La influencia y la presencia de Marx son especialmente
visibles en la obra de Foucault durante la década de los setenta. La
recepción foucaultiana de la obra del filósofo de Tréveris se aleja de
interpretaciones ortodoxas que ponen todo su énfasis en resaltar la
importancia de la dicotomía infraestructura-superestructura como marco
interpretativo excluyente al que han de subordinarse el resto de las
cuestiones culturales, morales, sociales o religiosas. Foucault ve en
esta estricta separación y subordinación una simplificación que da pie a
un reduccionismo economicista. En este alejamiento de la
dicotomía estructural, el francés tiene muy presentes las obras
de determinados historiadores marxistas británicos que se alejan de ese
monocausalismo económico. El nacimiento de las modernas penalidades
occidentales no puede ser explicado —asegura Foucault oponiéndose en
parte a lo dispuesto por Rusche y Kirchheimer—
atendiendo únicamente a criterios económicos que desprecien cualquier
otra motivación, sino que ha de analizarse como el
entrecruzamiento de una serie de prácticas culturales, morales,
religiosas y económicas. Frente al monocausalismo propio del análisis
económico de la pena, el francés aboga por un pluricausalismo
de motivaciones diversas.
En la década de los 70, Foucault acuña —o, como veremos,
rescata— el término ilegalismo para dar cuenta de la
transformación penal del régimen de propiedad en el siglo XVIII, el paso
de un sistema feudal a un régimen de propiedad burgués y —a través de la
gestión diferencial de los ilegalismos— del nacimiento de las
modernas penalidades occidentales. La mayor parte de los trabajos acerca
de los análisis foucaultianos de la penalidad se han centrado de forma
casi exclusiva en el estudio de las disciplinas. Si bien este tipo de
análisis de las disciplinas es, a todas luces, de una importancia
fundamental no solo para el estudio de la penalidad sino —sobre todo— en
tanto que tecnologías disciplinarias de poder, no es menos cierto que
este énfasis en dichas tecnologías ha dejado de lado, en muchas
ocasiones, la cuestión fundamental de la gestión diferencial de los
ilegalismos como factor clave para comprender el nacimiento de las
penalidades modernas en los análisis del francés. Como vamos a ver, es
especialmente importante la lectura que Foucault realiza de los
historiadores marxistas británicos —especialmente de Thompson— a la hora
de indagar en el nacimiento de una nueva penalidad, de explicar la
importancia que los ilegalismos desempeñan en este alumbramiento, y
mostrar una distinta “recepción” de la filosofía de Marx —menos ceñida a
esa dicotomía estructural— que permita escapar del
“reduccionismo economicista” y dé cabida a motivaciones sociales,
culturales y morales como prácticas explicativas, en este caso, del
nacimiento de una nueva penalidad. En 1973 Foucault, notablemente
influenciado por un fructífero “diálogo silencioso”
establecido con estos historiadores marxistas, introduce la noción de
ilegalismo popular. Esta noción que constituirá uno de los ejes
vertebradores del curso de 1973 será notoriamente modificada en
Vigilar y castigar. El francés, notable conocedor de la
historiografía de E. P. Thompson, recogerá en sus
análisis acerca del ilegalismo parte de las preocupaciones del británico
marcando, en ocasiones, distancia con el concepto de motín thompsoniano.
Esta “lectura compartida” nos servirá para vislumbrar el trasfondo
moral/moralizador, que tan importante lugar ocupa tanto en el motín de
Thompson como en la teoría de los ilegalismos foucaultiana, y que
podemos decir que constituye algo así como el hilo conductor de
la genealogía del capitalismo trazada por el francés.
La historia desde abajo como ruptura con el monocausalismo
economicista
La descripción del denominado motín de subsistencia y la
defensa del concepto de economía moral por parte de Thompson,
el análisis de las revueltas y la ideología de la protesta
descrita por Rudé, así como el estudio de los ilegalismos y la
gestión diferencial de los mismos que lleva a cabo Michel
Foucault nos proporcionan herramientas para atisbar la posibilidad de
una genealogía no estrictamente economicista de determinados
acontecimientos. Esto nos permitirá vislumbrar el nacimiento
pluricausalista del sistema penitenciario moderno. El estudio
de motines, revueltas e ilegalismos no tiene únicamente un valor
historiográfico o de mera confrontación académica pues “en algunas de
las causas perdidas de las gentes de la Revolución Industrial podemos
descubrir percepciones de los males sociales que tenemos todavía que
sanar” (Thompson, 1989, p. xvii).
Antes de centrar nuestra atención en el estudio de motines, revueltas
e ilegalismos es necesario precisar que tanto Thompson como Foucault
reaccionan en sus análisis a terminologías “demasiado frecuentes” que
habían contribuido a sembrar cierta confusión. El británico cita para
ilustrar estas desavenencias terminológicas los estudios de George Rudé.
Este se opone a la frecuente utilización del término mob
(turba) para generalizar de una manera
despectiva, impregnada de connotaciones clasistas y con marcada
intención criminalizadora, toda revuelta popular ocurrida en Inglaterra
durante el siglo XVIII. Las motivaciones morales y criminalizadoras son
señaladas por Rudé: “La palabra mob (turba) deriva del latín
mobile vulgus y no es sorprendente que las clases dominantes,
toda vez que se sentían incapaces de controlar sus energías, hayan
mirado a la multitud como un monstruo, carente tanto de economía como de
razón” (Rudé, 2009, p. 302). Frente a esta terminología generalizadora
el británico propone el uso del término “multitud” para dar cuenta de la
heterogeneidad de la composición de motines, revueltas y levantamientos.
En un sentido análogo, Thompson advierte acerca de la imprecisión en el
uso del término “motín” (riot) y su generalización en relación
con los motines de subsistencia (food riots) del siglo XVIII
inglés. De forma similar, Foucault
reco-
noce, en el curso de 1973, el error en que había incurrido con
anterioridad al situar la represión por parte de una burguesía
aterrorizada ante las manifestaciones de una plebe silenciosa
en el origen del sistema penal (Foucault, 2016, p. 170). En este caso,
la rectificación no afectará únicamente a la terminología de la
plebe silenciosa, sino que tiene un sentido más profundo:
supone la impugnación de un esquema meramente represivo en el origen del
sistema penal. Los alzamientos, revueltas y motines que, durante los
siglos XVII y XVIII, fueron frecuentes en una Inglaterra que promovía el
primer proyecto de gobierno de clase moderno, no podían ser
reducidos a “movimientos sediciosos” pues ello no explicaría por sí
solo, según el francés, el nacimiento de un nuevo sistema penal y
punitivo. Foucault introduce el término ilegalismo para dar
cuenta de una serie de actos que, al margen de la ley, convivían en una
situación de tenso equilibrio hasta finales del siglo XVIII. Serán la
ruptura de ese equilibrio entre ilegalismos de distinto signo, la
gestión diferencial de los mismos y la persecución casi exclusiva del
ilegalismo popular, algunas de las motivaciones más importantes que
podamos situar en el origen del moderno sistema penal. Ilegalismos,
motines o revueltas suponen, en mayor o menor medida, explicaciones en
términos no estricta o exclusivamente economicistas de los movimientos
de descontento que las políticas y las penalidades burguesas trajeron
consigo. Motivaciones culturales, económicas y religiosas se entrelazan
con las puramente económicas para dar lugar a un conglomerado
causal.
