MEMORIA Y TRANSICIÓN EN ESPAÑA.
EXHUMACIONES DE FUSILADOS REPUBLICANOS Y HOMENAJES EN SU HONOR

I. INTRODUCCIÓN^‍‍[1] [Subir]

En este artículo se estudia el «primer ciclo» de exhumaciones de republicanos fusilados durante la Guerra Civil y la posguerra, y enterrados en fosas comunes sin identificar. Este ciclo, que hasta ahora no se había investigado de forma exhaustiva^‍‍[2], se inició durante la transición a la democracia y se prolongó, con una intensidad variable, hasta los años noventa, pero el momento cumbre se produjo entre 1978 y 1980, con un pico importante en 1979^‍‍[3].

Estas iniciativas de desenterramiento y dignificación tuvieron lugar antes del denominado «giro forense»^‍‍[4], que comenzó a gestarse a partir de la invitación que cursó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a la American Association for the Advancement of Science para que les asistieran en la investigación científica de los desaparecidos en Argentina^‍‍[5]. La constitución en 1984 del Equipo Argentino de Antropología Forense, asistido por Clyde Snow y otros expertos^‍‍[6], fue un hito fundamental a nivel internacional para que se produjera el mencionado giro forense, aunque hubo otros antecedentes relevantes, como los que señala Moon en su artículo^‍‍[7].

Tras la exhumación acometida en Priaranza del Bierzo (León) en el año 2000 se desencadenó un «segundo ciclo» que habría de ser mucho más mediático que el anterior. Los desenterramientos posteriores a esa fecha —y, por lo tanto, al giro forense— no han dejado de recibir atención tanto en la prensa nacional como en la internacional y, por lo tanto, su impacto social ha sido mucho mayor. A partir de entonces la recogida de restos se empezó a llevar a cabo, en la mayoría de las ocasiones, siguiendo protocolos científicos, y comenzaron a proliferar las asociaciones dedicadas a este fin, empezando por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), creada en el 2000 y directamente ligada a aquella primera exhumación científica. Este es también el año en el que el Partido Popular obtuvo, por vez primera, mayoría absoluta en el Parlamento y fue en esta legislatura cuando se dispararon, por parte de varios partidos de la oposición, las iniciativas relacionadas con el pasado bélico y dictatorial^‍‍[8].

En las exhumaciones del «segundo ciclo», aún vigente, se conjuga la presencia de familiares de republicanos represaliados con la de distintos profesionales, fundamentalmente antropólogos forenses y arqueólogos, además de voluntarios que ofrecen su colaboración bajo la supervisión de los anteriores. Estos equipos técnicos^‍‍[9] trabajan con rigor para demarcar el perímetro de las fosas y cavan la tierra con esmero para no dañar los restos, esforzándose por respetar su individualidad para una posible identificación genética posterior^‍‍[10]. El arranque de esta nueva etapa también supuso la implicación activa de una parte de la generación de los nietos y los biznietos de quienes combatieron en la Guerra Civil^‍‍[11], los cuales, hasta ese momento, no habían desempeñado un papel particularmente activo en la reivindicación de las víctimas del franquismo.

En contraste, en las exhumaciones del «primer ciclo» no se siguió protocolo científico alguno, sino que las llevaron a cabo familiares (con un cierto predominio de las viudas y madres, aunque también estuvieron muy presentes hermanos/as e hijos/as), amigos y, en ocasiones (al menos en Extremadura), trabajadores del empleo comunitario contratados por los Ayuntamientos para este fin. Estas personas no tenían conocimientos anatómicos y utilizaron herramientas propias de las labores agrícolas para recuperar, con frecuencia solo parcialmente, los restos.

Los huesos, en la mayoría de las ocasiones, se apilaron de acuerdo a su tipo o tamaño, sin preservar su individualidad. Aunque a veces se lograba identificar a las víctimas por algún defecto físico o por el hallazgo de efectos personales, el principal objetivo era recoger la mayor parte de restos que fuera posible y enterrarlos de forma conjunta en el cementerio bajo una lápida en la que figurara no solo el nombre de las personas que se creía que habían sido desenterradas, sino también una leyenda que les rindiera tributo. Con frecuencia se erigieron grandes mausoleos y se añadieron nombres de víctimas de esa localidad que aún yacían en lugares no identificados, que estaban enterradas en la fosa común del cementerio o que habían sido fusiladas tras juicios sumarios y yacían en otros camposantos. Lo importante, a la hora del homenaje, era incluir al conjunto de víctimas mortales del franquismo de la localidad sin exclusiones. Por lo tanto, las inscripciones de estos monumentos funerarios cumplen una función más reparadora que registral.

Las exhumaciones de este ciclo, a diferencia de las del segundo, apenas recibieron atención mediática a nivel nacional, aunque en ocasiones sí fueron cubiertas por la prensa local. El único medio de ámbito nacional que prestó una atención notable, aunque no sistemática ni exhaustiva, a este ciclo de exhumaciones fue la revista Interviú^‍‍[12].

Más allá de la poca atención que han recibido las exhumaciones del «primer ciclo», este artículo se centra en él porque arrancó en una etapa —la transición española— que ha solido ser caracterizada por su resistencia a afrontar en el ámbito político y social lo que ocurrió durante la guerra y el franquismo^‍‍[13]. El contraste entre el discurso de los partidos a nivel nacional, en el que primaron las menciones a la «reconciliación nacional», así como el deseo de arrumbar los aspectos más dolorosos del pasado, y las numerosas exhumaciones y tributos a las víctimas del franquismo que se llevaron a cabo a nivel local en determinadas provincias, constituye, por lo tanto, una interesante paradoja sobre la que merece reflexionar.

En este artículo voy a presentar tanto una visión general de lo que ocurrió en las cuatro provincias que he investigado hasta la fecha (Cáceres, Badajoz, Navarra y La Rioja) como un relato algo más detallado de los rasgos más importantes de las dos primeras exhumaciones que tuvieron lugar en la zona analizada: Marcilla (Navarra) y Casas de Don Pedro (Badajoz). La combinación de las perspectivas macro y micro me permitirá abordar mejor las dinámicas generales del fenómeno, e ilustrar, mediante ejemplos particularmente significativos, algunas características de estos procesos.

II. FUENTES DE DATOS Y DEBATE TEÓRICO[Subir]

La unidad de análisis de esta investigación son los municipios y las observaciones recogidas en la base de datos que he creado (EXFOTRAN)^‍‍[14] son las exhumaciones y los funerales que tuvieron lugar en ellos^‍‍[15]. La recogida de datos ha sido laboriosa y compleja por varios motivos. En primer lugar, porque entre los años treinta y los setenta ha habido no pocas variaciones a nivel local: algunos municipios han desaparecido y se han creado otros nuevos. En segundo lugar, porque varios desenterramientos se llevaron a cabo de forma clandestina, en cuyo caso solo ha quedado huella oral de los mismos. En tercer lugar, porque la documentación de los Gobiernos Civiles, de los cuales dependían las jefaturas provinciales de Sanidad, que eran las encargadas de recibir, otorgar —o denegar— las autorizaciones, ha desaparecido en varias provincias. Y, en cuarto lugar, porque el estado de conservación de la documentación en los ayuntamientos varía mucho de un caso a otro.

