LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO EN ESPAÑA (1997-‍2018). PERFILES Y ACTUACIÓN DE UNA FIGURA DE CONFIANZA POLÍTICA

I. MARCO INTRODUCTORIO: LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS[Subir]

II. LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO (1997-‍2018): PERFILES SOCIOPROFESIONALES Y CARRERAS POLÍTICAS[Subir]

Hacia finales del mes de abril de 1996, José María Aznar y Jordi Pujol alcanzaron un acuerdo de gobernabilidad (conocido como el Pacto del Majestic) tras acordar —entre otros extremos— la profesionalización del Ejército, la cesión de las competencias de tráfico, de un mayor porcentaje del IRPF y la desaparición de los gobernadores civiles. Aquel pacto tuvo un efecto inmediato porque el 18 de mayo fueron nombrados diecinueve delegados del Gobierno que ya carecían de la condición de gobernadores civiles. Y eso ocurría casi un año antes de la publicación de la LOFAGE, lo cual induce a pensar que la futura desaparición de los gobiernos civiles se daba ya como cosa hecha. Por su parte, los gobernadores civiles entonces designados pasarían a ser subdelegados.

Lo que ocurrió en 1996 fue un reemplazo completo que volvería a repetirse cada vez que cambiase el matiz político del Gobierno (años 2004, 2011 y 2018). Sin embargo, y en comparación, las designaciones descendían en los años en los que ganaba los comicios el partido que sustentaba al Gobierno (2000, 2008, 2015 o 2016). Así lo demuestra el siguiente gráfico que muestra la distribución anual de nombramientos de delegados:

El gráfico evidencia la estrecha dependencia de los delegados de los avatares del Gobierno central. Incluso cuando este no cambió de manos también se detecta un incremento de nombramientos al objeto de afinar las relaciones con las autonomías y, en su caso, ajustar los posibles huecos dejados por delegados que pasaron a ocupar otro tipo de cargo. Por el contrario, el cambio político en las comunidades autónomas no parece tener importancia relevante a la hora de explicar el ritmo de nombramiento de los delegados del Gobierno. Según nuestros datos, tan solo algunos delegados fueron removidos excepcionalmente tras unas elecciones en la autonomía de destino. Fueron los casos de Jesús Labrador Encina (Castilla-La Mancha, 2012-‍2015) y Serafín Castellano Gómez (Comunidad Valenciana, 2014-‍2015)^‍‍[22].

La frecuencia de los reemplazos en las delegaciones no fue homogénea si observamos las diferentes comunidades autónomas. Entre 1996 y 2018 se han registrado 138 designaciones (sobre 134 delegados, pues cuatro de ellos repitieron cargo)^‍‍[23] distribuidas por comunidad del modo siguiente:

Puede comprobarse una sensible amplitud entre los cuatro delegados nombrados para La Rioja y los once de la Comunidad Valenciana. La razón de los reemplazos frecuentes en comunidades como Galicia, Valencia, Canarias, Castilla-La Mancha o Madrid están relacionados con promociones políticas dentro del partido, conversión del delegado/a en candidato/a electoral, pase a otros cargos de responsabilidad o cese por casos de corrupción. No parece verificarse que el diferente color político del delegado y la comunidad autónoma fuese causa de un mayor número de reemplazos. En La Rioja, por ejemplo, hubo diferentes partidos al frente de ambas instituciones y sin embargo se mantuvo una mayor estabilidad que en comunidades como la Valenciana o Madrid, con mayor predominio del PP tanto en la Delegación del Gobierno como en la Presidencia de la comunidad autónoma. Globalmente, el mandato medio de los delegados ha sido de unos tres años y medio, lo que viene a indicar que casi cada cuatro años se produce el reemplazo del delegado. Un poco menos del tiempo de duración teórica del Gobierno surgido tras unas elecciones.