La moral, la indignación y el descontento desempeñan un papel
fundamental en los motines de subsistencia thompsonianos. El
inglés señala que ha sido frecuente en los estudios históricos acerca de
los disturbios y revueltas en la Inglaterra preindustrial la
generalización del término “motín” para englobar todo tipo de
levantamientos o protestas de las poblaciones desfavorecidas (Thompson,
1989, p. 54). El motín, según estas explicaciones, era una reacción
espontánea, espasmódica, desorganizada, caótica y furiosa provocada por
una situación de escasez económica y desesperación por el hambre. Estos
motines constituían meros actos de rapiña, pillaje, robo o depredación
sin ninguna motivación moral o social. Esta visión del motín como
reacción espasmódica oculta, según Thompson, el carácter consensual,
disciplinado, organizado y marcadamente moral que guiaba dichos
levantamientos (Thompson, 1995, p. 216). Frente a esta interesada
caracterización de los motines de subsistencia como desorganizados actos
de pillaje y saqueo motivados únicamente por el hambre, los análisis de
Thompson —y también los de Rudé— nos proporcionan un asidero
histórico-teórico en el que poder anclar la emergencia de unas prácticas
de resistencia movidas, en gran parte, por la indignación moral y un
cierto sentido de justicia. Los análisis de Thompson no pretenden el
estudio sistemático de todo amotinamiento producido en Inglaterra en un
periodo especialmente convulso, sino mostrar las motivaciones
que, más allá del hambre, guiaban a estas multitudes amotinadas. No
constituyen un mero estudio histórico sino una historia de las
motivaciones morales que guiaban dichos tumultos, “la preocupación
principal de la argumentación thompsoniana se desplaza de lo histórico a
lo moral” (Benítez Martín, 1996, p. 69). El motín de subsistencia no es
un acto automático y espontáneo sino una respuesta colectiva (no es la
única respuesta posible ni el único modo de acción directa),
articulada, organizada, disciplinada y con unos fines y propósitos
seleccionados y específicos. Es importante reseñar el carácter
reactivo que dichos motines revisten. Los levantamientos y
disturbios se ocasionan siempre como reacción o por oposición a
nuevas medidas abusivas que suponen el empobrecimiento o la pérdida de
derechos consuetudinarios de gran parte de la población. El descontento
y la indignación son fundamentales para el éxito del motín pues su
triunfo reside en el alto grado de consenso alcanzado entre los
desfavorecidos. El hambre y la penuria económica no bastan para explicar
tal proliferación de motines (Thompson, 1995, p. 302).
Para analizar la proliferación de estos motines de subsistencia,
Thompson, al igual que Foucault, dirige su mirada al distinto
tratamiento del suministro de grano en periodos de escasez en el siglo
XVIII. El británico centra su atención en el análisis del desplazamiento
de una economía de carácter más paternalista y reguladora que proponía
una intervención para asegurar la subsistencia de los más necesitados,
una economía moral, a otra economía desregularizada de libre
mercado en la que la especulación no solo está permitida sino que
constituye una práctica habitual. Estas prácticas especulativas que
“juegan” con los precios, los beneficios y la escasez son el blanco del
descontento popular y objeto de la ira de unos amotinados que ven en
este enriquecimiento “ilícito” un acto inmoral. La especulación y la
alteración artificial del precio de los productos de primera necesidad
fueron, en numerosas ocasiones, el detonante de estos motines (Thompson,
1995, p. 333). La nueva economía de mercado y el laissez faire
llevaban aparejada no solo la desaparición de la intervención estatal en
el ámbito económico, sino también la des-moralización de la
economía, el abandono de cualquier criterio ético-moral que pudiera
guiar esta disciplina. De esta forma, normas que prohibían la usura o la
acumulación en tiempos de escasez fueron derogadas en su mayor parte a
finales del siglo XVIII. Estas derogaciones no impidieron que, durante
mucho tiempo, el sentimiento popular de rechazo e indignación hacia
estas prácticas permaneciera intacto. Las poblaciones amotinadas
encontraban su legitimación en “los principios de una economía moral más
antigua, que establecía la inmoralidad de cualquier método desleal de
hacer subir el precio de las provisiones especulando con las necesidades
de la población” (Thompson, 1989, p. 54). El motín constituye no solo
una reacción contra el hambre, sino también un alegato
contra ese “sistema económico desmoralizado”. No es solo una finalidad
económica la que guía este alboroto, sino toda una serie de
motivaciones morales frente a aquellos acaparadores enriquecidos a costa
del hambre de las clases más necesitadas, una demanda de una regulación
más justa y una cierta nostalgia de un viejo orden. No podemos hablar de
un monocausalismo economicista como detonante de las revueltas y los
levantamientos populares como tampoco, como veremos, podremos hablar de
la emergencia de una nueva penalidad como respuesta única y unitaria a
estas revueltas. Las motivaciones económicas estuvieron detrás de las
revueltas e incidentes de la mayor parte de los levantamientos
preindustriales, “pero ni siquiera las condiciones económicas malas o
ruinosas fueron un “detonador” automático de los disturbios” (Rudé,
2009, p. 261) puesto que estos levantamientos no se producen
necesariamente en periodos de inflación o recesión económica, sino en
aquellos en que las condiciones políticas parecen más propicias. Por
otra parte, las revueltas urbanas, con un mayor ascendiente político,
tenían lugar en condiciones en las que la situación económica atravesaba
momentos críticos, de escasez o subida de precios. Una motivación
especialmente importante que escapa a un riguroso encasillamiento
político-económico es la hostilidad y el recelo que las innovaciones
precapitalistas suscitaban en las poblaciones populares. Los nuevos
cercamientos, la nueva legislación laboral, el sistema “desmoralizado”
de fijación de precios y salarios opuesto a “las viejas nociones del
precio y el salario “justos” impuestos por la autoridad o sancionados
por la costumbre” (Rudé, 2009, p. 270) o la tendencia al monopolio
estaban en la base de tales movilizaciones que encontraban en dichos
factores una cierta legitimación moral. En definitiva, una mezcla de
creencias, aspiraciones y demandas coexiste en la articulación de dichos
levantamientos. El estudio de las motivaciones subyacentes a
las revueltas, levantamientos y motines ha sido —según afirman Thompson
y Rudé— insatisfactorio debido a su simplificación y generalización.
Estas explicaciones no han dado cuenta de la amplia gama de ideas y
creencias presentes tras estas movilizaciones. Estas ideas
subyacentes que se encontraban en la base de tales
movilizaciones son denominadas por Rudé la “ideología de la protesta”.
Esta se conforma, según Rudé, a partir de distintos elementos: en primer
lugar, por unas creencias inherentes (Rudé, 1981, pp. 37-38),
una “sustancia primera” aprehendida mediante el contacto directo con la
realidad, la transmisión oral o la memoria colectiva y, en segundo
lugar, por unas creencias derivadas que tienen que ver con
sistemas de pensamiento, creencias políticas o religiosas incorporadas
de otros ámbitos tales como los Derechos del Hombre, la soberanía
popular o el laissez faire. Las ideas inherentes
podían inspirar pequeñas revueltas o saqueos, pero no tenían capacidad
revolucionaria. Para ello eran necesarias una serie de ideas derivadas,
de procedencia filosófica, política, moral o religiosa que permitieran
una proyección futura que no quedara anclada en el nostálgico anhelo de
una restauración imposible.
