FIRMAS DEL CONSERVADURISMO: PETICIONES, POLÍTICA POPULAR Y CAMPAÑAS CONTRA LAS REFORMAS EN GRAN BRETAÑA, 1780-‍1918

I. Introducción^[2][Subir]

El estudio de las peticiones populares en el Reino Unido, al igual que en otros contextos del siglo xix, se ha centrado por lo general en su utilización en campañas y movimientos sociales progresistas, reformistas o liberales. Grupos de peticionarios como los abolicionistas de la esclavitud británicos y americanos, los defensores del voto femenino^[3], los demócratas y radicales franceses y británicos^[4], los liberales españoles, los reformistas del Alto Canadá y los patriotes francófonos del Bajo Canadá han sido bien estudiados^[5]. Sin embargo, sería más correcto considerar las nuevas formas de petición colectiva que surgieron a finales del siglo xviii como tecnologías neutras y no como una propiedad exclusiva de liberales y radicales. En Gran Bretaña, algunas de las mayores recogidas de firmas ante el Parlamento y otras instituciones durante el siglo xix fueron resultado de campañas conservadoras, tory, lealistas o reaccionarias, que intentaban oponerse a cambios constitucionales importantes o enfrentarse a exigencias de los movimientos progresistas. Las campañas peticionarias conservadoras, reaccionarias o antirreformistas también eran comunes en otros sistemas de gobierno^[6]. En los Países Bajos, durante el Aprilbeweging de 1853, 200 000 personas de una población total de 3 millones firmaron peticiones contra el establecimiento de una jerarquía católica, mientras que en 1878, 800 000 protestantes ortodoxos firmaron contra la ley de educación del Gobierno liberal^[7]. En la década de 1830 en el Alto Canadá, miembros del Parlamento Provincial y de la recién fundada British Constitutional Society lideraron una poderosa campaña peticionaria en contra de las reformas políticas^[8]. Durante el periodo revolucionario en España, las reformas liberales fueron contrarrestadas por campañas colectivas de sus adversarios en defensa de la Inquisición en 1812 y 1823 o de la unidad religiosa en las décadas siguientes^[9]. Estos ejemplos señalarían una tendencia transversal más amplia entre diferentes sistemas de gobierno del siglo xix. El crecimiento de la práctica peticionaria ayudó a forjar la cultura política moderna, pero su surgimiento no fue únicamente el resultado de la emergencia de un repertorio de acciones colectivas lideradas por movimientos sociales, según teorizó Charles Tilly^[10]. Los conservadores, los reaccionarios y los antirreformistas también contribuyeron al crecimiento de la moderna cultura política colectiva.

Por más que pueda parecer paradójico, es un elemento importante, teniendo en cuenta el miedo bien documentado que sentían los conservadores hacía el gobierno popular y la democracia. Como ha escrito Mark Philp, el conservadurismo popular y el lealismo que se movilizó en los años noventa del siglo xviii contra el radicalismo y la reforma contenía una tensión inherente: cómo movilizar apoyos contra el cambio político, al tiempo que se mantenía a raya la participación popular. En palabras de Philp: «Los lealistas traspasaron los tradicionales límites de la nación política fomentando de esta manera un proceso de participación colectiva contra el que precisamente habían surgido»^[11]. De igual manera, Brian Harrison ha señalado una contradicción similar dentro del movimiento antisufragista de principios del siglo xx al verse obligados, contra su voluntad, a movilizar a las mujeres como parte de su actividad de agitación, a pesar de que esto pareciera contradecir su creencia de que las mujeres no estaban capacitadas para participar en la vida política nacional^[12]. La práctica peticionaria era un mecanismo que permitía a los movimientos conservadores y antirreformistas reconciliar la tensión entre sus ideas, a menudo ambivalentes y contrarias a la participación política colectiva, y su práctica, que cada vez requería una mayor movilización para competir con sus adversarios y para bloquear cambios que consideraban nefastos. Esto se debía a que la práctica peticionaria no solo era una actividad política tradicional y constitucional, sino que podía reconciliarse con el respeto y deferencia a la autoridad que los peticionarios estaban deseosos por mantener. Las campañas peticionarias conservadoras lograban reconciliar sus creencias con la práctica de la política popular. En este aspecto, estas campañas peticionarias conservadoras contribuyeron tanto al surgimiento de una cultura política moderna en la Gran Bretaña de mediados del siglo xix como lo hicieron los poderosos movimientos sociales, estudiados, entre otros autores, por Tilly.

