«COMO DECÍAMOS AYER…». ESPAÑA EN LOS DISCURSOS INAUGURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DURANTE LA POSGUERRA (1939-1945)^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Este trabajo da continuidad a una línea de investigación centrada en analizar la aportación de la Universidad de Salamanca a la construcción, desarrollo y consolidación del nacionalismo español en sus diversas variantes ideológicas, utilizando como fuente fundamental los discursos pronunciados por diferentes catedráticos con motivo de la inauguración de sus cursos académicos^[2].

Como ya hemos destacado en otras ocasiones, el valor histórico de las lecciones de comienzo de curso es innegable. Y no solo porque son un reflejo de su tiempo y de las circunstancias —políticas, sociales, culturales, económicas…— que lo enmarcan, sino también porque a través de ellas podemos estudiar y comprender las tendencias —ideológicas, filosóficas, historiográficas…— existentes en la universidad española en general y salmantina en particular, así como la mentalidad, la formación, la actitud y la sensibilidad, entre otras variables, de los conferenciantes. Sin olvidar, por supuesto, otros factores coadyuvantes, como la centralidad de estos actos en el conjunto de los rituales universitarios, la presencia en los mismos de autoridades y personalidades locales —a veces también regionales y nacionales—, su carácter rotatorio entre las diferentes facultades —lo que nos permite advertir y valorar algunos interesantes elementos «diferenciadores» en los conferenciantes, según su procedencia—, el carácter historicista de una buena parte de estas piezas oratorias —obligando con frecuencia a sus autores a mostrar su visión de la historia— o su edición y distribución —socialización— por la propia universidad.

II. LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN LOS «AÑOS DE PLOMO»[Subir]

No deja de ser significativo que una obra colectiva de reciente aparición y que analiza la Universidad española entre los años 1939 y 1951 lleve el subtítulo de «La reacción antimoderna»^[3]. Sus autores ponen el acento en cómo, continuando una tarea ya iniciada desde el mismo comienzo de la guerra, se organizó todo un «aparato» administrativo, ideológico y represivo que destruyó el tejido científico del primer tercio del siglo^[4], abortando así la renovación en marcha de los estudios superiores, perdiendo un capital humano irreparable y edificando, en su lugar, «el nuevo edificio de la educación, en concordancia con los postulados ideológicos del Nuevo Estado sobre la base de un catolicismo antiliberal y antimoderno que cristalizó en el nacionalcatolicismo, santo y seña de identidad del nuevo régimen»^[5]. Pero antes de ese resultado, la Universidad —como el propio régimen— vivió las tensiones entre falangistas y católicos —una terminología diferenciadora que no es muy satisfactoria, pero que puede valer como reflejo de dos modelos políticos y educativos diversos que, sin embargo, no dejaron de tener puntos en común— por imponer sus respectivos proyectos y a quienes —ministros, personal de la administración de enseñanza, nuevos catedráticos…— deberían llevarlos a efecto. Y después del mismo, no cejaron las fuerzas en juego, los grupos de interés académico y político, las pugnas entre candidatos y los diferentes planteamientos ideológicos, universitarios y científicos —que los hubo, al margen de elementos compartidos, como podremos comprobar al analizar los discursos salmantinos— de los mismos. Nadie cuestionó, con todo, que la universidad se subordinase y se pusiera al servicio del Estado, que se la dotara de una misión y de unos objetivos muy concretos y que se inspirase en unos principios —catolicismo y unidad nacional especialmente—, en unos textos y en un marco legal —Proyecto de Ley de Reforma Universitaria de abril de 1939 y Ley de Ordenación Universitaria de 1943— concretos^[6]. Y nadie lo hizo —o pudo hacerlo— porque el proceso depurador iniciado durante la contienda y continuado en la inmediata posguerra, con su carga de catedráticos separados definitivamente del servicio, retirados del mismo temporalmente, jubilados anticipadamente o trasladados a otras universidades, hizo que aquellos que mantenían posiciones «liberales» fueran castigados con el exilio o el silencio —los desterrados en el interior—^[7]. Lo que no significa necesariamente que algunos, incluso entre los adeptos al Nuevo Estado, no hicieran uso de determinados cauces de expresión, como los propios discursos de apertura de curso, para deslizar comentarios o reflexiones críticas, muy medidas casi siempre en su relato, sobre determinados aspectos de la realidad nacional o de la propia Universidad. No eran tiempos, ciertamente, para el debate abierto, la discrepancia ideológica y científica o la exposición de posturas y planteamientos que cuestionaran la férrea unidad y uniformidad impuesta por los vencedores de la guerra^[8].

En realidad, todos los grandes discursos, las solemnes proclamaciones y la retórica grandilocuente e imperialista con la que se quiso revestir a la «nueva» Universidad no impidieron que esta, mucho más férreamente controlada que en ninguna etapa anterior, eso sí, siguiera anclada en el viejo y anquilosado modelo napoleónico —centralista y uniforme, establecido en la ley Moyano— que caracterizó su estructura y organización desde el triunfo de la decimonónica revolución liberal. Al mismo tiempo, sus tradicionales doce universidades, con la excepción de la de Madrid, continuaron sumidas, como hasta entonces, en la pobreza, el provincianismo y, ahora mucho más que antes y con unas pocas excepciones, el raquitismo científico e investigador.

Ese fue el caso, claramente, del estudio salmantino. Un estudio que, rompiendo con el carácter anodino de su pasado inmediato y del tiempo de posguerra, conocerá un breve periodo de protagonismo durante el conflicto al convertirse Salamanca en capital temporal del naciente régimen. En ese periodo la universidad será faro y guía para el resto de los centros superiores de la zona rebelde —«cátedra de la España nacional»— e instancia legitimadora de los sublevados y de su causa de «salvación nacional^[9]. De la Facultad de Derecho y de la Asociación e Instituto de Derecho Internacional Francisco de Vitoria, a ella vinculados, saldrían los más importantes defensores del alzamiento y de sus consecuencias. Los catedráticos Beato Sala, Sánchez Mata, Andrés Marcos, González Oliveros, Rodríguez Aniceto, Torres López y Sánchez Tejerina destacaron en esa labor de legitimación. Una labor que se extendió a los cursillos, cursos abreviados y conferencias —amén de otras actividades, como las «alocuciones patrióticas» en la radio— que debían sustituir la falta de actividad académica que se extendió desde el curso 1936-37 hasta el de 1938-39^[10].

Al finalizar la guerra, bajo el rectorado de Esteban Madruga, la mediocridad, la penuria material y el estancamiento volvieron a ser el santo y seña del estudio salmantino, continuando una decadencia que se remontaba al siglo xix ^[11]. Incluso podría afirmarse que la contienda, pese a toda su retórica triunfalista, ahondó su pobreza y su pequeñez, manteniendo el mismo número de catedráticos, pero perdiendo alumnado en relación con el periodo prebélico al retomar la actividad académica en septiembre de 1939 en todas y cada una de sus cuatro facultades clásicas^[12].

