LAS LÓGICAS DE LA EMANCIPACIÓN: PSIQUIATRÍA Y CIUDADANÍA EN LA ESPAÑA DEL TARDOFRANQUISMO^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

A finales de la década de 1960, la conciencia de la precariedad y la profunda inadecuación de las instituciones psiquiátricas españolas estaba muy extendida incluso entre las más altas esferas del régimen franquista. El 24 de abril de 1968, por ejemplo, el almirante Luis Carrero Blanco, vicepresidente y hombre fuerte del Gobierno, aseguraba compartir la «preocupación que la opinión pública siente ante el estado en que se encuentra la asistencia de los enfermos mentales» y, aunque anunciaba «próximas soluciones» basadas en «las conclusiones a que lleguen los estudios en curso», expresaba su impotencia en unos términos realmente poco comunes para los parámetros de la dictadura: «Con sinceridad ha de reconocerse que la complejidad [del problema] y las dificultades con que se tropieza, tanto en el aspecto técnico, en el que las opiniones no siempre coinciden, cuanto en el financiero, condicionado por circunstancias a veces acuciantes […], no han permitido llegar a las metas a las que se aspira»^[2].

Esta (sorprendente) declaración se produjo después de que el entonces presidente de la Diputación de Barcelona, José María de Muller y de Abadal, y otros dos procuradores en Cortes (Fernando Ybarra y López-Dóriga, presidente de la Diputación de Vizcaya, y Rogelio Mir Martí, representante sindical de Actividades Sanitarias) formularan una pregunta-ruego en la que, con el fin de solicitar un aumento en la dotación presupuestaria de las diputaciones y, sobre todo, la implicación de la Seguridad Social en la financiación y la prestación de servicios psiquiátricos, se describía de un modo absolutamente catastrófico la situación asistencial en el país:

Unos días después terciaba en el debate Adolfo Serigó Segarra, a la sazón secretario general del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP), el organismo oficial que, desde 1955 hasta su disolución efectiva en 1974, trató de establecer las directrices de la política de salud mental del régimen y de coordinar la (muy limitada) acción estatal en la materia^[4]. En un artículo publicado en Tribuna Médica, Serigó —muy comprometido con la difusión del ideario psicosocial y el enfoque rehabilitador propugnado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales— definía la asistencia psiquiátrica como «la cenicienta de la asistencia sanitaria española, sin paralelismo con el resto de los servicios asistenciales y el nivel socioeconómico del país». Pero, significativamente, todavía concebía el problema en unos términos exclusivamente técnicos o administrativos: así, confiaba en que las inversiones previstas en el Segundo Plan de Desarrollo (1968-‍1971) dispondrían el volumen apropiado de camas y profesionales; pensaba que las corporaciones locales, «debidamente asesoradas por un organismo oficial encargado de la planificación, normas, control y ayuda económica», eran las «entidades idóneas para estructurar servicios comprensivos de salud mental», y destacaba los frutos que se estaban obteniendo gracias a las numerosas actividades divulgativas y de «preparación de personal» de la Dirección General de Sanidad (DGS) y el PANAP^[5]. Al menos en apariencia, pues, Serigó no era consciente de que el país se encaminaba a un escenario político y social que pronto iba a condenar a la inanidad sus tímidas iniciativas reformistas como consecuencia de la rápida inserción de los discursos y las prácticas psiquiátricas en el contexto de los conflictos laborales, las demandas emancipatorias y las luchas políticas del final de la dictadura.

A principios de la década de 1970, de hecho, empezaron a publicarse numerosos artículos, fotografías y reportajes periodísticos de gran impacto sobre las míseras condiciones materiales y humanas imperantes en los hospitales psiquiátricos del país, generándose un estado de opinión cercano al escándalo frente a unas muestras tan ostensibles de abandono y exclusión^[6]. Asimismo, aquellos años asistieron a la eclosión de un movimiento abiertamente rupturista entre los (jóvenes) profesionales de la salud mental, que a partir del XI Congreso Nacional de Neuropsiquiatría celebrado en Málaga en septiembre de 1971 se agruparon en torno a una Coordinadora Psiquiátrica y hasta el final de la dictadura protagonizaron diversos conflictos (huelgas, protestas, encierros, etc.) en instituciones como el Hospital Psiquiátrico de Oviedo, las clínicas psiquiátricas de la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco de Madrid, el Instituto Mental de la Santa Cruz de Barcelona, el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela o el recién inaugurado Hospital Psiquiátrico de Bétera en Valencia^[7]. Con unos referentes intelectuales que empezaban a desplazarse desde la psiquiatría social y comunitaria anglosajona a la antipsiquiatría y, sobre todo, a la «psiquiatría democrática» italiana^[8], es importante destacar que en estos conflictos no solo se reivindicaron mejores condiciones laborales, sino también una gestión participativa de las instituciones frente al frenesí tecnocrático del reformismo autoritario y la introducción de una nueva cultura terapéutica basada en una relación más horizontal, simétrica y respetuosa con la dignidad personal de los pacientes^[9].

