LOS ORÍGENES DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN ESPAÑA: LOS COSTES DEL EMPRENDIMIENTO MEMORIALISTA EN LA TRANSICIÓN^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Si examinamos con atención la vida de muchos pueblos españoles durante los primeros años de andadura democrática podemos afirmar, de forma metafórica, que la transición también se produjo a nivel subterráneo. Por mucho que solo se hicieran eco de ello unos pocos medios, los familiares de las víctimas del franquismo llevaron a cabo multitud de traslados de restos desde las fosas comunes en las que habían enterrado a los suyos hasta los camposantos de sus respectivas localidades. Este proceso, que los allegados de las víctimas del otro bando pudieron empezar a llevar a cabo incluso antes de que finalizara la contienda, duró varios años e incluso hoy en día permanece inconcluso, pues la dispersión de restos en distintas localizaciones fue una parte consustancial de la política de terror empleada por la dictadura, y la ocultación deliberada de las fosas, para incrementar el sufrimiento y evitar que los familiares se congregaran en torno a ellas, fue otra práctica igualmente inseparable de la represión franquista^[2].

A pesar de que la sociedad civil heredada de la dictadura estaba debilitada, particularmente en las áreas rurales más deprimidas económicamente, como era el caso en la provincia de Badajoz, estas esforzadas iniciativas de memoria, reparación y rehabilitación tuvieron lugar en los municipios de varias zonas del país. Sin embargo, en contraste con lo que viene ocurriendo desde el 2000, precisamente por remover, junto con los huesos, los recuerdos más perturbadores del pasado, esas iniciativas resultaron casi invisibles para la mayoría de los medios de cobertura nacional y solo fueron parcialmente cubiertas por algunos periódicos locales^[3]. Algunos analistas han insistido en que la revista Interviú sí se hizo eco de ellas, pero ni este medio —demasiado sensacionalista para resultar fiable a los ojos de muchos— registró la gran mayoría de aquellas iniciativas, ni aquellos han sabido explicar por qué los medios escritos y visuales más reputados no les dieron prácticamente cobertura alguna.

Este artículo se centra en aquellos que se atrevieron a trasladar los restos de las fosas comunes y en los obstáculos a los que tuvieron que hacer frente. En la introducción se repasan las características del proceso de democratización más relevantes para dar cuenta de la iniciativa que se analiza y se esboza el marco teórico utilizado para interpretarla. A continuación, después de describir el contexto regional y local, se exponen los acontecimientos que tuvieron lugar en Torremejía y la causa judicial abierta contra su alcalde, Benito Benítez Trinidad. Al final se plantean una serie de reflexiones sobre las posibilidades y los límites de la transición española.

II. LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA [Subir]

Que la transición no fue un camino de rosas lo sabe cualquiera que se haya adentrado con un mínimo de profundidad en sus entresijos. Pero quizá no se haya incidido lo suficiente en los riesgos que arrostraron los más audaces; aquellos que, por ejemplo, quisieron romper con el pasado de forma más abrupta. Algo se ha escrito sobre los que primero se atrevieron a escribir sobre determinados asuntos relacionados con la guerra y la dictadura. Las causas judiciales abiertas, casi siempre por parte de la justicia militar, a algunos periodistas e investigadores en los primeros años de andadura democrática, palidecen al lado de los atentados terroristas perpetrados por la extrema derecha contra manifestantes, librerías, quioscos de periódicos y medios de comunicación —por ejemplo, Interviú, El Papus, El País, y Punto y Hora de Euskal Herria—, en algunas ocasiones con resultado de muerte^[4]. Pero apenas se sabe nada acerca de las presiones, amenazas y acciones intimidatorias que tuvieron que soportar los pioneros de las iniciativas que luego se han conocido como de memoria histórica. Como explica Baby^[5], la derecha radical actuó «contra la desaparición de los símbolos del franquismo» y «contra los alcaldes que cambian los nombres de las calles o retiran las estatuas que honran a los héroes del franquismo».

Una revista tan moderada como Cuadernos para el Diálogo publicó un reportaje sobre una exhumación de víctimas del franquismo que tuvo lugar el 1 de abril de 1976 en Fonelas (Granada)^[6] y, simplemente por ello, su redacción recibió amenazas de autodenominados «patriotas» que protestaban por el supuesto afán «revanchista» de la revista. Una de ellas venía firmada por un «excombatiente» franquista de la guerra civil. Pero también se recibieron otras notas anónimas por aquellas fechas que, aunque no podemos saber a ciencia cierta si fueron motivadas por la publicación de aquel reportaje, no dejaban lugar a dudas del riesgo que suponía ejercer la libertad de opinión en aquellos años, particularmente si los escritores se atrevían a cuestionar la versión distorsionada de la guerra pertinazmente difundida por la dictadura. En la ‍imagen 1 se muestra un ejemplo firmado por el Comando José Antonio Orden Social^[7].

Otro de los riesgos que podrían llegar a asumir quienes ofrecían una interpretación diferente de la contienda o se hacían eco de las demandas de las víctimas del franquismo era tener que hacer frente a un consejo de guerra militar o a demandas civiles. En la misma provincia de Badajoz se generó una polémica a raíz de un reportaje sobre la represión franquista en la ciudad, publicado en la Hoja del Lunes el 8 de noviembre de 1976, titulado «Badajoz cuarenta años después» y firmado por José Carlos Duque. El periodista hacía una serie de comentarios sobre el libro La España del siglo xx, de Tuñón de Lara, con la intención de dar a conocer un episodio silenciado durante la dictadura: la matanza de la Plaza de Toros perpetrada por las tropas franquistas durante la guerra. El 15 de noviembre el semanario publicaba un editorial en portada titulado «Mirando hacia atrás sin ira» en el que denunciaba amenazas e insultos y declaraba que era necesario conocer para poder olvidar. La publicación de aquel texto le valió al autor su procesamiento por el Juzgado Militar Permanente n.º 3 de Madrid, acusado de injurias al Ejército, aunque finalmente fue indultado^[8]. Como veremos, no solo se resistió al cambio la justicia militar, sino también la civil, así como otras autoridades heredadas de la dictadura, como los gobernadores civiles.

Por lo que se refiere a quienes se atrevieron a localizar las fosas comunes en las que yacían los fusilados republicanos, a extraer los restos para reinhumarlos en el cementerio e incluso a organizar algún tipo de homenaje y erigir un monumento conmemorativo, sabemos que recibieron muy poco apoyo, en general, de los partidos políticos y sindicatos de izquierdas a nivel provincial, y mucho menos aún a nivel nacional, y también que algunos de ellos tuvieron que soportar amenazas, agresiones e incluso afrontar causas penales^[9]. En algunas ocasiones incluso se llegaron a suspender funerales en honor a las víctimas por las presiones recibidas^[10].

