TERUEL, REGIÓN DEVASTADA: ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA, MUERTE Y RECONSTRUCCIÓN COMUNITARIA EN LA POSGUERRA, 1938-‍1953^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

La posguerra española, objeto de este artículo, coincide con el marco temporal de la Segunda Guerra Mundial y sus antecedentes, pero también con todo el periodo posterior, incluyendo la reconstrucción y recuperación de los países europeos de ambos lados del Telón de Acero. Hablamos de años críticos en la historia continental, marcados por la incertidumbre política, la miseria generalizada, la lucha cotidiana por la supervivencia, las políticas de depuración y la persistencia de los conflictos y la violencia bajo formas viejas y nuevas^[2]. Los acontecimientos a escala local y nacional, las decisiones individuales y comunitarias y las políticas de las autoridades a lo largo del periodo marcaron la trayectoria posterior de los pueblos, las ciudades y los países de todo el continente^[3].

El interés del caso de estudio propuesto, Teruel capital y los pueblos de su entorno, pasa por apuntar lo que tuvo de universal la experiencia de sus habitantes en la posguerra española, a sabiendas de cuán diversa resultó esta a nivel local y regional dentro de la propia España. Lo mismo vale si comparamos la realidad española con la europea, agravada esta última por la alta densidad poblacional, la enorme cantidad de desplazados, la desarticulación económica, los altos niveles de devastación y la gigantesca extensión territorial afectada en casos como la Polonia central o el Ruhr, por no mencionar amplias zonas de Yugoslavia y de las repúblicas soviéticas occidentales. En muchos aspectos la realidad de las comarcas y poblaciones del sur de Aragón se asemejó bastante a la de muchos otros territorios del continente destruidos por la violencia, los combates, los bombardeos y los desplazamientos forzados durante los años cuarenta. Las principales peculiaridades de la posguerra española frente a las más próximas de Europa Occidental a partir de 1945 radicaron en la existencia de una dictadura que no permitió un debate público sobre el mejor modo de abordar la posguerra, en el aislamiento internacional de la España franquista y en los efectos devastadores de la política económica del régimen^[4].

Todos los europeos enfrentaron limitaciones y problemas similares a la hora de encarar la reconstrucción física, social y moral de sus comunidades y de sus propias vidas, obligados a recurrir a estrategias muy parecidas para sobrevivir en los momentos de mayor dificultad: robos de subsistencia, recogida de chatarra de guerra, viviendas compartidas, autogestión en la reconstrucción del propio hogar, reciclaje de basura e ingesta de desperdicios, emigración, mercado negro, precariedad laboral, trueque, prostitución, relatos exculpatorios, nuevas identidades, etc.^[5] Aún con todo, no son nada comunes las investigaciones de historia social y microhistoria que hayan tomado un espacio geográfico concreto como caso de estudio para abordar la relación entre las consecuencias de la guerra, por un lado, y las formas de sociabilidad, las actitudes y el modus operandi de las personas en la posguerra^[6]. Aquí radica el valor de este artículo, que en este sentido busca proponer un nuevo campo de análisis nutriéndose de otros más generales y de la rica tradición historiográfica española.

Es cierto que son muchas las investigaciones que se han ocupado de analizar los múltiples efectos de la violencia sublevada y las políticas del régimen franquista sobre la vida de las personas. Sin embargo, pocas veces se han situado en un lugar central los problemas particulares a los que se enfrentaron las poblaciones más afectadas por los combates, marcadas por éxodos masivos, desplazamientos forzosos y pérdidas materiales abrumadoras, con su consiguiente legado traumático. Ese es precisamente el objetivo de este artículo, que profundiza en el caso de Teruel a través de cuatro aspectos: el paulatino regreso al hogar de los desplazados y huidos durante el conflicto, atendiendo a la realidad con la que se encontraron y a los principales obstáculos con que se toparon para impulsar la reconstrucción y la reactivación de la vida económica; los gravísimos problemas derivados del abandono de cantidades ingentes de chatarra de guerra en el entorno de pueblos y ciudades, fuente de ingresos para los más afectados por las políticas franquistas y causa habitual de accidentes entre niños, chatarreros y trabajadores del campo; el gran número de personas, incluidos muchos menores, que se vieron obligadas a realizar hurtos y robos de subsistencia con el único fin de sobrevivir, así como el abordaje de este problema endémico por parte de las comunidades locales y las agencias del régimen; y, finalmente, el número de suicidios que pueden relacionarse de uno u otro modo con el contexto de miseria, la incertidumbre de la vida en la posguerra y los hechos acontecidos durante el conflicto.

Aunque se plantean algunas hipótesis e interpretaciones útiles para el conjunto de la provincia y de España, el caso de estudio central de este artículo son las comarcas más afectadas por la batalla de Teruel y otras operaciones previas más limitadas, tanto en la ciudad y su entorno inmediato como en la vecina sierra de Albarracín. En última instancia, se busca contribuir a los debates de los estudios postconflicto y la historia sociocultural de la guerra, que entre otras muchas cosas se encargan de observar qué ocurre en un territorio devastado cuando cesan los combates, pero también al ámbito de la historia de la vida cotidiana, las actitudes sociales y las estrategias de supervivencia y resistencia en contextos dictatoriales. En este sentido, se ha optado por desgranar el corpus interpretativo del artículo a partir de los casos concretos que se exponen, convencido de que resultaba un proceder mucho más orgánico y efectivo a la hora de acompañar a los lectores.

Para ello se han estudiado los fondos de los juzgados de instrucción y de la Audiencia Provincial custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), así como los intercambios mantenidos por el Gobierno Civil con diferentes agencias. Se trata de una documentación muy condicionada por los prejuicios de las autoridades, elaborada con fines represivos y tendente a patologizar a la gente corriente que aparece en ella como sospechosa o convicta, y por tanto debe ser tratada con las debidas precauciones. Los numerosos testimonios orales recogidos por el autor resultan útiles para compensar ese desequilibrio, ya que dan una presencia más compleja y clara a esa gente corriente. Sin embargo, para evitar los problemas interpretativos y metodológicos derivados del uso de este tipo de fuentes siempre se introducen en dos direcciones: a partir de la documentación de archivo; es decir, cuando esta ofrece fundamento para ello o puede ser criticada y enriquecida, y ofreciendo visiones del periodo a partir de la memoria personal y colectiva.

II. GUERRA, EVACUACIÓN Y REGRESO AL HOGAR: LA VIDA ENTRE LAS RUINAS[Subir]

En la provincia de Teruel los días y las semanas posteriores al golpe vinieron marcadas por la incertidumbre, sin que estuviera muy claro quién controlaba qué. Las fuerzas golpistas se organizaron con cierta rapidez en los pueblos de la ribera del Jiloca, vitales para mantener la capital conectada al resto de la naciente zona sublevada. Otras comarcas como la sierra de Albarracín constituyeron una especie de tierra de nadie durante los meses del verano y el otoño de 1936. Allí el momento cumbre llegaría entre julio y agosto de 1937, con la frustrada ofensiva republicana sobre la capital comarcal y la posterior contraofensiva sublevada, que acabaría poniendo la mayor parte de los pueblos en manos de los rebeldes. Por mucho que fueran operaciones de importancia menor para el devenir del conflicto, lo cierto es que cambiaron para siempre la vida de sus habitantes, marcados por la evacuación forzosa o voluntaria a manos de las fuerzas republicanas en retirada. Así pues, tanto en el Jiloca como en Albarracín las poblaciones quedaron sometidas a duras políticas de control territorial por parte de uno u otro bando, con un gran protagonismo de la violencia; sus vecinos se vieron obligados a dar cobijo y asistencia a los dos inmensos ejércitos de masas que combatieron en la batalla de Teruel; al mismo tiempo tuvieron que acoger a los refugiados procedentes de los pueblos devastados por los combates al norte de la capital, cuyos campos y pastos habían quedado plagados de chatarra de guerra abandonada.