La Facultad de Derecho era la de mayor empaque, y contaba entre sus miembros a personas muy bien relacionadas con el poder central o local como Manuel Torres López, alcalde de la ciudad desde 1940, o Wenceslao González Oliveros, que sería nombrado gobernador civil de Barcelona^[13]. Le seguía en prestigio la Facultad de Medicina, la más castigada por la represión y la depuración administrativa que llevó a cabo el franquismo^[14]. Por detrás en relevancia quedaban la Facultad de Ciencias —con su sección de Químicas— y la de Filosofía y Letras. Según el testimonio del escritor Luciano G. Egido, la de Letras era «pequeña, cutre y entrañable», apenas sobrepasaba los cien alumnos y en ella «Menéndez Pelayo y, sobre todo, Menéndez Pidal seguían vigentes e intocables». Después de hacer una sentida semblanza de algunos de sus profesores, como García Blanco, Loscertales, Tovar o Real de la Riva, repara en el carácter tradicional de los métodos didácticos empleados, la centralidad de la lección magistral, los apuntes aprendidos de memoria, la historia que se explicaba, que «no pasaba de hechos y personajes», o el centón de vaguedades y de informaciones inútiles en que se convertía la enseñanza de la literatura^[15].

Una universidad, en suma, la de Salamanca en la inmediata posguerra, pobre, pequeña y provinciana, con poco alumnado y que mantenía una más que evidente continuidad, en cuanto a métodos de enseñanza y prácticas docentes, con respecto al pasado. Esa fidelidad a la tradición o, si se quiere, esa necesidad vital y profesional para muchos profesores —y estudiantes— de la continuidad, que salvara el tajo de la guerra y sus consecuencias más indeseables, se apreció en muchos aspectos de la realidad universitaria de aquellos años, de los que los discursos inaugurales de curso son una buena muestra.

III. CONFERENCIAS Y CONFERENCIANTES[Subir]

Porque nada cambió en relación con el ceremonial propio de los actos de apertura del curso académico. Las nuevas autoridades franquistas no hicieron modificaciones, como en tantas otras cosas relativas a la estructura y organización universitarias, en lo que venía siendo una tradición inveterada, revestida de su correspondiente liturgia. La celebración solemne de una misa y de una procesión, el discurso inaugural, como elemento más destacado, el sistema de rotación entre las facultades a la hora de elegir al orador y la presencia de profesores, estudiantes, autoridades y representantes de instituciones y corporaciones sociales, continuaron siendo, como siempre, las características básicas de aquel acto. Tampoco cambió la estructura formal de los discursos, anclados en las pautas clásicas de la oratoria y divididos o estructurados en los apartados que marcaba la lectio magistralis: la captatio benevolentiae, la exposición del motivo de la lección, el desarrollo de la exposición, una conclusión y, con frecuencia, una llamada a los alumnos para que obtuvieran el provecho correspondiente del discurso. Ni siquiera su carácter académico se vio alterado por mor de las circunstancias políticas^[16]. Los discursos siguieron consistiendo en una disertación, conferencia o comunicación científica, en relación, casi siempre, con la materia o materias que impartía el catedrático de turno. En este sentido y la cuestión no parece baladí, habría que afirmar que la politización de este acto, como ya ocurriera en el pasado y a pesar de lo que la nueva situación política —cercano fin de la Guerra Civil, construcción jurídico-política del Nuevo Estado, desarrollo de la Segunda Guerra Mundial— pudiese hacer pensar, siguió estando bastante atenuada.

De los siete oradores que tomaron la palabra entre 1939 y 1945, dos pertenecían a la Facultad de Medicina^[17]. Primo Garrido Sánchez (1877-1942) fue catedrático de Patología Médica, decano durante algún tiempo y vicerrector de la Universidad entre noviembre de 1929 y marzo de 1930. La Junta para Ampliación de Estudios le concedió en junio de 1914 una pensión para ampliar estudios de enfermedades del estómago en Berlín, pero el estallido de la Gran Guerra le impidió su disfrute. Lo haría más tarde, a partir de octubre de 1920 y con igual finalidad aunque con destino en Berna y París. Durante la guerra fue militarizado con el grado de capitán, ocupando el puesto de encargado de clínicas de su especialidad en el Hospital Provincial y en el Militar Preventorio. Entre su escasa producción escrita, destacan los siguientes trabajos: Concepto clínico de las neurosis gástricas (Madrid, 1912), Contribución al estudio de las broncopneumonías de la última epidemia de gripe (Madrid, 1919) y Estudio del bocio y cretinismo endémicos en la provincia de Salamanca (Salamanca, 1927)^[18].

Serafín Pierna Catalán (1888-1955) ocupó la cátedra de Higiene y Microbiología desde 1929 hasta su fallecimiento. En la guerra sería militarizado, al igual que otros catedráticos de Medicina. En ese tiempo fue jefe de clínicas del Hospital Provincial y jefe del Pabellón de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Militar. En noviembre de 1936 fue elegido decano de la facultad, cargo al que renunció por motivos de salud tres años después^[19]. Según Carreras Panchón, Pierna Catalán formaba parte en los años veinte de un grupo de profesionales «caracterizados por un talante liberal y una ideología progresista que serán de los más fieles y asiduos contertulios de Unamuno»^[20]. Un grupo de médicos con inquietudes intelectuales y sensibilidad social, algunos de cuyos miembros pagarían años después ese compromiso y esa independencia de juicio con una durísima represión que incluiría multas, deportaciones, exilios y hasta la muerte violenta. No fue este el caso de Serafín Pierna que, como otros muchos, acabó «adaptándose» a las nuevas circunstancia surgidas con la guerra y la inmediata posguerra^[21].

