1. Introducción
El análisis de las políticas públicas se ha llevado a cabo de forma
mayoritaria desde los marcos teóricos y metodológicos de las ciencias de
la administración. Estas han estado dirigidas fundamentalmente al aseso
ramiento para la optimización de la toma de decisiones y el aumento de
la efectividad de las políticas (véase p. ej. Peters y Pierre, 2006;
Grau y Mateos, 2002). Sin embargo, precisamente por esta concepción
neutral de las políticas públicas, los conflictos que en ellas se dan
quedan reducidos a un ámbito puramente técnico y las relaciones de
poder, los intereses de las diferentes fuerzas sociales o las
orientaciones políticas quedan fuera de estos análisis. Existen, por
otro lado, otros enfoques en el ámbito de las ciencias políticas y de la
sociología que, al señalar los marcos comunicativos en los cuales se
definen los problemas que las políticas públicas deben solucionar, sí
ponen en cuestión la neutralidad de estas (véase Greven, 2008). Sin
embargo, tienden a desligarlas de los conflictos que penetran la
sociedad en su conjunto y que se materializan en las diferentes
estructuras e instituciones sociales.
Por otra parte, la crítica al análisis de políticas públicas desde
una perspectiva más sensible a las relaciones de dominación sistémicas
en el ámbito de la reproducción social ha venido en muchas ocasiones de
la mano de un desinterés hacia estos procesos políticos concretos en el
seno del Estado y de las instituciones públicas (véase p. ej. Agnoli,
2012: 35). Esta falta de interés está en este caso relacionada con un
enfoque funcionalista del Estado: la actuación estatal (en toda su
variedad) se tomaría como dirigida unívocamente al mantenimiento de la
(conflictiva) reproducción social (Brand, 2013: 426). Frente a esta
asunción determinista, la teoría materialista del Estado desarrollada
por Nicos Poulantzas señala que, es precisamente la materialidad y
especificidad del Estado como relación social, la que apuntala su
“autonomía relativa” respecto a las fuerzas sociales en una determinada
sociedad tomada en su conjunto (Poulantzas, 2005: 152s; véase sección
2). Desde esta perspectiva, los procesos y conflictos que se dan en el
interior del Estado dejan de entenderse como la ejecución de una
determinada receta para la reproducción social. Por el contrario, son
vistos como un escenario más de la lucha entre las diferentes fuerzas
sociales (ahora bien, un escenario específico y diferenciado del social
global) y son, por lo tanto, merecedoras de mayor atención por parte
del/ de la investigador/a.
El objetivo principal del análisis político materialista-histórico
(APMH en adelante) es explicar los procesos y conflictos específicos que
tienen lugar en el seno del Estado, poniéndolos en relación con una
sociedad penetrada por relaciones de poder que definen su forma de
reproducción. Existen publicaciones en castellano que adoptan enfoques
metodológicos cercanos teóricamente (p. ej. Álvarez Huwiler y Bonnet,
2017; Juste de Ancos, 2017). Sin embargo, consideramos que el APMH, tal
y como ha sido desarrollado por el grupo de investigación Proyecto
de Estado Europa (Staatsprojekt Europa (2014)) y
posteriormente enriquecido con nuevas aportaciones y que sobre todo en
el área germanohablante ya ha fundamentado diversos estudios empíricos
(p. e. Wissel, 2015; Georgi, 2016; Syrovatka, 2016; Caterina, 2019;
Boos, 2021; Schafgans Muñoz, 2022), puede ser de gran interés en el
ámbito hispanohablante en el que apenas ha tenido eco hasta la fecha.
Este tipo de análisis permitiría, por ejemplo, poner conflictos tan
concretos, como la aprobación en España de la Ley de Protección de la
Seguridad Ciudadana (4/2015) (ley mordaza en adelante) y
la oposición a esta, con procesos globales como el de la integración
europea de una forma no arbitraria, sino justificada metodológicamente.
El ejemplo de la “Ley Mordaza” hará las veces en este artículo de objeto
de investigación hipotético para ilustrar mejor la aplicación de la
metodología.
La intención del presente artículo es exponer, sintetizar y discutir
críticamente los distintos enfoques que la propuesta metodológica del
APMH ha desarrollado en los últimos años. También haremos referencia a
diferentes trabajos que han hecho uso de esta metodología en el proceso
de investigación y expondremos el corpus metodológico, desglosando las
diferentes fases del mismo, con el fin de facilitar su uso para la
investigación. El artículo está estructurado de la siguiente forma: En
primer lugar, presentamos la teoría materialista del Estado como la base
teórica del APMH. En segundo lugar, ahondaremos en el concepto de
proyecto de hegemonía como clave para la operacionalización en la
investigación de campo de la teoría materialista del Estado y
desgranaremos la estructura fundamental del APMH. Por último, haremos
una reflexión crítica sobre las oportunidades que esta metodología
ofrece y los límites que enfrenta.
2.