Como era de esperar, y teniendo en cuenta la peculiar situación del país —que desde la década de 1960 asistía a una creciente disociación entre la cerrada superestructura del poder y una ciudadanía cada vez más empoderada que, sobre todo en las grandes ciudades, se encontraba en pleno «aprendizaje de la modernidad»^[10]—, toda esta efervescencia acabó chocando frontalmente con el déficit democrático consustancial al franquismo. Desbordadas por el vigor de la contestación, pero muy preocupadas por la esperable instrumentación de las luchas psiquiátricas por parte de la (ya muy activa) oposición política, las autoridades del régimen optaron por ceder ante algunas de las exigencias planteadas por los profesionales, pero —como veremos— también reprimieron y sometieron a una estrecha vigilancia a aquellos que consideraron más subversivos. Como en muchos otros ámbitos, pues, los años finales de la dictadura propiciaron la puesta en marcha de numerosas experiencias renovadoras^[11], pero también supusieron una coyuntura muy poco favorable para la implementación efectiva de las reformas que exigían los estándares internacionales y —como decía Serigó— el «nivel socioeconómico» del país. Obviamente, un proceso amplio, profundo y consistente de transformación asistencial se enfrentaba entonces a importantes obstáculos debido a la rigidez administrativa, la fragmentación de competencias, la falta de planificación, la inercia manicomial y, por supuesto, el clima de crisis política y degradación que afectaba al Estado^[12]. Pero, en buena lógica, cabe suponer también que un proyecto de cambio social con un componente tan acusado de inclusión y profundización democrática como la reforma psiquiátrica (o, dicho en otros términos, el tránsito del asilo a la comunidad) difícilmente podía prosperar en un contexto esencialmente autocrático y marcado por una restricción tan severa de los derechos y la participación política.

Con el objeto de sustanciar esta tesis, el presente artículo trata de reconstruir y esclarecer algunas de las causas y consecuencias del clima de movilización y efervescencia emancipatoria que se apoderó de los discursos y las prácticas psiquiátricas en los últimos años de la dictadura franquista. En primer lugar, se analiza la cristalización de una nueva sensibilidad pública hacia la situación de las instituciones psiquiátricas y las personas afectadas por trastornos mentales. Posteriormente, se describe la irrupción de una nueva cultura de la participación en el campo de la salud mental con la reivindicación por parte de los profesionales de una implicación más directa en la gestión de las instituciones y la introducción de intervenciones y prácticas terapéuticas centradas en la promoción de la autonomía de los pacientes. Y, finalmente, se examinan las medidas represivas con las que el régimen se enfrentó finalmente a la disidencia psiquiátrica a la luz de una serie inédita de documentos de archivo. De acuerdo con el marco de análisis desarrollado en trabajos previos^[13], el artículo se cierra constatando la escasa compatibilidad de los entornos sociopolíticos autoritarios con la cultura de la salud mental comunitaria y, en sintonía con algunos estudios recientes^[14], apuntando al inevitable desencanto que —como ocurrió con la propia transición política— hubo de provocar en algunos sectores la implementación y la gestión administrativa de los procesos de desinstitucionalización y reforma psiquiátrica a partir de la década de 1980.

II. UNA CUESTIÓN PALPITANTE[Subir]

El 13 de febrero de 1971, la revista progresista Triunfo publicó la primera de dos entregas de un demoledor «informe» sobre la asistencia psiquiátrica en España elaborado por el escritor catalán Guillermo Díaz-Plaja. Acompañado de algunas (pocas) imágenes ilustrativas del clima de «ociosidad y falta de horizontes» que imperaba en los manicomios del país, el texto no escatimaba calificativos para describir la «impresionante y deprimente» experiencia que suponía «penetrar en este tipo de instituciones»: «la pura visión […] de las condiciones […] sugiere automáticamente la idea de miseria»^[15]. Por su parte, el 10 de septiembre de ese mismo año, el semanario Tribuna Médica, editado con fines promocionales por la empresa Antibióticos S. A., pero de amplia difusión en círculos profesionales, inició la publicación de una serie de veinte artículos en los que el escritor Ángel María de Lera daba cuenta de su «viaje a lo desconocido» por unos hospitales y sanatorios psiquiátricos que no vacilaba en definir como «un mundo sin remedio ni esperanza»^[16]. Dado el notorio impacto que generaron ambas publicaciones, el mismo semanario bautizó retrospectivamente 1971 como el «año de la asistencia psiquiátrica», que se había convertido en «una cuestión palpitante […] no solo por haber llegado [finalmente] a la opinión pública, sino también, y sobre todo, porque requiere con urgencia que se hagan realidad nuevos y mejores hospitales, la extensión de la asistencia ambulatoria y la introducción de nuevas técnicas terapéuticas y de rehabilitación»^[17].