Otros dos catedráticos lo eran de la Facultad de Derecho. Isaías Sánchez-Tejerina (1892-1959) se doctoró en la Universidad Central con la tesis Delitos de simple omisión: delitos de comisión por omisión; delitos de omisión espiritual, publicada en Madrid, en 1918, con un prólogo de Jiménez de Asúa. Formado en Derecho Penal al lado del penalista Jerónimo Montes Luengo, en 1923 fue nombrado catedrático de esa disciplina en la Universidad de Oviedo. En marzo de 1936 permutó su cátedra por otra igual en la Universidad de Salamanca. Tejerina fue, junto a otros profesores de la Facultad de Derecho salmantina, como González Oliveros, Rodríguez Aniceto, Torres López, Andrés Marcos o Beato Sala, uno de los más conocidos y ardorosos legitimadores del alzamiento y del nuevo régimen. Afiliado a FET y de las JONS, participó en las conferencias y cursillos que se organizaron hasta la apertura normalizada de la universidad con temas como el «delincuente político y social en la zona marxista», y en charlas para maestros orientadas a un adoctrinamiento de tipo nacionalcatólico y donde la ILE aparecía siempre como una institución revolucionaria y antipatriótica. Se sirvió también de la prensa local y de las «alocuciones patrióticas» de la Emisora Inter-Radio para su labor propagandística. Fue miembro de la Comisión «A» para la depuración del personal universitario y de las provinciales de Beneficencia e Incautación de Bienes. Pero además de implicarse a fondo en el apoyo ideológico y jurídico de los insurrectos, en Salamanca publicaría la que posiblemente sea la más relevante de sus obras, el manual titulado Derecho penal español. Parte general. Parte especial (Librería General de la Facultad, 1937). Según Javier Infante Miguel-Mota, donde Tejerina destacó en esos años fue en la persecución de la masonería, institución que para él encarnaba todos los males, individuales y sociales, siendo autor de un informe contra la logia Helmántica en cuyos principios y supuestos se basaría la Ley sobre Represión de la Masonería y el Comunismo^[22]. En 1941 pasó a la Universidad Central, primero como titular de la cátedra de Estudios Superiores de Derecho penal y Antropología Criminal (doctorado), y después como titular de la segunda cátedra de Derecho Penal de la licenciatura^[23].

José Antón del Olmet y Oneca (1897-1981) comenzó los estudios de Filosofía y Letras y de Derecho en la Universidad de Madrid, siendo Jiménez de Asúa quien le animó a especializarse en Derecho Penal. Pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios en París para preparar su tesis doctoral, se doctoró en Derecho en enero de 1921, con una investigación titulada «El perdón judicial». El 1 de mayo de 1923 tomaba posesión en Salamanca de la cátedra de Derecho Penal, siendo designado decano de la facultad en abril de 1930. En 1931, proclamada ya la República, fue nombrado vocal de la sección penal de la Comisión Jurídica Asesora del Ministerio de Justicia y poco después magistrado del Tribunal Supremo, cargo en el que permaneció hasta unos días antes de la sublevación militar. Su compromiso con la República —él era un republicano sin adscripción partidista— le valió ser privado de libertad durante dos años en la prisión provincial de Segovia y la apertura de un expediente de depuración. En septiembre de 1937 fue inhabilitado para cargos directivos y de confianza, situación en la que se mantuvo hasta once años después. No se le permitió reincorporarse al servicio activo hasta 1940 y forzosamente en la Universidad de Santiago de Compostela, pudiendo trasladarse a la de Salamanca en septiembre del año siguiente. Solo en 1962, después de varios intentos y cuando le quedaban pocos años para jubilarse, consiguió el traslado a la Universidad Complutense de Madrid^[24]. Su obra científica es notable, dando a las prensas ocho libros y más de viente estudios. Como señala Infante Miguel-Mota:

El único orador de la Facultad de Ciencias, Fernando Galán Gutiérrez (1908-1999), hizo sus estudios universitarios en la Universidad Central de Madrid, licenciándose en 1930 y finalizando el doctorado un año después. Formado en el ideario y el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y de convicciones progresistas, aunque sin militar en partido político alguno, fue pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios y en 1933 obtuvo la cátedra de Biología de la Universidad de Sevilla. Tres años después pasó a ocupar esa misma cátedra en el estudio salmantino, donde permaneció hasta su jubilación^[26]. Su investigación se dirigió principalmente a la genética llegando a ser uno de los genetistas españoles más señalados de su tiempo. Esta orientación científica se inició como alumno de Antonio de Zulueta en un curso práctico de Biología que este impartía en Madrid desde principios de la segunda década del siglo xx, y al que acudían también otras destacadas figuras de la vida científica española, como Achúcaro o Fernández Nonídez. Los especialistas consideran a Zulueta, Galán y Nonídez como los tres científicos más importantes en el despegue y primer desarrollo de la Genética en nuestro país^[27]. Una demostración palmaria de su independencia de criterio lo constituye la postura que adoptó cuando en el claustro de la universidad celebrado el 9 de junio de 1948 se aprobó conceder el título de doctor honoris causa a Franco. El profesor Galán no firmó el escrito de propuesta, ni asistió al claustro, ni se excusó, al igual que otros cinco catedráticos más. Su valiente actitud le dificultaría la vida universitaria, tomando el carácter de un auténtico «exilio interior»^[28].

De la Facultad de Filosofía y Letras eran catedráticos José María Ramos Loscertales y Ángel de Apráiz y Buesa. Loscertales (1896-1956) estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Durante su época de estudiante y más tarde como profesor auxiliar de la Facultad de Letras de esa Universidad, surgió en él el interés por el estudio de la Historia Medieval y muy especialmente por la del Reino de Aragón, encauzándolo hacia la investigación histórico-jurídica. Trasladado a Madrid, fue discípulo de Eduardo de Hinojosa en la sección que este dirigía en el Centro de Estudios Históricos, trabando allí amistad con otros historiadores, como Claudio Sánchez Albornoz y Galo Sánchez. Con ellos dos fundaría en 1924 el Anuario de Historia del Derecho Español. En Madrid fue también durante algún tiempo profesor auxiliar del Instituto-Escuela. En marzo de 1920 ganó la cátedra de Historia de España en la Facultad de Letras de la Universidad de Salamanca, cargo que desempeñó hasta su muerte. En un ambiente generalizado de conflictos estudiantiles frente a la dictadura primorriverista, Ramos Loscertales fue nombrado rector en marzo de 1930, cargo que abandonó días después de la proclamación de la república, siendo sustituido por Unamuno. De ideología conservadora, fue partidario del bando sublevado durante la Guerra Civil, tomando parte activa en alguno de los actos más importantes de propaganda, adhesión y legitimación del nuevo régimen^[29]. Su obra científica no cuenta con libros ni con extensas monografías, concentrándose en una serie de estudios breves aparecidos en diferentes revistas. En ellos se ocupó sobre todo de la España antigua y medieval, consagrando una buena parte de su investigación al estudio del derecho navarro-aragonés medieval. La muerte, según García de Valdeavellano, le impidió concluir un proyecto en el que venía trabajando durante años sobre el Reino de Aragón en los siglos xi y xii y sus instituciones políticas y sociales^[30]. Si su trayectoria académica y docente ha gozado de una valoración positiva unánime, otra cosa ha ocurrido con la política, sobre todo durante la Guerra Civil y el primer franquismo, en relación a la cual y sin que nadie cuestione su conservadurismo católico, se han producido diferentes interpretaciones, poniendo algunas el acento en la imposibilidad que tuvo, como otros profesores, de resistirse a la presión del momento. Enrique de Sena da a entender que, acallado el rumor de los cañones, Ramos contribuyó con su talante a despolitizar la universidad de puertas adentro manteniendo una independencia de criterio que anteriormente las circunstancias le habían cercenado^[31]. Por su parte, el escritor Luciano González Egido sostiene que «Ramos Loscertales, el decano eterno, era un historiador solvente, de un impecable pasado científico y de un más que dudoso pasado político, determinado probablemente más por el miedo que por las convicciones»^[32].

