SUPERVIVIENTES DEL TERRORISMO: LOS HERIDOS Y LOS SECUESTRADOS POR ETA^[1]

1. La dictadura (1959-‍1975) [Subir]

A juicio de José María Garmendia, ETA siempre tuvo presente «la necesidad de practicar la violencia». Sin embargo, durante su etapa inicial el grupo carecía tanto de una estrategia clara como de medios para aplicarla, por lo que se limitó a la propaganda y acciones de escasa entidad. El 25 de octubre 1959 ETA colocó su primera bomba, a la que siguieron un par más. El 18 de julio de 1961 intentó, sin lograrlo, hacer descarrilar un tren de excombatientes guipuzcoanos que acudían a San Sebastián para conmemorar el 25.º aniversario del «Alzamiento Nacional»^[31].

La primera agresión física de la que tenemos constancia ocurrió a las 18:50 horas del 6 de diciembre de 1963. Según Zutik, el órgano oficial de ETA, sus integrantes le propinaron al maestro de Zaldívar (Vizcaya) «una paliza de la que probablemente quedará marcado. Y esto no es violencia… Esto es autodefensa». El suceso aparece reflejado en un boletín de la Brigada de Investigación Social. Ahora bien, el Ministerio del Interior no ha reconocido a este herido^[32].

Tampoco se ha indemnizado a la segunda persona asaltada por miembros de ETA. El 22 de febrero de 1964 un guardia civil acudía a su puesto en Sestao cuando «fue de súbito atacado por la espalda por dos individuos que le proporcionaron sendos golpes con un objeto contundente, cayendo al suelo como consecuencia de los mismos, donde trató de defenderse, volviendo a ser golpeado nuevamente». Además de sufrir lesiones «de pronóstico leve», al agente le robaron su arma reglamentaria. No volvió a aparecer hasta que el 9 de abril de 1969 fue incautada a un dirigente de ETA en la localidad cántabra de Mogrovejo^[33].

El tercer incidente se produjo el 6 de junio de 1965 a unos kilómetros de la frontera francesa. Una pareja de la Guardia Civil dio el alto a cinco integrantes de ETA que despertaron sus sospechas, por lo que decidieron conducirlos al puesto de Vera de Bidasoa (Navarra). A medio camino los etarras atacaron a los agentes, golpeándoles hasta dejar inconsciente a uno de ellos. Los agresores huyeron. De acuerdo con Zutik, «podrían haberlos matado, pero cumplen las órdenes dadas en el sentido de evitar las muertes en una eventualidad de este tipo. Además, su misión es otra y el encuentro ha sido totalmente accidental». En 2006, 41 años después de los hechos, uno de aquellos funcionarios fue reconocido por el Ministerio del Interior. A efectos oficiales, se trata del primer herido por ETA^[34].

En la IV Asamblea (1965) la organización adoptó la estrategia de acción-reacción-acción: sus actos de violencia debían provocar una represión desproporcionada por parte de la dictadura que afectase a toda la población vasca, que así se adheriría a la «guerra revolucionaria». La carencia de fondos y las disputas internas retrasaron la aplicación de este esquema, que fue ratificado en la segunda parte de la V Asamblea (marzo de 1967). Al mes siguiente ETA efectuó su primer atraco con éxito, al que seguirían otros, lo que le permitió adquirir armamento e infraestructura, así como mantener económicamente a sus líderes.

Se trató de un punto de inflexión. Los comandos de ETA colocaron bombas contra medios de comunicación, propiedades de personas acusadas de colaborar con la Policía, repetidores, ayuntamientos, locales sindicales, cuarteles, símbolos franquistas… En marzo de 1968 se registró una explosión en la sede central de El Correo Español que causó lesiones de carácter leve a un operario de composición y caja^[35]. Fue la primera vez que un artefacto de tales características producía heridos, pero no está en el listado del Ministerio del Interior. Debido a su carácter a menudo indiscriminado, las bombas causarían numerosas secuelas físicas a partir de entonces.