Por su parte, Teruel devendría una ciudad fantasma fruto de los durísimos combates urbanos del invierno de 1937-‍1938, que incluyeron el uso de bombardeos aéreos, artillería pesada, incendios provocados, minas subterráneas, etc. Al termino de la batalla, un tercio del núcleo urbano había quedado devastado, otro tercio estaba gravemente afectado, mientras que el restante acusaba daños de diversa consideración^[7]. Durante el año y medio anterior, sus habitantes habían pasado por infinidad de vicisitudes: el triunfo golpista en la capital, que empujó a 4000 turolenses a huir; la implacable violencia de las nuevas autoridades durante el verano y el otoño de 1936; los bombardeos de la artillería y la aviación republicanas sobre la plaza, sitiada desde agosto de 1936; el inicio de los cruentos combates urbanos y los saqueos de diciembre de 1937 y, finalmente, la evacuación forzosa de la población y los prisioneros de guerra conforme progresaban las operaciones gubernamentales hasta sumar 12 000 personas^[8]. Siempre que no tuvieran familia con la que alojarse en localidades de la provincia bajo control republicano la mayoría de los civiles fueron conducidos a diferentes poblaciones de Valencia y Castellón^[9].

Así pues, muchos evacuados no pudieron regresar a sus casas antes de abril de 1939, que es cuando el Levante quedó bajo control rebelde, y existen indicios suficientes para pensar que incluso entonces el retorno siguió transcurriendo con suma lentitud. Alejandro Allánegui, arquitecto a cargo del Proyecto Parcial de Reforma Interior para la reconstrucción de Teruel, reconocía que en 1940 la población seguía por debajo de 6500 personas, cuando antes de la guerra alcanzaba unas 13 500. La familia de Inés Jiménez (1925) debió de ser de las primeras en volver: «Estaban todas las casas vacías […], la que estaba deshabitada pues pal primero que llegaba. Hasta que los otros [sus propietarios] regresaron y la reclamaron». En su caso tuvieron que bajar a Teruel porque su vivienda en el vecino Castralvo había quedado destruida durante un bombardeo aéreo. Tal era la situación reinante en la capital que la madre, contando con los recursos necesarios, decidió enviar a la joven a un internado de monjas en Zaragoza para ahorrarle las penurias de vivir entre las ruinas, hasta su regreso definitivo en 1940^[10]. La mayoría de las familias no podían permitirse un lujo así. María Esteban Gutiérrez (1931), aunque su familia tardó en volver, contaba que la escasez de viviendas y el estado ruinoso de las que seguían en pie obligó a los más humildes a ocupar todas las cuevas disponibles y a compartir, sirviéndose de cortinas para separar espacios^[11].

Teruel languidecería durante la década posterior a la batalla por la lentitud con la que avanzaron las labores de reconstrucción. Parte del problema radicaba en los retrasos que acumularon las tareas de desescombro hasta 1942, por las constantes averías de los vehículos a motor, la falta de recambios, el racionamiento de la gasolina y la lentitud con la que llegaban los cupos asignados desde Madrid. Estas limitaciones se explican por las particularidades de la política autárquica del régimen franquista, que se caracterizó por el intervencionismo exacerbado de un estado hipercentralizado, la corrupción generalizada, la represión sobre las relaciones laborales y los límites del autoabastecimiento en un país gravemente devastado. Todo ello acabó sumiendo a la sociedad en una larga y gravísima depresión económica que se dejó sentir en todos los órdenes de la vida^[12].

Las propias autoridades franquistas se ampararon en las destrucciones provocadas por la guerra para explicar el fracaso absoluto de su política económica, un aspecto cuestionado por la historiografía^[13]. Sin embargo, parece necesario reconsiderar el peso de las pérdidas materiales en aquellos lugares donde más se dejaron sentir, caso de Teruel capital y su entorno. En este caso, para agilizar los trabajos de desescombro fue necesario movilizar y alquilar caballerías, que también eran escasas debido a las requisas masivas que habían tenido lugar durante la guerra, en el curso de la cual murió más de un tercio de los animales de tiro de la provincia^[14]. Así se explica que la culminación oficial de las obras tuviera lugar el 15 de junio de 1953, presencia de Franco incluida, en lo que fue un año talismán para la dictadura, con el fin del aislamiento internacional y de la guerra irregular. No es de extrañar que todos aquellos que pudieron pospusieran el retorno a Teruel, algo que, por lo demás, dependió de multitud de factores. Tampoco sorprende que una vez de vuelta multitud de personas se vieran obligadas a hacer de todo para sobrevivir: desde el trabajo infantil hasta la recogida de chatarra, pasando por la delincuencia patrimonial o el recurso a la caridad del Estado.

Si esta era la situación de abandono en que se encontraba la capital, objeto de atención preferente por parte del régimen de cara a la galería, no digamos ya en los pueblos devastados del entorno. Al norte de Teruel, escenario de intensos combates, Celadas o Concud quedaron arrasados hasta los cimientos. Aún más al norte, todas las poblaciones anexas a la primera línea republicana, en el Altiplano y el valle del Alfambra, fueron bombardeadas durante días por la aviación y ocupadas por los sublevados a principios de febrero de 1938, momento en que se dispuso la evacuación de sus habitantes hacia el valle del Jiloca, en la retaguardia franquista. Todo lo que no pudieron llevarse consigo fue pasto de la rapacidad de las tropas, al igual que había ocurrido tras la ocupación de la capital por las fuerzas republicanas. También fue común que encendieran fuegos dentro de las casas para protegerse del frío, empleando para ello todo lo que encontraban. Eso contaba Primitiva Gorbe (1918), originaria de Villalba Baja, que fue evacuada con su familia tras la ocupación de su pueblo por los rebeldes. Una vez volvieron de Alba recuerda que «en mi casa, nada, no quedó ni los azoques de madera: puertas y todas cosas se las llevaron y quemaron todo. […] se notaba que habían trasegado por ellas a sus anchas, sin respetar nada»^[15].

Así pues, tanto en la capital como en los pueblos la reconstrucción de las viviendas corrió a cuenta de los particulares, que a lo sumo podían obtener liquidez por medio de los créditos especiales del Estado. En 1940, parte de los habitantes de Celadas seguían acogidos en localidades próximas, como Villarquemado, aunque en 1942 ya habían comenzado a regresar a sus casas los que habían podido costearse las obras^[16]. Dicha operación no estuvo al alcance de todos, como vemos en el caso de la familia de Silvano Soriano (1926), gente humilde que nunca pudo retornar a Celadas porque su vivienda quedó completamente destruida durante la ofensiva republicana de abril de 1937. Tras huir de allí fueron acogidos en Alba, donde pasarían seis meses compartiendo una cochera con otras tres familias más, hasta que se trasladaron de forma definitiva a Cella^[17]. Es más, la concesión de los créditos para la reconstrucción dependía de que las autoridades locales emitieran un informe favorable sobre los antecedentes político-sociales del interesado, una cuestión que quedaba en manos del talante y sensibilidad de los que se encontraban al frente de los resortes del poder en cada pueblo. La forma en que actuaran en aspectos como este fue determinante para la reconstrucción del tejido comunitario durante la posguerra, actuando como un mecanismo de control social clientelar.