Tal como ha mostrado Óscar Martínez Azumendi en una reciente y completísima revisión, los reportajes de Triunfo y Tribuna Médica constituyeron el primer episodio significativo de la continuada presencia de la «miseria psiquiátrica» a lo largo de la década de 1970 entre los contenidos no solo de la prensa médica especializada y las publicaciones progresistas, sino también de revistas de actualidad e interés general dirigidas al gran público como Sábado Gráfico o Interviú. Sin duda, todas estas piezas periodísticas, no siempre exentas de cierto sensacionalismo^[18], desempeñaron un importantísimo papel como «catalizadores del cambio psiquiátrico» en la medida en que contribuyeron de forma decisiva al «desprestigio social del manicomio clásico y de la psiquiatría más tradicional y represiva» y concienciaron «a un sector cada vez más amplio de la población […] acerca de la necesidad imperiosa de reformas asistenciales»^[19]. Pero, por otro lado, también resulta obvio que este inusitado interés de los medios escritos y gráficos reflejaba la emergencia de una nueva percepción y sensibilidad pública hacia la situación de las instituciones psiquiátricas y las personas afectadas por trastornos mentales que, a su vez, solo puede entenderse en el marco de las profundas transformaciones sociales y culturales que se estaban produciendo entonces en el país; unas transformaciones que, entre otras cosas, estaban propiciando la irrupción de nuevos valores y el creciente arraigo de los principios democráticos y de una conciencia cívica más activa, asertiva e inclusiva entre los sectores más dinámicos de la clase obrera y de las nuevas clases medias^[20].

En este sentido, es llamativo que uno de los aspectos más señalados en los artículos de prensa de aquellos años, y muy especialmente en las series de Díaz-Plaja y De Lera, fuera la inexorable pérdida de la intimidad y —como ya había denunciado ante las Cortes el presidente de la Diputación de Barcelona— hasta de la misma individualidad que provocaban los internamientos psiquiátricos prolongados. Así, por ejemplo, y emulando los análisis clásicos del sociólogo canadiense Erving Goffman sobre las «instituciones totales»^[21], Díaz-Plaja atribuía el carácter particularmente opresivo de la atmósfera custodial a la promiscuidad espacial y a la enajenación del tiempo personal: «Largas hileras de camas de barrotes blancos a las que separa una espartana mesilla de noche componen la suma de individuos y de sus bagajes de intimidad reducidos a la mínima expresión. Desde que ingresan, su espacio como su tiempo, reglamentado, dejan de pertenecerles para ser el común que la institución les impone»^[22]. De Lera, por su parte, aún era más explícito a la hora de describir —por boca del psiquiatra español afincado en Estados Unidos Leonardo García Buñuel— los catastróficos efectos de la maquinaria institucional sobre la identidad de los pacientes:

Asimismo, otro argumento relativamente común y novedoso en estos reportajes era que las condiciones de las instituciones psiquiátricas se habían vuelto tan abiertamente escandalosas porque concernían al conjunto de una ciudadanía que en cualquier momento (y, de hecho, cada vez con mayor frecuencia) podía requerir sus servicios. Así lo expresaba, por ejemplo, Díaz-Plaja en el mismo encabezamiento de su informe para Triunfo al señalar que «todos somos en un grado u otro alienados que vivimos con nuestras pequeñas neurosis a cuestas. Pequeñas o grandes, las adaptamos y conseguimos sobrevivir con apariencias de normalidad. Pero, en ocasiones de modo gradual, o en otras repentinamente, nos quedamos sin defensas y se presentan de forma ingrata los síntomas de la enfermedad mental»; precisamente ese y no otro había sido el motivo —decía— por el que había decidido «investigar las respuestas que nuestra sociedad tiene preparadas para […] los ciudadanos afectados por la enfermedad mental»^[24]. Y teniendo en cuenta que en el fondo era la misma sociedad la que «rebosando neurosis, frustraciones e insatisfacciones» debía calificarse como «alienada» («por el trabajo, por el sistema de relaciones, por el tipo de civilización urbana, por la incapacidad para comunicar, por sus regresiones atávicas, por su inmadurez sentimental y sexual, por la agresividad palpable, por el desarrollo elefantiásico de una clases y las anemias flagrantes de otras»)^[25], los resultados de su encuesta no podían ser más desoladores. «¿Quién de nosotros, de los que nos consideramos cuerdos —se preguntaba, por su parte, De Lera en el sombrío “Estado de la cuestión” que añadió al libro en el que reunió sus crónicas para Tribuna Médica—, está libre de caer en el caos mental?». Justo por ello, la situación resultaba tan preocupante, pues librada a semejantes «ambientes maléficos» y «desintegradores de la conciencia y la personalidad», cualquier «persona cuerda internada de repente […] enloquecería en poco tiempo» y se convertiría en uno de «esos últimos proscritos de nuestra sociedad que [vegetan] en los manicomios»^[26].