Los integrantes de ETA perpetraron sus cuatro primeros asesinatos mediante un método más selectivo: disparos de pistola. Las víctimas mortales fueron José Antonio Pardines el 7 de junio de 1968; Melitón Manzanas, inspector jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián, el 2 de agosto de ese mismo año; Fermín Monasterio, taxista, el 9 de abril de 1969, y Eloy García Cambra, policía municipal, el 29 de agosto de 1972^[36].

Hay que esperar hasta el 18 de julio de 1969 para encontrar al segundo lesionado por ETA indemnizado por el Ministerio del Interior: un guardia civil retirado en una explosión en el cuartel de Fuenterrabía. Tres días después, cerca del santuario de Nuestra Señora de Icíar (Deva), una pareja del mismo cuerpo fue tiroteada con «una metralleta calibre 9 mm especial». El sargento recibió tres impactos de bala. Ingresó en el hospital con pronóstico «grave» y tardó casi cinco meses en curarse^[37]. Se trata del primer herido que ETA produjo con un arma de fuego. Sin embargo, no ha sido reconocido por el Ministerio del Interior.

El tercer lesionado que aparece en la lista oficial es un ciudadano en San Sebastián el 2 de abril de 1972, pero no están incluidos los dos guardias civiles heridos en un tiroteo cerca de la ciudad ese mismo día^[38]. En 1973 el registro computa secuelas a dos policías en Vizcaya y a dos ciudadanos en Madrid el 20 de diciembre, a consecuencia del atentado que acabó con la vida del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, su chófer y uno de sus escoltas. Empero, el sumario indica que hubo siete heridos, entre ellos dos hermanas: una niña de cinco años y otra de diez meses^[39].

El 13 de septiembre de 1974 una bomba estalló en la cafetería Rolando de la calle Correo (Madrid). Aunque el objetivo de ETA era la Policía, solo pertenecía a dicho cuerpo una de las trece víctimas mortales. De acuerdo con la prensa de la época, más de setenta personas sufrieron lesiones de diversa consideración. Gracias al sumario, sabemos que el número exacto de heridos fue 73^[40]. No obstante, el Ministerio del Interior solo ha indemnizado a trece.

Una diferencia tan llamativa confirma lo que ya sugería la falta de reconocimiento de los heridos de 1963, 1964 y 1968: el prolongado tiempo transcurrido entre los atentados y la regulación de las ayudas ha dificultado el acceso a las mismas. Muchos damnificados no sobrevivieron hasta ver aprobada esa legislación, no se enteraron de que podían hacer una solicitud o no habían guardado pruebas documentales del origen de sus lesiones. Como resultado, únicamente se ha reconocido a 28 heridos por ETA durante el franquismo. Tuvieron que esperar una media de 26,5 años para recibir dicha ayuda^[41].

Además de los mencionados, hay otros dos factores a tener en cuenta. Primero, desmintiendo su supuesto carácter antifranquista, la actividad de la banda durante el régimen fue muy reducida si la comparamos con la de la posterior etapa democrática: solo el 5 % del total de sus víctimas mortales^[42] y el 1,06 % de sus heridos se produjeron antes de la muerte de Franco; el resto, después. Segundo, hasta mediados de los ochenta atentados indiscriminados como el de la cafetería Rolando fueron una excepción. Hasta ese momento los integrantes de ETA solían decantarse por armas de fuego, un método más selectivo, para cometer sus asesinatos. Eso explica, por ejemplo, que oficialmente solo un menor recibiese daños durante la dictadura.

En la base de datos del Ministerio del Interior comprobamos que la categoría profesional que acumuló más heridos fue la de los agentes de la ley. Diez policías y guardias civiles (el 35,7 % del total) sufrieron lesiones durante el franquismo: tres en la cafetería Rolando; el resto en atentados fallidos, bombas-trampa o enfrentamientos armados con los comandos.

2. La transición (1976-‍1981)[Subir]

La democratización de España coincidió con uno de los periodos más convulsos de nuestra historia reciente, los denominados «años de plomo». Junto al golpismo, el terrorismo fue el mayor peligro para el proceso. Entre 1976 y 1981, ambos incluidos, 449 personas perdieron la vida y otras 397 fueron heridas en atentados. España no volvería a sufrir un índice tal de violencia hasta la masacre yihadista del 11 de marzo de 2004^[43].