Este artículo también contribuye a las interpretaciones actuales sobre la evolución del conservadurismo durante el largo siglo xix. Los estudios previos solían centrarse en la organización y liderazgo del Partido Conservador^[13], mientras que trabajos más recientes se han centrado en las conexiones entre el lealismo y el toryismo popular de finales del siglo xviii y el conservadurismo popular del periodo posterior^[14]. Los trabajos más recientes han desplazado el foco desde la ideología o la organización del partido hacia la interacción entre el Partido Conservador y la política popular, como por ejemplo el hábil aprovechamiento del sistema electoral posterior a 1832^[15] o el uso dinámico del lenguaje político para configurar y movilizar a sus bases de apoyo^[16]. Todos estos estudios se han centrado principalmente en el Partido Conservador, mientras que este artículo examina un conjunto de opiniones más amplio, basado en los movimientos opuestos al cambio o las reformas. Por supuesto es altamente probable que las bases partidarias de los tories y los peticionarios que estudiamos en este artículo se solapen. Apropiándome del reciente trabajo de Emily Jones, utilizo tory para referirme al Partido Conservador y «conservador» para hacer referencia a una tradición política más amplia^[17]. El uso de las peticiones para enfrentarse al cambio también fue importante a la hora de mantener la identidad conservadora en un periodo (después de 1830) en que el partido tory se encontraba en horas bajas, así como para intentar aglutinar una coalición popular más amplia que la representada por sus seguidores más directos. Aunque este artículo se centra en las peticiones a la Cámara de los Comunes como cámara popular del Parlamento, los conservadores también recurrían con frecuencia a la Cámara de los Lores y al monarca, entre otras autoridades, para bloquear las reformas a las que se oponían^[18].

El presente artículo ofrece, en primer lugar, datos que muestran la continuidad e importancia de las movilizaciones contra las reformas en general y, especialmente, en defensa de la constitución y de las iglesias oficiales (established) de las distintas naciones del Reino Unido durante un prolongado periodo de tiempo. Estas campañas fueron relevantes tanto en número de peticiones como de firmas. En segundo lugar, el artículo muestra la importancia que tuvieron las peticiones en la movilización de electorados concretos y en la creación de identidades colectivas. En tercer lugar, estudia el discurso y la práctica de las peticiones para revelar cómo los antirreformistas buscaron movilizar el apoyo de sus bases y cómo se enfrentaron a las reivindicaciones de sus adversarios de representar a comunidades concretas.

II. Peticiones antirreformistas[Subir]

Aunque la tradición de que los súbditos presentaran peticiones al Parlamento existía desde hacía tiempo, a partir de la década de 1780 aumentaron gradualmente las que versaban sobre asuntos públicos dirigidas a la Cámara de los Comunes. Esto se debió sobre todo a las peticiones antiesclavistas. En la década de 1820 se pasó del aumento gradual a una explosión. La petición y la práctica peticionaria se reinventaron como herramientas de la política popular colectiva sobre la base del derecho de cualquier súbdito a presentar una petición. El número de peticiones a la Cámara de los Comunes (y de las firmas que llevaban) se mantuvo alto hasta el comienzo de su declive a principios del siglo xx^[19].

Los tories y quienes se oponían a las reformas políticas a finales del siglo xviii y comienzos del xix contemplaban el crecimiento de las peticiones colectivas con alarma, ya que parecían augurar el avance de la temida idea de la soberanía popular. El uso del derecho de petición para legitimar formas colectivas de protesta radical, prohibidas por la legislación sobre reuniones sediciosas, se convirtió en un motivo de queja particular tras el desenlace de las guerras napoleónicas en 1815. Como se lamentaba un corresponsal de un periódico tory en 1819, «el golpe más mortal que los anarquistas de hoy en día han asestado a la constitución [...] es el plan de reunir grandes grupos de necesitados y disolutos, bajo la sanción del sagrado derecho de petición»^[20]. En privado, miembros de la élite política señalaban, como el antiguo primer ministro lord Grenville en noviembre de 1819, que la reivindicación de los peticionarios radicales de poder hacer peticiones sobre cualquier asunto bajo la autoridad del Parlamento y de reunirse públicamente para discutir sobre dichos temas