El motín, en tanto que acción directa no espontánea sino organizada,
con blancos y finalidades específicas, requiere una cierta planificación
y organización, por ello es necesario que sus promotores no sean
únicamente personas hambrientas o desesperadas, sino que tengan
asegurado el sustento cuando los efectos de este levantamiento produzcan
un endurecimiento de las condiciones de vida (Thompson, 1995, p. 300).
El británico Rudé da cuenta, con mayor precisión que Thompson, de la
heterogeneidad en la composición de las multitudes amotinadas y las
especificidades que distinguen revueltas urbanas y rurales, así como las
distintas motivaciones que guían unas u otras. En aras de una mayor
especificidad y precisión, Rudé se distancia en sus análisis de enfoques
excesivamente simplistas y reduccionistas que, desde distintas
perspectivas, habían reducido estas revueltas o bien al precedente
inmediato de la “clase obrera”, o bien, desde posturas
contrarias, a una “turba” o “populacho” descontrolado y rabioso. Frente
a ellas, Rudé utiliza el término “muchedumbre” de manera distinta y
diferenciada de otras terminologías como las de “comunidad rural”,
“clase social” o la del “público”, prestando especial atención a “las
manifestaciones políticas y a lo que los sociólogos han denominado la
«turba agresiva» o el «estallido hostil», es decir, a actividades tales
como huelgas, revueltas, rebeliones, insurrecciones y revoluciones”
(Rudé, 2009, p. 7). El británico distingue entre las protestas que las
muchedumbres protagonizan en las sociedades preindustriales —menos
politizadas— y en las industriales, en las que a menudo toman forma de
huelgas o disputas laborales comandadas por instituciones políticas. Las
revueltas campesinas preindustriales poco tienen que ver, sostiene Rudé,
con las huelgas de las sociedades industriales; sus reivindicaciones
ponen el foco en un pasado que la industrialización y el proceso de
acumulación tienden a sepultar en el olvido, en la vigencia de unos
derechos consuetudinarios de los que han sido despojados y en la
apelación a una vieja justicia natural que va perdiendo vigencia en el
mundo moderno. Las revueltas del campesinado inglés fueron frecuentes
durante el siglo XVIII pero no se articularon políticamente. Mientras
que las revueltas rurales fueron “parcialmente toleradas”, las
industriales en las grandes ciudades eran rápida y contundentemente
sofocadas por temor al contagio. Llama la atención, advierte Rudé, que
la multitud que protagonizaba motines y revueltas no estaba conformada
mayoritariamente por vagabundos, delincuentes o mendigos, sino por
poblaciones trabajadoras humildes que, movidas por un sentimiento de
indignación, invocaban y llevaban como estandarte de sus protestas una
cierta noción de justicia. Las protestas rurales, que hacían frente a
los procesos de cercamientos y privatizaciones de tierras comunales, no
eran en su mayoría violentas y se limitaban a derribar los vallados y
cercamientos o invadir los terrenos privatizados; no causaban daños
personales ni tenían motivaciones políticas más allá de la
restauración de los derechos consuetudinarios arrebatados. En
esa misma línea se movían, según Rudé, las reclamaciones salariales cuya
violencia se concentraba en la destrucción de maquinarias. Las medidas
para combatir las subidas de precios abusivas e injustas iban desde el
saqueo hasta la destrucción de los productos artificialmente
encarecidos. El propósito de tales prácticas no era otro, normalmente,
que el de determinar un modo de fijación de precios acorde a
determinados principios de justicia. Por el contrario, en
el caso de los motines urbanos, las motivaciones eran más variadas:
factores económicos, políticos, sociales y culturales se entrecruzaban
en estas protestas. El blanco sobre el que recaía la ira de los
disturbios urbanos era la propiedad; eran frecuentes los destrozos de
maquinaria y sabotajes que, guiados por una motivación restauradora,
pretendían revertir la situación sin derramamiento de sangre. Los
objetivos a destruir y los medios empleados eran seleccionados
minuciosamente con anterioridad lo que descarta ese “carácter
espasmódico” del motín criticado por Thompson.
Detrás de la terminología del “motín” nos encontramos con movimientos
insurreccionales disciplinados y organizados que se extienden
—especialmente durante el siglo XVIII— con el propósito de impugnar un
sistema de fijación de precios abusivo e imponer una tasación que no
solo tuviera en cuenta criterios económicos sino también morales. En
estos motines “lo notable es la moderación, más que el desorden”
(Thompson, 1995, p. 260). Ese desorden, asegura Rudé de acuerdo con
Thompson, en realidad no es tal pues la “«movilidad» de la conducta no
era típica de la multitud revoltosa” (Rudé, 2009, p. 302) sino que, como
hemos dicho, los objetivos de las protestas, los medios y los fines eran
seleccionados y delimitados previamente y “casi nunca alcanzaron zonas
no afectadas por los motivos de queja que les dieron origen” (Rudé,
2009, p. 303). En realidad, estas acciones gozaban de un amplio respaldo
popular y, en la mayor parte de las ocasiones, eran aprobadas por amplio
consenso. El propósito moralizador que guiaba los motines se muestra en
el comportamiento de estas multitudes que, famélicas por el hambre,
encaminaban sus acciones y el propósito de sus movilizaciones no al robo
ni al saqueo, sino a la fijación justa de los precios, al castigo de los
especuladores y la advertencia a quienes siguiesen sus pasos; “hombres y
mujeres a punto de morir de inanición atacaban no obstante molinos y
graneros, no para robar el alimento, sino para castigar a los
propietarios” (Thompson, 1984, p. 107). La amenaza y la presión del
motín eran utilizadas como modo de presión en la negociación para el
establecimiento de un precio medio entre aquel que “determinaba” el
mercado y el “precio moral” reclamado por la multitud. Thompson en su
análisis de la Ley Negra de 1723 da cuenta del carácter moral de los
levantamientos y las resistencias que se opusieron a su aplicación. La
promulgación de esta ley —que en principio iba a tener un carácter
meramente provisional como respuesta a un “clima extraordinario de
inseguridad”— supuso un exacerbado refuerzo en la defensa de la
propiedad privada que castigaba con la pena de muerte gran cantidad de
actos anteriormente tipificados únicamente como faltas o delitos
menores. Infracciones tradicionalmente toleradas en mayor o menor
medida, son a partir de entonces perseguidas y sancionadas con extrema
severidad a fin de asentar un nuevo régimen de propiedad y una única
forma de subsistencia a través del trabajo. En este sentido, Thompson
describe la actividad Negra (consistente esencialmente en la caza, la
pesca y la recolección furtivas) como una actividad reactiva y
no como un asunto meramente económico. La actividad de estos grupos
tiene lugar como reacción a la reactivación de una autoridad
forestal que tradicionalmente se había mostrado tolerante con la
comisión de “pequeños delitos” (ilegalismos populares). De esta
forma, la caza y la pesca furtiva no tenían únicamente un objetivo
económico sino también moral pues reivindicaban el peso de la costumbre,
los derechos de uso y el derecho a la subsistencia. Suponen una
reivindicación moral que no puede ser reducida a una
explicación en términos economicistas (Thompson, 2010, p. 171) sino como
defensa de unos derechos consuetudinarios atacados. Los ataques de los
Negros, al igual que los motines de subsistencia, no eran
indiscriminados ni espasmódicos, sino que tenían su blanco específico en
determinadas propiedades y sobre determinados usos; “lo que estaba en
cuestión no era el uso de la tierra sino quién usaba la tierra
disponible: es decir, el poder y el derecho de propiedad” (Thompson,
2010, p. 103). La sanguinaria Ley Negra supone una resignificación de la
justicia y la penalidad que pone todo su énfasis en el sacrosanto
derecho de la propiedad por encima de cualquier otra cuestión. La
propiedad se articula como el bien jurídico supremo, por encima incluso
de la vida. Esta ley va un paso más allá en un proceso de
sensibilización que delimita una barrera inexorable entre propietarios y
no propietarios, de tal forma que “la justicia misma pasó a ser un
instrumento para la defensa de la propiedad y su estatus concomitante”
(Thompson, 2010, p. 213). La propiedad no es solo un derecho sino un
valor moral que distingue entre los propietarios y el resto y
“reparte” vicios y virtudes entre unos y otros. El éxito de esta ley, lo
que permitió su prolongada vigencia temporal, reside, según Thompson, en
la existencia de un alto grado de consenso entre las clases dominantes
en la consagración de la propiedad como principio rector del orden
social, político y moral (Thompson, 2010, p. 222). Estas leyes,
centradas en la protección de la propiedad y el castigo a sus
infractores, supusieron la despersonalización del delito; lo punible no
es a partir de entonces un hecho sino una categoría criminal,
los delitos contra la propiedad (Thompson, 2010, pp. 222-223). La Ley
Negra, pese a su carácter excepcional y las resistencias que encontró a
su aplicación, no fue derogada hasta 1823 con importantes desacuerdos en
torno a la conveniencia de su derogación.