Pese a que actuaron bandas terroristas de muy distinto signo (independentista, de extrema izquierda, ultraderechista, parapolicial, internacional, etc.), la mayoría de los atentados y sus damnificados llevaban el sello del nacionalismo vasco radical. En esa etapa las distintas ramas de ETA causaron 301 víctimas mortales (el 67 % del total) y 260 heridos (el 65,4 %)^[44].

Para comprender cómo fue posible aquella ofensiva hay que acudir a una explicación multifactorial. La organización había llegado a su apogeo a finales de la década de los setenta y principios de la de los ochenta, pero no se trataba de una excepción: coincidía con el resto de la tercera oleada internacional de terrorismo^[45]. Además de la inercia de este ciclo global, la actividad de ETA se benefició de una serie de circunstancias. La primera fue la nula colaboración policial del Gobierno de Francia, que permitió que la banda disfrutase de un santuario seguro al otro lado de la frontera. La segunda tenía que ver con la debilidad e inestabilidad del Gobierno español y la Administración en su conjunto, campo abonado para la violencia política. No parece casualidad que la consolidación de la democracia parlamentaria a partir de 1981 coincidiese con una actuación más eficiente por parte de las FCSE y el inicio del paulatino descenso del terrorismo.

Durante la Transición ETA contaba una férrea moral de victoria, lo que le hizo despreciar oportunidades históricas como la ley de amnistía (1977), contar con dirigentes experimentados, el ingreso constante de nuevos reclutas, fuentes de ingresos (atracos, secuestros y extorsión), armamento, un entorno social fiel y muy militante, brazos políticos-electorales, medios de comunicación afines e incluso un potente sindicato. Otro elemento que incentivó la escalada terrorista fue la rivalidad entre los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), ETA Político-Militar (ETApm) y ETA Militar (ETAm). Pese a que las tres organizaciones suelen agruparse bajo la etiqueta de «ETA», mostraban diferencias organizativas y estratégicas que conviene tener en cuenta.

Los CAA estaban compuestos por dos sectores. Buena parte de dichas células tenían como modelo al movimiento autónomo italiano de los años setenta, por lo que su actividad se asemejaba a la del terrorismo de extrema izquierda y a la de ETApm. Otros comandos no compartían tales veleidades ideológicas y simplemente utilizaban dichas siglas para operar con libertad. De acuerdo con Florencio Domínguez, los CAA fueron responsables de 104 atentados, 32 muertes y 22 heridos^[46].

Aparecida en 1974, ETApm decía defender las «conquistas populares». Este planteamiento teórico se plasmó en dos planos. Uno, la «propaganda armada» en respaldo de la dirección política que ejercía Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA, Partido para la Revolución Vasca). Y otro, la «intervención sectorial» a favor de diversos movimientos sociales y culturales: obrero, ciudadano, antinuclear, «anti-represivo», a favor de la amnistía de los presos etarras, feminista, de euskaldunización...^[47]

Siguiendo la estela de las Brigadas Rojas y el IRA, ETApm fue la única que cometió atentados ejemplarizantes que específicamente perseguían producir heridos: sus catorce pernicidios a altos cargos de la Administración pública y empresarios que se habían trasladado a otra parte de España huyendo del clima de terror imperante en el País Vasco y Navarra o cuyas compañías se encontraban inmersas en un conflicto laboral. Los terroristas solían interrogar a sus rehenes para obtener información y, en el caso de los industriales, los amenazaban con la muerte si no accedían a las demandas de sus empleados. A las pocas horas, eran liberados tras haber recibido uno o varios disparos en las piernas, provocando secuelas físicas permanentes^[48].

En el verano de 1979 ETApm llevó a cabo su primera «campaña del Mediterráneo» colocando bombas en centros turísticos de la costa. En dicho marco, el 29 de julio de 1979, se produjeron sendas explosiones en el aeropuerto de Barajas y las estaciones de tren de Chamartín y Atocha. Murieron siete personas y hubo más de cien heridos según la prensa, aunque solo diez han sido reconocidos por el Ministerio del Interior^[49].