A pesar de estas inquietudes, los tories de finales del siglo xviii y comienzos del xix nunca restringieron la petición del mismo modo que lo hicieron con la libertad de reunión o la prensa radical, ya que el derecho de petición estaba bien afianzado en el discurso constitucional británico^[22]. Las campañas peticionarias que durante la década de 1820 presionaron al Ancien Régime británico pidiendo el fin de la discriminación contra católicos y disidentes protestantes y la reforma parlamentaria, no obstante, se vieron contrarrestadas por diferentes contracampañas. El crecimiento de la formidable Asociación Católica de Daniel O’Connell en Irlanda y su campaña por la emancipación católica (que permitiría la elección de católicos al Parlamento) inspiró una enérgica contracampaña que generó 368, 444 y 319 peticiones a la Cámara de los comunes en 1825, 1827 y 1828 respectivamente^[23]. Cuando el Gobierno del duque de Wellington promulgó la emancipación católica en 1829 para evitar disturbios civiles en Irlanda, se enfrentó a la abrumadora cantidad de 2249 peticiones en contra ante los Comunes, mientras que tan solo hubo 1011 a favor^[24].

El aumento de peticiones contra la emancipación católica en la década de 1820 formaba parte de una explosión de peticiones colectivas más amplia. La práctica peticionaria conservadora o antirreformista constituyó una significativa parte del aumento de las peticiones. Al tiempo, podríamos identificar tres vetas de firmas conservadoras. La primera la conformarían las peticiones contra reformas en las iglesias nacionales de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales y en defensa del protestantismo en general. La segunda la compondrían las campañas de grupos como el lobby esclavista o los granjeros proteccionistas, que argumentaban contra medidas concretas que amenazaban sus intereses económicos. La tercera veta, aunque menos rica de lo que se hubiera podido esperar, la componían las peticiones contra las reformas políticas. Aunque había claras continuidades y solapamientos entre las diferentes vetas de petición conservadora, no sería muy sensato suponer que había un conjunto de opiniones estático y opuesto a cualquier cambio, o que todos estos peticionarios eran partidarios del Partido Conservador. Más aún, hay ejemplos de peticionarios que eran conservadores en algunos temas, pero reformistas en otros. Por ejemplo, los metodistas wesleyanos se encontraban generalmente entre las filas de los peticionarios anticatólicos, pero también presentaban peticiones a favor del libre comercio y la legislación por la abstinencia, a las que se enfrentaban, respectivamente, los grandes productores agrícolas y los manufactureros y comerciantes de bebidas alcohólicas^[25].

La mayor parte de las peticiones antirreformistas que se estudian en este artículo defendían el estatuto de las iglesias oficiales del Reino Unido y la Constitución protestante. A las peticiones contra la emancipación de 1829 les siguieron muchas otras. La propuesta del gobierno whig de una serie de reformas para las iglesias nacionales de Inglaterra e Irlanda en la década de 1830 provocó unas impresionantes campañas peticionarias. Por ejemplo, en 1834 hubo 1184 peticiones para apoyar a la Iglesia de Inglaterra, 320 para apoyar a la Iglesia (anglicana) de Irlanda y 336 en contra de la separación entre Iglesia y Estado. Además, en ese mismo año 485 peticiones se opusieron a otorgar más concesiones a los disidentes protestantes y otras 469 a la apertura de universidades que no fueran anglicanas. Las firmas conjuntas de todas estas peticiones ascendieron a casi 330 000^[26]. El año siguiente unas 400 peticiones, con alrededor de un millón de firmas, se opusieron a la ley de reformas de la Iglesia de Irlanda del Gobierno whig, al tiempo que alrededor de 750 peticiones, con más de 190 000 firmas, expresaban su apoyo a la Iglesia de Escocia^[27]. Entre 1830 y 1868, año en que fueron finalmente abolidas, se presentaron decenas de miles de peticiones ante la Cámara de los Comunes en defensa de las tasas eclesiásticas, un impuesto local para sostener a la Iglesia de Inglaterra^[28].

