MIGRACIÓN CHINA EN CHILE: CONTROL FRONTERIZO Y CONFLICTOS DIPLOMÁTICOS (1906-‍1937)^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

En abril de 2021, el Gobierno de Chile promulgó una nueva ley de migraciones, un proceso que se inició en 2018 con la regularización del ingreso y permanencia de personas de nacionalidad haitiana y venezolana. La nueva ley ha sido ampliamente criticada por académicos y organizaciones migratorias. De acuerdo con estos grupos, la prioridad de la ley no está en la integración de las personas migrantes, sino en las restricciones al territorio y la implementación de expulsiones^[2]. Como señala el investigador Luis Thayer, la ley se basa en la premisa de que la migración se podrá ordenar, suponiendo que las personas que no cuenten con una visa tramitada en su país de origen desistirán de ingresar al país, cuestión refutada por el volumen de ingresos clandestinos en los últimos años^[3]. El control migratorio no solo ha significado un aumento sostenido en los ingresos no autorizados, sino que una redirección de los flujos migratorios a los países vecinos, especialmente en Perú, pues muchos de los inmigrantes que tenían como destino final Chile decidieron quedarse en ese país donde el control es menor^[4].

La implementación de normativas destinadas al control migratorio de un grupo específico de extranjeros no es un fenómeno nuevo en Chile. La preocupación actual del país por las políticas migratorias nos invita a reflexionar sobre los tempranos esfuerzos realizados para restringir el ingreso de inmigrantes no deseados. En las primeras décadas del siglo xx, Chile, y en particular las provincias del norte del país, experimentó un incremento del número de extranjeros procedentes de países vecinos, Europa, Asia y Medio Oriente^[5]. Este fenómeno trajo consigo discusiones respecto a los procesos migratorios y controles transfronterizos. Como señala Pablo Yankelevich para el caso mexicano, las políticas estatales de control de la inmigración extranjera respondieron, por un lado, a los requerimientos del mercado de trabajo que reclamaba mano de obra y ocupación de los territorios y, por otro, a un «orden político encargado de velar por una unidad cultural capaz de garantizar la existencia de una comunidad política de dimensión nacional^[6]». Yankelevich agrega que con ello apareció la categoría del inmigrante «no deseable», que amenazaba la unidad cultural y biológica de las sociedades de acogida, el cual tendría menor capacidad de asimilación de costumbres, hábitos y estilos de vida de los lugares de recepción^[7]. En Chile muchos de estos discursos se repitieron, los cuales apuntaban a la amenaza racial que significaba la población de origen asiático en general y china en particular para la raza chilena.

El objetivo de este artículo es analizar la inmigración china a Chile y sus efectos en la delimitación y control del espacio fronterizo en el norte del país durante las primeras décadas del siglo xx. En estas regiones residía la mayoría de estos extranjeros y se situaban los principales puntos de ingreso al territorio chileno. Junto a ello se busca estudiar el accionar de una serie de funcionarios públicos para limitar su ingreso, y de esa manera cumplir con las indicaciones —en su mayoría de carácter confidencial^[8]— que emanaban de las autoridades residentes en la capital. El estudio de la migración china no es al azar: en la historia republicana chilena fue el primer grupo de inmigrantes a los cuales se limitó, controló o prohibió su llegada exclusivamente por su nacionalidad, hecho que se repitió en diversos países de las Américas. Como plantea Erika Lee para el caso de los Estados Unidos, la presencia de inmigrantes chinos dio origen a las primeras campañas para fiscalizar la inmigración indocumentada y el consiguiente control de fronteras^[9]. Siguiendo a Lee, planteamos que similar a lo sucedido en los Estados Unidos, en Chile las políticas por controlar la inmigración china, especialmente en la década de 1920, tuvieron un impacto directo en los países vecinos, aceleraron el establecimiento de protocolos para el control de los espacios fronterizos con el fin de limitar la circulación de inmigrantes indocumentados e «indeseables».

Este trabajo se inserta en los estudios migratorios y transfronterizos que han tenido una importante renovación en los últimos años. En 2014, el historiador Michael Goebel daba cuenta de que una parte importante de la literatura sobre las migraciones en América Latina y el Caribe se había enfocado en historias particulares de un grupo étnico o nacional que arribaba a un país específico^[10]. Sin embargo, el estudio de inmigrantes en espacios geográficos más amplios, sus redes a nivel transnacional o regional o desde una aproximación comparada continuaban siendo escasos. En el caso de Chile, en los últimos años ha surgido un renovado interés por el estudio de diversas comunidades extranjeras, siendo la china una de ellas. Estas investigaciones han permitido complejizar la experiencia migratoria de los ciudadanos chinos en el norte del país en ciudades —como Arica, Iquique y Antofagasta— dando cuenta de aspectos demográficos, económicos, políticos y culturales en los cuales las comunidades chinas des tuvieron una importante participación^[11].

En cuanto a los estudios transfronterizos sobre la región, en las últimas décadas ha existido una complejización de las perspectivas de análisis acerca del espacio fronterizo entre Chile, Perú y Bolivia, considerado más allá que una división geopolítica. Especial atención le han dado los investigadores al periodo comprendido entre la guerra del Pacífico (1879-‍1883) y la crisis económica de 1929^[12]. Entre las temáticas abordadas han prevalecido la integración económica y aspectos sociales y cotidianos del acto de migrar. En cuanto a la población estudiada, los trabajos se han centrado principalmente en la circulación de indígenas bolivianos y trabajadores procedentes de Perú, quienes en los años de conflictos por la soberanía de estas regiones transitaban de manera libre por la zona^[13]. Sin embargo, poco se conoce acerca de cómo otros grupos de la población, especialmente extranjeros no fronterizos (por ejemplo, procedentes desde Asia y Medio Oriente) experimentaron las políticas restrictivas del Gobierno chileno.