Los análisis históricos thompsonianos, sus relevantes estudios de la
“historia desde abajo” y sus investigaciones acerca de los movimientos
insurreccionales y las resistencias a la nueva economía de mercado en el
siglo XVIII, proporcionan un marco privilegiado para contemplar esa
ruptura que, desde los análisis marxistas, propone el británico con el
protagonismo excluyente de la dicotomía estructural y el “reduccionismo
economicista” que esta conlleva. Los movimientos
insurreccionales no pueden ser explicados apelando únicamente a
criterios económicos. Las motivaciones morales, religiosas, culturales o
consuetudinarias no pueden ser dejadas de lado o consideradas algo
meramente accesorio o subordinado a estas relaciones económicas
infraestructurales. El británico se opone a una conceptualización de
toda relación social o hecho histórico en términos exclusivamente
económicos tal y como desde algunas posiciones marxistas —alejándose del
propio Marx— se venía haciendo. La clasificación antagónica entre
infraestructura y superestructura ha de ser, según Thompson, abandonada
por su economicismo.
Es precisamente en esta línea de ruptura con lo que hemos denominado
la dicotomía estructural donde podemos enmarcar y comprender la defensa
que Thompson hace de la ley y el derecho y su utilidad como instrumentos
de emancipación. El británico se revuelve contra la categorización que
cierto marxismo propugnaba de la ley y el derecho como meros
instrumentos de dominación superestructurales destinados a la
legitimación y perpetuación del régimen capitalista. Los análisis
thompsonianos de las revueltas y tensiones en el siglo XVIII dan muestra
de la insuficiencia de la caracterización de la ley como elemento
puramente superestructural. El uso burgués de la ley no implica, de una
parte, que la oligarquía propietaria necesitase de manera imprescindible
del imperativo legal para legitimar su “dominación” ni, de otra, que las
clases o poblaciones subalternas no necesitasen ley alguna para la
defensa de sus intereses. Lo que las prácticas de resistencia ponían en
cuestión, según Thompson, no es la existencia de la ley como instrumento
regulador de la propiedad, sino “las definiciones alternativas de los
derechos de propiedad” (Thompson, 2010, p. 281). Se trataba de luchar
por un régimen de propiedad “más justo” o, si se quiere, por una
garantía de respeto a unos derechos comunales consuetudinarios que
permitiesen la supervivencia de las poblaciones subalternas. Esta lucha
tenía lugar en primera instancia —siempre que fuera posible— por cauces
legales; solo cuando estos mecanismos se muestran ineficaces la lucha
pasa a terrenos extrajurídicos. Las leyes son frecuentemente
consolidaciones normativas de derechos de uso o consuetudinarios, la
sedimentación de determinadas prácticas que cristalizan en derechos y,
como tal, son reclamables jurídicamente. Es precisamente esta
cristalización legal de derechos consuetudinarios lo que nos permite
alejarnos de esa consideración superestructural de la ley como
instrumento de dominación y legitimación de un orden burgués. La ley no
puede ser reducida a un mero instrumento ideológico de dominación, “no
podemos darnos el lujo de separar toda ley como ideología, y asimilar
también eso al aparato estatal de la clase dominante” (Thompson, 2010,
p. 282). La ley es una realidad siempre en conflicto que no solo sirve
para legitimar el régimen de propiedad burgués sino también para
limitarlo y plasmar las reivindicaciones de los no propietarios. La idea
de esta legalidad como límite a la arbitrariedad de los poderosos no es
algo baladí ni menor sino “un legado tan importante como cualquier otro
que provenga de las luchas de los siglos XVI al XVIII” (Thompson, 2010,
p. 287). Thompson reivindica el protagonismo de la ley en la conquista y
cristalización de derechos para las poblaciones más desfavorecidas y
como limitación de la arbitrariedad. El marxismo, según Thompson, no
puede caer en el error de abandonar la lucha por la defensa de la
legalidad cediendo esta como expresión del orden burgués e instrumento
de dominación, sino que es precisamente la defensa de la legalidad el
mejor antídoto contra la dominación y la mejor manera de consolidar y
cristalizar derechos.
