LA PRESSE POURRIE Y EL DEBATE EN TORNO A LA LEY DE PRENSA DEL FRENTE POPULAR FRANCÉS

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Según el controvertido empresario periodístico Robert Hersant, «a trois reprises dans notre histoire, la coalition des socialistes et des communistes s’est attaquée à la liberté de la presse»^[1]; la primera en 1936, tras el triunfo de Léon Blum; la segunda en 1944, en plena Liberación, y la tercera cuando se pronunciaban estas palabras, en 1984, tres años después de la victoria de François Mitterrand en las elecciones presidenciales.

Efectivamente, 1936 había quedado grabado a fuego en el recuerdo de muchos. No solamente por las imágenes más características de la memoria cercana a los hechos que se prolongará en el tiempo —«les grèves de 36, le Front populaire, avant, l’ouvrier n’etait pas compté»^[2]—; también, en un círculo mucho más restringido, porque algunas posiciones de fuerza en terrenos particulares se habían tambaleado sin llegar en modo alguno a derrumbarse. Era el caso de los grandes empresarios del mundo de la comunicación, categoría a la que en absoluto pertenecía todavía en los años treinta un muy joven Robert Hersant. De todos modos, el debate que se produce en Francia en aquella década y desde finales de los años veinte, con un punto culminante durante el primer Gobierno de Léon Blum, constituye uno de los grandes momentos históricos de reflexión sobre la función de la prensa en una sociedad democrática y los límites a una información verdaderamente libre en un sistema capitalista. Se trata también de unos años que en cierto modo actúan como eje de la historia de la prensa francesa, en los que se ensaya la introducción de un factor igualitario que actúa en el plano económico y que constituye una característica del sistema político-mediático francés hasta nuestros días, como puede comprobarse, salvando las distancias, en la regulación relativa a radio y televisión durante las campañas electorales y antes de las mismas, en un equilibro en el que los grandes partidos, lógicamente, reclaman más dosis de equidad y los pequeños apuestan por la igualdad^[3].

Es evidente que la evolución de la historia de la comunicación social en Francia genera posiciones que son difícilmente explicables en otros espacios. Más adelante volveremos muy brevemente sobre esto. Lo que importa ahora, antes de entrar en detalle en el debate de finales de los años veinte y los años treinta, es tener en cuenta que en el mismo hay por supuesto factores que son de una época y un momento dados, pero también que está presente toda una concepción general de lo que debe ser la prensa y por extensión los medios de comunicación social en una sociedad democrática. Emergen en realidad dos visiones contrapuestas que ponen por una parte el acento en la vertiente del periódico como producto en un mercado (llamémoslo prensa-mercado) o concibiéndolo, al contrario, principalmente como un servicio público^[4]. En el primer caso el medio de comunicación es entendido esencialmente como una empresa privada productora de rentabilidad económica o social; en el segundo principalmente como un objeto de interés público al servicio de una causa (los ciudadanos, la democracia, el progreso…)^[5]. Sin necesidad de profundizar más en las características de una y otra forma de entender la prensa es evidente que ninguna existe en estado puro, contaminándose ambas permanentemente en la práctica, motivo por el cual es necesario aludir a tendencias mayoritarias pero no únicas. Hay, además, espacios de convergencia. En ambos casos se defiende la independencia del periodismo, pero en el primero se trata de independencia sobre todo respecto al poder estatal, a un Estado que genera desconfianza y que debería reducirse a su mínima expresión porque a fin de cuentas el mercado de la opinión pública tenderá a autorregularse de forma natural. Por ello, al margen de que, por supuesto, el periodista esté sometido a la ley como cualquier otro ciudadano, se contemplan con escepticismo o con abierta hostilidad —como en el caso que vamos a analizar— las intervenciones exteriores destinadas a regular específicamente el mundo del periodismo; actuaciones que son a menudo denunciadas como una injerencia en la esfera de la comunicación y como un peligro para la libertad de expresión. La independencia en el terreno de la prensa-servicio es entendida, en cambio, en un plano más abstracto y la intervención estatal se considera necesaria. Para evitar que la mayor parte de la prensa se desvíe de su misión natural (el servicio al interés común), convirtiéndose en instrumento de intereses privados, la regulación externa acaba por ser necesaria, sobre todo en un espacio mediático crecientemente complejo y desarrollado. La libertad de empresa sin regulación conduce a favorecer a los poderosos, que cuentan con mayor fuerza para imponer sus intereses.

En el contexto específico francés, la Ley de 29 de julio de 1881 representa la consagración de la libertad de prensa. Desde el punto de vista de los defensores de lo que estamos denominando prensa-mercado, durante el debate de 1936-‍1937 esta ley constituye un punto de equilibrio irrenunciable y en cierto modo insuperable. La revolución de los sectores que defienden esta concepción de la prensa está ya hecha; solo queda defender la ley ante cualquier embate y disfrutar de sus beneficios, en tanto que para sus adversarios la revolución liberal era solamente un camino para llegar más lejos: era necesario democratizar el acceso a la palabra pública. Nuevamente, ambas posiciones coincidían en la defensa del pluralismo, pero mientras en el primer caso este significaba la posibilidad de que toda opinión pudiera expresarse, en el segundo el pluralismo tenía un imprescindible componente igualitario, de reequilibrio de la fuerza de distintas opciones rivales, que debían competir en condiciones no excesivamente dispares. En ambos casos, en definitiva, la prensa es instrumento del pluralismo, extensión de la opinión pública, reflejo de la libertad de expresión, auxiliar del Estado nacido de las revoluciones liberales y probablemente también de la democracia; es un contrapoder, como lo es la misma opinión pública, con la que tantas veces la prensa se confunde interesadamente. El desencuentro se produce porque uno y otro campo no conciben necesariamente del mismo modo todo ello: las relaciones de la prensa con la opinión o con los poderes públicos, la libertad de expresión o la representación en el espacio mediático de los diferentes intereses sociales.

Una parte del debate también puede comprenderse mejor si lo insertamos en un contexto internacional, el del desarrollo de los sistemas mediáticos de los países occidentales avanzados, en el que Hallin y Mancini distinguen tres modelos empíricos, relacionados con la historia y la cultura política: los modelos pluralista polarizado, democrático corporativo y liberal. Según la conocida obra de estos autores, Francia se situaría en el primero de los citados «tipos ideales» junto a Grecia, Portugal, Italia y España, con características propias del modelo en el plano político y mediático como el pluralismo polarizado (diversidad y conflicto ideológico importantes), un papel relevante del Estado y un fuerte paralelismo político de los medios (reflejo por estos de las divisiones políticas), pero también con tiradas de la prensa más importantes que las del modelo, una mayor fuerza de la industrialización y de la autoridad racional-legal. Incluida entre los países del sur de Europa por su influencia sobre los mismos y por la tendencia de los medios a ser dominados por el espacio político, Francia es en realidad un caso atípico, situada entre el señalado y el modelo democrático corporativo del norte y el centro de Europa, en el que, entre otras cosas, los medios de comunicación suelen ser considerados una institución social que no puede ser ajena a la responsabilidad del Estado. En cuanto al modelo liberal o del Atlántico norte, cabe destacar aquí la relevancia del mercado y de los medios denominados comerciales, con más posibilidades de recibir presiones comerciales que del ámbito político^[6].

