DEFENDIENDO EL «SUAVE YUGO» DE «LA MAL LLAMADA ESCLAVITUD»: EL CÍRCULO HISPANO-ULTRAMARINO DE BARCELONA (1871-‍1880)^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

A la altura de 1868, el único Estado europeo que no había abolido todavía la esclavitud en sus colonias americanas era España, país que mantenía la vigencia y legalidad de dicha institución en Cuba y Puerto Rico. Dos acontecimientos contemporáneos, acaecidos en octubre de 1868, vinieron a sacudir dicha anomalía: el triunfo de la revolución Gloriosa (en la península) y el Grito de Yara, que dio paso a la primera guerra por la independencia (en Cuba). En el nuevo escenario político abierto entonces se cuestionó públicamente y con fuerza el mantenimiento de dicha institución en ambas Antillas. No solo porque los líderes independentistas cubanos dieron pronto la libertad a sus esclavos (a condición, eso sí, de que se incorporasen a sus tropas), sino porque tras la Gloriosa algunos de los dirigentes de la Sociedad Abolicionista Española se convirtieron en ministros de los nuevos Gabinetes del Sexenio Liberal. Fue entonces, cuando ya nadie defendía públicamente en Europa la bondad de dicha institución, cuando muchos patricios alzaron sus voces y utilizaron sus plumas para sostener en España la necesidad de proteger la esclavitud vigente en ambas Antillas.

Se sucedieron a partir de entonces una serie de campañas antiabolicionistas y proesclavistas. En este artículo me centraré en el análisis de dichas campañas en una sola ciudad: Barcelona. Ejercicios similares al que propongo podrían realizarse para Madrid y también para las principales ciudades españolas (como Sevilla, Cádiz, Bilbao, Valencia o Santander, por ejemplo)^[2]. Si me ocupo de la capital catalana es por dos razones: porque Barcelona era entonces, sin duda alguna, la capital económica de la España peninsular, y porque de todas las ciudades españolas era la que más vínculos económicos mantenía con Cuba y Puerto Rico. Tal como recogió el diario madrileño La Época, en febrero de 1875, «Barcelona es la plaza de nuestra península que más cuantiosas relaciones comerciales sostiene con las provincias de Ultramar y que, por consiguiente, más interesada está en el porvenir y prosperidad de las mismas»^[3]. El objetivo, así, de este artículo radica en ofrecer un análisis detallado de la labor Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, la entidad que canalizó los principales esfuerzos antiabolicionistas registrados en la capital catalana entre 1871 y 1880.

II. LA CREACIÓN DEL CÍRCULO HISPANO ULTRAMARINO DE BARCELONA[Subir]

En agosto de 1871 un destacado comerciante de Barcelona, José Canela Raventós, un indiano enriquecido en La Habana, intentó, sin éxito, constituir en la capital catalana un centro o casino «para defender la integridad nacional»^[4]. Se adelantó unos pocos meses a la emergencia del movimiento de los círculos hispano-ultramarinos, un movimiento que nació en Madrid en noviembre de 1871 a iniciativa del también indiano marqués de Manzanedo. Se trataba de crear una organización reticular, presente a lo largo y ancho de la geografía peninsular, que presionase a las autoridades españolas a favor del mantenimiento del status quo colonial, a la par que ayudase a sofocar la rebelión cubana. De un movimiento liderado por poderosos sectores del patriciado urbano de Madrid, Barcelona y las principales ciudades del país, que nacía como alternativa al impulso abolicionista registrado en España durante el sexenio democrático.

A imagen y semejanza del homónimo centro de Madrid, el Círculo de Barcelona empezó a funcionar en diciembre de 1871, bajo el patrocinio de la gran patronal catalana, el Fomento de la Producción Nacional. Se conformó, inicialmente, una comisión interina encargada de poner en marcha la nueva entidad. Su presidente fue Bernardo Iglesias y su secretario Diego A. Martínez. Tras un breve período de tiempo y de trabajo, dicha comisión convocó la reunión fundacional del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona «en los salones altos de la Casa Lonja» a las tres de la tarde del 28 de diciembre de 1871. Aunque la citada comisión había mandado invitaciones nominales a un amplio número de personalidades quiso, además, publicar anuncios en la prensa de la ciudad para asegurar el mayor éxito posible de asistencia, animando «a todos los señores que […] no hayan recibido esquela se tengan por invitados a ella […] porque en ella todos los buenos españoles caben y con ellos se cuenta»^[5]. Si bien aquella asamblea fundacional fue formalmente presidida por el gobernador civil de la provincia, el protagonismo de la reunión le correspondió al secretario de la citada comisión interina, Diego Alonso Martínez, quien quiso empezar con la lectura de un breve telegrama enviado por el marqués de Manzanedo, promotor y primer presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Madrid, saludando la convocatoria y deseándoles el mayor de los éxitos. Al hacerlo, Manzanedo quiso expresamente recordar la empresa de los Voluntarios Catalanes, llevada a cabo dos años atrás. Lo hizo al señalar que Cuba «recuerda agradecida que Cataluña fue la primera en enviar sus hijos en auxilio de sus hermanos de América», resaltando el innegable hilo de continuidad entre el envío de más de tres mil jóvenes catalanes, desde Barcelona hasta la gran Antilla, entre marzo y noviembre de 1869, a iniciativa de un destacado grupo de empresarios de la ciudad, como estudié en su día (‍Rodrigo, 2009). Después de aprobar el reglamento del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona y tras las intervenciones de rigor tuvo lugar la elección de su primera junta directiva, cuya composición quedó como sigue:

Cabe insistir, tal como señalara el primer marqués de Manzanedo, en el evidente hilo conector que vinculaba aquella empresa de los voluntarios catalanes de Cuba, de 1869, con la creación del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, en diciembre de 1871. Máxime si tenemos en cuenta que siete de los diecisiete miembros que habían conformado la comisión cívica que impulsara el embarque de los voluntarios en 1869, acabarían tomando parte dos años después en la constitución del Círculo Hispano-Ultramarino: Antonio López, José María Serra, José Amell, José Canela, Juan Jover Serra, José Antonio Salom y José Ferrer Vidal. También resultan más que evidentes las conexiones americanas (especialmente cubanas) del núcleo fundador del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona. Al menos tres de sus miembros habían nacido en América (José María Serra en Chile, Nonito Plandolit en México y Carlos E. Sivatte en Cuba), mientras que otros trece, como mínimo, se habían enriquecido previamente en tierras americanas: uno en Chile (Salvador Vidal), otro en Puerto Rico (Sebastián Plaja) y otros once en la isla de Cuba. De aquellos once, seis lo habían hecho residiendo en La Habana (Güell, Salom, Canela, Gassol, Telarroja y Rafecas), dos en Santiago de Cuba (López y Amell), uno en Matanzas (Gumá), otro en Sagua la Grande (Ribalta) y otro en Gibara (Munné). Cabe señalar también, por último, las intensas conexiones cubanas de José Ferrer Vidal, quien estaba casado con la matancera Concepción Soler, cuyo hermano Rafael Ferrer Vidal se había enriquecido también en Matanzas y cuyo tío paterno, Juan Ferrer Roig, había sido capitán de buques negreros.

La elección de Juan Güell como primer presidente de la nueva entidad estaba relacionada, sin duda, con el contenido de un folleto que había publicado apenas hacía unos meses en Barcelona, en 1871, bajo el significativo título de Rebelión cubana, en el que vinculaba la defensa de la españolidad de Cuba con la apuesta proteccionista. Para aquel senador, enriquecido en su juventud en La Habana, las colonias españolas eran «la base de nuestras relaciones comerciales con otros pueblos y contribuyen a mantener y acrecer nuestra importancia política entre las demás naciones». Añadía además que «la Isla de Cuba, española y rica» era «el principal mercado exterior de nuestros productos agrícolas y tal vez industriales […] el centro de donde irradia todo nuestro comercio marítimo» hasta el punto de que para Güell «la pérdida de la Isla de Cuba arrastraría no solo la de los grandes capitales españoles que radican en la propiedad urbana y rural de la misma, los comprometidos en caminos de hierro, sociedades, empresas comerciales y los invertidos en los buques nacionales, sino [que deploraba además] lo mucho que se resentirían los capitales peninsulares con la falta del principal mercado para sus productos». La conclusión era clara: «La irreparable pérdida de la Isla de Cuba reduciría de más de la mitad la importancia política y económica de España»^[6].