Con el objetivo de contribuir a estos dos campos de estudio, este artículo estudia la política migratoria hacia los inmigrantes chinos en Chile y particularmente en regiones fronterizas desde una perspectiva transnacional, centrado en circulaciones y efectos de políticas migratorias desde una perspectiva regional latinoamericana^[14]. Metodológicamente, el análisis se sustenta en documentos emitidos y recibidos tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile como el de Perú, de la Intendencia de Tacna y prensa chilena y peruana, especialmente los periódicos El Comercio (Lima), El Mercurio de Santiago y Valparaíso y El Ferrocarril (Arica).

La investigación tiene como punto de inicio 1906, año en que el diputado chileno Malaquías Concha presentó el primer proyecto de ley tendiente a prohibir la inmigración china a Chile, mientras que el punto de cierre será 1937, fecha en que Chile y Bolivia suscribieron un acuerdo para controlar la frontera terrestre entre ambos países. Sin embargo, la investigación se centrará en la década de 1920, cuando los fenómenos antes mencionados —migración clandestina y conflictos bilaterales— se harán más patentes. El artículo está dividido en tres partes. En la primera de ellas se exploran de manera general las políticas migratorias chilenas tendientes a restringir el ingreso de inmigrantes chinos en el país, señalando los principales argumentos detrás de este anhelo. Posteriormente, se analiza la situación de la inmigración china en los países vecinos de Chile (Perú, Bolivia y Argentina), la cual generaba mayor preocupación e interés de las autoridades y opinión pública chilena. Finalmente, se estudia la llamada inmigración clandestina y los esfuerzos de las autoridades por controlar la circulación de inmigrantes y fortalecer las fronteras.

II. INMIGRACIÓN CHINA A CHILE: RESTRINGIR SIN PROHIBIR[Subir]

Durante el siglo xix e inicios del siglo xx, prevaleció en Chile una política migratoria selectiva, con una clara preferencia hacia la población europea sobre la de carácter fronterizo o procedente de Asia. En 1845, el poder ejecutivo puso en marcha una serie de campañas con el fin de atraer inmigrantes europeos para poblar y modernizar el sur del país. Para lograr tal propósito, a partir de 1882 y hasta principios del siglo xx, el Gobierno estableció diversas agencias de colonización en países europeos, como Italia. No obstante, dichos proyectos no tuvieron el éxito deseado por las autoridades^[15].

Ante la imposibilidad de atraer a un número masivo de colonos europeos, como lo estaban haciendo Argentina o Brasil, surgieron voces que sugirieron la introducción de trabajadores chinos al país. Sin embargo, primó la idea de que no era conveniente permitir su ingreso. En 1880, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Rafael Larraín, solicitó a un chileno residente en California, Francisco Casanueva, una reseña sobre la inmigración china a ese estado con el fin de evaluar si era conveniente o no para Chile. Casanueva concluyó que sus «ideas, idioma, gobierno, religión i costumbres contrarias a nuestra civilización i bienestar» eran motivos suficientes para no permitir la introducción de cualquier persona del «Celeste Imperio»^[16]. Según Casanueva, era necesario mantener la cifra de inmigrantes chinos en el país lo más baja posible, sugerencia que fue adoptada por las autoridades de turno. En términos numéricos la inmigración china era marginal. Según el Censo General de Chile de 1854, residían poco más de setenta chinos en el país y antes de la guerra del Pacífico (1879-‍1883) contra Bolivia y Perú, apenas superaba los cien ciudadanos chinos^[17].

Este panorama cambió después de este conflicto bélico con la ocupación por parte de Chile de territorios que pertenecían a Bolivia (Antofagasta) y Perú (Tarapacá, Tacna y Arica), ya que estos (en particular Tarapacá) contaban con un importante porcentaje de población asiática que trabajaba en diferentes faenas, como las guaneras (imagen 1). El censo posterior a la guerra, realizado en 1885, daba cuenta de un aumento explosivo en el número de residentes chinos en la provincia de Tarapacá, que ascendía a 540 individuos. La población china superaba a la de otras colonias, como los italianos, alemanes y españoles, solo superada por los británicos. Sin embargo, el peso demográfico de la colonia china seguía siendo relativamente marginal si lo comparamos con el resto de Chile: según el censo efectuado en 1920, con 1954 individuos representaba el 1,62 % de los extranjeros residentes en el país y tan solo 0,05 % de la población total^[18].

La incorporación de este grupo de inmigrantes al territorio nacional no estuvo exenta de polémicas como consecuencia de un fuerte ambiente antichino que estaba tomando forma en América Latina, y que se tradujo en la publicación de artículos periodísticos discriminatorios, manifestaciones públicas e incluso violencia física hacia dichos inmigrantes^[19]. En términos generales, la sinofobia se justificaba por lo que se consideraba significarían tres grandes peligros para la población local: a) el discurso eugenésico que consideraba a las «razas amarillas» inferiores; b) el peligro para los trabajadores, pues se decía que los inmigrantes chinos «robaban los trabajos» al emplearse por menos dinero y monopolizar ciertos espacios laborales como restaurantes, pequeños comercios o lavanderías, y c) un peligro para la salud pública^[20]. La patologización de los chinos justificó la necesidad de escrutinio médico a los recién llegados al país^[21] y el requerimiento de un pasaporte sanitario, como analizaremos posteriormente.

La prensa y las revistas misceláneas chilenas jugaron un rol clave al reproducir noticias racistas y xenófobas^[22]. La prensa de Santiago y Valparaíso, especialmente el diario El Mercurio, siguió de cerca las noticias de Europa y los Estados Unidos. Por esta razón, destinó una parte importante de sus páginas a publicar artículos que daban cuenta de la política de expulsión de ciudadanos chinos en diversos Estados de los EE. UU,, los peligros que ocasionaba para el país el arribo de dichos inmigrantes, así como su posible impacto en la salud y en el mercado de trabajo^[23].

