La extraterritorialidad en el control de emisiones de CO2, y el Plan Nacional de asignaciones de Esp - Yábar Sterling, Ana (Observatorio Medioambiental, 2004)
El presente trabajo centra su atención en el principio de suplementariedad en la lucha contra el cambio climático, tradicionalmente defendido desde las instituciones comunitarias, y en su recepción e interpretación en España, tal y como ello puede deducirse de las referencias a la extraterritorialidad en materia de control de las emisiones de gases de efecto invernadero que se efectúan en el Plan Nacional de Asignaciones 2005-2007 (PNA-E), documento cuya versión final corresponde al 29 de julio de 2004. También ofrece una síntesis acerca del estado de situación de dicho tema en la UE, tras las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo al «Proyecto de Directiva de vinculación» que incide de lleno en el mismo, al pretender la convertibilidad entre créditos por emisiones de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y Aplicación Conjunta (AC) del Protocolo de Kioto (RCE’s y URE’s), por los derechos de emisión europeos derivados de la Directiva 2003/87/CE; posteriormente y desde esta perspectiva, se analiza el contenido de dos borradores de Real Decreto Ley presentados al Consejo de Ministros de España, el primero, destinado a transponer la citada Directiva —creadora del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (SECE)— y el segundo, para convertir en norma jurídica el PNA-E. El trabajo, tras justificarla, obtiene como principal conclusión que el PNA-E no participa de la visión comunitaria actual de la suplementariedad, cuando hace referencia al cumplimiento del compromiso español de control de las emisiones en el periodo 2008-2012 (+15% de emisiones netas respecto a las del periodo base) y sugiere una revisión a fondo del «escenario básico de referencia», supuestos de comportamiento de los agentes y previsiones de emisiones, de cara al próximo PNA-E —cuya presentación está prevista para junio de 2006—, alertando sobre el alto riesgo que no hacerlo supondría para el cumplimiento de los compromisos españoles de lucha contra el cambio climático, en el contexto internacional.