Por último, estos textos periodísticos denunciaban abiertamente la pasividad de la Administración y vaticinaban que, de forma inevitable, las nuevas generaciones de profesionales (formadas ya en un nuevo entorno social y portadoras, por tanto, de nuevos valores) se alzarían más pronto que tarde contra el abandono, la exclusión y el viejo orden manicomial en su conjunto. En este sentido, y tras constatar que «a niveles oficiales no hay indicios que permitan atisbar una gran inquietud renovadora», Díaz-Plaja señalaba que «los jóvenes psiquiatras que con las ideas nuevas y al uso en otros países aterrizan en este mundo asistencial van a chocar, sin duda, y mucho, con la estructura y la concepción de la psiquiatría implícita»^[27]. Y, por su parte, De Lera se congratulaba de que «los psiquiatras jóvenes, poseídos de un entusiasmo conmovedor y alentados por una vocación infatigable, están aportando a la psiquiatría española la savia y la ilusión nuevas que tanto necesitaba»^[28]. Solo tres meses después, el propio Díaz-Plaja vería confirmado su pronóstico y se desplazaría como «enviado especial» de Triunfo a Oviedo, donde la huelga iniciada por un grupo de residentes del Hospital Psiquiátrico reivindicando mejores condiciones de trabajo y formación desencadenó una crisis de alcance nacional (el mayo asturiano) al concitar la adhesión solidaria de más de veinticinco hospitales y 2000 profesionales en todo el país. Significativamente, una de las cosas que más llamó la atención del escritor fue el espíritu asambleario que reinaba entre los protagonistas, que se habían «puesto de acuerdo —para cada decisión, desde las trascendentales hasta las nimias— por votación democrática»^[29].

III. LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN[Subir]

Desde mediados de la década de 1960, el Hospital Psiquiátrico de Oviedo (antiguamente conocido como la Cadellada) se había convertido, en efecto, en el escenario de uno de los (escasos) ensayos reformistas inspirados en la recomendaciones de la OMS y el modelo de la psiquiatría comunitaria anglosajona que se acometieron con el apoyo de algunos sectores del régimen (especialmente, del Ministerio de la Gobernación, todavía dirigido por el teniente general Camilo Alonso Vega, y de organismos dependientes del mismo como la DGS y el propio PANAP). Por iniciativa del entonces presidente de la Diputación Provincial José López-Muñiz, abogado del Estado, gran cruz de la Orden Civil de Sanidad y miembro del Consejo Rector del PANAP, se contrató a un equipo de (jóvenes) profesionales (varios de ellos, como el nuevo director médico, José Luis Montoya Rico, formados en el extranjero), se incrementó notablemente el presupuesto y la plantilla, se reorganizaron las secciones y el organigrama del hospital, se introdujeron mejoras en la confortabilidad de las instalaciones, se redujo la estancia media, se puso en marcha una incipiente política de sectorización por medio de una pequeña red de dispensarios y se elevaron considerablemente los estándares clínicos y administrativos^[30].

Como es lógico, todas estas medidas, impulsadas con mano firme por el presidente de la Diputación con el aval del propio Alonso Vega, hubieron de salvar desde un principio numerosos obstáculos y se toparon con la resistencia y la hostilidad de algunos sectores (como los médicos de mayor edad o el personal auxiliar menos cualificado) que se sintieron desplazados y/o vieron lesionados sus intereses. Pero, al cabo de poco tiempo, además, el carácter autoritario y esencialmente tecnocrático del proceso empezó a colisionar con la misma ideología asistencial que lo animaba. Tal como advirtió en su momento José García González, uno de sus protagonistas, «la nueva práctica asistencial que se desarrollaba creaba y exigía una dinámica en la que la toma de decisiones ya no podía ser un acto individual o aislado del médico, sino el resultado de la discusión y del trabajo del equipo terapéutico», de manera que «empezaron a aparecer contradicciones entre el modelo que se propuso, la nueva práctica que se creó y la estructura rígida que la enmarcaba»^[31]. Un buen ejemplo de ello puede apreciarse en el proyecto de reestructuración como «comunidad terapéutica» de una de las unidades del hospital promovido en aquellos años por el psiquiatra Ignacio Bellido Vicente. La iniciativa, que se proponía fomentar la «actitud democrática» y «hacer desaparecer de la mente del enfermo la actitud pasivo-dependiente y la idea de autocracia terapéutica», consistía básicamente en la celebración de reuniones conjuntas de internos y personal en las que «todos los temas eran discutidos y decididos por mayoría», pero enseguida fue «vista con recelo» e interpretada como una muestra de «rebeldía y desorden a las normas trazadas»^[32]. De este modo, al (tener que) prescindir de la «participación creativa de los equipos asistenciales», las reformas promovidas desde el poder (tanto en Oviedo como, poco tiempo después, en otros lugares) se vieron pronto confrontadas con sus «insuficiencias democráticas»^[33].