Lo que la extrema derecha trataba de evitar a toda costa era que se mancillara la versión de la historia ofrecida por el franquismo, según la cual los únicos responsables de las matanzas extrajudiciales habían sido los defensores de la República. Por tanto, frente a quienes han señalado que quienes quisieron recuperar la memoria de los vencidos en la transición pudieron hacerlo, hay que insistir en que los primeros avances no fueron nada sencillos y que, con frecuencia, ni siquiera llegaron a buen puerto o lo hicieron después de tener que afrontar distinto tipo de presiones y sortear obstáculos de diversa naturaleza. Como demuestran los miles de restos exhumados en las dos últimas décadas, la mayoría de los familiares, a pesar de anhelar intensamente la recuperación de los restos de sus deudos, ni siquiera se atrevieron a proponerlo en fechas tan tempranas, sino que se vieron obligados a esperar a que las circunstancias fueran más propicias. La falta de apoyo institucional, la ausencia de un clima sociopolítico favorable y el miedo a que los odios se reavivaran a nivel local causó frustración a muchas viudas, huérfanos y demás familiares directos de las víctimas que vieron cómo la democracia no empatizaba con su prolongado sufrimiento ni se hacía eco de sus casi siempre moderadas demandas. Numerosos familiares de víctimas, y alcaldes y concejales socialistas, entrevistados en distintas provincias, consideran que el PSOE no comenzó a ocuparse de estos asuntos hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Presidencia del Gobierno^[11].

La razón es que los procesos de democratización en los que, como en el caso español, prevalecieron los acuerdos entre los reformistas del régimen y los moderados de la oposición, se suelen traducir en transformaciones graduales —con frecuencia, desesperadamente lentas— en instituciones clave, entre otras la Judicatura, el Ejército y los cuerpos de seguridad. Ello supone también que la sociedad civil madura y se organiza de forma más pausada, pues muchas veces no encuentra receptividad ni seguridad en ámbitos fundamentales para su expresión, lo que también puede ayudar a entender el retraso en la articulación de las demandas del posteriormente denominado movimiento memorialista.

Desde el punto de vista de la teoría de la acción colectiva, las iniciativas que examinamos en este texto eran altamente costosas y, por lo tanto, improbables. En ciertas provincias se acabaron llevando a cabo gracias a la determinación de algunos familiares, que no solo fueron «madrugadores»^[12], en cuanto a que se adelantaron a otros actores que seguramente tenían las mismas preferencias, pero no se atrevieron a dar el primer paso, sino que también actuaron como «empresarios políticos»^[13] y lograron articular la demanda existente, coordinarse entre sí e incluso obtener, en ocasiones, la colaboración de alcaldes, concejales e incluso sacerdotes. Estos pioneros del movimiento memorialista fueron los que decidieron arrostrar riesgos para que otros, muchos años después, pudieran acabar «viendo como normal lo que antes se consideraba arriesgado e incluso indeseable»^[14].

Los grupos que se configuraron para organizar estas demandas no constituían movimientos sociales al uso, pues sus interacciones con las autoridades tendieron a ser efímeras. Es más, casi siempre se desarticularon una vez conseguido el objetivo que perseguían^[15]. También es cierto que, en el caso que nos ocupa, la iniciativa se circunscribió a la propia localidad^[16]. Sin embargo, si tenemos en cuenta, siguiendo a Gusfield, las definiciones que privilegian dimensiones más subjetivas, es cierto que muchos familiares de las víctimas del franquismo comenzaron a desarrollar tras la guerra una identidad compartida y una cohesión interna que fueron alimentando en conversaciones discretas e incluso en rituales clandestinos^[17]. También lo es, siguiendo a este mismo autor, que estos nuevos actores, mediante sus demandas de dignificación y recuerdo de personas que habían sido borradas de la vida de la comunidad, contribuyeron a generar temas de reflexión y debate antes impensables^[18]. Como se verá más adelante, es indudable que crearon «marcos de significado» (‍Tarrow, 1997 [1994]: 52) novedosos mediante sus acciones y demandas y que, una vez creados, pudieron reactivarlos con relativa facilidad para emprender otras acciones colectivas como recaudar fondos y asistir juntos al juicio. Al final, algunas de estas movilizaciones, a pesar de su sencillez, lograron trascender los confines de sus propias localidades.

Hemos documentado lo que ocurrió acudiendo a todas las fuentes disponibles, algunas de ellas inéditas: trece entrevistas con los protagonistas, el expediente judicial completo, el archivo municipal, la prensa local y nacional, y los debates en el Congreso de los Diputados.

III. UN PUEBLO EN TRANSICIÓN: POLÍTICA Y MEMORIA[Subir]

Tras el fallido golpe de estado contra la II República, el mando militar sublevado ordenó el avance de una columna que, desde Andalucía y atravesando Extremadura, debía confluir en Madrid con las tropas procedentes del norte. Esa columna se caracterizó por su brutalidad; de hecho, la unidad comandada por el comandante Castejón, que ocupó Torremejía el diez de agosto, fue tristemente célebre por sus prácticas represivas ejemplarizantes^[19].

La práctica totalidad de la provincia de Cáceres cayó en manos de los golpistas desde un principio, mientras que la de Badajoz se mantuvo fiel a la República. Las unidades sublevadas, para ocupar la capital provincial y asegurar su flanco occidental, que concentraba buena parte de las tropas leales a la República, necesitaban tomar enclaves estratégicos como Mérida. Apenas unos kilómetros al sur se halla Torremejía. Esta localidad agrícola de unos mil doscientos vecinos contaba con un latifundio que ocupaba 2190 hectáreas de las 2282 del término municipal —dato fundamental para comprender las relaciones de poder en el pueblo— y había sido objeto de asentamientos campesinos durante la primavera del 36 tras el impulso dado por el Frente Popular el 25 de marzo a la estancada reforma agraria republicana. Precisamente, dos representantes de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, que desempeñó un papel muy activo en los asentamientos campesinos, serán asesinados en septiembre de 1936, semanas después de ser ocupado el pueblo sin apenas resistencia por las tropas rebeldes^[20].

Desde el 18 de julio no se había producido ningún acto de represión sobre los derechistas de la localidad, liberados el 7 de agosto por el presidente del Comité Local de Defensa de la República^[21]. Esta ausencia de represalias no sirvió para atenuar la violencia ejercida por las derechas una vez que la localidad cayó en sus manos. En Torremejía se paseó a quince personas (‍en 1936) y se ejecutó judicialmente a tres (dos en 1937 y una en 1940): dieciocho fusilados en total^[22]. Sin embargo, según Espinosa^[23], los muertos fueron aproximadamente cuarenta. En la lápida que costearon los familiares en el nuevo cementerio, tras la exhumación que tuvo lugar en la transición, figuran 33 nombres. En todo caso, como tantos otros pueblos de la provincia, Torremejía llegaba a la transición marcada por el recuerdo traumático de la represión franquista.

La estructura de la propiedad agraria en la localidad favoreció la existencia de una importante masa de jornaleros que en los años de la transición comenzaron a organizarse sindicalmente, lo que explica el arraigo en la localidad de organizaciones de izquierdas y el surgimiento de liderazgos sindicales y políticos. El enraizamiento tanto de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) como del Sindicato Unitario (SU) se explica por el intenso activismo de los militantes que habían puesto en pie las CC. OO. en Mérida y que, una vez se produjo la escisión dentro de estas y dio origen al SU, fortalecieron el sindicato vinculado a la ORT en toda la comarca de Mérida^[24]. Ambas organizaciones tejieron una densa red de apoyos, presta a movilizarse por causas políticas y sociolaborales. Como han señalado los especialistas, el sindicalismo radical se caracterizaba por su ideología anticapitalista, formas contundentes de movilización y defensa de la participación desde la base^[25].