Por su parte, medios de prensa del norte del país se hicieron eco del discurso antichino imperante en los medios antes señalados. En el caso de Arica, en las primeras décadas del siglo xx diarios como El Ferrocarril y La Aurora regularmente transcribían artículos chilenos y peruanos desfavorables a la inmigración china, junto con ataques dirigidos a la colonia asiática local. A modo de ejemplo, en 1917 La Aurora de Arica reprodujo un artículo de La Prensa de Lima con el encabezado: «En la casa de un chino. Una niña de once años sacrificada. Crimen abominable»^[24]. Asimismo, en diversas ocasiones los comerciantes chinos eran acusados de subir los precios de los artículos de consumo, llegando al punto de hacerse un llamado al público a boicotear estos comercios^[25]. En términos generales, se criticaban ciertas costumbres consideradas como inherentes a ellos, como la escasa higiene, el consumo de ratas y opio y la adicción al juego, junto con una supuesta debilidad física y racial.

Esta propagación de un discurso antichino en la sociedad chilena tomó más fuerza con el pasar de los años y se tradujo en un afán de limitar el número de migrantes chinos que ingresaban al país. De hecho, ya en el año 1889 la memoria del Ministerio de Industria y Obras Públicas preconizaba la idea de prohibir la «introducción de individuos de raza asiática»^[26]. Más tarde, en 1906, el diputado Malaquías Concha, del Partido Democrático, presentó un proyecto en el Congreso que buscaba prohibir la inmigración asiática hacia Chile, fundándose en una supuesta inconveniencia para el país de la «mezcla de razas». En efecto, al exponer su proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, Concha consideraba que los chinos del norte del país «contribuyen mui poco a la producción y mucho a la depravación de las costumbres»^[27]. El proyecto estipulaba en su artículo único: «Queda prohibida la inmigración en el país de individuos de raza amarilla o mongólica y de raza negra o etiópica». Pese a que no fue considerado por la Cámara, el proyecto tuvo una amplia repercusión en la prensa. Como se aprecia en la imagen 2, a los inmigrantes chinos se los retrataba con su ropa típica (y no occidental), un manejo pobre del español y el consumo de ratas.

La idea de legislar al respecto se mantendrá en los siguientes años, solicitada principalmente por autoridades de la zona norte del país. En estas regiones, autoridades políticas y parte de la opinión pública hicieron sentir su malestar por el ingreso masivo de extranjeros, especialmente desde 1906 cuando la empresa naviera Toyo Kisen Kaisha inauguró la ruta Hong Kong-Chile^[28]. En febrero de 1918, el periódico El Pacífico de Tacna informaba que un grupo de diputados presentaría un proyecto para prohibir la inmigración asiática, similar al que más de una década antes había presentado Malaquías Concha^[29].

Este proyecto no prosperó, pues en el mes de abril de dicho año el intendente de Tarapacá, Recaredo Amengual, solicitó al Gobierno que se dictara una ley suprimiendo este tipo de migración^[30]. Pese a estos intentos, la legislación chilena no contemplaba a inicios del siglo xx medidas que limitaran o prohibieran la inmigración asiática. Muy por el contrario, se observa que, debido a la voluntad de los gobernantes chilenos de posicionar el salitre en los emergentes mercados asiáticos, no se prohibió de manera explícita la inmigración asiática con el fin de mantener buenas relaciones diplomáticas especialmente con China y Japón, y así poder desarrollar un comercio transpacífico e introducir el salitre en Asia^[31].

Lo anterior no impidió llevar a cabo medidas restrictivas para el ingreso de chinos al país, las cuales en su mayoría fueron de carácter confidencial. Esto se concretó, por ejemplo, el 16 de abril de 1914, cuando se despachó el Decreto n.° 597 del Ministerio del Interior, solicitado por el consulado chileno en Hong-Kong, que estableció estrictas normas sanitarias para la entrada de inmigrantes a Chile. El mencionado decreto estipulaba que todo extranjero que deseara ingresar al país debía contar con un «certificado de salud expedido por el médico cirujano designado por el cónsul de Chile residente en el puerto de embarque»^[32]. Además, su desembarco en territorio nacional estaba condicionado a la autorización de la Junta de Sanidad presente en los principales puertos del país^[33]. Pese a que el citado decreto no estaba dirigido específicamente a inmigrantes de origen asiático, notas confidenciales del año siguiente daban cuenta de lo contrario. La medida buscaba establecer una serie de trabas administrativas y burocráticas para evitar el ingreso de inmigrantes asiáticos, llamándose a los cónsules a adoptar severamente estas disposiciones y proceder «en forma estrictamente confidencial i discreta para evitar posibles dificultades internacionales»^[34].

Siguiendo esta línea y en contra de lo que señalaba la ley respecto a la inmigración libre, el Gobierno resolvió confidencialmente impedir el desembarco de chinos en Arica: «Aunque un pasajero pueda desembarcarse libremente en cualquier puerto intermedio, esa libertad ha sido denegada en Arica para los chinos, conformándome a las instrucciones reservadas al respecto del Ministerio de Relaciones Exteriores»^[35]. La política restrictiva tuvo el éxito esperado y se reflejó en la disminución de ingresos en el país. Según informaba el doctor Conrado Ríos, médico jefe de la Estación Sanitaria en Arica, «la inmigración asiática, dadas las medidas tomas en Hong-Kong por el Consulado de Chile, disminuye de año en año, y [...] su calidad es relativamente satisfactoria»^[36]. Para el caso de Tarapacá, posterior a 1920, se vivió un descenso paulatino que respondería al mayor control migratorio y trabas para ingresar al país, combinado con la disminución de la actividad en las faenas salitreras^[37]. Este descenso se reflejó a escala nacional, según el censo del año 1920, y el número de chinos en Chile pasó de 1954, a 1442 en el año 1940.