Considerando que el esquema general perfilado puede ayudar a esclarecer algunas tensiones mayores presentes en la historia de la comunicación social en Francia, este artículo tiene por objetivo principal explorar el desarrollo de la controversia que se desarrolla en la Asamblea Nacional y la prensa, con especial atención a sus precedentes cercanos, los proyectos anteriores y los protagonistas que pudieron incidir en que durante algún tiempo las cuestiones relacionadas con el dinero de la prensa ocuparan un notable espacio en el debate público. Ello no ha merecido gran atención por parte de los historiadores: ha sido tratado en el contexto específico de la actuación en el terreno político cultural del Frente Popular o en el marco más general de la historia de la comunicación, en este caso tal vez como un precedente fallido de la dinámica que desencadena la Segunda Guerra Mundial y el avance de los Aliados, a menudo sin prestar demasiada atención a la inserción en una secuencia discursiva previa. Si, como indican Hallin y Mancini^[7], los retos más radicales a los derechos derivados de la propiedad se registran en el ámbito del modelo pluralista polarizado, parece necesario documentar mejor las raíces del movimiento que se hace particularmente visible tras la Liberación en un país que tradicionalmente se proyecta en el espacio periodístico mediterráneo. Por otra parte, las relaciones en general entre prensa y poder económico en Francia se han tratado en un marco de dominio, en democracia, de la economía de mercado y de una libertad que se considera inevitablemente libertad comercial^[8], por lo que parece necesario contemplar más de cerca determinados episodios para tener una idea precisa al respecto, o ver cuánto hay de coyuntural en el fracaso de la iniciativa que nos ocupa.

Se trata aquí de profundizar en un debate prácticamente desconocido para la historiografía española sobre prensa y poco tratado en Francia, desvelando los principales argumentos usados y la articulación discursiva de los mismos, además de realizar un acercamiento a los protagonistas y organizaciones que convergen en el proyecto de ley del Frente Popular. También será importante comprobar si, según la documentación de la época, existe una conexión clara con debates externos o nos situamos en un ámbito más localizado. Por una parte, los medios de comunicación parecen concebirse en Francia como instituciones al servicio del ciudadano y no solamente como negocios de carácter privado, cuestionándose por determinados sectores de la sociedad las interferencias que desequilibren tal esquema, aunque este modelo encaje después mejor en los países del centro y el norte de Europa que en el Mediterráneo. Por otra parte, parece necesario explorar las raíces de un proceso de amplio recorrido histórico que implica superar el modelo prensa-política a favor del predominio de las fuerzas del mercado sobre los medios.

Para profundizar en el debate será esencial acercarse a las posiciones de las fuerzas que se sitúan a la izquierda del tablero político, por el papel que juega el Gobierno de Léon Blum y porque a todas luces, tanto si nos remitimos al análisis hemerográfico como a la bibliografía de la época o las posteriores referencias historiográficas, la izquierda es la gran protagonista de las denuncias sobre la venalidad periodística. Es imprescindible en particular adentrarse en la relación que pueda existir entre la Ligue des Droits de l’Homme, cuyas iniciativas ya conocíamos parcialmente, y el proyecto de ley del Frente Popular, sin que ello implique desconocer que desde cualquier posición ideológica —y todo parece indicar que con notable fuerza en el terreno de la extrema derecha— pueden alzarse voces en el mismo sentido. Respecto a las distintas procedencias de los ingresos ocultos de la prensa, también parece oportuno precisar que en este trabajo se ha procedido a un análisis de las fuentes concediéndole una importancia secundaria a los ingresos provenientes del Gobierno propio o los Gobiernos extranjeros; es decir, y aunque obviamente no existan compartimentos estancos, entendiendo, por ejemplo, como se hizo en la época analizada, que el término puissances d’argent no remite a aquellos, sino a las congregaciones económicas y los grandes intereses^[9].

Respecto a las fuentes empleadas, se ha recurrido a un importante volumen de artículos y escritos de distinto tipo procedentes de numerosas publicaciones periódicas, ya sean destinadas al gran público o de difusión más restringida. Ello unido al análisis de bibliografía de la época, libros o folletos, así como publicaciones oficiales, ha permitido un amplio acercamiento a las tomas de posición sobre el tema que nos ocupa, a informes o resoluciones, a las principales intervenciones respecto a la corrupción de la prensa en el Comité Central de la Ligue des Droits de l’Homme, y a todos los discursos e intervenciones parlamentarias que tienen lugar, primero en la Cámara de los Diputados y después en el Senado en relación con la ley de prensa del Frente Popular, pudiendo de este modo perfilar un panorama bastante completo de lo que aquí nos interesa: las posiciones públicas en torno a la huella del poder económico en la prensa francesa^[10].

II. PRECEDENTES: LOS AÑOS VEINTE, LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, LÉON BLUM [Subir]

La cuestión de la influencia del poder económico sobre la prensa y el peligro que ello implica para la democracia, al poder falsearse por este medio las tendencias de la opinión pública, no se plantea en Francia con profundidad hasta finales de los años veinte, precediendo al ya señalado debate parlamentario de 1936 y 1937 en torno al proyecto de ley sobre la prensa del Frente Popular. En todo caso, bastante antes del periodo de entreguerras podía aludirse a una prensa vendida en materia financiera; una prensa al servicio de los grandes bancos, «payée, vendue, inféodée aux puissances de l’argent», términos todos ellos que volverían a emplearse repetidamente en el futuro^[11]. El problema aparece particularmente ligado a la denominada publicidad financiera desde el siglo xix. En diciembre de 1923 L’Humanité, ya órgano del Partido Comunista, comienza la publicación de documentos confidenciales relacionados con la corrupción ligada a la promoción en Francia de empréstitos zaristas. No era el primer gran escándalo que afectaba a la prensa francesa ni sería el último^[12], pero las revelaciones del diario alcanzan un importante eco y hacen que uno de los grandes protagonistas del tema que nos ocupa, la Ligue des Droits de l’Homme, le dedique alguna atención al asunto^[13]. Sin embargo, el interés de aquella influyente asociación no es circunstancial ni se limita a las prácticas menos confesables relacionadas con la obtención de fondos en operaciones de inesperados resultados económicos. A finales de 1921, en el Comité Central de la Liga se plantea la posibilidad de una campaña «sur l’asservissement des journaux aux puissances financières», teniendo en cuenta que defender los derechos del hombre es combatir todo lo que limita la verdadera libertad de la prensa, considerada como libertad del pensamiento^[14].

Como telón de fondo es evidente que en el periodo de entreguerras queda atrás la época de lo que Marc Martin denomina «confiance irréfléchie» del público en la prensa^[15]. Motivos para ello no faltaron. En 1929, poco tiempo después de estallar otro escándalo con implicaciones periodísticas, el affaire Hanau, y unos meses después de salir a la calle l’Ami du Peuple, de François Coty, amenazante diario a bajo precio de tendencia antiparlamentaria, populista y anticomunista, la Liga se ocupa abundantemente de la represión de la difamación, la libertad de la prensa y el precio de venta de los periódicos. La controversia que tiene lugar en el seno de una asociación cuya tendencia progresista es sobradamente conocida no puede ponerse en paralelo, por sus propias características, con el debate parlamentario y periodístico que tendrá lugar siete años más tarde. No obstante, surgen ya en 1929 algunos de los principales argumentos a favor o en contra de una intervención enérgica en la esfera de la prensa en relación con sus recursos económicos y también en lo relativo a la difamación, cuestión esta última que seguirá en mayor o menor medida unida a la anterior, aunque aquí no nos ocupemos particularmente de ella.