El ilegalismo foucaultiano en el nacimiento de la
penalidad moderna
A principios de la década de los setenta Foucault —inmerso en el
análisis de las tecnologías disciplinarias y su importancia en el
nacimiento del capitalismo— centra su atención en el papel fundamental
que la penalidad desempeña en el triunfo de esta nueva racionalidad de
gobierno. Es en este contexto, en el de una genealogía moral del
capitalismo, en el que debemos ubicar el nacimiento del término
ilegalismo en la filosofía foucaultiana. Antes de profundizar
en el análisis de la significación, el contenido, la importancia y la
evolución de este término, es imprescindible detenernos, siquiera de
forma telegráfica, en una serie de precisiones y consideraciones acerca
del origen de este concepto para entender no solo qué es el ilegalismo y
su importancia sino, sobre todo, qué no es. Durante algún tiempo (aunque
según hemos constatado últimamente parece haberse subsanado) el término
ilegalismo ha sido traducido como ilegalidad. Esta traducción
no es solo un error filológico, sino que impide la comprensión de las
verdaderas intenciones de Foucault al escoger dicho término y la
importancia que cobra en el nacimiento de la penalidad moderna. Ambos términos no son sinónimos ni
intercambiables, la ilegalidad es más bien la culminación del
ilegalismo, su punto final, aquello que resuelve y termina con la
tensión y la lucha que los ilegalismos provocan. El ilegalismo es
siempre una tensión, una lucha, un agónico combate por trazar estas
líneas de la ilegalidad. Foucault recurre al término ilegalismo
para escapar de la categoría jurídica de la infracción sin caer en la
categoría criminológica (que tanta importancia tendrá en Vigilar y
castigar) de la delincuencia. Algunos análisis han situado el
rescate del término ilegalismo por parte de Foucault
en la tradición de cierto pensamiento anarquista eminentemente
individualista. Lo cierto es que, pese a no poder
determinar a ciencia cierta si la elección de esta terminología tiene
alguna relación de continuidad con la tradición anarquista, sí podemos
comprobar que el término illégalisme aparece hasta en cuatro
entradas de la Encyclopédie Anarchiste coordinada por Sébastian
Faure entre 1925 y 1934. Este illégalisme anarquista, que se
sitúa en la corriente individualista de dicho movimiento, hace
referencia a un modo de vida cotidiano fuera de la ley por el que los
ilegalistas procuran obtener los recursos necesarios para su
subsistencia al margen del orden vigente. El illégalisme
anarquista se sitúa en las antípodas del comunismo libertario y de
cualquier reivindicación política o sindical. Detrás de este
illégalisme no existe ninguna pretensión transformadora que
oriente la acción con un propósito político-social. Este
ilegalista se adapta a ese régimen de la propiedad sin
contribuir a su destrucción.
Los ilegalismos foucaultianos son una serie de prácticas y conductas
infrapenales, parapenales o anteriores a la penalidad, no exclusivas de
las poblaciones más necesitadas, que eran parcialmente toleradas por el
resto de los estamentos sociales. En las sociedades preindustriales,
estos distintos ilegalismos propios de cada grupo social conviven en un
tenso equilibrio en el que conductas ilegalistas de un grupo pueden
redundar en beneficio de otro o son toleradas bajo un acuerdo tácito de
reciprocidad. Será a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con el
ascenso de la burguesía y la imposición de un nuevo régimen de propiedad
que ponía en su centro el carácter sacrosanto de la propiedad privada y
su férrea defensa, cuando este tenso equilibrio salte por los aires. El
ilegalismo deja de ser transversal, para ser caracterizado únicamente
como ilegalismo popular que ha de ser perseguido, combatido y castigado
con dureza. Para analizar esta proliferación de los ilegalismos
populares, su tipificación y su penalidad, Foucault trazará su evolución
atendiendo a tres etapas: la convivencia de distintos tipos de
ilegalismos a lo largo del Antiguo Régimen; la irrupción de la burguesía
como clase dominante con un nuevo régimen de propiedad y producción; y
el nacimiento del capitalismo industrial y de los movimientos obreros
aparejados a él. Esta evolución está marcada por el paso de una
transversalidad y convivencia de unos ilegalismos socialmente aceptados
y generalizados en una especie de tenso equilibrio, a la exclusividad
del ilegalismo como una conducta de las clases bajas que pone en peligro
el buen orden y la propiedad y que ha de ser perseguido (Foucault,
2012b, p. 198).
Los ilegalismos en un primer momento, presentes en todos los
estamentos de la sociedad, no pueden ser entendidos como conductas
reactivas; no funcionan como reacciones frente a una ley previa sino
conformando todo un entramado económico-político. El ilegalismo es una
positividad inscrita en el funcionamiento de la sociedad, no mera
negatividad (Boullant, 2004, p. 75). El equilibrio y convivencia entre
ilegalismos se viene abajo con el ascenso de la burguesía y el nuevo
régimen de propiedad. El problema del ilegalismo es monopolizado por los
ilegalismos populares propios de las poblaciones más desfavorecidas que
suponen un menoscabo de ese régimen de propiedad burgués. Las clases
populares representan un peligro para el régimen de propiedad burgués,
una amenaza intolerable que hace que sea “necesario poner efectivamente
bajo vigilancia a todas las capas populares” (Foucault, 2000b, p. 61).
Todo trabajador encarna a partir de ese momento una amenaza potencial
para este régimen de propiedad. A finales del siglo XVIII, asegura
Foucault, la burguesía ha colonizado la totalidad del aparato penal y
penitenciario valiéndose de este para una gestión y administración de
los ilegalismos que persigue con especial vehemencia el ilegalismo
popular —identificado ahora no solo con los ataques a la propiedad sino
también con el despilfarro, la disipación o la ociosidad improductiva—
dejando de lado otros que tienen que ver con estamentos mejor situados.
A partir de ese momento, el sistema penal y policial perseguirá y
sancionará conductas inmorales y antieconómicas como la pereza, el
absentismo o el vagabundeo.
Gestión diferencial de los ilegalismos en el origen de la
penalidad moderna
Los estudios que han tratado los acercamientos foucaultianos al tema
de la penalidad han puesto su énfasis, sobre todo, en el nacimiento de
las tecnologías disciplinarias representadas en la prisión panóptica y
en la importantísima presencia que los elementos religiosos y morales
cobran en esta nueva penalidad. Siendo ambas cuestiones de una
importancia fundamental, es necesario incidir en otro punto que ha sido
quizás menos tratado pero que es fundamental en el estudio foucaultiano
de la penalidad y, por extensión, en cualquier acercamiento
histórico-político a estas tecnologías punitivas y su relación con el
gobierno de los más desfavorecidos. Nos referimos a la gestión
diferencial de los ilegalismos. Como hemos visto, Foucault se ha
servido de la genealogía del ilegalismo para dar cuenta de la historia
de una serie de prácticas paralegales o infralegales y del cambio en la
sensibilidad y la tolerancia frente a ellas. En el nacimiento de las
modernas penalidades encontramos, según Foucault, una gestión
diferencial de los ilegalismos que ha propiciado, desde sus orígenes, la
penalización y persecución de determinadas prácticas y ha dejado de lado
o se ha mostrado más indulgente con otras (Brodeur, 1993, p. 23). En
1975 —en Vigilar y castigar— Foucault retoma la cuestión de los
ilegalismos desde una dimensión esencialmente política. Es en este
ámbito más politizado de la cuestión de los ilegalismos donde hay que
enmarcar la introducción de la gestión diferencial de los
ilegalismos o la economía política de los mismos como
origen de una penalidad de clase edificada en torno al derecho
de propiedad burgués y la persecución del ilegalismo popular (Foucault,
2012, pp. 316-317). La gestión diferencial de los ilegalismos —que
promueve no solo la tipificación como delitos de determinadas prácticas
anteriormente toleradas sino una desigualdad en el trato, la persecución
y el castigo de unos ilegalismos u otros— no desempeña un papel
accesorio en el nacimiento del nuevo capitalismo industrial, sino que se
encuentra en la base de la penalidad moderna que tan importante papel ha
desempeñado en la implantación de este nuevo régimen de propiedad
burgués. Esta gestión diferencial establece una distinción o punto de
cesura entre lo que podríamos denominar ilegalismos de la
propiedad, como el robo, la usurpación o la destrucción de
maquinaria, sancionados de forma severa por los tribunales, y los
ilegalismos de derecho, como las evasiones fiscales, los
delitos monetarios, u otras prácticas propias de estamentos
“privilegiados” cuyo enjuiciamiento ha de ser llevado a cabo por
tribunales y jurisdicciones especiales, su sanción es —generalmente—
pecuniaria y el grado de alarma social que desatan es mínimo. Si en un
primer momento de connivencia entre ilegalismos la delimitación entre
unos y otros era difusa y la tolerancia consuetudinaria hacía inútil su
persecución, la emergencia del nuevo régimen de propiedad remarcó la
diferenciación entre unos y otros. La gestión
diferencial de los ilegalismos no pretende terminar con los ilegalismos
ni perseguir o castigar cualquier conducta contraria a derecho sino
delimitar una jerarquización entre ellos. El tratamiento
dispensado a unos u otros será más o menos indulgente según la clase o
grupo social “propietario” de tal ilegalismo (Foucault, 2012, p. 316).