En este sentido, José Ángel Calle, destacado dirigente de ORT en Extremadura, y en aquel entonces concejal por Mérida y participante activo en la exhumación de Torremejía, nos contaba:

En los primeros comicios locales de la democracia, celebrados el 3 de abril de 1979, la ORT obtuvo 6 alcaldías y 107 concejales en listas propias^[27]. En aquellas elecciones, Benítez Trinidad, nacido en Torremejía y militante de la ORT, fue elegido con treinta años alcalde de su pueblo. Según nos explicó su hijo^[28], siempre había sido obrero manual y llevado una vida muy sencilla. En 1975 trabajó en Zaragoza en el sector de la construcción y comenzó a tener contacto con el mundo sindical. Al cabo de unos meses regresó a su pueblo para volver a dedicarse a labores agrícolas y fue entonces cuando empezó a militar en la ORT. Benítez fue captado para la organización por un grupo de militantes de Mérida, entre los que se encontraba Ángel Calle. Entre sus cualidades como militante de la ORT destacaban, según quienes lo conocieron, su carisma, capacidad de liderazgo, combatividad y arrojo^[29], así como una intensa actividad sindical que lo llevó a estar detenido durante tres días como presunto instigador de una huelga en septiembre de 1979 en la zona vitivinícola de Tierra de Barros. Una detención que criticaron varios partidos —junto a la inacción del gobernador civil—, ya que permitió el arresto y encierro de un alcalde elegido democráticamente^[30].

Al activismo en la ORT se sumaba el proyecto político-ideológico. Ángel Calle^[31] nos explicó que esta formación planteaba cuestiones de justicia con respecto a las víctimas, pero reconoce que la exhumación de cadáveres era una cuestión accesoria en su estrategia, al menos hasta las elecciones municipales de 1979^[32]:

Fue el acercamiento descrito al mundo local lo que facilitó el contacto entre los familiares de las víctimas y las organizaciones políticas con represaliados en sus filas, sobre todo el PSOE y la UGT, o con una particular sensibilidad al respecto, como la ORT. Las familias tenían muy presente la pérdida violenta de sus deudos. Saturnino Nieves, de Torremejía, cuyo abuelo había sido asesinado junto con otros dos parientes, nos decía: «Mi tía tuvo que emigrar de aquí porque mi tía cada vez que pasaban los mandos, digamos, la gente pudiente que había estado porque después tuvieron la desgracia de tener que convivir con los que ellos sabían positivamente que habían matado a sus seres queridos. Y entonces pasaban por la puerta y mi tía no era capaz de estarse callada. Y […] les decía de todo»^[33].

En el conjunto de Extremadura, sin embargo, la demanda de justicia y homenaje a las víctimas se movería en los márgenes de la esfera pública. Valga como ejemplo el recuerdo a las víctimas de la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz, símbolo de la represión franquista. Precisamente la ORT, durante las fechas en que se hizo la exhumación de Torremejía (agosto de 1979), participaba activamente, junto a otras formaciones minoritarias, en la organización de unos actos para conmemorar a las víctimas del 14 de agosto de 1936 en Badajoz. Este partido había propuesto que esa jornada se declarase «día de lucha del pueblo extremeño». Al homenaje, no obstante, apenas asistieron ciento cincuenta personas^[34], así que parece evidente que el clima no era todavía propicio para este tipo de actos.

Con todo, tanto el recuerdo de la contienda como la necesidad de dar respuesta a la herida representada por las fosas clandestinas comenzaban a aflorar en momentos de movilización política. Según Paloma Marín, por aquel entonces militante de la ORT y abogada de Benítez en la primera fase de la causa abierta contra él^[35], «la memoria de la guerra civil —el alzamiento militar fascista— estaba en el ambiente porque la represión en Badajoz había sido muy fuerte, como también sus consecuencias —largos años de dictadura—, de la que empezábamos a desprendernos»^[36]. Y Ángel Calle nos contó: «La primera vez que nos dimos cuenta de la importancia de esto en la ORT fue […] unos meses antes de las elecciones municipales, cuando íbamos a presentar candidaturas y la gente nos empezó a hablar de esto»^[37].

Otros representantes de partidos y sindicatos de izquierdas nos han narrado cosas parecidas. No es que ellos tuvieran ese asunto en sus agendas políticas, sino que al terminar los mítines en los pueblos algunas personas se les acercaban para preguntarles cuándo iban a poder recoger los restos de sus familiares, cuestión que les parecía absolutamente prioritaria y que no habían oído abordar en los actos electorales. Varios líderes socialistas nos han explicado que recibieron esta demanda con cierta sorpresa, pues desconocían la entidad del problema, e incluso con cierta inquietud por lo inconveniente que les parecía plantearla en esos momentos. De hecho, algunos familiares afirman que hubo ocasiones en que representantes de partidos de izquierdas intentaron disuadirlos.

Por lo tanto, estamos ante un movimiento claramente organizado desde abajo —ni siquiera, necesariamente, por las bases de la militancia— y que no siempre encontró el respaldo de las organizaciones a las que se dirigía, bien porque pensaban que había otras prioridades —sobre todo en regiones tan deprimidas económicamente como Extremadura— bien porque las consideraban inoportunas e incluso arriesgadas, al creer que atentaban contra el pacto implícito de no remover el pasado en el que se basó la transición, al menos en el ámbito político. Esta desatención, tal y como han captado nuestras entrevistas, generó frustración en muchas familias e incluso su desengaño con las siglas en las que habían militado sus mayores.

La cohesión de este movimiento, que a muchos sorprendió por su invisibilidad anterior, se había fraguado tras décadas de acallado dolor y forzoso silencio, y al promover la remoción de los huesos de los fusilados contribuía, probablemente sin siquiera pretenderlo, a crear nuevos marcos de significado a nivel local sobre lo que había supuesto la guerra y la dictadura.

En Torremejía, en las elecciones municipales del 79 la ORT fue el partido más votado (388 sufragios); el segundo puesto lo ocupó la UCD (371); el tercero el PSOE (218), y el cuarto el PCE (39), todo lo cual se tradujo en cuatro concejales para ORT, tres para UCD y dos para el PSOE. Un resultado, sin duda, ajustado entre los dos partidos mayoritarios, lo que quizá contribuyó a polarizar la atmósfera política local. La ORT recibió el apoyo del PSOE para gobernar^[38], por lo que quedaron en la oposición los tres concejales de la UCD, uno de los cuales —Francisco Flores Rosa— era sobrino de uno de los fusilados que se encontraban en la fosa común. Se conformó una corporación no solo muy heterogénea ideológicamente, sino también desde un punto de vista social: por ejemplo, mientras que el alcalde, Benítez, era peón agrícola y apenas tenía formación, uno de los representantes de la UCD, precisamente el que interpuso la denuncia judicial, Julián Membrillo Bote, era médico y jefe local de Sanidad.