Aproximación a las teorías materialistas del Estado y de la
hegemonía
La teoría materialista del Estado no es en absoluto un corpus teórico
cerrado y uniforme, sino que abarca un gran número de enfoques
diferentes. Todos ellos tienen un denominador común: su vínculo con el
materialismo histórico desarrollado por Marx y con la crítica de la
economía política basada en él (Hirsch, 2005a: 15). Esta crítica
sostiene que las sociedades capitalistas, así como sus relaciones
específicas, son inherentemente contradictorias y tendentes a las
crisis. Ello se debe a que se fundamentan en determinaciones naturales y
en condiciones sociales que no son capaces de reproducir; por el
contrario, tienden incluso a destruirlas (Hirsch, 1995: 21; Brand et
al., 2021: 5). Partiendo de esta base, el papel central del Estado
es la
estabilización duradera del proceso de reproducción social, sin
afectar de forma significativa a las relaciones entre sus fuerzas
antagónicas (Buckel et al., 2014: 27). Uno de los modos en los
que se procesan y regulan de forma continuada y dinámica las
contradicciones y tendencias a las crisis es a través de las políticas
del Estado (Brand et al., 2021: 6). Es por ello que es en el
Estado donde se materializan las distintas relaciones de poder. La
materialidad del Estado, así como la de las relaciones sociales en
general, se entiende apoyándose en una tradición de pensamiento que se
refleja en las palabras de Karl Marx en el 18 Brumario: “Los hombres
hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas
circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han
sido legadas por el pasado” (Marx, 2003: 10). Esta concepción enfatiza
que las relaciones de dominación y explotación no son relaciones
personales, sino que están inscritas en una realidad social que no está
a disposición de los individuos, “(...) como una relación social entre
los objetos, existente al margen de los productores” (Marx, 2008: 88)
Por un lado, las condiciones materiales son portadoras de relaciones
sociales determinadas. Es decir, de relaciones de dominación
capitalistas, sexistas y racistas (entre otras). Por otro lado, su forma
específica depende de las correlaciones concretas de poder, que pueden
ser muy variadas según cuáles sean las condiciones históricas
específicas, el campo de conflicto o los actores protagonistas (Buckel
et al., 2014: 44). Asimismo cabe decir que no existe solo un
conflicto social entre trabajadores y capitalistas. Al contrario,
categorías como raza o género no son contradicciones secundarias del
capitalismo, sino que son el producto de condiciones de cuya
continuación depende constitutivamente el capitalismo (Buckel y
Oberndorfer, 2018: 41). En palabras de Hirsch (2005): “El Estado burgués
es entonces siempre y simultáneamente un Estado capitalista, racista y
patriarcal y las relaciones sociales que él expresa y ‘regula’, mediante
su aparato, comprenden todas estas contradicciones” (Hirsch, 2005b:
171).
A continuación, para profundizar en la presente aproximación teórica,
nos vamos a centrar en los postulados de Antonio Gramsci, Nicos
Poulantzas y sus posteriores desarrollos. Para ellos, la noción de
Estado difiere de cualquier idea de Estado ideal “solucionador de
problemas”, así como de cualquier otra concepción subjetivista o
instrumentalista del Estado (Kannankulam, 2008: 34; véase Poulantzas,
2005: 153 y ss.). La innovación central de la teoría del Estado de
Poulantzas radica en su concepción del Estado como una “relación social”
específica que cambia en función de las relaciones de clase y de poder
que se encuentran en constante disputa (Demirovic, 2007: 64; Hirsch,
2005b: 169). Más bien, concibe el Estado en consonancia con la idea
gramsciana de “Estado integral” (Gramsci, 1999: C17, §51, 333), como un
campo y proceso estratégico y como “un conjunto contradictorio y
fragmentado de aparatos estatales” (Buckel et al., 2014: 29¸
traducción propia), en el que cada uno de estos aparatos tiene su propia
“materialidad estructural” (véase también Kannankulam, 2008: 34; Hirsch,
2005a: 30). En palabras de Poulantzas el Estado es “la condensación
material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase,
tal como se expresa, siempre de manera específica, en el seno del
Estado” (Poulantzas, 2005: 154 y 159).
Para Poulantzas, la especificidad del Estado capitalista consiste en
la separación relativa entre este y la economía. Esta separación
relativa es la base de la peculiar estructura institucional del Estado;
es decir, la base de su materialidad (Poulantzas, 2005: 14). No
obstante, este cisma no debe entenderse como una independencia del
Estado, por el contrario el Estado solo puede verse únicamente como un
nivel estructural autónomo en el conjunto social de las relaciones de
producción y su reproducción (Kannankulam, 2008: 69; Demirović, 2007:
66): Según (Hirsch, 2005b: 170): “el Estado refleja en su estructura
organizativa concreta relaciones de fuerzas sociales, pero
simultáneamente también las moldea y estabiliza”. Para ello tiene que
conservar su autonomía relativa, que se deriva de la estructura de las
relaciones de producción capitalista. Solo porque el Estado tiene por
regla general una autonomía relativa a través de su independencia frente
a los actores sociales, es capaz de contribuir a la reproducción de esta
socialización contradictoria (Buckel et al., 2014: 28).