III. LA VIDA ENTRE CHATARRA DE GUERRA: INGRESOS EXTRA, JUEGOS INFANTILES Y ACCIDENTES LABORALES[Subir]

Una desgracia recurrente en la posguerra fueron los accidentes provocados por los proyectiles y explosivos abandonados en los campos y poblaciones de toda la provincia^[18]. Dámaso Aguilar (1929) recordaba cuán común y lucrativa llegó a ser la recolección de las espoletas, que reportaba hasta 60 pesetas por kilo^[19]. Algunos de los mejores chatarreros de Teruel, expertos en desactivar explosivos y extraer tanto la espoleta como la cinta de metal que la envolvía, vivían en su barrio, El Arrabal, el más afectado por la violencia, la represión y la miseria. Por su parte, Ramón Hernández Fabre (1924) apuntaba que en su pueblo, Villalba Baja, quien más quien menos recogía chatarra de guerra, lo cual provocó un goteo constante de mutilaciones de diversa gravedad y muertes que a veces ni tan siquiera han dejado huella documental^[20]. En lo que respecta a Dámaso Aguilar y a su hermano, aunque no hicieron de esta actividad su principal fuente de sustento, sí que solían cavar en las trincheras para desenterrar balas, extrayendo puntualmente la espoleta de las bombas que encontraban. Para exponerse lo menos posible las detonaban dentro de una cueva, encendiendo pequeñas fogatas con matojos dispuestos debajo de ellas^[21].

Entre los colectivos más perjudicados encontramos a los menores, que jugaban a la guerra fascinados por los estereotipos de masculinidad y las narrativas heroicas que ocupaban el espacio público^[22]. Las trincheras, los parapetos y los fortines eran hitos bien visibles en el paisaje de todas las poblaciones donde hubo combates, y el material bélico abandonado no solo era abundantísimo, sino que a veces estaba sin detonar. Así se explica lo que ocurrió el 19 de febrero de 1939 en Alba, frente al antiguo teatro de operaciones de Sierra Palomera y Singra. Benigno Viñado Ginés, de 10 años, se divertía con otros seis muchachos en un corral propiedad de su padre cuando le explotó una granada, causándole graves heridas en toda la mano derecha y la pérdida de la punta de todos los dedos, incluido el anular al completo. Durante el sumario resultan evidentes los esfuerzos por esconder su propia responsabilidad en la desgracia, seguramente por miedo a la reprimenda de sus padres y a las autoridades. Por eso mismo, en su declaración afirmaba que el artefacto había explotado cuando se acercó al fuego que habían encendido para calentarse, después de haber sido arrojado por alguno de sus amigos sin que él se diera cuenta. No obstante, el testimonio de uno de los presentes permite deducir que fue el propio Benigno Viñado quien accionó el explosivo al golpearlo en repetidas ocasiones contra una piedra^[23].

A veces, la desgracia se cebaba con familias enteras. Un caso particularmente dramático tuvo lugar el 7 de abril de 1939 en Cella, que se llevó por delante la vida de Norberto Bellido Soriano, Vicente Casino Enguita, Palmira Bellido Soriano y Francisco Asensio Pascual, al tiempo que hería de suma gravedad a Pedro Casino Enguita, Agustín Soler Rubio, Miguel Bellido Soriano y Encarnación Bellido Soriano, todos de entre 5 y 10 años de edad. No es casual que seis de ellos fueran hermanos, dada la tendencia habitual de los padres a dejar jugar a sus hijos en grupo con el resto de muchachos del vecindario, como forma de tenerlos controlados y haciendo cargo a los mayores de los más pequeños. En este caso, como en el de Alba, se trató de una granada de mano golpeada con dos piedras^[24].

Existen gran cantidad de sumarios de niños lesionados y muertos por toda la provincia mientras jugaban con bombas, inconscientes casi siempre del peligro que corrían^[25]. Seguramente fuera eso lo que llevó al padre de Adrián Abril Porenga (1929) a confrontar a su hijo con las consecuencias derivadas de aquella forma de pasar el rato. Después de escuchar una explosión en una era cercana, el cabeza de familia corrió de inmediato hacia allí con otros vecinos, encontrándose con el cadáver de un pastor de la edad de su hijo, probablemente Marcelino Cosa, que estaba al cuidado de un ganado de ovejas al otro lado de la colina del castillo de Cedrillas^[26]. «Al instante viene mi padre y dice: "Vente con mi", y era pa que lo viera yo pa que tuviera miedo yo que no tocara las bombas: y estaba con todas tripas fuera, muerto. Se puso así sentau y se la puso ahí entre las piernas pa pegale con unas piedras pa deshacela y justo le vino»^[27]. Algo parecido ocurrió en Corbalán, un pueblo muy castigado por los combates del primer año y medio de guerra, donde un vecino que solía recoger chatarra quedó literalmente hecho trizas por la explosión de un artefacto de gran calibre. Ese día, recordaba Timoteo Fuertes Argente (1927), «el maestro nos hizo pasar todos por delante pa que no tocáramos bombas, y nos hizo ir a recoger la carne que estaba toda extendida por ahí pa recogela en una bolsa»^[28].

También era común que las explosiones tuvieran lugar accidentalmente, cuando las víctimas estaban realizando sus labores. Ramón Hernández señalaba el caso de un paisano de Villalba Baja que descubrió una granada Lafitte mientras segaba junto a otros vecinos en un campo que ya había sido sembrado y labrado, prueba de cuán traicioneros y escurridizos podían llegar a ser los artefactos. Considerando con buen juicio que era peligroso dejarla allí se dispuso a retirarla, con tan mala suerte que le explotó en las manos. Por eso mismo, ante la amenaza de morir manipulando la chatarra de guerra diseminada por los campos de cultivo, se desarrollaron diferentes estrategias. En el caso de Ramón Hernández, de vuelta al pueblo en 1941, se encontró con que su padre había rodeado con piedras los artefactos que había ido encontrando mientras realizaba las labores del campo, dejando esas zonas sin trabajar: «Y yo fui a labrar allí y dije: "esto así no puede estar toda la vida"». En una sola de las parcelas había hasta doce o trece marcadas, de manera que al mediodía preparaba lechos de aliagas bajo las bombas, y por la noche, antes de marchar, les prendía fuego con suficiente margen para salir indemne^[29].

La documentación nos brinda infinidad de casos, como el que protagonizó el 20 de abril de 1939 un pastor de Albarracín de 70 años, Anastasio Valero, que andando con el rebaño sobre el camino que conduce al vecino pueblo de Torres se encontró una granada Lafitte, a juzgar por el casco de metal que había en las inmediaciones. Esta le explotó en las manos, causándole heridas fatales por todo el cuerpo y la cabeza. Al tratarse de un hombre de avanzada edad que trabajaba al servicio de una familia de ganaderos es posible que estuviera manipulando el artefacto con la idea de extraer las partes de valor para venderlas y sacarse un pequeño sobresueldo; de hecho, a cuatro metros del cadáver había un saco de lona abierto y vacío^[30].

IV. EL HURTO Y EL ROBO COMO FORMAS DE SUPERVIVENCIA Y VENGANZA[Subir]

La dureza de la vida en la posguerra, más cruda en territorios tan devastados como el entorno de Teruel, hizo que la población se viera obligada a desplegar todo un repertorio de respuestas ante la miseria y la falta de alternativas. Los hurtos y robos de subsistencia fueron comunes en la lucha diaria de muchos turolenses por la supervivencia. Resulta sumamente revelador que de los 1027 robos que llegaron hasta los juzgados de instrucción provinciales entre 1938 y 1949, el 25,2 % ocurrieran en la capital, y otro 9,2 % en los pueblos de los alrededores, sumando un total de 259 para Teruel y 354 para el conjunto de la comarca. Tan solo tres de los casos tienen a una mujer como protagonista o participante en los hechos, de manera que una aplastante mayoría fueron cometidos por hombres, al menos en aquellos donde tenemos constancia del autor o autores. Valorar el impacto real de los datos pasa por tener presente que en los años cuarenta la provincia contaba cerca de 245 000 habitantes, y que en la capital vivía como mucho un 6 % de ellos^[31]. De hecho, el número de robos en la comarca solo comenzó a ser destacable en 1941, con 51 casos, una tendencia que se mantuvo al año siguiente, con 54, y que descendió casi a la mitad en los tres años siguientes, hasta el máximo histórico de 1946, con 58, volviendo a bajar a menos de la mitad desde entonces. Así pues, resulta indudable la relación de estas cifras con el retorno del grueso de los habitantes evacuados durante la guerra, que debió producirse en 1941, lo que se tradujo en un aumento exponencial de los casos por la situación desesperada de muchos de ellos.

