CONTROL SOCIAL Y VIGILANCIA DISCRETA: LA OFICINA DE ENLACE DEL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO (1962-‍1977)

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

La década de 1960 en España se desenvolvió en un marco ambivalente entre la normativa que iniciaba un periodo de apertura al exterior, modernización económica y social, y la actualización de los viejos postulados falangistas, como lo muestra la aprobación de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 o la Ley Orgánica del Estado de 1966, que venía a cerrar el proceso de institucionalización del Régimen.

Una legislación fundamental para el proceso de liberalización emprendida fue la aprobación de una regulación que sustituyó a la Ley de Prensa de 1938. En la visita a España en 1959 del presidente estadounidense Eisenhower, la libertad de expresión había salido en las conversaciones con Franco y parecía oportuno abordar la cuestión si es que se pretendía ofrecer ante el exterior un modelo informativo más próximo a los occidentales, especialmente cuando se estaba cursando la petición de ingreso en la CEE. En consecuencia, se creó una comisión nombrada por el Ministerio de Información y Turismo (MIT) a fin de consensuar la futura norma con los poderes fácticos del Opus Dei en alza, así como con los principales responsables de los medios de comunicación.

En 1962, una crisis ministerial provocó la salida del primer ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, y la entrada de Manuel Fraga Iribarne, un hombre que había desempeñado cargos públicos en la Secretaría General del Instituto de Cultura Hispánica, en el Consejo Nacional de Educación, en la subdirección del Instituto de Estudios Políticos y en la Delegación Nacional de Asociaciones^[1]. Fraga pretendió acelerar la elaboración de una nueva norma para los medios de comunicación, pero no logró su propósito hasta 1966, una demora que muestra la reticencia de algunos sectores hacia lo que suponían que sería la pérdida de un pilar propagandístico fundamental para el franquismo. El objetivo de Fraga no era fácil, puesto que la ley había de contar con el respaldo de instituciones y empresas periodísticas, algunas de ellas presentes en las Cortes por procuradores que a su vez eran directores de diarios, y compatibilizar la actitud reacia de las autoridades a abandonar la legislación restrictiva con la actitud favorable de la sociedad y las nuevas generaciones a apostar por una libertad informativa.

La historiografía se ha ocupado de la interpretación de la denominada ley Fraga de 1966 y su ambivalente aplicación expresada en los artículos 1 y 2^[2]. En ellos se observa claramente la pugna entre el progreso y el mantenimiento de los principios fundamentales del franquismo, que a la altura de 1966 representaban un anacronismo en el entorno occidental. Sin embargo, ha pasado bastante inadvertida la creación de un organismo especialmente instaurado para la coordinación y centralización de la información que generaba el MIT y sus relaciones con departamentos ministeriales vinculados a la vigilancia, el orden público y las investigaciones policiales. Se trataba de la denominada Oficina de Enlace (OE), nacida por orden ministerial de 26 de noviembre de 1962 y puesta bajo la dependencia directa del ministro Fraga. En 1974 fue renombrada como Gabinete de Enlace (GE). Las investigaciones dedicadas a este organismo son escasas y remiten a la descripción de la documentación depositada en los archivos^[3] o a sus funciones en estudios parciales de colectivos como el movimiento obrero y la Iglesia Católica^[4].

El objetivo que se propone en este artículo es examinar la estructura y funcionamiento de la OE, así como los perfiles, instituciones y materias objeto de su interés. Las fuentes utilizadas corresponden a los expedientes pertenecientes al archivo del Ministerio de Cultura bajo la denominación de Gabinete de Enlace y custodiados en el Archivo General de la Administración (AGA), así como el Boletín Oficial del Estado. La documentación está integrada, básicamente, por un grupo temático de dosieres de asuntos, instituciones, áreas geográficas y expedientes personales. La tipología de fuentes abarca una gran diversidad, como notas diplomáticas, teletipos, informes de la Dirección General de Seguridad (DGS) y del Estado Mayor, notas informativas de los delegados provinciales del MIT, textos de conferencias, comentarios de noticias, recortes de prensa e, incluso, cartas anónimas. Se ha aplicado la técnica de la observación documental, para lo cual se han elaborado fichas específicas donde se han anotado los datos más relevantes relativos al órgano emisor, la fecha, referencias identitarias y un resumen de los contenidos. Como consecuencia del alto número de expedientes abiertos en la OE (2470 personas y 1723 instituciones registradas), se ha procedido a la consulta de una muestra ilustrativa que revela las autoridades responsables, los procedimientos seguidos y los aspectos de interés para el conocimiento de este organismo.

Partimos de la hipótesis de que la OE realizó tareas de recogida de información para el MIT, como señalaba su decreto fundacional, pero, sumado a ello, desempeñó una función instrumental para la DGS, el Ministerio de Gobernación, la Guardia Civil y la Policía. El desempeño de su trabajo parece indicar que utilizó los recursos bajo su jurisdicción para fines de vigilancia y control social, como las agencias de noticias, los medios audiovisuales, la propaganda, los servicios editoriales y culturales. Igualmente consideramos que fue creada partiendo de antecedentes como la Oficina de Información de la Vicesecretaría de Educación Popular, que realizó operaciones similares de recogida, análisis y difusión de la información política a los diversos departamentos ministeriales^[5]. Finalmente, la pervivencia de la OE tras la muerte de Franco muestra la continuidad del entramado de control en los primeros años de la Transición a la democracia, a modo de prórroga de ciertas instituciones coercitivas de la dictadura.

II. LA OFICINA DE ENLACE: NACIMIENTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA[Subir]

Cuando Manuel Fraga Iribarne ocupó el cargo de ministro de Información y Turismo en julio de 1962, llevó a cabo una importante reorganización que daría al MIT una estructura más completa y centralizadora. Así, se creó el Instituto de Estudios Turísticos, el Consejo Superior de Cinematografía y el Gabinete Técnico, se reorganizó la Dirección General de Prensa, la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, la Dirección General de Información, la Dirección General de Cinematografía y Teatro y el Instituto Nacional de la Cinematografía y, además, se perfilaron las competencias de las delegaciones provinciales del Ministerio.