Conocemos la edad de más del 89 % de los delegados nombrados a partir de 1997. Más de las tres cuartas partes tenían entre 40 y 60 años (un 38 % entre 40 y 49 años y un 40 % entre 50 y 59) al tomar posesión de las delegaciones (una media en torno a 52 años). Sabemos también que la mayor parte (un 71 %) nacieron en la misma comunidad a la que fueron destinados, algo muy distinto a lo que ocurría con los gobernadores civiles, que tradicionalmente no solían ser —salvo excepciones— originarios de la provincia de destino. Tradicionalmente se buscaba que los gobernadores —desde una concepción centralizada del Estado— no tuviesen lazos ni intereses con los grupos dirigentes locales. Sin embargo, el Estado de las autonomías se fundó sobre la búsqueda de una sintonía centro-comunidades basada en la lealtad y el respeto institucional; de ahí la tendencia a procurar que los delegados del Gobierno conocieran bien la autonomía a la que eran enviados. Y esta característica tuvo consecuencias: la práctica totalidad de los delegados lo fueron solamente una vez en su carrera política. Hoy en día no es habitual la rotación o combinación de delegados, como se hacía en otra época con los gobernadores.

La práctica totalidad de los delegados presenta una formación universitaria, generalmente licenciados frente a un reducido número de doctores y de grados medios. El grupo mayoritario, más del 40 %, es el de licenciados en Derecho, seguidos a mucha distancia por economistas (15 %) y licenciados en Ciencias Sociales y Humanidades (11 %). La profesión habitual es la de funcionarios civiles vinculados al mundo del derecho o la docencia, lo cual ratifica la sobrerrepresentación relativa de empleados públicos en las esferas políticas, con sus consecuencias derivadas^‍‍[24]. Es significativo el bajo número de delegados procedentes de la actividad privada (menos del 7 % de las profesiones conocidas). Se detecta también una asimetría en términos de género: solo un 28 % del total de los 134 delegados analizados fueron mujeres.

¿Desempeñar el cargo de delegado del Gobierno favorece el desarrollo de una carrera política? La respuesta es afirmativa, pues la mayor parte pasó a ocupar otro cargo (en torno a un 60 %). Generalmente promocionaron dentro de sus respectivas organizaciones partidistas, convirtiéndose en candidatos electorales. Pero algunos lograron promocionar hacia otro tipo de responsabilidades (director general, consejeros en embajadas fuera del país, etc.). Solo una minoría es destinada a otras delegaciones de Gobierno: concretamente, cuatro de ellos repitieron cargo. Pero no todos prosiguieron su carrera: aproximadamente uno de cada cuatro volverá a su pasada actividad profesional.

Sí es llamativo, en cambio, que casi todos ellos mostrasen una experiencia política previa o, en su defecto, una trayectoria profesional relevante. Entre los 134 delegados se detectan un buen número de cargos anteriores: 41 concejalías, 27 alcaldías, 75 mandatos de diputado y 16 de senador. Cargos que fueron simultáneos (por compatibles) o bien fueron desempeñados en distintos años. Ahora bien, después de haber sido delegados solo encontramos tres concejales, seis alcaldes, veintiún diputados y ocho senadores. Estos datos parecen demostrar que el cargo de delegado ha sido desempeñado desde 1996 en etapas biográficas de relativa madurez profesional y política. La notable experiencia previa (superior a la experiencia política posterior) y la elevada edad media en la toma de posesión (51 años) avalan lo expuesto.

Lógicamente, casi todos han pertenecido a los partidos mayoritarios que han formado Gobierno en España: más de la mitad de los mandatos de delegados estuvieron en manos del PP (54%), seguido del PSOE (un 43 %), siendo excepcionales los delegados independientes. Ello responde a su condición de personal de confianza del Gobierno central. Por otra parte, esas adscripciones son únicas; es decir, el delegado solo ha pertenecido a un partido. Aunque hubo excepciones en el caso del PP: dos delegados militaron en su día en organizaciones del Movimiento para pasar luego a la UCD y, posteriormente, al PP (Ameijide Montenegro y Ansuátegui Gárate); otro militó en Unión Tudense para pasar al PP (Diz Guedes, que recientemente ha pasado a Ciudadanos).