No es extraño que las autoridades falsearan la población de la capital en el censo de 1940, atribuyéndole 14 149 habitantes de derecho y 16 172 de hecho, 625 y 1624 más que en el censo de 1930, algo inverosímil y desmentido por otras fuentes. Su objetivo pudo ser doble: complacer a las autoridades estatales al transmitir una sensación de normalidad y éxito en el proceso de reconstrucción, a la par que atraer un mayor número de recursos alimentarios para paliar la crisis humanitaria a la que se enfrentaba la población que iba retornando^[32]. Aunque la Dirección General de Seguridad negaba este último extremo en sus informes, señalando la situación del racionamiento en la provincia como «buena» o «normal», no tiene sentido que al mismo tiempo se reforzara la idea de que Francisco Labadie, a la sazón gobernador civil, «ha trabajado con ahínco para que esta provincia no carezca de artículos alimenticios»^[33].

De otro modo, resulta difícil entender que hubiera tantas personas tan desesperadas como para jugarse el tipo robando víveres hasta en 63 de los 354 robos registrados en la capital y su entorno, al igual que en los 28 casos donde el bien sustraído fueron aves de corral o los 15 en que el objetivo fueron reses. Por eso es importante tener en cuenta la naturaleza jurídica de un robo, que radica precisamente en el uso de un plan premeditado, de la violencia, de la fuerza o de la intimidación para la comisión del acto, con las graves consecuencias que solían derivarse para el autor en caso de ser detenido. Por si fuera poco, en 1940 Teruel era una ciudad militarizada, con casi mil hombres en armas entre efectivos del ejército, guardias civiles y fuerzas policiales, lo cual no siempre era una garantía de mayor seguridad si tenemos en cuenta que los propios soldados también cometieron sustracciones^[34].

Como ha señalado la historiografía, este tipo de robos fueron muy comunes en toda la geografía española durante la posguerra, y más allá de la mera supervivencia tuvieron una clara dimensión retributiva^[35]. En este sentido, parece indudable el sentido político-social de los objetivos y las acciones de aquellos que delinquían para sobrevivir, en línea con las últimas y más avanzadas interpretaciones de la historiografía española y los debates globales^[36]. Esto queda claro cuando vemos que determinados vecinos se acabaron convirtiendo en objetivo recurrente de los golpes, por las garantías de botín que ofrecía su posición económica, pero también por su posición social y política dentro del nuevo orden. Tal es el caso de los industriales Andrés Daudén Pérez o Antonio Maicas Asensio, que entre 1941 y 1946 sufrieron hasta 3 robos cada uno^[37]. Estos actos fueron castigados con suma dureza, sobre todo porque solían ser cometidos por individuos de extracción humilde pertenecientes al colectivo de los vencidos, mucho más expuestos que los afines a la dictadura, y porque al mismo tiempo evidenciaban el fracaso de las políticas de control social promovidas por el régimen^[38].

En general, la represión había afectado de forma mucho más evidente a los pobres, dada la naturaleza clasista del Estado surgido de la Guerra Civil, pero también a causa de su situación de mayor vulnerabilidad, que les obligaba a delatar esa supuesta naturaleza criminal que les atribuía el régimen^[39]. Esto tuvo su traducción en la tipología de los robos de subsistencia, cuyos autores casi nunca parecían tener un objetivo concreto más allá de saciar su hambre y arramblar con todo aquello que pudiera intercambiarse por más víveres. Sin embargo, más allá de la comida y los animales domésticos, el dinero en efectivo es lo que más veces aparece en las causas judiciales que se abrieron durante los años cuarenta, a menudo en combinación con otros bienes: prendas, joyas y relojes, útiles del hogar, herramientas y aperos, chatarra de todo tipo, cable telegráfico, piezas de vehículos, materiales de construcción, animales de tiro, pieles y otros textiles, etc.^[40]

Esto queda bien ilustrado por la historia personal de Dámaso Aguilar, que en 1936, con solo siete años, se vio solo ante la vida con uno de sus seis hermanos, tres años mayor que él. La familia quedó rota tras el asesinato ese mismo año de su madre, Paula Ros, so pretexto «de haber hecho manifestaciones en favor de los bombardeos de los rojos» sobre Teruel. Lo más probable es que fuera prendida por la Guardia Civil en sustitución del cabeza de familia, Feliciano Aguilar, que como tantos otros huyó por miedo a perder la vida a causa de su militancia en la UGT. La vida de los hermanos Aguilar Ros se tornaría aún más dura a partir de 1939, con la segunda reclusión de su padre en 1940 «por suponerle cotizante de Socorro Rojo», la condena de un hermano a un batallón de trabajadores y la muerte de otro en la División Azul en noviembre de 1941^[41]. La desesperación de Dámaso Aguilar llegó a ser tal que en una ocasión decidió acudir al local de Auxilio Social en Teruel, porque «tenía mucho hambre, mucho». Sin embargo, fue expulsado de allí por un vecino del barrio que estaba en el local, espetándole que era rojo, un episodio que le marcaría de tal modo que «luego ya me dediqué a robar alforjas, y no solamente alforjas, todo lo que podía»^[42].

Para los Aguilar Ros el hambre y el desamparo acabarían siendo las experiencias más definitorias de la guerra y la posguerra. Además, la violencia golpista fue doblemente devastadora y efectiva en sus objetivos porque en ocasiones casi consiguió desmantelar las redes de solidaridad familiar y vecinal sobre las que se sostenían los más humildes. En el caso de los hermanos Aguilar Ros su tía Concha intentó echarles una mano, a pesar de haber perdido a su marido, fusilado, y de haberse quedado sola a cargo de seis hijos, y otros familiares ya se habían hecho cargo de sus hermanas, aún cuando sufrían sus propios apuros. Privados de más apoyo, Dámaso y su hermano Pedro habían comenzado a realizar pequeños hurtos y robos para sobrevivir ya en plena guerra, a pesar del miedo que se apoderaba del segundo^[43]. Esta delincuencia juvenil forzada por las circunstancias materiales formó parte del paisaje de las ciudades devastadas de la Europa de posguerra. Baste con señalar que en 1946 unos 180 000 huérfanos pugnaban por sobrevivir en las calles de Roma, Milán y Nápoles formando pequeños grupos, dedicados al chatarreo, la prostitución y la mendicidad^[44].

De hecho, si miramos al conjunto de la provincia vemos que la mayor parte de los robos denunciados entre 1938 y 1949 se concentran en las comarcas más pobladas, más ricas y mejor comunicadas, como el entorno de la capital, el valle del Jiloca, las Cuencas Mineras o el Bajo Aragón, y no tanto en los territorios montañosos de hábitat disperso con economías de subsistencia, como las comarcas del Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Albarracín. Mientras que las tres últimas apenas sumaban el 19,4 % del total, en las cuatro primeras tuvo lugar el 74,5 %, pues ofrecían un trasiego de bienes y personas más continuado, distintas posibilidades de huida y cierta ilusión de impunidad gracias a un mayor anonimato. Por eso tampoco es casual que un buen número de robos ocurrieran en segundas residencias, establecimientos comerciales y estaciones de tren, ya fuera en sus almacenes, en los mismos vagones o en la persona de los propios viajeros. También era bastante corriente que las víctimas de estas acciones fueran mujeres solteras o viudas, que a priori debían considerarse objetivos más asequibles.