Aunque en su folleto Güell no quiso vincular explícitamente la defensa de la españolidad de Cuba con la defensa de la institución de la esclavitud en la isla, estaba claro que la apuesta por salvaguardar el modelo de dominación español sobre Cuba implicaba la defensa de un statu quo colonial en el cual la explotación del trabajo esclavo seguía siendo, todavía entonces, una pieza angular. En su librito Güell se opuso a la actividad del cubano Nicolás Azcárate, así como del ministro de Ultramar Segismundo Moret, vinculados ambos a la Sociedad Abolicionista Española. Y frente a reformistas y abolicionistas defendía explícitamente la actuación del partido español de Cuba y de su brazo armado, los voluntarios del comercio, cuyos «esfuerzos […] en todos los sentidos, esto es, en sangre y dinero, secundando y auxiliando al benemérito ejército, se debe la conservación de la Isla de Cuba». Al hacerlo, Güell defendía a (y se alineaba claramente con) los sectores más inmovilistas de la isla, es decir, los integristas cubanos, acérrimos defensores de la esclavitud en Cuba. Como ha demostrado Christopher Schmidt-Nowara (‍1998), de la misma manera que en España los líderes abolicionistas acostumbraban a ser, a la vez, librecambistas, los dirigentes proteccionistas catalanes mostraron respecto al conflicto cubano una actitud inmovilista, claramente antiabolicionista, en sintonía con el integrismo cubano.

III. DEFENDIENDO PÚBLICAMENTE LA ESCLAVITUD[Subir]

Que el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona se destacó no solo por su oposición a las reformas en política colonial en las Antillas, en términos generales, sino también por la defensa de la institución de la esclavitud, en particular, resulta indudable, tal como demostró hace tiempo Maluquer de Motes (‍1974). Así se aprecia, por ejemplo, en la intensa actividad que dicha entidad realizó entre diciembre de 1872 y febrero de 1873, mientras se discutía en las Cortes españolas el proyecto de abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Cabe situar el punto de partida de aquella campaña en la primera reunión conjunta que tuvieron representantes de los diversos círculos hispano-ultramarinos de diferentes ciudades españolas. Una reunión que se celebró en Madrid, el 14 de octubre de 1872, a iniciativa del Centro Hispano-Ultramarino de la capital española, y de su presidente, el marqués de Manzanedo. Allí se encontraron representantes de los círculos de Málaga, Bilbao, Avilés, Ampuero, Cáceres, Cádiz, Santander, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y, por supuesto, Barcelona. Aquel día, Juan Manuel Manzanedo expuso un informe en el que alardeaba, de entrada, del carácter conspirativo de aquel recién nacido movimiento: «Formamos, pues, la conspiración más santa: conspiramos por el bien de España». Repasaba después, y de forma general, las diferentes cuestiones que afectaban tanto a Cuba como a Puerto Rico y a Filipinas, así como a su relación con España. No se atrevía a señalar, sin embargo, qué tipo concreto de políticas debía proponer al Gobierno un movimiento que empezaba a dar sus primeros pasos. Su discurso estaba plagado, más bien, de múltiples preguntas sobre diversas cuestiones a las que unos y otros debían pronto encontrar respuestas, asumidas después colectivamente. Proponía, eso sí, la configuración de aquel «movimiento conspirativo» de los centros hispano-ultramarinos organizados reticularmente como un verdadero grupo de presión: «Es urgente anticiparnos a la lucha, prepararnos para ella, influir en la opinión, en la prensa contradecir sin descanso los arteros escritos de nuestros enemigos […], luchar en todas partes, luchar siempre». Un influyente grupo de presión capaz, eso sí, de tener representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado: «Lograr que en nuestras Cámaras se alce enérgica la voz de elocuentes oradores en defensa de esa causa que nos preciamos de servir»^[7].

Entre los temas que repasó entonces el primer marqués de Manzanedo estaba «un problema de grandes consecuencias», una cuestión «que reclama preferente examen: la abolición de la esclavitud». Al abordar dicha cuestión, el presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Madrid empezaba expresando una afirmación tan categórica como vana o retórica. Afirmó, de entrada, sobre la abolición: «Exijenla los tiempos; la exijen los compromisos contraídos; [y] la exijen la seguridad y el porvenir de las Antillas españolas [sic]». Y si digo que Manzanedo no pasó de la retórica es por la segunda parte de aquella frase, cuando añadió: «[…] pero al lado de esas razones poderosas, se alzan otras que reclaman cordura, acierto en el modo de resolver tan delicado asunto». Y añadió enseguida una serie de motivos que justificaban que «esa emancipación sea lenta, conciliando los intereses todos, respetándose los derechos todos» y respetando también, por supuesto, el sacrosanto derecho a la propiedad de los dueños de esclavos. Manzanedo hablaba, por ejemplo, de «la ignorancia de esas razas, que hoy están en dependencia; [de] su absoluta carencia de elementos para subsistir» y además de «otras mil causas más» para justificar su oposición a la emancipación de los esclavos, sin más. Consideraba, de hecho, que «lanzar» a la libertad a los esclavos de Puerto Rico o de Cuba significaba situarlos «en un modo de ser para el que no están preparados»^[8].

Aquella primera reunión celebrada en Madrid sirvió para acordar una serie de resoluciones que pronto enviaron, el 25 de noviembre de 1872, al presidente del Consejo de Ministros. Quienes firmaron aquellas resoluciones en nombre del círculo de Barcelona fueron su secretario, Diego Alonso Martínez, y uno de sus vocales más activos, José Munné Nugareda. Justo una semana después, el 2 de diciembre, viendo que el Gobierno seguía adelante con su proyecto de ley para otorgar la inmediata libertad a los esclavos de Puerto Rico, el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona envió una nueva carta al presidente del Gobierno insistiendo en su adhesión a las resoluciones acordadas por todos los centros de la península y «haciendo nuestras las palabras del Centro Hispano-Ultramarino de Madrid en la Exposición elevada a V. E. en 25 del pasado mes de noviembre con igual objeto que la presente». Por cierto, quién firmó en primer lugar aquella carta fue el naviero Antonio López, convertido en presidente interino de la entidad tras la reciente muerte del primer presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, su consuegro Juan Güell y Ferrer. Mientras tanto, el centro catalán invitó a que las empresas y los empresarios de Barcelona se sumasen a una campaña que intentaba que no se aprobase una ley que pretendía dar la libertad a los esclavos puertorriqueños. Tuvieron ciertamente mucho éxito, puesto que en apenas tres días fueron capaces de recoger un total de sesenta hojas repletas de firmas de innumerables empresas y empresarios de la ciudad («los que suscriben, propietarios, fabricantes, navieros, comerciantes, industriales, vecinos de esta capital, a V. E. […] exponen [...]») quienes suscribían las tesis inmovilistas del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona^[9]. Sumaron, según ha contabilizado Lisa Surwillo (‍2012), un total de 2679 firmantes. Una cifra más que destacable para una ciudad que rondaba los 120 000 habitantes.

Por otro lado, los líderes del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona se dirigieron también a las principales entidades económicas catalanas, consiguiendo igualmente su adhesión en cuestión de pocos días. Así lo hicieron tanto el Instituto Industrial de Cataluña como el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (representante de los grandes intereses agrarios de Cataluña) y el Fomento de la Producción Nacional. La junta directiva de esta última entidad se reunió el 7 de diciembre de 1872, «correspondiendo a la escitación [sic] del Centro hispano-ultramarino barcelonés» con un único punto en el orden del día: la discusión de si secundaban «la exposición elevada al presidente del Consejo de Ministros por el centro Ultramarino de Madrid en solicitud de que [el gobierno] no introduzca reformas en las leyes e instituciones que rigen en Puerto-Rico hasta después de pacificada Cuba». En esa reunión y tras haberlo discutido, dicha junta directiva «acordó dirigir al Gobierno de S. M. una instancia exponiendo que el anuncio de ciertas reformas que al parecer se proyectan en las leyes e instituciones vigentes en Puerto-Rico había alarmado a las clases productoras de Cataluña, que las creen inoportunas y peligrosas mientras dure la insurrección de Cuba». Dicho en otras palabras, también la patronal Fomento de la Producción Nacional quiso pronunciarse entonces en contra de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Cuatro días después, en una nueva reunión «fue aprobada por la Junta [del Fomento] la exposición que la misma acordó elevar al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros […] habiéndose resuelto que la Directiva en masa suscribiera la misma solicitud, y que, a ser posible fuera entregada para su presentación a la Comisión del Centro hispano-ultramarino barcelonés que salía pasado mañana para la Corte»^[10]. El escrito que dicha entidad remitió entonces al Gobierno español expresaba, de una manera tan delicada como firme, los argumentos utilizados por aquella poderosa organización patronal catalana en defensa de la esclavitud:

En aquella intensa campaña, el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona consiguió también la adhesión de diferentes entidades de otras localidades catalanas e incluso de varios ayuntamientos de la provincia de Barcelona. Sus acciones tuvieron eco, sobre todo, en aquellas ciudades del litoral provincial que más relaciones habían tenido y seguían manteniendo con el mundo colonial antillano. El Círculo de Barcelona consiguió así la adhesión a sus planteamientos de los ayuntamientos de Vilassar de Mar, Premiá de Mar, Masnou, Sitges y Vilanova i la Geltrú. En esa última localidad se llegó a constituir un Círculo Hispano-Ultramarino propio que secundaba las iniciativas antirreformistas de su homólogo de Barcelona y del resto de centros hispano-ultramarinos españoles.