Ahora bien, la más mortífera y la que más heridos originó de las tres ramas de ETA fue la militar. Como señala Florencio Domínguez, ETAm había logrado convertirse en una banda cohesionada, eficiente y bien estructurada, con medios humanos, dinero y voluntad para ejercer la violencia. Asimismo, contaba con una estrategia clara: la «guerra de desgaste». Sus continuos atentados, con policías y militares como blanco preferente, pretendían presionar al Gobierno para que, ante el peligro de un golpe de Estado, se viese obligado a cumplir la «Alternativa KAS». Ese planteamiento fue la causa principal de que durante la Transición los uniformados se convirtieran en el colectivo profesional con más víctimas mortales y heridos^[50]. Si durante el franquismo suponían el 35,7 % del total de los lesionados, entre 1976 y 1981 llegaron al 52,3 %: los atentados de ETA dejaron secuelas físicas a 66 guardias civiles, 59 policías nacionales, 7 policías municipales y 4 militares.

Aunque ETAm seguía decantándose por métodos selectivos para cometer sus atentados mortales, también utilizó bombas allí donde sus estragos no podían acarrearle un coste político: fuera del País Vasco. La vecina provincia de La Rioja fue la más castigada, con un total de 27 heridos. El 22 de julio de 1980 seis artefactos estallaron al paso de un convoy de la Guardia Civil cerca de Logroño. De acuerdo con el registro oficial, además de una víctima mortal, el atentado provocó lesiones a 26 personas (11 de ellas agentes). El 27 de noviembre de ese mismo año un coche-bomba acabó con tres vidas en Logroño y, según el listado del Ministerio del Interior, dejó secuelas físicas a un ciudadano. En ambos casos la Audiencia Nacional establecía cifras superiores: 33 heridos en el atentado del 22 de julio de 1980 y 6 en el del 27 de noviembre^[51].

La intensa violencia que ETA desató durante la Transición produjo 301 víctimas mortales, el 35,2 % de las que acumuló a lo largo de su historia. No obstante, los 260 heridos de aquella etapa únicamente suponían el 9,8 % del total^[52]. Era un guarismo mucho menor que el del periodo posterior. Este fenómeno obedece a tres razones. Por un lado, los pernicidios de ETApm no fueron emulados ni por ETAm ni por los CAA. Por otro, con excepciones como las de La Rioja, estas bandas todavía optaban por métodos selectivos a la hora de sus asesinatos. Por último, como ocurría con los producidos durante el franquismo, seguramente la cantidad real de heridos en la Transición sea muy superior a la que aparece en el listado del Ministerio del Interior. El tiempo transcurrido hasta su regulación hizo imposible que un número considerable de damnificados accediese a las indemnizaciones. Los que sí las obtuvieron esperaron una media de 16,6 años.

3. La consolidación democrática (1982-‍1994)[Subir]

Siguiendo un acuerdo firmado con el Gobierno de Adolfo Suárez y ratificado por el de Felipe González, un sector de ETApm se disolvió en septiembre de 1982. Si bien los restos de esa banda y de los CAA continuaron actuando, desaparecerían a mediados de los ochenta. La reducción del número de actores sería uno de los factores que contribuyeron a la disminución del grado de violencia. ETA militar se quedó con el monopolio de las históricas siglas. A partir de entonces fue ETA^[53].

La victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1982 planteó a la dirección de ETA ciertas dudas sobre el camino que seguir, pero solo duraron un par de meses. Aferrándose a la estrategia de la «guerra de desgaste», la banda volvió a matar guardias civiles, policías nacionales y militares, a los que sumó policías locales y autonómicos. De acuerdo con Raúl López Romo, 245 uniformados fueron asesinados entre 1982 y 1994^[54]. Además, según el registro oficial, 453 agentes de la ley y militares recibieron lesiones en esta etapa, lo que supone el 37,9 % del total de los 1194 heridos. Los uniformados continuaban siendo el colectivo más golpeado, pero lo eran en menor medida que durante la Transición, al menos en términos porcentuales. La bajada del 15,5 % es achacable al empleo de atentados indiscriminados, que hicieron crecer el número de civiles damnificados, entre ellos los menores de edad: hubo 90 niños heridos.