De esta forma, junto al reforzamiento de una serie de penas y sanciones
especialmente severas y punitivas (como vimos en la Ley Negra)
reservadas para el ilegalismo popular (transformado ahora en
ilegalidad), observamos el florecimiento de una penalidad suavizada, de
una gestión discreta y a menudo invisible de prácticas y conductas que
constituyen infracciones e irregularidades económicas y financieras. La
gestión diferencial de los ilegalismos en el origen de la penalidad da
pie, según Foucault, al nacimiento de una penalidad de clase
surgida al albor del régimen de propiedad burgués con el objeto de
proteger la propiedad privada como pilar de dicho régimen y perseguir
cualquier conducta o práctica que pudiera suponer un peligro directo
para la propiedad y aquellas otras que, simplemente, entrañasen riesgos
para la productividad. Esta gestión diferencial hunde sus raíces no solo
en un régimen económico, sino que tiene también robustos cimientos
morales. La jerarquización de los ilegalismos lleva consigo la
estigmatización y persecución de distintos modos de vida y delimita
poblaciones moralmente superiores a otras. En esta gestión diferencial
la justicia penal desempeña un papel importante como “instrumento para
el control diferencial” (Foucault, 2012, p. 328) de los ilegalismos. En
Vigilar y castigar, Foucault muestra que la justicia penal, la
policía, la prisión y la delincuencia forman parte de un mismo entramado
encargado de diferenciar ilegalismos y monopolizar la persecución y el
castigo del ilegalismo popular. Por tanto, la gestión diferencial de los
ilegalismos no limita su actuación a un “momento previo” que cristaliza
y finaliza con la tipificación de unas prácticas como ilegalidades y la
tolerancia hacia otras, sino que esta diferenciación va más allá, se
extiende en una práctica post-codificadora. La desigualdad comprende “la
aplicación diferencial de las normas jurídicas por parte de los
funcionarios encargados de calificar y sancionar la ilegalidad, sin
ceñirse solo a los integrantes del ámbito judicial” (Fischer y Spire,
2009, p. 7). De esta manera, a partir de este
trato desigual legislativo, policial y judicial, conductas o prácticas
tipificadas como ilegalidades son a menudo sobreseídas por los
tribunales y perseguidas con una intensidad menor por las autoridades.
La gestión diferencial de los ilegalismos depende, en gran parte, de la
amplia discrecionalidad de la que tanto la policía como el poder
judicial gozan en sus funciones (Fischer y Spire, 2009, p. 12).
Aunque el ilegalismo foucaultiano no es únicamente una conducta
reactiva, una reacción ante un previo recorte o ataque —como sí lo era
el motín de subsistencia thompsoniano— sí es cierto, asegura el francés,
que el endurecimiento de las nuevas leyes de propiedad, la severa
rigidez reglamentaria y las insólitas condiciones laborales propiciaron
la multiplicación y proliferación de un ilegalismo popular que, si bien
había existido con anterioridad, acentuaba su presencia a principios del
siglo XIX entremezclándose —ahora sí— con prácticas políticas. Las
draconianas medidas legislativas, judiciales y policiales “hacían caer
del otro lado de la ley a muchos individuos que, en otras condiciones,
no habrían pasado a la criminalidad especializada” (Foucault, 2012, p.
319). Tras la aparente pretensión de una penalidad igual y universal que
atendiendo únicamente al hecho delictivo tipificado persiguiese y
condenase al infractor sin importar su origen ni estrato social, se
mostraba —a través de esta gestión diferencial de los ilegalismos— una
penalidad de clase que tiene su origen en la lucha contra las prácticas
de resistencia morales, sociales, consuetudinarias —más adelante, en el
siglo XIX— políticas, que se oponen a un nuevo régimen de propiedad y
una economía de libre mercado que condena a una gran parte de la
población a una nueva esclavitud de facto. La gestión diferencial de los
ilegalismos centró la lucha de la penalidad en el combate contra el
ilegalismo popular, término bajo cuyo paraguas se agruparon una amplia
variedad de prácticas y conductas que desde ese momento pasaban a estar
proscritas, perseguidas con celo y castigadas con rigor.
La des-moralización del ilegalismo popular en el nacimiento
de la prisión
La batalla contra el ilegalismo popular no puede ser entendida,
asegura Foucault, atendiendo únicamente a una dimensión
económica-productiva, sino que es fundamental, en conjunción con esta,
prestar atención a una dimensión moralizadora. La lucha contra el
ilegalismo popular se desarrollaba en un triple frente económico, moral
y político. Para la tipificación de los ilegalismos era imprescindible
una desmoralización previa de determinadas conductas que permitiese su
posterior ilegalización; fueron necesarias “una multitud de batallas
éticas en todos los niveles, para que la burguesía se hiciese dueña de
los ilegalismos” (Foucault, 2016, p. 323). Las clases populares,
depositarias de toda clase de vicios e inmoralidades, han de ser
vigiladas, corregidas y adiestradas. Un componente represivo y negativo
se articula con otro positivo de fabricación, producción y
adiestramiento de poblaciones útiles y dóciles; se trata no solo de
proteger la propiedad privada sino también de fabricar mano de obra
disciplinada. Es una penalidad (de clase) que no solo reprime, sino que
fundamentalmente produce. El sistema penal y penitenciario establece una
demarcación entre una población burguesa virtuosa, laboriosa y honrada y
unas poblaciones subalternas que hacen de la inmoralidad, la rapiña y el
vicio su forma de vida y han de ser disciplinadas y domesticadas.
En un incipiente capitalismo industrial el menoscabo y derroche de la
fuerza de trabajo conlleva una pérdida económica para el patrón.
Cualquier conducta que suponga un menoscabo de la capacidad productiva
del obrero ha de ser entendida como un atentado contra la propiedad,
como un lucro cesante del empleador. La pereza, la ebriedad o la
ociosidad no son únicamente comportamientos inmorales, sino que suponen
un menoscabo para el régimen de propiedad. El trabajador dispendioso es
un ladrón inmoral que con su conducta está sustrayendo parte del precio
que el empleador paga por él. Esta conexión entre inmoralidad y
productividad está en la base de un nuevo ilegalismo que tiene su blanco
en la fijación del obrero al sistema productivo: el ilegalismo de la
disipación. La disipación en este sentido aparece como un ilegalismo de
carácter moral que, si bien es más suave que la depredación, se conforma
como su paso previo, un precedente con un margen muy difuso. El combate
contra esa disipación en pos de una mayor productividad constituye el
blanco de todo ese proyecto moralizador de las poblaciones subalternas
articulado en una suerte de continuidad penal y punitiva.