Las principales fuentes de información de este trabajo son: a) aproximadamente 250 entrevistas; b) material de archivo de carácter local, provincial y estatal; c) prensa, sobre todo de carácter local; d) fotografías y filmaciones de las exhumaciones y reinhumaciones que se hicieron entre los años setenta y los noventa^‍‍[16], y e) también he recopilado las anotaciones manuscritas y los documentos mecanografiados de quienes protagonizaron estas iniciativas explicando cómo se organizaron^‍‍[17], de qué manera consiguieron reunir el dinero que necesitaban para construir el mausoleo^‍‍[18], los bocetos que elaboraron sobre cómo debían hacerse los monumentos funerarios^‍‍[19], la correspondencia que intercambiaron entre ellos y, en ocasiones, también con agrupaciones locales de partidos o sindicatos.

El marco teórico de esta investigación arranca de una serie de paradojas que, a su vez, suponen retos importantes para la literatura existente. Nos encontramos ante un conjunto de movilizaciones llevadas a cabo por personas que en principio contaban con muy pocos recursos económicos y organizativos. Estas iniciativas fueron muy escasas en determinadas provincias, como en Cáceres, pero en otras resultaron muy abundantes, sobre todo en Navarra y Badajoz. Pero lo que entonces se hizo, dada su poca estructuración y carácter efímero, no parece poder caracterizarse como un movimiento social al uso.

Si las comisiones gestoras de familiares que algunas veces se crearon hubieran permanecido con posterioridad a la exhumación, podríamos estar ante algo parecido a lo que Verberg ha denominado «activismo social basado en la familia». Ella define este fenómeno como una gama de actividades de diversa naturaleza llevadas a cabo por familiares de víctimas, que pretenden incrementar la conciencia sobre el hecho que causó la muerte de sus parientes e intentar modificar una serie de políticas para evitar que la tragedia vuelva a repetirse. Según esta autora, «el dolor es un potente catalizador del activismo» y quienes tienen en común haber perdido a un familiar por un motivo parecido con frecuencia se organizan para acometer distinto tipo de actos conmemorativos con el fin de sobrellevar el duelo y conseguir aceptar la pérdida. En la mayoría de las prácticas de activismo familiar que esta autora investiga, los protagonistas consideran que las muertes de sus seres queridos fueron «injustas o evitables». Por ese motivo tratan de crear, mediante actos públicos celebrados de forma periódica, «comunidades de memoria» que trasciendan el espacio íntimo de los familiares directamente afectados, pues intentan transformar la visión del mundo que tienen los demás para, de esta forma, introducir cambios en la agenda política que eviten la repetición de la tragedia^‍‍[20].

Estas ambiciones son, desde luego, mucho más propias de las asociaciones de memoria actuales que de las humildes y efímeras comisiones gestoras que se han mencionado con anterioridad. Por lo tanto, el estudio de Verberg sobre el activismo familiar, aunque contiene reflexiones muy pertinentes sobre el objeto de estudio de este artículo, no se adecúa plenamente al mismo.

Algo parecido ocurre con los trabajos realizados específicamente sobre asociaciones de familiares de desaparecidos, como el de Rowayheb y Ouaiss, centrado en el Líbano^‍‍[21]. Aunque en dicha investigación también se plantean consideraciones muy sugerentes, tampoco constituye un marco teórico adecuado, pues se analiza una asociación que ha perdurado en el tiempo, que representa a un colectivo de carácter nacional y que aspira a introducir cambios en la agenda política del país. Ninguna de estas tres condiciones se cumple en nuestro caso.

La literatura sobre justicia transicional, por su parte, con algunas interesantes excepciones, ha tendido a poner el foco de atención en las políticas de verdad, memoria, justicia y reparación llevadas a cabo por los Estados u otras autoridades de carácter subestatal en la era posterior al «giro forense», mientras que las iniciativas que se estudian en este artículo han sido llevadas a cabo por ciudadanos, con frecuencia al margen del Estado y sus agentes, incluido el Poder Judicial, que nunca se ha involucrado en la búsqueda de desaparecidos de la guerra y el franquismo. En realidad, estamos ante lo que he denominado procesos de «autorreparación» y «autohomenaje» que se organizan ante la inacción del Estado, la indiferencia de los jueces y la presencia de unas élites políticas mayoritariamente reacias a mirar al pasado.

Esta investigación también plantea importantes retos a quienes hemos defendido que, durante la transición, se arrumbaron los aspectos más dolorosos de la historia reciente porque sus protagonistas políticos y mediáticos, además de la mayoría de la sociedad, consideraron que esta era la mejor forma de transitar pacíficamente a la democracia. Y es que lo que fue cierto a nivel estatal no parece haberlo sido necesariamente en unidades menores de análisis.

Es innegable que las autoridades políticas de la transición no establecieron diálogo alguno con las víctimas de la dictadura para conocer sus necesidades ni sus demandas, y los dos principales partidos de izquierdas se apresuraron a suscribir una política de reconciliación nacional consistente en dejar de lado los aspectos más espinosos del pasado. Se atendieron, otorgando pensiones, las necesidades más perentorias de las viudas del bando republicano, que no las habían podido cobrar con anterioridad, pero nadie se preocupó, salvo a nivel local, de ayudar siquiera a trasladar los restos de los muchos miles de fusilados que yacían en campos, pozos y cunetas para darles un entierro digno.

Es verdad que las principales formaciones de izquierda tenían muy poco interés en remover el pasado, pero también lo es que, por aquel entonces, los partidos políticos tenían una implantación territorial muy débil y estaban simplemente ausentes en muchos pueblos. Esto dejaba un amplio margen de maniobra a los alcaldes y concejales, a quienes las instrucciones de los órganos estatales de sus partidos llegaban, en el mejor de los casos, como un eco muy lejano.

El propósito de encontrar un marco teórico adecuado a las exhumaciones del primer ciclo me ha llevado, finalmente, en dos direcciones complementarias. En primer lugar, a la teoría de la acción colectiva^‍‍[22]. Es cierto que en estas iniciativas no se proporcionaron «incentivos selectivos» a sus participantes, puesto que quienes asumieron su coste y los riesgos que conllevaban se beneficiaron en igual medida que aquellos que no se atrevieron a involucrarse. Sin embargo, hubo dos elementos propios de la acción colectiva que sí les resultaron algo más propicios: a) el tamaño de los grupos era pequeño, lo que permitía ejercer un mayor control sobre sus miembros y evitar más fácilmente el conocido problema del «gorrón» o «polizón» (free rider), y b) el papel crucial desempeñado por los pioneros o «empresarios políticos», en palabras de Olson^‍‍[23]. No conviene subestimar que muchas iniciativas de carácter social son lideradas por personas de una audacia, tenacidad y valor excepcionales, capaces de arrostrar peligros y sortear todo tipo de dificultades. Sus características son asimilables a los que Tarrow denomina «madrugadores» (early risers) en los ciclos de protesta, que son quienes proporcionan oportunidades a otros actores y contribuyen a difundir el fenómeno^‍‍[24]. Gracias al liderazgo ejercido por estos pioneros puede irse formando una «masa crítica» que traspasado determinado umbral, conocido como punto de inflexión (tipping point), consigue que cada vez más gente acabe viendo como normal lo que antes se consideraba arriesgado o incluso indeseable. Una vez superado ese umbral la acción colectiva incrementa notablemente sus probabilidades de éxito.