El propio Estado se divide así en diferentes sectores o aparatos
estatales: p. ej. el Parlamento, los ministerios, el poder judicial, el
Ejército, así como aparatos regionales y comunales y también en aparatos
ideológicos como los medios de comunicación y el sistema escolar. Estos
constituyen “la sede del poder y del representante privilegiado de tal o
cual fracción del bloque en el poder, o de una alianza conflictiva de
algunas de esas fracciones contra las otras” (Poulantzas, 2005: 159s.).
Es en ellos donde se cristalizan los diversos intereses. Así pues, el
Estado puede entenderse como un campo y un proceso estratégico,
caracterizado por relaciones complejas, en parte complementarias, en
parte antagónicas, entre sus diversos aparatos (Hirsch, 2005a: 30). La
relativa “autonomía del Estado [...] existe concretamente, por
consiguiente, como autonomía relativa de tal o cual rama, aparato o red
del Estado con relación a otras” (Poulantzas, 2005: 163). Es más, esta
citada autonomía, tanto del Estado como de sus aparatos, se plasma
especialmente en las medidas contradictorias y las resistencias que
generan las políticas estatales (ibid.).
En consecuencia, las políticas de los distintos aparatos estatales
pueden ser contrarias entre sí y, en algunos casos, incluso
diametralmente opuestas. Sin embargo, lo decisivo para que el Estado
pueda crear cohesión social es que los distintos aparatos estatales
cooperen a pesar de sus antagonismos. Esta cooperación antagónica solo
puede tener éxito si las facciones políticas de los actores del poder se
comprometen con un proyecto a largo plazo que implique simultáneamente a
los subalternos. “Esta unidad solo puede garantizarse mediante proyectos
estatales específicos o proyectos políticos que se elaboren en los
distintos departamentos del Estado” (Buckel et al., 2014: 30;
traducción propia). Para realizar un examen más explícito e de tales
proyectos políticos, así como su capacidad para la creación de consenso
hege mónico entre las clases dominantes y subalternas, resulta necesario
volver al autor clásico de la teoría de la hegemonía: Antonio Gramsci.
Gramsci combinó el análisis del Estado con el de las relaciones sociales
de poder. Para él, el Estado no era solo un núcleo represivo, sino un
“Estado integral” compuesto por el
sistema político-administrativo y la sociedad civil. Concebía el
Estado como “todo el conjunto de actividades prácticas y teóricas con
las que la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino
que logra obtener el consenso activo de los gobernados” (Gramsci 1999: C
15, §10, 186). Para llegar a ser hegemónico, un proyecto político debe
ser capaz de solidificarse como representante de una generalidad
trascendente y así “establecer una estructura relativamente estable de
antagonismos institucionalizados con éxito a lo largo del tiempo”
(Opratko, 2012: 139; traducción propia). Asimismo el proyecto político
debe “establecer el liderazgo político e intelectual en la vida social
mediante la difusión de la ‘visión del mundo’ personal en todo el tejido
de la sociedad” (Eagleton, 1993: 137; traducción propia). La hegemonía
es, por tanto, el proceso por el que los intereses particulares de una
facción se transforman en el interés general. Sin embargo, no surge ni
se estabiliza por sí misma, sino que es una relación disputada que debe
organizarse, reorganizarse y combatirse activamente a diario.
En las últimas décadas, la globalización y la transnacionalización de
la política han enfrentado estos conceptos de Estado-nación a una serie
de nuevos retos y han provocado cambios significativos en el Estado
moderno (Buckel et al., 2014: 16). El grupo de investigación
Proyecto de Estado Europa ha concebido el término Europäisches
Staatsapparateensemble (“conjunto del aparato estatal europeo”) en
referencia a Nicos Poulantzas para describir el gran número de actores
institucionales a nivel nacional y supranacional que forman el conjunto
institucional europeo mientras compiten por intereses diferentes, pero
operando sobre la base de una estructura jurídica europeizada (Wöhl
et al., 2020: 12; Buckel et al., 2014: 38; Wissel,
2010: 88s.). Además, como el conjunto de aparatos estatales en Europa
son muy heterogéneos, las posiciones entre los Estados miembros y sus
diversos aparatos son frecuentemente contradictorias. No obstante, para
mantener una cierta cohesión política, es importante poner en marcha
determinados proyectos de Estado (Wöhl et al., 2020: 12; véase
Jessop, 2006). Por lo tanto, la Unión Europea puede entenderse como una
nueva configuración escalar de los Estados nacionales en un nuevo
“proyecto de Estado europeo”, cuyo objetivo es establecer una estructura
medianamente coherente de las instituciones y aparatos europeos y
nacionales (ibid.; véase también Buckel et al., 2012).