En el marco de aquella campaña de presión quiero resaltar una iniciativa impulsada igualmente por el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona: el 8 de enero de 1873 un total de 238 mujeres firmaron un escrito dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Manuel Ruiz Zorrilla, en relación con la proyectada abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Dichas mujeres eran todas «nacidas en las islas de Cuba y Puerto Rico y residentes en esta capital», Barcelona. Un número tan relativamente alto de mujeres nacidas en ambas Antillas y residentes en la ciudad condal revela la importancia que tenía en aquellas fechas el amplio colectivo de los indianos (nacidos o enriquecidos en Cuba o en Puerto Rico) en el seno de la burguesía de la ciudad. En la redacción de aquel manifiesto, las firmantes se identificaban «como cristianas» que, por haber nacido en Cuba o en Puerto Rico, conocían «mejor sin duda» que los «hombres de Estado» la cuestión de «la mal llamada esclavitud». Justamente por eso querían que su voz se tuviese entonces en cuenta. Aquella carta la firmaba, en primer lugar, Luisa Bru Lassús, nacida en Santiago de Cuba y esposa del entonces interino presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, Antonio López y López. Y la suscribían también las mujeres de algunos de los más ricos empresarios de Cataluña, como, por ejemplo, Concepción Soler (esposa de José Ferrer Vidal), Isabel López Bru (esposa de Eusebio Güell Bacigalupi), Estanislaa Digat Irarramendi (esposa de Agustín Goytisolo Lezarzaburu), Rita Robert (esposa de José Amell Bou) y Clara Baró Jiménez (esposa de Leandro Soler Morell). Se sumaron también a la iniciativa algunas ricas viudas de Barcelona nacidas en La Habana, como Manuela Xiqués de Llopart o Dominga Juera de Vilar, entre muchas otras^[12].

Lisa Surwillo (‍2012) ha realizado un interesante análisis sobre el contenido de dicho documento. Entre otras muchas ideas, ha destacado que la citada carta nacía de la suma o combinación de tres ingredientes principales: nacionalismo, proesclavitud y género. Que partía de un claro ideal de la moralidad doméstica o, más propiamente, de un determinado ideal de la domesticidad femenina (desde la «tranquilidad del hogar»), así como también desde la religiosidad propia de sus firmantes. Y que resaltando el hecho de haber nacido en Cuba o en Puerto Rico, las susodichas firmantes querían expresar una defensa racializada, blanca, de la «integridad nacional» española, incluyendo por supuesto a ambas Antillas, frente a la imagen popular de los agitadores mambises que seguían levantados en armas contra España.

En esa misma línea, un análisis textual del citado documento permite conocer en detalle las formas concretas con las que la alta burguesía catalana (en este caso, sus mujeres) defendía públicamente la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico: «No queremos la esclavitud», empezaban afirmando para preguntarse enseguida, a modo de interrogación retórica: «¿Qué hemos de quererla si somos mujeres y católicas? Pero queremos menos aún que se suma en la barbarie a los infelices a quienes se pretende favorecer, haciendo de la hermosa Cuba, de la bella Puerto Rico, dos tribus semejantes a la desdichada Santo Domingo». Utilizando el espantajo de la rebelión de Haití, afirmaban aquellas mujeres que la abolición de la esclavitud sería perjudicial, en primer lugar, para los propios esclavos, quienes no sabrían vivir en libertad: «Póngase un arma en manos de un niño y se herirá con ella. Niño es el que ha vivido siempre bajo tutela y arma mortífera la libertad para quien no sabe hacer de tan precioso don el uso conveniente». Criticaban, por lo mismo, a los abolicionistas a quienes caracterizaban como meros demagogos que hablaban sin conocimiento de causa: «Mucho se habla y mucho se desbarra […] al tratar de esta delicada cuestión, porque se presta tanto a pomposas y altisonantes declamaciones […]. Pero la verdad es que los que más declaman contra la mal llamada esclavitud de las Antillas, filántropos de apariencia y católicos de doublé, tratan con más despótico desprecio a sus criados que los habitantes de Cuba y Puerto Rico a sus llamados esclavos». No entendían que se quisiese liberar del «suave yugo» de la esclavitud a quienes vivían como esclavos en Puerto Rico. «Además, Excmo. Señor», seguían dirigiéndose a Ruiz Zorrilla, «que uso conveniente se quiere que hagan [los esclavos] de su libertad sin preparación alguna, unos seres que por sus naturales instintos, por su condición y por otras razones de todos conocidas, no saben vivir sino guiados por el suave yugo de los consejos y del amor de sus amos, con los que se hallan identificados», decían^[13].

A juicio de aquellas mujeres, una abolición incondicional solo traería desgracias, para los propios esclavos. Únicamente estaban dispuestas a aceptar la coartación individual de los hombres y mujeres esclavizados como vía hacia su libertad. En su escrito al presidente del Gobierno acababan pidiéndole que paralizase la tramitación de la ley que debía liberar a todos los esclavos de Puerto Rico: «Desista pues V. E. de las malhadadas reformas y desistan los que le empujan por tan funesto camino, oigan la voz de la razón y del deber»; solo así se podrá conseguir que «sigan siendo felices y españolas las dos Antillas hermanas, en cuyos perpetuos vergeles desean vivir en paz y morir, las que suscriben»^[14].

Los argumentos utilizados en aquel manifiesto impulsado por el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona y firmado por aquellas mujeres no diferían, en lo esencial, de las razones que esgrimían entonces los líderes integristas en Cuba. En otro manifiesto, por ejemplo, publicado en La Habana aquel mismo mes de enero de 1873, en el cual se hacían públicas las bases para crear una Asociación de Hacendados y Propietarios de Esclavos en la isla de Cuba, se mostraba idéntica defensa de la esclavitud frente a las doctrinas abolicionistas, con argumentos similares: «A la propaganda abolicionista destructora, que se ingiere hasta en las esferas oficiales, en los gobiernos y en la prensa europea y americana, debemos oponer [decían] la propaganda mesurada de la razón, de la verdad de nuestras aspiraciones conciliadoras, de nuestros derechos incuestionables, de nuestra abnegación y patriotismo». Y en otro fragmento se afirmaba que la abolición de la esclavitud significaría la inmediata ruina de Cuba: «¿Qué sería del Departamento Occidental y de la Isla toda, si la cuestión social que bajo una forma inmediata se proyecta resolver en Puerto Rico, viniera inesperadamente aplicada a Cuba, sin estar preparados a recibir y remediar cambio tan trascendental en la servidumbre». Puestos a destacar, por cierto, algunos nombres propios, vale la pena señalar que el principal impulsor (y futuro presidente) de aquella Asociación de Hacendados y Propietarios de Esclavos era Julián Zulueta, y que entre los vocales de su primera junta directiva encontramos a Pedro Sotolongo. Hablamos de dos individuos estrecha y personalmente vinculados, como veremos más adelante, al Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona^[15].