Eso es lo que les ocurrió a quienes primero se atrevieron a trasladar restos de republicanos en la transición. Gracias al trabajo de campo he podido identificar y entrevistar a varios de estos pioneros (en muchos casos mujeres), y constatar así hasta qué punto están dotados de una gran capacidad organizativa, así como de un empuje y carisma extraordinarios. Muchas de estas personas tuvieron que afrontar, con muy pocos recursos materiales, todo tipo de obstáculos, incluidas amenazas, para conseguir sus objetivos. En algunos casos acabaron contando con la ayuda de una serie de actores, suficientemente poderosos a nivel local como para contribuir, de forma significativa, al éxito final de sus iniciativas.

La segunda fuente de inspiración de esta investigación son las investigaciones sobre los efectos espaciales de los fenómenos sociopolíticos y el denominado «efecto difusión» o «efecto contagio». Según estas teorías, la probabilidad de que se produzcan iniciativas como las que aquí se analizan suele incrementarse —o reducirse si los resultados no son los esperados— a medida que se llevan a cabo en lugares próximos. Por ejemplo, autores como Tolnay, Deane y Beck han puesto a prueba estas tesis en fenómenos como la propagación de los linchamientos de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos a finales de siglo xix y principios de xx ‍‍[25]. Otros autores, como Brinks y Coppedge, las han utilizado para tratar de explicar la extensión de la democracia en el mundo a partir de la proximidad geográfica entre los países^‍‍[26].

Con el fin de documentar la difusión de estas iniciativas disponemos, además de mapas que demuestran el contagio entre municipios vecinos, de abundantes testimonios orales que lo avalan y de un relato del proceso sumamente minucioso y revelador escrito por una de las principales pioneras de Navarra: Josefina Campos, a quien he entrevistado en varias ocasiones^‍‍[27]. Aunque ella no participó en la primera exhumación que se llevó a cabo en dicha provincia, sí fue la que, inspirada por la que se había hecho en Marcilla, contribuyó —junto a otros actores clave en esta operación, como José María Jimeno Jurío— a coordinar a familiares de muchos pueblos de la Ribera Navarra para llevar a cabo, de forma conjunta, la búsqueda de restos y la celebración de homenajes y funerales multitudinarios. Los impulsores de las exhumaciones que se llevaron a cabo en los dos pueblos pioneros —Marcilla y Casas de Don Pedro— de las cuatro provincias estudiadas también han sido entrevistados.

III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS[Subir]

Al seleccionar las cuatro provincias analizadas, que se corresponden, en la actualidad, con tres comunidades autónomas, se han buscado tanto rasgos comunes (provincias en las que se llevaran a cabo exhumaciones desde muy temprano) como contrastes con el fin de intentar explicar mejor el fenómeno en su conjunto. La unidad de análisis principal es el municipio. La ventaja que Guy Peters otorga al análisis de las unidades subnacionales consiste en que, al mantener constantes ciertos rasgos básicos del sistema político y de la estructura socioeconómica, es más sencillo aislar los factores que realmente dan cuenta del fenómeno que queremos explicar^‍‍[28].

En primer lugar, las diferencias ideológicas anteriores a la Guerra Civil eran notables. Mientras que el Frente Popular obtuvo una importante victoria en las elecciones de 1936 en Extremadura, obteniendo siete de los nueve nueve escaños en liza en Cáceres y once de catorce en Badajoz, el Bloque de Derechas obtuvo «el copo» en Navarra (los siete escaños), mientras que en La Rioja se llevó tres de los cuatro posibles. El partido que más escaños obtuvo en Extremadura fue el PSOE (tres en Cáceres y seis en Badajoz), mientras que los carlistas se llevaron cuatro en Navarra^‍‍[29].

En segundo lugar, como Navarra y La Rioja cayeron desde el principio de la guerra en manos de los franquistas, la violencia republicana fue inexistente. A principios de 1937 casi la totalidad de Cáceres había sido tomada por los rebeldes; aquí sí que hubo represión revolucionaria, pero en escasa medida. Sin embargo, una parte de Badajoz y dos municipios de Cáceres (Alía y Madrigalejo) permanecieron leales a la República hasta el final del conflicto. Esta sección de la provincia, completamente rodeada por zona franquista, es la que se conoce como «Bolsa de la Serena»^‍‍[30] (la «hernia roja», en terminología franquista), y en ella tuvieron lugar dinámicas muy diferentes. Particularmente, la represión republicana fue mucho mayor aquí que en otras zonas de la provincia. Y cuando finalmente cayó en manos de los franquistas, los crímenes extrajudiciales que estos llevaron a cabo fueron también muy abundantes^‍‍[31]. Según las cifras aportadas por los estudios más recientes, la represión franquista en Badajoz fue siete veces y media superior a la republicana^‍‍[32].

También existen variaciones importantes dentro de cada provincia. Por ejemplo, los crímenes franquistas en Navarra se concentraron en la zona en la que los sindicatos eran más fuertes, la Ribera; mientras que en La Rioja su incidencia fue mayor justo al otro lado del Ebro, esto es, en el norte de la provincia^‍‍[33].

Después de la guerra, una vez que la dictadura se estableció en todo el territorio, solo los familiares de los franquistas fueron autorizados a localizar, exhumar y reinhumar con todos los honores los restos de sus allegados enterrados en fosas comunes. La legislación al respecto fue muy abundante durante los primeros años de la posguerra, en los que se produjo tal trasiego de cadáveres que se acabaron limitando los meses en los que podían producirse los desenterramientos para evitar problemas sanitarios. Los deudos de los vencedores no solo recibieron ayudas económicas para llevar a cabo estas tareas, sino que algunas fosas pudieron acotarse y beneficiarse de la misma protección legal que los camposantos.

En la mayoría de los pueblos y las ciudades se celebraron grandes manifestaciones, con la participación de autoridades civiles y religiosas, para rendir tributo a los muertos del bando vencedor. Y, cuando se llevaba a cabo algún traslado de restos, dependiendo del estatus de las víctimas en cuestión, las ceremonias podían llegar a ser igualmente importantes. Es bien sabido que por todas partes se erigieron monumentos y se hicieron inscripciones dedicadas a los «caídos por Dios y por España». Además de las placas en las fachadas de las iglesias, que aún pueden verse en no pocas localidades, se erigieron «cruces de los caídos» en lugares particularmente visibles, muchas veces con inscripciones en las que figuraban los nombres de los muertos del bando vencedor y la simbología franquista habitual de la época (el yugo y las flechas, y el águila de San Juan). También se construyeron mausoleos en los cementerios para rendirles honores^‍‍[34].

Durante la Guerra Civil, en casos excepcionales los familiares de los republicanos fueron autorizados a recoger los restos recién fusilados de sus allegados y se les permitió darles sepultura, normalmente en una fosa común del cementerio. Algunas familias pudientes llegaron a ofrecer dinero a personas humildes para que sacaran, por la noche, a sus allegados de las fosas comunes y los enterraran de forma clandestina en el panteón familiar. Pero en ninguno de estos casos los familiares pudieron añadir inscripción alguna en las lápidas mortuorias. Hasta tal punto llegó la obsesión de los vencidos por intentar borrar de la faz de la tierra cualquier indicio de que los represaliados habían llegado a existir. En otros casos, igualmente excepcionales, se llegó a conseguir, varios años después de la guerra, el permiso de algún gobernador civil, o del alcalde de algunas localidades, para desenterrar, con enorme discreción, restos de fusilados para trasladarlos al mausoleo familiar. Hay, al menos, dos casos en Marcilla en que ello fue posible, de nuevo sin inscripciones.

