EUROPEÍSMO(S) EN LA POSGUERRA: LA OPCIÓN BRITÁNICA POR LA COOPERACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

El profesor Alois Erhart se convirtió en historia, como miembro, del think tank New Pact for Europe cuando se atrevió a proponer que la Unión Europea debía construir una nueva capital en Auschwitz^‍‍[1]. Sostenía el profesor que esa decisión serviría para mantener viva la memoria de por qué se necesitaba una organización así y para recordar qué llevó a las generaciones de fundadores y continuadores a crearla y preservarla: «¡Nunca más Auschwitz!». Su propuesta, sin embargo, solo suscitó el desconcierto, cuando no la hilaridad de sus ilustres y doctos colegas de think tank al más alto nivel comunitario^‍‍[2]. La ficción recreada por Robert Menasse gira en torno a un proyecto de conmemoración del cincuenta aniversario de la Comisión Europea actual. La trama coincide en el tiempo con una de las mayores crisis vividas por el proceso de unificación europea: la desatada por el resultado del referendo británico del 23 de junio de 2016, cuando el 51,9 % del electorado que participó optó por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Era el colofón de una década horribilis para el proceso de construcción europea, que se había iniciado con el naufragio del proyecto constitucional y que había visto desatarse la mayor crisis económica y financiera desde 1929. Quedaron al descubierto las deficiencias del sistema de gobernanza de la moneda única. Se agravaron las desigualdades sociales y territoriales y afloró una desafección importante de la ciudadanía con el sistema institucional comunitario. Todo ello tuvo su traducción en los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, cuando los votantes enviaron a Estrasburgo a representantes de opciones políticas que no escogían cuando de los Parlamentos y Gobiernos nacionales se trataba. Una tendencia que se ha consolidado en las elecciones de 2019, con una participación del 50,95 % que no se alcanzaba desde 1994, aunque su vaticinado crecimiento se haya visto frenado. La década horribilis ha supuesto también el cuestionamiento profundo del relato clásico del proceso de integración europea y la consolidación de relatos alternativos^‍‍[3].

I. Introducción[Subir]

Existe un cierto consenso en aceptar dos grandes enfoques a la hora de abordar el proceso de construcción europea, no necesariamente excluyentes entre sí^‍‍[4]. Un enfoque posible deriva de las tradiciones emanadas del internacionalismo idealista y liberal que se desarrolla en el período de entreguerras con su énfasis en una paz mundial asegurada por instituciones internacionales que controlen las tendencias a la confrontación de los Estados nacionales. Otro tiene su origen en las tradiciones surgidas del realismo y la centralidad de los intereses nacionales en disputa.

El enfoque internacionalista liberal ha dado lugar a una serie de relatos que, conservando un tronco común, tienen características propias. Uno de los que más audiencia ha conseguido es, sin duda, el relato federalista gracias al activismo de sus actores intelectuales^‍‍[5] y la accesibilidad y buena conservación de sus fondos documentales. En el terreno historiográfico, la fortuna del federalismo está unida a la autoridad de Walter Lipgens, recopilador de una ingente cantidad de documentos sobre los orígenes del proceso con un claro sesgo hacia la corriente federalista^‍‍[6]. Italia es, tal vez, el país con mayor predicamento de este relato, en gran medida teleológico, que inserta la unificación europea en el marco de la superación de los Estados nación y la creación de nuevas estructuras de organización más amplias y acordes con el nuevo contexto de la globalización, haciendo especial mención de las resistencias nacionales a los procesos de transferencia de soberanía^‍‍[7]. Hace pocos años, el discípulo de Lipgens, Wilfred Loth, ha publicado una muy interesante historia de la integración europea en la que afirma rotundamente que el método tecnocrático de Monnet ha llegado a su fin y que la «federación de Estados nación» europea debe alzarse sobre un patriotismo constitucional basado en la afirmación de un sistema de valores más que en una identificación emocional; un patriotismo no solo compatible con los nacionales respectivos, sino complementario con ellos al dotarlos de estabilidad y horizonte compartido. Esta identidad europea, a falta de una sociedad europea difícil de lograr a corto plazo por las limitaciones para crear un espacio público que la genere, debe ser suficiente para la participación ciudadana, abriéndole los cauces precisos, en la integración europea^‍‍[8]. La huella de Habermas en las posiciones de Loth parece evidente.

El relato (neo)funcionalista, heredero de la teorización política de Mitrany y Haas^‍‍[9], ha mutado historiográficamente en la consagración de los padres fundadores, de manera especial del santo laico Jean Monnet^‍‍[10], y en la minusvaloración de los hechos, actores y circunstancias que supongan un obstáculo en la línea que conduce al horizonte de la supranacionalidad^‍‍[11]. La hagiografía que se deriva de este relato centrado en personas sacralizadas tiene en la obra de Duroselle^‍‍[12], financiada por la propia Comisión Europea, uno de sus hitos. Una de las máximas más celebradas de Monnet es: «Nada es posible sin hombres: nada perdura sin instituciones»^‍‍[13]. Una reflexión que enlaza con la corriente historiográfica del (neo)institucionalismo^‍‍[14], que podemos considerar inaugurada con la monografía de Pierre Gerbet^‍‍[15], que centra su análisis en la evolución temporal de las instituciones creadas, sin ignorar el papel central jugado por los Gobiernos y sus intereses, e incluso por algunos actores no gubernamentales, en la articulación del entramado organizativo de la construcción europea, si bien con un claro sesgo hacía las instituciones comunitarias de la pequeña Europa en detrimento de las otras, algo especialmente significativo en el caso el Consejo de Europa y de su Tribunal de Estrasburgo. En la misma línea, pero dedicando un espacio mayor al Consejo de Europa, no solo en sus orígenes sino también en su intento de relanzamiento de la década de 1990, tendríamos el manual de Marie-Thérèse Bitsch^‍‍[16]. Desde el punto de vista de la teoría política, esta visión institucionalista se traduce en una «tercera vía» entre el federalismo europeo y la pervivencia de los Estados nación clásicos: la Europa de la gobernanza multinivel^‍‍[17].