En su campaña por evitar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, el círculo catalán impulsó, también en las primeras semanas de 1873, la creación de una entidad, de mayor alcance, llamada Liga Nacional. Al crear aquella nueva entidad los hombres del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona no hacían sino concretar uno de los acuerdos tomados en una reunión que se celebró Madrid el 14 de diciembre de 1872, a iniciativa del círculo madrileño y motivada precisamente por la tramitación de la ley que iba a acabar con la esclavitud en Puerto Rico. Aquel día, los asistentes a dicha asamblea acordaron secundar la idea del marqués de Manzanedo, quien propuso «que se nombraran las personas que han de formar la junta de la Liga Nacional para defender la integridad de España en Ultramar». Así se hizo, eligiéndose una junta de veintiocho miembros entre los cuales había representantes no solo de nueve círculos hispano-ultramarinos peninsulares (los de Madrid, Sevilla, Valencia, Cádiz, Zaragoza, Bilbao, Santander, Valladolid y Palencia), sino también de un amplio abanico de tendencias políticas, desde republicanos hasta carlistas, unidos todos en su oposición al Gobierno. pero, sobre todo, a la abolición de la esclavitud. Una junta en la que estuvieron presentes Antonio Cánovas del Castillo, Antonio Caballero de Rodas, Práxedes M. Sagasta y Víctor Balaguer, entre otros^[16]. Se trataba, en definitiva, de ampliar la base política de aquel movimiento de los centros hispano-ultramarinos intentando desestabilizar, además, al gobierno presidido por Manuel Ruiz Zorrilla.

La presentación en público de aquella madrileña Liga Nacional tuvo lugar a través de un extenso manifiesto redactado por el escritor y exministro de Ultramar, el unionista Adelardo López de Ayala. Una verdadera declaración de intenciones fechada en Madrid, el 10 de enero de 1873. Tres eran las medidas reformistas que se estaban tramitando y a las que se oponía la Liga Nacional con aquel manifiesto. Tres reformas planteadas exclusivamente para Puerto Rico: un decreto sobre la reorganización de los municipios, «otro decreto separando el mando civil del militar y la abolición inmediata, instantánea de la esclavitud» en dicha isla. La Liga Nacional afirmaba que la suerte de Puerto Rico iba ligada directamente a la de Cuba, y que mientras siguiera la guerra en suelo cubano no había que adoptar reforma política alguna, tampoco en Puerto Rico. Menos aún dar la libertad a los esclavos en dicha isla: «En tales circunstancias ningún país del mundo ha abolido la esclavitud», decían. A partir de lo que había sucedido tiempo atrás en Haití y en Jamaica afirmaban también que la abolición de la esclavitud era tan perjudicial para los esclavos como para sus dueños y que, aunque así no lo fuera, «en el caso presente nos opondríamos con todas nuestras fuerzas a tan infausto apresuramiento, porque no hay principio, no hay sentimiento, por noble y levantado que sea, que pueda obligarnos a ofrecerle en holocausto la ruina de la patria». Consideraban que, de llevarse a cabo, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico significaría la ruina total de la economía cubana. Y afirmaban también que los abolicionistas españoles «invoca[ba]n la humanidad para facilitar la traición a la patria», pues no solo había un abierto interés de los Estados Unidos por las Antillas españolas, sino que, además, aquellos «intrépidos abolicionistas» se dejaban engañar por los cubanos alzados en armas, quienes les decían: «Resolved en Puerto Rico el porvenir de Cuba, sin la intervención de Cuba. Inquietad a sus defensores que permanecen unidos […]. Alterad la ley, perturbad los ingenios, matad la producción. De prisa, de prisa, que el soldado español tiene pan y tiene pólvora»^[17]. Para evitar la ruina de la economía cubana y, en general, de toda la isla a resultas de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico había nacido, precisamente, aquella Liga Nacional, cual hija primogénita del movimiento de los círculos hispano-ultramarinos.

La creación de la Liga Nacional en la capital catalana tuvo lugar un mes después de que se publicara tal manifiesto en Madrid. Una multitudinaria agrupación que también tuvo, como veremos, un marcado carácter antiabolicionista y proesclavista. En su reunión fundacional, y convocados por el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, se reunieron, tal como recogía con gran alborozo la prensa conservadora madrileña, «más de 3000 personas pertenecientes a todas las clases de la sociedad y de las más importantes de aquella industriosa población». Por cierto, destacaba también La Época que la capital catalana estaba entonces «unida con la grande y la pequeña Antilla por los lazos de un continuado tráfico, por relaciones industriales y mercantiles que constituyen una de las mayores fuentes de riqueza de Barcelona. Por esta razón no acudieron solo a la Casa Lonja grandes navieros y grandes comerciantes, sino que fueron también a prestar su apoyo al pensamiento de la Liga Nacional modestos industriales que saben que la exportación para las Antillas proporciona los mayores lucros a su industria», además de «artesanos […], individuos de la nobleza, propietarios, hacendados y personas dedicadas a las carreras literarias». A todos les unía la convicción de que la aplicación de las reformas en estudio para ambas Antillas iban a significar «la pérdida de aquellas islas […] sin que se hubiesen alcanzado tampoco los resultados que de su proyectos esperan los partidarios de la inmediata abolición de la esclavitud». Tras la pertinente discusión, se aprobaron entonces cuatro puntos, según la propuesta que formuló entonces el indiano puertorriqueño Sebastián Plaja, quien actuó como portavoz del Círculo Hispano-Ultramarino. En el primer punto afirmaban retóricamente que eran personas «enemigas de la esclavitud», pero añadían una serie de consideraciones por las que se oponían a su abolición inmediata y pedían, al contrario, que el Gobierno procediese «con miras humanas y españolas». En el segundo acuerdo insistían en que «no podía promulgarse aisladamente ninguna ley […] que trascienda a la vida social y política de Puerto Rico si no puede ser aplicable a la provincia de Cuba», añadiendo, además, «que deben ser acordadas tales medidas con el concurso de los representantes de ambas provincias». En el tercer punto declaraban constituida la Liga Nacional de Barcelona mientras que en el cuarto acordaban conformar «una Junta compuesta de la directiva del Círculo Hispano-Ultramarino y de 72 personas elegidas en este acto que pertenezcan a las diversas clases sociales de la ciudad», lo que hicieron a continuación. En su elección, la asamblea se limitó a ratificar «por aclamación» la lista propuesta por los convocantes de la misma, presentada igualmente por el portavoz del Círculo Hispano-Ultramarino, «una lista de dignísimas personas pertenecientes a todas las clases de la sociedad, nobleza, clero, ejército, exdiputados y senadores, hacendados y propietarios, navieros, comerciantes, clases literarias, Bellas Artes, periodistas, comercio al por menor, industriales y operarios»^[18].

No solo el presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona resultó elegido primer presidente de la Liga Nacional en la ciudad, sino que todos los dirigentes del círculo antiabolicionista integraron la comisión ejecutiva de la nueva organización. Quedaba patente, en definitiva, tanto la vinculación y continuidad entre ambas iniciativas como, sobre todo, la capacidad de liderazgo sobre las fuerzas conservadoras catalanas de aquellos que se habían organizado previamente para impedir cualquier tipo de modificación o reforma del statu quo colonial en las Antillas españolas. Autores como Borja de Riquer (‍1981) han caracterizado a aquella Liga Nacional impulsada por el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona como un amplísimo frente antigubernamental integrador de todas las opciones conservadoras catalanas que se había constituido, de hecho, cómo un instrumento para desestabilizar la vida política española.

La reunión constitutiva de la Liga Nacional en Barcelona coincidió con la abdicación de Amadeo de Saboya y con la proclamación de la República el 11 de febrero de 1873. A pesar de sus intensas presiones, ni el movimiento de los círculos hispano-ultramarinos ni la nueva Liga Nacional consiguieron paralizar la aprobación de la ley que otorgó la libertad a los esclavos en Puerto Rico, aprobada finalmente por el Congreso de Diputados el 22 de marzo de 1873^[19]. Tanto la indeseada aprobación de aquella ley como la previa constitución de la República aceleraron las acciones y conspiraciones en búsqueda de la restauración de orden conservador en España. Un hombre clave en aquel proceso en Cataluña fue el letrado y político Manuel Duran y Bas, que no por casualidad era el abogado del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona y fue miembro de la junta directiva de la Liga Nacional de Barcelona^[20]. De hecho, la peculiar forma que tomó desde entonces la articulación de los intereses dinásticos en Cataluña supo acoplar claramente la idiosincrasia del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona. La Liga del Orden Social, principal plataforma alfonsista catalana, dirigida por Manuel Duran y Bas, integraba a los conservadores agrupándolos corporativamente (comercio, industria, abogados, propietarios urbanos…). Aquella estructura dio cabida, como una agrupación más, a los «Hacendados de Ultramar» recogiendo las adhesiones de los indianos (es decir, hombres de negocio enriquecidos en América, mayormente en Cuba), quienes, paralelamente, habían apostado por el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona.