En este sentido, han surgido nuevos aparatos europeos estatales o
semiestata les, p. ej.: la Comisión Europea, una multiplicidad de
agencias europeas o el propio Banco Central Europeo. Además se han
desarrollado redes transnacionales de organización de intereses en forma
de think tanks, empresas editoriales, grupos de presión, ONG,
etc. Pero también los aparatos estatales nacionales se están
europeizando internamente (Buckel et al., 2014: 37 ss.;
Syrovatka, 2016: 34 ss.; Wissel, 2019: 47). Asimismo, este proyecto de
Estado europeo “existe junto a los diversos proyectos de Estado
nacionales y en competencia con ellos” (Wissel, 2019: 49; traducción
propia). La relación y la posición de los distintos aparatos europeos y
nacionales unilateral y bilateralmente, son el resultado de un proceso
de negociación permanente. Sin embargo, dado que no se ha desarrollado
una sociedad civil europea, solo unos pocos actores disponen de los
recursos necesarios para abordar por sí mismos los conflictos políticos
a escala internacional, por lo que el espacio nacional sigue siendo
central, al menos para el establecimiento de una hegemonía social
inmediata con respecto a los subalternos (Wissel, 2015: 38). El proyecto
de un Estado europeo común, debido a que aún no tiene una posición
hegemónica consolidada, es permanentemente contestado, precario,
inestable y propenso a las crisis (Wissel, 2010: 88). Esto también queda
ilustrado en la permanente crisis en Europa, que ha puesto de manifiesto
la gran inestabilidad de los regímenes tanto europeos como de los
Estados nacionales. Siguiendo a Nicos Poulantzas y a su actualización
por Lukas Oberndorfer, el nuevo modelo normalizado de Estado, que se
vuelve dominante con el neoliberalismo, puede caracterizarse como
estatismo autoritario. Este se puso de manifiesto en Europa en la crisis
del Euro durante el periodo de ajustes y austeridad, como estatismo
competitivo autoritario (Oberndorfer, 2012). Esta situación se
caracterizaba por una creciente reestructuración y vaciamiento de la
democracia representativa o de los partidos y el parlamento, así como
por una restricción de las libertades de los subalternos (Poulantzas,
2005: 247s). Esta transformación del Estado se debe a una escisión y a
una inestabilidad permanente de la hegemonía de los gobernantes, dado
que la política neoliberal choca con sus límites.
Para finalizar este apartado, retomando el ejemplo que indicamos en
la introducción como hilo conductor del presente artículo, la ley
mordaza, cabe señalar que supuso una profunda restricción de los
derechos fundamentales y se considera un ejemplo de la aplicación del
estatismo competitivo autoritario (Caceres y Oberndorfer, 2013). La ley
mordaza, pero también la gestión estatal de la crisis de las
nacionalidades en Cataluña, entre otras, sugieren que asegurar el poder
por parte de los actores gobernantes era cada vez más posible solo a
través de estrategias autoritarias, ya que no había consenso ni dentro
del bloque gobernante ni fuera de él. Esta deriva llevó a que “las
luchas populares tom[aran] cada vez más por blanco el aparato mismo del
Estado” (Poulantzas, 2005: 300 ).
3.
Proyecto de hegemonía. Un puente entre la teoría materialista del
Estado y la investigación social de campo
Han sido muchos los intentos de aplicar las ideas de los enfoques
materialistas y de la teoría de la hegemonía en el trabajo empírico y
operacionalizarlas para proyectos concretos de investigación (Brand,
2013; Kannankulam y Georgi, 2012). Es por ello, que para facilitar de
forma efectiva y simplificada la investigación empírica en torno a la
concepción materialista de las relaciones sociales de poder, y al mismo
tiempo hacerla accesibles a un mayor número de investigadores/as; el
grupo de investigación Proyecto de Estado Europa (2012, 2014) ha
desarrollado —siguiendo las consideraciones de Brand (2013)— el enfoque
metodológico del APMH con el que pueden analizarse las constelaciones de
conflictos sociales en relación con regiones, coyunturas y ámbitos
políticos espacio-temporalmente concretos.
Al inicio de este apartado es necesario centrarse en el concepto
proyecto de hegemonía, puesto que
consideramos que es fundamental para la operacionalización de la teoría
materialista del Estado. Este concepto se basa en la noción gramsciana
de las relaciones de dominación, según la cual esta dominación, no se
basa exclusivamente en la violencia, sino también en un consenso
(asimétrico) del que participan los dominados (véase Gramsci, 1999: C12,
§1, 357). Cuando determinados actores políticos logran universalizar su
visión de la sociedad (es decir, sus intereses materiales mediados
estratégicamente), su proyecto se convierte en el proyecto hegemónico
(ibid. C13, §17, 36-7). En este sentido la hegemonía no solo
consiste en la consecución de objetivos de unas fuerzas sociales
determinadas, sino en la fijación de unos patrones de reproducción
social que garanticen el consenso activo de los dominados (Demirovic,
2013: 127). Junto al proyecto hegemónico, del mismo modo, pueden darse
otros proyectos que, si sobrepasan la inmediatez de los “intereses
económico-corporativos” de determinados actores o fracciones de clase,
pueden concurrir en la lucha por la hegemonía con el proyecto
hegemónico. Es entonces cuando verdaderamente se convierten en proyectos
de hegemonía.