Por su parte, el enfoque derivado de la corriente teórica del realismo ha tenido en Alan Millward a su primer y gran valedor. Frente a la tendencia a ver la integración europea como el progresivo proceso de erosión de la soberanía nacional y el empoderamiento de instituciones posnacionales, Millward afirma que la lógica de todo el entramado institucional generado en los años centrales del pasado siglo responde a una estrategia de consolidación del Estado nación como concepto organizativo^‍‍[18]. La obra de Milward tiene, además, la virtud de destacar los logros de organizaciones minusvaloradas como la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) o la Unión Europea de Pagos (UEP) en el ámbito de la liberalización comercial, sin los cuales el nacimiento y éxito de la Comunidad Económica Europea (CEE) habrían sido mucho más problemáticos. Sin duda, el relato realista pone su acento en la defensa de los intereses nacionales como argumento central que explica el proceso de construcción europea posterior a la Segunda Guerra Mundial^‍‍[19], pero también cuestiona aceradamente la necesidad de construir un armazón tan complejo de instituciones y políticas comunes federalizantes, especialmente la Política Agrícola Común (PAC) y la regional, que perjudican más que ayudan a conseguir el crecimiento económico y el incremento del nivel de vida de la ciudadanía europea, muy en la tradición de lo que han sido siempre los postulados británicos de una Europa unida conforme a sus concepciones geopolíticas^‍‍[20]. La influencia extraordinaria de la obra de Milward se percibe en los enfoques adoptados por autores que deberían ubicarse en las narrativas heredadas del internacionalismo liberal. Citemos dos ejemplos. Andrew Moravcsik, conspicuo representante del intergubernamentalismo liberal, defiende que los Estados adoptan decisiones racionales de cooperación estableciendo regímenes internacionales como el que representa la UE, encumbrada a la categoría de precursor global^‍‍[21]. Richard T. Griffiths, autoproclamado federalista europeo, estudia pormenorizadamente el papel de la OECE y la EFTA y defiende el papel estabilizador de los Estados nación jugado por las Comunidades, incluso mediante métodos contrafactuales^‍‍[22].

El fin del monopolio del relato clásico ha permitido prestar atención a otros europeísmos que no gozaron de fortuna, coincidiendo con el auge de lo que en los medios de comunicación y en las agendas políticas se ha llamado euroescepticismo. En realidad, la consolidación de esta palabra es un éxito del relato canónico de la integración europea, al connotar negativamente a quienes defienden otros europeísmos posibles o ninguno. No existe una definición acabada del término euroescepticismo^‍‍[23] y normalmente se recurre a formulaciones amplias, siguiendo a Taggart^‍‍[24], que engloban tanto a la oposición al modelo o a las políticas públicas comunitarias, sostenida por partidos llamados a gobernar, como a la basada en principios de soberanía directamente enfrentados con el proceso de integración europea que representa la UE, defendida inicialmente por partidos marginales al sistema. Taggart acuñó las expresiones «soft Eurosceptiscism» para referirse a la primera de las oposiciones y «hard Euroscepticism» para hacerlo a la segunda^‍‍[25], incluyendo en este último a quienes defienden la retirada de sus países de las instituciones comunitarias.

Si el concepto de euroescepticismo no es excesivamente preciso, su momento auroral tampoco. Están los que defienden una visión guadiánica y afirman que aparece por vez primera en los años cincuenta del pasado siglo, en el seno tanto de la izquierda conectada con Moscú como del nacionalismo de derechas y de los sectores industriales orientados al proteccionismo y temerosos de los efectos de la liberalización económica, para aletargarse durante décadas como consecuencia del éxito de la integración comunitaria y emerger en los últimos veinte años al calor de las crecientes dificultades de esa misma integración^‍‍[26]. Los hay que consideran que se deben situar sus orígenes en Gran Bretaña y en los debates sobre la solicitud de adhesión de 1961, que permitió confrontar posiciones, en ese momento, en las solicitudes posteriores y durante el primer referéndum de 1975. En otras palabras, el euroescepticismo crecería cuando tiene ventanas de oportunidad política y recursos para hacerlo, especialmente cuando el debate traspasa los muros parlamentarios y relaja la disciplina partidaria de los whips. Antes de 1961, existía un consenso escéptico hacia la Europa supranacional, tanto en los Gobiernos laboristas como en los conservadores^‍‍[27]. Otros sitúan el origen de su auge en el discurso que Margaret Thatcher pronunció en el Colegio de Europa en Brujas en 1988 y en la oposición al proceso de unión económica y política emanada del Tratado de Maastricht. La europeización del sistema político británico se convirtió en el referente central del debate público, con los riesgos percibidos para su democracia parlamentaria o su soberanía y con el fraccionamiento de los dos partidos base del sistema. Todo ello sin negar que ya desde 1945 había partidarios y detractores de la unificación europea, tanto entre los tories como entre los laboristas. Lo nuevo ahora es la centralidad que ocupa Europa en el debate político frente a la marginalidad que tenía con anterioridad^‍‍[28]. En parecida línea, hay quien sostiene que siendo cierto que la oposición al proyecto europeo es tan vieja como el propio proyecto, su emergencia pública arrancaría de los debates originados por la ratificación de los tratados de Maastricht y de la Constitución para Europa, que supusieron el final del consenso permisivo y el nacimiento del euroescepticismo como movimiento político^‍‍[29]. Tampoco faltan quienes asocian el euroescepticismo con el auge de las corrientes nacionalpopulistas surgidas en las últimas décadas como respuesta a los miedos provocados por el imparable ascenso de la globalización y su amenaza a las identidades y culturas nacionales emanadas del national building que se desarrolló entre mediados del xix y del xx^‍‍[30]. Este enfoque permite ahondar en euroescepticismos como los del llamado Grupo de Visegrado y no solo en el británico; tanto los nacionalistas como los populistas concuerdan en su rechazo a una Europa partidaria de una unión cada vez más estrecha y al euro como uno de sus mayores símbolos^‍‍[31].

Desde la perspectiva historiográfica, avivada por el doble rechazo al Tratado Constitucional de franceses y holandeses y el de los irlandeses al Tratado de Lisboa, el euroescepticismo convive con términos como europesimismo^‍‍[32], antieuropeísmo^‍‍[33], soberanismo o altereuropeísmo^‍‍[34]. La oposición al modelo de integración europea e, incluso, a cualquier modelo de unificación es tan viejo como los propios proyectos europeístas. En este sentido, Christophe Le Dréau^‍‍[35] propone tres etapas históricas para el «militantisme eurosceptique»: la era de los Gobiernos (1929-‍1961), desde el proyecto Briand hasta la solicitud británica, señalando que la movilización comunista se desmarca de este esquema; la era de las asociaciones (1961-‍1992), desde la primera solicitud británica hasta Maastricht, haciendo notar que estas asociaciones son deudoras de facciones de los partidos de gobierno en su mayoría, y la era de los partidos (desde 1992), a la que habría que incorporar de nuevo a los Gobiernos tras el Brexit.