Siendo estos los trazos generales del conjunto, pueden destacarse algunos ejemplos ilustrativos. Uno es el de Isaías García Monge, delegado en Castilla y León desde 1996 hasta 2004 bajo los dos gobiernos de José María Aznar y buen conocedor de la región no solo por haber nacido en ella, sino porque allí fue consejero de Agricultura y Ganadería entre 1991-‍1996. Es decir, García Monge pasó del Gobierno autonómico directamente a la Delegación del Gobierno. Tras cesar en el cargo, con alrededor de 58 años, no proseguiría una carrera política, pero sí fue premiado con la vicepresidencia de Caja Duero, continuando así su vinculación con Castilla y León^‍‍[25]. Este caso encaja en el modelo expuesto de delegados relativamente envejecidos que no mantendrían una trayectoria política posterior de fuste. Recorrido similar efectuó Javier Fernández López, delegado en Aragón durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero tras ser profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. Era oriundo de la región de destino, como tantos otros delegados, pero en él se daba la singularidad de ser también coronel del Ejército, lo cual es destacable porque desde 1977 no era frecuente encontrar a militares al frente de gobiernos civiles o delegaciones del Gobierno. Fue un independiente —aunque considerado progresista— que tampoco iba a tener actividad política posterior. Su caso sería similar al de Agustín Ibáñez Ramos (Cantabria) o al de Joan Rangel i Tarrés (Cataluña), todos ellos técnicos o profesionales, de edad relativamente alta y ninguno de ellos disfrutó de continuidad en la política.

La exploración de otros casos añade algunos matices. Un ejemplo fue el de Julia García-Valdecasas Salgado, delegada en Cataluña entre 1996 y 2003. Su biografía también refleja un claro perfil técnico. Nacida en 1944 en Barcelona, fue farmacéutica y luego sacó las oposiciones del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado. Tras ocupar puestos como alta funcionaria saltó a la política como delegada pero —a diferencia de otros compañeros de cargo— prosiguió una trayectoria ascendente hasta llegar a ministra de Administraciones Públicas (2003-‍2004). Más tarde fue diputada nacional por Barcelona (2004-‍2006)^‍‍[26]. Su permanencia al frente de la Delegación tuvo similitudes con algunos de los ejemplos expuestos anteriormente, pero su promoción posterior fue claramente diferente. Alberto Bretón Rodríguez, delegado en La Rioja bajo los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-‍2018), fue letrado en el Gobierno de aquella comunidad como funcionario de carrera y tras la moción de censura de Pedro Sánchez Castejón se refugió en cargos de su partido. Otros delegados, sin embargo, desplegaron una vida política posterior, como fueron los casos de Francisco Camps, Cristina Cifuentes y Juan Ignacio Zoido Álvarez. El primero fue delegado en Valencia durante unos meses en el año 2002, para luego presentarse a las elecciones y convertirse en presidente de la Comunidad Valenciana. Cristina Cifuentes fue delegada en Madrid (2012-‍2015) antes de ser diputada y presidente en la Comunidad de Madrid hasta su dimisión. En el último ejemplo, sabemos que Zoido fue dos veces delegado: la primera en Castilla-La Mancha (2000-‍2002), y la segunda en su Andalucía natal (2002-‍2004). Tras ser delegado sería diputado autonómico, alcalde de Sevilla y ministro del Interior.

Cabe concluir este epígrafe señalando que un significativo porcentaje de los delegados fueron diputados o senadores (o ambas cosas) en algún momento de sus carreras políticas, sobre todo antes de ser delegados. Del conjunto de 134 delegados, 45 lo fueron en varias legislaturas. De estos, casi la mitad pasaron por el Congreso de los Diputados y alrededor de un 15 % fue senador, mientras que dieciséis estuvieron tanto en el Congreso como en el Senado. En buena medida, estos datos ratifican que los delegados suelen tener una experiencia política previa notable.