Entre las distintas vertientes del problema algunos miembros del órgano directivo de la Liga reflejan ocasionalmente en sus comentarios el lugar que ocupa la opinión pública en un sistema político democrático, al oponerse a lo que se llega a denominar trust de la opinión pública (Eugène Frot) o al situarse en el corazón mismo de la cuestión que nos ocupa: «Prenez Garde! —exclama Henri Guernut— La démocratie est fondée sur le droit de persuasion. Si vous touchez a cette assise fondamentale, tout l’édifice est par terre»^[16]. El proyecto de resolución encargado a Eugène Frot y tratado en el Comité Central señala que la libertad de la prensa no debe someterse al poder del dinero, surgiendo rápidamente propuestas que anticipan el debate de 1936 al solicitar, como hace Félicien Challaye, el control de la contabilidad de los periódicos y la publicación obligatoria de balances detallados. Dos campos se perfilan. Aquellos que consideran necesario el control de los recursos económicos y la creación de una oficina de prensa encargada entre otras cosas de fijar un precio mínimo de venta (Guernut, Viollette), y quienes se sorprenden de que se defiendan restricciones a la libertad de la prensa (Lafont, Basch). En ambos terrenos se manejan argumentos que cabe retener. En Rusia y en Italia la prensa es un servicio público, indica Ernest Lafont en relación con la posibilidad de crear una oficina pública de prensa. Para Victor Basch, presidente de la Liga, no debería tomarse un camino equivocado al calor de las circunstancias. Ambos, señala Maurice Viollette, defienden una libertad de prensa totalmente teórica e inexistente: el individuo aislado y sin dinero no tiene ningún medio de expresar su opinión; difamado, no puede defenderse. Es necesario controlar la prensa y que todos los diarios se encuentren en condiciones tan iguales como sea posible, sostiene Albert Bayet. Finalmente, tras tres sesiones, se discute párrafo a párrafo un texto en el que se indica que, si bien se han tomado medidas legales para asegurar la independencia de la prensa respecto a los Gobiernos, no se ha previsto nada para garantizarla ante el poder del dinero, por lo que se propone que el Parlamento vote un proyecto de ley para su control y que los diarios sean obligados a publicar balances regularmente e indicar en sus páginas el origen de sus recursos económicos, así como la creación de una oficina encargada especialmente de indicar un precio mínimo de venta^[17].

La Ligue des droits de l’homme fue sin duda uno de los grandes vectores de la lucha contra la influencia del poder económico sobre la prensa, convergiendo a menudo con el movimiento obrero y el socialismo unificado que representa la SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera). Jules Rassak consideraba que el primer deber de todo Gobierno proletario llegado al poder debería ser el aplastamiento de la prensa capitalista, comenzando por la nacionalización de las agencias telegráficas. «Le vrai problème de la démocratie est le problème de la presse», escribía el autor en 1927^[18]. Un año antes de que la Liga tratara la cuestión, el 1 de abril de 1928, Le Populaire publicaba un artículo a modo de editorial de su director Léon Blum en el que se consideraba que no puede haber libertad interior ni paz exterior si no se expresan libremente por la prensa todas las opiniones con medios iguales y libres de presiones. Como en otras materias, la seudolibertad de la concurrencia capitalista conduciría a las peores formas de opresión. Frente a ello, Blum proponía una solución todavía únicamente esbozada en sus grandes líneas y a la que se oponían, reconocía, no pocas objeciones. «L’État prendrait à sa charge en recettes et en dépenses le service de la presse politique. Les journaux seraient publiés par les soins et sous la responsabilité des Partis. Il suffirait, par exemple, qu’un parti fût représenté au Parlement pour participer du droit au service. Le service public fournirait les locaux, le matériel d’impression, analogue pour tous, des budgets de rédaction équivalents». Se centralizaría la publicidad comercial y cualquier intrusión de intereses en la redacción se castigaría con dureza, dependiendo también la distribución del nuevo servicio público. Las diferencias entre los diarios vendrían, por lo tanto, marcadas únicamente por la calidad de la redacción, la originalidad de su presentación y, sobre todo, el brillo y la capacidad de atracción del partido al que estuvieran ligados^[19].

III. LOS AÑOS TREINTA: GEORGES BORIS, MODIANO, HAMON Y LOS OTROS[Subir]

Distintas publicaciones se ocuparon en los años siguientes de denunciar la venalidad de la prensa, arrojar luz sobre la propiedad de los grandes periódicos y, en algún caso, proponer soluciones concretas. El escándalo Raffalovitch en torno a los documentos publicados por L’Humanité en 1923 y 1924, más atrás citados, volvía a cobrar actualidad en 1931, al publicarse un volumen cercano a las quinientas páginas con aquellos y otros escritos, en cuya advertencia inicial se subrayaba como enseñanza que la prensa diaria existía en su mayor parte gracias a la «publicité déguisée», es decir, a subvenciones ocultas^[20]. Otros opúsculos y libros procedieron del socialismo SFIO, a menudo de su ala izquierda. En 1934, Claude-Marie Vicard firmaba Le mythe de la démocratie (Le règne de la presse), una obra en la que planteaba desde las primeras páginas: «La dictature est le régime qui utilise la violence et la terreur, la prison et la torture. La démocratie est le régime qui utilise la persuasion et la morphine de la presse. Mais dans les deux cas c’est le capitalisme qui exerce la vraie souveraineté. Le peuple n’a jamais que l’apparence du pouvoir»^[21].

Según Vicard, el diario cumplía una función pública. La paz y la democracia aparecían ligadas al problema de la prensa. Los teóricos de la democracia, en una época en la que la propaganda era un arma al alcance de los pobres, sin duda no habían previsto el monopolio de la oligarquía y su peso en la formación de la opinión pública. Y los demócratas modernos se despreocupaban de los cambios radicales introducidos por el capitalismo industrial y bancario, en unos tiempos en los que el poder político reculaba a cada momento frente al poder económico. Una democracia realmente viva se adaptaría constantemente para que el pueblo tuviera el poder real; era necesario que toda autoridad encontrara su origen en el sufragio universal^[22]. Aunque no siempre se expresara mediante conceptos que actualmente pueden resultarnos tan familiares, el argumento de una legislación y unos presupuestos políticos superados por el desarrollo de los acontecimientos estaría presente, antes y después, durante todo el debate del que se ocupan estas páginas. La solución era para Vicard la nacionalización de la prensa. Como Blum, y como Guernut antes que Blum, evocaba a favor de la intervención del Estado el precedente de la reglamentación relativa a carteles electorales para tratar de sustraer el voto a la influencia del dinero. En diálogo evidente con el artículo de Léon Blum publicado seis años antes, Vicard seguía de cerca el esbozo de aquel, aunque llegando a proponer la elección de los directores de periódicos por sufragio universal, salvo en el caso de la prensa política, sindical y filosófica^[23].