En esta reestructuración nació la Oficina de Enlace, por orden ministerial de 26 de noviembre, justificada por el aumento de las relaciones del Ministerio con otros departamentos nacionales e internacionales y la necesidad de coordinar en un único centro administrativo la información que generaban^[6]. Su cometido era, por tanto, contactar con otros organismos implicados en el control de la información, analizar y estructurar los contenidos en publicaciones de uso interno. La asignación de tareas de vigilancia y escuchas cubrió desde el principio la investigación del comunismo y la subversión —incluyendo a partidos de oposición en el interior, al exilio republicano, los sindicatos y el PCE—, personajes y colectivos sospechosos de ser contrarios al régimen. Igualmente se ocupó del seguimiento de personalidades con gran proyección pública, como el entonces príncipe Juan Carlos, sobre el que interesaba conocer la visión de su figura que ofrecían los medios de comunicación nacionales y extranjeros. La OE era fundamental para el MIT no solo por su tarea de coordinar y procesar la información, sino por su capacidad para investigar a iniciativa propia^[7].

Esta peculiar oficina funcionó hasta que desapareció el MIT en 1977 y sus competencias se traspasaron al naciente Ministerio de Cultura. En los quince años de su existencia estuvo bajo la dependencia de siete ministros: cinco durante la dictadura —Manuel Fraga, Alfredo Sánchez Bella, Fernando de Liñán, Pio Cabanillas y León Herrera— y dos en el primer bienio de la transición democrática —Adolfo Martín-Gamero y Andrés Reguera—. La incesante renovación de ministros —tres entre 1973 y 1975: Fernando de Liñán, Pío Cabanillas y León Herrera, y dos en 1976-‍1977— muestra las dificultades de la gestión de los medios de comunicación, inmersos entre un sector retrógrado y la prensa empresarial del tardofranquismo e inicios de la democracia, crítica con el régimen y reivindicativa con la adquisición definitiva del derecho a la libertad de expresión. Durante todo ese tiempo, la OE fue organizándose internamente para un mejor cumplimiento de sus cometidos, si bien su organigrama no constaba en el decreto de creación ni en estructuras posteriores, a excepción de la confirmación de la dependencia directa del ministro, como en el decreto de 1968 por el que se renovaron algunos departamentos del MIT^[8].

La organización interna de la OE revela una estructura jerarquizada en torno a un jefe con categoría de subdirector general bajo la dependencia directa del ministro, a cuyo cargo se hallaba un subjefe con funciones de suplente y de secretario de la Junta de Enlaces^[9]. La Junta de Enlaces era un órgano colegiado integrado por personal de diferentes ministerios interesados en la información que elaboraba este organismo. Entre otros figuraban los tres ministerios militares, Presidencia del Gobierno —bajo la cual se hallaba el Servicio Central de Documentación (SECED)—^[10] y Gobernación, del que dependía la DGS. Estos enlaces compartían e intercambiaban información para establecer directrices que seguir en la vigilancia y control de los contenidos mediáticos y de la proyección pública de personal de interés. Se reunían una vez por semana y tenían capacidad para planificar y desarrollar actividades, así como proponer tareas y distribuir información entre los organismos ministeriales concernidos.

El peso de las tareas a desarrollar recaía en un departamento de investigación compuesto por dos secciones: la Sección de Estudios, cuyo objetivo era recopilar información para realizar estudios e informes sobre el comunismo, las actividades subversivas y contrarias al régimen, y la Sección del Gabinete de Escucha, encargada de obtener noticias a través de la radiofonía y la radiotelegrafía, a fin de analizarlas y elaborar resúmenes. Esta sección captaba las emisoras de radios clandestinas y extranjeras que tuvieran programas en español o en cualquier idioma cuyos contenidos estuvieran dedicados a España. Entre ellas figuran las de países democráticos, como la BBC y Radio París, de gran interés para las relaciones internacionales del régimen y su propósito de acercamiento a Europa. Igualmente realizaban escuchas de emisoras de la órbita comunista como Radio Moscú, Radio Belgrado, Radio Pekín, Radio Budapest, Radio Tirana y La Voz de Alemania. Estas naciones eran objetivo prioritario para la OE, puesto que uno de sus fines fundacionales consistió en la investigación del comunismo. En estos territorios se encontraba una parte importante del exilio comunista y, por tanto, aunaban el interés del seguimiento de dos focos de atención prioritaria: los exiliados y el comunismo. El Servicio siguió también la programación de La Voz de Cataluña por su vinculación a la clandestinidad antifranquista y las reivindicaciones nacionalistas. Finalmente, la captación de las ondas de Radio España Independiente se realizaba desde Burgos por un departamento del Ministerio de Gobernación, pero aun así la OE estaba implicada en su seguimiento^[11].

Igualmente, se recogían los teletipos de agencias de noticias, como la Tass de Rusia, Ceteka de Checoslovaquia, Tanjug de Yugoslavia, ADN de la República Democrática de Alemania, Shinhua de China, Map de Marruecos, la DPA de la Alemania Federal, France-Press, APS de Argel y Prensa Latina de la Habana^[12]. El servicio estaba instalado en locales del ministerio, en la Dirección General de RTVE de Alcobendas y en la Delegación de Segovia.

La OE se nutría también de las noticias que llegaban desde las delegaciones provinciales del MIT, dependientes de la Subsecretaría de Información y Turismo. Estas delegaciones mantenían un contacto directo con la prensa local y, en consecuencia, proporcionaban referencias muy detalladas de la actividad política y social de las provincias^[13].