Muchos de los restos óseos que yacían en fosas comunes fueron trasladados en los años cincuenta a la cripta del Valle de los Caídos, en el caso de los vencidos sin el permiso de sus familiares. El incompleto y desactualizado «mapa de fosas» (alojado en la web del Ministerio de Justicia), que se creó por mandato de la popularmente conocida como «ley de memoria histórica», permite ubicar muchos de sus emplazamientos.

Por último, en los últimos años de la dictadura se autorizaron unas pocas exhumaciones en casos en los que distintas clases de construcciones iban a erigirse justo en el emplazamiento de las fosas, lo que habría supuesto, como ocurrió en tantas ocasiones, su desaparición u ocultamiento definitivo.

Pero, en términos generales, los familiares de las víctimas de la represión franquista no pudieron desenterrar a los suyos. Tampoco les autorizaron a celebrar funerales y sus nombres no quedaron grabados en las fachadas de las iglesias, en las placas conmemorativas, ni en las cruces de los caídos. Sus nombres tampoco sirvieron para bautizar las calles y plazas de los municipios, pues estos espacios estaban reservados para los «caídos por Dios y por España».

Así las cosas, a la muerte de Franco aún quedaban varios miles de personas enterradas en multitud de fosas comunes dispersas por todo el país. Lo que los allegados de los vencidos perciben como agravio y humillación es que sus familiares hayan estado tanto tiempo —y en no pocos casos aún estén— «tirados como perros» (esta es una expresión que se repite constantemente en las entrevistas) y que sus nombres hayan sido vilipendiados o, en el mejor de los casos, relegados al olvido, como si nunca hubieran existido. De hecho, muchos de ellos ni siquiera pudieron ser inscritos en el registro de defunciones hasta bien entrada la democracia, con todos los problemas que ello conllevaba para sus familiares.

La prohibición, tanto de trasladar a los muertos como de ofrecer a sus deudos un lugar digno donde enterrarlos y de celebrar cualquier ritual de luto en su memoria, había dejado unas heridas profundas que permanecían manifiestamente abiertas cuando se inicia la transición. Muchos miles de asesinados no figuraban en registro alguno y sus restos no reposaban en los camposantos (salvo, en ciertos casos, en fosas comunes sin identificar). Tras la muerte de Franco existía una gran incertidumbre sobre cómo evolucionaría la situación, aún pervivían actores poderosos heredados de la dictadura y existía un miedo nada desdeñable a la repetición de la guerra, incrementado, sin duda, por unos niveles muy elevados de conflictividad social y violencia política. A pesar de que muchos pensaron que ese momento histórico no parecía el más propicio para reivindicar la memoria de los vencidos, algunas familias decidieron no esperar más y, superando la aprensión, los obstáculos administrativos y, en ocasiones, las amenazas, se propusieron exhumar a sus deudos y enterrarlos, con honores, en el cementerio de la localidad. Otras siguieron paralizadas por el temor a remover el pasado y ni siquiera pensaron, porque ya se ha explicado que la difusión mediática de estas iniciativas fue muy escasa, que tal cosa pudiera ser posible hasta muchos años después.

IV. EXHUMACIONES Y HOMENAJES EN LA TRANSICIÓN[Subir]

Mientras que en muchas partes de España aún se está debatiendo qué hacer con los legados simbólicos del régimen franquista, en no pocos pueblos aprovecharon la llegada de los alcaldes izquierdistas tras las elecciones de abril de 1979 para quitar placas de las iglesias, borrar las inscripciones de las cruces de los caídos, quitar las placas de las calles —con frecuencia recuperando las que habían tenido antes de la guerra— y erigir panteones a las víctimas del franquismo, sobre todo, aunque no exclusivamente, cuando lograron trasladar los restos. En algunos lugares, los símbolos de la dictadura desaparecieron con nocturnidad o aparecieron rotos en algún descampado.

En consonancia con la consigna de la «reconciliación española», en numerosos municipios sustituyeron las viejas inscripciones sectarias de las cruces por otras de carácter inclusivo, aunque, con frecuencia, un tanto abstractas^‍‍[35]. Sin embargo, los epitafios de los mausoleos fueron mucho más explícitos y combativos.

Como puede observarse en el gráfico 1, el primer ciclo de exhumaciones se inició durante la transición a la democracia y se prolongó hasta los años noventa, pero el momento cumbre se produjo entre 1978 y 1980, con un pico clarísimo en 1979. Es muy probable que la intentona golpista de 1981 tuviera un efecto disuasorio en muchos municipios, pero este gráfico demuestra que el ritmo de estas iniciativas empezó a declinar ya en 1980.

En el gráfico 2 se pueden ver desglosadas las cuatro provincias que se analizan en esta investigación. Solo en Badajoz se mantuvieron constantes las iniciativas de traslado y dignificación de restos entre 1979 y 1980, reduciéndose en los otros tres casos entre esos dos años. A partir de 1981 las exhumaciones ya solo tuvieron lugar de forma esporádica.

En los siguientes mapas se muestra la evolución del primer ciclo de exhumaciones en Extremadura entre 1978 y 1984.

Como se observa, el fenómeno comienza precisamente en la denominada «Bolsa de la Serena», la última en caer en manos franquistas y, cinco años más tarde, se ha empezado a difundir por la región, muy particularmente en Badajoz, donde la represión franquista fue mucho más elevada y estuvo más diseminada por toda la provincia. Pero también se observa que la difusión de estas iniciativas se ha producido de forma muy dispersa y, por lo tanto, poco exhaustiva, pues muchos municipios con republicanos enterrados en fosas comunes no adoptaron estas medidas.

En estos otros mapas se muestra la evolución del primer ciclo de exhumaciones en Navarra y La Rioja entre 1978 y 1984.

Aquí el fenómeno es completamente diferente. Aunque en 1978 las iniciativas brotaron de forma tan dispersa como en Extremadura, pocos años más tarde los municipios que habían logrado trasladar y dignificar los restos aparecen mucho más concentrados. Y esta concentración tiene lugar precisamente en las mismas zonas que fueron más fuertemente represaliadas, las cuales, a su vez, coinciden, en términos generales, con aquellas en las que el Frente Popular había obtenido un respaldo mayor.

Aunque en las cuatro provincias se llevaron a cabo exhumaciones y homenajes durante la transición, no todas ellas lo hicieron al mismo ritmo ni de la misma manera. En el gráfico 3 se muestra una diferencia muy importante entre el número de exhumaciones que tuvieron lugar en estas provincias antes y después de la celebración de las elecciones municipales de 1979.

Con anterioridad a los comicios (la barra azul del gráfico), los traslados de restos fueron mucho más abundantes en Navarra que en cualquier otra provincia.

En términos porcentuales, las diferencias entre las dos provincias que se mostraron más activas, Navarra y Badajoz, son aún más claras. Mientras que en Navarra el 42 % de las exhumaciones tuvieron lugar antes de la celebración de estos comicios, en Badajoz tan solo el 14 % de los municipios se adelantaron a los mismos, lo que prueba que aquí la llegada de los Ayuntamientos de izquierdas fue más determinante que en Navarra y que la mayoría de los familiares solo se atrevieron a proponer el traslado de los restos cuando consideraron que iban a encontrar el respaldo de las nuevas corporaciones municipales.

El hecho de que los navarros no tuvieran que esperar hasta la llegada de los Ayuntamientos democráticos es un claro indicio de que en esta provincia los familiares contaron con más apoyos y también que lograron coordinarse mejor. De hecho, un hallazgo fundamental del trabajo de campo realizado en esta provincia es que en muchos municipios se crearon «comisiones gestoras» formadas por familiares y párrocos, se siguió un protocolo común para llevar a cabo estas iniciativas y los familiares de distintos pueblos colaboraron estrechamente entre sí.