Ángel de Apraiz y Buesa (1885-1956) realizó estudios de Filosofía y Letras en las universidades de Zaragoza y Salamanca. En 1905, al tiempo que presentaba su tesis doctoral sobre «Doña Inés de Castro en el teatro castellano», se licenciaba en Derecho en el estudio salmantino. En él obtiene, en 1911, la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes, permaneciendo en sus aulas por espacio de ocho años, en los que trabó una gran amistad con el entonces rector, Miguel de Unamuno, mostrando siempre un talante abierto y liberal. Becado por la Junta de Ampliación de Estudios, viajó en vísperas de la Primera Guerra Mundial por Europa y Estados Unidos. Al regresar a España colabora con la revista del Ateneo vitoriano, de la que llega a ser secretario, y aboga por la necesidad de crear una universidad vasca. A comienzos de 1920 se traslada a la Universidad de Barcelona. En esta ciudad entra en contacto con el Instituto de Estudios Catalanes y se encarga de la secretaría general de la Sociedad de Estudios Vascos. Al estallar la guerra y pese a no estar afiliado a ningún partido político, sus ideas y sus vínculos con el nacionalismo vasco provocan que sea suspendido de empleo y sueldo y objeto de un expediente de depuración que no se resolverá hasta 1939. Estos hechos le mueven a exiliarse, junto a su mujer y sus hijos, en el sur de Francia, donde escribe algunos artículos para la prensa francesa sobre las peregrinaciones y el arte vasco. Al ser rehabilitado en 1941 es obligado a volver a la Universidad de Salamanca, aunque cuatro años después le conceden el traslado a la de Valladolid, donde trascurrirá su última década de carrera académica^[33]. Apraiz fue uno de los pioneros de los estudios artísticos universitarios en nuestro país y figura clave para comprender el camino de renovación que iniciaron los estudios de Historia del Arte en el País Vasco^[34].

IV. ESPAÑA Y «SU CIRCUNSTANCIA» EN LOS DISCURSOS[Subir]

Es el momento ya de abordar el análisis de los seis discursos que se pronunciaron en la Universidad de Salamanca entre 1936 y 1945. A diferencia de trabajos anteriores, en que el periodo histórico y el número de piezas oratorias era mucho mayor, lo que nos obligó a centrar el comentario en las más significativas, en esta ocasión hemos optado por decir alguna palabra sobre todas y cada una de ellas, si bien nos extenderemos algo más en aquellas que presentan una relación más específica con nuestro objeto de estudio.

En el discurso de Primo Garrido Sánchez, pronunciado en la inauguración del curso 1939-1940, es decir, apenas finalizada la contienda civil que desgarró al país y con las consecuencias políticas consabidas, no deja de llamar la atención que solo en el epílogo, titulado «A los estudiantes de Salamanca» y sobre el que luego volveremos, el autor haga una somera mención a esos acontecimientos y, en cambio, comience su disertación afirmando que «nada tan digno de atraer nuestra atención» como el conocimiento de la constitución, el temperamento y el carácter del pueblo salmantino con objeto de prevenir y curar unas enfermedades, las de ese pueblo, que están directamente relacionadas con sus rasgos biológicos y con el medio ambiente. De esa manera, después de pasar revista a la constitución, temperamento y carácter de los salmantinos y de describir su medio ambiental —clima, vivienda, alimentación…—, Garrido clasifica y comenta, según las zonas comarcales, las enfermedades de todo tipo más frecuentes entre ellos. Pero su estudio resulta anticuado y determinista, en la línea del médico y filósofo del siglo xvi, Juan Huarte de San Juan, y de sus continuadores, y muy alejado de la pronazi y racial de un Antonio Vallejo-Nájera. Al igual que el primero, cuyas modernas y novedosas aportaciones quedaron reflejadas en su famoso Examen de ingenios para las ciencias, una obra publicada en 1575, Garrido considera que los diferentes temperamentos son fruto sobre todo de la herencia familiar y del ambiente. Se establece así una gama o tipología de aptitudes físicas e intelectuales de individuos y de pueblos, de caracteres, en suma, que condicionan y determinan la salud y la enfermedad de los mismos. Pero no hay aquí, con todo, planteamientos raciales ni teorías supremacistas y eugénicas como las expuestas por el psiquiatra Vallejo-Nájera en su libro Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza (Burgos, 1937), donde expresaba su canon de raza hispana. El doctor Garrido no trata de crear una raza social ni de descubrir en el entorno un gen superior o degenerativo; no aparece tampoco, como en Vallejo-Nájera, la idea de la inferioridad de las mujeres ni la necesidad de purificar la raza mediante la difusión de determinados valores. Ni, por supuesto, hay nada parecido a la «eugenesia positiva» que Vallejo defendía y cuyo fin último era multiplicar los selectos y dejar que perecieran los débiles, que él identificaba con «los rojos»^[35]. Lo que Garrido pretende como médico es otra cosa: conocer esos factores físicos y ambientales —«lo que somos y lo que seremos»— para prevenir y curar enfermedades. Ya en el epílogo, después de ¡ciento cuarenta páginas! de texto, el orador insta a los estudiantes, siguiendo el consejo de «nuestro insigne Caudillo», a trabajar sin descanso y buscar la verdad «difundiéndola por España y por el mundo». Destaca también la fecha histórica que supone para las universidades españolas la apertura de sus puertas después de la «trágica convulsión social» sufrida. Y sostiene que en los centros docentes «ha de modelarse el espíritu de la juventud». Es al finalizar ese epílogo donde, tras destacar el papel universal del estudio salmantino en el pasado, Garrido hace una declaración de adhesión al nuevo orden institucional que pretende hacer extensiva a los estudiantes. El ideal trazado y que hay que poner «por encima de todo» es muy claro: «hacer una España grande e imperial y que la Universidad de Salamanca contribuya nuevamente a guiar los designios de España»^[36].