Se suele identificar euroescepticismo con la oposición al modelo de integración que representan las Comunidades Europeas, admitiendo, eso sí, que las formulaciones alternativas al proceso de integración comunitaria se remontan a los primeros años de la posguerra. Esta perspectiva histórica tiende a subestimar, cuando no a ignorar, el papel jugado por las otras instituciones europeas nacidas después de 1945. El entramado institucional creado no se reduce a las Comunidades y su evolución, sino que contiene otras alternativas hoy desnaturalizadas, como la OECE, devenida en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); orilladas, como el Consejo de Europa a pesar de su probada resiliencia; o extinguidas, como la Unión Occidental (UO) y su heredera la Unión Europea Occidental (UEO), al igual, por cierto, que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). La historiografía sobre la unificación europea ha centrado su atención sobre la historia de éxito que supuso la vía de la integración y ha tendido a ignorar o a esquivar la historia resiliente de la vía de la cooperación, incorporándola, en no pocas ocasiones, como parte integrante de la primera^‍‍[36].

Superado el relato unilateral del proceso de construcción europea, es conveniente volver a los orígenes y analizar las opciones perdedoras. Sin duda, ello es inseparable del interrogante que se abre en relación con la causa de por qué Gran Bretaña dilapidó su enorme capital político sobre los demás gobiernos de la Europa Occidental y no supo traducirlo en un liderazgo efectivo del proceso de unificación que se desencadenó en la posguerra. Nos centraremos en los dos foros iniciales que fueron el escenario básico de la opción de cooperación intergubernamental británica: la Unión Occidental (UO), apadrinada por el laborista Bevin, y el Consejo de Europa, inspirado por el tory Churchill.

Pero conviene recordar que la apuesta británica por el modelo de cooperación intergubernamental en Europa tenía un claro precedente en su respuesta al Memorando Briand, en 1930. Ya entonces el Gobierno laborista rechazó la creación de nuevas instituciones al margen de la Sociedad de Naciones que pudiesen minar la soberanía de los Estados, alterar su tradicional política de equilibrios en Europa o dificultar las relaciones con la Commonwealth^‍‍[37]. En los debates parlamentarios se cuestionaron, desde las filas liberales, órganos internacionales sin control democrático^‍‍[38], y desde las conservadoras se dejó claro que el futuro británico residía en las relaciones con su imperio y no en unos unidos o desunidos Estados de Europa^‍‍[39].

II. El Labour Party y la unificación europea[Subir]

Los laboristas, en el poder, tienen sus ideas para el futuro europeo y no pasan por una solución federal, a pesar de la famosa frase «Europe must federate or perish», escrita por Attlee en 1939^‍‍[40]. Recién llegado al Foreign Office, Ernest Bevin parecía defender la necesidad de establecer un bloque europeo occidental a través de la cooperación política, militar y económica con Francia como socio preferente. Sin embargo, en los meses siguientes, la percepción mudó considerablemente. Francia, que entra en conflicto con los intereses británicos en Oriente Medio y con un Partido Comunista con creciente influencia formando parte del Gobierno, es un socio menos fiable. De hecho, el Tratado de Dunquerque es presentado por algunos autores no tanto como un primer escalón de una futura defensa europea común, sino como un instrumento para frenar la influencia comunista en el Gobierno francés^‍‍[41]. No obstante, en septiembre de 1946 se crea un Comité Económico bilateral con Francia, a la par que con otros países occidentales, como foros de reuniones regulares en donde discutir los problemas comunes, e incluso Bevin presenta al Gabinete un estudio para establecer una unión aduanera en la Europa Occidental que es rechazada por la oposición de los dos principales ministerios económicos: el Tesoro y Comercio. Ambos consideraban más beneficioso no contraer obligaciones en Europa que mermasen el papel de actor mundial del Reino Unido y sus relaciones con la Commonwealth^‍‍[42]. De hecho, Gran Bretaña estaba decidida a mantener la excepcionalidad de trato con la Commonwealth alcanzada al final de la década de los cuarenta con los acuerdos bilaterales adscritos a la Preferencia Imperial firmados en Ottawa, en agosto de 1932. Estas relaciones comerciales preferenciales fueron paralelas al desarrollo de un área de la libra que alcanzaría un desarrollo considerable tras la ruptura del patrón cambios oro. Todo ello en el marco de unas relaciones entre EE. UU. y Gran Bretaña que atravesaron momentos de tensión con la desconfianza norteamericana hacia una posible deriva socialista del laborismo, con el empeño ideológico de una parte del establishment de EE. UU. en desmantelar el imperio y con el préstamo negociado por Keynes en diciembre de 1945, concedido con la condición de que el Reino Unido liberalizase su comercio y abandonase gradualmente su Imperial Preference System y las preferencias concedidas a la Commonwealth. Estas condiciones fueron percibidas como una humillación a los sacrificios bélicos del pueblo británico. La restauración de las buenas relaciones no llegará hasta el otoño de 1947, en el marco de la implementación del Plan Marshall y la constatación de la fortaleza del enemigo común soviético^‍‍[43]. Desde el punto de vista económico, 1947 fue un annus horrendus, como lo llamó el titular del Exchequer, Hugh Dalton^‍‍[44]. El déficit de la balanza de pagos alcanzó los 545 millones de libras frente a los 344 del año anterior; el déficit de la balanza comercial pasó de los 204 millones de 1946 a los 449 a finales de 1947; las reservas de oro y dólares disminuyeron en 617 millones en aquel ejercicio, una caída del 22,8 %^‍‍[45].

Con este telón de fondo, el 22 de enero de 1948 Bevin pronuncia un importante discurso sobre Europa en los Comunes^‍‍[46], justo cuando Churchill está intentado por todos los medios que los laboristas no boicoteen el previsto Congreso de Europa que él lidera^‍‍[47]. Bevin denunciará lo fácil que resulta trazar planes de unión sobre el papel y lo difícil que es gestionarlos desde los Gobiernos, con sus implicaciones geopolíticas^‍‍[48], y el Gabinete recelará de organizaciones como las del Movimiento Europeo, que carecen de la legitimidad democrática que dan las urnas. La alianza de Europa Occidental que propone Bevin a Francia y al Benelux quiere ir más allá de la cooperación militar, y en conversaciones con su homólogo Bidault apuntará la necesidad de alcanzar un acuerdo de compensación que evitase tener que recurrir al dólar o al oro en los intercambios e incluso de contar con un Banco de la Unión Occidental y una moneda, ideas todas que no verán la luz porque una parte importante del Gobierno, altos funcionarios del Civil Service y destacados militares no creen que Gran Bretaña pueda liderar Europa sin el apoyo de EE. UU. y la Commonwealth, y mucho menos contra ambos^‍‍[49]. La alianza aspira a extenderse a los otros países miembros de la OECE, incluida Italia. Bevin no excluye a Alemania, pero deja claro que su momento no está todavía cercano^‍‍[50], lo que le valdrá las críticas del Manchester Guardian, una cabecera bastante alineada con el gobierno Atlee, que se queja del desconocimiento de Bevin sobre la realidad alemana occidental y su obstinación en que no salgan de su «place in the queue», siendo como es el eslabón más débil de la recuperación económica europea y donde Gran Bretaña se juega su prestigio^‍‍[51].