Javier Vesperinas, por aquel entonces párroco de Marcilla —el primer pueblo de las cuatro provincias en el que se logró trasladar restos de fusilados, celebrar un funeral y hacer un homenaje en el cementerio—, en la única entrevista que ha concedido hasta la fecha, tuvo la generosidad de compartir conmigo las notas personales que entonces tomó sobre cómo debían impulsarse este tipo de iniciativas. Es un testimonio muy valioso y sus escritos son fundamentales porque en ellos recoge, no racionalizaciones ex post, sino sus impresiones personales en aquellos momentos sobre, por ejemplo, las trabas que hubieron de afrontarse al principio y las emociones que entonces experimentaron las personas involucradas. Lo que él hizo, en realidad, fue crear un protocolo de actuación sumamente útil que seguirían fielmente los familiares de los pueblos de la Ribera navarra. De hecho, tanto este párroco como Josefina Campos, dos de los principales protagonistas de este primer impulso reparador en Navarra, subrayan la asombrosa coordinación que se dio entre los distintos pueblos.

Este párroco, desde luego, no dejaba nada a la improvisación. Incluso señala la conveniencia de evitar que los homenajes tuvieran lugar en fechas que pudieran indicar afán de revancha. Hombre de ideas muy moderadas, insiste en la importancia de proceder con la mayor discreción. Vesperinas también registró en sus escritos el miedo inicial de los familiares a que la derecha pudiera profanar los restos o el lugar de enterramiento, así como la emoción con la que acometieron la búsqueda de las fosas y el extraordinario alivio que sintieron aquellos al poder darles una sepultura digna en el cementerio. La frase más repetida, según su testimonio, era: «Por fin los tenemos en casa».

La colaboración entre las diversas comisiones gestoras que se crearon en los pueblos no solo era necesaria dada la enorme dispersión de los restos (los represaliados de un mismo pueblo solían encontrarse en varios términos municipales diferentes), sino que fue deliberadamente propiciada para mejorar la eficacia de las iniciativas. Cuanta más gente respaldaba las gestiones más sencillo resultaba afrontar las trabas administrativas, y cuantas más personas participaban en los actos de homenaje —incluso se llegaron a fletar autocares desde varios pueblos—, más fácil era vencer el miedo que todos reconocían sentir y, como se me ha señalado en más de un testimonio, más acompañados se sentían los dolientes.

La coordinación también contribuyó a la velocidad con la que se difundieron estas iniciativas y explica la cantidad de municipios que se vieron beneficiados por ellas. Las primeras comisiones gestoras navarras decidieron dejar a los partidos y a los sindicatos fuera de los actos de homenaje, e intentaron, al menos al principio, que estos estuvieran lo menos politizados que fuera posible, aunque siempre hubo familiares que aportaron banderas, sobre todo republicanas, y, con el tiempo, el tono ideológico se fue elevando.

Precisamente una de las consignas que el párroco de Marcilla deja explícitamente reflejada en sus notas mecanografiadas es la de «evitar interferencias de partidos políticos»; también afirma lo siguiente: «Los partidos PSOE, PNV y PCE anunciaron su no intromisión». Está claro que Vesperinas quería que estos actos tuvieran un contenido netamente religioso y familiar^‍‍[36]. También es cierto que los parientes que impulsaron las primeras exhumaciones temían que la implicación de los partidos pudiera dar al traste con sus iniciativas, ya que ello podría haber suscitado la suspicacia de las autoridades y la resistencia de los más reaccionarios.

También es verdad que el PSOE y la UGT, que en aquellos momentos tenían una implantación muy débil en Navarra, no mostraron gran interés en reivindicar a sus víctimas, como lo demuestra un documento del Comité Provincial de la Federación Socialista de Navarra del PSOE del 4 de febrero de 1978, en el que indica a sus agrupaciones locales la conveniencia de mantenerse al margen de estas exhumaciones y homenajes para evitar ser tildados de revanchistas. Esta es la obsesión que ha perseguido al PSOE desde hace décadas y la que ha permitido que, durante mucho tiempo, hayan sido otros partidos los que hayan acabado rindiendo tributo a las víctimas del franquismo, cuyo grupo más nutrido era, sin embargo, de militancia socialista y/o ugetista.

En claro contraste con la experiencia navarra, el 84 % de las exhumaciones de Badajoz tuvieron lugar tras las elecciones municipales del 79. De estas, el 69 % se hicieron con alcaldes socialistas, el 19 % con alcaldes ucedistas, el 9 % con alcaldes comunistas y la única restante con un alcalde de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). Los párrocos, salvo en algún caso aislado, se limitaron a celebrar los funerales, e incluso en alguna ocasión se negaron a que los restos entraran en la iglesia o se resistieron a celebrar una misa por ellos. Tampoco contribuyeron a crear comisiones gestoras con los familiares, ni se coordinaron entre ellos para facilitarles los trámites administrativos, lo que sin duda habría ayudado a expandir el fenómeno. En muy pocos casos, los familiares se negaron a que se celebraran funerales. Sin embargo, sí que hubo una cierta coordinación, aunque mucho menos exhaustiva y eficiente que en Navarra, entre algunos alcaldes de izquierdas y los pocos responsables locales del PSOE, la UGT y el PCE que se implicaron en estos actos.

En Badajoz, a lo largo de este primer ciclo, se exhumó en el 23 % de los municipios. Esto, en principio, podría parecer una cifra muy elevada, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de la transición, y que, hasta ahora, teníamos un gran desconocimiento del alcance que habían tenido estas iniciativas en determinadas provincias. Pero el hecho de que en Navarra llegaran a exhumar el 21 % de los municipios es mucho más significativo, porque en esta provincia, además de que la represión fue menor, estuvo concentrada en muchas menos localidades que en Badajoz.

La distinta intensidad con la que se propagó el fenómeno en ambas provincias queda nuevamente demostrada por una cifra muy elocuente que he podido obtener a partir de EXFOTRAN y que muestro en la tabla siguiente.

En la tabla 2 se observa, de forma conjunta, la tasa de represión en cada provincia junto con el porcentaje de municipios que, habiendo tenido un 1,5 % o más de la población represaliada por los franquistas, acometieron actos de traslado y dignificación de restos. Entre corchetes figura el puesto que ocupa la provincia en cada una de las dos columnas^‍‍[37]. El resultado más llamativo es que, mientras que el 93,5 % de los municipios navarros más represaliados exhumaron a sus deudos, solo lo hicieron el 32,7 % de los pacenses.

El bajísimo porcentaje de municipios que exhumaron en Cáceres, aunque guarda cierta coherencia con el hecho de que aquí la represión franquista fuera mucho menor, también podría deberse a que en esta provincia la izquierda tuvo menos éxito electoral que en Badajoz^‍‍[38]. En consonancia con ello, aquí solo exhumaron el 16 % de los municipios con un 1,5 % o más de la población represaliada por los franquistas.

Respecto a La Rioja, que es la segunda provincia que más sufrió la violencia de los golpistas en términos relativos a su población, habría sido esperable que se hubieran realizado más traslados de restos y homenajes que en Navarra, pero solo exhumaron el 26 % de los pueblos que sufrieron un 1,5 % o más de bajas por la represión franquista.