III. DELEGADOS Y AUTONOMÍAS: ¿UNA RELACIÓN CONFLICTIVA?[Subir]

Según el testimonio de Amparo Rubiales (delegada del Gobierno en Andalucía entre 1993 y 1996), son excepcionales los roces de un delegado con otros cargos institucionales del mismo color político: «Cuando fui delegada del Gobierno no tuve ningún problema de coordinación con el Gobierno de la Junta de Andalucía; con su presidente, Manuel Chaves, las relaciones personales y políticas eran inmejorables, y con los consejeros, también; con los que más relación profesional tenía era con los consejeros o consejeras de Gobernación»^‍‍[27].

Es cierto que tuvo alguna diferencia con el gobernador civil de Cádiz (el también socialista César Braña) por la dura represión de las manifestaciones de astilleros, pero en su día no llegaron a saltar a la prensa. Esas divergencias —discretamente silenciadas— no podían compararse con las que sostuvo con el ayuntamiento que estaba en manos del PP y los andalucistas (Soledad Becerril y Alejandro Rojas-Marcos. respectivamente):

Esa fue la experiencia de una delegada del Gobierno en Andalucía. Es una aportación cualitativa interesante, pero se refiere a unos años en los que ni siquiera se había producido la implantación definitiva de delegados y subdelegados. Y por ello cabe plantearse: ¿es representativo este testimonio de lo que ocurrió en el período 1997-‍2018? ¿Se producen roces y conflictos habituales entre las delegaciones del Gobierno y las comunidades autónomas cuando están gobernadas por partidos políticos distintos y, al contrario, todo es sintonía cuando ambas se encuentran en manos del mismo partido? Esto es precisamente lo que queremos comprobar en este último epígrafe.

Para iniciar nuestro análisis contabilizamos el color político de los 138 mandatos de delegados de Gobierno. Nótese que no estamos ante los 134 delegados nombrados, sino ante sus mandatos por cuanto —como ya indicamos— algunos delegados repitieron el cargo en varias delegaciones. Aquellos 138 nombramientos —entre mayo de 1996 y junio de 2018— fueron destinados a comunidades autónomas de diverso matiz político. La siguiente tabla representa las interacciones entre mandatos de delegados designados por las diversas fuerzas (normalmente PP y PSOE) frente a comunidades autónomas de variado color político.

Como se observa, la mayor parte de los mandatos de delegados recayeron en el PP (75) y PSOE (59), además de cuatro casos excepcionales (dos independientes y otros dos de los que desconocemos su filiación). También se verifica que hay una mayoría de legislaturas autonómicas del PP (57) sobre otras fuerzas políticas. Hemos de precisar las columnas cuarta y novena: en ellas tenemos mandatos que asistieron a un cambio de Gobierno autonómico (pasó del PP al PSOE o del PSOE al PP) sin que el delegado o delegada cambiase, o bien otras combinaciones en la columna «Otros» (Gobiernos de CiU que pasan al PSOE, Partido Regionalista de Cantabria, Foro Asturias, Gobiernos del PSOE que pasan al PNV, etc.). Nuestra hipótesis se recoge también en la tabla: consideramos que en las casillas sombreadas en gris (coincidencia de partido en la Delegación del Gobierno y en la Comunidad Autónoma) se producen menos conflictos que en las demás.