En estas coordenadas, pues, es lógico que la participación emergiera como el valor central y la principal aspiración de un movimiento progresista de transformación asistencial que, aparte de reivindicar de manera creciente la implicación activa de los profesionales en la gestión de las instituciones, se proponía (nada menos que) implantar una nueva cultura terapéutica. Así, según García González, «cuando la Administración permitió formas de organización participativa o, más frecuentemente, cuando los trabajadores las impusieron, se evidenciaron cambios sobresalientes en la calidad asistencial y se apuntaron vías de superación de la caduca estructura institucional»^[34]. De acuerdo con los presupuestos de la psiquiatría comunitaria y la «psicoterapia institucional» francesa^[35], pero con una presencia cada vez mayor de las tesis del psiquiatra italiano Franco Basaglia y los antipsiquiatras británicos^[36], dichas vías de superación participativa del viejo orden manicomial se concentraron en dos grandes ámbitos: por un lado, en el restablecimiento de los vínculos familiares y sociales por medio de medidas de apertura, desinstitucionalización y apoyo en la comunidad y, por el otro, en la introducción de nuevas formas de relación, diálogo y cooperación basadas en la horizontalidad y el reconocimiento de la autonomía como elemento nuclear de la dignidad personal.

Como consecuencia del matiz emancipador que asumió entonces la práctica de las comunidades terapéuticas^[37], y como refieren buena parte de los testimonios de la época, la cultura asamblearia se adueñó del funcionamiento de buena parte de las instituciones o unidades en las que desarrollaron su labor los profesionales más comprometidos con la reforma. Así, por ejemplo, y al igual que previamente en Oviedo^[38], en el Sanatorio de Conxo «se introdujo una dinámica de trabajo y debate colectivo; se fomentaron las reuniones y los lugares de encuentro, tanto entre el personal asistencial como entre los internados. Se pretendía que todos los hechos de la vida cotidiana fueran tamizados por ese debate»^[39]. Del mismo modo, y tras la resolución del conflicto generado en el verano de 1971 por el empeño de la dirección en trasladar buena parte de sus recursos al nuevo Hospital Psiquiátrico Alonso Vega (inaugurado en 1969 en el extrarradio de la capital), en las clínicas psiquiátricas de la Ciudad Sanitaria Provincial de Madrid (las llamadas Clínicas de Ibiza) se pusieron en marcha actividades colectivas, reuniones con familias, salidas libres de los enfermos a la calle y, sobre todo, «asambleas diarias» con el objeto de convertir la institución en «un instrumento socializador de la enfermedad mental y reinstaurador de la libertad y los derechos de los individuos internados»^[40]. Y lo mismo puede decirse del Instituto Mental de la Santa Cruz de Barcelona, donde la práctica asamblearia, muy intensa entre los profesionales desde principios de los años setenta debido a las continuas disputas que mantuvieron con los administradores, también acabó trasladándose al trabajo clínico cotidiano en distintas secciones de la institución^[41].

Dentro del clima de efervescencia cívica que se vivía por aquel entonces en amplios sectores de la sociedad española (que no solo condujo a una creciente presencia e implantación de las fuerzas políticas de oposición, sino también a la emergencia de diversos movimientos sociales centrados en la esfera del trabajo, los derechos de las mujeres, la defensa del medio ambiente o el activismo estudiantil y vecinal^[42]), no es casual, pues, que un fuerte espíritu inclusivo se apoderara de los discursos y las prácticas psiquiátricas y que, a los ojos de los profesionales más comprometidos, la reforma de la asistencia psiquiátrica adquiriera un acusado carácter ideológico. Así se ponía de manifiesto, por ejemplo, en un informe redactado en julio de 1976 por un equipo del Sanatorio de Conxo en el que se sostenía que la «apertura» y la «participación» eran las verdaderas «bases para el cambio» de las instituciones, pero que este era «imposible de realizar» si no se lograba «una democratización de los centros, si no se va sustituyendo mediante la práctica de cada día la estructura piramidal por otra horizontal»^[43]. Ello implicaba, por un lado, que, para «protagonizar su propia liberación», la cultura democrática y asamblearia debía extenderse antes que nada a los pacientes:

Pero, por otro lado, de ello también se derivaba que la práctica de la psiquiatría comunitaria había de verse como un elemento integral del nuevo compromiso ciudadano que empezaba a articularse a través de una serie de movimientos sociales de filiación progresista:

Tal como señaló en su momento Josep Maria Comelles, y en la medida en que aspiraba a «la restitución del individuo a la sociedad, convirtiéndolo en un ciudadano de pleno derecho», el reformismo psiquiátrico de los primeros setenta adoptó así un cariz abiertamente militante (y utópico) al ensayar «en el espacio del loco, en el manicomio, [la construcción] de una sociedad perfecta, democrática, horizontal, regulada mediante los procedimientos de la democracia directa»^[46]. Es importante recordar que, bajo el impulso de la contracultura, la protesta generacional y las crecientes demandas de reconocimiento y emancipación de grupos sociales previamente excluidos o marginalizados (como las minorías étnicas, las mujeres, los pueblos colonizados, los homosexuales y, ciertamente, los locos), un desarrollo similar se estaba produciendo desde mediados de la década de 1960 en otros países del entorno europeo como Italia, el Reino Unido, Francia o Alemania^[47]. Pero en el caso español no cabe duda de que la singularidad del marco político dotó a las aspiraciones de apertura y participación del activismo psiquiátrico de unas connotaciones adicionales de lucha colectiva, y de que era cuestión de (poco) tiempo que dichas aspiraciones entraran abiertamente en contradicción y conflicto con el déficit democrático de un régimen que, por lo demás, todavía conservaba los resortes suficientes para contener su desbordamiento con diversas medidas represivas.