Por ser convecinos de los damnificados y buenos conocedores del terreno, había ocasiones en que los autores tenían muy claro dónde y cómo realizar sus golpes. Tal es el caso del que sufrió en 1946 Emerenciana Márquez Unsain, a quien le fueron sustraídas en su propio hogar 15 000 pesetas y joyas, mientras que la histórica Casa Ferrán perdió ese mismo año entre 12 y 13 000 pesetas afanadas de la caja registradora de su local de la plaza del Torico^[45]. Sin embargo, estos casos constituyen una excepción, siendo más comunes los robos de unos pocos cientos de pesetas, lo cual no es óbice para que los sectores más pudientes y expuestos de la sociedad se sintieran escandalizados y molestos ante lo continuado de estos sucesos, hasta el punto de poner en riesgo el prestigio y credibilidad de las propias autoridades. Por eso mismo, el descenso notable de los robos a partir de 1947 no solo pudo tener que ver con una cierta estabilización del abastecimiento alimentario y del mercado laboral, sino también con las estrategias del palo y la zanahoria implementadas a partir de julio por el nuevo gobernador civil, Manuel Pizarro Cenjor.

El propio Dámaso Aguilar reconocía que «era raro el día que no cogía una alforja». Para ello seguía a los muchos carros que llegaban a Teruel procedentes de los pueblos, y cuando los conductores marchaban a hacer sus recados al interior de la ciudad aprovechaba para sisar lo que podía, incluido el vino. Con un poco de aquí y otro poco de allá componía la base de su dieta: pan mojado en agua y remolacha, que sustraía de los camiones y carros que procedentes del valle del Jiloca se concentraban en las explanadas de la estación de ferrocarril, junto al río Turia. Gracias a ello pudieron alimentarse tanto él como su hermano^[46]. Sin embargo, una noche fue cogido in fraganti por el sereno y un policía municipal mientras intentaba robar una sandía en el antiguo mercado municipal de Teruel, punto de confluencia de los camiones cargados de fruta. Según la documentación, los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 1947 a las 4 de la madrugada, ajustándose de forma casi idéntica a la narración realizada por Dámaso Aguilar siete décadas más tarde: «Después de haberle echado el alto y haber dejado la fruta que había cogido, se dio a la fuga, por lo que siguieron en su busca, siendo detenido en su domicilio». Un hecho menor como aquel le costaría quince días en la Prisión Provincial, por el agravante de la desobediencia, tal y como figura al margen anotado en lápiz, una muestra de la implacable y poliédrica represión que el franquismo desplegó contra los más humildes en la posguerra^[47].

«Yo he ido muchas veces a comisaría», reconocía Dámaso Aguilar. Tal era su situación que según contaba el comisario jefe acabó apiadándose de él, quizás porque en cierto modo reconocía a su prole en la situación de necesidad del muchacho. Lo recordaba como alguien «muy bueno. Tenía siete u ocho hijos y pasaban más hambre que yo. Y entraba "¿pero ya estás aquí otra vez chato?", "¿Qué quiere que haga? Yo tengo que comer"». Según Dámaso Aguilar llegó a aconsejarle que anduviera con cuidado cuando robara, para que no lo cogieran. La documentación firmada por el propio comisario jefe parece corroborar cierto deseo de protegerlo limpiando su expediente y evitando por todos los medios presentarlo como un delincuente habitual. Por supuesto, para no comprometerse reconocía que «todos [en la familia] son simpatizantes de las ideas izquierdistas». Sin embargo, sus esfuerzos en favor del muchacho quedan claros al subrayar hasta en dos ocasiones que los Aguilar Ros «observan buena conducta moral» y «no se les conoce actividades contra la propiedad»^[48].

Esto resulta más relevante combinado con el testimonio de Dámaso Aguilar, quien recordaba que por aquel entonces el comisario jefe solía decir a los detenidos que simularan estar siendo golpeados cuando pasaran por la sala de interrogatorios: «Me dice "yo voy a pegar con la porra y tú di: ay, ay", de eso siempre me acuerdo, y no me llegaron a tocar, eh»^[49]. La coincidencia de los hechos con el nombramiento de Manuel Pizarro como gobernador civil hace pensar que el paquete de medidas con el que llegó pudo incluir órdenes verbales para la aplicación de castigos ejemplares contra los detenidos por robos y hurtos menores, dado el clima de inseguridad que había reinado en la capital durante los años anteriores. Es probable que se diera un trasvase de ciertas prácticas desplegadas contra la guerrilla al ámbito de las políticas de orden público, concibiendo ambas como parte de una misma caja de herramientas que debía propiciar la pacificación definitiva de la provincia. Así pues, no sería extraño que el comisario jefe en cuestión optara por formas de desobediencia encubiertas en un clima de extrema violencia y represión, actuando movido por una suerte de sentido consuetudinario de la justicia, por una visión muy personal del servicio a la comunidad y por su propio conocimiento del entorno en el que trabajaba^[50].

Tanto el testimonio de Dámaso Aguilar como la documentación revelan que la mayor parte de los hurtos y robos del periodo casi nunca tuvieron como móvil el afán de lucro, dado que sus autores trabajaron para ganarse la vida siempre que les fue posible. Además, era común que combinaran sus actividades laborales con otras formas de sacar algún dinero, como la recogida de chatarra de guerra o, caso de los Aguilar Ros, recuperando la ropa de paño de las chaquetas de los cadáveres abandonados en los antiguos campos de batalla y en las trincheras de los alrededores de la capital. Por ejemplo, recién acabada la guerra Dámaso Aguilar estuvo fabricando cuerda de cáñamo con apenas diez años. En aquella España de miseria, uno de sus patrones solía ayudarle con alimentos de su huerto, al no tener descendencia y sin duda conmovido por la situación del pequeño.

Sin embargo, la mayor parte de los trabajos a los que pudieron tener acceso familias estigmatizadas como los Aguilar Ros solían ser duros y penosos, hasta el punto de poner en riesgo su salud. Así ocurrió durante el tiempo que estuvo en Los Aljezares de Teruel, acarreando yeso con una pequeña cesta de mimbre, lo cual le provocó erupciones tan insoportables en la piel como para no poder ni caminar. A pesar de las necesidades de su familia acabaría dejando el trabajo^[51]. Para justificarse ante su padre, recién salido de la prisión a mediados de los cuarenta, y por supuesto sin que este lo supiera, daría el que fue su mayor golpe. Sabedor de que estaban cargando un camión con sacos de espoletas en una chatarrería cercana a su barrio, se conjuró con otro muchacho para esperar su paso por la empinada cuesta del Carrajete y saltar en el remolque del vehículo. Una vez arriba rajaron uno de los sacos y arrojaron el contenido, que canjearon más tarde en la chatarrería del Tozal, algo que les permitió reunir una suma importante de dinero para poder ganar tiempo y buscar una alternativa laboral mejor^[52].

En el otro extremo se encontraba Gregorio Ibáñez Argente (1931), que era uno de los muchos zagales que bajaban con sus padres en carro desde los pueblos a Teruel, en su caso desde Cuevas Labradas. Los labradores se llevaban a los más pequeños de la casa para que velaran por el contenido de los carros y de los animales mientras hacían los recados y los tratos que les habían llevado hasta Teruel, ya que los escombros que había en las calles les impedían acceder con ellos al interior de la ciudad. A Gregorio Ibáñez su padre se lo dejó muy claro desde el primer momento: «"¡Tú!, ¡eh!, ¡pero atento!, ¡eh!, ¡no nos jodan la alforja!", porque a lo mejor iban zagalotes pues que tenían hambre en casa, y si podían agarrar una alforja y se llevaban un pan y lo que había»^[53].

No por nada, fueron los labradores los primeros que retejieron el maltrecho tejido económico de la provincia. Desde que pudieron volver a sembrar y a recoger patatas comenzaron a abastecer a la capital con su producción, llevándose de vuelta materiales de construcción, muy necesarios y preciados por lo escasos que eran en tiempos de autarquía y reconstrucción. Sin embargo, llegar a este punto no fue fácil, porque de vuelta al pueblo se habían encontrado con que «no había nada: ni una gallina, ni un cerdo, ni un mulo… Absolutamente nada… Lo único que había pues muchas casas hundidas». Así pues, la reactivación de las actividades agrarias en los pueblos afectados por la batalla, caso de Cuevas Labradas, también fue lenta y difícil: «Hasta que se fue aquello arreglando un poco hubo casas que pasaron muchas penurias y mucha hambre».