III. INMIGRACIÓN CHINA EN LOS PAÍSES FRONTERIZOS [Subir]

Como señalamos anteriormente, las primeras décadas del siglo xx estuvieron marcadas por un profundo sentimiento anti chino en varios países de América Latina y el Caribe, que llevó a que diversos Gobiernos desarrollaran políticas de restricción migratoria. En Chile, la prensa siguió de cerca la situación de dicha inmigración, las causas que llevaron al mayor control y las reacciones que estas políticas ocasionaron. Pese a la distancia geográfica, se reproducían telegramas del exterior que daban cuenta de las leyes antiasiáticas en diversos países de las Américas. Por ejemplo, en 1907 El Mercurio de Valparaíso informaba de la gran revuelta popular contra unos 2000 chinos en Vancouver, Canadá. Estos fueron expulsados violentamente de sus casas por una turba que llegó a quemar la efigie del gobernador Dunsmuir «por no haber tomado medidas para impedir la inmigración de asiáticos»^[38].

Las autoridades siguieron de cerca el aumento de la migración china en Perú. Ello llevó a que el Gobierno chileno y la prensa prestaran atención a la situación de la inmigración en ese país, pues entre 1903 y 1908 habían ingresado 11 742 chinos, los cuales se sumaban a los más de 100 000 que habían ingresado entre 1849 y 1874^[39]. El elevado número respondía a un proyecto del Gobierno peruano que se inició en 1849, que buscaba suplir, con la inmigración de colonos chinos, la escasez de mano de obra producida por la abolición de la esclavitud africana en dicha nación. Esta migración coincidió con el aumento de la demanda internacional de materias primas como el guano y algodón en los mercados externos^[40].

Desde su inicio, la inmigración china generó críticas por parte de varios sectores peruanos, quienes consideraban que los costos raciales para el país eran muy elevados. Este argumento se repetiría más tarde en Chile. Como señalaba el diario El Comercio en abril de 1904, «no debe buscarse el pretexto, ya manoseado, de la escasez de brazos para traer hombres de una raza degradada por sus costumbres y sus vicios, que entre nosotros toman carta de ciudadana y contribuyen al envilecimiento de nuestro pueblo»^[41]. Los debates en torno a la inmigración china resurgieron en 1904, cuando el nuevo cónsul peruano en Hong Kong, Eduardo Muelle, decidió reactivar la inmigración, pues al igual que muchos otros miembros de la elite consideraban que los «braceros asiáticos» tendrían un gran valor para el desarrollo de la agricultura peruana^[42].

Parte de los argumentos para frenar su ingreso radicaban en el peligro que según muchos sectores —especialmente médicos— significaba para la raza e higiene, razón por la cual a fines de diciembre de 1907 el Gobierno peruano comenzó a exigir a todos los chinos que quisieran ingresar al país contar con un pasaporte sanitario^[43]. Sin embargo, dos años más tarde, y en respuesta a violentas jornadas de protestas que causaron daños a la persona y propiedad de cientos de chinos, se limitó esta inmigración. En mayo de 1909, cientos de trabajadores reclamaron al Gobierno por las altas tasas de desempleo, el aumento en los precios de primera necesidad y la reactivación de la inmigración china^[44]. En estas violentas jornadas se registraron agresiones verbales y físicas contra los chinos, junto con saqueos y destrucción de sus establecimientos comerciales.

En respuesta a estas revueltas populares, el Gobierno peruano emitió a los pocos días un decreto para suspender la inmigración china, lo que originó la protesta de la Legación china^[45]. Luego de más de un mes de negociaciones, se firmó el Protocolo Porras-Wu del 28 de agosto, en que se reafirmaba la suspensión de emigrantes, entendidos como aquellos que una vez en el país buscaban trabajo manual para su subsistencia. Sin embargo, permitió el ingreso de aquellos «no-inmigrantes» que querían viajar al Perú sin intención de conseguir un trabajo, lo que incluía mujeres y niños. Pese a ello, los años siguientes continuaron llegando chinos al país, en parte por fraude y corrupción de cónsules peruanos en Hong Kong respecto a la entrega de pasaportes. Las autoridades del puerto del Callao en diversas ocasiones prohibieron el desembarco de chinos, y en 1930 se promulgó un decreto que suspendió toda inmigración asiática, aunque fueran ciudadanos peruanos y tuvieran familia en Perú^[46]. La reducción del número de inmigrantes chinos en el vecino país fue celebrada por autoridades chilenas, quienes temían que muchos de ellos terminaran finalmente residiendo en Chile.

Por su parte, la migración china a Argentina tuvo un menor efecto para Chile. Por lo tanto, no fue considerada como una amenaza para el Gobierno, pues se desarrolló principalmente en la segunda mitad del siglo xx y con cifras muy inferiores a Perú. Anterior al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y la República de China, las cifras de inmigrantes chinos eran reducidas. Por ejemplo, según el tercer censo nacional de 1914, en el país residían 462 ciudadanos chinos, una cifra muy marginal si se toma en consideración a otros grupos de inmigrantes como los italianos, que casi llegaban a un millón por esos años. Este grupo carecía de representación y protección diplomática, y ante cualquier tipo de trámite de índole personal o comercial debían acudir a los consulados chinos ubicados en Santiago o Río de Janeiro^[47]. Pese a ello, en la documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no se observa ninguna disposición especial para evitar su ingreso al país.