La dotación permanente del Gobierno tory para el seminario católico de Maynooth (Irlanda) en 1845 provocó una ola de 10 253 indignadas peticiones de protestantes de las cuatro naciones de las islas británicas, que contenían 1,2 millones de firmas^[29]. Otro ejemplo más de las peticiones colectivas en defensa de la Constitución protestante tuvo lugar entre 1850 y 1851, cuando el Papa restableció la jerarquía católica en Inglaterra. En respuesta a lo que se bautizó como «agresión papal», se presentaron unas 4000 peticiones con algo más de un millón de firmas a favor de medidas más duras que las propuestas por el Gobierno whig para oponerse a las «intromisiones» de la Iglesia de Roma en general^[30]. Los protestantes también enviaron muchos escritos a la reina Victoria como parte de su campaña^[31]. En las décadas de 1850 y 1860, entre otras acciones defensivas, se recogieron firmas para una petición finalmente infructuosa en defensa de mantener los requisitos religiosos para acceder a las universidades de Oxford y Cambridge, lo que básicamente las hacía accesibles solo para anglicanos^[32]. El proyecto de desestablecimiento de la Iglesia (anglicana) de Irlanda (es decir, la separación entre la Iglesia y el Estado) también provocó peticiones. En 1868, 5359 peticiones (y 540 000 firmas) protestaban contra la propuesta de retirada de financiación. Otras 2972 peticiones (377 239 firmas) se enviaron el año siguiente en contra de la nueva ley que regiría la Iglesia de Irlanda^[33].

Incluso a finales del siglo xix y principios del xx, cuando la cultura de la petición colectiva ante la Cámara de los Comunes estaba perdiendo fuerza, las últimas grandes campañas peticionarias estuvieron motivadas tanto por el sentimiento religioso como por causas progresistas como el sufragio femenino^[34]. Las propuestas para retirar la oficialidad de la Iglesia de Gales en 1893, 1895 y 1912 se enfrentaron a 5200, 4608 y 9832 peticiones respectivamente. Estas peticiones contenían a su vez 1,2, 1,3 y 2,3 millones de firmas, siendo la última cifra una de las más altas en cualquier asunto entre 1780 y 1918^[35]. En una época tan tardía como la eduardiana, los peticionarios siguieron movilizándose por toda una variedad de causas en defensa del protestantismo. Por ejemplo, en 1906 el Consejo de la Federación Imperial Protestante redactó una petición al rey Eduardo VII para que no diera su consentimiento al matrimonio entre la princesa Victoria Eugenia (su sobrina, y nieta de la reina Victoria) y el rey Alfonso de España, argumentando que sería necesario que fuera aceptada en la Iglesia de Roma^[36]. Como muestra esta breve exposición, las peticiones contra las reformas que socavaban la posición de las iglesias nacionales y el protestantismo en general, fueron un elemento principal de la cultura peticionaria del Reino Unido durante el largo siglo xix. Los asuntos religiosos generaron un número de peticiones y firmas comparable al de las poderosas campañas de suscripción de los movimientos reformistas.

Un segundo ejemplo de peticiones conservadoras o antirreformistas proviene de los grupos de presión de comerciantes que intentaban oponerse a cambios que, en su opinión, amenazaban sus intereses económicos. A finales del siglo xviii y comienzos del xix los partidarios de la esclavitud presentaron pocas peticiones al Parlamento. En su lugar prefirieron criticar a los abolicionistas por las peticiones colectivas que, según ellos, contenían un «lenguaje irrespetuoso» y obtenían las firmas con dudosos métodos^[37]. Los granjeros y terratenientes proteccionistas que se oponían a la campaña de los partidarios del libre comercio por la derogación de la ley de cereales que protegía la agricultura británica en la década de 1840 parecían, sin embargo, mucho más dispuestos a movilizar peticiones y firmas para competir con sus adversarios. No obstante, la apelación retórica de los peticionarios se fundamentaba en la importancia de la agricultura y no tanto en la fuerza numérica y la opinión pública^[38]. En 1849, mercaderes, navieros y otras personas relacionadas con las ciudades portuarias enviaron peticiones contra de la derogación de las leyes de navegación que protegían el comercio naval británico^[39]. La predominancia de la ideología del libre comercio y de la idea del gobierno imparcial en la cultura política británica supuso que para mediados del siglo xix las peticiones a favor de intereses económicos particulares fueran cada vez menos eficaces^[40]. Esto explica por qué, cuando los fabricantes de cerveza y los comerciantes de bebidas alcohólicas en general se enfrentaron a finales del siglo xix a poderosas campañas a nivel local a favor de la prohibición del alcohol, intentaran igualar y superar a sus contrincantes en la movilización del apoyo popular. Mientras que en 1893 los campeones de la abstinencia fueron capaces de movilizar 10 388 peticiones (con unas 680 000 firmas) a favor de una ley prohibicionista, la réplica fueron 6229 peticiones con más de 1,1 millones de firmas^[41]. Ejemplos como este permitieron al gremio sostener que no estaban defendiendo sus propios intereses, sino que, por el contrario, representaban una defensa popular de las tabernas^[42].