IV. HONRANDO A JOSÉ FERRER DE COUTO: LOS TRAFICANTES DE ESCLAVOS COMO AGENTES HUMANITARIOS[Subir]

El Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona mantuvo con dificultades su actividad en tiempos de la I República (febrero-diciembre de 1873), pues algunos de sus dirigentes optaron por residir fuera de España. La situación cambió, sin embargo, con el golpe del general Pavía. Algunos de los dirigentes de dicha entidad se incorporaron entonces al Ayuntamiento o a la Diputación de Barcelona. En el listado que el gobernador civil publicó en febrero de 1874 con los diputados provinciales que debían renovar dicha institución, aparecen: Antonio López y López, «hacendado, director de la compañía trasatlántica de los vapores-correo»; José Antonio Salom, «ex-concejal y fabricante»; José Canela Raventós, «ex–alcalde [de Barcelona], vocal de la Junta directiva del centro hispano-ultramarino y del comercio», y Melchor Ferrer «vice-presidente de la Comisión provincial y decano del colegio de abogados de Barcelona»^[21]. Todos ellos formaban parte de la junta directiva del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona.

En un hecho poco habitual, unos meses después, en septiembre, dicha entidad acordó nombrar socio de mérito a José Ferrer de Couto, así como colocar su retrato «en la sala de sesiones» donde se reunía la junta directiva, a modo de homenaje. Decidieron igualmente que una delegación de la entidad iría expresamente a Madrid para encontrarse allí con Ferrer de Couto, «con objeto de felicitarle y [de] poner en sus manos el diploma de aquel nombramiento». Rendían así homenaje al «ilustrado y bizarro director de El Cronista de Nueva York», sumándose a «las muestras de aplauso y simpatía a que su españolismo le hace acreedor»^[22]. ¿Quién era Ferrer de Couto? ¿Qué ideas le hacían merecedor del aplauso Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona?

De la extensa obra de aquel periodista gallego instalado en Estados Unidos cabe destacar un libro titulado Los negros en sus diversos estados y condiciones; tales como son, como se supone que son y cómo deben ser. Fue publicado originalmente en castellano (en Madrid y en 1864), aunque con intención de ser inmediatamente traducido al inglés y editado en los Estados Unidos, donde una cruenta guerra civil dirimía el mantenimiento, o no de la institución de la esclavitud en los estados del sur de la Unión. Ferrer de Couto escribió aquel libro con la intención, precisamente, de defender dicha institución, pensando no solo en el lector español, sino también en el lector norteamericano. Y lo hizo a partir del análisis del caso cubano y, por extensión, del puertorriqueño, en los que quiso centrar su análisis. La defensa que dicho autor realizó de la esclavitud en las Antillas españolas era tan extrema que se negaba, literalmente, a utilizar el concepto «esclavitud» para hablar, en su lugar, de la «institución organizada del trabajo forzoso de los negros». De la misma forma, al ilegal comercio transatlántico de africanos esclavizados con destino a Cuba le quiso llamar «rescate». Y es que, según él, los traficantes de esclavos debían ser vistos como agentes que practicaban una acción humanitaria porque al recoger cautivos en África los salvaban de una muerte segura: «Como principio altamente humanitario debe practicarse el rescate de negros bozales en las tierras de su naturaleza», afirmaba Ferrer de Couto, pues los africanos «no matarían a aquellos enemigos suyos, si hubiese quien los comprara». Y en otro pasaje insistió en la idea de la benignidad del tráfico atlántico de africanos esclavizados: «Como vivían los negros en el litoral de África antes que el interés de las colonias americanas aconsejara su rescate, ya lo hemos visto: errantes sin patria ni hogar; con ideas confusas y torpes respecto a la familia; agenos [sic] a toda civilidad, y en perpetua lucha unas tribus con otras, para sacrificarse como idólatras y devorarse como fieras». Para el autor de aquellas líneas, siempre era mejor cargarlos en los buques negreros y llevarlos directamente a Cuba que dejarlos vivir en África.

Para Ferrer de Couto la superioridad (e incluso la benignidad) de la institución de la esclavitud (o «trabajo forzoso») en las Antillas españolas se basaba, esencialmente, en la cuestión de la disciplina. Por dicha razón alababa el Reglamento de Esclavos de La Habana, de 1842, al que vio como instrumento necesario para mantener dicha disciplina entre los trabajadores esclavos. Con su libro quiso ofrecer, de hecho, un corpus doctrinal alternativo al discurso humanitario de los abolicionistas (británicos y no británicos), merced al cual no solo cuestionaba la pretendida superioridad moral de las doctrinas abolicionistas, sino que señalaba la verdadera superioridad moral tanto de quienes se ejercitaban en el tráfico de cautivos africanos hacia Cuba como de los propietarios de esclavos en dicha isla y en Puerto Rico. Más aún, según él España no debía acabar con la trata africana ni con la esclavitud en sus colonias ultramarinas si no quería acabar con la prosperidad de ambas Antillas.

V. EL CÍRCULO HISPANO-ULTRAMARINO DE BARCELONA EN TIEMPOS DE LA RESTAURACIÓN[Subir]

Tras la restauración de la dinastía borbónica en el trono en enero de 1875, el Círculo de Barcelona aumentó, si cabe, su intensa actividad. Así, el 20 de enero tuvo lugar su asamblea anual ordinaria. Uno de sus socios leyó allí un folleto o memoria titulado «La perla de las Antillas» y su contenido mereció el aplauso del resto de socios, hasta el punto ue el Círculo decidió publicarla lo antes posible para contribuir a su difusión^[23].

Ahora bien, más allá de su labor propagandística, es preciso resaltar la intensa actividad del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona como grupo de presión en relación con las cuestiones antillanas. Así, apenas conformado el nuevo gobierno Cánovas, una delegación de la entidad se desplazó a Madrid a mediados de febrero de 1875, donde se reunieron con los ministros de Guerra y de Ultramar, así como con el recién nombrado capitán general de Cuba, el general Blas de Villate, conde de Valmaseda. Con este último departieron durante hora y media (en presencia del «Sr. Longoria, del Centro [Hispano-Ultramarino] de Avilés») y le insistieron en «la urgentísima [necesidad] de acabar con la guerra [en Cuba], de la cual se dimanan y originan los apuros en los negocios y malestar de los negocios». Parece bastante claro, pues, que detrás del «más puro y levantado patriotismo» que, según decían, movía la actuación del Círculo de Barcelona, se escondía una motivación eminentemente económica, empresarial. Aquellas reuniones fueron bien para los intereses del Círculo de Barcelona según informaba el diario conservador La Época: «Nos consta que vuelven satisfechos de la acogida que han encontrado en los señores ministros [afirmaba el órgano canovista], no solo por sus circunstancias personales sino por lo que significa el importante Círculo que representan»^[24].

Dos fueron las peticiones que la entidad barcelonesa trasladó entonces a los ministros de la Guerra y de Ultramar (Joaquín Jovellar y Adelardo López de Ayala): la necesidad de profundizar en la solución militar para derrotar a los cubanos alzados en armas, enviando más y más soldados a la gran Antilla, así como la de acabar con la corrupción en la Administración insular (especialmente en el orden fiscal). Y a ambas peticiones se mostraron sensibles ambos ministros, quienes se comprometieron «al inmediato embarque de 3.000 hombres» para Cuba. Ciertamente, aquellas dos demandas fructificarían en una serie de operaciones que acabarían provocando la creación del Banco Hispano Colonial, una entidad financiera cuyo nacimiento permitió concretar el apoyo logístico y financiero que la delegación del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona prometió entonces al primer gobierno de la Restauración, o sea, «todo el apoyo moral y material que en la esfera de su acción puedan prestarle las asociaciones por ellos representadas»^[25].