A diferencia de las políticas migratorias chilena y peruana, que durante las primeras décadas del siglo xx restringieron el arribo de inmigrantes chinos, Bolivia tuvo un importante acercamiento con la República de China, que se tradujo en la apertura del territorio boliviano a los inmigrantes chinos y en un proyecto destinado a atraer a dichos migrantes. El 3 de diciembre de 1919, ambos países establecieron relaciones diplomáticas, las que se concretaron con la firma de un Tratado de Amistad durante la Conferencia de Washington que tuvo lugar a fines de 1921 e inicios de 1922^[48]. Este tratado tuvo entre otras consecuencias el incentivo de la migración china a Bolivia durante la década de 1920, lo cual generó conflictos consulares entre Chile y este país. Ello porque la pérdida de mediterraneidad o acceso al mar por parte de Bolivia obligó a dicha nación a depender de puertos extranjeros, principalmente chilenos, para el desembarco de inmigrantes que posteriormente debían continuar su viaje vía terrestre.

Desde el fin de la guerra del Pacífico (1879-‍1883), según señalan Sergio González y Sandra Leiva, la frontera chileno-boliviana estuvo «en transición», ya que estaba sujeta a un litigio diplomático^[49]. Esto implicó que durante este periodo el Estado boliviano y chileno evitaron establecer controles fronterizos hasta que se fijaran los límites entre ambos países. Finalmente, en 1904 el Tratado de Paz y Amistad firmado entre ambos países ratificó la pérdida de los territorios bolivianos en las costas del Pacífico, en particular el puerto de Antofagasta. En compensación por la pérdida de su litoral, Chile se comprometió a construir una vía férrea que uniera La Paz con el puerto de Arica y que fue inaugurada en el año 1913. Se concedió también para Bolivia en el artículo sexto el «más amplio y libre derecho de tránsito comercial» por el territorio y los puertos de Chile, así como su derecho para establecer agencias aduaneras en los puertos de Antofagasta y Arica en el artículo séptimo.

Por tanto, este tratado suscrito entre ambos países tenía implicaciones principalmente en el ámbito comercial, referido a la circulación de mercancías, pero no a la libertad de tránsito de personas. Sin embargo, con este tratado las fronteras entre estos países siguieron abiertas de facto desde y hacia las regiones salitreras chilenas para satisfacer la gran demanda de mano de obra requerida por la industria del nitrato^[50]. Esto generó problemas entre estos países en cuanto a la inmigración china, ya que el tema de la circulación migratoria quedó entonces relegado en una especie de zona gris hasta 1937 con la Convención sobre Tránsito, que reconocía el derecho de libre tránsito, tanto para mercaderías como para personas, la cual analizaremos posteriormente^[51].

IV. «MIGRACIÓN CLANDESTINA»: LA CIRCULACIÓN DE INMIGRANTES CHINOS EN LA FRONTERA NORTE[Subir]

La falta de control marítimo y principalmente terrestre significó que durante la década de 1920, y pese a las políticas restrictivas por parte de Chile, los inmigrantes chinos siguieran ingresando al país atraídos por el movimiento comercial de la industria salitrera, que le permitió la apertura de negocios minoristas en diversas ciudades y pueblos del norte del país. En los puertos, especialmente en Iquique, se comenzaron a aplicar protocolos de control de identidad, y desde 1921 las autoridades chilenas en China comenzaron a exigirles certificado sanitario, junto con un examen médico y de vacunación^[52]. Respecto al control marítimo, las autoridades a nivel nacional, principalmente de la Intendencia de Tacna, tomaron enérgicas medidas para hacer más eficientes los controles. Los barcos procedentes del norte debían recalar en Arica para que los médicos de la estación sanitaria efectuaran una inspección y procedieran a su desinfección si el caso lo requería^[53]. Estas inspecciones sanitarias de las naves en Arica, además de su función de protección ante posibles enfermedades infecciosas, sirvieron también para controlar a los inmigrantes asiáticos que podían llegar a Chile por vía marítima. El jefe de la estación, el Dr. Conrado Ríos, al referirse a la llegada de inmigrantes asiáticos con la apertura de la línea de vapores japoneses Toyo Kisen Kaisha, señalaba que «a la inferioridad singular de su raza, suele acompañarles un buen número de enfermedades propias de aquellos países»^[54].

Sin embargo, el control terrestre seguía siendo el gran punto débil del sistema de migraciones. Es necesario tener en consideración que por estos años recién se estaba implementando el control efectivo, y el uso de documentos de identidad confiables con un sistema de fotografía era incipiente. Como señala José Ragas para el caso peruano, si bien existieron proyectos de identificación a través de la utilización de fotografías y huellas dactilares desde mediados del siglo xix en Perú y América Latina, estos se orientaron en un primer momento a la población carcelaria^[55]. En Perú, recién en la década de 1930 apareció la libreta electoral como documento personal de identificación, mientras que el uso de pasaportes aún continuaba siendo muy restringido. En Chile la situación se repetía. En 1924 se estableció el Servicio de Identificación Personal Obligatorio, pero recién en 1930 se hizo obligatorio el uso de cédula de identidad^[56]. Por ello cobró gran relevancia para Chile que los países limítrofes compartieran su anhelo de controlar la inmigración asiática y así reducir la posibilidad de que estos inmigrantes ingresaran al país por otros puntos.

Pese a que la legislación peruana había suspendido la inmigración china en 1909, en la práctica continuó en los años siguientes. Según Adam McKeown, el principal problema que enfrentó el Gobierno para controlar la inmigración china fue el fraude y la corrupción^[57]. En 1916, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile informaba de manera confidencial al intendente de Tacna sobre la existencia de un complot, descubierto por el cónsul en Hong Kong, que era perjudicial para el país. Los empleados de la agencia Toyo Kisen Kaisha, que realizaba el viaje entre Asia y los puertos del Pacífico, llevaban emigrantes chinos con rumbo aparente a Perú y México, donde posteriormente la compañía les entregaba pasajes con destino a Chile. Como dichos viajes regionales no tenían como punto de origen China, muchas veces los controles eran más laxos. Ante dicha situación, se solicitó al gobernador de Arica que adoptara enérgicas medidas para el control de la inmigración al país^[58].