Al año siguiente, en 1935, las Ediciones del Partido Socialista SFIO publicaban una obra de René Modiano, La presse pourrie aux ordres du Capital, en la que entre otras cosas se pasaba revista a las técnicas de manipulación usadas por los periódicos (publicidad, omisión, deformación, bourrage de crânes…)^[24]. El autor empleaba una metáfora llamada a tener éxito: «chiens de garde» y, como Vicard, comparaba en cierto momento el precio extraordinariamente reducido de los diarios franceses con el de otros países. La relación entre el precio de venta y el precio de coste demostraba para Modiano que no podía haber en Francia prensa independiente ni prensa de información, sino prensa de deformación^[25]. El gran tema que planea sobre todo el debate es evidentemente la financiación y los recursos del mundo periodístico.

En 1936, el año del triunfo del Frente Popular, además de editarse un opúsculo que recoge lo esencial del libro anterior bajo un título no menos elocuente, Les maîtres secrets de la presse,^[26] sale a la calle Les munitionnaires contre la nation, de Hélène Modiano, esposa de René, que le dedica unas páginas a «la presse au service des munitionnaires», es decir, los comerciantes de armamento. Y entre 1936 y 1938 aparecen los tres primeros volúmenes de Les maîtres de la France, reservándosele a la prensa un centenar de páginas en el segundo. Su autor, Augustin Hamon, tras haberse ocupado como casi todos los libros mencionados anteriormente en un capítulo de la Agencia Havas y una vez completado un minucioso repaso a la oferta periodística de la época, concluía que la oligarquía (les «deux cents familles») había comprendido el poder sobre la opinión pública de la prensa de información, aparentemente neutra, usándola como palanca para mover al Gobierno en sentido favorable a sus intereses. Un conjunto de organismos se habían creado para que la opinión continuara bajo el dominio de los dueños de la economía, aunque estos no hubieran logrado sus propósitos^[27].

Se trata de obras cuyo periodo de difusión coincide en parte con la continuación del análisis por otras vías de las medidas que adoptar, como veremos enseguida. Alguna de estas publicaciones logra una amplia repercusión. Es el caso de la más tardía de las citadas, Les maîtres de la France. El primer tomo es un éxito de ventas cuya influencia debe medirse también teniendo en cuenta su eco en la prensa^[28]. La conexión entre una parte de la militancia socialista y el movimiento comunista se hace visible, de modo que no es sorprendente que los libros de Hamon sean editados por las Editions Sociales Internationales, del Partido Comunista Francés. Al mismo tiempo, el PCF logra un notable éxito vendiendo, según declaración propia, 100 300 ejemplares del folleto en el que se recogía una intervención parlamentaria del diputado comunista y redactor jefe de L’Humanité, Paul Vaillant-Coutourier, en relación con el proyecto de ley sobre la prensa de 1936: Trusts de journaux, journaux des trusts. Presse qui ment. Presse qui tue!^[29]

En todo caso, es necesario retroceder ligeramente en el tiempo para retomar el hilo paralelo, con elementos convergentes, de otras iniciativas en las que se manifiesta un espectro político un poco más amplio. Un nombre propio, Georges Boris, y unas fechas, mayo-julio de 1933, son esenciales en unos momentos en los que la Ligue des droits de l’homme se sitúa nuevamente en primer plano. Tras la lectura de un escrito de Félicien Challaye y un intercambio de pareceres, en la sesión del 2 de marzo el Comité Central decide llamar la atención de las secciones sobre el problema de la prensa y solicitar su concurso para la constatación de hechos de manifiesta venalidad, apuntando que el tema se retomaría como cuestión del mes o en el próximo congreso de la Liga^[30]. Así sería, adquiriendo protagonismo un periodista particularmente comprometido con la causa de la limpieza de la prensa, Georges Boris^[31]. Este se ocupa de redactar un amplio informe con vistas al siguiente congreso de la Liga, que se celebraría en Amiens en julio de 1933. La conjunción de un precio de venta excesivamente bajo de los diarios y un mercado publicitario demasiado estrecho, factores que el autor consideraba particulares del caso francés, producían un desequilibrio presupuestario en la mayoría de los casos, situándolos bajo la dependencia del poder económico. Boris, junto a otras medidas, insistía en la inferioridad en este punto de la prensa francesa, defendía el precio mínimo de venta, la publicación obligatoria de los nombres de los principales accionistas y de las cuentas, e incluso le concedía no poca importancia a lo que hoy denominaríamos educación para los medios: «C’est affaire d’éducation et de propagande; enseigner à l’opinion á exercer sa critique sur les journaux, á ex[i]ger d’eux l’information honnête […]»^[32]. El Comité central volvió a tratar en profundidad el tema de la prensa en su sesión del 1 de junio, a partir de un proyecto de resolución del propio Georges Boris, en el que recogía en gran parte las medidas propuestas en su informe. Entre las cuestiones que despiertan alguna controversia está la proposición de crear un delito de noticias falsas y publicidad engañosa, señalándose la peligrosidad y dificultad de la primera parte de la iniciativa, que finalmente queda formulada tal y como después se ratificará en el Congreso de Amiens: «Répression des fausses nouvelles répandues de mauvaise foi et de la publicité ou fictive, ou rédactionnelle, ou mensongère». Una oposición más abierta recibe la propuesta de control tripartito (usuarios, periódicos, Estado) de las agencias de información, por considerar que sería susceptible de poner en peligro la libertad de expresión y pensamiento, siendo abandonada a favor de una hipotética Oficina Internacional de Informaciones situada en Ginebra y controlada por la Sociedad de Naciones. Modificadas en algún aspecto por el Comité de la Liga y después también discutidas y ampliadas en el Congreso de Amiens, las resoluciones finales solicitan, como el proyecto previo, la adopción de medidas legislativas para asegurar a los diarios medios normales de existencia. Georges Boris había defendido en Amiens que la democracia solo es una ilusión si sus medios de información, ojos, oídos por los que percibe los sucesos exteriores, deforman los hechos y distorsionan sus juicios según el capricho de poderes ocultos. Alguna de las medidas que más nos interesan (precio mínimo, publicación de nombres de accionistas y cuentas que permitan conocer el nombre de quienes financian el periódico, prohibición de trust), no sería olvidada^[33].

IV. EL FRENTE POPULAR [Subir]

La propia Liga, que siguió insistiendo en la necesidad de obligar a los diarios a hacer público el origen de sus recursos, propuso finalmente la nacionalización de las agencias de prensa y publicidad (Congreso de Nancy, mayo de 1934) y, más significativo aún de su adaptación a los nuevos tiempos, incluyó el siguiente artículo en la resolución sobre el complemento a la Declaración de los Derechos del Hombre del Congreso de Dijon de julio de 1936: «La liberté des opinions exige que la presse et tous les autres moyens d’expression de la pensée soient affranchis de la domination des puissances d’argent»^[34]. La orientación social de la Liga en la época se combina con una mirada económica, que conduce a evidenciar los límites de las declaraciones de derechos del hombre de 1789 y 1793 en una sociedad capitalista liberal industrializada. Por ejemplo, Albert Bayet señala que en aquel entonces se había pensado en el hombre político y aboga en 1931 y 1932 por un «89 économique» y propone una «Déclaration des Droits de l’Homme économique». La resolución del Congreso de 1933 concluye declarando que los derechos de hombre y la democracia solo podrán asegurarse plenamente mediante la transformación del régimen económico y social, complemento lógico y necesario de la Revolución francesa; o se recurre al término démocratie économique, empleado por Maurice Milhaud en 1934, recogido en la declaración de 1936^[35].