Nada más echar a andar la legislatura surgió el primer incidente relacionado con la memoria de las víctimas. Durante la sesión del pleno del 28 de mayo de 1979, en el turno de preguntas los concejales de UCD, junto con Ramón González, concejal socialista, pidieron explicaciones a Benítez por la retirada de la lápida de los caídos de la fachada de la iglesia parroquial, ya que se había llevado a cabo sin contar con el resto de los miembros de la Corporación. El alcalde respondió que lo había hecho bajo su responsabilidad y que «colocada en el muro del templo, era antidemocrática, como lo podía ser si él colocara el retrato de un político en la fachada de su casa»^[39]. Según Ramón González, la lápida se retiró sin pedir permiso a la Iglesia, y su intervención en el pleno, al parecer, le costó la recriminación de su partido, el PSOE, que no estaba de acuerdo con que hubiese protestado por este hecho^[40].

Un mes después, en el pleno del 28 de junio, los concejales de UCD presentaron una moción de censura que mostraba el encono en el que se desenvolvía la vida política local y, concretamente, las tensiones existentes entre el alcalde y los concejales centristas. La moción la motivó la ausencia del alcalde en la procesión del Corpus. Este conflicto, a propósito de un ritual religioso que había venido marcando la vida social del pueblo durante la dictadura, nos ofrece indicios de un grado de polarización significativo en la Corporación en torno a una línea de fractura profundamente simbólica, como había sido la religión durante los años treinta, y de la resistencia de las fuerzas conservadoras a permitir determinadas conductas por mucho que ahora quedaran amparadas por el nuevo marco de convivencia constitucional.

IV. EL PROCESO DE EXHUMACIÓN Y REINHUMACIÓN EN TORREMEJÍA (JULIO-AGOSTO DE 1979)[Subir]

Es indudable que la existencia de una fosa clandestina había marcado la vida de la localidad desde la guerra y continuaba haciéndolo cuarenta años después. La sepultura en la que yacían los represaliados por el franquismo estaba en el antiguo cementerio, en una calle por donde la gente pisaba, lo que atormentaba a los familiares. Además, al ser un lugar de paso, ni siquiera podían depositar flores^[41]. Para evitar esta ignominiosa situación y, de paso, dignificar los restos, los allegados habían intentado en otras tres ocasiones trasladarlos al nuevo camposanto. Según se desprende del escrito de alegaciones de la defensa en el juicio incoado contra Benítez, la necesidad de exhumar se solicitó durante el año 1977 al alcalde heredado del franquismo^[42]. Parece que este había accedido a hacerlo, pero los familiares no se lo permitieron porque, según declaró Benítez en el juicio, lo que aquel proponía era recoger los restos con una pala excavadora^[43].

La demanda de los familiares para exhumar los restos se volvió a manifestar en cuanto surgió una ventana de oportunidad política, lo que sucedió con la llegada de la ORT a la alcaldía:

Los familiares, al plantear esta petición, es indudable que contribuían a poner sobre la mesa cuestiones que «en el pasado eran o desconocidas o impensables»^[45]. Y lograron impulsar una acción colectiva liderada por ellos, aunque es verdad que en el camino recibieron la colaboración de algunos actores clave, como el alcalde Torremejía y algunos concejales de Mérida, que actuaron como empresarios políticos exógenos, ya que ellos no tenían un interés directo ni familiar, sino político y general, en que la exhumación y el traslado se llevara a cabo.

Efectivamente, Benítez, a pesar de no tener allegados en la fosa común (de hecho, él procedía de una familia de derechas)^[46], no dudó en hacerse eco de la demanda de los familiares, que acudieron a él en julio de 1979. Y esta petición tendría su traducción institucional en la sesión ordinaria del pleno de 28 de julio de 1979, en el turno de ruegos y preguntas. Según se recoge en el acta: «Por el Alcalde, se informó a la corporación sobre proyecto de construcción de una Tumba Comunal, para recoger los restos de vecinos que murieron por acción violenta durante la pasada Guerra Civil Española de 1936/39, mostrando todos su conformidad»^[47]. Probablemente, el hecho de que un concejal centrista tuviera la condición de familiar de represaliado influyó en la unanimidad inicial de la Corporación.

Poco después de aprobada esta iniciativa se procedió a la exhumación. Entre los días 16 y 17 de agosto de 1979 los restos se introdujeron en sacos; el acto de traslado al cementerio consistió en un cortejo a pie donde no se vieron banderas de partidos ni sindicatos, pero al que sí asistieron destacados dirigentes de la ORT como Joaquín Martínez Trejo o Ángel Calle^[48]. Como se detalla en el informe elaborado por la Guardia Civil —ya que estos actos eran entonces considerados un problema potencial de orden público y, por lo tanto, solían ser vigilados por las fuerzas de seguridad locales—, los restos fueron trasladados en sacos de plástico «con lazos rojos […] procediendo seguidamente a su inhumación»^[49].

El día 26 de agosto un periódico se hizo eco del hecho adjuntando una fotografía sobre la exhumación^[50] (‍imagen 2), afirmando que se había producido «una impresionante manifestación silenciosa» hasta el nuevo cementerio (algunos medios hablaron de hasta 1000 personas)^[51]. Según Benítez^[52], participaron muchos familiares, tanto los que vivían en el pueblo como algunos que habían emigrado y que en agosto pasaban unos días en la localidad. La crónica del periódico finalizaba subrayando que los restos fueron «sepultados en un panteón común construido por el Ayuntamiento». Las únicas intervenciones en el acto público fueron la del alcalde y la de Ángel Calle, quien destacó la importancia del día y afirmó que estas personas habían sido asesinadas defendiendo la libertad y la democracia. Precisamente este discurso, que fue grabado por la Guardia Civil sin que los asistentes se percataran, le valió una denuncia y su enjuiciamiento, aunque la causa finalmente fue sobreseída por el juez. Ese día, aparte de elogiar el sacrificio de las víctimas, subrayó la necesidad del perdón, pero no la del olvido^[53].

La intervención de Ángel Calle se debía, aparte del ascendiente político sobre la militancia de Torremejía, al compromiso de su formación y al suyo particular con la memoria de las víctimas^[54]. En aquellos momentos también era concejal por Mérida la abogada Paloma Marín. En la entrevista declaró: «No recuerdo que habláramos entonces de recuperación de la memoria histórica, concepto acuñado con posterioridad, pero sí existía la necesidad, junto con la de hacer efectivo un régimen político democrático, de dignificar a las víctimas mortales de la guerra civil»^[55]. Ciertamente su partido, la ORT, mostró, al menos a nivel regional, una sensibilidad y una determinación mayores que otros a la hora de impulsar este tipo de iniciativas y, a juzgar por los testimonios recogidos en esta investigación, sus dirigentes parecían estar más concienciados con la reivindicación de la memoria de las víctimas, cuestión que entonces era tildada de radicalismo.

Los restos se reinhumaron en el nuevo cementerio en un espacio cedido por el Ayuntamiento en el que se construyó un panteón sufragado por los familiares (‍imagen 3). Según Calle^[56], aunque no se celebró ninguna ceremonia religiosa, varios familiares decidieron que en la lápida hubiera una gran cruz. A ambos lados de la misma figuran los nombres de las víctimas y en la cabecera la frase siguiente: «A las 15 horas del día 14 de septiembre de 1936 fueron fusilados por el fascismo». Como nos decía Francisco Cerrato, nieto de un fusilado, el «mausoleo, una tumba grande, [se ubica] cuando entras al cementerio. Eso chocó mucho también en la época»^[57], pues era el lugar más preeminente y visible del camposanto. Esta pequeña victoria, simbólica y tardía, se consiguió en muchos otros lugares de la provincia.