Con todos estos canales informativos la Oficina recopilaba un conjunto de datos que resultaron muy útiles para conocer los movimientos de los exiliados y de la oposición en el interior. Asimismo, sirvió para detectar los nombres del personal y de las organizaciones del antifranquismo a fin de informar a las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a la DGS y a la Brigada Político-Social.

Asimismo, la organización de la Oficina incluyó dos negociados: el denominado Negociado de Difusión de Boletines, ocupado de elaborar publicaciones para ser enviadas a las autoridades políticas o militares pertinentes. La tirada del boletín principal consistió en un número de 83 ejemplares que se difundían entre instituciones y enlaces ministeriales. Además, confeccionaron uno de carácter diario, con informaciones reservadas y una distribución restringida de 42 ejemplares que se enviaban a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de la Gobernación, al director de la DGS, Policía y Guardia Civil, al Alto Estado Mayor y al Ministerio del Ejército^[14]. La producción de ambos era una tarea fundamental, puesto que con ellos dejaban constancia de los hechos recabados, examinados, organizados y redactados para una lectura eficiente.

El otro negociado era el dedicado a la Coordinación y Colaboradores, ocupado en sistematizar la comunicación entre los departamentos y los trabajadores asignados a tareas concretas. Además de estos ejes principales, se encontraba una Secretaría que llevaba las gestiones administrativas y un archivo con expedientes y ficheros de información política.

Durante el mandato del ministro Alfredo Sánchez Bella (1969-‍1973) un nuevo decreto de 1970 precisó la adscripción orgánica de la OE, que quedó desde entonces bajo la tutela de un Gabinete Técnico^[15]. A los objetivos planteados en el momento de su creación se sumó la misión de atender los problemas del Estado con la opinión pública e incrementar la vigilancia y recogida de información de carácter subversivo, una misión compleja en una época en que la actividad antifranquista y la violencia de ETA eran intensas. Interesaba conocer el posicionamiento social con respecto al denominado «gobierno monocolor», a cuyo frente se situó al almirante Carrero Blanco, y las medidas aprobadas que mantenían el inmovilismo político y recrudecían la conflictividad laboral y estudiantil^[16].

Poco a poco las relaciones de la OE se extendieron a otros departamentos del MIT, así como a las direcciones de prensa y RTVE, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia, Trabajo y de Educación y Ciencia. Las operaciones se incrementaron notablemente en estos años al aumentar la recepción de información diaria del extranjero, de los teletipos de la Dirección General de Prensa, del Estado Mayor Central y de otras instituciones acreditadas en la oficina^[17].

En noviembre de 1974 se hizo una propuesta de reestructuración y otra más en marzo de 1975 con motivo del auge que habían tomado las misiones de recepción, elaboración y difusión de la información político-social, en un contexto muy convulso para la sociedad y también de crisis política por las enfermedades y el deterioro físico de Franco. En ambas reestructuraciones se dio gran importancia a las secciones de documentación, de gabinetes de escucha en grafía y fonía y a la elaboración de los boletines^[18]. Se propuso también automatizar la documentación con un sistema informático que permitiera construir un banco de información, con una edición cronológica y tablas de referencia para realizar búsquedas más eficaces^[19].

Como se aprecia en este documento de reorganización, se confirma el órgano de la Junta de Enlaces —compuesta por representantes del Alto Estado Mayor, los tres ministerios militares, la DGS, la Guardia Civil, la Organización Sindical, los ministerios de Asuntos Exteriores, Educación, Justicia y Trabajo, el Servicio Central de Documentación y la Secretaría General del Movimiento—; un Departamento de Investigación sobre el Comunismo, que constituía el eje central de las tareas de escucha y de la elaboración de estudios, boletines e informes; los negociados de Secretaría, Archivo y Estudios, y la sección de Colaboradores.

A partir de 1974 pasó a denominarse Gabinete de Enlace (GE) y experimentó cambios en su interior, como dejar de mencionar las investigaciones sobre el comunismo y la oposición. Sin embargo, los expedientes indican que siguió haciéndose vigilancia y seguimiento a determinadas figuras del mundo de la política, la cultura o el sindicalismo vinculadas a ambos sectores. Se trataba, en suma, de un gabinete de documentación para los ministerios y autoridades políticas y militares que requerían de servicios informativos sobre el antifranquismo, los colectivos sociales en auge y personalidades afines al régimen. No obstante, el cometido de la Oficina sería llevado con una gran discreción, casi podríamos afirmar que de manera semiclandestina, por cuanto apenas aparece una mención clara a su funcionamiento y estructura en la legislación.

En los primeros años de la Transición a la democracia continuó el control en asuntos vinculados a la seguridad y defensa del Estado, algunos de ellos clasificados por la Ley de Secretos Oficiales. El GE funcionó hasta 1977, fecha en que el MIT desapareció y sus competencias pasaron al Ministerio de Cultura y Bienestar, a excepción de los relativos a Turismo, que se traspasaron al nuevo Ministerio de Comercio y Turismo^[20]. En la estructura orgánica quedó una Secretaría General Técnica, un Gabinete de Prensa y Documentación, así como una Subsecretaría en la que se incluyeron algunas tareas vinculadas a las relaciones con los medios de comunicación. La labor estrictamente confidencial que había desarrollado se reflejó en que su supresión no apareció señalada en ninguna normativa específica; ni siquiera hay un rastro del GE en el decreto de creación del nuevo ministerio de Cultura, a cuyo frente se nombró a Pío Cabanillas Gallas, ministro de Información y Turismo en 1974, y, en consecuencia, una autoridad conocedora de su existencia y funciones.

III. EL PERSONAL DE LA OE[Subir]

El personal que trabajó en la OE pertenecía, en su mayoría, al funcionariado del MIT, pero también contó con colaboradores que realizaron servicios esporádicos de vigilancia. El incremento de trabajo era cada vez mayor, habida cuenta de la movilización social, sindical y terrorista de finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. De aquí que se solicitara un aumento de personal que se ocupara de los múltiples encargos recibidos en la Oficina, especialmente en el Departamento de Investigación sobre Comunismo y Actividades Subversivas. Era necesario acometer los estudios urgentes encargados por el ministro, así como intensificar las audiciones en el gabinete de escuchas radiofónicas y telegráficas.