El discurso de Isaías Sánchez Tejerina pretende, en línea con lo que un poco antes y por entonces trataban de realizar otros juristas y eclesiásticos^[37], justificar y legitimar la sublevación militar estableciendo, desde el punto de vista jurídico-penal, una doctrina que él mismo enuncia así: «El Alzamiento Nacional Español, comenzó siendo un caso magnífico de legítima defensa». Su tesis parte del aserto de que la legítima defensa es un derecho que «no exige largos razonamientos», aunque lo fundamente a continuación en autores como Jerónimo Montes —y su obra Derecho penal español—, el italiano Francesco Carrara e incluso los positivistas Ferri y Florián, además del Código Penal español, que en su artículo 8 establece la exención de responsabilidad criminal en el que obra en defensa de su persona o derechos siempre que concurran tres circunstancias: agresión ilegítima —«actual o inminente»—, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, es decir, «proporcionada e inevitable», y falta de provocación en el defendido. Para Sánchez Tejerina no hay ninguna duda: el «Movimiento» que surgió el 17 de julio significó, frente a las continuas agresiones contra la vida y la integridad corporal de muchos buenos compatriotas, «la defensa de las personas y derechos de los ciudadanos españoles». Unas agresiones cuyas denuncias por Calvo Sotelo en el Parlamento resultaron, pese a su veracidad, inútiles, convirtiéndose él mismo en «el ejemplo vivo de los extremos criminales a que pueden llegar las autoridades de un país». En esa criminalidad alentada desde y por el poder —bien directamente, bien con su pasividad y consentimiento—, los socialistas, las fuerzas obreras, jugaron, según él, un papel destacado, por cuanto los gobernantes «en pocos minutos cambiaban el domicilio ministerial por la Casa del Pueblo». Mucha importancia daba Sánchez Tejerina, como ya tuvo ocasión de exponer en el discurso de apertura del curso 1934-35 que pronunció en la Universidad de Oviedo y sobre el que luego volveremos, a las agresiones —delitos, según él— contra los sentimientos religiosos, concretadas en injurias, persecuciones, quema de templos e iglesias, destrucción de la prensa católica… demostrando con ello un «odio satánico contra las cosas de Dios y de España»^[38]. Por otro lado, cuando aún una mayoría de españoles intentaba impedir las agresiones por medios pacíficos y jurídicos, «los gritos de guerra procedían del otro campo», aludiendo más concretamente a las milicias socialistas «armadas» cuyas acciones violentas hacían que nadie tuviera segura su vida. España agonizaba sin poder recurrir a la autoridad porque «la severa matrona representativa de la Justicia se había convertido en una miserable ramera». Ante semejante panorama nacional, no quedaba otro medio por emplear que una defensa de carácter colectivo y armado.

Una cuestión a la que Tejerina dedica cierta atención es la de la justificación de lo que él llama eufemísticamente los «excesos cometidos en la defensa». Sostiene que los medios empleados fueron «los adecuados y proporcionados a las agresiones» y que si hubo algún asesino que «se aprovechó de la Revolución en nuestra zona para satisfacer sus deseos de venganza y odio, eso nada tiene que ver con el Alzamiento Nacional, perfectamente legítimo». Otra cosa bien distinta fue lo que aconteció en «el campo marxista» donde existían tribunales «oficiales» que con apariencia de legalidad condenaban a muerte, o por orden de esa misma autoridad y sin aquella apariencia legal, se sacaba de sus domicilios y se asesinaba a las personas. Por otra parte, mientras en la zona nacional enseguida funcionaron los resortes de la autoridad, en apoyo del orden y de la justicia, en la marxista o la autoridad siempre fue cómplice o si no existía tal autoridad ello era responsabilidad de los propios gobernantes. La conclusión a la que llega es que «al enjuiciar estos hechos y valorarlos a la luz de los principios penales, haya que declarar justificables unos y punibles los otros». Porque incluso las «equivocaciones lamentables» de los primeros momentos, cuando, ante un peligro inminente e inevitable, se eliminó a algunas personas sin las formalidades legales, habría que imputárselas «a los provocadores de la guerra» y no a los agredidos.

Las consecuencias políticas de tal doctrina son claras: una vez que en el Parlamento no fue posible convencer de sus yerros a aquel «conglomerado de ateos, marxistas y mentecatos» y probado que «fueron los malos españoles —extranjerizantes, antipatriotas, masones— los que a toda costa quisieron la lucha», todo en el Movimiento Nacional fue legítimo, tanto el ciclo de lo que Tejerina denomina «de la defensa inorgánica colectiva», como el inmediato «de defensa jurídica militar y social». Y, naturalmente, se congratulaba de la acción de las fuerzas armadas, del proceder de su mando supremo y, en definitiva, de un poder público que defendía y tutelaba las vidas y los intereses de los verdaderos españoles. De esta manera finalizaba su discurso, habiendo razonado «la legitimidad del Alzamiento Nacional desde un punto de vista estrictamente jurídico-penal»^[39].

La evolución de Sánchez Tejerina desde el rigor académico al más desmadrado fanatismo, según expresión de Javier Infante^[40], y que no fue, desde luego, el único caso de una trayectoria personal que iría desde el regeneracionismo krausista o el liberalismo hasta el corporativismo y el autoritarismo, como ejemplifica la figura, entre otras, del catedrático y jurista político Luis del Valle^[41], se había producido años antes, como muestra el discurso que pronunció en la Universidad de Oviedo en la inauguración del curso académico 1934-35. Por su importancia y su carácter de antecedente, base y complemento del que dictó en la universidad salmantina, conviene dedicarle alguna atención.

Tejerina comienza su disertación haciendo una declaración inconfundible de nacionalcatolicismo y de su interpretación, a tono con él, de la historia de España. Catolicismo y nación española resultan indisociables desde tiempos inmemoriales, de forma que «la religión católica y la defensa de su integridad son las notas sobresalientes de nuestra Patria». Sus comentarios expresan su radical y absoluta oposición al laicismo del Estado republicano, afirmando que «el ataque al sentimiento religioso es un verdadero delito natural» y que «el Estado tiene la obligación de defender siempre ese sentimiento con sanciones penales». Los argumentos para esta tesis los encuentra en su visión del pasado. Pasa revista así a las disposiciones que en distintas épocas hicieron posible la unión religiosa y la unidad jurídica de España, poniendo el acento en la prevención y castigo de los delitos religiosos que contenían, como el Fuero Juzgo, el Fuero Real, Las Partidas, las Ordenanzas Reales de Castilla o la Novísima Recopilación. Más adelante repasa el tratamiento de la religión católica en las constituciones españolas, desde la de Bayona hasta la de 1876^[42], y el de los delitos religiosos en los códigos penales históricos. La segunda parte de su discurso se centra en el estudio de la Inquisición, haciendo una enardecida defensa de la misma^[43], creada para defender la unidad religiosa y política de España. Para él, su leyenda negra, totalmente infundada, se forjó «a base de novelones y de «sabios» extranjeros, ayudados por otros «sabios» españoles, del tipo mental y moral de Llorente^[44]». Porque, además, los autores de delitos religiosos eran delincuentes peligrosos contra el Estado, exactamente igual —estableciendo un curioso paralelismo— «como el anarquista de acción de hoy, que trata de destruir los fundamentos sociales y la paz de la nación»^[45]. Tejerina justifica y aplaude las medidas contra los moriscos, los judíos y los protestantes y sostiene que la Inquisición contaba con el apoyo y el amor del pueblo, coincidiendo la época inquisitorial con la edad de oro de España en lo intelectual y artístico, «aunque en lo político nos parezca admirable también». Afirmaciones que tienen como fundamento e inspiración la Historia de los heterodoxos españoles y La ciencia española, de Menéndez Pelayo. En el apéndice de su discurso es donde Tejerina carga contra la Constitución republicana en relación sobre todo con la cuestión religiosa, el tratamiento dispensado a las órdenes religiosas y la enseñanza. Insiste de nuevo en que el ataque al sentimiento católico es un delito natural grave y llega hasta el extremo de pedir la vuelta de la Inquisición, porque «para los que actúan de mala fe y se apoyan y empinan sobre la ignorancia de los otros atacando a la Religión Católica y poniendo en grave peligro todo lo que hay de excelso en nuestra patria, quizá el restablecimiento temporal de la Inquisición sería lo más eficaz. ¿En el siglo xx?, se dirá; y en el xl si fuere necesaria: «Salux populi suprema lex»». Pero lo más llamativo, con todo, quizá no sea esto, sino la división que establece entre buenos y malos españoles y la necesidad, frente a la actitud de los segundos —calificada como perversa y generadora de un estado social y político peligroso—, de adoptar sin dilación «medidas de seguridad»^[46]. No habría de pasar mucho tiempo, para que un golpe militar diera cumplida respuesta al requerimiento de Sánchez Tejerina.