Y es que la sintonía del Gobierno presidido por Antonio Cánovas del Castillo con el movimiento de los círculos hispano-ultramarinos (en España) y con el integrismo españolista más intransigente (en Cuba) resultó notable. Aquella fue, de hecho, la primera de las diversas reuniones que servirían para que los diferentes ministros implicados en las cuestiones cubanas recogieran las demandas de los líderes integristas de uno y otro lado del Atlántico. En verano de 1875, sin ir más lejos, el cubano Pedro Sotolongo se desplazó desde La Habana hasta Madrid para reunirse con diversos ministros del Gobierno español. Sotolongo era vocal del Casino Español de La Habana, además de socio de la casa de comercio de Samá Sotolongo y Cía, o sea, de la firma consignataria en la capital cubana de los vapores de la sociedad Antonio López y Cía. El principal gerente de aquella firma naviera catalana era Antonio López y López, vicepresidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona. En sus reuniones con diferentes ministros del Gabinete Cánovas, el cubano Pedro Sotolongo actuó precisamente por delegación de López. Aprovechando su estancia en la capital española, el círculo madrileño quiso nombrar al empresario cubano socio de honor, lo que hizo en su reunión del 8 de septiembre de 1875. Más allá de las cuestiones formales o simbólicas, al agradecer su nombramiento Pedro Sotolongo quiso dejar claras dos cosas: a) la sintonía política entre los líderes integristas de Madrid, de Barcelona y de La Habana, y b) la capacidad de unos y otros de tejer alianzas y de compartir negocios, sin exclusiones. Según sus palabras, al presentarse ante el Gobierno de España, y «si bien el Excmo. Sr. D. Antonio López le había autorizado para brindar al gobierno […seis millones de reales], había reservado el hecho al Sr. Duque de Santoña [o sea, al marqués de Manzanedo] para no privarle de la satisfacción de ser su excelencia quien prestase el servicio y considerando a la vez que de ese modo daba lugar a qué se reconociera la unidad de miras y tendencias y las sinceras relaciones que existen entre el elemento leal de Cuba, los casinos antillanos y el centro de Madrid, de que es presidente el Duque de Santoña». En su condición de delegado del Círculo de Barcelona en la capital española, Diego A. Martínez tomó entonces la palabra para insistir en idénticos argumentos, «pidiendo se consignara en el acta que el señor [Antonio] López era vicepresidente de aquella asociación, circunstancia conveniente de recordar porque demostraba la identidad de propósitos e íntimas relaciones que reina entre este centro y el barcelonés»^[26].

Es más, apenas unos días después una delegación del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona volvió a desplazarse a Madrid para seguir presionando directamente al Gobierno en reuniones con diferentes responsables ministeriales. Y cuando dicha comisión se dispuso a regresar a Cataluña, sus miembros afirmaron hallarse «muy satisfechos del resultado de sus gestiones»^[27]. No era para menos: habían conseguido finalmente que el Gobierno Cánovas accediese a enviar miles de soldados a la isla en búsqueda de una clara derrota militar de los independentistas, tal como habían pedido insistentemente los integristas de la capital catalana. Entre el 7 de septiembre y el 30 de diciembre de 1875 se enviaron veintiún mil hombres a la guerra de Cuba, todos en vapores, por cierto, de la naviera Antonio López y Cía^[28]. Al parecer, el Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona presionó también para que se nombrase a Joaquín Jovellar nuevo capitán general de Cuba, lo que finalmente acabaron consiguiendo. A finales de 1875, el propio Diego A. Martínez entregó a Jovellar, recién nombrado máxima autoridad civil y militar de Cuba, «dos comunicaciones que le dirigen el expresado Círculo y los más importantes comerciantes y navieros de la capital de Cataluña, con motivo de su nombramiento para el mando superior de la isla de Cuba». Es más, el infatigable Martínez acabó acompañando al propio Jovellar desde Madrid hasta Cádiz, puerto desde el cual embarcó para asumir su cargo, en La Habana^[29].

Semanas después, el 11 de enero de 1876, el Círculo organizó un banquete «en la fonda de las Cuatro Naciones» con el único objeto de «mostrar a los señores [Julián] Zulueta y [Manuel] Calvo, que se hallan accidentalmente en Barcelona, su reconocimiento por los servicios que han prestado en la isla de Cuba por la causa de la integridad nacional». En sus discursos de respuesta al brindis de rigor, «los señores Zulueta y Calvo […] hicieron cumplidos elogios del Círculo hispano ultramarino de Barcelona, y en general de Cataluña entera, por haber partido de ella el principal apoyo en la empresa patriótica a que se habían dedicado». Ambos mostraron también la sintonía del integrismo cubano con el Gobierno Cánovas: Julián Zulueta «hizo presente que el gobierno de su majestad había inaugurado una nueva era y que de él habían salido las importantes medidas que hacían augurar el restablecimiento de la paz en Cuba», mientras que Manuel Calvo destacó «el apoyo que había hallado en Madrid para desbaratar los planes de los enemigos de España»^[30]. Parece asimismo probable que tanto Zulueta como Calvo participaran en la asamblea ordinaria de socios que el Círculo de Barcelona celebró el 20 de enero de 1876. Dos días antes, de hecho, de que tuviese lugar dicha reunión, el Diario de Barcelona informaba de que el primero seguía todavía en la ciudad^[31]. No en vano, en la capital catalana vivía uno de sus sobrinos, Salvador Samá de Torrents, marqués de Marianao. Pese a su juventud (el joven Samá apenas sumaba entonces dieciséis años), el sobrino de Julián Zulueta era entonces el principal contribuyente de toda la provincia de Barcelona. Disponía, por lo tanto, de más propiedades que nadie, gracias a las herencias que había recibido de su padre (el indiano José Samá Mota, enriquecido en Cuba) y de su tío abuelo, el comerciante negrero Salvador Samá Martí, fallecido en La Habana en 1866. El segundo contribuyente de la provincia de Barcelona era entonces, por cierto, José Xifré Hammel, único nieto y heredero del rico indiano José Xifré Casas, enriquecido en La Habana y en Nueva York^[32]. Valgan dichos datos para ilustrar hasta qué punto el horizonte cubano estaba muy presente entonces entre los grandes propietarios de Barcelona.

Coincidiendo con la asamblea anual del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, realizada el 20 de enero de 1876, la que tal vez contó con la presencia de Zulueta y Calvo, un socio del mismo presentó una memoria con tres líneas argumentales principales, en consonancia las tres con la labor propagandística de la entidad, así como con las teorías esbozadas años antes por el Socio de Mérito José Ferrer de Couto; a saber: a) el tráfico de esclavos hacia la América española fue un hecho positivo porque permitió a muchos africanos salir de la barbarie (incluyendo su probable muerte en sacrificios rituales) e incorporarlos a la civilización occidental; b) sacados de la barbarie africana, una vez en Cuba los esclavos se convierten en seres felices —tan felices que no quieren dejar de ser esclavos—, y (3) todo es gracias a la legislación española. O sea, a la legislación de una España cristiana, de un país que representaba como ningún otro, a juicio de dicho autor, la benignidad de los principios del catolicismo convertidos en corpus legal^[33]. Este tipo de argumentos se debatían en Barcelona en las asambleas del Círculo Hispano-Ultramarino en una fecha tan tardía como 1876. En aquella fecha no habría podido suceder nada parecido en ninguna otra ciudad europea (fuera del resto de ciudades españolas), dado que todos los países europeos habían abolido la esclavitud en sus colonias americanas. Publicaciones de este calibre expresan la fortaleza del movimiento antiabolicionista catalán (y español, en general) y revelan que dicha fortaleza fue uno de los factores clave para entender la tardía abolición de la esclavitud en Cuba.

VI. EL BANCO HISPANO COLONIAL, HIJO DEL CÍRCULO HISPANO-ULTRAMARINO DE BARCELONA[Subir]

En aquel año de 1876 la situación de la hacienda española era delicada. Tal como señaló José María Serrano Sanz (‍1987: 18), «la suma de las obligaciones por deudas del Estado y del Tesoro a que había de hacer frente la Hacienda española ascendía a 855.339.652 pesetas. Para el mismo año estaban previstos unos ingresos que apenas alcanzaban los 700 millones y los gastos no financieros para sostener un Estado tan raquítico como el español difícilmente podían reducirse por debajo de los 500 millones». Tampoco la situación del erario cubano era mejor: como demostró en su día Inés Roldán (‍1990), a partir de 1866 la hacienda insular había entrado en déficit y el estallido de la guerra, dos años después, no había hecho más que consolidar y convertir en estructural dicha situación. Mientras tanto, en 1876 la guerra continuaba y el notable aumento de las tropas españolas desplazadas en la isla, materializado en el otoño de 1875, no había servido para infligir la soñada derrota de los cubanos insurrectos. En dicho contexto, el Gobierno Cánovas acordó con los principales dirigentes integristas, españoles y cubanos, una operación en forma de empréstito que debía resultar beneficiosa para ambas partes: al prestatario (al Estado) porque le permitía obtener los fondos que necesitaba para seguir sosteniendo los gastos de la guerra en Cuba, en un contexto general de déficit presupuestario; y a los prestamistas porque les abría las puertas para obtener buenas ganancias en un futuro inmediato. O, dicho en otras palabras, porque facilitaba que el Gobierno no solo mantuviese la asunción de las demandas de los integristas sobre la necesidad de actuar en Cuba con mano dura, sino que además convirtió a sus líderes en los beneficiarios directos y materiales de dicha política. Y aunque tengamos que hablar de un triángulo con tres aristas (La Habana, Madrid y Barcelona), debemos destacar especialmente el vértice propio de la capital catalana, representado por su Círculo Hispano-Ultramarino y, singularmente, por la figura de su vicepresidente, Antonio López y López.