Para detectar la presencia de conflicto vamos a recurrir a las noticias de prensa, lo cual nos obliga a plantear dos precisiones metodológicas: la definición de conflicto y el problema del uso de la prensa. En primer lugar, vamos a definir conflicto como el enfrentamiento público entre la Delegación del Gobierno y el Gobierno autonómico. Por extensión también incluiremos al Parlamento regional como actor porque del mismo sale elegido el Gobierno autonómico, conforme a las bases de nuestro sistema de representación. En segundo, se recurre a la prensa porque cuando el enfrentamiento es evidente y se hace público precisamente lo hace a través de los medios de comunicación. La prensa digital permite búsquedas rápidas a través de internet y eso la convierte en un recurso apreciable. No obstante, esta estrategia de investigación presenta una debilidad cuando el enfrentamiento institucional no trasciende y, por tanto, no es recogida en los medios. Esos casos quedan fuera de nuestro ángulo de observación y, en consecuencia, los ejemplos detectados de conflicto delegado/comunidad que incluimos aquí son una muestra; es decir, no son cifras concluyentes, aunque sí podemos considerarlas muy indicativas del nivel de conflicto. Las búsquedas han sido realizadas en la red a partir de los nombres y apellidos de los delegados.

¿Qué nos dice la prensa sobre el nivel de conflicto entre autonomías y delegados del Gobierno? Lo primero que señala es que el número de controversias es claramente reducido en relación con el número de mandatos. Sabemos que 134 delegados fueron responsables de 138 mandatos. Pues bien: según las noticias recopiladas, solo en 24 de aquellos 138 mandatos se registraron conflictos que llegaron a la prensa (un 17,39 %). Incluso considerando que los datos recogidos sean una muestra y que algunas noticias de conflicto se hayan quedado fuera de las búsquedas efectuadas, no parece que alcancen —ni en la mejor de las estimaciones al alza— una tercera parte del total. En otros términos: en la mayor parte de los mandatos no se produjeron conflictos públicos con las autoridades autonómicas. Y hay razones que pueden explicarlo. Por una parte, los delegados ostentan una clara dimensión representativa, que les conduce a desarrollar un papel mediador centro-periferia sin responsabilidades ejecutivas nítidas más allá de la coordinación del orden y la seguridad. Esa posición difícilmente les convierte en un actor para la confrontación, pues de ellos no dependen las posibles soluciones ni tienen capacidad efectiva de negociación. Pueden abrir cauces de diálogo, pero no tienen en sus manos recursos e instrumentos propios para alcanzar acuerdos sin la intervención y aquiescencia del Gobierno al que representan. Por ello, las tensiones tienden a verificarse ante ciertos ministerios, ante el Gobierno en su conjunto o ante el presidente, pero no tiene mucho sentido práctico el orientar las estrategias de confrontación contra la Delegación de Gobierno. La segunda razón deriva de la proximidad y relaciones entre el delegado y la autonomía de destino. Aunque el delegado es un representante, en absoluto es ajeno a las circunstancias locales y los intereses que puedan estar en juego. Incluso, ha habido y hay delegados que son candidatos por sus respectivos partidos en las elecciones autonómicas o generales (en este último caso representando a una provincia de la comunidad), y eso invita al delegado a intentar encauzar los problemas evitando su propio desgaste político ante la comunidad autónoma, por más que mantengan la fidelidad al Gobierno que les ha nombrado.

En otras palabras: si una autonomía se enfrenta con el Gobierno central, el delegado poco puede resolver por sí mismo. Las reclamaciones deben solventarse mediante un acuerdo efectivo que se sitúa más allá de las posibilidades de la Delegación del Gobierno. Aún más esclarecedor es la distribución territorial de los conflictos delegado-autonomía recogida en la tabla número 4:

Como puede comprobarse, el grado de conflicto delegado-comunidad autónoma es en general bajo, varía territorialmente y puede resultar sorprendente porque las comunidades que más tensiones sostienen con el Gobierno central no acusan un alto nivel de tensiones con la Delegación del Gobierno. El dato resulta aún más llamativo si tenemos en cuenta que todas las regiones han sostenido conflictos con el Gobierno central a través de recursos ante el Tribunal Constitucional desde 1980, destacándose Cataluña con más de un 30 % de los casos (seguida del País Vasco con más de un 16% y, a distancia, Galicia y Andalucía con alrededor del 8 % de todos los recursos)^‍‍[29]. Veamos a continuación con mayor detalle lo ocurrido en algunas de estas comunidades.