Por otra parte, el programa del Frente Popular, publicado en enero de 1936, incorporaba literalmente en lo relativo a la prensa lo esencial de la resolución del Congreso de Amiens^[36]. La Liga, que había participado activamente en la dinámica unitaria, era efectivamente un elemento fundamental del Comité National de Rassemblement Populaire. En todo caso, las críticas llegan de inmediato. Desde las páginas de Le Temps se considera, junto a otros reproches, «vraiment anormal de trouver, sous la rubrique «défense de la liberté», un formidable arsenal répressif dirigé contre le droit d’association et de réunion, et aussi contre la presse, à l’égard de laquelle le «Rassemblement» propose des mesures qui eussent fait reculer le Charles X des Ordonnances»^[37]. Se apuntaban ya algunos de los elementos —crítica acerba, desmesura, acusaciones de liberticidio— que se repetirían contra el proyecto de ley de prensa en los diarios que, como Le Temps, siempre eran mencionados cuando se trataba de denunciar la impronta económica sobre la prensa. A la luz de lo que vendría después, no se equivocaba del todo Georges Boris cuando en su informe de 1933 auguraba que contra las reformas legislativas preconizadas, solo posibles con un movimiento de opinión profundo e irresistible, se levantaría la más formidable coalición de intereses^[38].

Lo cierto es que el Frente Popular y su triunfo electoral hacen que, por una parte, el tema de la regeneración de la prensa, cuyo alcance se había limitado a determinados círculos y momentos, adquiera finalmente una nueva dimensión; por otra parte, que las principales fuerzas implicadas en aquel combate se movilicen con mayor energía. Desde las filas socialistas, Maurice Paz señala la necesidad de una reforma de la situación legal de la prensa que revele los recursos ocultos e instituya la responsabilidad de los propietarios ante la inminente publicación del programa del Frente Popular. En el mismo momento en que este se hace público, Paul Faure recuerda el escaso eco que había tenido poco más de un año antes el informe sobre la prensa de Georges Boully, miembro en 1934 de la comisión parlamentaria de investigación sobre el affaire Stavisky, que defendía la publicación anual de cualquier ingreso^[39]. Y en noviembre de 1936 Paul Faure aclara en un discurso que «lorsque nous proposons une loi sur la presse, Maurice Paz nous a aidé à préparer les textes et le travail».^[40] Tres semanas más tarde, muy poco tiempo antes de que el proyecto de ley comience a discutirse en la Cámara de Diputados, el director de L’Humanité, Marcel Cachin, insiste en la necesidad de que el origen de los recursos económicos se haga público; Vaillant-Couturier había presentado en su momento una proposición de resolución al respecto en nombre del grupo comunista^[41].

Son muestras del renovado interés por la cuestión que parece apoderarse de los dos grandes partidos obreros. Probablemente pueda unirse a ello un proyecto de reforma del que desconocemos casi todo, presentado, indica Pascal Ory, por Lucien Vogel a Blum y Daladier nada más producirse la victoria electoral del Frente Popular^[42]. Además, cuando va a iniciarse la nueva legislatura, la prensa recoge que el recién constituido grupo de la Unión Socialista Republicana (USR), un joven partido de fusión integrado en la coalición del Frente Popular, ha autorizado la presentación por Louis Deschizeaux de una propuesta de ley para asegurar «l’indépendance et la dignité de la presse». Se trataba de establecer una represión más severa de la difamación, un consejo de disciplina de los periodistas y el control de los recursos de los periódicos (más adelante se indicará que de la publicidad), así como una Oficina nacional encargada de difundir informaciones sobre los principales acontecimientos, y cuya inserción podría ser obligatoria. Aunque esta última estaría gestionada por un consejo con un tercio de representantes ministeriales y dos tercios de organizaciones de prensa, obviamente fue este punto el que despertó todo tipo de críticas, desde las más virulentas hasta aquellas que pueden considerarse mejor razonadas^[43].

En cuanto a la Ligue des droits de l’homme, también juega un papel activo en 1936. Una comisión formada por Georges Boris, Émile Kahn y Raymond Rosenmark redacta tres textos que le son comunicados al Gobierno. Se trataba de un proyecto sobre la publicidad de la propiedad y el control de los recursos económicos, otro sobre la creación de una oficina de publicidad y un informe sobre el derecho de respuesta y la represión de la difamación. Posteriormente, en la sesión del Comité del 5 de noviembre de 1936 se tratan estas cuestiones, se aprueban los proyectos y se manifiesta el deseo de que se establezca una colaboración con el Gobierno, que se materializa, primero, en una reunión oficiosa con los tres autores de los textos en la Presidencia del Consejo; después, en otra reunión más amplia y considerada más oficial, en la que Raymond Rosenmark representa las posiciones de la Liga. Así, el prestigioso abogado participa en la comisión preparatoria que moldea el texto gubernamental y triunfa en distintos puntos, aunque no en lo relativo al espinoso tema de las noticias falsas, sobre el que ahora volveremos^[44].

El clima político es propicio a que cuestiones como la represión de la difamación o de las noticias falsas, que no son en absoluto una novedad y que están relacionadas sin duda con la venalidad, pero que presentan dificultades y aspectos particulares, se dejen difícilmente de lado cuando se trata de afrontar la moralización económica de la prensa. Lo primero, es decir, aquello que se considera injerencia en los contenidos del periódico, servirá en gran medida como pantalla para no afrontar la cuestión de fondo en un debate en el que nadie podía defender abiertamente la necesidad de recurrir a turbias maniobras económicas o al gran capital para sobrevivir. El suicidio a mediados de noviembre del ministro del Interior del Gobierno Blum, Roger Salengro, tras una campaña de prensa calumniosa, no contribuiría a clarificar la situación.

V. LA CÁMARA, EL SENADO, LA PRENSA [Subir]

Tras una preparación de varios meses y una vez cumplidos los trámites necesarios, el proyecto de ley y las propuestas que modifican la Ley del 29 de julio de 1881 comienzan a debatirse en la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 1936 y se aprueban el día 9, tras seis apretadas sesiones. Quienes se sitúan en una posición más abiertamente crítica hacen hincapié en la inconsecuencia entre la postura de Léon Blum en el pasado y el presente o la supuesta improvisación de una ley que se considera circunstancial^[45]. Las divisiones internas venían haciéndose más visibles en un Frente Popular que desde septiembre parecía menos fuerte, mientras emerge la contraofensiva de sus adversarios. La situación no es fácil en diciembre^[46]. En el campo contrario, la agresividad de las derechas se manifiesta desde antes de la formación del primer Gobierno del Frente Popular en la violencia verbal e incluso física dirigida particularmente contra Léon Blum, víctima de un intento de linchamiento en febrero de 1936, y en las diatribas de una prensa de extrema derecha, antisemita y anticomunista, que también influye en la opinión de la derecha moderada^[47].