Los perfiles de los responsables de las secciones de la OE respondían al de personajes vinculados a profesiones militares y de seguridad del Estado, a la Iglesia católica y a periodistas del régimen que tuvieran antecedentes positivos. Aunque en la documentación no constan todos los nombramientos ni toda la plantilla, reproduciremos a continuación algunos miembros de la misma. Entre los militares figuraban:

Jefes de la Oficina de Enlace

Subjefes

content-type="mt1"Personal en secciones específicas

Personal sin especificar cargo

En cuanto al personal perteneciente a la Iglesia católica, generalmente eran colaboradores a quienes se encargaron misiones específicas. Uno de ellos fue el sacerdote Rafael López Jordán, quien realizó varias operaciones en Roma para la vigilancia de opositores que viajaban a Italia o la política italiana con respecto a España^[29].

En lo que se refiere a los civiles, su perfil era variado. Entre ellos se encontraba Luis Santiago de Pablos, jefe de la OE en tiempos de Manuel Fraga, o el administrativo Agustín Utrilla Sesmero, oficial mayor del MIT y subdirector general del Servicio Económico-Administrativo de dicho ministerio. Algunos pertenecían al colectivo de exiliados de países comunistas residentes en España, entre otros Vladimiro Pastuschuk, Francisco Buransky, Jose Petrescu, Ivanna Buchyska o Stefan Glejdura, este último muy conocido por sus artículos sobre la Europa del Telón de Acero publicados en revistas oficiales del régimen^[30]. Su labor se desarrolló, sobre todo, en la Sección de Estudios y se orientó a la elaboración de dosieres e informes sobre los países bajo la órbita comunista con motivo del conocimiento del idioma y, en consecuencia, la capacidad para la traducción de noticias. Finalmente, en el Negociado de Secretaría trabajaron mujeres, desarrollando funciones administrativas y auxiliares, como Elena Chanes López^[31].

El personal respondía, por tanto, a un perfil eminentemente militar en los cargos directivos y en secciones de responsabilidad, mientras que el civil predominaba en los negociados dedicados a operaciones de vigilancia y seguimiento o en la elaboración y difusión de los boletines. Este perfil es consecuente con el marco de las tareas ejercidas en la OE vinculadas a su función de apoyo y soporte informativo a las fuerzas de seguridad del Estado.

IV. LA OFICINA DE ENLACE EN LA CADENA DE VIGILANCIA DEL FRANQUISMO[Subir]

La Oficina de Enlace funcionó de un modo muy discreto en la sede de Nuevos Ministerios, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Sus trabajos se iniciaban siguiendo dos posibles vías: por un lado, el cometido habitual de la misma oficina como parte sustancial a su misión de recopilación, análisis y elaboración de información. Por otro, la recepción de peticiones del Ministerio de la Gobernación, la DGS, la Policía, la Guardia Civil o del MIT para efectuar pesquisas acerca de un determinado personaje, colectivo o temática. En ambas circunstancias la OE proporcionaba información fruto de la recopilación de datos recogidos por los servicios de escucha e interceptación a los medios de comunicación y las agencias de noticias mencionadas en páginas anteriores.

En algunas circunstancias, como conferencias, discursos, presentaciones de novedades editoriales y otras actividades de relaciones públicas y sociales, las acciones de escucha no fueron suficientes para obtener los datos deseados. En esos casos se destinaba a colaboradores a misiones de vigilancia o como infiltrados para tomar notas detalladas de los asistentes, los discursos y cuanto acontecía en el entorno de los actos. Incluso en coyunturas complejas de la actualidad internacional algunos se especializaron en áreas geográficas, como Enrique Aragón Cañizares en el mundo árabe en los años 1973-‍1975, cuando estalló la guerra del Yom Kipur, un nuevo conflicto árabe-israelí de graves consecuencias mundiales^[32]. Igualmente, la OE promovió algunas iniciativas de ocio y entretenimiento con fines de control social. Un ejemplo fue la creación de teleclubs urbanos en los suburbios de las grandes ciudades donde vivían importantes bolsas de inmigrantes del campo. Su intención era utilizar estos teleclubs como núcleos de sociabilidad y evitar que se unieran a la actividad antifranquista^[33].

El MIT, por tanto, utilizó la OE para obtener noticias de la situación política general, pero también información sobre antecedentes políticos, círculo de amistades o actividades sociales. Ejercía, por tanto, una actividad de semiespionaje, factible de ser utilizada por las fuerzas de seguridad del Estado en sus pesquisas sobre la oposición y la clandestinidad, pero también sobre individuos afines al régimen.

V. PERFILES DEL PERSONAL OBJETO DE CONTROL[Subir]

La dimensión del trabajo desarrollado por la OE se constata con las 2470 personas registradas en sus archivos^[34]. Los expedientes contienen biografías breves, recortes de prensa sobre sus actividades —viajes, discursos, participación en actos sociales o políticos o relaciones sociales—, así como informes de seguimiento. Los colectivos y particulares objeto de su interés se agrupan en torno a variados perfiles.

Un primer grupo lo constituyen personajes pertenecientes al movimiento obrero —Marcelino Camacho (CC. OO.) o Antonio Conca Monpoy (CNT), entre otros—, a partidos de izquierda, como el PCE —Santiago Carrillo, Enrique Líster, Gregorio López Raimundo o Jordi Solé Tura— o el PSOE —Felipe González, Miguel Boyer o José Federico de Carvajal—^[35]. Estas figuras eran prioritarias para la OE con motivo de su protagonismo en la oposición, su acción en la clandestinidad, el liderazgo que ejercían en la movilización social e, incluso, por las relaciones entabladas con partidos y sindicatos europeos que les facilitaban el acceso a autoridades y a medios de comunicación de Francia, Gran Bretaña o Alemania. En plena época de solicitud de ingreso al Mercado Común Europeo consideraron muy importante averiguar cuáles eran sus conexiones internacionales.