Aunque es cierto que en La Rioja se beneficiaron, por vecindad, de la gran coordinación que se produjo en Navarra entre los familiares de distintos pueblos y los párrocos, este fenómeno no se llegó a organizar aquí con la misma eficacia ni contó con un ambiente tan propicio como en Navarra. De hecho, La Rioja fue la provincia en la que la derecha obtuvo los mejores resultados de las cuatro analizadas en las elecciones municipales de 1979.

Efectivamente, también debió de influir mucho en el número de desenterramientos el diferente respaldo que las distintas candidaturas obtuvieron en estas elecciones en ambas provincias. Navarra es un caso especial, pues ya se ha mencionado que aquí casi la mitad de las exhumaciones se habían producido antes de los comicios. Además, el panorama electoral resultó estar mucho más fragmentado y ser más complejo: distintas candidaturas independientes consiguieron el mayor porcentaje de voto en las elecciones (el 46 %) y se alzaron con el mayor número de concejales. Estas candidaturas eran muy heterogéneas ideológicamente. En todo caso, Navarra es la provincia analizada en la que mayor respaldo consiguieron las formaciones de extrema izquierda.

Por un lado, el PSOE y el PCE consiguieron sus mejores resultados en Extremadura, sobre todo en Badajoz. Además, hay otro dato fundamental, anteriormente apuntado, que se debe tener en cuenta: los militantes del PSOE y de la UGT fueron, en conjunto, los más represaliados por los franquistas en el conjunto de España en la guerra y la posguerra. Pero donde más peso histórico había tenido la familia socialista dentro de las cuatro provincias analizadas era en Extremadura y, muy especialmente, en Badajoz.

Por otro lado, las razones que explican la mayor implicación de un sector de los párrocos navarros en las exhumaciones de la transición están relacionadas con dos hechos cruciales. En primer lugar, indagando en las biografías de los religiosos que se mostraron más activos y que escribieron las homilías más combativas, he observado que algunos de ellos eran descendientes de represaliados, luego tenían motivaciones personales para promover las exhumaciones y los homenajes. Este fue el caso, por ejemplo, de Dionisio Lesaca, nieto y sobrino de fusilados, a quien entrevisté en mayo de 2015. Él fue el encargado de la homilía en Valtierra (Navarra) y coautor de «Historia de una ignominia», artículo publicado en 1981 por él y dos sacerdotes más en el que se explicaba lo que se había hecho en los pueblos navarros para rehabilitar a los fusilados republicanos.

Y, en segundo lugar, hay otro tipo de explicación fundamental, y es que fue un sector de la Iglesia navarra el que intentó que la Iglesia española pidiera perdón por su apoyo al bando franquista en la Guerra Civil en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes que se celebró en 1971. Esta asamblea, de hecho, es el primer hito que aparece mencionado en las notas mecanografiadas de Vesperinas. He tenido la oportunidad de entrevistar a Jesús Equiza, el sacerdote que redactó esa ponencia —que no salió aprobada porque se requería una mayoría de dos tercios— y él resultó ser una persona particularmente activa en las exhumaciones y homenajes de los años setenta y ochenta. Según explicaba, y así lo he podido constatar en otras fuentes, hubo un sector de la Iglesia navarra que se quedó sumamente frustrado por no haber conseguido sacar adelante esta iniciativa, ni otra similar que intentaron promover en 1975 aprovechando el Año Santo de la Reconciliación. Fue entonces cuando un grupo de religiosos se propuso llevar a cabo, por su cuenta, distinto tipo de actos encaminados a pedir perdón y lograr la rehabilitación de los vencidos.

De hecho, en muchas de las homilías que se escribieron para los funerales de los represaliados navarros se pide perdón por la actitud culpable de la Iglesia durante la guerra y la posguerra. Por ejemplo, en la pronunciada en Peralta, uno de los pueblos navarros más activos en esta «operación retorno», expresión que da título al libro escrito por Josefina Campos^‍‍[39], el párroco dijo lo siguiente: «Yo, hijo también como vosotros de uno de los 90 asesinados, os pido perdón, sí, os pido perdón en nombre de la Iglesia». Y más adelante afirma que «de estos árboles tronchados vilmente el 36 han brotado “frutos buenos” de honradez familiar, de fidelidad conyugal, de piedad filial, vocaciones sacerdotales y religiosas». Ciertamente, el hecho de ser descendiente de represaliado no inhibió las creencias religiosas de muchos, ni incluso la vocación religiosa de algunos, al menos en Navarra.

Muy frecuentemente fueron varios los sacerdotes que oficiaron los funerales y acompañaron los féretros por las calles del pueblo. Y, desde luego, tener a un nutrido grupo de párrocos al lado en esos momentos no era cualquier cosa. No solo porque su autoridad moral logró que se superaran con más facilidad la aprehensión y las trabas administrativas, sino por su gran capacidad de gestión y organización. Las vías de comunicación que existían entre ellos facilitaron la coordinación de las diversas acciones que había que llevar a cabo para buscar los restos, trasladarlos y organizar los homenajes ulteriores. La red de locales con la que siempre ha contado la Iglesia, igual que sirvió con frecuencia para albergar las reuniones de la disidencia incipiente al franquismo en no pocas localidades, también se usó para que los familiares de los fusilados se congregaran de la forma más discreta posible.

Toda esta labor de apoyo y coordinación propició la participación masiva en los funerales y homenajes, ayudó a los familiares a superar el miedo y mermó la probabilidad de resistencia por parte de la derecha, que seguía teniendo mucho peso en algunas partes de Navarra.

La Iglesia navarra también contribuyó a la propagación del fenómeno publicando una noticia en el boletín diocesano sobre lo acontecido en Marcilla^‍‍[40]. El funeral se había celebrado en marzo de 1978 y este artículo se publicó a mediados de junio de ese mismo año. Entre medias, no se había producido ninguna otra exhumación, probablemente porque en Marcilla habían procedido con tal cautela y discreción que, como he podido comprobar, ni siquiera tuvieron constancia de lo que habían hecho en los pueblos vecinos. Sin embargo, con posterioridad a la publicación de este artículo, que demostraba que este tipo de actos contaban con el aval de un sector de la Iglesia, estas iniciativas comenzaron a extenderse por la Ribera navarra y el norte de La Rioja.

En abierto contraste con la experiencia de Marcilla nos encontramos con la de Casas de Don Pedro, el municipio pionero de Extremadura. Las dificultades que hubo de superar la familia de Felisa Casatejada para conseguir llevar a cabo la exhumación fueron enormes. A Felisa le habían asesinado, sin mediar juicio alguno, a dos hermanos, de 17 y 19 años, una vez finalizada la guerra. Cuando se propusieron trasladar sus restos, junto con los de otros fusilados, tuvieron que afrontar las amenazas de la derecha, que hizo pintadas en el pueblo, distribuyó octavillas en contra de Felisa, presionó al párroco y al alcalde para que evitaran el traslado de restos y el homenaje, y lanzó distintos mensajes intimidatorios. Ante las amenazas de la derecha de quemar los huesos extraídos de la fosa común y destruir el panteón, algunos familiares decidieron quedarse dos días enteros en el campo vigilando los restos y, durante muchas semanas, vigilaron el cementerio hasta bien entrada la madrugada.