En Torremejía, según la tradición local, la gente pone velas a sus difuntos el Día de Todos los Santos. Alrededor de esa fecha, el panteón aparece adornado con 33 velas rojas, una por cada difunto (‍imagen 4). Como Saturnino Nieves trabaja en una cerrajería, hizo un portavelas para los familiares, cada uno con su nombre, «por lo menos para que sepamos que están ahí, que nos acordemos, que por lo menos tengan una lucecilla, aunque no sirva para nada»^[58]. Cada año los familiares de los represaliados vuelven a encontrarse para rendir tributo a sus deudos, pero hay que destacar que lo hacen como los demás familiares del pueblo, en una fecha de carácter religioso y no político.

Como en tantos otros casos, el proceso de exhumación y reinhumación resultó sanador y liberador para las familias. Tantas décadas de duelo truncado, sabiendo que los restos se hallaban en una fosa clandestina conocida por todo el pueblo, y teniendo que convivir con los responsables de los asesinatos, habían minado psicológicamente a las familias de las víctimas^[59]. Quizá sea el testimonio de Nieves el que refleja de modo más fiel la reparación emocional que entrañó la reinhumación de los restos:

Durante todo el proceso, como es natural, se vivieron momentos emocionalmente muy intensos: «Hubo, lo recuerdo perfectamente, muchos llantos… Una cosa muy dura, muy dura de los familiares. Porque había hijos de fallecidos. Y, además, sabían quiénes los habían matado en el pueblo, que esta[ba]n vivos»^[61]. Según Benítez, «algunos familiares querían hacer una manifestación por el pueblo con los restos […]. Y nosotros, tanto los dirigentes de la ORT a nivel provincial y regional como yo mismo, sujetamos para que no hubiese ningún conflicto»^[62]. En esto inciden algunos entrevistados porque, dados los momentos de intenso dolor que se vivieron, los ánimos de ciertas personas se exaltaron, pidiendo justicia contra los asesinos, por lo que tanto el alcalde como Calle tuvieron que intervenir para apaciguar los ánimos^[63].

Otros testimonios directos nos confirman que la situación durante la exhumación fue bastante delicada. Según Nieves, «fueron unos días tensos. Yo sé que hubo gente que se fue del pueblo para no estar aquí»^[64]. Según un concejal socialista, no solo algunos derechistas durmieron fuera del pueblo aquellos días, sino que incluso uno de ellos se dice que durmió durante muchos años con la pistola debajo de la almohada, obsesionado por el sentimiento de culpa y el miedo a la venganza^[65].

Más allá de la tensión y la momentánea exaltación de algunos familiares, la reinhumación discurrió de forma tranquila y ordenada. Sin embargo, la respuesta de algunos derechistas a la exhumación, y al juicio posterior, se acabó traduciendo en amenazas e incluso agresiones, pues no pocos se resistían al cambio de statu quo en el pueblo.

La exhumación, protagonizada por un alcalde de un partido de extrema izquierda, en un pueblo en el que todo el mundo se conocía y donde estaban identificados si no los responsables directos, sí los instigadores de los asesinatos, debió soliviantar los ánimos de quienes habían gozado no solo de impunidad, sino de una indiscutible preeminencia social y política en la pequeña comunidad local. Si bien la extrema derecha durante la transición protagonizó gran número de acciones violentas, sobre todo mediante la actividad de grupos más o menos aislados que, en contextos locales, acosaron, amenazaron y agredieron a militantes y simpatizantes de partidos de izquierdas^[66], en el caso de Torremejía nos inclinamos a pensar que la denuncia judicial, las presiones e incluso algún acto aislado de violencia fueron la respuesta al desafío que supuso la exhumación para el orden político-simbólico instaurado en la localidad desde la guerra civil y encarnado por la élite conservadora local. Lo ocurrido en esta localidad nos ofrece una pista muy relevante sobre el peso de la resistencia —llegando en casos extremos a la violencia, física o simbólica— a la que se enfrentaron muchos de los procesos de exhumación impulsados en este periodo, y cuya importancia no se ha puesto aún suficientemente de relieve^[67].

Según apuntan varios testimonios^[68], tras la exhumación aparecieron varias pintadas con amenazas e injurias al alcalde, alguna de ellas en lugares muy transitados del pueblo^[69]. Por otra parte, según nos relató Alfonso Rojo, uno de los abogados de la ORT de Benítez, en una ocasión, cuando fue a visitarlo, lo estaban esperando algunos derechistas del pueblo. Al salir de la cantina, lo siguieron, insultaron y le propinaron golpes en la espalda hasta que se volvió para plantarles cara^[70].

Si estas amenazas y agresiones no tuvieron consecuencia legal alguna, no sucedió lo mismo con el traslado de los restos, que acabó teniendo una inesperada deriva judicial que no hace sino poner de manifiesto las dificultades jurídicas, políticas y sociales que existían en aquellos momentos de transición a la hora de abordar estos espinosos asuntos. Y ello hasta el punto de que, con frecuencia, formaciones de izquierda (sobre todo PSOE y UGT), a pesar de representar las siglas de muchos de los represaliados que yacían fuera de los camposantos, no se atrevieron a promover este tipo de iniciativas ni a reivindicar su recuerdo^[71].

V. LA JUDICIALIZACIÓN DE LA EXHUMACIÓN (AGOSTO 1979-JUNIO 1980)[Subir]

La exhumación de Torremejía no solo fue objeto de enfrentamiento político, sino también de un largo y ruidoso proceso judicial. Un pleito motivado por dos denuncias interpuestas por el gobernador civil de la provincia, Lorenzo Martínez Fresneda^[72], y por Julián Membrillo Bote, concejal de la UCD en Torremejía, médico y jefe local de Sanidad^[73]. Según la legislación vigente, los interesados en trasladar restos humanos debían haber pedido permiso a la Jefatura Provincial de Sanidad, dependiente del Gobierno Civil de cada provincia; por otra parte, la denuncia del gobernador civil estaba relacionada con el uso de trabajadores del Empleo Comunitario en la exhumación^[74].Obsérvese que los denunciantes no son actores cualesquiera, sino que eran muy relevantes desde un punto de vista sociopolítico e institucional, sobre todo el primero. En cuanto al segundo, no solo representaba al partido que estaba gobernando el país en aquellos momentos, sino que, como suele ocurrir con los médicos en las localidades pequeñas —más aún si, como es el caso, ostentan algún cargo público—, era una figura de prestigio local. Según el hermano del alcalde, este concejal era «el líder de la derecha en aquellas fechas». También añade un dato significativo sobre él y acerca del ambiente que se debió de vivir en la localidad en aquellas fechas: «Fue a los primeros Plenos después de las elecciones, pero en cuanto presentó la denuncia contra el alcalde ya no apareció por el Ayuntamiento en toda la legislatura»^[75].