Un segundo colectivo está conformado por personajes de la Segunda República y del exilio, entre otros Julio Álvarez del Vayo, Luis Jiménez de Asúa, Antonio Machado, José Maldonado, Francisco Largo Caballero, Federica Montseny o Fernando Valera. Algunos habían fallecido, como Machado y Largo Caballero; sin embargo, a veces se organizaban actos de homenaje o se distribuían sus obras en eventos considerados una amenaza para el régimen. Las obras de estos autores y los mensajes contenidos en ellas, vinculados a la Segunda República y la Guerra Civil, ofrecían un relato diferente al oficial que molestaba profundamente a las autoridades. De ellos interesaba conocer la utilización que pudiera hacerse para la movilización social, la recuperación de su legado por el sector de la cultura, así como la identidad del personal que asistía a las jornadas preparadas en su memoria.

Un tercer conjunto de personalidades vigiladas incluye a figuras afines a la dictadura, como Fernando Abril Martorell, José María Areilza, Carlos Arias Navarro, Alfonso de Borbón Dampierre, Pio Cabanillas, Pilar Primo de Rivera o Luis Carrero Blanco. A veces, el seguimiento respondía a la necesidad de averiguar la cobertura mediática que recibían y la opinión que difundían los medios. Otras veces servía para elaborar notas biográficas con el propósito de tener preparada información en el caso de que hubiera nuevos gobiernos o nombramientos de autoridades. Pero también fue motivado por el empeño del MIT y del Ministerio de Gobernación de estar atentos a las tendencias ideológicas de las familias políticas del régimen para detectar cualquier desviación. Un ejemplo de vigilancia especial fue la realizada a Enrique de la Mata Gorostizaga, director de la Seguridad Social entre 1969-‍1975, en cuyo expediente figura su opinión expresada en una comida del Club Internacional de Prensa en 1974, relativa a la necesidad de que se estableciera una amplia democracia sin exclusión de ningún partido. El GE recibió esta información con gran incertidumbre por cuanto se trataba de declaraciones de la autoridad de una institución oficial. En 1976-‍1977 Gorostizaga fue nombrado Ministro de Relaciones Sindicales en el primer gobierno de Adolfo Suárez, una de cuyas actividades fue el mantenimiento de contactos con los dirigentes de las organizaciones obreras, entonces en la clandestinidad, a fin de gestionar su futura legalización, operación que molestó mucho a los militares.

Los miembros de la jerarquía de la Iglesia católica componen un cuarto grupo de personajes con expedientes en la OE. Como ha señalado F. Montero, en la última década del franquismo esta institución se distanció del régimen e, incluso, algunos de sus miembros se unieron a la oposición antifranquista^[36]. La recepción de los pilares del Concilio Vaticano II supuso una crisis para las relaciones con España, asentadas en el Concordato firmado en 1953. El Concilio reconoció los derechos humanos, la libertad religiosa y de conciencia y otros derechos contrarios al nacionalcatolicismo e introdujo contenidos rupturistas que afectaron a la actividad del cuerpo sacerdotal y a Acción Católica. Entre otros, el concepto de Iglesia como pueblo de Dios, el diálogo con otras religiones, la relación con el mundo moderno, la denuncia a situaciones de injusticia social o el apoyo a reformas políticas y sindicales.

El distanciamiento partió de las organizaciones de base a mitad de los años cincuenta, pero también se observó en la institución coincidiendo con el liderazgo del cardenal Vicente Enrique Tarancón. Esta actitud de animadversión hacia la dictadura fue conocida por el Gobierno, muy preocupado ante la disidencia eclesial. Así, en la OE se abrieron expedientes informativos a Pablo VI, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, pero también a eclesiásticos que se mantuvieron firmes en la posición tradicional de la Iglesia, como monseñor José Guerra Campos. La OE recogió las encíclicas, homilías y conferencias que impartían en los actos organizados en centros religiosos para conocer los mensajes transmitidos y su posible posicionamiento en contra de las políticas de la dictadura. La vigilancia se acentuó sobre numerosos sacerdotes, como el vasco Javier Crux Amuriza, en huelga de hambre en junio de 1969 junto a cinco más, porque reclamaron la supresión de la ley de bandidaje y terrorismo y de los tribunales especiales, así como la apertura de una investigación sobre las torturas infligidas por la policía a los opositores^[37]. Igualmente, se intensificó sobre párrocos que sufrieron acusaciones de ser progresistas con motivo de sus homilías en contra de los patronos, a favor de los obreros que lideraban las protestas en las minas, las denuncias contra la falta de escuelas y viviendas o la distribución de hojas clandestinas que arremetían contra los ricos, mientras una parte de la sociedad vivía en condiciones de pobreza^[38]. Igualmente, importaba conocer la influencia de ramas religiosas de gran influencia en la época, como el Opus Dei, con miembros al frente de ministerios y de altas instituciones del Estado. En consecuencia, el fundador del Opus, José María Escrivá de Balaguer, también tuvo abierto un expediente informativo.

El mundo de la cultura conforma un quinto foco de interés en la vigilancia de la OE. Los dosieres elaborados sobre este sector muestran una oposición al régimen muy significativa. En ellos figuran escritores, artistas, intelectuales o cineastas, como Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Max Aub, Jorge Luis Borges, Antonio Buero Vallejo, Luis Buñuel, Manuel Caballero Bonald, Rafael Calvo Serer, Mario Camus, Camilo José Cela o Fernando Fernán Gómez. Sus intervenciones en actos públicos y las colaboraciones en medios de comunicación fueron cuidadosamente seguidos por la repercusión de la que gozaron en el ámbito social y cultural. Entre otros, se abrió un expediente al director de cine Pedro Olea, con motivo de una entrevista realizada en la segunda cadena de TVE el 14 de octubre de 1974, en la que afirmó que amaba la libertad del hombre sobre todas las cosas, que su personaje histórico preferido era el Che Guevara y que admiraba los movimientos pro liberación de la mujer. El GE consideró que «su intervención fue amoral y nada positiva para los televidentes normales»^[39].