La muerte de Salengro planeará sobre el debate parlamentario. Sin embargo, la relación causal es bastante menos nítida de lo que podría deducirse de algunos análisis históricos. El factor emotivo que introduce el suicidio del ministro del Interior contribuye sin duda a exacerbar los ánimos, muy probablemente también a ligar la suerte de las reformas sobre los recursos económicos a la represión de la difamación^[48]. Los acontecimientos en cierto modo se precipitan. Cabe preguntarse hasta qué punto el deseo de apoyarse en el movimiento de opinión forzosamente pasajero provocado por aquel trágico suceso puede contribuir a que ambas cuestiones se planteen unidas. Cuando se estaba iniciando el debate parlamentario, Charles Lussy, diputado SFIO, señalaba el contraste entre las controversias apasionadas que en otro tiempo habría provocado un proyecto como aquel y su aparición en aquel momento, «dans la tristesse et dans l’angoisse des événements récents, comme hautement salutaire»^[49]. En realidad, las «controverses passionnées» a las que aludía Lussy tampoco faltarían en este caso. Ahora bien, ni en el campo del Frente Popular ni entre sus más correosos adversarios era necesario esperar al suicidio para vincular el affaire Salengro (la campaña calumniosa) al proyecto de ley. A mediados de octubre, en L’Action Française, Léon Daudet consideraba, sin olvidar las habituales alusiones antisemitas o los insultos más directos al presidente del Consejo, que el anuncio del proyecto de ley estaba motivado por el deseo de impedir la campaña contra el ministro^[50]. Y el mismo Léon Blum señalaba casi tres semanas más tarde que la nueva ley de prensa permitiría obtener reparación a la persona difamada y que si los diarios de la campaña contra Salengro se hubieran sabido amenazados por importantes multas, como se contemplaba en la legislación inglesa, aquella no se habría extendido^[51]. El triste fin del ministro vendrá, pues, a acelerar una percepción que no era nueva.

De cualquier manera, los dos objetivos principales del proyecto de ley son conocidos, según el diputado socialista Albert Sérol, presidente de la Comisión de Legislación Civil y Penal que le había dado forma. Se trataba básicamente de «exercer un contrôle sur les ressources de la grande presse qui entend diriger l’opinion publique, réprimer d’une manière efficace la diffamation»^[52]. Se inicia así un intenso debate en la Cámara, prolongado en la prensa, que se salda tras algunos retoques con la aprobación del proyecto por 371 votos a favor y 196 en contra. El entusiasmo por el mismo y por algunos artículos admite, sin embargo, una gradación en la mayoría parlamentaria que puede adivinarse fácilmente: desde las filas socialistas, sus principales valedores, hasta el Partido Radical. Por su parte, Louis Deschizeaux y la USR manifiestan adherirse al proyecto, sin dejar de mencionar su proposición de ley y considerándose en general escuchados, aunque señalando al mismo tiempo que la satisfacción no es total y las medidas propuestas no son suficientes, sino el esperado comienzo de una más vasta reforma^[53]. Coinciden en la insuficiencia del proyecto y en la necesidad de ir más lejos con el Partido Comunista. Es en este caso Vaillant-Couturier quien más se hace oír, tanto en la Cámara como a través del órgano central del partido. Si bien considera que las enmiendas comunistas han mejorado el texto, primero en la comisión de legislación y después durante el debate parlamentario, estima que alguna parte del proyecto puede ser peligrosa en manos de ciertos magistrados. Lo que haría falta es un estatuto general de la prensa, «avec un contrôle plus rigoureux des ressources de la presse, une répression plus efficace de la diffamation et du chantage, des mesures pouvant assurer aux journaux des moyens normaux d’existence, mettant fin aux privilèges de la publicité commerciale et aux scandales de la publicité financière, empêchant la constitution de trusts de presse, et un texte, enfin, qui abrogera les lois scélérates de 1893 et 1894». Es decir, punto por punto el programa del Frente Popular en lo relativo al periodismo escrito, que a su vez coincidía en parte, como ya hemos visto, con las propuestas del Congreso de Amiens. En su lugar lo que se ponía sobre la mesa era un «rafistolage des textes de l’ancienne loi qui en laisse subsister les imperfections», afirmaba el dirigente comunista en la prensa. Un trabajo de ortopedia, señalaba unos días más tarde en la Cámara, reflejando también cierta crítica a la improvisación y rapidez con que se había desarrollado el debate, al despertar exclamaciones y risas con las siguientes palabras: «Nous avons adapté un appareil par ci, un appareil par là, à des moignons mal cicatrisés. Je souhaite qu’à l’usage nous ne nous apercevions pas que nous avons greffé un nez sur une cuisse ou un pied sur un bras». Ello no impediría al grupo comunista, a la espera de nuevas medidas, votar a favor del proyecto gubernamental^[54].

El texto aprobado en la Cámara de Diputados comprende dos artículos adicionales en los que se concentra lo esencial de las medidas que aquí nos interesan, así como modificaciones a varios artículos de la ley de 1881. De este modo, en el artículo 6 bis se establece que cualquier escrito periódico que aparezca al menos treinta veces al año debe ser propiedad de una sociedad en comandita por acciones o de una sociedad anónima, consagradas únicamente a este objeto. En el acto de constitución los accionistas o comanditarios debían señalar las sociedades industriales, comerciales o financieras en las que fueran administradores, directores o gerentes. También se tomaban medidas para que el gerente del periódico no fuera un simple hombre de paja y se exceptuaban de las disposiciones anteriores las publicaciones de distinta naturaleza con un alcance limitado. En el artículo 11 bis se indica que aquellas sociedades deberán mencionar en la publicación que editen el nombre de sus administradores o gerentes de comandita, así como el de los accionistas con al menos una décima parte del capital social, acompañado de su relación con otras sociedades en el caso de desempeñar una de las funciones recogidas en el anterior artículo. También sería obligatorio publicar la media de la tirada de la publicación durante el año precedente indicando abonos, venta al número, servicios gratuitos e invendidos, los documentos previstos en determinados artículos de la ley de sociedades comerciales de 1867, lo que se traduciría en la exposición de las cuentas del periódico, así como la mención de cualquier fuente de financiación procedente del extranjero con nombre y dirección^[55].

Se trataba, evidentemente, de establecer un marco general para las publicaciones de mayor difusión, a las que se les supone un notable poder sobre la opinión pública, tratando de forzarlas a mostrar el origen de sus recursos económicos y su verdadera personalidad e influyendo indirectamente sobre los movimientos de opinión. El objetivo gubernamental de ejercer un control financiero estricto sobre la gran prensa a través de la sociedad editora se hace también patente durante el debate parlamentario, al reconocerse así expresamente y rechazar aquellas enmiendas que podrían desvirtuarlo. Únicamente desde el grupo comunista se propugna claramente una mayor severidad. La más arriba citada obligación de mencionar el cargo de administrador, director o gerente en otra sociedad, ausente del texto original presentado por el Gobierno, procede de una enmienda de René Nicod. Otro diputado comunista, Adrien Langumier, es autor en la Comisión de Legislación Civil de la enmienda referida a la tirada de los periódicos; y después varios diputados del mismo grupo proponen con éxito en la Cámara, coincidiendo con ellos en el objetivo Charles Lussy, añadir la referencia a las modalidades de venta, gratuitos e invendidos. Pero no toda la enmienda prospera, lo que incluye una propuesta ya rechazada en la comisión para que fuera obligatorio publicar, además de las extranjeras, las fuentes de financiación francesas que superaran cierta suma^[56].