Gracias a la documentación consultada, a la que hemos accedido por primera vez desde los hechos,^[76] es posible secuenciar con precisión la etapa inicial de judicialización de la exhumación. El 21 de agosto se comunicaban los hechos a la Delegación Territorial de Sanidad; el 27 de agosto este organismo lo trasladaba al Gobierno Civil, el cual, el 28 del mismo mes, lo ponía en conocimiento del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz. Fue a partir de entonces cuando se produjo la judicialización de la exhumación.

El día 29 de agosto desde la Fiscalía de la Audiencia Provincial se solicitaba al juez de instrucción de Mérida, Emilio León Sola, la incoación de un procedimiento criminal para el esclarecimiento de los hechos. El 5 de septiembre este solicitaba a la Delegación Territorial de Sanidad que expresase por escrito si se había pedido la preceptiva autorización para exhumar, a lo que se contestaba negativamente en un oficio fechado el 18 de septiembre. Finalmente, el juez, a la luz de la información recabada, decidió iniciar diligencias previas, consistentes en tomar declaración al alcalde el día 4 de octubre y solicitar un informe de la Comandancia del Puesto de la Guardia Civil de Torremejía para que averiguase la identidad de las personas que intervinieron en la exhumación y reinhumación. En el informe emitido por la Guardia Civil se identificó hasta cinco personas que colaboraron en la organización de los hechos y a catorce obreros del Empleo Comunitario que participaron en los mismos. El juez también ordenó la consulta de las actas de pleno donde se acordó la exhumación y de la relación de trabajadores del Empleo Comunitario los días 16 y 17 de agosto.

Durante el mes de octubre se tomó declaración a varias personas. Los testimonios afirmaron que habían ido voluntarios a recoger los restos, que los introdujeron en sacos de plástico y los llevaron a hombros hasta el nuevo camposanto. Pero, sin duda, el dato más destacable fue la participación de familiares directos de los fusilados en la exhumación. Dos de las personas que la organizaron afirmaron haber participado en la misma y ser familiares de los fusilados. Por su parte, en el expediente judicial se recogió esta información aportada por uno de los trabajadores del Empleo Comunitario: «Como él tenía allí a su padre, fue a realizar dicha exhumación, su jornada fue desde las 7 hasta las 14 horas, que como sabía que allí se encontraban los restos de su padre al que perdió de muy pocos meses, se cegó retirando restos y depositándolos en bolsas de plástico, y como se encontraba metido en la zanja, nada más que observó la presencia de mucho público de diferentes sexos y edades, y por lo tanto no oyó si se pronunciara alguna arenga». Otro obrero dijo que estuvo en el cementerio «desenterrando los restos de un hermano al que en el año 1936 le fue aplicado el bando de guerra, que él no sabe qué persona le dijo que podía sacar los restos y él lo hizo»^[77].

Finalmente, el 29 de noviembre el juez de instrucción acordaba la formación de una causa penal, registrada con el número de sumario 52/79. Y, una vez practicadas las nuevas pruebas, el juez de instrucción dictaba el 25 de enero de 1980 auto de procesamiento contra Benito Benítez Trinidad, imputándole dos delitos: uno contra la salud pública, por traslado de restos cadavéricos sin autorización, lo que vulneraba la legislación de policía sanitaria mortuoria; y el segundo por malversación de caudales públicos, al haber hecho uso de los obreros del Empleo Comunitario para llevar a cabo la exhumación y la reinhumación.

La abogada Paloma Marín redactó un escrito de alegaciones solicitando el sobreseimiento del auto de procesamiento en el que ponderó los aspectos políticos y morales de los actos que se enjuiciaban. Señaló que no se podía abstraer la exhumación del contexto local, una pequeña comunidad en la que las familias de las víctimas representaban una parte significativa. Y añadía que los auténticos autores de la exhumación habían sido los familiares, quienes querían no solo que los restos reposaran en un panteón, sino que se reconociese el sacrificio de sus deudos por la democracia.

La defensa de Benítez consideraba que no se había producido malversación de caudales públicos porque no se había dado un uso diferente al dinero que el de pagar a los obreros a cuenta del Empleo Comunitario. Asimismo, pedía el sobreseimiento por no estar identificados los autores del delito y, en caso de que no se produjera, solicitaba la aplicación de la circunstancia atenuante número 7 del artículo 9 del Código Penal^[78]: «Obrar por motivos morales, altruistas o patrióticos de notoria importancia».

En una cita que por su elocuencia conviene reproducir en su integridad, Paloma Marín nos ha explicado que la justicia en los albores de la democracia

El auto de procesamiento también exigía al alcalde una fianza de 50 000 pesetas para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, procediéndose en su caso al embargo de sus bienes. Al no disponer de dicha cantidad y no tener siquiera vivienda en propiedad, le embargaron una de las dos vacas de las que disponía y él estuvo en libertad provisional hasta la sentencia absolutoria. Como nos recuerda su hijo, lo de la vaca hoy nos puede parecer incluso cómico, pero para ellos fue muy duro, pues era la única propiedad que tenían equivalente a la cantidad requerida. Josefa Corbacho, la esposa, añade: «Tenía que mandar a mis hijos a casa de mi madre para que comieran porque lo que tenía en casa no era para ellos, vamos que no lo he pasado bien»^[80].

Según Antonio, el primer recuerdo de su infancia es, precisamente, el alboroto que se organizó en la puerta de su casa cuando las autoridades vinieron a llevarse la vaca de sus padres. Los familiares que le habían instado a promover la exhumación, empoderados por el éxito de su iniciativa, reactivaron los vínculos informales que habían creado entre ellos durante décadas y no dudaron en ir a prestar su apoyo al alcalde, hasta el punto de que se presentaron en su puerta para protestar enérgicamente por el embargo. Más tarde se organizarían y lograrían reunir el dinero suficiente para desembargar la vaca^[81]. Dada la precaria situación económica de Benítez, según la prensa se hicieron unos «bonos de ayuda, que, al precio de cien pesetas, se [distribuyeron] por toda la zona». Dos de las viudas de los fusilados cuentan cómo lograron reunir las 50 000 pesetas para que el alcalde pudiera recuperar la vaca. Sin conciencia de formar un movimiento social ni político ni de estar desafiando al poder, se apoyaron en los nuevos marcos de significado que habían contribuido a crear y llegaron a retar a actores tan poderosos como los que habían puesto la denuncia. Fue en ocasiones como esta cuando se comportaron como un movimiento social, al menos tal y como lo entiende Gusfield (‍1981).

Lo cierto, como nos confirmó Corbacho, es que prácticamente todo el pueblo se volcó con ellos, pero también reconoce que sufrieron mucho hasta conocer la sentencia absolutoria. En sus propias palabras, «fue un cuadro muy fuerte para nosotros»^[82]. Marín nos dijo que con las denuncias «empezaba un calvario, que solo conocí en sus primeros momentos, pero que con seguridad tuvo que afectar a Benito en lo personal y en lo familiar de forma extraordinaria. También al partido, por cuanto que la denuncia no auguraba la aceptación de las nuevas reglas de juego»^[83].