Además de estas colectividades, la OE recabó información exhaustiva sobre periodistas, militares, abogados^[40], empresarios, políticos internacionales o aristócratas, entre los cuales se encuentra la vigilancia a Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, conocida como la Duquesa Roja por su conocida oposición al franquismo y la defensa de los valores democráticos^[41].

VI. TEMAS DE INTERÉS[Subir]

Los dosieres informativos constituyen una documentación fundamental para comprobar los objetivos y la misión de la OE. Al igual que con los personajes, las materias sobre las que se recogió información constituyen un amplio elenco de asuntos vinculados a la oposición, el comunismo, la clandestinidad, el asociacionismo incipiente, la cultura, el orden público, la Iglesia católica o la monarquía.

Entre los temas que más inquietud generó en los Gobiernos del tardofranquismo y, en consecuencia, uno de los principales para el GE, fue el orden público. Las autoridades estaban saturadas por el creciente número de actos y personas implicadas tanto en la vertiente de delitos comunes como en lo que la dictadura y la incipiente transición a la democracia consideró delitos de carácter subversivo^[42]. Las alteraciones del orden público podían ocurrir en lugares de muy diferente tipología. Las más habituales eran las reuniones y manifestaciones no permitidas que solían acabar con protestas en las calles, cargas policiales y detenciones. La violencia infligida por las fuerzas de orden público a huelguistas fue motivo de quejas y, por consiguiente, de apertura de pesquisas, como el escrito de octubre de 1963 avalado por 188 firmas en el que se protestó por los malos tratos a mineros y mujeres de la cuenca asturiana en las huelgas de ese año^[43]. Pero también adquirieron otras formas, como la quema de banderas nacionalistas vascas y catalanas o la exhibición y consiguiente retirada de banderas republicanas en Barcelona y Madrid. La propaganda ilegal y el proceso autonómico y electoral de Cataluña y País Vasco ocupó gran parte de la atención de los responsables del GE. La recepción de teletipos y la elaboración de informes sobre los hechos fue intensa, especialmente en las ocasiones en que algunos alcaldes ignoraban cómo gestionar estos disturbios en las calles de sus localidades. Estos sucesos fueron abundantes a finales de 1975 y durante 1976-‍1977.

Las reivindicaciones sociales y las demandas de libertades se expresaron también a través de escritos. En los expedientes se incluyen los vinculados a la solicitud de aclaraciones sobre hechos conflictivos que acababan con detenciones. Otras veces recogían el descontento de inspectores técnicos fiscales, abogados del Estado y otros trabajadores del sector público por los bajos salarios y advertían de la posibilidad de organizar protestas si no se remediaba la situación. Entre otras, la OE recogió una carta fechada en 1962 dirigida al ministro Manuel Fraga, en la que se solicitó el derecho a la libertad informativa, además de la exclusión de la violencia gubernativa en los conflictos laborales. La firmaban escritores, intelectuales y artistas, como Ramón Menéndez Pidal, Ramón Pérez de Ayala, José Bergamín, Camilo José Cela, José María Gil Robles, Fernando Chueca, Pedro Laín Entralgo, José Luís Aranguren, Alfonso Sastre, Antonio Saura, Gonzalo Torrente Ballester, Luis Felipe Vivancos, Antonio Buero Vallejo y Ana María Matute. La carta quedó sin respuesta. Durante el periodo 1973-‍1976 fue habitual la firma de cartas colectivas dirigida a los ministros del MIT o al presidente Carlos Arias solicitando libertad de prensa, información y expresión.

Otro asunto de interés para la OE fue las novedades editoriales de temática social y política que constituyen una parte importante de los informes tramitados. En algunos casos se trató de publicaciones que fueron objeto de secuestro y de denuncia ante el Tribunal de Orden Público (TOP)^[44], como la titulada Don Juan de España, una biografía escrita por Fernando González-Doria sobre Juan de Borbón. Fue considerada una obra apologética en la que se insertaron discursos y declaraciones del conde de Barcelona interpretados como una crítica a las directrices de la dictadura^[45].

La monarquía y la aceptación del príncipe Juan Carlos constituyó uno de los asuntos que más informes generó en la OE. El príncipe fue objeto de vigilancia antes de su nombramiento como sucesor a título de rey en julio de 1969. El Ministerio de la Gobernación y la DGS siguieron estrechamente sus actividades, declaraciones y las relaciones sociales que mantenía con autoridades y grupos políticos diversos. Interesaba conocer la repercusión en la prensa de tales actividades y el estado de la opinión pública hacia quien se vislumbraba como el futuro gobernante. Asimismo, los sucesivos ministros del MIT necesitaban saber la visión que ofrecía la prensa extranjera para conocer la aceptación internacional de su nombramiento, sus funciones, actividades y gestión durante la interinidad en la Jefatura del Estado en el verano de 1975^[46]. El Gabinete recopiló en los informes la opinión de los ministros Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo, quienes manifestaron su apoyo e, incluso, promovieron iniciativas para que Juan Carlos asumiera la jefatura del Estado en vida de Franco^[47]. Sin embargo, esta iniciativa no estuvo refrendada por todas las familias políticas del régimen, fragmentadas internamente en diferentes tendencias. Los datos recopilados, en consecuencia, no se referían únicamente al príncipe, sino también al posicionamiento de autoridades, empresarios, periodistas, abogados y la aristocracia. Se lograba, así, un arsenal informativo de gran relevancia con posibilidades de utilizarlo a conveniencia del Gobierno.