Lógicamente, las críticas más duras procedieron del centro derecha y la derecha. La obligación de constituirse en sociedad anónima o en comandita y de hacer públicas informaciones económicas es muy mal recibida. El repetido argumento de que ello implicaría la desaparición de periódicos locales y departamentales en realidad pierde eficacia con las excepciones que se prevén, aunque también se lamenta la pérdida de crédito que implicaría revelar la situación económica de algunos periódicos y que las excepciones no sean más amplias (Maurice Drouot), la introducción de un precedente para una categoría de productores (Pierre Dupuy) o incluso que las medidas adoptadas, aseguraban Louis Marin y André Parmentier, chocarían con la libertad proclamada en la Declaración de Derechos del Hombre. Más hábil aparentemente, aunque no más eficaz, era el razonamiento de Philippe Henriot, quien solicitaba que en la mención de recursos se indicaran los procedentes de ciertos ministerios, evitando así que los periódicos no subvencionados por el Gobierno tuvieran dificultades y que las evitaran aquellos que sí recibían su apoyo. Indirectamente y reorientada por Louis Deschizeaux, la iniciativa dio lugar a un momento de práctica unanimidad que se tradujo en aprobar la prohibición de distribuir fondos secretos a la prensa francesa^[57].

Por otra parte, el proyecto de ley aprobado por la Cámara contiene otras medidas entre las que pueden destacarse el aumento de las multas por difamación y por la publicación de noticias falsas, así como la represión de estas últimas, no como en la ley de 1881 cuando hubieran perturbado la paz pública, sino cuando fueran susceptibles de hacerlo («de nature à troubler…») y la difusión se hubiera hecho «en connaissance de cause», lo que finalmente se añadiría a la mala fe. También ocupa un lugar central la «correctionnalisation», o se procede a ampliar el concepto de hombre público. Todo ello sería entendido como un modo de favorecer la arbitrariedad del Gobierno y su actuación a través de una judicatura dócil, frente a la independencia atribuida al jurado^[58]. Lo cierto es que alguna medida, como lo relativo a la remisión al tribunal correccional, no encuentra fácil acomodo en las posiciones tradicionalmente defendidas por la izquierda. La reforma del artículo 27, sobre noticias falsas, es ampliamente mal recibida. En la Cámara Deschizeaux se muestra insatisfecho. Durante la discusión particular del texto, que ocupa un tiempo notable, Anatole de Monzie, diputado USR, señala que desea su desaparición, enfrentándose al propio Léon Blum; Vaillant-Couturier aclara que entre las disposiciones bastante peligrosas se encuentra particularmente lo relativo a las noticias falsas, y desde las páginas de La Croix se ponen sobre el tapete las dificultades —relativas, no obstante— de la situación^[59]. Salomon Grumbach, diputado socialista que vota con el Gobierno, se muestra no obstante algunos días más tarde de acuerdo con quienes se oponen a la disposición en el Comité Central de la Ligue des Droits de L’homme, destaca la división y que el voto de la izquierda se había producido sobre todo por disciplina^[60]. Ya se ha señalado la impronta de la Liga sobre la principal propuesta de reforma de la prensa. El proyecto sobre la publicidad de la propiedad y el control de los recursos de 1936 coincide con el proyecto de ley, si no en los puntos precisos, sí en la intención^[61]. Sin embargo, es muy significativo que tras aprobarse la ley en la Cámara se difunda una resolución en la que se recuerda que aquella responde a las aspiraciones de Amiens retomadas en el programa común del Frente Popular y se felicita al Gobierno, pero también que la Liga lamenta no poder asociarse a las disposiciones sobre noticias falsas ni a otra medida sobre la represión en el espacio colonial de escritos, imágenes o discos tendentes a menoscabar la autoridad de Francia. Respecto a la primera cuestión, el presidente Victor Basch había manifestado incluso su deseo de que los asesores legales de la Liga estudiaran una nueva redacción para someterla al Senado^[62].

No hace falta añadir mucho más sobre la recepción de distintas partes del proyecto por la oposición en la Cámara o la prensa. Repetidamente algunas cabeceras condensarán su postura aludiendo con gruesos caracteres a la ley «contre la presse», mientras los argumentos y contraargumentos continuaban incluso en los espacios de humor gráfico^[63]. Parecía del dominio público que el proyecto aprobado por la Cámara sería profundamente modificado por el Senado, donde se perfila la oposición radical^[64], y así sucedió tras pasar por su Comisión de Legislación y ser finalmente discutido a finales de mayo y principios de junio de 1937, poco antes de la dimisión de Léon Blum. Contra el proyecto de ley tal y como había sido adoptado por la Cámara de Diputados se esgrimió algún argumento ya manejado y se hallaron otros nuevos. Paul Maulion, ponente de la Comisión de Legislación Civil y Penal del Senado, señalaba tres motivos para el rechazo de los artículos 6 bis y 11 bis: que se distinguiera entre dos tipos de prensa violando el principio de igualdad republicana; que las sociedades anónimas podrían constituirse con un capital reducido, no ofreciendo garantías contra la difamación, y, por último, el ya conocido argumento de la defensa del derecho de imprimir libremente según la Declaración de Derechos del Hombre^[65]. Se arrumbaba así el núcleo de la reforma, la trasparencia de los recursos financieros, mediante la defensa de principios republicanos y sin olvidar la lucha contra la difamación. Léon Blum, que aludió en el Senado a la prensa como un gran poder que debía ser controlado por la colectividad nacional y como un poder público en una democracia, señalaba que la comisión había destruido el proyecto. «Elle n’en à rien laissé subsister, ou si peu de chose que ce n’est vraiment pas la peine d’en parler»^[66]. La Ligue des Droits de l’Homme consideraba que el texto había sido masacrado por el Senado y en una nota que, pese a la torpeza del proyecto de ley gubernamental a la hora de imponer la sociedad, se había rechazado todo control por razones mediocres y con argumentos falsos^[67].

La frustración era palpable. El objetivo fundamental del proyecto acaba diluyéndose ante los obstáculos. En términos generales sobre la prensa, refiriéndonos a la acción del Frente Popular, puede afirmarse que «la montagne accoucha de deux ou trois souris»^[68]. La Liga o Léon Blum seguirían insistiendo en la necesidad de una prensa no sometida al poder del dinero. Así, las reformas que cabría llevar a cabo en este aspecto no desparecerían del debate político, pero la gran oportunidad de introducir alguna modificación de gran calado antes del cataclismo que supuso la guerra en realidad pertenecía ya al pasado. Quedaba en cambio el precedente de la convergencia de fuerzas y circunstancias que se había producido a favor de la reforma. En diciembre de 1950, Georges Boris no exageraba al declarar ante una comisión de investigación, refiriéndose a la depuración de la prensa y la obligación de publicar sus cuentas, «c’est une idée qui a fait son chemin, maintenant. Á l’époque nous étions des précurseurs»^[69].

VI. CONCLUSIONES[Subir]

¿Por qué el proyecto fracasa? ¿Por qué es posible desactivarlo con relativa facilidad? Las preguntas que cabe formular nos orientan, evidentemente, hacia la configuración del propio sistema informativo, por una parte, y hacia factores de carácter coyuntural, por otra. La posibilidad de un triunfo del proyecto reformador seguido de su aplicación efectiva es percibida como una amenaza ¿Qué habría sucedido si se suprimen los ingresos ocultos de los principales periódicos? Desde los análisis llevados a cabo en los propios años treinta hasta posteriores aproximaciones historiográficas se ha apuntado la relación directa entre la rentabilidad de la prensa francesa y el recurso a prácticas inconfesables.