Andalucía ha sido un ejemplo de baja conflictividad relativa. Pese a que hubo antes de 1996 algún conflicto con motivo de la posición de la UCD ante el proceso autonómico andaluz^‍‍[30], lo cierto es que las relaciones han sido en general de respeto institucional^‍‍[31]. La excepción fueron las tensiones entre la delegada Carmen Crespo (PP) y la Junta a cuenta de diversas cuestiones relacionadas con la financiación autonómica^‍‍[32]. Aragón ha sido también otra comunidad de baja conflictividad, aunque Gustavo Alcalde (PP) fue criticado por varios grupos parlamentarios por unas declaraciones sobre un caso de violencia de género^‍‍[33].

Canarias, sin embargo, acusa un reemplazo frecuente de delegados y una elevada conflictividad. El año 2008 fue especialmente delicado porque pasaron tres delegados por las islas. José Segura Clavell (PSOE) sostuvo una tensa relación con el Gobierno de Coalición Canaria y fue sustituido por Salvador García Llanos durante unos meses. En mayo llegó Carolina Darias. El caballo de batalla con la Delegación sería la reivindicación de una policía autonómica y la tendencia hacia el soberanismo. Más tarde, en 2016, el delegado Hernández Bento sostuvo un pulso contra la reclamación del uso de la bandera de Coalición Canaria en vez de la de la comunidad^‍‍[34].

Castilla-León mantuvo una sintonía general al ser el PP el partido que estaba al frente de la autonomía y de la delegación del Gobierno. No obstante, los roces crecieron relativamente durante el mandato del delegado Miguel Alejo Vicente (PSOE) que exigió el cese del enfrentamiento con el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero^‍‍[35]. En Castilla-La Mancha, donde el Gobierno regional estuvo casi siempre en manos del PSOE, se produjeron presiones sobre el delegado para adecentar los cuarteles de la Guardia Civil^‍‍[36], pero no sería hasta 2015 cuando sí se produjeron roces intensos con el delegado José Julián Gregorio López (PP) al atacar con descalificativos al presidente de la comunidad (Emiliano García-Page)^‍‍[37]. Este parece ser que fue un caso bastante excepcional porque la mayor parte de los delegados del Gobierno suelen atenerse a su papel de representantes y mediadores, además de ser coordinadores de los servicios de seguridad ciudadana. Es significativo, al respecto, que no hayamos encontrado conflictos del mismo tipo en comunidades como la de Cataluña donde, pese a la presencia de fuerzas independentistas, se ha verificado siempre un respeto institucional desde la Delegación del Gobierno^‍‍[38]. Es bien conocido que el Gobierno catalán se ha venido enfrentando al Gobierno central para obtener cesiones del mismo, pero el terreno de la confrontación se ha verificado a través de recursos ante el Tribunal Constitucional^‍‍[39]. Este resulta un cauce potencialmente más provechoso, pues el delegado carece de capacidad negociadora como respuesta ante el nivel de las reclamaciones de aquella comunidad.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla comparten unas peculiaridades singulares (proximidad a Marruecos, situación en el Estrecho, límites del territorio). Sin embargo, y según la prensa consultada, las tensiones son imperceptibles en Ceuta, pero no así en Melilla, donde el presidente Juan José Imbroda ha mantenido roces con el delegado Fernández Chacón (2004-‍2008) y con Sabrina Moh (2018). El primero acusó al Gobierno autónomo de querer enrarecer las relaciones entre España y Marruecos por la instalación de la valla; la segunda lo denunció por haber «abandonado» a la ciudad en materia educativa durante dos legislaturas^‍‍[40]. Es de señalar que Fernández Chacón fue posteriormente delegado en Ceuta y allí, según nuestros datos, no se produjeron divergencias de la misma naturaleza. Por tanto, todo parece apuntar a que una buena parte de la causa de conflicto está relacionada con las circunstancias coyunturales y la actitud de los actores (delegado y responsables del Gobierno autonómico).