Las acusaciones sobre el mal manejo de la inmigración asiática también se dieron de forma inversa. Perú responsabilizó a las autoridades chilenas por el ingreso de inmigrantes chinos en su territorio. Por ejemplo, en agosto de 1914 el cónsul peruano en Hong Kong comunicaba al oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores que cada día aumentaba el número de pasajeros chinos que se embarcaban con destino a puertos chilenos, especialmente Iquique. Sin embargo, «su propósito no es otro que poder desembarcar por todos los medios posibles en el Callao, burlándose de la vigilancia de nuestras autoridades marítimas»^[59]. El arribo de cientos de inmigrantes chinos a ciudades del norte de Chile, especialmente Arica e Iquique, ponía en peligro la política migratoria del Gobierno peruano. Para evitar este fraude, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano se ordenó al cónsul del país en Iquique que no expidiese ni legalizara «bajo ningún motivo» pasaportes a ciudadanos chinos^[60].

Sin embargo, la circulación terrestre de inmigrantes chinos generó mayores desafíos para el Gobierno y tensiones a nivel bilateral respecto a la responsabilidad de cada uno de los países de custodiar las fronteras terrestres. Sería recién en la década de 1930 cuando Chile firmó acuerdos con los países vecinos para controlar las fronteras. Posteriormente a la guerra del Pacífico, la Administración chilena favoreció la libertad de los empresarios de las faenas salitreras, que requerían numerosa mano de obra. Se contrataron a «enganchadores», cuya función era atraer obreros procedentes tanto de Chile como de los países vecinos para que prestaran sus servicios en el desierto de Atacama. Para las autoridades chilenas, el control de la frontera del Sama con Perú se centró en el control del contrabando fronterizo y el cobro de derechos aduaneros sobre los productos procedentes del sur peruano^[61]. Sin embargo, las tensiones generadas por el problema de la soberanía de Tacna y Arica condujeron al Gobierno a implementar medidas para hacer ejercer un control fronterizo en el norte del país. Por ejemplo, en 1921 la Administración chilena en la región reforzó las policías de frontera y una serie de medidas de control en las vías de acceso al país y de documentos de identidad para frenar el libre tránsito de personas, el paso de animales y el traslado de mercaderías^[62].

El Tratado de Lima fue una oportunidad para ejercer un mayor control de la inmigración terrestre que se venía discutiendo desde inicios de la década de 1920, especialmente con el caso de la inmigración china. En julio de 1929, Perú y Chile firmaron un tratado con el fin de resolver el problema fronterizo de Tacna y Arica, resultando en la división del territorio en dos partes y estableciéndose la línea divisoria denominada Concordia. En el mismo tratado, el artículo 9 señalaba que las partes contratantes celebrarían un convenio de policía fronteriza para los territorios adyacentes a la línea divisoria, y que dicho convenio debía entrar en vigor tan pronto el departamento de Tacna regresara bajo la soberanía del Perú^[63]. Ese mismo año, el Gobierno de Chile endureció los controles de identidad para los extranjeros, incluidos los ciudadanos peruanos que ingresaban al territorio. En agosto de 1930 se aprobó la Ley 4871, que permitía el ingreso al país únicamente de personas que contaran con algún documento de identidad individual, ya fueran pasaportes o documentos expedidos por algún consulado de Chile^[64].

Anterior a la implementación de este sistema de control fronterizo, la circulación en los pasos fronterizos era habitual y sin mayores controles. Como señalaba el cónsul chileno en Hong Kong, Arnaldo Astroza, recogiendo los datos proporcionados por el intendente de la provincia de Tarapacá en 1925, en la región residían 3634 chinos «de los cuales una parte considerable habrían entrado por la pampa de forma clandestina»^[65]. Para el cónsul era claro que esta inmigración procedía de Perú, chinos que no pudiendo llegar a Chile desde Hong Kong por las vías regulares y marítimas, lograban obtener sin mayores reparos pasaportes para territorio peruano «para escurrirse a los países limítrofes con esa República atravesando sus fronteras y escogen la nuestra por la reconocida riqueza de nuestras provincias del norte, y especialmente de Tarapacá». Según comenta Astroza, en la misma nota, Chile estaba experimentando los mismos problemas migratorios que los Estados Unidos, donde «muchos chinos obtienen su ingreso en el territorio mexicano, no para residir en él, sino para burlar la vigilancia de las fronteras o sobornarlas y pasar a territorio americano».

Sin embargo, fue la inmigración china a Bolivia la que generó mayor preocupación —y tensiones— de las autoridades locales y consulares en Hong Kong, pues el ingreso de ciudadanos chinos a ese país dependía de puertos chilenos, seguido por un traslado terrestre hasta territorio boliviano, principalmente a través del ferrocarril de Arica a La Paz que había sido inaugurado en el año 1913. El tratado de 1904 delimitó la frontera entre las dos naciones, la cual estaría demarcada por importantes geosímbolos naturales, como ríos, altas montañas y volcanes. El control de pasajeros se realizaba en las estaciones del ferrocarril; sin embargo, miles fueron las personas que transitaron desde los valles bolivianos atravesando el altiplano y los valles precordilleranos de Tarapacá, para llegar a la pampa salitrera.

El convenio internacional de tránsito entre estos dos países recién se implementó en septiembre de 1937, centrado en pasajeros en tránsito, uno de los principales puntos de conflicto entre las dos naciones. Según el artículo primero, el visado de pasaportes en tránsito por territorios o puertos chilenos sería libre para los bolivianos y extranjeros con destino o con procedencia de Bolivia, y chilenos o extranjeros en tránsito por territorio boliviano con destino a Chile, luego de acreditar la identidad a través de un pasaporte o salvoconducto^[66].