VII. INSTITUCIONES VIGILADAS[Subir]

El índice institucional de la OE está integrado por 1723 registros de entidades de un amplio abanico de actividades económicas, culturales, mediáticas o políticas. Asociaciones como los Amigos de la UNESCO, cabezas de familia, amas de casa, mujeres, jubilados, pero también el Círculo José Antonio o Cáritas y, por supuesto, las asociaciones de expresos políticos, mutilados republicanos o Amnistía Internacional fueron algunas entidades que mantuvieron en alerta a las autoridades en el tardofranquismo y los primeros años de democracia. Los ministros del MIT pretendían sondear las intenciones y tendencias de los colectivos representados en ellas, topándose, en la mayor parte de los casos, con una realidad desoladora para la dictadura^[48].

Entre las instituciones sobre las que la OE instruyó expediente figura la Asociación de Amas de Casa, constituida en Madrid en 1964 y presidida por Ascensión Sedeño. La Sección Femenina había entablado contactos para atraer a sus filas a este colectivo, pero en un periodo de claro debilitamiento de Falange, no prosperaron. Desde su creación fue sospechosa de ser un instrumento al servicio del PCE porque mantenía vínculos con la Asociación Democrática Internacional de Mujeres e integró en sus filas a mujeres como Josefina Samper, afiliada a la clandestina CC. OO. (esposa de Marcelino Camacho) o Natalia Calamai de Mesa (esposa de Nicolás Sartorius), hasta un número aproximado de treinta activistas en el movimiento obrero y en el feminista. Sin embargo, los objetivos de la asociación, orientados a mejorar las condiciones de las amas de casa y a promover ventajas económicas en la enseñanza, transportes o servicios sanitarios, coincidían solo en parte con los de estas afiliadas y en poco tiempo se trasladaron a otros grupos más reivindicativos^[49]. Los informes de la OE, dirigidos a la DGS y a la Comisaría General de Investigación Social, dieron cuenta de los temas abordados en las asambleas, especialmente los relacionados con la carestía de la vida y las posibles acciones que las amas de casa preparaban para protestar por ello^[50].

Otras asociaciones de mujeres pertenecientes al movimiento feminista, muy activos en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, estuvieron vigiladas muy estrechamente. El GE recogió noticias de CIFRA con anotaciones detalladas sobre los asuntos debatidos en las reuniones, como la convocada en Valencia en febrero de 1976 para proponer medidas que incorporaran a la mujer a la lucha por la libertad y el cambio de régimen, el acceso de la mujer con plenos derechos al mundo laboral o la ruptura con la educación discriminada^[51].

Igualmente, se siguieron las actividades de asociaciones como las de Cabeza de Familia o Consumidores, existentes en muchas provincias españolas. A la OE le interesaba el ámbito de actividad, como el barrio o el pueblo, pero también el perfil de los dirigentes y los socios destacados para averiguar su tendencia política. A tal fin se infiltraban en ellas los colaboradores que realizaban misiones para la oficina o miembros de la Brigada Regional de Investigación Social, la DGS y la Jefatura Superior de Policía^[52].

Otra asociación investigada fue la de Amigos de las Naciones Unidas en España, constituida en octubre de 1963, perteneciente a la Federación Mundial de Asociaciones y con derecho a voto en la ONU. Estaba dedicada a la difusión de ideas de paz, progreso y derechos humanos y su conexión a esta organización internacional le garantizó cierta protección institucional. Los contenidos de las reuniones solían girar en torno al sindicalismo obrero, los derechos humanos en el mundo, la legislación laboral y la libre expresión. Algunos de sus directivos y de sus actividades —conferencias, debates, presentaciones de libros, etc.— fueron considerados contrarios al régimen. Así, en los informes de la OE la junta directiva fue clasificada en categorías homologables a las sistematizadas durante los primeros años de la represión franquista. Estas eran «afecto al régimen», «marxista», «indiferente al régimen», «desafecto al régimen», «antirrégimen» y en estos casos se añadía alguna aclaración como «probable miembro de CC. OO., elemento perteneciente al PSUC o activista»^[53]. Asimismo, se puso en conocimiento de la DGS las actividades de carácter subversivo de algunos de sus miembros, como el encierro que protagonizaron en los locales de la entidad en Barcelona en diciembre de 1970 con motivo de la ausencia de derechos humanos en España; o la huelga de hambre realizada como protesta por el Consejo de Guerra de Burgos, cuya consecuencia fue el cierre del local durante tres meses y multas gubernativas a los encerrados.

Los temas europeos fueron también objeto de fiscalización por cuanto se referían a cuestiones de interés nacional, como la aceptación de España en la CEE, pero también debates en torno a la democracia, los partidos políticos, la participación ciudadana o los medios de masas. La Asociación Española de Cooperación Europea fue, en consecuencia, uno de los focos de atención del Servicio de Información de la Brigada Político-Social, cuyos datos eran remitidos a la OE para su tratamiento, análisis y difusión. Se trataba de resúmenes detallados de las actividades, discursos, conferencias e intervinientes de la asociación elaborados por policías infiltrados. Las charlas sobre las comunidades europeas y la idea de una Europa común impartidas por Joaquín Ruíz Jiménez, Enrique Tierno Galván o Carlos Bru a lo largo de la primera mitad de los setenta, o los homenajes, como el realizado a Picasso con motivo de su fallecimiento, fueron escrupulosamente descritos por los infiltrados y enviados a la Oficina a fin de instruir expedientes informativos y comprobar su impacto en la sociedad^[54].