El 5 de agosto de 1876 se firmó en Madrid un convenio provisional entre el Gobierno presidido por Antonio Cánovas del Castillo y «Don Antonio López y López, en representación propia y de varios establecimientos de crédito y particulares de Barcelona, D. Manuel Calvo y Aguirre, en representación de La Habana, y el señor marqués de Vinent y Don Rafael Cabezas, en representación del Banco de Castilla», domiciliado en Madrid^[34]. En virtud de dicho convenio, López, Calvo, Vinent y Cabezas se comprometían a facilitar al Gobierno un mínimo de 75 y un máximo de 125 millones de pesetas, en diferentes plazos que se iniciarían aquel mismo mes de agosto. Se trataba, sin duda, de una operación financiera de gran envergadura. No en vano, aquel mínimo de 75 millones de pesetas (o de 15 millones de pesos fuertes) representaba el 10,26 % de los ingresos ordinarios de la hacienda española en aquel ejercicio fiscal, según los datos publicados por Francisco Comín (1988, vol. II: 588). Cabe señalar, por otro lado, que tres de aquellos cuatro empresarios firmantes del empréstito (López, Calvo y Vinent) habían ejercido años atrás como destacados comerciantes negreros, implicados en el tráfico ilegal de africanos esclavizados hacia la Gran Antilla desde sus respectivos lugares de residencia: Santiago de Cuba, La Habana y Cádiz.

Aquel convenio provisional sería el acta de nacimiento de una nueva entidad financiera, llamada significativamente Banco Hispano Colonial. La trayectoria de dicho banco ha sido ya descrita y analizada en profundidad, lo cual me evita tener que hacerlo aquí^[35]. Vale la pena, no obstante, resaltar algunos elementos definitorios de una entidad financiera que debería verse y analizarse como un verdadero hijo de los círculos hispano-ultramarinos peninsulares, como un banco nacido directamente de su actividad de presión y, singularmente, de las intensas actuaciones desarrolladas por el Círculo de Barcelona, ciudad en la que dicha entidad financiera estableció su domicilio. Y es que no solo Antonio López, vicepresidente del centro Hispano-Ultramarino de Barcelona, fue el principal impulsor y el primer presidente del Banco Hispano Colonial, sino que algunos de quienes contribuyeron a la suscripción de la tercera parte del empréstito que se asignó a la ciudad condal eran también miembros de la junta directiva de dicha entidad (José María Serra Muñoz, Juan Jover Serra, José Ferrer Vidal y José Munné Nugareda) o, cuando menos, indianos enriquecidos en las Antillas españolas o sus descendientes (Francisco Gumá, Antonio Leal Rosa, Dominga Juera de Vilar e Hijos de Roig y Rom). De hecho, entre los vocales barceloneses del primer consejo de administración del Banco Hispano Colonial destacan tres indianos enriquecidos en Cuba (José P. Taltavull, José Canela Raventós, Rafael Ferrer Vidal), además del joven Eusebio Güell Bacigalupi, quien era hijo del difunto indiano Juan Güell Ferrer, primer presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona.

Es más, como premio a las intensas gestiones que el abogado Diego A. Martínez había realizado en Madrid en nombre del círculo catalán, López le nombró primer contador del nuevo banco. El primer gerente del Banco Hispano Colonial no fue otro que el cubano Pedro Sotolongo, quién había negociado entre bambalinas con el gobierno español y en representación de Antonio López en el verano de 1875, como antes señalé. Un Sotolongo que abandonó su residencia en La Habana para instalarse en Barcelona. Y cuando el Banco Hispano Colonial procedió a las dos ampliaciones sucesivas del empréstito —por 25 millones de pesetas en octubre de 1877 y por otros 25 millones de pesetas más en marzo de 1878—, se dirigió al presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Madrid, el marqués de Manzanedo, con quien el banco suscribió un préstamo que permitió a este antiguo comerciante negrero incorporarse a tan suculento negocio al aportar varios millones de pesetas.

Hablo, por cierto, de «suculento negocio» porque así lo fue. De entrada, los impulsores del Hispano Colonial consiguieron del Gobierno Cánovas unas condiciones altamente ventajosas: a) un alto tipo de interés, del 12 %; b) la recaudación de las aduanas cubanas como garantía del empréstito y, eventualmente, la propia garantía del Estado español, que aceptó hipotecar su patrimonio a favor de los prestamistas, c) la cesión de la gestión de dichas aduanas al banco y la posibilidad de que sus accionistas recibiesen hasta la mitad de los incrementos que dicho banco pudiese conseguir en la recaudación de las mismas. Con tales condiciones, en apenas cuatro ejercicios (entre noviembre de 1876 y octubre de 1880) los accionistas del Hispano Colonial percibieron dividendos por valor de 62 millones de pesetas, a razón de una tasa media de rentabilidad del 14,7 % al año. Desde el punto de vista estrictamente económico, no cabe duda de que invertir en aquel Banco Hispano Colonial, nacido a resultas de la actividad del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, había resultado un buen negocio.

Los fondos allegados al Gobierno español por dicho banco se utilizaron básicamente para gastos militares. Así, en el otoño de 1876 el Gobierno Cánovas pudo enviar varios miles de soldados españoles más a Cuba, tal como habían pedido insistentemente los círculos hispano-ultramarinos en la península. Nuevamente, fueron los vapores de la naviera Antonio López y Compañía los encargados de transportar dichas tropas. Y mientras tanto la labor del Círculo Hispano-Ultramarino en la propia Barcelona seguía siendo notable. Bajo su impulso se había creado en noviembre de 1875 una autodenominada Comisión Defensora de los Intereses de España en Cuba y lo primero que habían acordado fue nombrar como su «representante en Madrid al Sr. Diego A. Martínez, que lo es también del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona». Lo hicieron, según decían, en reconocimiento del «interés y constancia con que hace años se viene consagrando a los asuntos antillanos» en la capital española. Entre quienes se sumaron a aquella nueva iniciativa impulsada por el Círculo de Barcelona estaban los propietarios de tres periódicos de la ciudad: el Diario de Barcelona, La Crónica de Cataluña y La Imprenta (Antonio María Brusi, Teodoro Baró y Juan Bautista Faure, respectivamente), una buena muestra de la sintonía entre la susodicha entidad y algunos influyentes medios escritos de la capital catalana^[36]. Cabe tener presente, por otro lado, que la mujer de Antonio Maria Brusi, Pepita Mataró Larumbe, era hija de un antiguo comerciante y capitán de buques negreros llamado José Mataró, un indiano enriquecido en La Habana, y que su propio primogénito, Antonio María Brusi Mataró, se había casado en 1873 con la habanera Concha García Losada, sobrina-nieta del primer conde de Bagaes, Manuel Pastor Fuentes, quién años antes se había dedicado en Cuba al comercio ilegal de africanos esclavizados.

