limitaciones jurídicas. Destacan el
grave problema de los segundos ocupantes, quienes encuentran tanto en el
terreno administrativo como en el judicial serias dificultades para
probar la buena fe exenta de culpa: debilidades para ser notificados
debidamente, limitaciones para acceder a la información, escasos tiempos
para preparar una efectiva defensa, posible violación al derecho
constitucional y convencional del debido proceso. Sin duda, este es un
tema que merece una revisión desde el legislativo. Igualmente, se
muestra que hay debilidades en la política para la restitución material,
real y jurídica:
Mi recomendación es que a partir del gobierno de nivel central, a
nivel nacional tienen que haber unas políticas más fuertes con respecto
a seguridad y al orden público en la zona rural, porque esto es
fundamental para que se puedan intervenir los territorios y para que las
personas puedan tener condiciones de retorno y tranquilidad en la zona
donde están retornando, eso por una parte, el tema de seguridad, el tema
de vías, el tema de servicio públicos domiciliarios, me parece que son
fundamentales y que también a partir de la parte de la gobernación y
municipios que la oferta institucional realmente llegue a la zona rural,
porque a veces se queda muy en la parte urbana y la gente de la zona
rural no tiene casi oferta institucional (PV-007-74).
Por último, la figura 7
relacionada con la categoría “retorno” resalta que, en muchos casos,
como producto de un desplazamiento forzado que se reproduce en el tiempo
hasta el retorno efectivo, las víctimas pueden perder la relación
directa con la tierra. Para aquellos que deciden retornar, se
identifican dos actores gubernamentales de apoyo clave para esta etapa:
la URT y la Unidad de Víctimas. De nuevo, se desconocen otros actores no
públicos que apoyan a las víctimas y las organizaciones de la sociedad
civil que surgen de todas estas dinámicas.
Figura 7: Red semántica “Percepciones de funcionarios sobre el
retorno”
Fuente: elaboración propia.
La principal falla que se reconoce en esta etapa es el tema de
seguridad y prevención. Las autoridades locales, policía nacional y
Ejército nacional no logran dar respuesta a las necesidades de seguridad
de la población rural, por lo que puede inferirse procesos de
restitución y retorno diferenciales entre casos urbanos y rurales.
Igualmente, se destaca como parte de las debilidades muchas de las ya
expuestas por las víctimas participantes: la fragmentación de los
proyectos productivos, la falta de estrategias de prevención frente al
despojo y abandono, el abandono del Estado hacia la ruralidad y la débil
articulación y comunicación interinstitucional:
A mí me parece que le falta, le falta más articulación entre todas
las entidades que tienen que ver con las condiciones de las personas
allá en el territorio, las personas deben poder explotar sus proyectos
productivos más rápido, poder tener su vivienda más rápido, pero dentro
de lo que yo he visto es demasiado lento (PV-007-81).
4. Conclusiones
La restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado
del municipio de Cáceres —Antioquia— y su respectivo retorno se
caracteriza por un conjunto de limitaciones y dificultades de naturaleza
operativa que no se han logrado superar desde la entrada en vigencia de
la Ley 1448 en el 2011. Entendiendo que ningún proceso de justicia
transicional es perfecto (García-Giraldo et al., 2023), es
lógico observar que la reparación de los daños por el despojo encuentra
debilidades en etapas judiciales y posteriores (García et al.,
2023). Sería importante comparar los resultados del estudio con otras
investigaciones para identificar posibles diferencias en los procesos de
restitución y verificar si la actividad económica de los contextos
potencia mejores resultados, como lo sugiere Peralta (2022).
Sin desconocer los beneficios que ha traído la normatividad para el
caso estudiado (Orozco et al., 2021), es menester enfocarse en
aquellos aspectos donde es viable aumentar la efectividad del
ordenamiento jurídico y las políticas públicas respectivas (García
et al., 2024). Se exigen reformas en los temas de vivienda
digna, proyectos productivos y empleo. Además, se requieren estrategias
en lo financiero y la articulación institucional, la cooperación entre
entidades públicas y no públicas, y sinergias que involucren de manera
activa a la población víctima para que estos tengan un rol protagónico
apoyado desde la institucionalidad (Sánchez y Naranjo, 2023).
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