La Unión Occidental en la que piensa Bevin debería asociar estrechamente en la cooperación económica a los territorios de África y Asia que son o han sido gobernados por los países europeos y al conjunto de la Commonwealth como mejor manera de ayudarles en su progreso económico, tanto en su beneficio como en el de Europa. La vinculación entre la Unión Occidental y la Commonwealth y demás países de África y Asia no es exclusiva de los laboristas. Un prominente tory del círculo íntimo de Churchill, como Robert Boothby, también la defenderá en una intervención en Radio Luxemburgo, pocas semanas después del discurso de Bevin, al igual que la idea de constituir una tercera fuerza mundial con los países europeos y sus imperios, capaz de mediar entre el colectivismo y el individualismo, salvaguardando los valores de la civilización occidental y la paz mundial^‍‍[52]. No obstante, conviene ser cautos en la interpretación de esta tercera fuerza como una referencia a Europa frente a los EE. UU. y a la URSS porque más bien se trataría de reivindicar a Gran Bretaña como tercera gran potencia mundial que lidera un bloque (Europa y sus colonias o excolonias) al mismo nivel que las otras dos^‍‍[53], como garantía de paz frente a la amenaza que implica un mundo bipolar^‍‍[54].

La Unión Occidental (UO), oficialmente llamada Organización del Tratado de Bruselas, es la primera organización gubernamental europea tras la Segunda Guerra Mundial. Británicos y franceses hubiesen preferido acuerdos de defensa bilaterales con cada uno de los países del Benelux y remitieron propuestas de tratados separados a cada uno de los tres Gobiernos. Por su parte, esos Gobiernos acordaron actuar conjuntamente para poder equilibrar las fuerzas y proponen un tratado que rompa con la estrategia de la bilateralidad y se aproxime más a los acuerdos regionales, ya ensayados por los países americanos en el Tratado de Río (2 de septiembre de 1947), en sintonía con la estrategia de los EE. UU. Así mismo, entienden que el acuerdo debe incluir objetivos de cooperación económica que tengan como horizonte una unión económica y aduanera completa, aunque no sea a corto plazo, para lo que sería imprescindible crear organismos permanentes que aseguren esa coordinación^‍‍[55]. Finalmente, el 17 de marzo de 1948 se firma por los cinco países el «Tratado de Bruselas de colaboración en materia económica, social, cultural y de legítima defensa colectiva». La extensa denominación deja claro el triunfo de la opción multilateral, apadrinada por EE. UU., un mayor grado de institucionalización y la ampliación de los objetivos más allá de los meramente militares.

Los laboristas, a pesar de los recelos iniciales de Bevin, concebían a la UO como la organización capaz de permitir la plena incorporación de la Alemania Occidental a las dinámicas comunes, una vez que ya formaba parte de la OECE, lo que serviría para mantener las relaciones amistosas con la Alemania reconstruida^‍‍[56]. No obstante, se oponen radicalmente a que la UO se acabe convirtiendo en una federación porque el modelo de EE. UU. o Australia no es extrapolable a una Europa con poderosas y consolidadas naciones que no renunciarían a ejercer su soberanía, lo que podría provocar movimientos centrífugos que podrían generar guerras civiles, como ocurrió ya de hecho en EE. UU.^‍‍[57]. En este punto, el Gobierno laborista discrepa abiertamente del Gobierno norteamericano, que en 1948 pensaba en la UO como impulsora de esa federación de los Estados Unidos de Europa Occidental (más tarde incluso del conjunto del continente)^‍‍[58]. El Gobierno laborista había hecho una clara apuesta por el keynesianismo nacional, apuesta que podría verse amenazada por unos poderes federales europeos dominados por fuerzas no socialistas^‍‍[59]. Este keynesianismo nacional bebía del giro ideológico dado por Keynes en 1931 desde el librecambio al proteccionismo cuando propuso mantener el liderazgo de Gran Bretaña reasumiendo el protagonismo financiero y desestimando una política de expansión en beneficio del empleo, introduciendo un sustancioso arancel fiscal dentro de un programa económico de proteccionismo integral^‍‍[60]. Los laboristas, al igual que los conservadores, siguen percibiendo a Gran Bretaña como una potencia mundial, con una fuerte identidad nacional fortalecida por su resistencia a la ocupación alemana y su victoria sobre el nazismo.

El modelo alternativo que proponen es la cooperación intergubernamental en aquellos campos que cada país decida y una asociación indefinida y flexible frente a modelos de constituciones escritas y rígidas que dificultan las adaptaciones a las circunstancias, algo así como una Commonwealth europea^‍‍[61]. A finales de 1949, tras la creación de la OTAN, las lecciones sobre seguridad del bloqueo de Berlín y la devaluación de la libra que provoca una mayor dependencia económica de la Commonwealth y de los EE. UU., los laboristas abandonan su idea de una UO que incluyese a las colonias europeas y a la Commonwealth como embrión de una tercera fuerza, basada en la cooperación intergubernamental^‍‍[62].

Para la unificación europea, lo más trascendente de la UO fue su proceso de institucionalización y sus primeras realizaciones, como precedentes de futuro. El Consejo Consultivo, integrado por los ministros de Exteriores, fue el órgano clave que, como veremos, sirvió para avanzar en el entramado organizativo de Europa hasta el anuncio del Plan Schuman. En su primera reunión, en París en abril de 1948, amén de la creación de una Comisión Permanente, con reuniones semanales en su sede de Londres^‍‍[63], y un Comité de Defensa integrado por los cinco ministros del ramo^‍‍[64], decidió establecer reuniones de ministros o expertos en materia económica, social y cultural^‍‍[65] lo que supone un precedente de las futuras formaciones del Consejo de Ministros de las Comunidades; eso sí, con la regla de la unanimidad en la toma de decisiones, algo por lo demás también aplicable explícitamente a las Comunidades hasta 1966. No obstante, esas reuniones lo fueron de altos funcionarios, salvo en el caso de los ministros de Hacienda en los dos primeros años, y, en consecuencia, sin capacidad para tomar acuerdo alguno. Es más, su interlocutor fue siempre la Comisión Permanente y no el Consejo Consultivo.