La crisis humanitaria que se vivió en el Teruel de la posguerra tuvo mucho que ver con la total desarticulación económica de un territorio devastado por los combates y saqueado por ambos ejércitos entre 1937 y 1938, a lo cual hubo que sumar el impacto de la guerra irregular en las serranías de los alrededores a partir de mediados de los cuarenta. La comprometida situación de los pueblos de los alrededores fue fatal para una ciudad de tamaño medio tan integrada con su entorno rural; así se explica que la gente pasara tanta hambre en la capital. Por eso mismo, otro problema recurrente en la posguerra fueron los hurtos y robos ocurridos durante la noche en los pueblos de los alrededores, hasta donde se desplazaban los habitantes de Teruel para llevarse los cereales que había almacenados en las eras y en los graneros. En muchos casos los vecinos se organizaron por su cuenta para organizar la seguridad local, sin que mediaran las denuncias ni el concurso de las autoridades. Por ejemplo, Ramón Hernández y un amigo suyo fueron requeridos por el alcalde de Villalba Baja para realizar patrullas nocturnas en las eras, llegando a ofrecerles armas para dicho cometido. No obstante, dando muestra de su sentido de la justicia le dijo que «yo tengo menos miedo sin pistola […]. No voy a matar a nadie porque vea a uno que está cogiendo una fanega de trigo […]. Si se ponen ellos [violentos] a callar la boca y a casa». En su caso aún recordaba haber corrido detrás de un grupo de intrusos, pero no llegaron a detenerlos, y después de aquello se acabó el problema, seguramente porque corrió la voz de que los villalbinos habían tomado medidas para acabar con los robos^[54].

V. LOS SUICIDIOS EN LA POSGUERRA: ENFERMEDAD, MISERIA, MIEDO Y GUERRA IRREGULAR[Subir]

Otro de los problemas de la posguerra fueron los suicidios relacionados con el conflicto y sus consecuencias, aunque bien es cierto que en algunos casos dicha conexión no tuvo por qué existir, igual que en otros tantos solo puede aventurarse hipotéticamente o fue una parte más del escenario que llevó a determinadas personas a quitarse la vida^[55]. Existen muchas dificultades en lo que respecta al abordaje de este problema, pero la historiografía debe aportar sus propias respuestas. Los análisis cualitativos nos dicen mucho del momento y del lugar en que tienen lugar, y atender al contexto individual y colectivo de cada caso es clave para intentar entender qué lleva a determinadas personas a suicidarse^[56]. Los trabajos de Conxita Mir sobre esta cuestión ya pusieron de manifiesto que existe un pico importante en el conjunto del territorio peninsular para el periodo 1939-‍1942, una tendencia que también se manifiesta en la provincia de Teruel, si bien con ciertas particularidades.

Dentro del periodo que va de 1938 a 1952, el año 1939 es con mucho el que acumula un mayor número de casos en las comarcas turolenses, con 56 muertes tratadas por los juzgados de instrucción territoriales como suicidios. Este incremento se explica por el regreso masivo de las personas que habían marchado voluntariamente con las unidades republicanas o que habían sido evacuadas a la fuerza en sus operaciones y retiradas de 1937 y 1938. Sin embargo, entre ellas existen ejecuciones extrajudiciales falseadas como suicidios, que ascienden como mínimo a 12. Ocurrieron por lo general en los cuarteles y prisiones municipales, casi siempre el mismo día en que el asesinado volvía de las zonas ocupadas por los sublevados entre marzo y abril de 1939^[57]. Por otro lado, del total de 375 suicidios cometidos en el periodo 1938-‍1952 los mayores porcentajes se concentran en la capital y en su entorno, con el 11,7 %; en las comarcas de la serranía, caso de Albarracín, con el 7,7 %, en Gúdar-Javalambre, con el 13,6 %, y sobre todo en el Maestrazgo, con un abrumador 17 %; y, finalmente, también en los territorios de la provincia ocupados por los golpistas en marzo de 1938, caso del Bajo Aragón, con el 14,6 %, el Matarraña, con el 9 %, y las Cuencas Mineras, con el 16 %. Mientras tanto, en el valle del Jiloca, la única comarca que siempre permaneció bajo control rebelde, los números son relativamente bajos, con solo el 3,7 %, incluso en comparación con comarcas mucho menos pobladas como el Altiplano y la sierra de Cucalón, que sufrieron de lleno la batalla de Teruel y la ofensiva de Aragón, concentrándose allí el 6,4 %.

Con estos datos sobre la mesa vale la pena plantear varias hipótesis, sobre todo de cara al futuro. En primer lugar, el número de suicidios tendría una relación directa con las políticas de ocupación y el clima de terror instaurado por los rebeldes en unas poblaciones cuya lealtad a sus ojos era dudosa, después de haber estado un año y medio en la zona republicana. En segundo lugar, muchos casos se enmarcan en las consecuencias devastadoras que tuvo el larguísimo conflicto irregular de la posguerra sobre la vida de los habitantes de los pueblos y las masías de las serranías, marcados a fuego por las ejecuciones sumarísimas, los abusos de poder y coacciones, las pérdidas materiales irreparables y los traumas de todo tipo^[58]. El conteo de los sumarios abiertos en la provincia revela justamente que el número de casos vuelve a experimentar un auge evidente desde los 26 de 1946 hasta los 37 de 1948. En tercer lugar, incluso los suicidios ocurridos en las zonas controladas desde el principio por los golpistas guardaron a veces una relación íntima con las políticas represivas o, directamente, fueron falseados para encubrir ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, la situación material desesperada de poblaciones llevadas al límite por los combates, los bombardeos y los saqueos, la experiencia del desplazamiento forzoso, las políticas económicas de la autarquía y las políticas de control social también pudieron empujar al suicidio a no pocas personas^[59].

En lo que respecta a la capital y su entorno próximo, 19 casos se concentran en los pueblos y 25 en el propio Teruel, que es con mucho la localidad de toda la provincia con un mayor número, seguida de lejos por dos poblaciones del Maestrazgo, Cantavieja con 11 e Iglesuela del Cid con 7; otra de la sierra de Gúdar, Mosqueruela, con 8; y la segunda más grande de la provincia, Alcañiz, con 9. En los casos de Teruel, con el 6,5 % de los habitantes provinciales, y de Alcañiz, con un 3,8 %, su porcentaje de población fue casi equivalente al de suicidios ocurridos en el periodo analizado, con el 6,6 % y el 2,4 % de los casos respectivamente. La cosa cambia si ponemos el foco en Cantavieja, Iglesuela del Cid y Mosqueruela, que agrupaban el 1,7 % de la población de la provincia y que sumaron el 6,8 % de los suicidios, un indicador que nos permite intuir cómo pudo ser la vida en dichas localidades durante la posguerra^[60]. Por el contrario, núcleos muy importantes del valle del Jiloca, como Calamocha, Santa Eulalia, Monreal del Campo o Cella, con el 5,13 % de la población provincial, apenas suman juntas el 1 % de los suicidios y dos intentos fallidos.