El discurso de José María Ramos Loscertales, catedrático de Historia de España, se centró en uno de sus ámbitos de estudio, la España antigua, desarrollando el tema «El primer ataque de Roma contra Celtiberia». Se enmarcaba en un proyecto más amplio y ambicioso que pretendía estudiar y reconstruir la estructura económica, social y política de los pueblos indígenas peninsulares. Sus fuentes de referencia son los textos de los historiadores clásicos como Tito Livio, Apiano, Polibio o Frontino, las historias generales de Roma de Mommsen y de Sanctis, y las aportaciones de algunos esclarecidos hispanistas, especialmente del alemán Schulten, verdadero impulsor de los estudios e investigaciones sobre la España romana, como el propio Ramos reconoce. Llama la atención, sin embargo, que su intento de sistematización de ese corto periodo histórico ignore los importantes avances arqueológicos —y los estudios epigráficos— que sobre la España prerromana y romana se habían realizado ya por entonces y que habían dado a la historia antigua una importancia mayor a la que nunca antes tuvo en el conjunto de la Historia de España^[47]. Con todo, lo más significativo de su conferencia, en relación, claro está, con nuestro objeto de estudio, no reside en los numerosos datos que aporta sobre la vida cotidiana y la organización de las tribus que habitaban la meseta, ni en la detallada descripción de sus enfrentamientos con Roma, sino en la visión de la historia que trasmite de esa época al afirmar que forma parte de la «historia nacional». De esta manera, en los pueblos prerromanos —y con la romanización— se encontraría ya, según Ramos Loscertales, el sustrato o las raíces nacionales de España y de su historia. El comienzo de su conferencia es ya toda una declaración de principios al dejar claro que el tema elegido tiene que ver con «la necesidad de reconstruir esta o aquella fase de la Historia nacional». En otro momento, afirma: «Mas antes de entrar de lleno en el desarrollo del tema propuesto, es preciso atender a algunos antecedentes […], aun cuando se tome para ello preferentemente el punto de vista de la Historia nacional sobre el siempre antepuesto del de la Historia de los invasores». En varias ocasiones se refiere a los pueblos indígenas como «nuestros antepasados» y a su historia como «Historia del pueblo español». Unos antepasados, los celtici y los celtíberos, que se caracterizaban por su vigor, su fuerza combativa y su espíritu de independencia. Estas cualidades habrían sido heredadas por el pueblo español, siendo Numancia el «símbolo de la España inconquistable»^[48]. Por otro lado, eran tribus que estaban «estrechamente emparentadas por raza y cultura, y unidas, además, por cierto sentido de comunidad popular». De ahí que al finalizar su disertación lo haga insistiendo una vez más que su propósito no era otro que esclarecer una etapa de la «Historia popular española en función del mejor conocimiento de la organización de la España indígena»^[49].

La lección de apertura del curso 1942-43 la dictó el catedrático de Biología, Fernando Galán, abordando el tema de las teorías e hipótesis ideadas para explicar la determinación del sexo y el origen de los fenotipos masculino y femenino en animales y plantas. Se trata de un estudio muy técnico, muy especializado, y que tenía como base los trabajos que Galán había desarrollado antes de la guerra en el Laboratorio de Biología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid, bajo la dirección de Zulueta, y continuado después en el Laboratorio de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Lo más llamativo del mismo, desde nuestro punto de vista, son dos hechos: por un lado, el que Galán haga patente el aislamiento cultural provocado por la Segunda Guerra Mundial —habla de «las dificilísimas relaciones culturales de la actualidad entre los países», lo que habría condicionado negativamente su trabajo en la universidad salmantina^[50]— y, por otro, que no aparezca en ningún momento referencia alguna, ni directa ni indirecta, a la realidad política de España ni a las nuevas autoridades políticas o académicas. Es un discurso, en suma, científico y aséptico, sin alusiones de otro tipo o naturaleza que no sean las del propio tema analizado en aquel^[51]. Lo cual, sin duda, tenía mucho que ver con la personalidad y la independencia de criterio del profesor Galán.