ETAm copió de ETApm las campañas veraniegas contra el turismo internacional. Perjudicando a los intereses económicos españoles, la banda esperaba hacer mella en el Gobierno. En total, ETA colocó 225 bombas en paradores, hoteles, casinos, discotecas, restaurantes, auditorios, parques, centros comerciales, puertos deportivos, playas, ferris, oficinas de información, estaciones de autobús, aeropuertos, autopistas o vías de tren. Lo hizo en toda España, especialmente en la costa y en localidades emblemáticas. Florencio Domínguez calcula que estas campañas causaron ocho víctimas mortales^[55]. El Ministerio del Interior ha reconocido a 50 heridos en atentados producidos durante este periodo en zonas turísticas, sin incluir grandes ciudades como Barcelona.

Aquellas campañas tenían algo que ver con la cada vez más efectiva acción policial y el comienzo de la cooperación francesa, que estaban permitiendo la progresiva desarticulación de comandos de ETA. A mediados de los años ochenta era evidente que el debilitamiento de la banda había reducido el número de sus víctimas y, por ende, su capacidad para «acumular fuerzas» de cara a una negociación con el Gobierno. Para remediarlo, en 1985 la dirección de ETA creó los comandos Madrid y Barcelona, que empezaron a utilizar coches bomba cargados de goma-2. Se trataba de un método mucho menos selectivo que las armas de fuego, pero producía más damnificados con un menor riesgo para los terroristas, que podían activar los artefactos a distancia^[56].

El 25 de abril de 1986 se utilizó esta táctica en la madrileña calle Juan Bravo. Un coche bomba acabó con la vida de cinco guardias civiles e hirió, siguiendo el cómputo oficial, a otras seis personas. El 14 de julio de ese mismo año un artefacto dejó doce víctimas mortales, todos agentes, en la plaza de la República Dominicana. De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional hubo 60 heridos^[57], pero el Ministerio del Interior solo ha reconocido a 51. Pese a que los tribunales y la Administración seguían dando cifras dispares, la diferencia se había acortado y lo seguiría haciendo hasta prácticamente desaparecer.

La ofensiva de ETA contra la capital de España dejaría 277 heridos en todo el periodo, pero, debido a la desarticulación del comando Madrid, la campaña se trasladó a Aragón y Cataluña. El 30 de enero de 1987 una furgoneta bomba saltó por los aires al paso de un autobús de la Guardia Civil en Zaragoza. Hubo dos fallecidos y, de acuerdo con el listado oficial, 35 heridos. El 19 de junio estalló un vehículo con 27 kilos de amonal y 200 litros de líquido incendiario, pegamento y escamas de jabón en el centro comercial de Hipercor de Barcelona. El atentado dejo 21 víctimas mortales y causó lesiones a 46 personas, según la sentencia, y a 42, según el registro del Ministerio del Interior. El 11 de diciembre de ese mismo año un coche bomba colocado cerca de la entrada de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza acabó con la vida de 11 personas, entre ellas 5 niñas, y dejó secuelas a otras 83, de acuerdo con la Audiencia Nacional, que el Ministerio del Interior ha elevado hasta 103^[58].

En total, a lo largo de 1987 ETA había causado 52 víctimas mortales y 260 heridos, lo que lo convierte en el año con más damnificados de este último tipo en toda su historia. Esa cifra no solo era consecuencia del método poco selectivo elegido por ETA, sino que también respondía a intento de forzar a su favor las «conversaciones de Argel» entre representantes de la banda y del Gobierno que habían empezado en septiembre de 1986. Como advierte Florencio Domínguez, «una constante en la actuación de ETA, desde 1978 hasta el presente, ha sido interpretar cualquier aproximación del Gobierno, cualquier intento de abrir cauces de diálogo, como un síntoma de debilidad del Estado, provocada por la actividad terrorista. Automáticamente, ETA ha endurecido sus posiciones buscando sacar el máximo partido de la supuesta debilidad de su interlocutor»^[59]. En 1987 ETA pretendió utilizar los atentados indiscriminados como una baza, pero fracasó: las «conversaciones» naufragaron^[60].