El tercer tipo de peticiones antirreformistas o conservadoras eran las dirigidas contra cambios constitucionales o políticos. Los principales cambios constitucionales a los que los peticionarios conservadores se oponían eran aquellos que amenazaran la relación entre la Iglesia y el Estado, como ya hemos visto. El número y volumen de campañas peticionarias contra las reformas políticas fue sorprendentemente menor. Tras la caída del Gobierno tory del duque de Wellington en 1830 y su sustitución por un Gobierno comprometido con la reforma parlamentaria, hubo peticiones y otro tipo de recogidas de firmas contra la ley de reforma de 1831-‍1832, especialmente por parte de aquellos electorados que iban a quedar privados del voto^[43]. En cambio, la segunda y tercera leyes de reforma, aprobadas en 1867 y 1884-‍1885, no provocaron la aparición de una opinión organizada contra ellas.

Cierto es que hubiera sido difícil para los partidarios tories oponerse a dichas leyes, dado que su propio Gobierno era responsable de la primera medida y sus líderes, de hecho, habían acordado la segunda medida con sus homólogos liberales como parte de un paquete de reformas^[44]. Sin embargo, la falta de oposición no se debió a que la democracia fuera vista con buenos ojos. Recientes estudios han confirmado el ambiguo espacio que ocupaba la idea de democracia en la cultura política británica, especialmente entre los políticos y comentadores de la élite, que a menudo tenían sentimientos encontrados sobre la noción de gobierno popular^[45].

Si, como los académicos revisionistas han sugerido, las reformas electorales del periodo no hubieran sido medidas democratizadoras, sino más bien intentos por definir la ciudadanía de forma restrictiva mediante la exclusión del derecho al voto de ciertos grupos como las mujeres, los trabajadores no respetables o los súbditos coloniales, entonces la ausencia de peticiones contra las reformas políticas resultaría más comprensible^[46]. Después de 1832 los debates sobre una ulterior reforma política raramente se producían entre partidarios y opositores de una reforma en sí misma, sino más bien sobre el tipo de reforma que se proponía y, más concretamente, sobre los resultados que se pensaba que iba a producir. Los estadistas tories de mediados y finales de la época victoriana, por ejemplo, se opusieron a reformas liberales que parecieran amenazar su posición electoral. Al tiempo, diseñaban sus propias medidas que, aseguraban, reforzarían a las instituciones del Estado^[47].

Hay dos importantes excepciones en la ausencia general de peticiones conservadoras contra las reformas políticas: la oposición a un Parlamento irlandés y el antisufragismo. La posibilidad de restablecer un Parlamento propio para Irlanda provocaría una resistencia colectiva masiva en forma de peticiones. Se presentaron unas 1532 peticiones, con casi 450 000 firmas, contra la primera Ley de Autonomía para Irlanda de Gladstone en 1886. A su vez, la segunda propuesta de ley, de 1893, tuvo en contra 3385 peticiones con más de un millón de firmas^[48]. Los antisufragistas demostraron también ser unos entusiastas peticionarios, incluso cuando sus rivales, las activistas por el sufragio femenino, estaban dando la espalda a la estrategia de dirigir peticiones a un Parlamento que era exclusivamente masculino. Por ejemplo, en 1909 se presentó una única petición colectiva, con más de 337 000 firmas, contra el sufragio femenino en la Cámara de los Comunes^[49]. Los antisufragistas utilizaban las peticiones para demostrar la oposición o indiferencia pública al derecho de voto de las mujeres. También defendían la idea de que el Parlamento y la política pública eran esferas masculinas^[50].