Como hemos indicado, en este trabajo no estamos contabilizando otros posibles roces protagonizados por otros elementos que no sean el Gobierno de la comunidad o, como máximo, el Parlamento autonómico. No entra en esta contabilización, por ejemplo, el caso de Extremadura, donde el delegado Óscar Baselga (PP) descalificó al PSOE como «compañero de viaje de terroristas» por acusaciones del grupo parlamentario socialista en el Congreso^‍‍[41]. Allí no se produjeron —que tengamos noticia— conflictos públicos entre comunidad y delegado.

En Baleares sí se registraron conflictos, especialmente a partir del año 2015, cuando Francina Armengol (PSOE) se convirtió en la presidenta balear. El primero se produjo con la delegada Teresa Palmer Tous (2012-‍2016) cuando el Parlamento balear solicitó su comparecencia con motivo del suicidio de una mujer que había denunciado repetidamente el acoso de su expareja. Ciertamente, la delegada estaba obligada a comparecer, pero ante el Congreso de los Diputados; aquella maniobra de desgaste (apoyada incluso por el PP balear) se basaba en un creciente enfrentamiento que culminaría con la llegada de la siguiente delegada, María Salom (2016-‍2018). A ella se enfrentó abiertamente Armengol acusándola de obstaculizar el catalán y le pedía que se dedicase a las tareas consideradas exclusivas de la Delegación del Gobierno: la seguridad^‍‍[42].

Murcia representa un paradigma de enfrentamiento entre Gobierno regional y delegado cuando pertenecen a distintos partidos. En este caso tenemos una comunidad bajo control del PP que solo registra conflictos con los delegados cuando estos pertenecen al PSOE. No fue ninguna casualidad que no hubiera roces entre 2011 y 2018, mientras que sí se acusaron durante en el período 2004-‍2011 y desde julio de 2018. Los motivos de fricción son variados, pero recurrentes, y ocupan un lugar destacado la inmigración y la falta de agua. Ya en 2005 el presidente Ramón Luis Valcárcel acusó al delegado Ángel González (2004-‍2008) de no avisarle del traslado de inmigrantes subsaharianos a la región, llegándose al extremo de dejar «abandonados a su suerte» a un grupo en el aeropuerto de San Javier^‍‍[43]. Más enconamiento se registró durante el mandato del delegado Rafael González Tovar (2008-‍2011), aunque se produjo un matiz en las críticas: estas no procedían tanto del Gobierno regional como de la organizacional regional del PP. Obviamente, el Gobierno autonómico compartía esta estrategia en tanto en cuanto que miembros del PP de Murcia pertenecían también al Ejecutivo autonómico, pero con ello se ahorraban proyectar una imagen pública de enfrentamiento institucional, trasladando la tensión a la esfera exclusivamente partidista. Así, por ejemplo, en febrero de 2009 el PP regional pidió explicaciones al delegado por su «caótica» gestión de la inmigración. Al año siguiente fue el mismo partido el que solicitó su cese desde el Senado por la agresión sufrida por un senador popular en una concentración. Un tiempo más tarde, en 2012, cuando González Tovar ya había dejado de ser delegado, el PP murciano no dejó de recordarle. El portavoz del grupo parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, le espetó al exdelegado (por entonces secretario general del PSOE de Murcia) que durante su mandato la comunidad «sufrió el mayor abandono por parte del Gobierno central y en la que se golpeó y dañó a Murcia»^‍‍[44]. Con el siguiente delegado (Diego Conesa que, además, es secretario general de los socialistas murcianos y candidato a presidente de la comunidad autónoma) las tensiones se han reproducido desde junio de 2018 (primer Gobierno de Pedro Sánchez). A este delegado se le ha criticado desde la órbita partidista e, incluso, desde el grupo popular del Parlamento de Murcia por hacer campaña desde la Delegación del Gobierno, aunque no se han registrado choques institucionales con el Gobierno autonómico. Conesa, por su parte, se ha lanzado también a la arena del debate tachando a Ciudadanos y al PP de tener «el síndrome de Vox», pero desde su condición de secretario general, no como delegado del Gobierno (por más que se detecta una cierta confusión entre las dos facetas)^‍‍[45].