El ilegalismo obrero supone en este momento una confrontación y un
desafío al nuevo régimen de producción burgués y sus draconianas
condiciones de empleo. De la misma forma que el régimen de propiedad
burgués había propiciado la proliferación de motines, revueltas e
ilegalismos rurales, fue “contra el nuevo régimen de la explotación
legal del trabajo contra el que se desarrollaron los ilegalismos obreros
a comienzos del siglo XIX” (Foucault, 2012, p. 318). La precariedad
laboral y la desregulación del mercado de trabajo conformaban los
cimientos de este capitalismo industrial. La penalidad y la coerción
constituían el último eslabón de un engranaje disciplinario que no
dejaba otra opción o modo de supervivencia al trabajador que este
régimen de semi-esclavitud. La economía y la moralización caminaron de
la mano en esa senda hacia la tipificación de los ilegalismos populares.
El propósito moralizador en el siglo XIX es, según Foucault, un proyecto
político hegemónico de clase, pues “se trata no solo de controlar
moralmente a las clases bajas y laboriosas, sino de controlarlas
políticamente, en función de los peligros de la revuelta” (Foucault,
2016, p. 135). El discurso moral de clase coloniza la penalidad
constituyéndola en una penalidad de clase cuyo objeto no son únicamente
los pobres y vagabundos sino el conjunto de una naciente clase obrera
que amenaza el nuevo régimen de propiedad burgués (Foucault, 2016, p.
151).
Foucault asevera, contradiciendo los discursos de reformadores como
Beccaria o Brissot que postulan una estricta separación entre la falta
moral y la infracción legal, que asistimos a un proceso de moralización
de la penalidad (Foucault, 2000, p. 540). La falta moral, el vicio, las
conductas impúdicas e inmorales son incorporadas a la legislación penal
y perseguidas como delitos; se trata de “trazar una continuidad entre el
control y la represión [de orden] moral, por una parte, y la sanción
penal, por otra” (Foucault, 2016, p. 135). No se trataría tanto de
perseguir la infracción o vulneración de la ley cuanto de vigilar
cualquier comportamiento irregular, cualquier desviación o
comportamiento inmoral, anormal o sospechoso que pudiera significar un
peligro para el orden y la moralidad burguesa y supusiera un riesgo para
el sistema de propiedad burgués. Esta exigencia moralizadora se eleva al
Estado; se promueve la estatalización de esta moralidad y la persecución
de las conductas que atenten contra ella. Será el propio Estado burgués
el encargado de promover esta campaña moralizadora de clase que se
extenderá a todos los ámbitos de la vida cotidiana a través
fundamentalmente de la actuación de la policía. La campaña moralizadora
no es únicamente punitiva, la cárcel es solo el último eslabón de toda
una serie de instituciones que, actuando positivamente sobre el
individuo, pretenden su moralización y disciplinamiento. Tenemos por
tanto a principios del siglo XIX una doble intervención moralizadora: de
un lado toda una serie de instituciones que mediante una intervención de
carácter positivo pretenden la moralización de las clases bajas y
trabajadoras y, de otro lado, una penalidad coercitiva en la que “lo
coercitivo está muy próximo y comparte la índole de lo que se ha llamado
penitenciario” (Foucault, 2016, p. 138) en cuyo extremo está la prisión
pero que se compone de una pluralidad de instituciones intermedias como
asilos, reformatorios o workhouses. Este elemento de lo coercitivo
funciona, según Foucault, como el engranaje que sirve para unir moral y
penalidad. La coerción está presente en todas las instituciones
disciplinarias del siglo XIX que abarcan la vida del individuo desde su
nacimiento hasta su muerte y funciona de una manera similar en todas
ellas (Gros, 2010, p. 11). Este elemento de lo coercitivo que, según
Foucault, está presente en todas estas instituciones del capitalismo del
siglo XIX, es lo que sirve como condición para la aceptabilidad de la
prisión y lo penitenciario. Si todas estas instituciones disciplinarias
tienen en lo coercitivo el instrumento para disciplinar y corregir
conductas, la prisión encuentra su legitimidad para castigar en él. La
cárcel es la institución última para castigar a aquellos que han burlado
la coerción de las demás instituciones, “es el lugar donde los
principios generales de la coerción, las formas, las tesis y las
condiciones de esta se concentran para uso de quienes han buscado
escapar a ella. Es el redoblamiento, en la forma penitenciaria, del
sistema de la coerción” (Foucault, 2016, p. 138). Estas instituciones
coercitivas tienen como objetivo común evitar la disipación y el
derroche de la fuerza de trabajo y tratar de convertir el tiempo de vida
en fuerza de trabajo. Se encargarán de gestionar de manera integral el
tiempo de vida del individuo fijándolo dentro de un grupo y garantizando
su vinculación al aparato de producción. De esta forma la prisión, según
Foucault, encuentra su sentido y las condiciones de su aceptabilidad en
el siglo XIX en el seno de estas instituciones panópticas y coercitivas.
La cárcel no es sino el reflejo grotesco de la estructura del resto de
las instituciones.
Entre ilegalismos y motines: una lectura no economicista
compartida por Thompson y Foucault
Nuestro propósito a la hora de poner en relación el tratamiento del
ilegalismo foucaultiano con el motín de subsistencia de Thompson no ha
consistido únicamente en rastrear las más que evidentes similitudes
entre ambos, sino en mostrar una lectura compartida que sirve
para dar cuenta de la insuficiencia del modelo economicista a la hora de
explicar el nacimiento de la moderna penalidad. Foucault se sitúa a
nuestro parecer, más en sintonía con los heterogéneos estudios de los
historiadores marxistas ingleses que con lecturas más propiamente
economicistas como las de Melossi y Pavarini o las de Rusche y
Kirchheimer. A través de los análisis del historiador británico y del
filósofo francés hemos podido ver la importancia que —junto con el
elemento económico— tienen otros factores culturales, morales, sociales
o consuetudinarios en la conformación de unas prácticas de resistencia a
los nuevos modos de propiedad y producción burgueses. Esta perspectiva
nos ha servido para dar cuenta del nacimiento de una penalidad que no
solo cumple con el objetivo de reprimir y sofocar dichas revueltas, sino
que tiene como propósito encauzar por el único camino del trabajo
asalariado en condiciones de miseria a poblaciones expulsadas de sus
tierras y privadas de sus modos de subsistencia tradicionales. Ambos
autores dan cuenta de una situación preindustrial en la que ciertas
prácticas infralegales o alegales coexistían y eran toleradas. En los
análisis de Foucault los ilegalismos populares convivían en tenso
equilibrio con otra serie de ilegalismos propios de cada estamento o
grupo social y eran, en mayor o menor medida, tolerados garantizando una
convivencia pacífica. Del mismo modo Thompson, en Los orígenes de la
Ley Negra, describe una situación preindustrial en la que
determinadas prácticas paralegales, que tenían como finalidad asegurar
la supervivencia de las poblaciones más necesitadas como la caza, la
pesca o la tala, eran toleradas, en ámbitos rurales, por las autoridades
forestales. El equilibrio entre ilegalismos estalla, según Foucault, en
el último cuarto del siglo XVIII cuando el ilegalismo popular que
menoscaba determinados usos privativos de la propiedad se convierte en
una amenaza intolerable para una burguesía atemorizada que demanda cada
vez mayor cantidad de mano de obra sumisa y dócil. Thompson por su
parte, haciendo gala de una mayor precisión historiográfica, sitúa este
momento de “quiebra de los equilibrios” décadas atrás. El británico
habla de un endurecimiento punitivo (o, según Thompson, de una
sanguinaria matanza) que tiene lugar, en el caso inglés, a partir de la
promulgación de una Ley Negra que combate a sangre y fuego cualquier
menoscabo de la propiedad y proscribe los anteriores usos comunes
consuetudinarios. En ambos análisis el endurecimiento punitivo y la
persecución de prácticas anteriormente toleradas responden a un nuevo
régimen de propiedad que lleva consigo un cambio de sensibilidad
respecto a la pobreza, el trabajo y la propiedad. La indignación y el
descontento que esta nueva situación desata en las poblaciones populares
no pueden entenderse, según ambos autores, en términos únicamente
económicos pues las motivaciones que desatan motines, revueltas y
levantamientos son, en gran parte de las ocasiones, morales, culturales
y sociales.