En esta misma esfera de la institucionalización, conviene señalar la profusión de comités, subcomités y grupos de expertos que se crean en los primeros años y que alcanzaban el número de veinte en 1951^‍‍[66], en un posible ensayo de lo que será después la llamada comitología en las instituciones comunitarias. Otro elemento destacable fue la creación de secciones de enlace entre tres ministerios: Trabajo, Sanidad y Pensiones de Guerra, formadas por personal bilingüe en inglés y francés para traducir toda la documentación a esas dos lenguas de trabajo y facilitar las comunicaciones por vía telefónica, telegráfica, postal o personal^‍‍[67].

Analizada la importancia del proceso de institucionalización de la UO, vayamos al balance de resultados de sus actuaciones. El Tratado de Bruselas recogía como ámbitos competenciales el militar, el económico, el social y el cultural. Su recorrido militar autónomo fue muy breve. El 19 de diciembre de 1950, los seis comités de ese ámbito y su secretariado fueron incorporados a la OTAN, por decisión del Consejo Consultivo de la UO. En el ámbito económico, el trasvase a la Oficina de Finanzas y Economía de la OTAN fue ligeramente más tardío, en abril de 1951^‍‍[68]. Los ámbitos social y cultural permanecieron activos durante más tiempo antes de que el Consejo de Europa, cuya Asamblea reclamaba desde sus inicios la integración de la UO en su seno, asumiera sus funciones. Como norma general, siguiendo el modelo de cooperación intergubernamental, el sistema preferido de colaboración serán los acuerdos bilaterales y, una vez logrados estos en un determinado ámbito, multilaterales en ese mismo terreno. En la esfera social, en el área de la seguridad social, en marzo de 1950 habían entrado en vigor tres convenciones bilaterales, otras tres habían sido firmadas y cuatro más se estaban negociando^‍‍[69]; en septiembre de 1952 eran seis las que habían entrado en vigor^‍‍[70]. Así mismo, se firmó una convención multilateral (7 de noviembre de 1949) para garantizar el mismo trato a los nacionales de los cinco países en materia de reconocimiento de períodos de trabajo en cualquiera de ellos y el pago de las prestaciones correspondientes en el país de residencia, sea cual fuese de los cinco; su entrada en vigor estaba condicionada a la vigencia efectiva de las diez convenciones bilaterales mencionadas^‍‍[71]. El 16 de abril de 1950 se firmó una convención multilateral para garantizar a los trabajadores transfronterizos los mismos salarios y condiciones laborales que a los trabajadores nacionales respectivos, convención que estaba en vigor a finales de 1952^‍‍[72]. Otro convenio multilateral se firmó en el área de la asistencia social y médica (7 de noviembre de 1949) por el que los cinco países se comprometían a dar el mismo trato a los nacionales de los otro cuatro que el dado a sus propios ciudadanos, sin que existan reembolsos mutuos por esas prestaciones ni posibilidad de repatriación si la persona afectada tiene lazos familiares o más de cinco años de residencia^‍‍[73]; esta convención estaba en vigor, salvo en Luxemburgo, a finales de 1952.

Las realizaciones en el ámbito cultural tienen su idea más original en la creación de un documento de identidad cultural destinado a facilitar los viajes sin fines comerciales de profesionales de diversos campos culturales. Las ventajas previstas variaban en cada país, pero tenían como objetivo tarifas reducidas de transporte, entradas gratuitas o reducidas en museos, conciertos, teatros y exposiciones, facilidades en la obtención o prolongación de permisos de residencia, adquisición de divisas extranjeras o alojamiento. El documento entró en vigor el 1 de mayo de 1950^‍‍[74]. También cabe destacar la armonización en la expedición de pasaportes colectivos para facilitar los desplazamientos internacionales de los jóvenes^‍‍[75].

Como hemos indicado, el Consejo Consultivo de la UO sirvió de foro en los últimos meses de 1948 y primeros de 1949 para los debates sobre la creación de dos organizaciones de calado: la OTAN y el Consejo de Europa. El Pacto Atlántico comenzó su andadura en las conversaciones mantenidas por Bevin, Truman y Marshall los días 17 y 18 de diciembre de 1947 en Washington. En ellas, Bevin planteó la oportunidad de constituir una spiritual federation of the west sin organizaciones formales y siguiendo el modelo británico de entendimientos no escritos e informales. Incluiría a Gran Bretaña, Francia, Italia y otros países de la Europa Occidental, a los Dominios y a EE. UU.^‍‍[76] El golpe de Praga (febrero), el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua Fino-Soviético (abril) que tutelaba la independencia finlandesa, junto con la amenaza de extenderlo a Noruega, y las inciertas elecciones italianas previstas para el 18 de abril, aceleraron la decisión norteamericana de implicarse directamente en la defensa militar de Europa tras la firma del Tratado de Bruselas. Las negociaciones secretas se iniciaron el 22 de marzo entre británicos, estadounidenses y canadienses. La ausencia de Francia en estas reuniones, a pesar del interés británico, responde a las dudas norteamericanas por los riesgos de filtraciones^‍‍[77]. Sobre la mesa había tres opciones: extender la Unión Occidental, un acuerdo regional para el Atlántico Norte (con otro para el Mediterráneo), y un pacto mundial de autodefensa al amparo del artículo 51 de la Carta de la ONU (idea descartada en la segunda reunión). El Pacto Atlántico se piensa que dejaría fuera a Italia e incluso posteriormente a Alemania. EE. UU., convencido entonces de la eventual constitución de los Estados Unidos de Europa Occidental, descarta su incorporación al Tratado de Bruselas. Finalmente se decide apostar por un Pacto del Atlántico Norte que incluyese a todos los países ribereños más Italia y con la posible incorporación posterior de Alemania, Austria y España^‍‍[78].

Tras la aprobación de la llamada Resolución Vandenberg, por parte del Senado el 11 de junio de 1948, que abría la puerta a la implicación directa americana con acuerdos regionales nacidos al amparo de la Carta de las Naciones Unidas, las conversaciones pasaron a ser públicas con representantes de los cinco países de la OU, Canadá y EE. UU. a partir del 6 de julio^‍‍[79]. Las cuestiones políticas se abordarían en Washington y las militares en Londres. Para ello, la Comisión Permanente de la UO acordó en el mismo mes de julio admitir a observadores de EE. UU. y Canadá y lo mismo acontecerá con los comités Militar, de Jefes de Estado Mayor, y de Armamento y Equipamientos. La consolidación de la OTAN restó toda importancia militar a la UO, del mismo modo que la creación de la OECE, el 16 de abril de 1948, dejó sin espacio de actuación sus funciones económicas. Serán los conservadores, con Eden al frente, quienes recurran a la estructura adormecida de la UO para integrar el necesario rearme alemán en un contexto europeo, convirtiendo a la Unión Occidental en la renovada Unión Europea Occidental en 1954.