La actividad clandestina de los partidos políticos en el interior y en el exilio fue objeto de vigilancia exhaustiva, como se ha señalado en páginas anteriores. En el MIT importaba averiguar los contactos internacionales, así como las demandas y las materias abordadas en las reuniones. Así, en enero de 1975 el GE envió un informe al ministro sobre la resolución política del PSOE acerca de la crisis y descomposición del franquismo. En él se advirtió sobre los contenidos de dicha resolución, entre otros, la afirmación de que la única salida para la situación de España era una ruptura y el restablecimiento definitivo de un sistema de libertades con un Gobierno que emanara de la soberanía popular. Igualmente, las autoridades consideraron alarmante la demanda de libertad para los presos políticos y sindicales o las peticiones de disolución de las instituciones represivas, el reconocimiento y protección de las libertades de expresión, reunión, asociación y manifestación y la convocatoria de elecciones libres^[55].

En correlación con la atención a los partidos se instruyeron expedientes informativos a la Asociación de Expresos Políticos, uno de los focos prioritarios para la OE. Los expresos estaban implicados en las actividades del antifranquismo y la vigilancia sobre ellos fue intensa. Con tal motivo, la Oficina colaboró con los instrumentos a su alcance, incluidos los servicios de escucha, a fin de proporcionar la información necesaria a la Brigada Político Social y a la DGS. Estas instituciones coercitivas estuvieron muy pendientes de las exigencias de esta asociación, que pretendía abrir una etapa de concordia y reconciliación, tras un previo reconocimiento de las libertades políticas y la democratización de la vida nacional. Entre sus demandas figuraban la supresión de la pena de muerte, la derogación de disposiciones legales que limitaran la libertad de expresión, la asistencia al detenido, la eliminación del uso de la tortura y una reforma penitenciaria^[56].

En 1976 el GE recopiló un dosier sobre las peticiones de la Liga Nacional de Mutilados republicanos acerca de que se reconociera a estos antiguos soldados como hombres que lucharon por la patria y sus derechos a recibir una pensión al igual que la recibían los mutilados de zona rebelde^[57]. Además de su exclusión por haber luchado en el ejército vencido, su condición física—-algunos ciegos o con problemas de movilidad— les había impedido incorporarse a la vida laboral y muchos se vieron abocados a vivir de limosna o con una pésima calidad de vida. De ahí su reivindicación a que la legislación incluyera a los republicanos con los mismos derechos reconocidos a los denominados Caballeros Mutilados por la Guerra Patria. Finalmente, en la normativa aprobada entre 1976 y 1982 recuperaron sus derechos^[58].

En la incipiente democracia, el control del GE se dirigió a los distintos agentes sociales y políticos emergentes en esos años. Las agrupaciones políticas creadas y, sobre todo, la violencia de ETA y de la extrema derecha pasaron a ser asuntos preferentes del Gabinete, cuyas fuentes continuaron siendo prácticamente las mismas que en tiempos de la dictadura^[59]. Así, sendos informes elaborados con las informaciones procedentes de CIFRA y PYRESA notificaron las afirmaciones de la Alianza Apostólica Anticomunista con respecto a su responsabilidad en la matanza del despacho laboralista de los abogados de Atocha. También confirmaron las amenazas a los propietarios de las revistas El Papus y Papillon por los números satíricos publicados contra la dictadura^[60].

Finalmente, con la desaparición del MIT en 1977 el GE cesó en sus tareas y su existencia se evaporó en la legislación del traspaso de las competencias al nuevo ministerio. Los seguimientos siguieron haciéndose en democracia, pero ya desde otras instituciones más próximas a los servicios del Ministerio del Interior y de la defensa nacional.

VIII. CONCLUSIONES[Subir]

La Oficina de Enlace, denominada desde 1974 como Gabinete de Enlace, fue creada en 1962, con la llegada de Manuel Fraga al frente del Ministerio de Información y Turismo. La coordinación de la información interministerial, la elaboración de informes y boletines sobre el comunismo y las actividades de la oposición fueron sus principales ámbitos de actuación, tal como se señaló en la legislación fundacional. Para confeccionar dichas publicaciones recurrieron a las escuchas de medios de comunicación internacionales, a las infiltraciones de su personal en organizaciones de su interés o a la vigilancia de individuos de variado perfil. De este modo proporcionaron pruebas y datos relevantes a las instituciones policiales de la dictadura, desempeñando funciones que excedieron a las inicialmente declaradas en el momento de su nacimiento.

Los perfiles de los jefes fueron eminentemente militares y estuvieron conectados con los ministerios a través de la Junta de Enlaces, formada por miembros pertenecientes a los gabinetes de los tres ejércitos, Gobernación y las fuerzas de seguridad del Estado. Estos perfiles muestran la voluntad de los Gobiernos del tardofranquismo con respecto a la OE, entre ellos que sirviera de apoyo documental, sonoro y gráfico a las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, un soporte informativo a las instituciones implicadas en la investigación de las actividades de la oposición antifranquista en el interior y en el exilio.

La consulta a la documentación de la OE ha arrojado resultados con respecto a su organización y estructura, y, en consecuencia, las pautas de su funcionamiento en el entramado del control social de los años finales de la dictadura, un funcionamiento similar a una filial del espionaje de la época. Igualmente ha permitido comprobar quiénes eran los personajes y colectivos de interés, los temas y las instituciones en los que se focalizó la vigilancia. Entre otros se ha observado el seguimiento a una amplia gama de colectivos pertenecientes al movimiento obrero, movimientos sociales, partidos políticos, sectores del mundo de la cultura, el periodismo o la Iglesia católica. Vinculado a estos grupos se encuentran las materias de los dosieres informativos abiertos a las diferentes tendencias ideológicas, incluidas las afines a la dictadura. Finalmente, los expedientes de los individuos particulares constituyen un extenso abanico de perfiles que integran la oposición, pero también hombres y mujeres del régimen.

La investigación, en consecuencia, proporciona un conocimiento completo de esta peculiar oficina y expone casos específicos del seguimiento realizado en el marco social y político de la época. Deja abiertas incógnitas referidas al alcance real de sus informes, la utilización de la información que hicieron los ministros concernidos, la adaptación del GE a la democracia y su posible mutación en un organismo de control y vigilancia anexo a las instituciones de los servicios de inteligencia.