En línea con lo expuesto anteriormente afirmamos que, si bien la
correlación de fuerzas de la sociedad se reproduce en la correlación de
fuerzas en el Estado, debido a la autonomía relativa y a la materialidad
del Estado, dicha reproducción no se realiza en ningún caso de forma
“automática” o paralela (Poulantzas, 2005: 152s). La correlación de
fuerzas en una sociedad tomada en su conjunto se inscribe solo de una
forma específica en los diferentes aparatos del Estado, por eso
entendemos que conviene diferenciar —con Wissel (2015)— entre la
correlación social de fuerzas y la aparativo-estatal en el proceso de
investigación. Por tanto, cada proyecto de hegemonía engloba un
proyecto de Estado (Jessop, 1990) como parte diferenciada de sí
mismo. Este es resultado de la adaptación de las estrategias que lo
conforman a la selectividad del Estado y de cada aparato estatal. Sin
embargo, precisamente en la constatación de la presencia específica de
las fuerzas sociales en el Estado, vemos aparecer uno de los mayores
desafíos para el APMH, que podríamos calificar como el problema de
la correspondencia: Por una parte no es posible trazar una
correspondencia directa entre fuerzas sociales y actores políticos, más
o menos institucionalizados, (véase Bieler, 2014: 307). Por otra parte
tampoco parece viable identificar plenamente conflictos en procesos
políticos muy concretos y específicos (como la aprobación de la ley
mordaza) con los ejes fundamentales de conflicto en una sociedad (como
la distribución del producto social en un contexto de crisis financiera)
(Brand et al., 2021: 12). Para integrar estas críticas en el
análisis históricomaterialista hacemos hincapié en que son las
estrategias adoptadas y no sus actores o los intereses de determinadas
fuerzas sociales las que conforman los proyectos de hegemonía.
El concepto de proyecto de hegemonía funciona como nexo entre las
teorías del Estado y de la hegemonía y la investigación de campo en
tanto que estructura el escenario de conflicto político y lo divide en
proyectos de hegemonía que compiten entre sí
(Wissel, 2015: 60). Por lo tanto, el escenario del proceso político
queda ordenado a priori a lo largo del eje definido por la
lucha por la hegemonía. Ahora bien, la determinación del contenido de
los proyectos de hegemonía, de sus objetivos y principales líneas
estratégicas, así como de los actores que se adhieren a estas y de su
posición en la correlación social de fuerzas y aparativo-estatal, es una
tarea que le compete a la investigación de campo. Cabe decir que la
definición más ajustada de proyecto de hegemonía es la de “haz de
estrategias” (Buckel et al., 2014: 45). Por lo tanto, resulta
fundamental tomar como referencia las estrategias y no los actores como
objeto de análisis. Esta definición pretende hacer comprensibles en una
categoría analítica una multitud de acciones, prácticas y tácticas con
motivaciones diferentes y a menudo yuxtapuestas (Kannankulam y Georgi,
2012: 35). Las acciones y prácticas analizadas pueden ser de índole muy
diferente: “Desde actos organizados por pequeños grupos políticos hasta
trabajo de lobby por parte de asociaciones de capital, decisiones de
inversión y propuestas legislativas de actores políticos en un sentido
estricto” (Buckel et al., 2014: 46; traducción propia). Además,
esta definición tiene en cuenta que cada uno de los actores están ellos
mismos atravesados por diferentes estrategias y por lo tanto, en
ocasiones, están suscritos a diferentes proyectos de hegemonía. En
palabras de Wissel:
Tomado con exactitud, los actores pueden ser solo tendencialmente
clasificados en proyectos de hegemonía, porque ellos mismos están
atravesados por diferentes proyectos de hegemonía. Los actores pueden
adoptar estrategias contradictorias. Acciones y estrategias por el
contrario pueden ser clasificadas con mayor claridad (Wissel, 2015: 63s,
traducción propia).
La adscripción de actores o partes de actores por parte del/la
investigador/a determinados proyectos de hegemonía no depende de su
pertenencia consciente, sino que es suficiente que estos adopten, en un
escenario de conflicto político determinado, unas estrategias
compatibles dirigidas a unos objetivos comunes (Buckel et al.,
2014: 46). Retomando el ejemplo de la ley mordaza, cabe decir que, en el
contexto de conflicto social de los años de la crisis financiera, se
puede dar una contestación a la ley mordaza para evitar
su aprobación o forzar su derogación como coincidencia relevante de
estrategias de actores tan diversos como pueden ser asociaciones
periodísticas, una ONG como Amnistía Internacional y sindicatos, entre
los cuales puede no haber ningún tipo de identificación. En este sentido
siguiendo a Kannankulam y Georgi: “Los proyectos de hegemonía son
abstracciones elaboradas analíticamente, no son alianzas
conscientes y organizadas centralizadamente” (Kannankulam y Georgi,
2012: 35; traducción propia). Es decir, al reducir la inmensa
complejidad de la cantidad de prácticas y actores y hacerlos así
accesibles, los proyectos de hegemonía se convierten en elementos
extremadamente útiles para la investigación. La designación de las
estrategias y no de los actores como unidades del objeto de análisis,
además de tener una fundamentación teórica y metodológica, tiene
considerables ventajas prácticas en el proceso de investigación:
mientras los intereses “objetivos” de los actores son más difíciles de
probar, las estrategias que estos adoptan (y que son mediadoras de esos
intereses) son accesibles al/a la investigador/a partir del análisis de
contenido de documentos, entrevistas, etc. (Buckel et al.,
2014: 46).