El tratado puso fin a una serie de controversias entre ambos países que se inició principalmente en 1920 con el proyecto migratorio boliviano de atraer trabajadores chinos a su territorio. Como se ha señalado anteriormente, durante estos años la política chilena respecto a la inmigración china comenzó a endurecerse y varios representantes de Chile en el extranjero, especialmente Francisco Rivas Vicuña a cargo de la Legación chilena en Tokio, se sumarán a los esfuerzos para reducir al máximo las autorizaciones otorgadas a ciudadanos chinos para emigrar a Chile. Será este diplomático quien advirtiera al ministro de Relaciones Exteriores de que la migración china a Bolivia significaba un importante retroceso al respecto. Posterior al establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de China y Bolivia en 1919, el Gobierno de Bolivia había comenzado a fomentar la inmigración china a través de sus cónsules en Asia. Rivas Vicuña estimaba «esta determinación boliviana como un serio peligro para nosotros, siendo fuera de duda que los emigrantes chinos, sabedores de las mejores condiciones de trabajo en Chile no tardarán en abandonar las regiones del Altiplano para inundar nuestras salitreras»^[67]. Este diplomático comienza a solicitar en 1920 que se adopte un reglamento en «nuestras fronteras de los Andes que impida esta corriente derivada de tan poco deseable emigración».

Los esfuerzos de Rivas Vicuña como representante de Chile en Tokio para limitar el número de pasaportes a territorio chileno generarían una serie de tensiones diplomáticas entre Chile y Bolivia. En 1919 Rivas Vicuña había celebrado un acuerdo confidencial con la compañía Toko Kisen Kaisha para que permitiera embarcar con destino a Chile solo a personas que contaran con el pasaporte y visa emitidas por la Legación chilena en Tokio^[68]. Sin embargo, ese acuerdo afectaba la inmigración china a Bolivia, pues a varios ciudadanos chinos que solicitaban la venta de pasajes con destino a dicho país, vía Arica, se les negaba. Esta situación generó la molestia del cónsul de Bolivia, quién según Rivas Vicuña «le ha dicho que de acuerdo con el artículo 6 del Tratado no es aceptable esta limitación» y junto con ello le había insinuado «la necesidad de un puerto propio a fin de evitar estas turbulencias»^[69]. Como señalamos anteriormente, dicho tratado solo refería a la libre circulación de bienes y no de personas, y así Rivas Vicuña se lo hizo saber. Con el fin de no generar conflictos, el cónsul boliviano le habría señalado que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo respecto al número de inmigrantes, otorgándole garantías de que dichos emigrantes chinos no se quedarían en Chile. Rivas decide informar a Santiago de lo que está sucediendo, solicitando instrucciones respecto a los pasaportes y visas «en tránsito» a Bolivia con el fin de no malograr el éxito alcanzado en la política restrictiva.

Ante dicho panorama, el cónsul boliviano decidió recurrir a otros cónsules chilenos en China y Japón, especialmente a Edgardo Rojas Huneeus en Hong Kong y Arturo Larraín en Yokohama (Japón), quienes según Rivas Vicuña se habían mostrado abiertos a otorgar pasaportes con destino a Chile, contrario a sus esfuerzos y a los deseos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de la entrega de pasaportes en tránsito, Rivas Vicuña señalaba que mientras él se había negado a dar estos permisos para Chile, en mayo de 1920, numerosos chinos se habían embarcado al país con la autorización del cónsul de Yokohama. Por esta razón solicitaba al ministro de Relaciones Exteriores que prohibiera a los cónsules de Japón visar pasaportes chinos, y reiteraba la necesidad de que el Gobierno chileno emitiera un reglamento especial para el resguardo de la frontera terrestre, para que los chinos no ingresaran al país por el ferrocarril de Arica o el de Antofagasta^[70].

En los siguientes años existirá consenso respecto a que la solicitud de visas en tránsito para ingresar a Bolivia por parte de ciudadanos chinos era una excusa para quedarse en las ciudades del norte de Chile. Así lo señalaba el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Huneeus, de forma confidencial al cónsul de Chile en Japón en mayo de 1926: «El Ministerio desconfía mucho de la veracidad de los chinos que solicitan pasaportes de tránsito, pues su objeto, generalmente, es el de burlar a nuestras autoridades policiales y quedarse en Chile»^[71]. Por ello, el Ministerio hizo un llamado a los cónsules en el extranjero para evitar —dentro de lo posible— que otorgaran dichos pasaportes y visas. Para el ministro Huneeus era claro que el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia garantizaba las libertades aduaneras y de tránsito, pero no era responsabilidad de los cónsules de Chile en el extranjero realizar el control migratorio de quienes deseaban ingresar a Bolivia. Por esta razón, en 1926 se realiza un cambio de regulación respecto a la entrega de visas en tránsito, señalando que solo se visarían este tipo de pasaportes para Bolivia una vez que los representantes bolivianos lo aprobaran y previo el pago correspondiente a los cónsules de Chile^[72]. Además, la decisión de entregar estas visas recaería en el propio ministro.

Al parecer, las sospechas del ministro de Relaciones Exteriores no eran del todo erradas, pues la Dirección General de Policía en diversas oportunidades recibió solicitudes de chinos en tránsito para quedarse en el territorio. Así lo informaba su director al ministro de Relaciones Exteriores, el cual comunicó que en febrero de 1927 habían arribado al puerto de Arica once chinos con pasaportes otorgados por el cónsul chileno en Yokohama, pero en tránsito a Bolivia. Sin embargo, cuatro de ellos habían solicitado a las autoridades de Arica quedarse en el país, solicitud que fue negada, otorgándole la opción de continuar su camino a Bolivia o regresar al país de origen^[73].