Lejos de poner contra las cuerdas al Estado de derecho, las más de 300 víctimas producidas en 1987 fueron un acicate para lo que hasta entonces parecía imposible: la unidad de las fuerzas democráticas. En noviembre de 1987 se firmó el Pacto de Madrid. El 12 de enero de 1988 se materializó el Acuerdo para la Pacificación y Normalización de Euskadi, más conocido como Pacto de Ajuria Enea. Por esas mismas fechas el movimiento pacifista cobró un fuerte impulso en el País Vasco^[61].

Por añadidura, a principios de los años noventa la lucha policial contra el terrorismo acabó con la imagen de imbatibilidad de ETA. En julio de 1990 fue desarticulado en Sevilla el comando Argala, responsable de la masacre de la casa cuartel de Zaragoza. El 29 de mayo de 1991 un coche bomba explotó en la casa cuartel de Vich (Barcelona), causando 10 víctimas mortales y 42 heridos, pero tan solo un día después el jefe del nuevo comando Barcelona y su lugarteniente murieron en un tiroteo con la Policía. El 29 de marzo de 1992 la cúpula de ETA fue detenida en un caserío de Bidart. Los sustitutos de los jefes de la banda corrieron la misma suerte. La organización entró en una grave crisis, como indica la ostensible disminución del número de heridos: 61 en 1992, 37 en 1993 y 37 en 1994^[62].

4. La socialización del sufrimiento (1995-‍2011)[Subir]

La operación policial de Bidart fue la causa última del viraje estratégico que ETA y su entorno dieron a mediados de los años noventa. Por una parte, el nacionalismo radical fue recomponiendo sus relaciones con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA, Solidaridad Vasca) con vistas a constituir un frente abertzale (patriota), lo que se materializó en el Pacto de Estella (1998). Por otra parte, ETA reorientó la violencia en una nueva dirección: los civiles. La estrategia de la socialización del sufrimiento consistía en atemorizar a los vascos y navarros no nacionalistas mediante la persecución y el asesinato de líderes y militantes del Partido Popular (PP), el PSOE y Unión del Pueblo Navarro (UPN), así como de intelectuales, profesores, periodistas y otro tipo de profesionales. Una treintena de víctimas mortales de la banda encajan en este perfil. También lo hace una veintena de heridos, aunque probablemente sean más, ya que en el registro oficial no se especifica la profesión del 76,9 % de las personas que sufrieron lesiones. En cualquier caso, durante este periodo los civiles ya suponían cuatro quintas partes de los heridos. La proporción de uniformados bajó hasta el 21,1 %: 243 agentes de la ley y militares resultaron heridos. No habían salido de la diana de ETA, pero habían sido reemplazados por los civiles como su blanco preferente^[63].

No obstante, entre los uniformados que habían sufrido lesiones destaca el número de policías autonómicos, 68, cuando en la etapa anterior solo habían sido siete. Tal crecimiento fue consecuencia de la nueva táctica que adoptó el entorno juvenil de ETA para complementar a los atentados de la banda: el acoso, la intimidación y la kale borroka (lucha callejera). La agencia VascoPress indicaba que, si en 1994 se habían registrado 287 incidentes en el País Vasco y Navarra, al año siguiente estos se dispararon hasta los 924. Su repertorio incluía el lanzamiento de objetos, los cócteles molotov, el incendio de mobiliario urbano y vehículos, los ataques a sedes de partidos democráticos, edificios institucionales y domicilios particulares, etc.^[64]

El terrorismo de baja intensidad trataba de compensar la debilidad de ETA, pero, a decir de Eduardo González Calleja, también servía para propiciar «una política de enfrentamiento civil encaminada a generalizar el miedo entre los ciudadanos vascos» y crear una fractura en la sociedad: se trataba un proyecto de ulsterización. Hay que recordar que, pese a que entre 1996 y 1997 la mitad de los ataques se dirigían contra nacionalistas moderados, a partir de entonces la absoluta mayoría de ellos tuvieron como objetivo a los vascos no nacionalistas. Era, además, una forma de adiestrar y luego reclutar nuevos integrantes de la banda con los que suplir a los arrestados^[65].