Pero no fue el único catedrático que mostró un cierto grado de independencia. Y aunque pudiera parecer que en aquellos momentos de posguerra los únicos cauces para la expresión de críticas o visiones negativas de la guerra —o de algunas de sus consecuencias— fueran, en el mejor de los casos, suaves comentarios o pronunciamientos elípticos, el discurso que Serafín Pierna Catalán pronunció con motivo de la inauguración del curso 1943-44 puede considerarse demoledor frente a cualquier tipo de triunfalismo, de una valentía extraordinaria y sin el empleo de eufemismos o paños calientes. Porque lo que nos presenta en él es una denuncia sin paliativos de la guerra —de todo conflicto social— y de sus consecuencias demográficas, sociales, sanitarias y morales. Se felicita de que España no haya participado en la Segunda Guerra Mundial, pero reconoce que se trata de un país convaleciente del reciente conflicto civil —de «enorme conmoción» lo califica— y cuyas consecuencias han atentado a su estado sanitario, aumentando la mortalidad global —particularmente la infantil— y la morbosidad —por las enfermedades infecciosas y, sobre todo, la tuberculosis en primer lugar—. Las causas sociales estaban siendo decisivas para explicar ese estado de cosas: así la carestía de la vida y el problema de las subsistencias —una alimentación «insuficiente»— se cebada sobre los sectores más humildes de la población. Porque de nada servía que hubieran mejorado los salarios, «si un alza injustificada en muchos casos en el valor de los alimentos, de la vivienda, de los vestidos, etc. hacen tan insuficientes como antes, o más que antes, los medios económicos con que cuentan las clases media y trabajadora para atender a sus necesidades más imperiosas». Tampoco era un problema menor la falsificación y adulteración de los alimentos, debido al «egoísmo y la codicia de los comerciantes inmorales que, aprovechándose de las circunstancias se dedican, más que nunca, a explotar al público por todos los medios reprobables»; sobre ellos debían recaer sanciones penales efectivas, públicas y ejemplares. Como no lo era igualmente el terrible asunto de la vivienda en los medios urbanos, donde «las gentes viven hacinadas y las familias en una promiscuidad y aglomeración incompatibles con la higiene y la moral […] en viviendas estrechas faltas de aire y luz y en las condiciones más favorables al contagio de las enfermedades infecciosas y epidémicas». Un asunto este que comprometía y degradaba la moral —que era también «cuestión de metros»— y las costumbres. En las grandes ciudades se agravaba este problema porque faltaban viviendas sanas y económicas para las clases medias y se daba una notoria escasez de viviendas higiénicas y baratas para las clases populares. Para un médico higienista como Serafín Pierna, continuador de los principios y de la escuela del doctor César Chicote y de otros ilustres higienistas que dio España en el último cuarto del siglo xix y el primer tercio del xx ^[52], el problema de la vivienda era «el problema social por excelencia»^[53]. Pero no el único. Estaba también la dura situación de muchas zonas rurales y de los campesinos, a los que Pierna se refiere demandando para ellos mejoras y medidas que palien una «vida dura y triste». Y estaba, y de forma muy acusada, el estraperlismo, una enfermedad social colaboradora de todas las causas morbosas y sobre la que Pierna incide sin morderse la lengua: «Quizá algunos crean que el tratar este asunto son ganas de dar una nota de humorismo; será un humorismo trágico, y quien no lo entienda, es que observa la realidad de la vida desde la superficie, sin ahondar en la entraña del mal, o la mira desde el cómodo punto de su egoísmo personal o es que no ve más allá de sus narices». Sus efectos eran enormes: el acaparamiento, la ocultación, el fraude, la elevación desorbitada de los precios…, afectando a todos los resortes vitales del país. Y quienes lo practicaban, lo amparaban o lo justificaban demostraban, además de egoísmo y codicia, una «falta total y absoluta de conciencia cristiana». El estraperlismo contribuía igualmente a crear un ambiente de degeneración moral y de relajación de las costumbres totalmente reprobable. Pierna denuncia también el alcoholismo y su distribución en las diversas categorías sociales y por edad de los consumidores, observando un aumento de su consumo —en parte como consecuencia de un hábito adquirido propio de los periodos bélicos y las posguerras— en las clases altas y medias así como entre la juventud y las mujeres.

La última parte de su discurso está dedicada a tratar en esbozo —otra cosa más detallada le obligaría, dice, a redactar un tratado de higiene social— la previsión y remedio de estas plagas sociales. Destaca la importancia de la intervención del Estado —en ese sentido, afirma que «algo se va haciendo dentro de lo posible, por remediar este estado de cosas» y que «en las alturas se preocupan por estos problemas»—, pero es consciente que lo prioritario es crear un «ambiente ideológico» y una conciencia social, inexistentes en España, donde los problemas sanitarios no interesan en el grado que fuera menester, como paso previo a las necesarias reformas médico-sociales. Habría que acabar con un ancestral fatalismo «que cree en la acción providencial de las causas que determinan las enfermedades y la muerte», e inculcar la importancia individual y social del derecho a la salud y a la vida, teniendo un concepto claro y definido «del derecho y delito sanitario». Todo ello se echaba en falta en España. Por eso resultaba fundamental e inaplazable, según Pierna, propagar y vulgarizar estas verdades mediante programas de enseñanza. Era imprescindible incorporar el higienismo a los planes de estudio de los centros docentes, especialmente en las escuelas primarias y en las normales, equiparándolo en importancia a la enseñanza de la religión «ya que la higiene para el hombre debiera ser considerada como la religión del cuerpo»^[54]. Ideas y planteamientos, en definitiva, que venían a continuar una tradición y una cultura médico-higienista que, pese a lo acertado de sus diagnósticos y de sus propuestas, encontraría poca receptividad en los poderes públicos. De hecho, habrían de pasar todavía un buen número de años para que algunas de las soluciones planteadas por Serafín Pierna se hicieran realidad.

Mucho menos interés tiene para nuestro tema de estudio la lección pronunciada por el catedrático de Derecho Penal, José Antón Oneca, en el inicio del curso 1944-45, y que versó sobre «La prevención general y la prevención especial en la teoría de la pena». No hay aquí aspectos novedosos ni propuestas concretas salvo la de revisión y puesta al día del Código Penal de 1848, todavía vigente entonces en nuestro país aunque con remozamientos parciales. Con todo, en el repaso histórico que hace al tema, Oneca trata con total asepsia a los penalistas de la —nefanda para las nuevas autoridades públicas— Ilustración, destacando que las doctrinas «iluministas» pusieran en primer plano el problema de la prevención y el principio humanizador de que toda pena que no fuera absolutamente necesaria resultaba tiránica. Sin embargo, cuando pasa revista al derecho penal nazi y su rigorismo se limita a señalar que la influencia de las ideas filosóficas dominantes en cada época histórica sobre la cultura en general y la jurídica en particular es evidente. Se muestra, eso sí, contrario a las penas carcelarias especialmente aflictivas y sostiene que el derecho penal moderno —«salvo en algunos países donde surgieron desconcertantes audacias», sin aclarar a qué países se refiere— se mantiene —esa es también su postura— en un prudente eclecticismo. Termina afirmando que la reforma penal y de la justicia criminal habrá de ser el día de mañana obra de jóvenes juristas que, en otras circunstancias y con un sentido armónico y realista, se alejen tanto del rudo empirismo de la intimidación como de las brillantes utopías correccionalistas, lo que puede interpretarse como un alejamiento y un rechazo del derecho nazi-germano, en consonancia, además, con el giro que se estaba produciendo en las relaciones internacionales de la España de Franco^[55].