Otra de las estrategias que utilizaban los inmigrantes chinos para ingresar y quedarse en el país —según el ministro de RREE— era ingresar a Bolivia y luego solicitar una visa a Chile aduciendo que querían retornar a su país. Para los ministros, como Conrado Ríos, los inmigrantes chinos llegaban a Bolivia «con el propósito de burlar nuestras leyes de inmigración y luego poder venir a nuestro país»^[74]. Por este motivo, desde el Gobierno se dieron instrucciones expresas a la Legación chilena en Bolivia para que se abstuviera de entregar pasaportes y visas a Chile. Esta decisión generó tensiones diplomáticas con la Legación de China en Chile. En abril de 1927, el representante de esta legación comunicaba al ministerio que los ciudadanos chinos Chung Kom Kin y Chay Soi Ki habían arribado al puerto de Arica con sus respectivos pasaportes provenientes de Bolivia, visados por el cónsul chileno en dicho país. Pese a ello, las autoridades de Arica habían prohibido su ingreso y, tras retener sus documentos, intentaron obligarlos a regresar a su punto de partida en Asia. Wang solicitaba que se investigaran los hechos y se respetara el derecho de estos ciudadanos a residir en la República^[75]. La respuesta del Gobierno, argumentando un error del cónsul de Chile en Bolivia al entregar esos documentos, no fue satisfactoria para el cónsul, quien indicó las molestias que estaban ocasionando a los interesados y solicitó que se otorgaran facilidades para poder cumplir con la documentación y quedarse en Arica.

En los casos en que el Gobierno chileno se vio impedido para rechazar las solicitudes aprobadas por la cancillería boliviana en China, y con el fin de no ahondar en los conflictos entre ambos países, se optó por aprobarlas, pero incrementando el control de los recién llegados. El ministro de Relaciones Exteriores solicitó a los intendentes de Tacna, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Valparaíso destinar recursos policiales con el fin de vigilar a los inmigrantes chinos que desembarcaban en la ciudad con pasaportes «en tránsito» hasta que efectivamente dejaran el país^[76]. En algunos casos las autoridades portuarias fueron más allá, prohibiendo el desembarque de chinos en tránsito a Bolivia, lo que ocasionó, como observamos anteriormente, conflictos con autoridades bolivianas y chinas.

V. CONCLUSIONES[Subir]

Chile, al igual que el resto de las naciones latinoamericanas, vio en la inmigración una posible solución para el desarrollo de la industria y la solución a la falta de trabajadores en áreas claves para la economía. Sin embargo, a diferencia de países como Perú o Bolivia en distintas épocas, nunca fomentó una política migratoria destinada a atraer migración asiática. Muy al contrario, diversas autoridades en el país y consulados en Asia impulsaron una serie de trabas burocráticas para desalentar la inmigración china a Chile, especialmente desde la década de 1920. La limitación de su ingreso se apoyaba en un discurso racista y antichino que se observaba en varias ciudades del país, visibilizado a través de numerosos artículos periodísticos y discursos políticos de la época.

Pese a este discurso antichino, el país nunca prohibió de manera explícita la inmigración china como sí lo hizo, por ejemplo, Perú. Existió una clara dicotomía entre el discurso diplomático oficial en la relación con China, que buscaba mantener lazos diplomáticos cordiales con un mercado importante para el salitre, y la extraoficial que apuntaba a impedir su ingreso en el país. Esta política se puede observar en una serie de restricciones que quedan de manifiesto en la correspondencia de carácter confidencial entre los diversos ministros de Relaciones Exteriores con autoridades locales —como el intendente de Tacna— o con los cónsules de Chile en el extranjero. En 1918, el Gobierno de Chile promulgó una ley que limitaba el ingreso de «elementos indeseables», que en su origen apuntaba a extranjeros condenados por delitos y a aquellos que alteraban el orden social y político. Sin embargo, observamos que en la década del 1920 lo indeseable se hace extensivo a los chinos por su condición racial.

Similar a lo sucedido en los Estados Unidos tras la implementación de la Ley de Exclusión China de 1882, el control del ingreso de este grupo de inmigrantes llevó al Gobierno chileno a establecer las primeras políticas de control migratorio de un grupo de extranjeros en particular, en especial en las fronteras terrestres, que hasta la década de 1920 eran permeables y flexibles. Así, el espacio fronterizo se transformó en un territorio en disputa diplomática a causa de la inmigración china y la falta de controles efectivos que permitían a estos extranjeros circular libremente entre Chile, Perú y Bolivia.

Los conflictos con Perú radicaban en acusaciones mutuas de permitir la circulación de inmigrantes chinos, y con ello dejar ingresar a inmigrantes «no deseados» a los respectivos territorios. Con Bolivia, la situación se tornó aún más tensa a nivel diplomático a partir del momento en que este país desarrolló relaciones con China y necesitó de los puertos chilenos para ingresar a la nación a decenas de inmigrantes chinos. Chile consideró que la inmigración china a Bolivia era una excusa de estos extranjeros para quedarse en el país, por lo que impidieron el ingreso y en diversas oportunidades el desembarco en los puertos chilenos de inmigrantes chinos con visa de tránsito a Bolivia. La circulación terrestre de chinos, también llamada «inmigración clandestina», generó una serie de tensiones diplomáticas entre Chile y los países vecinos que se intentaron resolver mediante acuerdos bilaterales relativamente tardíos —1929 para el Tratado de Lima con Perú y 1937 para la Convención Migratoria con Bolivia— mediante los que los tres países regularizaron sus protocolos de controles fronterizos. Sin embargo, se puede observar que, a lo largo del periodo estudiado, la inmigración se mantuvo en las provincias del norte de Chile y la comunidad china incrementó su presencia en las sociedades receptoras.