La memoria colectiva contribuye a arrojar luz sobre el fenómeno, por la forma en que los testimonios dan cuenta de sucesos tan traumáticos y por lo que se puede deducir de ello. Por ejemplo, al ser interpelada sobre esta cuestión María Esteban afirmó que los suicidios no siempre tenían que ver con la guerra, pero muy pronto matizó apuntando que efectivamente «alguno pillaba el miedo a la vida»^[61]. Eso es precisamente lo que llevó a Jerónima Santafé Soriano, de 45 años, a quitarse de en medio. Los hechos tuvieron lugar en Torrelacárcel el 11 de abril de 1939, justo dos años después de que la fallecida y su esposo, Martín Hernández, de 48 años, se hubieran pasado a la zona republicana. Habían llegado ese mismo día procedentes de Llíria, en Valencia, y cenaron en su propio domicilio en compañía de otros dos vecinos, Miguel García Asensio, de 54 años, y Josefa García Marco, de 31 años, sobrina de este último y habitante de la casa durante la ausencia del matrimonio. Aprovechando una salida a la cuadra con el pretexto de hacer sus necesidades, Jerónima Santafé se lanzó al pozo del patio. Sabemos que tardó en decidirse, porque las declaraciones apuntan que se ausentó y volvió a entrar a la cocina una vez antes de salir de nuevo y cometer el suicidio. De hecho, la última vez que salió al patio Josefa García aún tuvo ocasión de interesarse por ella, preguntándole si estaba bien hasta en tres ocasiones. A la tercera ya no obtuvo respuesta. Así pues, tanto la insistencia de esta última como la declaración de Miguel García, quien afirmó que la fallecida «se hallaba intranquila», permiten pensar que tenían motivos para temer algo.

Sabemos que Jerónima Santafé y Martín Hernández habían sido autorizados a alojarse en su antigua vivienda, donde recibieron multitud de visitas de familiares y amigos desde el mediodía hasta la tarde. Difícilmente se habrían interesado los vecinos por el matrimonio si eso hubiera podido comprometerles de algún modo frente a las fuerzas vivas, y menos en un pueblo de 800 habitantes. Gracias al proceso incoado contra Martín Hernández por el Tribunal de Responsabilidades Políticas sabemos que se pasaron a la zona republicana junto a otros cuatro labradores. Sin embargo, al contrario que estos últimos no parece que actuaran movidos por sus ideales políticos, sino por los rumores que corrían de que habían sido incluidos en una lista de personas susceptibles de ser eliminadas, tras haberse beneficiado de una roturación de tierras durante el periodo republicano. Así lo dejaron explicitado en una carta de despedida cerrada con un «¡Viva Franco! ¡Arriba España!». De hecho, según explicaba el comandante de la Guardia Civil en Santa Eulalia, Jerónima Santafé era una «buena persona y de carácter católico, pues así lo tenía demostrado», mientras que su marido, «si bien simpático con las izquierdas también es de carácter honrado, humilde y trabajador».

El caso de Jerónima Santafé constituye una muestra de cómo los rumores fueron determinantes en las actitudes y en la toma de decisiones de infinidad de personas, a veces con consecuencias fatales. Su impacto fue tanto mayor en unos entornos locales asfixiantes y en unos años de incertidumbre y desinformación como los que se abrieron con el golpe de Estado del 36 y el clima de terror subsiguiente. Hasta tal punto debió verse desbordado Martín Hernández que un mes y medio después del suicidio, en un intento por despertar la compasión de las autoridades decidió donar 74 pesetas en moneda de plata a Franco, según él cumpliendo con la voluntad expresada por su mujer durante el periodo que habían pasado en zona republicana. Esta decisión no solo despertó los elogios de las autoridades, con su autocomplacencia habitual, sino que incluso llegó a oídos del propio dictador, que dos meses después le hizo llegar una fotografía junto a sus condolencias a través de su secretario personal. Aún con todo, «su conducta patriótica» y «los elevados sentimientos de su malograda esposa», según apuntaba José Luis Lorente Sanz, subsecretario del Interior dentro del Ministerio de Gobernación, no salvaron a Martín Hernández de ser condenado a cuatro años de prisión menor, compartiendo destino con los otros cuatro vecinos procesados^[62].

En Santa Eulalia del Campo, a tan solo ocho kilómetros de allí, el 22 de ese mismo mes Manuel Villalba García se pegó dos tiros en la cabeza y murió al día siguiente. Fue su nieto, Manuel Dolz Villalba, de 12 años, quien lo descubrió en la paridera propiedad de la familia. En este caso, el móvil del suicidio queda bastante claro gracias a la declaración de su yerno, Robustiano Paricio Guillén, de 45 años, quien explicó que Manuel Villalba llevaba un mes enfermo y al cuidado del médico de la localidad, mientras que su esposa estaba en cama desde hacía cuatro meses. Es verdad que no se describen las afecciones que padecían, pero en una de las conclusiones de la autopsia se señala que Manuel Villalba «era un enfermo que padecía de manía persecutoria con tendencias siempre al suicidio». Tampoco se explica desde hacia cuánto tiempo sufría esa supuesta afección mental ni qué había podido causarla, aunque es revelador que ninguno de los familiares interrogados hablara del problema. En este caso la situación material pudo jugar un papel importante, más si tenemos en cuenta que convivían con familiares procedentes de Perales del Alfambra, en este caso el propio Manuel Dolz y sus padres, que debieron marchar de su casa en algún momento de la guerra huyendo de la devastación en su pueblo^[63].

Fue bastante común que tanto las personas de edad avanzada como aquellas más jóvenes pero enfermas de gravedad optaran por quitarse de en medio cuando sentían que comenzaban a ser una carga para sus familias, una lógica que venía de antes de la guerra^[64]. Dentro de la tendencia usual desde que existen registros la mayoría solían ser varones, imbuidos y presionados por los modelos de masculinidad dominantes^[65]. De hecho, por lo que respecta al periodo 1938-‍1952, en la provincia de Teruel el porcentaje de suicidios cometidos por mujeres es de un 19,4 %, con 73 muertes, algo superior a la ratio histórica española de 3,5 casos de varones por 1 de mujer^[66]. En cualquier caso, es interesante señalar la gran variabilidad que se observa en ciertas comarcas (véase tabla 1), con una ratio anormalmente alta de mujeres en Gúdar-Javalambre, incluso también en el Maestrazgo, el Altiplano-Sierra de Cucalón y el valle del Jiloca, y que podría tener que ver con dinámicas particulares de la guerra irregular. Más anormal resulta la desproporción entre hombres y mujeres en el Bajo Aragón, que bien podría esconder ejecuciones extrajudiciales.

En esta línea, el 28 de mayo de 1939 nos encontramos con otro caso revelador, esta vez en Singra, escenario de duros combates durante la batalla de Teruel. Ese día Plácido Gómez García, de 77 años, se encontró el cadáver de su hijo, Juan Francisco, que se había colgado de una viga en el interior de un pajar de su propiedad. La autopsia revela que Juan Francisco Gómez sufría un enfisema y un empiema pleural, seguramente causados por el tabaco. Quizás estuviera comenzando a sentir que dichas afecciones limitaban su capacidad para realizar esfuerzos físicos, algo fatal tratándose de un labrador de familia humilde. Aunque la documentación solo nos deja entrever que los Gómez Martínez tenían varios terrenos de cultivo dispersos por el término municipal, ello no implica que fueran de gran extensión ni que les permitieran llevar una vida desahogada. Es más, los efectos que llevaba consigo, sobre todo un humilde reloj de bolsillo Roskopf, y las ropas que vestía en el momento de la muerte, pantalón y chaleco de pana, camiseta negra y alpargatas, son las propias de un individuo de clase popular. Así pues, se puede especular con la posibilidad de que al verse enfermo y limitado físicamente Juan Francisco Gómez optara por quitarse la vida, evitando convertirse en una carga para los suyos en aquellos años difíciles^[67].