En esta línea, conviene señalar la centralidad de la figura del
intelectual orgánico (en sentido gramsciano) tanto para la formación de
los proyectos de hegemonía como para su estudio. Son ellos los que, a
través de sus reformulaciones, consiguen hacer de diferentes objetivos e
intereses, a veces incluso contradictorios, unas líneas estratégicas
básicas con una dirección común (ibid.). Esto último resulta
especialmente importante para la investigación, ya que, para determinar
el contenido común (estrategia y fines) del proyecto de hegemonía, puede
ser de gran ayuda probar que determinados actores toman como referencia
las interpretaciones de los intelectuales orgánicos.
Para concluir el apartado, nos parece esclarecedor presentar a modo
de ejemplo, los cinco proyectos de hegemonía, en torno a la integración
europea y a la política de migración, que han sido identificados por
parte del grupo de investigación Proyecto de Estado Europa (2014): el
neoliberal, el/los conservador/ es, el proeuropeosocial, el
nacional-social y el alternativo de izquierdas. Estos proyectos
atraviesan grandes actores como partidos políticos, instituciones
europeas, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad
civil, según las estrategias que en ellos (o en parte de ellos) se
adoptan. A través de la agregación analítica de estrategias, el grupo de investigación llegó a
la identificación de los proyectos anteriores. Estos son por lo tanto
identificables en un momento determinado en un área geográfica/estatal
determinada y estarían en constante transformación. Como consecuencia de
ello, en ningún caso se puede constatar que los citados proyectos tengan
un carácter definitivo, sino que están en constante cambio y los límites
entre ellos tienen que volver a definirse constantemente.
4.
Vértices y operacionalización del análisis político
materialista-histórico
Tal como señalamos en el anterior capítulo, los actores que adoptan
líneas estratégicas similares pueden ser clasificados en un mismo
proyecto de hegemonía. No obstante, dependiendo del campo de conflicto,
estas pueden adherirse a diferentes proyectos de hegemonía. Es por ello
que son las estrategias las que se clasifican preferentemente en los
proyectos y no los actores. Puede haber fases en las que tanto dentro de
los diferentes proyectos, como entre ellos, surjan conflictos, se rompan
coaliciones y se creen otras diferentes (Caterina, 2019: 50 y ss.). Por
lo tanto, los proyectos de hegemonía no pueden entenderse como un
concepto estático, ya que no son homogéneos ni uniformes: son histórica
y espacialmente dinámicos y pueden diferir en virtud del país y del
ámbito político (Buckel et al., 2012: 22). Es por ello que las
tareas cruciales del APMH consisten en determinar el contenido de cada
proyecto de hegemonía (mostrar sus objetivos, sus líneas estratégicas y
los actores que los comparten) y esclarecer la posición que adoptan los
proyectos de hegemonía en la correlación de fuerzas. La cuestión aquí
es: ¿cómo se pueden investigar los proyectos de hegemonía de forma
empírica?
La operacionalización del APMH se realiza frecuentemente en tres
pasos: el análisis del contexto o contextual, el análisis de los actores
y el análisis del proceso (Buckel et al., 2014: 53).
4.1. Análisis de contexto
En primer lugar, el análisis contextual
pretende hacer visible el “contexto histórico-dinámico y estructural del
respectivo conflicto investigado” (ibid.: 54). Es decir, tiene
como propósito investigar las precondiciones y condiciones
estructurales, materiales e históricas que han llevado a la
configuración del campo conflictivo investigado, ante el cual las
diferentes constelaciones sociales de actores y fuerzas han reaccionado
y reaccionan de manera diferente y opuesta (Kannankulam y Georgi, 2012:
37s). El objetivo del análisis contextual es poner en evidencia las
principales dinámicas históricas y materiales, revelar las relaciones de
poder y dominación y mostrar su emergencia a partir de la interacción
tanto de factores estructurales como de procesos sociales contingentes
(Caterina, 2019: 49; Buckel et al., 2014: 54).
Es decir, esta primera fase del análisis pretende “una doble
contextualización en la que el análisis de los factores estructurales se
combina con un análisis de las dinámicas coyunturales” (Buckel et
al., 2014: 54). Por un lado, se trata de definir cuáles son las
dependencias entre las trayectorias institucionales que preestructuran y
coestructuran las reacciones estratégicas de los actores y que
condicionan en gran medida sus desiguales posiciones de partida en las
relaciones sociales de poder (Kannankulam y Georgi, 2014: 63). Por otro
lado, se pretende demostrar que, aunque el conflicto investigado se base
en estructuras sociales, este es “también el resultado de
confrontaciones sociales contingentes, es decir, que podría haber
resultado muy
distinto” (Buckel et al., 2014: 54, traducción propia). Para
la consecución de este objetivo, el APMH propone tres diferentes etapas:
La primera consiste en identificar los problemas concretos que
desencadenan diferentes reacciones entre los diversos actores
implicados. En la segunda se contextualizan estos problemas en
situaciones históricas más amplias. La tercera consiste en buscar la
causa principal de los problemas por los cuales surgió el conflicto.