El Consejo Consultivo fue también el foro de negociación en donde se acordó la estructura institucional del Consejo de Europa y las competencias atribuidas al mismo. En julio de 1948 franceses y belgas defienden el establecimiento de una asamblea electa con poderes supranacionales, lo que desata las iras de Bevin, que anuncia que tal cosa sería abrir la caja de Pandora y acoger a un número indeterminado de caballos de Troya^‍‍[80], y logra el apoyo de holandeses y luxemburgueses para un Consejo de Europa integrado por representantes gubernamentales. Se decide crear un Comité de Estudios en el que los laboristas presentan una propuesta de Consejo de representantes gubernamentales, asesorados por expertos, regido por la regla de unanimidad y sin competencias en materia de defensa (atribuidas a la UO) y economía (en manos de la OECE). Los desacuerdos se solventan en el seno del Consejo Consultivo, los días 27 y 28 de enero de 1949. El Consejo de Europa tendrá dos órganos: un Comité de Ministros, que acordará de común acuerdo, y una Asamblea Consultiva, en la que cada país decidirá cómo elegir a sus representantes y cuyo orden del día será establecido por el Comité de Ministros. La Asamblea tendrá una sola sesión anual y podrá elevar recomendaciones al Comité^‍‍[81]. Un triunfo en toda regla de las tesis británicas.

No obstante, la realidad se impuso. En su primera sesión, la Asamblea reclamó poder debatir y acordar sobre cualquier asunto y, por supuesto, establecer libremente su orden del día. La reforma del estatuto del Consejo en 1951 le concedió ambos derechos. Pero antes, a lo largo de 1950 y 1951, se debatió sobre el camino que seguir para lograr una unión política europea, preferiblemente de carácter federal. En marzo de 1950, los 35 diputados laboristas que conformaban en Westminster el Grupo Parlamentario por una Europa Socialista^‍‍[82], liderados por Ronald Mackay, presentaron su propuesta de reforma^‍‍[83]. Se identificaban los tres objetivos fundamentales de la organización: la paz, las libertades democráticas y los derechos del hombre y, en tercer lugar, el progreso económico y social. Sin este último, los otros dos eran inalcanzables y solo mediante una unión política supranacional se podrían conseguir. Existían dos modelos posibles de políticas económicas en esa futura unión: a) el sistema de libre concurrencia, que agravaría las desigualdades territoriales y sociales por su forma de repartir la riqueza generada, provocando inestabilidad y conflictividad social, resurrección de los totalitarismos y la guerra, y b) el sistema de planificación democrática, que permitiría un reparto equitativo de los beneficios con control popular. Rechazan los modelos federales clásicos, como el norteamericano, porque en ellos los poderes judiciales pueden echar abajo la planificación democrática en nombre de los derechos de los Estados. Proponen una Autoridad Central Democrática, controlada por un Parlamento, con capacidad para establecer un plan para una economía global y asegurar su aplicación. Ningún Estado se podría oponer a la ejecución de las decisiones democráticas tomadas por la Autoridad Central, que gozaría de amplios poderes, incluida la potestad de utilizar todos los capitales (públicos y privados) para el bien común. Como medidas de transición a esa Autoridad Central se apuntan: el desarrollo progresivo del Secretariado del Consejo de Europa hasta convertirlo en una gran administración europea; la creación de una Oficina de Planificación Europea que iría preparando los estudios necesarios para avanzar hacia la unión política supranacional, con el apoyo de la OECE y de la Comisión Económica Europea de la ONU; atribución a la Asamblea, en un limitado número de temas, de la competencia de aprobar convenciones, siguiendo el modelo de la OIT, que entrarían en vigor al ser ratificadas por los Estados, y la creación de sociedades públicas internacionales para gestionar las industrias del carbón y del acero, resolviendo pacíficamente el conflicto del Ruhr.

Esta propuesta fue pronto desautorizada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista^‍‍[84]. Dejando de lado la tercera fuerza lanzada dos años antes, ahora se defiende la unidad del mundo libre liderado por EE. UU., siendo posible en su seno una unidad europea siempre que salvaguardase el pleno empleo y la justicia social alcanzada en Gran Bretaña y la extendiese al continente. Rechaza rotundamente la creación de cualquier autoridad o parlamento supranacionales y sigue sosteniendo la vía de la cooperación intergubernamental para armonizar las políticas nacionales y resolver los problemas del momento (amenaza soviética y dollar gap) a través de una organización internacional que ejecute los acuerdos libremente adoptados. Aboga por el sistema de planificación internacional, pero lo considera imposible mientras los Gobiernos europeos no apuesten por sistemas de planificación nacionales, algo muy lejano como demostró la presentación pública del Plan Schuman. No se dan las condiciones ni para una unión económica completa, ni mucho menos para la política que se desprende del discurso del 9 de mayo. Coincide con Mackay y los suyos en que el sistema de libre concurrencia —léase uniones aduaneras— agravaría las desigualdades y las tensiones sociales y solo beneficiaría a comunistas y fascistas. Si se considera que la protección ante la competencia sostiene el empleo, es preciso optar por la protección y olvidar las uniones aduaneras y elegir intercambiar la producción industrial con las colonias que son complementarias para sostener los empleos de los obreros en las fábricas. Conviene no olvidar que en aquellos momentos la Commonwealth recibía el 41,86 % de las exportaciones británicas, frente al 23,25 % que arribaban a la Europa Occidental. Del mismo modo, el 33,09 % de las importaciones del Reino Unido procedían de la Commonwealth, frente al 16,19 % que llegaban de la parte occidental del continente europeo^‍‍[85].

En este contexto, ¿qué papel debe jugar el Consejo de Europa? La Asamblea debe seguir siendo consultiva, sin poderes legislativos y, sobre todo, debe dejar de intentar ser la oposición no oficial a los Gobiernos nacionales en su conjunto, a riesgo de esterilizar al Consejo de Europa y hacerlo inservible. La Asamblea puede y debe centrarse en recomendar al Comité de Ministros convenciones que redunden en el pleno empleo y la justicia social en el conjunto de Europa Occidental, siguiendo el modelo de la OIT, que careciendo de poderes legislativos ha logrado con su prestigio armonizar al alza los estándares y condiciones de vida de la clase trabajadora. Para los laboristas, el principal escollo para la unidad europea es la divergencia en las legislaciones sociales nacionales. Así, el Consejo de Europa podría armonizarlas y dar un impulso a la unidad, al tiempo que consolidaría la democracia y se ganaría para la causa europeísta a la clase trabajadora.