Esto último es fundamental y demuestra que la importancia de este caso trasciende lo meramente local. Un traslado de restos de fusilados desde una fosa común al cementerio, acompañado de un acto público de homenaje a los mismos, era visto por muchos en aquellos momentos como algo subversivo y, cuando menos, tratado como un potencial problema de orden público; incluso muchos militantes de izquierda lo consideraban radical y prematuro. Si a esta mezcla de sentimientos de rechazo, inquietud e incomodidad, tan extendidos entonces, se añaden los del miedo a las consecuencias, ejemplificadas por el tormento judicial que tuvo que atravesar el alcalde y las amenazas de que fue objeto, se puede entender el efecto disuasorio que pudo tener para muchos emprender acciones parecidas.

Paradójicamente, según nos contó Alfonso Rojo^[84], el primer abogado de Benítez una vez iniciado el juicio, el embargo de la vaca tuvo muchísimo impacto mediático, en parte promovido por ellos mismos. De hecho, los abogados concedieron varias entrevistas^[85] para que se conociera el disparate que suponía haber embargado una vaca a una persona de condición tan humilde simplemente por haber promovido un traslado de restos que, si bien es cierto que no había solicitado formalmente por desconocer el procedimiento, había demostrado buena fe al haberlo llevado al pleno municipal y obtenido su aprobación^[86]. Este embargo tan desconcertante, rayano en lo ridículo, tuvo un efecto no previsto: un elevado nivel de indignación y rechazo social que fue inteligentemente aprovechado por los abogados en su estrategia de defensa y, a la postre, permitió que Benítez acabara recabando apoyos poderosos más allá de la región. Quizá fuera esta una de las razones por las que un medio como El País, que muy pocas veces publicó noticias sobre exhumaciones en aquellos años, se hiciera eco del caso.

Además de por Alfonso Rojo, Benítez fue defendido en el juicio por José Folguera^[87], ambos de la ORT, y fue representado por el procurador Juan Fernández Castro. La vista se celebró el 16 de junio de 1980 y durante la misma Benítez recibió apoyos de diferentes sectores.

En primer lugar, destaca el amparo recibido por las formaciones en las que militaba, entre las que destacaba la del dirigente Joaquín Martínez Trejo. Estas fuerzas, a pesar de su limitada presencia pública e institucional, se volcaron sin reservas en la defensa de la causa de Benítez.

En segundo lugar, recibió un respaldo incondicional de muchos vecinos y familiares. Como decía Corbacho, «por el pueblo hubo mucha ayuda, mucha, mucha»^[88]. Y el hermano del alcalde incide en que, sobre todo, recibió el apoyo de los familiares de las víctimas^[89]. Según algunos testigos, la imagen de tantas mujeres enlutadas asistiendo al juicio era algo que nunca se había visto y resultó muy impresionante. Esta manifestación dramática de duelo tardío e inconcluso demostró la cohesión interna de los familiares y contribuyó a crear nuevos marcos de significado no solo en la localidad, sino en la propia sede judicial, obligando a los asistentes a reflexionar sobre las deudas pendientes con las víctimas del franquismo y sus familiares.

El pueblo se volcó tanto en la causa judicial —unas trescientas personas asistieron al juicio para acompañar al alcalde y mostrarle su apoyo— que muchos tuvieron que quedarse fuera de la sala por problemas de aforo. Por un lado, la represión en Torremejía había alcanzado a un buen número de vecinos, lo que explica que gran parte de la reducida comunidad local se sintiera concernida. Y, por otro, esta no se había visto tan afectada por las oleadas migratorias que habían vaciado muchos pueblos de la región, así que su tejido social no estaba tan debilitado como en otros casos. Además, la acción del alcalde había sido percibida por muchos vecinos —incluso por algunos de ideología conservadora—como algo moralmente necesario, lo que debió de contribuir a su movilización cuando se le intentó penalizar por ello.

Por último, fue precisamente el hiriente contraste entre moral y derecho que se dirimía en este caso, junto con la solidaridad con un alcalde que para estupefacción de muchos había sufrido el embargo de una de sus dos vacas, lo que hizo trascender lo ocurrido al ámbito nacional, concitando la movilización de políticos ajenos tanto a la localidad como a la ORT. Dirigentes como Juan María Bandrés o Juan Carlos Rodríguez Ibarra se interesaron por el caso y también se solidarizaron con Benítez políticos y dirigentes de otras partes del país^[90].

Precisamente en la sesión ordinaria de pleno del Ayuntamiento de Torremejía de 28 de junio de 1980^[91] se dio lectura a una carta de Juan María Bandrés, diputado de Euskadiko Ezquerra por Guipúzcoa en el Congreso, fechada el 23 de junio, a la que acompañaba copia del escrito dirigido al presidente del Congreso de los Diputados interpelando al Gobierno para que el Ministerio Fiscal se retirase de la acusación, así como para que, en el caso de darse una sentencia condenatoria, tramitase de modo inmediato el indulto. El 14 de julio de 1980 se incluía en el orden del día del Diario de Sesiones del Congreso la interpelación al Gobierno^[92] y en abril de 1981 contestaba el ministro que, a pesar de que el caso había perdido actualidad porque se había fallado la sentencia absolutoria en junio del año anterior, señalaba que se podía extraer una importante lección^[93]. Bandrés articuló su breve intervención en dos partes: el daño moral sufrido por el encausado y la necesidad de que la Administración conciliase su actuación con los valores democráticos, sustentados en principios morales. Así, en primer lugar, se preguntaba que, si bien el tribunal finalmente acabó absolviendo a Benítez al considerar que no había cometido los delitos por los que fue procesado y las costas se declararon de oficio, quién le iba «a pagar al alcalde los perjuicios morales que ha tenido que sufrir durante el tiempo de procesamiento […]. La situación del procesado es desagradable, incómoda y el alcalde ha tenido que sufrir el enjuiciamiento desde mi punto de vista, injustamente», y apuntaba que su origen se hallaba en una denuncia del gobernador civil. Y aquí realizaba su segunda crítica: «Se me ocurre que el ministro del Interior puede instruir a los señores gobernadores civiles de todas las provincias para que no formulen denuncias como esta, que lo que hacen en el fondo es desacreditar a los denunciantes y no otra cosa».

Contestó a Bandrés el ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, y en su respuesta defendió la decisión del gobernador civil, argumentando que se había producido el delito, aunque sin intención dolosa, a la vez que reconocía que «estrictamente no hubo alteración en el uso de los fondos públicos». Sin embargo, el diputado vasco insistió en que el gobernador civil debía tener en cuenta la connotación política del acto de exhumación: «Se trata de una exhumación […] de restos procedentes de personas fusiladas en el año 1936, con todo un entorno sentimental, un contenido político claro, que es lo que parece que hace aconsejable a un gobernador civil que no cometa el error, a mi juicio, insisto, de denunciar hechos como este».