Para ello es necesario centrarse en los factores que determinan el marco
histórico-material en el que este se inició (Kannankulam y Georgi, 2014:
63).
Para ejemplificar esta etapa del APMH, siguiendo nuestro hilo
conductor, es decir la llamada ley mordaza, proponemos las siguientes
preguntas: ¿Qué factores estructurales y desarrollos históricos
contribuyeron a la aprobación y contestación de la ley mordaza en
España? ¿En el contexto de qué situación de problemática social y
política han actuado y reaccionado los actores en España con diferentes
estrategias respecto a la ley mordaza?
4.2. Análisis de actores
En segundo lugar, fundamentándonos en el marco histórico-material
elaborado en el análisis del contexto, la siguiente etapa, el análisis
de los actores, consiste en identificar a los actores del conflicto que
luchan entre sí; agruparlos en función de sus estrategias típicas y
clasificarlos en proyectos de hegemonía. Asimismo, debemos preguntarnos
cómo y por qué los distintos actores reaccionaron de forma diferente o
incluso opuesta ante el mismo problema. Para poder determinarlo,
seguimos varios pasos:
Analizar lo que han dicho y hecho los diferentes actores
sociales, presentes y enfrentados en el conflicto, en relación con el
conflicto estudiado, para así discernir las diferentes estrategias
(Buckel et al., 2014: 55). Es necesario señalar para este
análisis que en el APMH la noción de los actores es amplia e incluye no
solo a los actores institucionales establecidos, sino también a una
variedad de otros agentes representados en el Estado en un sentido
inclusivo, como “grupos, organizaciones, asociaciones, partidos o
sectores dentro de los partidos, movimientos sociales, medios de
comunicación, think tanks redes, empresas, fracciones del
capital y sus portavoces” (ibid.: 57, traducción propia; véase
también Caterina, 201: 50 y ss.).
Agregar las estrategias y tácticas de los actores en proyectos de
hegemonía. La puesta en práctica de esta etapa consiste en incluir tanto
acciones y prácticas como a sus actores, en tanto que estas persigan
estrategias que puedan entenderse como complementarias bajo el proyecto
de hegemonía en cuestión. Asimismo, cabe mencionar que una clasificación
en diferentes proyectos debe basarse en la investigación empírica o en
un conocimiento profundo del conflicto investigado (Buckel et
al., 2014: 56).
Describir los proyectos de hegemonía a partir de cuatro
dimensiones: los actores centrales, su base social, su objetivo
estratégico general y su estrategia específica en relación con el
conflicto (ibid. 65).
Examinar la posición de los proyectos de hegemonía en la
correlación de fuerzas en el conflicto observado. Para ello, es
importante mencionar que la posición relativa de un proyecto depende en
gran medida de la disponibilidad y el peso de los principales recursos
de poder. Para llegar a ser hegemó nicos, los actores del proyecto deben
lograr combinar diferentes dimensiones sociales y políticas; tanto
aspiraciones materiales, culturales e ideológicas, como sentimientos y
afectos. Según Buckel et al. (2014: 49 y ss.), “debido a su
ubicación socioestructural y a su referencia estratégico-relacional con
la selectividad existente en el conjunto del aparato” disponen de
diferentes recursos de poder. Estos pueden ser organizativos,
sistémicos, discursivos, ideológicos y simbólicos o institucionales.
Basándose en el análisis de los recursos de poder, las posibilidades de
acción y los resultados del análisis del contexto, se puede evaluar la
posición de un determinado proyecto de hegemonía en el equilibrio social
de poder (ibid.: 57; Caterina, 2019: 44).
Siguiendo con el ejemplo de la ley mordaza: ¿Cómo y por qué
reaccionaron diversos actores de forma diferente y opuesta a la ley
mordaza? ¿Qué estrategias siguieron los actores significativamente
implicados en las luchas sobre la aplicación de la ley mordaza en
España? ¿Pueden ser agrupadas en una contienda por la hegemonía social
que va más allá del conflicto en cuestión? Es decir, ¿pueden ser
agrupadas estas estrategias en proyectos de hegemonía? ¿De qué recursos
de poder (organizativos, discursivos, etc.) disponían?
4.3. Análisis del proceso
En tercer lugar, el análisis del proceso sintetiza estos dos pasos y
reconstruyen diferentes fases (cronológicas) y puntos de inflexión en el
desarrollo de las estrategias de los actores. Es decir, se vuelve por
tanto al conflicto o proceso político que constituía el objeto de
análisis y el punto de partida de la investigación. Sin embargo, este ha
quedado ahora insertado en un campo de investigación estructurado por la
lucha por la hegemonía. Ahora los actores implicados forman parte de
proyectos de hegemonía que van más allá del propio conflicto y que
ayudan a aprehenderlo. Para reconstruir las distintas fases de un
conflicto, hay que tener en cuenta un complejo conjunto de aspectos: las
acciones y tácticas recursivo-estratégicas de los actores, la
importancia de las condiciones estructurales específicas explicitadas en
el análisis del contexto y su articulación concreta, así como la
descripción de los distintos proyectos de hegemonía en función de su
peso relativo dentro de las relaciones de poder en la sociedad. En este
sentido, un aspecto fundamental del análisis es la inserción del
conflicto estudiado en la lucha mutua por la hegemonía.