Felisa primero tuvo que convencer al alcalde y al párroco, que si bien eran ideológicamente conservadores y le pusieron algunas limitaciones, acabaron brindando su apoyo a los familiares de los fusilados a pesar de las presiones en contra que recibieron de la derecha más recalcitrante del pueblo. Y luego también tuvo que vencer la resistencia del gobernador civil, quien la llamó a su despacho para amenazarla con meterla en la cárcel si, durante el homenaje, se mostraban banderas o se cantaban himnos.

Los familiares, en un principio, acordaron no hacerlo, pero, llegado el momento, como esta era una zona de tradición izquierdista, y varios de los descendientes de los fusilados ya tenían en aquel momento militancia política y sindical, fueron muchos los que acabaron incumpliendo flagrantemente las órdenes del gobernador civil. En una de las fotografías publicadas en el reportaje de Interviú que vio la luz con motivo de esta exhumación se observa a algunos familiares levantando el puño, mientras que sobre los tres féretros, que contienen los restos de decenas de fusilados, se extienden banderas del PCE y del PSOE^‍‍[41].

Esta iniciativa fue mucho más improvisada que la de Marcilla y tuvo un contenido mucho más ideológico, pero la homilía del párroco fue totalmente aséptica, ya que no se hizo mención alguna a las circunstancias de las muertes. Y, a diferencia de lo ocurrido en Marcilla, ni el párroco ni el alcalde acompañaron los restos al cementerio, pues no querían irritar más aún a la derecha, de quien habían recibido muchas presiones solo por el hecho de permitir el traslado de los restos. Mientras que el Ayuntamiento de Marcilla, a solicitud del párroco, decidió ceder el terreno del cementerio de forma gratuita y afrontar todos los costes, incluido el del panteón, los familiares de Casas de Don Pedro tuvieron que comprar el terreno del cementerio a la Iglesia y hacer una colecta para sufragar todos los gastos, que fueron muy cuantiosos, como he podido comprobar en las facturas.

Otro gran contraste entre ambos casos es que, frente a la gran discreción con la que procedieron en Marcilla, donde ni siquiera se tomaron fotos, en Casas de Don Pedro, además de hacer muchas instantáneas, decidieron llamar a un reportero, pero no de una revista cualquiera, sino de Interviú para que publicara un artículo sobre ello^‍‍[42]. Los familiares me han explicado que eligieron esta revista por ser entonces la más atrevida; pensaban, con razón, que difícilmente encontrarían otra publicación dispuesta a hacerse eco de la exhumación. Con la difusión mediática de su iniciativa pretendían dos cosas: la primera, que en toda España se supiera la injusticia que se había cometido con sus familiares; y, la segunda, informar a los familiares de los fusilados que ya no vivían en el pueblo por si querían colaborar en la erección del panteón y añadir nombres a la inscripción. La revista, efectivamente, sirvió para que muchos de los allegados de los represaliados que llevaban muchos años viviendo en otros lugares conocieran esta iniciativa e incluso contribuyeran económicamente a la misma, así como al envío anual de flores al cementerio^‍‍[43].

V. LAS AMENAZAS[Subir]

Ya se ha mostrado que el traslado de los restos casi siempre vino acompañado de homenajes multitudinarios y de la erección de llamativos panteones en memoria de las víctimas del franquismo. El éxito de muchas de estas iniciativas no nos debe inducir a pensar que fuera fácil hacerlo, ni que todo el que se propuso trasladar y dignificar restos lo consiguiera. Muchas familias, sobre todo las pioneras, además de tener que superar el miedo (esta es la palabra que con más frecuencia ha salido en las entrevistas), sufrieron muchas presiones e incluso amenazas.

Además de los ejemplos ya mencionados en este artículo, podemos citar algunos otros. En Montijo, Badajoz, aparecieron pintadas amenazando de muerte al alcalde del PCE, Juan Carlos Molano, uno de los principales promotores de la exhumación y el homenaje en su localidad. Un párroco riojano sufrió, además de amenazas, agresiones físicas. Tengo la carta manuscrita en la que explica a una de mis entrevistadas que, como consecuencia de ello, había decidido dejar de asistir a las exhumaciones y los homenajes en los que hasta ese momento había participado de forma muy activa. José M.ª Jimeno Jurío, un exsacerdote que desde muy pronto se dedicó a recorrer los pueblos navarros y a grabar a multitud de familiares de víctimas para documentar con detalle el alcance de la represión, fue amenazado de muerte, lo que le obligó a abandonar su tarea no sin antes donar sus materiales a otros investigadores^‍‍[44]. La revista Punto y Hora de Euskal Herría, en la que Jimeno Jurío había empezado a publicar los primeros resultados de sus investigaciones, sufrió un atentado con bomba de la Triple A. Interviú, que fue la revista de tirada nacional que más cobertura dio a las exhumaciones del primer ciclo, recibió muchas amenazas, algunas de las cuales se llegaron a publicar en la sección de cartas al director. Y Cuadernos para el Diálogo, que publicó en 1976 el primer reportaje sobre una de estas exhumaciones, recibió anónimos intimidatorios de la extrema derecha, hasta el punto de que la redacción de la revista tuvo que recibir protección policial. Uno de estos anónimos cita explícitamente el artículo sobre el traslado de restos y viene firmado por un «excombatiente de la Cruzada» que insulta a Ruiz-Giménez y a otros redactores de la revista, y se lamenta de no ser más joven para «empuñar otra vez el fusil» y así «mantener el orden, la paz y la justicia»^‍‍[45].

Otro tipo de presiones sufrió Benito Benítez, alcalde de Torremejía (Badajoz), que llevó a cabo la exhumación y reinhumación de restos que le habían solicitado los familiares de los fusilados, al ser demandado judicialmente por un concejal de la UCD de su pueblo y por el gobernador civil por supuestos delitos de salud pública y malversación de fondos. Este caso saltó a la prensa nacional porque al alcalde de la ORT, al no poder afrontar las costas del juicio, le embargaron una vaca. Esta familia solo disponía de dos vacas y, tras haber entrevistado a su viuda, a su hijo, a su hermano y a su sobrino, he podido constatar el enorme sufrimiento que supuso para todos ellos este caso judicial, hasta que, finalmente, Benito fue absuelto^‍‍[46].

A la derecha, desde luego, le horrorizaba la posibilidad de que el fenómeno de las exhumaciones se acabara extendiendo por toda España, poniendo con ello en entredicho la legitimidad del relato franquista, según el cual los únicos responsables de las atrocidades de la guerra habían sido los republicanos.

VI. CONCLUSIONES[Subir]

Al escribir la historia de la transición se han pasado por alto muchas experiencias locales cuya importancia es extraordinaria para entender tanto las posibilidades que se abrieron a la muerte de Franco como la persistencia de limitaciones al cambio^‍‍[47]. Lo que se hizo en este período no se puede entender sin la presencia de actores poderosos que ejercieron distinto tipo de presiones para evitar la democratización real del país y sin reconocer que sectores amplísimos de la ciudadanía, traumatizados por un pasado de violencia atroz, mostraron una escasa proclividad a mirar hacia atrás por las consecuencias funestas que ello podría tener sobre el presente. Pero tampoco puede negarse que la muerte de Franco tuvo un potente efecto liberalizador sobre los españoles, lo que se tradujo en una etapa de extraordinaria creatividad cultural, en multitud de movilizaciones políticas y laborales, y en la articulación de iniciativas sociales de una audacia sorprendente, como las que hemos mostrado aquí.