El último de los oradores fue Ángel de Apraiz, que, de forma muy original y científica, abordó el tema de la entrada de elementos orientales en la España medieval a través del camino de Santiago y su reflejo en Salamanca. Con su desarrollo venía a completar sus ideas y su visión de la cultura de las peregrinaciones, expuestas poco antes en un lúcido e innovador trabajo^[56]. Ahora vuelve a interesarse por los métodos de estudio en historia del arte, aborda aspectos históricos, centra una parte de su análisis en la toponimia, presta atención al folklore y a la etnografía —recogiendo poemas y coplas populares, instrumentos musicales, danzas y hasta tejidos procedentes de Bizancio que existen en Salamanca—, incide en las consecuencias artísticas de las peregrinaciones en la provincia charra, reseña el valor que tendrá el camino de Salamanca como elemento difusor de modelos musulmanes y reivindica y extiende la ascendencia del Camino a todas las esferas de la vida, interpretándolo como camino de toda cultura^[57]. En relación con lo que a nosotros nos interesa, el discurso, leído entrelíneas, si se me permite esta expresión, contiene varios elementos interesantes. En primer lugar, la suave referencia de Apraiz a su depuración, cuando al presentar su discurso como despedida de la universidad y de la ciudad de Salamanca —ya tenía concedido el traslado a Valladolid para ese mismo curso— expresa cómo el estudio salmantino le acogió y alentó para el trabajo «en circunstancias tristes para mí». En segundo término, el elogio que hace de un tipo de cultura europea y universal, abierta, dialogante, en contacto permanente, de la que los centros locales y comarcales en aquel periodo de la Edad Media son una muestra: «El camino de Santiago por Salamanca […] no solo es vía de los peregrinos de la España musulmana sino que también recoge a los que procedentes del Mediterráneo, tanto de Tierra Santa, como de África y Asia desembarcan en Sevilla». Las vías de peregrinación no son únicamente cauce difusor de devociones, sino también y en primer término, de ideas y corrientes de pensamiento. De ahí que Apraiz no deje de subrayar la condición internacional del estilo románico o el valor que tuvo el camino de Salamanca como elemento difusor de modelos musulmanes^[58]. En un tiempo como el que vivía y seguirá viviendo España algunos años más, de aislamiento, cerrazón y casticismo, el elogio de Apraiz a esa cultura sin fronteras, trasnacional, y a la ascendencia del Camino en todas las esferas de la vida, interpretándolo como camino de toda la cultura, nos parece muy significativo. Y en tercer lugar, como ocurriera en el discurso de Fernando Galán, un desdén hacia la actualidad política nacional e internacional y una exaltación del estudio y del trabajo científico en diálogo con investigadores y colegas nacionales y extranjeros, al margen —como es lógico— de la brutalidad de toda guerra y de sus perniciosas consecuencias.

V. A MODO DE CONCLUSIONES[Subir]

Los discursos analizados son una muestra de que la Universidad de Salamanca, como probablemente le ocurriría a todas las demás, no fue, ni siquiera en aquel tiempo de férreo control ministerial y dogmatismo ideológico de los dirigentes políticos y académicos, una institución uniforme y abúlica, al menos por lo que se refiere a la formación, inquietudes científicas y formas de pensar de su profesorado. Porque si bien es cierto que los marcos legales, la autoridad ministerial y de los rectores, los procesos de depuración y las presiones de todo tipo impidieron la libertad de expresión y coartaron toda posibilidad de franco disentimiento en relación con la doctrina oficial y su forma de entender la universidad, no por ello dejaron de manifestarse, como los discursos reflejan, posiciones y planteamientos críticos o no del todo coincidentes con aquella doctrina. En ello tuvo mucho que ver seguramente el perfil ideológico de los propios catedráticos: la mayoría, aunque estuvieran adscritos obligatoriamente en Falange, no eran militantes activos ni compartían el corpus doctrinal y los objetivos de aquella. Eran, eso sí, aunque no todos, católicos y conservadores, hombres de orden que habían apoyado la sublevación militar pero sin sentirse atraídos por el fascismo y que aceptarían luego, sin grandes efusiones, el franquismo como nuevo régimen político. Primo Garrido y Ramos Loscertales, entre los oradores, representarían este tipo más común. Sánchez Tejerina, en cambio, era el prototipo del catedrático falangista, defensor del autoritarismo a ultranza, de la legitimidad del Nuevo Estado y de que la Universidad fuera un órgano al servicio de ese Estado. Y, curiosamente, los cuatro restantes provenían de una tradición académica —y en algún caso también política— liberal. Eran éstos Serafín Pierna, Fernando Galán, Antón Oncea y Ángel de Apraiz. Los dos últimos habían sufrido incluso, como ya comentamos, sendos procesos de depuración. Ellos, como otros muchos, conformaron una mayoría silenciosa que acataron —o se vieron obligados a acatar— la nueva situación aunque no la compartieran y que apostaron por la reconstrucción de la vida universitaria y nacional por encima de cualquier otro planteamiento.

En correspondencia con estos diferentes perfiles, hemos podido comprobar también que el grado o la intensidad de la aceptación del nuevo orden institucional y político por parte de los siete catedráticos fueron muy distintos. Si Tejerina y en parte Primo Garrido hicieron una defensa ardiente del mismo y Ramos Loscertales solo de forma tácita, en los casos de Pierna Catalán y Antón Oncea es mucho más tibio, mientras que Fernando Galán y Ángel Apraiz ni se lo plantean siquiera. Todo lo cual nos lleva a concluir que a pesar, nuevamente, de las presiones, los principios rectores y el intento de instrumentalizar la Universidad por el nuevo régimen, la politización de los discursos inaugurales siguió siendo, como en el pasado, bastante atenuada. Continuaron primando, al igual que siempre, el fondo y las formas académicas.

En las piezas oratorias que hemos examinado el asunto de la nación y del nacionalismo español es siempre marginal aunque esté presente en muchas de ellas de forma implícita. Ningún catedrático se planteó este tema como objeto de análisis, probablemente porque era un concepto totalmente definido, plenamente asentado y asumido por todos ellos de forma natural. Otra cosa es que pudieran existir diferencias y matices, como los había habido antes de la guerra, a la hora de interpretar el nacimiento, la formación, la trayectoria y los elementos definidores de la nación española. Por lo que hemos podido ver en los discursos, la mayoría de los catedráticos participaban de una concepción de la historia de España afín al modelo tradicional o conservador, teniendo a Menéndez Pelayo como figura más representativa del mismo. Alguno, como Ramos Loscertales, estaba más próximo a las tesis de un Claudio Sánchez Albornoz o de un Menéndez Pidal, pero tampoco disentía en lo fundamental de aquel modelo. Y, finalmente, Apraiz, por su formación y visión de la historia, parecía incardinarse en un modelo interpretativo liberal. Pero para todos, hay que insistir una vez más en ello, por encima de estos diferentes enfoques, España era una nación troquelada desde la época visigoda y con unos antecedentes, los de la Hispania romana y los pueblos prerromanos, que formaban parte también, como sustrato básico, del proceso de nacionalización. Otra cosa bien distinta eran las formas de gobierno y los sistemas políticos que a lo largo de su historia se habían sucedido. En este punto diferían, como es sabido, las visiones conservadora y liberal, y también en los discursos se aprecian algunas diferencias al respecto. También divergían a la hora de valorar el régimen nacido de la Guerra Civil, por más que ese mismo régimen utilizara todos los resortes posibles para conseguir unas adhesiones inquebrantables, que ni siquiera en estos primeros años de la inmediata posguerra lograría concitar de forma plena y, por supuesto, voluntaria.