Asimismo, cabe mencionar que esta etapa deberá adaptarse, dependiendo
del nivel social, político o jurídico en el que se centre el análisis.
Por esta razón, su enfoque puede centrarse en diferentes dimensiones del
conflicto observado: las definiciones divergentes de los problemas de
los actores centrales, los proyectos políticos (y los conflictos en
torno a ellos) que se proponen para resolverlos, o también la
condensación material de la correlación de fuerzas en instituciones y
leyes concretas (Buckel et al., 2014: 58). Continuando con el
modelo de ejemplo propuesto, se podrían plantear las siguientes
preguntas: ¿Qué fases pueden identificarse en la formación de
estrategias de los actores implicados en la gestión de la ley mordaza en
España? De forma más concreta: ¿Cómo y por qué determinados actores o
grupos de actores fueron capaces de imponerse a los demás? ¿Qué
conflictos, cesiones o acuerdos se dieron? ¿En qué medida cambiaron las
correlaciones de fuerza durante el proceso?
Resulta necesario señalar que llevar a cabo un APMH de forma
fructífera requiere una extraordinaria comprensión de los procesos
investigados. Ello puede basarse por una parte en el análisis de un
corpus bibliográfico adecuado. Por otro lado y de forma principal puede
obtenerse a través de un “análisis de debate en forma de una evaluación
intensiva de la prensa y otros medios de comunicación, documentos de
posición de los actores, literatura gris y entrevistas a expertos”
(Kannankulam y Georgi, 2012: 38 y ss.).
Finalmente, para concluir este apartado, cabe decir que el APMH no se
centra en un análisis de la sociedad en su conjunto o a escala mundial,
sino en un ámbito político regional e históricamente específico. Esto
nos parece más productivo porque los objetos de análisis más pequeños y
específicos permiten una representación más precisa de las relaciones de
poder y sus cambios. De este modo, pueden observarse cambios más sutiles
y el proceso de consolidación material de las relaciones de poder puede
representarse de forma más diferenciada (ibid.: 37).
5.
Conclusión: integrar la sociedad en el análisis de políticas públicas y
procesos políticos concretos
En el presente artículo, ha sido nuestra intención sintetizar
críticamente, a partir de las consideraciones teóricas pertinentes, el
enfoque metodológico del APMH. Además, hemos intentado con nuestra
exposición que este pueda utilizarse, también en el ámbito académico
hispanohablante, como herramienta de trabajo para análisis
empíricos.
A modo de conclusión queremos llevar a cabo una reflexión crítica
sobre este enfoque, indicando cuáles son sus límites y qué oportunidades
ofrece. El primero de estos límites se refiere al problema de la
correspondencia entre fuerzas sociales y actores políticos, así
como en el acceso del/de la investigador/a a la articulación política de
las fuerzas sociales. Por ello, para minimizar las consecuencias de este
límite, deberán tomarse como objeto inmediato de la investigación las
estrategias y no los actores. Sin embargo, es importante seguir
considerando este límite durante el proceso de investigación para no
llegar a conclusiones reduccionistas. El segundo límite, relacionado con
este último, tiene que ver precisamente con una de sus ventajas: la
capacidad de hacer un análisis de políticas públicas concretas desde una
perspectiva materialista no permite sacar conclusiones generalizables,
dado que precisamente los elementos coyunturales juegan un papel
importante en estas.
Finalmente, a diferencia de otros enfoques, el APMH pretende analizar
cómo un conflicto político revela las relaciones sociales
contradictorias y las tendencias a la crisis. Además intenta demostrar
cómo contribuyen a la reproducción de la sociedad, no solo dentro del
Estado, sino también fuera de la estructura institucional del mismo
(Brand et al., 2021: 10). En nuestra opinión, establecer estas
relaciones es un reto, debido a la dificultad de operacionalización de
teorías tan complejas, pero al mismo tiempo una fortaleza clave del
APMH. Como apuntábamos en la introducción, esta propuesta metodológica
constituye una aportación relevante para la investigación de procesos
políticos concretos y políticas públicas porque permite un serio y
pormenorizado estudio de estos sin ignorar acríticamente el amplio marco
político y social en el que emergen.
De este modo, es posible, siguiendo el ejemplo de la ley mordaza,
comprender esta no solo como una mera ley, sino como parte de un proceso
de deriva autoritaria en respuesta a una inestabilidad permanente de la
hegemonía de los gobernantes. Un análisis histórico-materialista podría
relacionarlo, por un lado, con la crisis de 2008 dentro del contexto más
amplio del carácter neoliberal de la integración europea, por otro lado
con la creciente impugnación de diferentes actores como respuesta a esa
crisis hegemónica. El análisis mediante el APMH también nos permitiría
comprender cuáles son las diversas estrategias respecto a esta ley y
cómo han ido cambiando en los últimos años, así como cuáles son las
razones por las que no se ha derogado hasta ahora.
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