Tabla 12.

Atentados de ETA y actos de kale borroka entre 1990 y 2011

Fuente: Gráfico elaborado a partir de Crónica de VascoPress, 12-1-2015 y Domínguez (‍2017): 12.

En total, según el registro oficial, el entorno de ETA causó lesiones a 102 personas en esta etapa. La agencia VascoPress informaba de que en su año cumbre, 1996, se produjeron 1113 actos de kale borroka, que dejaron 16 heridos. No es de extrañar que para el 90 % de los vascos se tratase de un problema bastante o muy grave^[66]. A la postre, la violencia de persecución contra los no nacionalistas, que no cesó durante las breves treguas que declaró la banda (junio de 1996, finales de 1998 y 2006), dio resultado: aisló a sus víctimas potenciales. Por ejemplo, en 2002 había 963 personas escoltadas por la amenaza de ETA en el País Vasco, aparte de los 11 483 agentes de la ley (descontados los policías municipales), objetivos habituales de la organización. Por añadidura, la kale borroka extendió el miedo a expresarse libremente, muy especialmente entre los vascos que votaban a opciones no nacionalistas. Un número indeterminado de ciudadanos abandonó Euskadi^[67].

Con todo, la violencia callejera no consiguió enmascarar el declive de la banda. La cada vez más eficaz actuación policial a ambos lados de la frontera, gracias a la intensa colaboración francesa, no solo arrebató la iniciativa a ETA, sino que fue desmantelando sus comandos, sus aparatos sectoriales y sus direcciones, así como a los sustitutos de todos ellos, lo que dejó a la banda débil, desorientada, sin líderes experimentados y con una grave crisis interna. Desde 2000 hasta 2011, ambos incluidos, fueron arrestados 1415 presuntos miembros o colaboradores de ETA. Como la propia organización reconocía en sus documentos internos, su capacidad letal entró en un imparable declive a partir de 2002^[68].

ETA intentó disimularlo promoviendo la kale borroka, pero también mediante algunos atentados con explosivos muy potentes con la finalidad de provocar masacres. Ese es uno de los motivos por los que 2008 y 2009 fueron dos de los años que más heridos acumulan: 176 y 171, respectivamente. Así, la organización perpetró dos atentados con coche bomba que, si bien no se cobraron víctimas mortales, dejaron secuelas físicas en un número muy elevado de personas. Se trata de los ataques contra la Universidad de Navarra el 30 de octubre de 2008, que produjo 103 heridos, y contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos el 29 de julio de 2009, que ocasionó lesiones a 165 personas.

De igual manera, ETA intentó paralizar el debate que se había abierto en su entorno civil sobre su continuidad a través de un atentado en las torres Kio de Madrid en enero de 2010. Fue abortado por la Guardia Civil. Prácticamente desarticulada por la acción policial, ese año la banda solo fue capaz de causar una víctima mortal y dos heridos. Era un síntoma de su agotamiento. Los terroristas entraron en un «parón técnico» que en octubre de 2011 se convertiría en definitivo^[69].

Pese a que el periodo aquí analizado coincide con la fase terminal de la banda, es en el que más heridos acumula: 1149 (77 de ellos menores de edad). Como es evidente, la cifra no es consecuencia del incremento de los atentados de ETA, sino de que el registro oficial se había ajustado al número real de damnificados. Por primera vez la casi totalidad de los ciudadanos que habían sufrido lesiones en acciones terroristas hicieron la correspondiente solicitud y fueron reconocidos por el Ministerio del Interior. Aquel progreso se debió a tres factores. Por un lado, la existencia de una dinámica y plural red de asociaciones de víctimas del terrorismo. Por otro, la creación en 2006 de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, entre cuyas funciones se encuentran la información y la gestión de los trámites administrativos de este tipo. El último elemento fue la proximidad temporal entre los atentados y la regulación de las indemnizaciones, que permitió que los heridos solo esperaran una media de 3,5 años para ser reconocidos por el Ministerio del Interior^[70].