La intervención de Bandrés dejaba traslucir un asunto inédito en la España de la transición: el papel que debía desempeñar la Administración pública y demás poderes del Estado en la recuperación de las víctimas del franquismo. Pero ni siquiera Bandrés se atrevía a proponer que las autoridades adoptaran un papel proactivo a este respecto, sino que al menos no interfirieran. Más allá de cuestiones procedimentales o de la existencia de infracciones legales —que en otras ocasiones se pasaron por alto, ya que el sentido común dictaba que no podía haber problema de salud pública alguno en la exhumación de restos tan antiguos—, la denuncia reflejaba la posición obstaculizadora de algunos poderes públicos a actos que aspiraban a poner fin a una bochornosa anomalía no solo ética, sino jurídica, pues, a la postre, se trataba de regularizar enterramientos ilegales. Esta resistencia también ponía en evidencia, además de las dificultades de emprender acciones reparadoras de las víctimas de la guerra y la dictadura, la falta de voluntad de los gobernantes y de las recién estrenadas instituciones democráticas de liderar dicho proceso. A diferencia de lo que se hizo, por una simple cuestión de justicia, aunque muy dilatada en el tiempo, cuando se equipararon los derechos de viudas, huérfanos y excombatientes de los dos bandos enfrentados en la guerra, no quiso hacerse lo mismo con los republicanos que yacían en fosas comunes, a pesar de que los familiares de las víctimas de la violencia revolucionaria sí habían recibido durante toda la posguerra apoyo institucional para llevar a cabo reinhumaciones y homenajes.

Finalmente, mediante sentencia n.º 103/80, el 19 de junio de 1980 Benítez fue absuelto de todos los cargos —delito contra la salud pública y malversación de caudales públicos— por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Badajoz, siendo presidente del tribunal el juez José García Orio-Zabala y ejerciendo de fiscal Carlos Angoso de las Heras.

Según la viuda de Benítez, su mayor satisfacción es saber la alegría que la iniciativa auspiciada por su marido proporcionó a tanta gente y ver cómo, desde entonces, nunca faltan flores frescas en el mausoleo, siendo el Día de Todos los Santos cuando más familiares se congregan. Sin embargo, el sobrino de Benítez^[94] nos contó que el recuerdo traumático de la guerra y el miedo aún latente en el pueblo explica que el PSOE, partido en el que él milita (y en el que acabaron militando tanto el alcalde como su hermano), no se atreva todavía hoy en día a conmemorar el 14 de abril y solo rinda tributo a los fusilados cada cinco años para que el hecho no parezca «tan agresivo». También nos habló del terror que se experimentó en Torremejía cuando la intentona golpista de 1981. Él era muy pequeño, pero recuerda perfectamente esa sensación y, sobre todo, el hecho de que toda su familia estaba lista para salir huyendo.

VI. CONCLUSIONES[Subir]

Han pasado ya cuarenta años de todo esto. El emplazamiento del antiguo cementerio, donde estaba oculta la fosa común, hoy en día es un parque público denominado Jardines de la Paz que alberga, además de unos columpios, una escultura conmemorativa de la visita que hizo Camilo José Cela en 1992, ya que fue en esta localidad donde ambientó parte de la terrible historia de Pascual Duarte. Aquel año, con motivo del quincuagésimo aniversario de su publicación, el escritor inauguró una placa firmada por él que reza: «Pido a los clementes dioses que gobiernan el mundo que el futuro de paz y concordia entre los hombres haya llegado ya».

En este artículo se ha querido destacar, por un lado, lo vivo que estaba el recuerdo de la guerra civil en la transición y lo traumático que todavía resultaba, particularmente para los familiares de las víctimas del franquismo, el no haber podido dar una sepultura digna a sus deudos ni reivindicarlos en el espacio público, ya que a nivel local ni siquiera se los había podido mencionar. También se ha expuesto que estas iniciativas se produjeron desde abajo, bien promovidas por familiares bien por militantes de base de partidos y sindicatos de izquierdas. La falta de apoyo, y más aún de liderazgo, desde la dirigencia regional y nacional de los mismos causó desconcierto y sensación de vulnerabilidad a quienes las impulsaron. Finalmente, se han mostrado las dificultades que entrañaban acciones de este tipo en un tiempo en el que los legados del franquismo permanecían presentes en algunas instituciones. Esta afirmación no solo se ha ilustrado con el caso concreto del alcalde de Torremejía, sino al recrear el clima de incertidumbre, miedo e intransigencia, traducido en no pocos casos en amenazas e incluso agresiones, que en ocasiones eran dirigidas contra quienes se atrevían a poner en cuestión la versión de la contienda promovida por la dictadura y a remover unos huesos horadados por balas que demostraban que una parte importante de la historia permanecía enterrada.

Es más que probable que la causa judicial a la que tuvo que hacer frente el alcalde, el hecho de haberse visto privado temporalmente de un bien muy valioso para su familia y el estruendo mediático que acompañó al proceso tuvieran un efecto disuasorio para muchas personas de otras localidades que, de no haber ocurrido esto, también habrían querido acometer este tipo de acciones, forzosamente dilatadas durante décadas. Algunas, efectivamente, las acometieron (‍Aguilar, 2017). Pero no todo el mundo estaba dispuesto a asumir estos riesgos personales ni el coste económico que suponía afrontar un posible juicio, particularmente en un contexto tan incierto y tenso como el que se vivió en la transición. Hay que recordar, además, que la gran mayoría de los familiares pertenecían a clases humildes; no solo porque, con frecuencia, eran descendientes de jornaleros u obreros agrícolas, sino porque la dictadura marginó de distintas maneras a los familiares de los represaliados, lo que supuso negarles las mismas oportunidades vitales de las que disfrutaron los vencedores.

Tras la muerte de Franco, no solo el miedo al enfrentamiento estaba muy presente a nivel local, sino que las relaciones de poder —como percibieron con estupor los abogados de la ORT procedentes de Madrid cuando llegaron a Extremadura— apenas habían cambiado desde los años treinta. Esto último es de importancia capital: los abogados a los que hemos entrevistado han subrayado el resentimiento de la derecha al ser desbancada del poder local por partidos de izquierda. No podían concebir, ni parecían dispuestos a tolerar sin resistencia, que las alcaldías les fueran arrebatadas tras los primeros comicios municipales de la democracia. Y menos aún estaban preparados para asumir que un obrero de la ORT dirigiera el ayuntamiento de un municipio tradicionalmente sometido al poder de los caciques. Según Marín, la denuncia a Benítez «ejemplificaba la reacción de los que perdían con el cambio».

El impacto mediático, la presión social local y la implicación política de parlamentarios como Bandrés resultaron fundamentales para que Benítez fuera finalmente absuelto. La prueba de que la justicia se sintió influida por el ambiente es que el juez, tal y como nos ha contado José Folguera, llegó a afear de muy malos modos a Benítez que hubiera contado a los medios de comunicación que le habían embargado una vaca. Sin la vergüenza que debió de producirles que un detalle tan rocambolesco trascendiera tanto, y sin la presión a la que acabamos de aludir, la sentencia bien podría haber sido condenatoria. La mentalidad de algunos actores relevantes fue avanzando mucho más despacio que las transformaciones legales que se iban acometiendo. De hecho, una parte significativa de la judicatura no estaba preparada para la democratización que se estaba fraguando. Los encargados de aplicar el nuevo ordenamiento jurídico a veces no lo conocían y, en otros casos, se resistieron a aplicarlo^[95].

Pero, junto a esto, también es cierto que, pocos meses antes de que Benítez saliera absuelto, un tribunal condenaba a los asesinos de los abogados de Atocha a distintas penas de prisión. Aunque el proceso distó de ser satisfactorio desde nuestros parámetros actuales, era la primera vez que se sentaba en el banquillo a terroristas de extrema derecha. La democracia, poco a poco y de forma un tanto tortuosa, se iba abriendo camino en España.