Thompson señala el motín de subsistencia como una de las formas de
acción directa mediante la cual las poblaciones populares mostraban,
tras haber agotado los cauces legales, su indignación y descontento y
reclamaban su derecho a subsistir. Estas medidas de acción directa son
movimientos reactivos que aparecen como oposición a nuevas medidas
económicas, penales o laborales. No tienen, como vimos, un carácter
meramente económico, sino que dan forma a un alegato moral que
reivindica la vigencia de usos y costumbres consuetudinarias y demanda
la cristalización y la consolidación en derecho de mecanismos de
fijación de precios justos, de aprovechamiento de tierras y medios
comunales, de normas de trabajo, etc. Por el contrario, los ilegalismos
populares, de los que habla el francés, no son reactivos sino
preexistentes a las leyes y medidas que empobrecen a las poblaciones más
necesitadas y recortan sus mecanismos de subsistencia (aunque, como
hemos visto, la aprobación de estas nuevas medidas acentúa la
proliferación de ilegalismos populares). El ilegalismo popular convive
con una amplia gama de ilegalismos de un variado espectro; cada grupo
social tiene sus propios ilegalismos. Estos ilegalismos, al menos en un
primer momento, no están articulados por ninguna reivindicación común ni
poseen una misma naturaleza moral, sino que son prácticas —más o menos
toleradas— que pretenden eludir una normativa en ocasiones demasiado
estricta y que redundan en beneficios mutuos (Foucault, 2016, p. 170).
Mientras que las acciones directas de las multitudes —entre las que se
encontraban los motines de subsistencia— aparecían como una protesta o
muestra de indignación ante las nuevas medidas legislativas o punitivas,
los ilegalismos populares existían con anterioridad a esas legislaciones
que tienen como objeto precisamente su combate, su gestión diferencial y
su transformación en ilegalidades.
El ilegalismo foucaultiano es transversal en la sociedad
preindustrial, “se trata casi de un modo de funcionamiento de la
sociedad entera” (Foucault, 2016, p. 172). Sin embargo, la economía
moral y los motines de subsistencia estudiados por Thompson no son
transversales sino de clase, provienen siempre de las poblaciones
populares y fijan sus objetivos en la burguesía o las poblaciones más
acomodadas. El motín de subsistencia es, según Foucault, un ilegalismo
más que aparece como oposición a la legislación burguesa pero que no
pretende terminar con ella sino reactivar ciertos modos de legalidad.
Foucault y Thompson coinciden en señalar la naturaleza restaurativa de
los motines y su propósito moral. La multitud descontenta e indignada
que recurre al motín u otros medios de acción directa ha agotado antes
los cauces legales. Este recurso previo a las vías legales deja entrever
la reivindicación de la ley como una realidad que, alejada de una
concepción superestructural que hace de ella un simple instrumento de
dominación de clase subordinado a los mandatos económicos, sirva como
instrumento para la cristalización y consolidación de una serie de
derechos de uso y consuetudinarios. La ley aparece así —en línea con lo
señalado por Thompson— como un campo de batalla siempre en conflicto y
en tensión. Foucault afirma que el nacimiento de la ley ha de estudiarse
siempre en el marco del ilegalismo en el que funciona, “hay que
estudiarla siempre en función de quienes prohíben y de aquellos a
quienes afecta la prohibición” (Foucault, 2016, p. 175). Los motines
populares no cargan contra la ley en abstracto, no pretenden impugnar la
legalidad en su totalidad sino modificar determinadas leyes; lo que
ponen en cuestión no es la existencia de la ley como instrumento
regulador de la sociedad sino “las definiciones alternativas de los
derechos de propiedad” (Thompson, 2010, p. 281).
Foucault y Thompson se oponen no solo al reduccionismo economicista
defendido desde determinadas posiciones marxistas, sino también al
reduccionismo simplista de un esquema meramente represivo que olvida la
función esencialmente positiva que desempeña la penalidad en la
fabricación del orden burgués. En el caso del francés la oposición a
este modelo represivo viene de la mano del estudio de unas tecnologías
disciplinarias que tienen como principal función la fabricación de
individuos dóciles para engrasar los engranajes de un sistema productivo
siempre ávido de mano de obra disciplinada. Sin embargo, para mostrar
esa oposición a un esquema puramente represivo en el caso de Thompson es
necesario, como ha mostrado con acierto Benítez Martín (1996, pp. 132 y
ss.), prestar atención a la importancia que el británico concede a los
estudios gramscianos acerca del concepto de hegemonía. Este concepto
gramsciano es fundamental, asegura Thompson, para comprender cómo ese
control sobre las clases subalternas era únicamente en momentos
puntuales mantenido y sostenido por la fuerza y la represión (económica,
militar o policial), siendo, en la mayor parte de las ocasiones, la
hegemonía cultural e ideológica el sustento de dicho control (Thompson,
1989b, p. 70). Esta hegemonía cultural se aleja bastante de una
situación de dominación pues permite la existencia de culturas distintas
propias de las clases subalternas que coexisten con las formas de
cultura dominantes a las que resisten, plantan batalla y, en ocasiones,
vencen. Thompson distingue entre un control más cercano a aquello que
pudiéramos denominar represivo que caracteriza como un control de estilo
teatral; y otro control invisibilizado, disimulado, en el que la
realidad imperante se presenta como la única alternativa, como un orden
natural de las cosas, un “sentido común” preexistente e inmutable.
Thompson y Foucault reivindican la importancia de la crítica para hacer
frente a ese control invisibilizado, cotidiano y naturalizado y mostrar
la contingencia y la historicidad que se esconden tras esa aparente
necesidad. Los factores económicos, según Foucault y Thompson, no pueden
—por sí solos— servir como explicación completa y suficiente de una
serie de acontecimientos cuya sombra se proyecta hasta nuestros días.
Que en el nacimiento de la moderna penalidad los elementos económicos
han tenido enorme importancia es algo indudable; que estos factores
económicos no son determinantes sino están acompañados por otros de
carácter moral, cultural o religioso, también.
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