Quiero subrayar la pertinencia de poner el foco a nivel municipal para entender los mecanismos que muchas veces acaban desencadenando reacciones mucho más amplias, ayudando a la formación de una «masa crítica» que, mediante la superación de un umbral invisible, propicia la difusión de los fenómenos sociopolíticos. Con frecuencia, estas fascinantes historias locales solo se pueden reconstruir con precisión acudiendo a fuentes orales, pues nos ha llegado muy poca documentación escrita de procesos como los que aquí se examinan, y la mayoría de ellos no recibieron cobertura mediática a nivel nacional. Gracias a las entrevistas se han podido ir reconstruyendo puzles tan complejos como estos.

Tras la muerte de Franco, en muchas partes de España se llevaron a cabo exhumaciones aisladas, pero en algunas provincias, como en Navarra y Badajoz, este fenómeno adquirió dimensiones muy significativas. El proceso de democratización del país redujo el riesgo y, por lo tanto, el coste de acciones colectivas tan escasamente gratas para las fuerzas conservadoras como estas, mejoró las posibilidades de organización y coordinación de los actores sociopolíticos, y permitió a los ciudadanos, de acuerdo con la célebre tesis de Kuran para explicar la caída secuenciada de los regímenes comunistas en Europa^‍‍[48], revelar sus preferencias auténticas, silenciadas durante décadas.

Interviú, la prensa local pacense y la publicación de una noticia sobre la exhumación de Marcilla en el Boletín Oficial Eclesiástico de Navarra no llegaron a desencadenar una «cascada informativa»^‍‍[49], sobre todo porque las fuerzas hegemónicas del cambio no tenían gran interés en difundir estos fenómenos, tan a contracorriente de la decisión de relegar al olvido los recuerdos más dolorosos de nuestra historia, pero sin duda contribuyeron a la difusión del fenómeno.

Una de las variables fundamentales a la hora de explicar la existencia de exhumaciones es la capacidad organizativa de los familiares, y esta, a su vez, depende de los aliados que se encontraron en cada caso. Esta facultad está directamente relacionada con lo que la literatura académica entiende por «capital social». Este mide la capacidad de cooperación y colaboración que tienen distintos grupos a la hora de emprender acciones de forma conjunta. Las relaciones de confianza entre los individuos —facilitadas, en el caso de Navarra, por la presencia de párrocos, que eran figuras de autoridad moral indiscutible— y la preexistencia de una tupida red de personas y locales en cada municipio, a cuya creación también contribuyeron los sacerdotes, fueron elementos fundamentales para explicar la mayor difusión del fenómeno en Navarra^‍‍[50].

Considero que es un error creer que la necesidad imperiosa por saber dónde están los restos de las personas queridas solo puede brotar del sentimiento religioso. La elaboración del duelo, en casi todas las culturas, está directamente ligada al conocimiento de la suerte de los difuntos. El no saber con certeza cómo murieron ni dónde están —o, como ocurrió en muchos casos en la dictadura, aun sabiéndolo, no poder visitarlos en el cementerio— genera un sufrimiento que trasciende las creencias de cada uno. De ahí la extraordinaria importancia que todavía tiene la dignificación de los restos de los fusilados para sus familiares, independientemente de su fe, o ausencia de ella.

Durante la transición hizo falta una tenacidad portentosa para afrontar las dificultades existentes y asumir gastos tan elevados, sobre todo si tenemos en cuenta que, en la mayoría de los casos, estas tareas las emprendieron personas de origen humilde y, a menudo, con escasos recursos económicos y organizativos. Pero es que los familiares de los fusilados, igual que Antígona, no habían logrado superar el trauma de la «mala muerte» ni la humillación por el olvido, el abandono y la falta de sepultura.

Esta investigación se hace eco de una historia local que interpela al relato hegemónico de la transición, según el cual los perdedores de la Guerra Civil y las víctimas del franquismo aceptaron dejar de lado sus reivindicaciones porque entendieron que cualquier propuesta de revisión del pasado podía resucitar viejas rencillas y acabar desencadenando una nueva guerra civil. Parece evidente que una cantidad significativa de familiares de los vencidos no se resignó a pasar página.

Las iniciativas que se han analizado en este artículo también demuestran que, a pesar de todas las dificultades existentes, desde muy temprano se llevaron a cabo numerosos traslados de restos y actos de homenaje a los fusilados sin que ello pusiera en riesgo el proceso democratizador. Ciertamente, la España de los años setenta era un país muy distinto y la probabilidad de que pudiera reproducirse una guerra civil tras la muerte de Franco, aunque entonces no se percibiera de forma tan nítida, era bastante remota. Es cierto que la violencia de todo signo que existió en los primeros años de la transición sirvió para resucitar el temor al enfrentamiento, pero también lo es, según me han confirmado en las entrevistas líderes locales de los partidos políticos, que el PSOE y el PCE moderaron sus reivindicaciones y su perfil ideológico desde muy temprano —recordemos sus respectivas renuncias al marxismo y al leninismo— para ensanchar su base social y resultar más competitivos en las elecciones. Y, en ese empeño decidido por conquistar el poder político, las víctimas del franquismo, sobre todo las que aún yacían en fosas comunes, se convirtieron en un incómodo recordatorio de la parte más siniestra de nuestra historia reciente, y por eso fueron soslayadas. A la vista de ello, muchos familiares de los fusilados, con discreción pero sin demora, decidieron acometer por su cuenta estas acciones que en este texto se han denominado de «autorreparación» y «autohomenaje», ya que los poderes públicos, salvo en el caso de algunos Ayuntamientos, estuvieron ausentes de ellos.

Aunque con demasiada frecuencia tiende a pasarse por alto, este primer ciclo de exhumaciones existió, tuvo una presencia muy importante en algunas provincias y se llevó a cabo en circunstancias considerablemente menos propicias que las actuales por parte de viudas, madres, hermanos, hijos y sobrinos de los fusilados, muchas veces con la única ayuda de sus aperos de labranza. Y ello ocurrió décadas antes de que los nietos y biznietos pasaran a liderar, a partir del año 2000, actos de reparación y reconocimiento considerablemente más visibles, auspiciados por asociaciones formales de víctimas y ejecutados por forenses y arqueólogos, con la colaboración de voluntarios.

VII. NOTA METODOLÓGICA[Subir]

EXFOTRAN es una base de datos compuesta por diferentes variables. En primer lugar, figuran los lugares y fechas de las exhumaciones —o funerales— en las cuatro provincias analizadas. Todas las fuentes escritas son incompletas, así que la base de datos se ha ido enriqueciendo con testimonios orales, ya que varias exhumaciones se hicieron de forma clandestina. En segundo lugar, se recogen datos sobre la represión franquista y republicana recopilados a partir de fuentes secundarias que se citan en el texto. En tercer lugar, se han incluido datos electorales de la Segunda República y de las primeras elecciones de la transición democrática iniciada tras la muerte de Franco, así como otras variables de carácter demográfico y socioeconómico que han sido recopiladas a partir de archivos y fuentes secundarias.

Las entrevistas que he llevado a cabo han tenido un carácter semiestructurado, a partir de un guion común de 25-‍30 preguntas. Las personas seleccionadas han sido: a) familiares y/o amigos de los fusilados que promovieron o al menos participaron en las exhumaciones y ulteriores homenajes; b) autoridades políticas de carácter local que ocuparon puestos de responsabilidad en aquellos momentos; c) sacerdotes que participaron en el traslado de restos y/o que oficiaron los funerales en recuerdo de las víctimas; d) representantes de partidos y sindicatos a nivel local o provincial, y e) periodistas que se hicieron eco de estas iniciativas.