Explorar el impacto de los suicidios en la cultura popular a través de las entrevistas nos deja testimonios tan elocuentes como el de Tomás Gracia Doñate (1929), quien se expresaba en los siguientes términos: «Entonces era la manía esa que se pilló de que se suicidaban muchos, pero mayormente eran ahorcaus, pero claro, las causas tampoco… Era muy de moda digamos el ahorcasen»^[68]. En este sentido, otro caso trágico y significativo lo encontramos en Orihuela del Tremedal, pueblo situado en el extremo occidental de la sierra de Albarracín. El 23 de agosto de 1939 dos pastores se encontraron el cadáver de un hombre suspendido de un pino de Caña Labrada, unos terrenos poco transitados al norte del término. Se trataba de Antonio Gómez Martínez, que había desaparecido al principio del verano. La declaración de la esposa, Pilar Miguel Sánchez, de 50 años, nos permite captar su angustia durante aquellas semanas de desasosiego, ya que su marido había marchado sin decir adónde iba para no volver más. Pasados dos días había pedido ayuda a sus más allegados con el fin de realizar una batida por los alrededores, sin resultado alguno, lo cual le llevó a ponerse en contacto con los familiares que tenían en Valencia y Teruel, confiada en que se hubiera marchado del pueblo en busca de trabajo. Efectivamente, la víctima debió de quitarse la vida por encontrarse desempleada, de ahí el peso que tuvo la cuestión laboral en el testimonio de la esposa. Sin embargo, un rastreo documental más exhaustivo nos revela que el caso tenía raíces mucho más profundas.

Dos años antes, el 1 de julio de 1937, el juez de instrucción de Teruel había ordenado la incautación de todos los bienes de Antonio Gómez, incluidas sus viviendas, campos, animales y dinero líquido. Todo parece apuntar que el proceso se activó en ausencia del afectado, que se encontraba en zona republicana junto a su esposa, a donde debieron pasarse por causas que desconocemos^[69]. Dos vecinos acusaron al procesado de haber obtenido la mayor parte de sus tierras fruto de roturaciones ilegales. En las semanas y meses posteriores saldrían a subasta pública en el pueblo sus tres mulas, y varias personas pujarían por ellas sin el más mínimo pudor, al mismo tiempo que sus tierras eran tasadas^[70]. Poco después, acabada la guerra el matrimonio se vio obligado a volver a su lugar de origen, como tantos otros desplazados por unas u otras razones, encontrándose totalmente desposeídos, marginados por sus convecinos, sin posibilidad alguna de ser contratados para trabajos que garantizaran su subsistencia y desamparados por las autoridades. Sin embargo, en julio de 1946, casi una década más tarde, la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas dejó sin efecto todas las medidas adoptadas contra Antonio Gómez y ordenó la devolución de sus bienes a su esposa^[71].

Los suicidios forzados por la situación económico-social contribuyeron a reforzar cierto perfil psicopático de los vencidos, que en las percepciones y relatos de los golpistas aparecerían envenenados por las creencias izquierdistas^[72]. A sus ojos, el suicidio sería la constatación más extrema del sentimiento de culpa por los crímenes cometidos o por la complicidad con los enemigos de España. De hecho, muy pocas veces se aventuraban de forma abierta las posibles causas, dando los casos por cerrados después de las diligencias protocolarias y dejando que fuera la propia rumorología que acompaña a este tipo de sucesos la que construyera la historia de los hechos. Esto último fue una forma más de construir relatos moralizantes en un escenario como el de la posguerra española. No es de extrañar que los asesinatos extrajudiciales ocurridos entonces fueran encubiertos y falseados documentalmente como suicidios, algo recurrente en aquellos años. En cualquier caso, para tomar la determinación de quitarse la vida podía bastar con enfrentar un futuro incierto como el que muchos españoles tenían ante sí: marginación laboral, escarnio público, amenazas, privación de bienes, hambre, procesos judiciales, presidio, torturas y muerte.

VI. CONCLUSIONES[Subir]

Los territorios turolenses serían el escenario de algunas de las batallas más cruentas de la Guerra Civil, sobre todo en los once meses que van de abril de 1937 a marzo de 1938, cuando fueron ocupadas las comarcas de la mitad oriental por parte del ejército sublevado. Esto trajo consigo pérdidas materiales y humanas incalculables, agravadas por los desplazamientos forzosos de población en el marco de las retiradas y las operaciones militares rebeldes y republicanas. Un momento culminante fue la decisiva batalla invernal del 37-‍38, con el grueso de los combates y bombardeos concentrado en la capital y en las localidades más próximas, pero afectando también a todos los núcleos situados dentro de un área de 70 kilómetros de extensión.

En un contexto de autarquía y en un territorio con unas relaciones de mutua dependencia, la devastación y los saqueos sufridos por los núcleos agroganaderos, así como la contaminación de sus pastos y campos de cultivo por la chatarra de guerra contribuyeron a la crisis humanitaria sufrida en el tercio sur de la provincia durante los años cuarenta, con efectos que se dejaron sentir hasta principios de los cincuenta. Se ha explicado cómo fue el regreso paulatino de los turolenses a sus pueblos una vez acabó la guerra, pero también las dificultades con las que toparon a la hora de reconstruir sus hogares y recuperar cierto atisbo de normalidad. En algunos casos ni tan siquiera cupo dicha posibilidad: las políticas del régimen franquista expulsaron a decenas de miles de personas a los márgenes de la sociedad, privando de cualquier forma de inclusión a todos aquellos marcados por el estigma de la derrota, la represión y la pobreza. Muchos de ellos acabarían volviendo a los campos de batalla convertidos en traperos y chatarreros, dedicándose a la gestión de los residuos y despojos que la guerra había dejado a su paso. La desactivación de artefactos sin detonar para extraer las partes de valor también se convertiría en un complemento salarial importante para amplias capas de la población, siendo causa de numerosos accidentes que segaron vidas y dejaron a muchas personas impedidas.

La devastación provocada por el conflicto y su extrema violencia no solo fue material, sino también moral y cultural. La guerra acabó ocupando un lugar importante en el imaginario y las costumbres de niños y adolescentes, un sujeto colectivo poco atendido por la producción académica que convendría integrar más en nuestras investigaciones. La historia social de la infancia en las posguerras europeas sigue siendo una cuestión pendiente de la historiografía porque sus experiencias son decisivas para entender la trayectoria de los países europeos en la segunda mitad del siglo xx. El artículo ha evidenciado que los más pequeños se encontraron entre las principales víctimas de la chatarra de guerra a consecuencia de sus juegos o de su trabajo en la recogida de residuos. Al mismo tiempo, el golpe que sufrieron las redes de apoyo familiares y vecinales a causa de la represión y la muerte hizo que los hijos de los vencidos se vieran en muchos casos desamparados y empujados a cometer hurtos y robos de subsistencia. Bajo ciertas formas, la delincuencia acabó por convertirse en parte de las estrategias de supervivencia y resistencia de los más perjudicados por la guerra y las políticas del franquismo, llegando a convertirse en uno de los problemas más lacerantes para las nuevas autoridades, hasta comprometer su credibilidad a ojos de adeptos y simpatizantes. La situación catastrófica en que se encontraban los habitantes de Teruel se pone de relieve por la gran cantidad y el tipo de hurtos y robos que ocurrieron en la ciudad, sobre todo en comparación con otras poblaciones de importancia dentro de la provincia.

Finalmente, otro de los efectos más evidentes y difíciles de valorar de los conflictos armados, ya sea durante su desarrollo o con posterioridad a ellos, es su impacto sobre el número de suicidios. Se ha planteado cómo la violencia, la devastación, la situación de miseria y el enquistamiento de la guerra irregular en las serranías pudieron empujar a muchos turolenses a quitarse la vida en la posguerra, sobre todo atendiendo a la concentración de casos en determinados lugares y a su notable incremento en ciertos momentos. También se han aportado algunas posibles claves interpretativas a través del estudio de casos concretos, de las tendencias que nos ofrecen los datos globales y de la huella que dejaron los suicidios en la memoria colectiva. Aún con todo siguen siendo necesarias más visiones historiográficas sobre el fenómeno en general, pero también sobre las ejecuciones extrajudiciales de la posguerra, encubiertas y falseadas documentalmente como suicidios.