III. Churchill, los tories y la unificación europea[Subir]

Winston Churchill es uno de los principales y primeros adalides del proceso de unificación europea que se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Churchill lanzó su idea de los Estados Unidos de Europa como una estructura dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), siguiendo la estela de la propuesta de Briand en el marco de la Sociedad de Naciones. Reforzar a la ONU parecía estar en sintonía con los intereses tanto de la URSS como de los EE. UU. Pero cuando se crea la Comisión Económica para Europa para organizar la ayuda a la reconstrucción del continente en 1947, la coyuntura de la Guerra Fría ha cambiado. Ahora los EE. UU., escarmentados por la experiencia de una UNRRA que, en 1946, servía para financiar a los países de la órbita soviética con dinero americano, rechazan participar y ponen en marcha su propio programa de reconstrucción, el Plan Marshall^‍‍[86]. Para los conservadores, desde 1947 el proceso de unificación europea será independiente de la organización mundialista, salvo en el ámbito militar.

Dejando al margen sus discursos de Bruselas (16 de noviembre de 1945, en el que justamente defendió los Estados Unidos de Europa en el marco de la ONU), Metz (14 de julio de 1946, en donde realizó un llamamiento a Francia para liderar el proceso) o Zúrich (19 de septiembre de 1946, con el entendimiento franco-alemán como gran novedad)^‍‍[87] nos detendremos en los dos artículos que publica en el Daily Telegraph, los días 30 y 31 de diciembre de 1946, en vísperas del lanzamiento público del United Europe Movement (UEM). En el primero^‍‍[88], explicita su famosa teoría de los tres círculos de interés geopolítico para Gran Bretaña: Estados Unidos y su relación especial, la Commonwealth como garantía de continuar siendo una potencia mundial y Europa y su unidad, patrocinada por el Reino Unido, para encontrar una solución aceptable al problema francoalemán. Gran Bretaña debería situarse justo en la intersección de los tres círculos para poder jugar el papel de árbitro, sin integrarse plenamente en ninguno de ellos. A pesar de formular esta estrategia como líder de la oposición, esa era la línea oficial del Foreign Office y del Gobierno laborista^‍‍[89], y el propio Churchill la seguirá practicando en su regreso al poder^‍‍[90]. En el segundo^‍‍[91], se explaya en las cuatro atribuciones principales que debería tener el futuro Consejo de Europa por el que aboga: conseguir la reducción o abolición de tarifas y barreras aduaneras entre sus Estados miembros; trabajar por la armonización económica de esos mismos Estados; alcanzar algún tipo de defensa común, y crear una moneda común, con una cara nacional y otra europea. A diferencia de la anterior, esta posición no va a concordar con la del Gobierno británico.

Churchill llegará a aceptar, incluso, la cesión de algún grado de soberanía durante sus intervenciones en el Congreso de Europa, en La Haya, en mayo de 1948. Sin embargo, las notas privadas que redacta su yerno Duncan Sandys denotan hasta qué punto había en todo ello una estrategia calculada para no enajenarse el apoyo del grueso federalista del naciente Movimiento Europeo, arriesgándose así a perder una espléndida plataforma que le permitía jugar activamente en el tablero internacional fuera de las obligaciones e hipotecas gubernamentales^‍‍[92] e interfiriendo incluso con la política oficial del Gobierno de su majestad. Churchill y su UEM consiguen interesar en su proyecto de unificación europea a importantes fuerzas del continente, tanto de matriz liberal (Liga Europea de Cooperación Económica, LECE) como federal (Unión Europa de Federalistas, UEF), y tras el Congreso de Europa se sumarán al recién creado Movimiento Europeo tanto los Nuevos Equipos Internacionales (NEI) de tendencia democristiana como el Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa (MSEUE), convirtiéndose en el gran animador de la creación del Consejo de Europa.

Churchill será uno de los seis diputados tories con asiento en su Asamblea Consultiva, junto con otros destacados miembros del UEM como Macmillan, Maxwell-Fyfe, Sandys o Boothby. En ese foro los conservadores de Estrasburgo, como se les llamará, intentarán presentarse como el partido europeo británico, frente a los laboristas que han abandonado sus esencias internacionalistas por un fuerte nacionalismo, e intentarán convertirlo en el epicentro de su modelo de cooperación intergubernamental como vía para alcanzar la unidad europea^‍‍[93]. En su seno defenderán la creación de instituciones funcionales especializadas en ámbitos como la moneda, el comercio, la defensa, los aspectos sociales y culturales, la agricultura o las industrias de base, siempre bajo el control democrático de los Gobiernos y con la premisa de que la pertenencia a las mismas fuese voluntaria para los países miembros y para los países de ultramar con lazos históricos con Europa^‍‍[94]. Apoyarán el inicio de la reforma estatutaria para crear una autoridad política europea, dotada de funciones limitadas, pero con poderes reales, promovida por el laborista Ronald Mackay. Promoverán, a través de Sandys, la constitución de un ejército europeo en el marco del Pacto Atlántico y con presencia alemana^‍‍[95], a pesar de la oposición de los representantes laboristas, que denuncian que los asuntos de defensa están fuera de las atribuciones del Consejo de Europa^‍‍[96]. Propondrán, a través de la enmienda Macmillan-Eccles, una alternativa a la Alta Autoridad supranacional del Plan Schuman consistente en su control por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa^‍‍[97]. Todas estas iniciativas fueron cortocircuitadas por el Comité de Ministros, gracias al rechazo de británicos, noruegos y suecos.