IV. DE LA REFORMA A LA REPRESIÓN[Subir]

Como ya se ha señalado, los acontecimientos se precipitaron en la primavera de 1971. Inicialmente, el mayo asturiano se saldó con la readmisión de todos los profesionales que habían sido despedidos en el curso de la huelga y la cesión por parte de la Administración en todas las demandas planteadas por los médicos residentes^[48]. De mismo modo, y pocos meses después, el encierro del personal de las Clínicas de Ibiza en Madrid (al que, en un primer momento, la dirección respondió con el desalojo policial y la suspensión de empleo y sueldo de los implicados) también concluyó con su readmisión y la retirada de los planes de traslado que habían motivado las protestas^[49]. Pero, significativamente, en el momento en el que el foco de las reivindicaciones de los profesionales progresistas (agrupados a partir de septiembre de ese mismo año en la Coordinadora Psiquiátrica) pasó de limitarse a «problemas laborales y docentes» a centrarse en «aspectos de participación y gestión democrática»^[50], la reacción de las autoridades franquistas —en sintonía con el endurecimiento represivo de los años finales de la dictadura— cambió sustancialmente de signo.

Así, por ejemplo, cuando a finales de diciembre de 1971 estalló un nuevo conflicto en Oviedo con motivo de la selección de los aspirantes a nuevas plazas de médicos residentes y veintiséis médicos volvieron a encerrarse y, al cabo de unas semanas, a presentar su dimisión en un acto de inmolación democrática, a la Diputación no le tembló el pulso y el 11 de febrero de 1972 estimó «unilateralmente rescindido» su contrato y el de otros sesenta miembros del personal que se solidarizaron con ellos^[51]. Al día siguiente, el hombre fuerte de la corporación, el vicepresidente (y entonces presidente en funciones) José Manuel Menéndez-Manjón, hizo suscribir una declaración en la que «[repudiaba] las posturas y situaciones de fuerza y de presión que imposibilitan el diálogo existiendo, como existen, cauces reglados y constituidos para la solución de cuantos problemas afecten al personal», a la vez que sostenía que «el Consejo de Administración no [había] despedido a ningún médico» y que «quienes [habían] abandonado el hospital lo [habían] hecho voluntariamente y bajo su personal responsabilidad»^[52]. Pero el hecho es que, como prueba un informe del 3 de febrero de 1972 (esto es, una semana antes de la resolución adoptada por la Diputación) conservado en el Archivo General del Ministerio del Interior, desde el mismo inicio de la protesta el Gobierno Civil había tomado los mandos de la operación y había encargado a la Brigada Político-Social que examinara el «problema suscitado por los médicos del Hospital Psiquiátrico» y siguiera atentamente el curso de los acontecimientos. Tras una relación sumaria del disenso entre la Comisión de Docencia y el Consejo de Administración que había motivado el conflicto, el informe (firmado por el jefe superior de Policía de Oviedo) pasa a referir detalladamente la abundante información recopilada sobre los miembros de la Comisión y otros profesionales implicados en el «encierro propagandístico»:

Así pues, a la vista del «currículum político y la vinculación subversiva» de algunos de sus protagonistas, el informe no vacila en definir el conflicto como «un hecho práctico de acción comunista, desarrollada —como siempre— por una minoría que siembra el descontento y, explotando razones discutibles y “rebuscadas” imperfecciones como plataforma, moviliza a la masa (en este caso médicos) conduciéndola sutilmente bajo la estrategia del PCE». Y, a continuación, describe del siguiente modo algunos de los «fundamentos» de dicha conclusión, entre los que no olvida mencionar las diversas adhesiones recibidas desde otros centros asistenciales del país y, muy especialmente, el «apoyo» de la clandestina Radio España Independiente:

En relación con el mismo episodio, otro documento inédito que muestra con claridad el abandono por parte de la Administración de cualquier voluntad de conciliación es la dura «contestación» de Menéndez-Manjón al «Informe sobre la situación en el Hospital Psiquiátrico de Oviedo» elaborado por los psiquiatras Manuel Cabaleiro Goás y Sergio García Reyes en nombre de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que fue hecho público a los pocos días del desenlace del conflicto. Tras elogiar las reformas impulsadas por López-Muñiz (que había cesado como presidente de la Diputación en 1970) y recordar que la propia AEN había aprobado en su XI Congreso una resolución de apoyo al «principio de participación del personal médico-sanitario en la gestión hospitalaria», el informe de Cabaleiro y García Reyes apoyaba la «razonada disconformidad» de los médicos frente a la «intransigencia» del Consejo de Administración y lamentaba la cínica pasividad de las autoridades provinciales a la hora de resolver un conflicto que «amenaza con hacer desaparecer el mejor hospital psiquiátrico de España». Para evitar la «catástrofe asistencial» que se produciría si se consumaban los despidos, el informe exhortaba a iniciar «negociaciones por ambas partes» (eventualmente, con el arbitraje de la DGS o el PANAP) y definía el conflicto de Oviedo como una «expresión sintomática del estado crítico en que se halla la estructura y la organización de la asistencia psiquiátrica hospitalaria en España»^[54]. Furioso, Menéndez-Manjón replicó en un largo escrito dirigido a la DGS, la Dirección General de Administración Local, la Dirección General de Política Interior (DGPI) y el Gobierno Civil que el informe era «tendencioso», que atacaba «con acritud y notoria injusticia a la Diputación» y que no ofrecía «ninguna fórmula basada en criterios ecuánimes, objetivos y técnicos ni ayuda alguna para paliar las consecuencias de un problema» cuya «responsabilidad exclusiva» había que atribuir a la «desaforada y violenta postura de los médicos dimisionarios». Tras unas consideraciones previas en las que censuraba duramente a Cabaleiro (que, por lo visto, había invocado su condición de «miembro» del PANAP) por haber filtrado el informe a la prensa, Menéndez-Manjón calificaba su contenido («que debiera ser eminentemente técnico») como «manifiestamente político» en la medida en que apoyaba las «imposiciones» de un grupo de profesionales cuyo verdadero propósito no era «participar», sino «asumir el gobierno total del hospital»^[55].

En el caso de la reforma del Sanatorio de Conxo, iniciada en 1972 con la contratación por parte del entonces presidente de la Diputación de A Coruña de Montoya Rico (como gerente) y de otros médicos que habían participado en el mayo asturiano, el Gobierno Civil de la provincia también trató de mantener al corriente a la DGPI (entonces ocupada por José Luis Taboada García) en cuanto la dinámica transformadora desató una cierta conflictividad^[56]. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el 22 de febrero de 1974 el periódico local El Correo Gallego publicó el primero de una serie de artículos difamatorios contra la «terapéutica de la libertad» supuestamente practicada en el centro, a la que se acusaba de promover «el uso de la píldora» y las relaciones sexuales entre los enfermos, de violar impunemente «los preceptos morales que avalan y protegen las leyes vigentes» y de favorecer el abandono y los desórdenes públicos en salidas y permisos improcedentes^[57]. Y, del mismo modo, los Servicios de Información de la Jefatura Superior de Policía de A Coruña mantuvieron informado al Gobierno Civil sobre las actividades de algunos de los profesionales más comprometidos con unas reformas que, por diversos motivos, serían definitivamente abortadas en el verano de 1975:

Como en otros ámbitos potencialmente contestatarios, el régimen terminó por estrechar el cerco administrativo y policial de la disidencia psiquiátrica y trató de mantener bajo control y en sordina las experiencias más innovadoras y a los profesionales más inquietos. Con todo, los incidentes se sucedían en muchas instituciones del país, en las que cualquier iniciativa más o menos progresista generaba de inmediato recelos y tensiones. En diciembre de 1975, ya muerto Franco y apenas un año después de su apertura, ese fue el caso también del Hospital Psiquiátrico de Bétera, donde la Diputación Provincial de Valencia, decidió —a propuesta de Manuel Delmonte, diputado-director y, según el testimonio de Cándido Polo, «auténtico virrey» del establecimiento— no renovar los contratos de cuatro médicos interinos (incluyendo un jefe de servicio) con el objeto de «mostrar a los trabajadores el principio de autoridad y, de paso, los límites de la comunidad terapéutica, en cuyo ensayo habían destacado [los despedidos]»^[59]. Cuando trasladó su propuesta a la Presidencia de la Diputación, el propio Delmonte explicaba, en efecto, que la actividad de dichos profesionales había conducido a que una suerte de peligroso «morbo democrático» se apoderara de la institución:

Y los términos fueron muy similares cuando el presidente de la Diputación solicitó a Delmonte y al gerente un informe más detallado de lo ocurrido:

Finalmente, y con la mediación del Sindicato de Actividades Sanitarias, la Diputación revocó la medida después de que una parte del personal iniciara un encierro de protesta, mientras, muy preocupada por la repercusión pública del conflicto en un contexto político tan delicado como el que se vivía en aquellos momentos, la DGPI monitorizaba a diario la situación a través del Gobierno Civil de la provincia^[62]. Una vez apaciguada la revuelta, el director general Taboada García no olvidó agradecer los servicios al entonces gobernador civil de Valencia, Enrique Oltra Moltó, al que, no obstante, advirtió expresamente de «la necesidad de que la Corporación Provincial […] continúe el adecuado control de esta institución y en particular de las actividades del nuevo equipo con el fin de evitar que la situación del mismo se deteriore por la generalización de terapias, en cierta medida idóneas, pero no susceptibles de aplicación a todos los enfermos»^[63]. Y, como colofón del episodio —y, en cierto modo, del conjunto de las luchas psiquiátricas del tardofranquismo—, José Manuel Otero Novas, nuevo responsable de la DGPI y futuro ministro de la Presidencia y de Educación en los Gobiernos de Adolfo Suárez, remitió a los pocos días un escrito muy revelador al director general de Sanidad en el que solicitaba su asesoramiento a la hora de enfrentarse de un modo más técnico y cauteloso a este tipo de incidentes:

V. HACIA EL DESENCANTO[Subir]

En una carta dirigida al psiquiatra gallego David Simón en 1997, Adolfo Serigó Segarra todavía defendía su legado al frente del PANAP en unos términos muy reveladores de su visión esencialmente tecnocrática de los procesos de desinstitucionalización y reforma psiquiátrica: «España, desde el PANAP, encauzó la asistencia psiquiátrica en una evolución razonable, sin caer en radicalismos (como el de Basaglia) ni dejar hipotecado el país»^[65]. A sus ojos, pues, cabe suponer que el clima de movilización social que se apoderó de los discursos y las prácticas psiquiátricas en los años finales de la dictadura debió representar no solo una lamentable radicalización de lo que, en esencia, no era más que un problema de gestión, sino también una soberana pérdida de tiempo y energía en un camino que necesariamente había de conducir de vuelta a la casilla de salida. Ciertamente, y como ya se ha señalado, la excepcionalidad de un régimen que conservaba todo su nervio autoritario dotó a las aspiraciones emancipadoras del progresismo psiquiátrico español de unas connotaciones políticas adicionales y convirtió a algunos de sus protagonistas en el blanco de unas medidas represivas impensables en otros países con procesos similares en curso. Pero, como tempranamente advirtieron algunos de los profesionales implicados en las experiencias más innovadoras (y Serigó no fue capaz de reconocer), resulta difícil imaginar cómo la aplicación consecuente de una ideología asistencial como la promovida por la cultura de la salud mental comunitaria —con su énfasis en la participación, la autonomía y la inserción de la locura y el sufrimiento psíquico dentro de los márgenes (y atributos) de la ciudadanía democrática^[66]— habría podido desarrollarse en un entorno sociopolítico marcado por una restricción tan extemporánea de los derechos civiles.

El estrecho vínculo existente entre el despliegue inicial del reformismo psiquiátrico y la exigencia democrática de incluir y empoderar a un grupo social escandalosamente excluido y desfavorecido hasta entonces permite entender, por lo demás, el desencanto que se extendió en algunos sectores cuando, una vez muerto Franco y encarrilada la transición política, se acometió la implementación del nuevo modelo comunitario de atención a la salud mental. Desde este punto de vista, la mutación de las «prácticas anti-institucionales» en una «rudimentaria psiquiatría de sector» y el abandono del «activismo crítico» de las asambleas en favor de la «razón burocrática» de los despachos hicieron aparecer dicho proceso no tanto como la ansiada superación del viejo «orden manicomial», sino como una amarga «ruptura» con la «esperanza» y los ideales de un pasado todavía muy reciente^[67]. Posteriormente, las nuevas coordenadas sociales y económicas de los años ochenta y noventa marcaron decisivamente la configuración y la actividad de unos dispositivos asistenciales crecientemente sometidos a la «razón del mercado» y a una lógica biomédica, intervencionista y tutelar que no estimula precisamente el empoderamiento, la participación y el reconocimiento efectivo de las personas con trastornos mentales (graves) como «ciudadanos de pleno derecho»^[68]. Pero, en cualquier caso, no cabe duda de que, teniendo en cuenta la intensidad de la efervescencia ciudadana de los años finales de la dictadura y la fuerte carga ideológica que adquirió entonces la transformación de los discursos y las prácticas psiquiátricas, el desencanto tenía que llegar más pronto que tarde en cuanto los nuevos responsables de administrar la reforma (la mayoría de ellos curtidos en las luchas del tardofranquismo) iniciaron lo que el líder estudiantil alemán Rudi Dutschke llamó la «larga marcha a través de las instituciones»^[69].

«En los silencios y elipsis del mito de la Transición —ha escrito Germán Labrador— habitan los sueños de la ciudadanía democrática»^[70]. En el fondo, no deja de ser una triste paradoja de la historia que, merced a los importantes cambios sociales que propició para mantener una mínima legitimidad de ejercicio, la dictadura de Franco asistiera a la emergencia de una nueva comprensión (extensiva) de la ciudadanía y de una larga serie de proyectos de transformación y profundización democrática, y que el régimen político que la sucedió, dotado ya de todos los requisitos formales de una «democracia plena»^[71], relegara al olvido buena parte de esos sueños y alejara de nuevo del foco de la atención pública el destino de aquellos que un día fueron uno de los blancos preferentes de los más entusiastas anhelos de emancipación.