En Navarra sí hemos detectado conflicto institucional, aparte de las habituales controversias partidistas. El delegado Vicente Ripa (2004-‍2008) tuvo que hacer frente a la falta de colaboración de la Policía Foral y la Local para combatir la droga en los colegios, advirtiendo que había que «[…] respirar mucho para adentro para seguir firme como defensor de la mesura entre instituciones, porque los partidos políticos tienen sus reglas del juego y los partidos jugarán con esas cartas, pero las instituciones tenemos que respetar las reglas del juego»^‍‍[46]. También desde los partidos, en particular desde Unión del Pueblo Navarro (UPN), se criticó al delegado, pero queda fuera de los propósitos de este estudio por no reflejar conflicto entre instituciones^‍‍[47]. Años más tarde, la delegada Carmen Alba (2012-‍2018) sostuvo con la presidenta de la comunidad foral un debate sobre la conveniencia de la encarcelación de miembros del Gobierno catalán por declarar unilateralmente la independencia^‍‍[48]. En ese contexto, el portavoz parlamentario de Bildu exigió el cese de la delegada y de la propia Delegación del Gobierno por no tener, a su juicio, «sentido» este tipo de instituciones^‍‍[49].

Similares circunstancias a las de Navarra se dieron en el País Vasco; también allí se verificó un enfrentamiento institucional entre la Delegación del Gobierno y el Gobierno autonómico. El delegado Enrique Villar (1996-‍2004) mantuvo siempre una relación tensa con los Gobiernos del Partido Nacionalista Vasco (PNV)^‍‍[50]. Años más tarde, el delegado Carlos María Urquijo (2012-‍2016) sería cesado por el acercamiento del Gobierno de Mariano Rajoy al PNV en medio de la creciente crisis con Cataluña. Ese acercamiento propició la designación de Javier de Andrés Guerra como delegado del Gobierno que el presidente Urkullu mirará con buenos ojos para obtener más ventajas, aunque subrayando que el cargo debería ser suprimido en el País Vasco^‍‍[51]. A partir de ahí tendrá lugar una relación tensa en la medida en que el proceso independentista catalán avance y termine aplicándose el art. 155 de la Constitución de 1978^‍‍[52].

Madrid es un caso relativamente especial por la identificación que se produce allí entre el delegado y el propio Gobierno central que lo designó. Las tensiones han venido siendo importantes cuando el PSOE ha formado Gobierno, algo normal si tenemos en cuenta que la Asamblea de Madrid ha estado en manos del PP desde el año 1995. En consecuencia, las tensiones se verificaron tanto con el delegado Constantino Méndez (2004-‍2006, año este último en el que tuvo que dimitir tras ser reprobado por la Asamblea de Madrid), como con Soledad Mestre (2006-‍2009) y Amparo Valcarce (2009-‍2011)^‍‍[53]. Tras una serie de años de Gobierno popular sin enfrentamientos, ha vuelto la tensión con la llegada del delegado José Manuel Rodríguez Uribes (desde junio de 2018) y las huelgas de taxis^‍‍[54].

Así pues, han sido veinticuatro los conflictos detectados, quince de los cuales se han producido entre el PP y el PSOE. Los restantes han tenido lugar con Gobiernos autonómicos en manos de otros partidos (País Vasco, Canarias, Navarra, etc.) por parte de delegados tanto pertenecientes al PSOE como al PP. No hemos detectado casos de conflicto cuando el delegado pertenece al mismo partido que la fuerza política que sustenta al Gobierno autonómico^‍‍[55].

IV. CONCLUSIONES[Subir]

Tras lo expuesto, las principales conclusiones del trabajo son las siguientes:

ANEXO[Subir]