La heterogénea composición de dicha Comisión Defensora de los Intereses de España en Cuba, creada en Barcelona, pone de relieve la capacidad del Círculo Hispano-Ultramarino de la ciudad encontrar apoyos entre los principales sectores de la burguesía y de las élites de la capital catalana. Así, por ejemplo, un manifiesto que dicha comisión dirigió a Antonio Cánovas del Castillo en el otoño de 1876, agradeciéndole la firmeza política de su Gobierno en la gran Antilla (caracterizada, entre otras cosas, por «el envío de grandes refuerzos militares» y por su decisión de allegar «recursos extraordinarios para cubrir las perentorias atenciones de la guerra», pese a los problemas de las haciendas insular y peninsular) venía firmado, además de por el propio Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, por dos representantes de la Asociación de Propietarios de la ciudad, por un representante del «clero catedral» y por otro del «clero parroquial», por el marqués de Palmarola (en representación del cuerpo de la nobleza), por sendos representantes de las patronales Fomento de la Producción Nacional e Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, por un delegado de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País y por diferentes individuos que afirmaban representar a «los que profesan ciencias morales y políticas» (Manuel Duran y Bas), «los que profesan la literatura» (Joaquín Rubió y Ors) y «los que profesan las Bellas Artes» (Pablo Milá), así como también a los comerciantes y navieros y a los corredores reales de cambio^[37]. Todos ellos quisieron suscribir los argumentos del Círculo Hispano-Ultramarino para expresar que sus propuestas eran apoyadas por sectores amplios de las élites barcelonesas.

Paralelamente, los centros hispano-ultramarinos peninsulares seguían en constante comunicación con las instituciones que agrupaban a los integristas cubanos. El 29 de julio de 1877, sin ir más lejos, en la junta general del Casino Español de La Habana se leyó una carta firmada por José Antonio Salom como presidente del Círculo de Barcelona «en la que se anuncia[ba] la idea de promover un particular estudio sobre la importantísima cuestión de brazos en esta Antilla». El Casino de La Habana acordó dirigirse entonces al resto de casinos españoles de la isla, situados en las principales ciudades, para que «estudiaran por su parte esta cuestión en consonancia con sus respectivos intereses jurisdiccionales» y elevasen sus conclusiones a la entidad habanera, la cual finalmente remitiría «una bien meditada Memoria al mencionado Círculo», como le habían pedido desde Cataluña^[38]. Como se ve, la necesidad de mano de obra para seguir alimentando a la economía cubana era un asunto que preocupaba, y mucho, a los indianos de Barcelona agrupados en su Círculo Hispano-Ultramarino, especialmente tras el final del comercio ilegal de esclavos hacia la isla (en 1867) y de la llegada de culíes chinos (en 1874).

El Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona mantuvo sus actividades también en 1878. El 23 de mayo de aquel año, por ejemplo, una delegación del círculo catalán marchó a Madrid para entregar en mano un regalo a Adelardo López de Ayala, quién había redactado el manifiesto fundacional de la Liga Nacional y quien fuera ministro de Ultramar en diversos momentos. López de Ayala era entonces el presidente del Congreso de los Diputados. Le regalaron una estatua del conquistador Hernán Cortés, realizada por el afamado escultor catalán Agapito Vallmitjana^[39]. Fue también en aquel año de 1878 cuando el presidente del Banco Hispano Colonial y vicepresidente del círculo de Barcelona, Antonio López, recibió del joven rey Alfonso XII el título de primer marqués de Comillas. Con su ennoblecimiento, la Corona española expresaba su agradecimiento a la labor de un hombre tan significado en la defensa no solo de la españolidad de Cuba, sino también del statu quo colonial y, en consecuencia, de la institución de la esclavitud. Tres años antes, en 1875, Juan Manuel de Manzanedo, presidente del círculo de Madrid, había recibido del mismo rey el título de duque de Santoña, y Julián Zulueta el de primer marqués de Álava. El ennoblecimiento de aquellos tres líderes integristas y proesclavistas permitía visualizar su clara identificación con la Corona. Fue también en 1878 cuando terminó por fin en Cuba la llamada guerra de los Diez Años.

El conflicto militar no terminó como muchos integristas habían soñado, con una rotunda victoria militar por parte de España. El entonces capitán general de Cuba, Arsenio Martínez Campos, optó por buscar un acuerdo con los líderes independentistas que acabase con un conflicto militar que hacía más de nueve años que duraba. Ambas partes acordaron la Paz del Zanjón, firmada el 10 de febrero de 1878, que significó el final de aquella primera guerra por la independencia de Cuba. Entre las concesiones realizadas por Martínez Campos cabe destacar el reconocimiento de la libertad para todos aquellos esclavos que habían sido liberados previamente por los insurrectos, los cuales se habían incorporado a las tropas mambisas. También acordaron la legalización de los partidos políticos en la isla y el reconocimiento del derecho de los cubanos a elegir sus representantes en el Congreso español de los Diputados (un derecho que habían perdido en 1837, cuando las Cortes españolas expulsaron a los diputados representantes de la isla). Aquel reconocimiento a la libertad de los esclavos rebeldes fue, sin duda, el inicio del fin de la esclavitud en la isla.

Una vez las autoridades españolas fueron capaces de reconocer la libertad de unos antiguos esclavos que habían llegado a enfrentarse militarmente a los soldados de la metrópoli, matando incluso a muchos de ellos, no tenía mucho sentido mantener bajo el yugo de la esclavitud a quienes, por el contrario, se habían mantenido sumisos al orden colonial y a sus amos. Fue entonces, en 1879, cuando empezó la discusión del proyecto de ley que debía regular la libertad de los esclavos en Cuba. Finalmente, la ley que determinó el principio del fin de la esclavitud en Cuba se publicó en la Gaceta de Madrid el 18 de febrero de 1880^[40]. Dicho texto legal estableció un período de transición a la libertad (establecido inicialmente en ocho años), mediante el cual los amos seguirían manteniendo bajo su dominio y durante dicho período a sus antiguos esclavos (reconvertidos eufemísticamente en «patrocinados»). Aquella institución del patronato puede verse como una peculiar indemnización no monetaria que el Estado español otorgó a los propietarios de esclavos en Cuba por haberles expropiado una parte de sus «bienes semovientes», y como una forma de alargar todavía unos años más la esclavitud en la mayor de las Antillas. Algo así como una última victoria de los esclavistas de Cuba y España.

La disolución del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona tuvo lugar en diciembre de 1880, apenas diez meses después de la promulgación de aquella ley que marcó el principio del fin de la esclavitud en Cuba. El final de la guerra de los Diez Años, tras la paz del Zanjón en 1878, por un lado, y la aprobación de la susodicha ley en febrero de 1880, por otro, quitaban buena parte del sentido a la existencia de dicha entidad. Fue a finales de aquel año cuando el último presidente del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona, el indiano José Munné Nugareda, se dirigió al presidente del Consejo de Ministros notificándole su decisión de disolverse «por creer terminado su objeto». Pronto les respondió Antonio Cánovas del Castillo quien les agradeció genéricamente su labor al consignar que «el gobierno se congratula[ba] del concurso que en todas las corporaciones y clases ha encontrado para facilitar los medios de concluir la guerra que destrozaba aquella preciosa Antilla», añadiendo que comprendía, sin embargo, la decisión que acababan de tomar^[41].

VII. CONCLUSIONES[Subir]

Barcelona fue el lugar elegido por muchos indianos enriquecidos en Cuba y Puerto Rico a la hora de instalarse en Europa. Unos ricos e influyentes indianos que se organizaron durante el Sexenio Democrático en un Círculo Hispano-Ultramarino local que presionó por el mantenimiento de la esclavitud en ambas Antillas, primero, y para desestabilizar a la I República, después. Su explícita defensa de la esclavitud resultaba una clara anomalía, en términos de historia europea, en un momento en que todos los Estados del Viejo Continente habían abolido ya dicha institución. Aquella entidad tuvo la capacidad de implicar en sus campañas a las principales organizaciones económicas catalanas, como el Fomento de la Producción Nacional, así como a amplios sectores de las élites de Cataluña, quienes asumieron públicamente sus argumentos antiabolicionistas y proesclavistas, participando en plataformas más amplias como la Liga Nacional o la Comisión Defensora de los Intereses de España en Cuba. Y aunque la presión proesclavista no pudo evitar la abolición de dicha institución (aprobada para Puerto Rico, en 1873, y para Cuba, en 1880) sí consiguió alargar su vigencia durante unos años, en la Gran Antilla, mediante la institución del patronato.

El legado más destacable (y, a la postre, también el más perdurable) del Círculo Hispano-Ultramarino de Barcelona fue el Banco Hispano Colonial, una entidad financiera nacida en 1876 que acabaría transformándose en un verdadero banco de negocios y que gestionaría las aduanas cubanas hasta el final de la dominación española sobre la isla, en 1898. Un banco domiciliado en Barcelona que sobreviviría hasta julio de 1950, cuando fue absorbido por el madrileño Banco Central.