Churchill ya no acudirá a la tercera sesión de la Asamblea en 1951, y cuando ese mismo año vuelva a ocupar el 10 de Downing Street concederá amplios poderes en la dirección de la política exterior a su ministro Eden, muy poco entusiasta de las anteriores proclamas europeístas de los tories de Estrasburgo^‍‍[98], quien presentará un plan en la primavera de 1952 para hacer depender a las Comunidades Europeas —las famosas autoridades funcionales defendidas por los conservadores británicos— de las instituciones de Estrasburgo con el pleno rechazo de los Gobiernos de los seis países comunitarios^‍‍[99], poniendo fin a las posibilidades de que el Reino Unido liderase los nuevos tiempos del proceso de integración por su radical oposición a cualquier enfoque supranacional. No obstante, es cierto que hubo un ámbito en el que Churchill y los conservadores británicos no tuvieron empacho en apostar por la supranacionalidad: la defensa de los derechos humanos, o más bien de los derechos civiles y políticos. En efecto, fueron los conservadores británicos, aliados con la democracia cristiana continental, quienes abanderaron la defensa del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de su Tribunal, siguiendo a Duranti^‍‍[100], para contar con una institución que limitara la capacidad de los Gobiernos elegidos democráticamente para implementar políticas de izquierda que los conservadores creían que violaban sus libertades básicas, amenazadas no solo por los totalitarismos comunistas o fascistas, sino también por los Gobiernos laboristas y socialdemócratas. El Convenio y el Tribunal serían un arma defensiva contra ellos. Sin embargo, la existencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos como filtro de acceso a la jurisdicción del Tribunal, y el hecho de que cuando Churchill abandone definitivamente el Gobierno en 1955 Gran Bretaña no hubiese ratificado ni la aceptación de la jurisdicción del Tribunal ni el recurso individual de sus ciudadanos, siembran dudas incluso sobre el carácter instrumental del europeísmo churchilliano. Como señaló en 1952 Madariaga, «pudo haber sido, de haberlo querido, el líder de Europa, pero en lugar de eso prefirió ser el líder del Partido Tory»^‍‍[101].

La Unión Occidental y el Consejo de Europa no fueron el último intento de unir Europa en torno al modelo de cooperación intergubernamental. El Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AELC) supuso una reedición frustrada de esta apuesta. El propio Gobierno conservador era consciente de que era la oposición al arancel exterior común el factor de cohesión negativa que unía a los siete países del AELC^‍‍[102]. A juzgar por los debates parlamentarios de ratificación del Tratado de Estocolmo (1959), que legitimaba el AELC, había mucho de pragmático en ese acuerdo. Tanto conservadores como laboristas parecen percibirlo como una plataforma de negociación con las Comunidades Europeas para tratar de unir a Europa desde una posición de fuerza y bajo su modelo de cooperación intergubernamental^‍‍[103]. La esperanza se desvaneció en poco más de un año: entre 1961 y 1962 Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega negocian su adhesión a las Comunidades, mientras que el resto de miembros del AELC solicitan un acuerdo de asociación. Algo, por lo demás, ya anticipado por el laborista John Cronin en los debates de diciembre de 1959 a los que hemos aludido, debido a la diversidad de intereses de los siete países miembros y su mayor o menor necesidad de concertarse con las Comunidades^‍‍[104].

IV. Conclusiones[Subir]

En Gran Bretaña, nos encontramos con un uso instrumental del europeísmo por parte del líder de la oposición, sin menosprecio de la sinceridad de su apuesta por la unificación como forma de contener al comunismo y preservar los valores de la civilización occidental, y con una visión del Gobierno laborista lastrada por una superoferta ideológica que pretendía salvaguardar las conquistas socialistas amenazadas en un contexto continental de Gobiernos de derecha.

¿Por qué Gran Bretaña no lideró el proceso de unificación del que emerge el entramado institucional de la actual UE? Varias fueron las razones. En primer lugar, porque tanto laboristas como conservadores seguían aferrados a la consideración del Reino Unido como una potencia mundial, idea reafirmada con su ingreso en el club nuclear en 1952, que no podía conformarse con integrarse y liderar a la Europa Occidental. En segundo lugar, porque la defensa de su Imperial Preference System, que estaba justificado, a sus ojos, con los datos de su balanza comercial, resultaba incompatible con el modelo de uniones aduaneras europeas, patrocinado por los EE. UU. y rápidamente adoptado por Francia y el Benelux. En tercer lugar, porque el concepto de federalismo implícito en el modelo de las Comunidades que surgen del Plan Schuman, aceptable para importantes sectores de opinión de la Europa continental afectados por la deslegitimación que la guerra trajo para muchos de sus Estados y favorables a una cierta identidad europea, choca con el refuerzo del orgullo nacional que esa misma guerra supuso para el pueblo y el establishment británicos, reacios, en consecuencia, a cualquier cesión de soberanía^‍‍[105]. En cuarto lugar, el concepto de supranacionalidad, hábilmente insertado en la propuesta francesa de la CECA para alejar a los británicos según afirma George^‍‍[106], era contrario a la tradición política del Reino Unido, que descansa en la soberanía de su Parlamento y en el control democrático, elementos ambos de difícil casamiento con la tecnocracia funcionalista del modelo Monnet. Por último, ni conservadores ni laboristas creían en la viabilidad de una alternativa europea capaz de competir con el poder soviético, de ahí que su apuesta fuese el atlantismo a partir de 1949.

No obstante, eso no quiere decir que el europeísmo basado en la cooperación intergubernamental no fuese una apuesta firme de los británicos. Apuesta, por otra parte, apoyada por los países escandinavos con una importante tradición de cooperación entre sus Gobiernos, especialmente en el ámbito cultural^‍‍[107]. ¿Fue una apuesta sin recorrido? Pensamos que no. El proceso de institucionalización de la UO tuvo su influencia en las Comunidades. No en balde, cuatro de los seis países miembros la habían vivido. El COREPER no es completamente ajeno a la experiencia de la Comisión Permanente de la UO. Las formaciones del Consejo de la Unión Europea no lo son a los comités de ministros especializados de la UO. La comitología no lo es a los subcomités y grupos de trabajo creados como forma de trabajo en el seno de la UO.

¿Cómo no ver influencia de la vía de la cooperación intergubernamental en la oficialización del método abierto de coordinación, tras la Estrategia de Lisboa (2000)? Conviene reparar que este método de trabajo, extendido en la actual UE, deja fuera de juego al Parlamento y al Tribunal de Justicia y le concede a la Comisión una mera función supervisora. Un método articulado sobre la base de encontrar soluciones comunes que se traducen en legislación vinculante y en el intercambio de buenas prácticas, no muy lejano todo ello a la forma de trabajo que se describía para el funcionamiento de los comités sociales y culturales de la UO^‍‍[108]. Por lo demás, sus campos de actuación: empleo, protección social, juventud y educación, coinciden bastante con los más activos campos de actuación de la UO y del Consejo de Europa.

La defensa de los derechos humanos, bandera esencial del Consejo de Europa y de su Tribunal de Estrasburgo, constituyeron una excepción. Churchill y los suyos sí defendieron la supranacionalidad como garantía de unos valores que entendían amenazados por el Gobierno intervencionista laborista, que aprobó la Convención Europea de Derechos Humanos que dejaba fuera los derechos económicos y sociales, convencido de la mayor efectividad de la OIT para garantizarlos frente al Tribunal de Estrasburgo, maniatado por la Comisión Europea de Derechos Humanos hasta la reforma que entró en vigor en 1998.