Charles-Robert Ageron señalaba a mediados de los años setenta del pasado siglo que la primera explicación a la que hace pensar la venalidad del periodo de entreguerras era el precio de venta por debajo del precio de coste^[70]. Alcanzar un equilibrio financiero resulta entonces mucho más difícil que antes de la Gran Guerra. Entre 1914 y 1939 el precio del papel prensa se multiplica por más de siete, con notables variaciones entre un año y otro. Los gastos procedentes del personal de imprenta también crecen. Por supuesto, el aumento de los costes y la devaluación monetaria inciden en el precio de venta de los diarios, pero este sigue siendo generalmente más bajo que lo habitual en otros países occidentales. La empresa editora de Le Petit Parisien, una de las más prósperas de la época, ve cómo sus beneficios, siempre superiores al 20 % de los ingresos antes de 1914, se sitúan en el 4 % en 1937. Una comparación global de las tiradas de los diarios por cada mil habitantes muestra cómo el crecimiento es mucho menor en Francia que en EE. UU. y en Gran Bretaña, pasando de una situación similar o más ventajosa a acumular una notable diferencia negativa, sobre todo con respecto al caso británico^[71].

Desde el punto de vista de lo que parece considerarse una difícil o imposible supervivencia de la gran prensa sin recursos ocultos, los propietarios de periódicos y sus valedores solo pueden tratar de derribar el proyecto, aunque ataquen su contenido esencial por vías indirectas. Sin embargo, para los partidarios de las reformas se trata no de una cuestión de orden principalmente económico y de defensa del equilibrio político alcanzado tiempo atrás, sino de una batalla moral, vinculada a la evolución de la sociedad; la depuración de la prensa incluso es, según Georges Boris, condición previa a todas las grandes reformas políticas y sociales^[72]. Lo que está en juego por ambas partes es suficientemente importante y el orden de prioridades tan diferente que no es fácil encontrar terrenos de encuentro, ni siquiera de auténtico diálogo. Una situación difícil de desbloquear, salvo a consecuencia de una gran ruptura como la de la Segunda Guerra Mundial, que conduce a la refundación de la prensa francesa y a que temporalmente pasen a un primer plano planteamientos renovadores.

Por otra parte, si bien los puntos principales del proyecto venían madurándose desde hacía tiempo y, pese a algunas acusaciones, no puede decirse que se tratara de una ley improvisada, el momento preciso de su presentación no puede dejar de relacionarse con los acontecimientos del momento, a finales de 1936, cuando el punto álgido de la esperanza que había suscitado el Gobierno de Léon Blum en el verano de aquel año está dejando paso a una situación más difícil. La violencia de las oposiciones, la decepción de la extrema izquierda, las contradicciones económicas y la defección de las clases medias han sido señalados como factores sucesivos que conducen a la pérdida del capital de confianza en la experiencia frentepopulista entre el otoño de 1936 y junio de 1937^[73]. Las tensiones son de calado suficiente como para que Léon Blum anuncie claramente en febrero de este último año una pausa en las reformas. En lo relativo al proyecto que nos ocupa y a la vista de los resultados, puede considerarse un error estratégico del Gobierno el planteamiento conjunto de la economía de la prensa y la cuestión de las informaciones falsas tras la emoción provocada por la muerte de Salengro. Ello permitirá que el frente de oposición desvíe una parte importante del debate en torno a la iniciativa hacia este último tema, lastrando sus posibilidades de éxito. La ausencia de alternativas al sistema informativo existente actúa como premisa implícita del discurso opositor. Además, contra las distintas partes del proyecto se emplean en diferente medida fórmulas retóricas con un amplio recorrido, lo que facilita que se eluda repetidamente el ataque frontal. Si nos remitimos a las categorías definidas por Albert O. Hirschman, habría que aludir a perversidad, futilidad y riesgo^[74], aunque obviamente un acercamiento al peso y uso de cada una de estos tipos argumentativos formales requeriría un estudio específico.

La prensa francesa del periodo de entreguerras es una prensa notablemente venal. Ello se ha repetido con insistencia y tanto los testimonios de la época como los estudios históricos posteriores lo confirman. No pretende este trabajo profundizar en los motivos de ello, medir la extensión de determinadas prácticas o evaluar su eficacia. Ni obviar que las posiciones de los periódicos de gran tirada responden también a relaciones personales, adhesiones más o menos desinteresadas a un sistema económico y político o fidelidades de distinta naturaleza^[75]. Cabe pensar razonablemente que quienes aspiraban a una regeneración del mundo periodístico en aquellos años, y al mismo tiempo a un cambio profundo en el sistema informativo, eran conscientes de esto mientras atacaban la fortaleza de la gran prensa través de su punto más vulnerable: los ingresos ocultos. Para ello no faltaron las referencias circunstanciales a otros países, pero la documentación manejada no permite realmente insertar el debate en un cauce que supere las fronteras de la República Francesa. El carácter singular, o si se prefiere mixto, del sistema informativo francés se afirma también a través de las propuestas en las que nos hemos detenido. Los momentos de ruptura hacen emerger la aspiración a una prensa como servicio público, pero esta voluntad de limitar la impronta del mercado se ve en gran medida contrarrestada por el avance de un modelo más comercial. Al mismo tiempo, los puntos de desencuentro son numerosos en la época. Incluso en las filas de la izquierda las posiciones más netamente liberales chocan con quienes defienden la intervención del Estado, considerando que el liberalismo primitivo había sido útil para frenar la intrusión de los Gobiernos en la prensa, pero no para enfrentarse a los nuevos peligros que pesaban sobre su libertad. Son posiciones que, no sin resistencias, ganan terreno en los años treinta, constituyendo un momento clave para comprender la distancia respecto a un sistema más específicamente liberal, encarnado según el modelo de Hallin y Mancini en Estados Unidos.

En todo caso, la pérdida de empuje económico a partir de cierto momento contribuye a esta realidad en un país que ocupa una posición estratégica en el orden internacional. La combinación de ambos factores, una prensa relativamente pobre que al mismo tiempo es considerada influyente por encontrarse en el centro de un importante espacio deliberativo de poder, hace que aparezca abierta a la acción del dinero extranjero e interior. Lo positivo de esta situación es que facilita el surgimiento de un debate de una riqueza probablemente sin igual en otros países, cuyo desarrollo, como se ha demostrado en estas páginas al relacionarlo con sus precedentes, no se limita a unos meses particularmente intensos ni a un proyecto de ley, a menudo solamente mencionado a raíz del suicidio de Roger Salengro. Un debate difícilmente concebible en el espacio británico o estadounidense, donde el Estado es contemplado como una amenaza más importante para la prensa que el poder económico^[76], y en el segundo caso debe tenerse en cuenta el peso de la primera enmienda de la Constitución. Muchas de las cuestiones que se ponen entonces sobre la mesa no son únicamente de un momento y un lugar. Plantearse, por ejemplo, la posibilidad de que lo que sabemos sobre el mundo en el que vivimos responda a una realidad filtrada es una cuestión esencial en cualquier acercamiento crítico a la comunicación social. La convicción, hoy como ayer, de que estamos mucho mejor informados de lo que nunca lo estuvimos antes podría tener diferentes consecuencias, entre ellas el desarrollo de cierta arrogancia que no favorece un análisis crítico de los medios.