Como hemos visto, buena parte de las peticiones conservadoras eran reactivas, oponiéndose a medidas propuestas por activistas o Gobiernos reformistas. La mayoría de las causas de las campañas antirreforma que revisamos en este artículo, si bien pudieron tener éxito a corto plazo, a la larga se revelaron perdedoras. La notable excepción la representaría la resistencia de los comerciantes de bebidas alcohólicas a la legislación prohibicionista. Una vez que las reformas se aprobaban, los peticionarios conservadores no pedían que se restaurase el statu quo ante, a excepción de los ultraprotestantes que continuaron haciendo campaña por la derogación de la Maynooth College Act hasta bien entrada la década de 1860. Sin embargo, sería erróneo juzgar la importancia de la actividad peticionaria conservadora teniendo en cuenta únicamente su éxito a la hora de evitar la aprobación de reformas. Aparte del volumen hay otras razones por las que las peticiones conservadoras se convirtieron en un importante elemento en la construcción de la moderna cultura política británica durante el largo siglo xix, como explicaremos a continuación.

III. Identidades conservadoras[Subir]

La práctica peticionaria siguió siendo clave para los movimientos conservadores que se estudian en este artículo porque la firma de peticiones era un mecanismo crucial para la formación y movilización de identidades colectivas en la esfera pública^[51]. Un ejemplo del papel que tuvo la cultura de la suscripción (es decir, firmar de forma nominal) en la formación de la identidad del Partido Conservador es cómo se adaptó la tradición de las exposiciones de lealtad en el siglo xix. Desde el inicio de la Edad Moderna había existido una larga tradición de suscribir en público exposiciones de lealtad (peticiones aclamatorias) dirigidas al monarca^[52]. Con el tiempo, esta tradición se fue adaptando a los propósitos partidistas con exposiciones dirigidas a los líderes tories (al mismo tiempo o en lugar de al monarca). Un buen ejemplo de esta adaptación fue la plétora de escritos dirigidos a Guillermo IV, a finales de 1834, apoyando la destitución del Gobierno whig y el nombramiento del líder conservador, sir Robert Peel, como primer ministro^[53]. Cuando el Gobierno de Peel dimitió tras la derrota en la Cámara de los Comunes en abril de 1835, recibió exposiciones de seguidores de todo el país^[54]. Además, se convirtió en una práctica frecuente que las bases tories enviaran escritos a los líderes del partido, así como a sus representantes locales en el Parlamento, apoyando su proceder y expresándoles su lealtad. Por ejemplo, cuando Benjamin Disraeli habló en Mánchester en abril de 1872, le ofrecieron 124 exposiciones de asociaciones tories y logias orangistas.

En otros casos, las peticiones al Parlamento sacaron a la arena pública a grupos e identidades preexistentes, buscando otorgarles influencia política. Por ejemplo, las campañas peticionarias en defensa de la Iglesia y el protestantismo movilizaban con frecuencia a las comunidades confesionales. De alrededor de mil peticiones en apoyo a la Iglesia de Inglaterra que hubo en 1834, unas 249 provinieron de «ministros (religiosos) y habitantes», y otras 90 de «ministros y congregaciones». En total, cerca de dos tercios de las identidades colectivas de los peticionarios en este tema reflejaban identidades religiosas, congregaciones o la implicación del clero^[55]. Una vez movilizados en un tema público, estas comunidades confesionales no tardaban en presentar una petición sobre otros temas relacionados. Por poner tan solo un ejemplo de cómo los anglicanos en una localidad utilizaron la actividad peticionaria como una forma de movilizar identidades confesionales en cuestiones públicas, 32 firmantes en 1834, entre los que se encontraba el ministro, los administradores de la iglesia y numerosos residentes de Colne Engaine (Essex) redactaron una petición contra las medidas a favor de los disidentes protestantes. En 1845, una petición contra de la dotación Maynooth contaba con 33 firmantes de Colne (entre ellos el párroco y los parroquianos), mientras que en 1856 nueve habitantes «laicos y del clero» de esa misma localidad expresaron su oposición a la abolición de las tasas eclesiásticas^[56]. Por lo tanto, podemos ver cómo los anglicanos de una comunidad concreta se implicaban en repetidas ocasiones en peticiones colectivas sobre cuestiones religiosas, reafirmando así su identidad confesional. El acto individual de firmar una petición ofrecía una manera de reafirmar públicamente y de forma repetida la identidad religiosa colectiva.

Es fácil encontrar ejemplos en los que una petición permitía la expresión pública de una identidad colectiva preexistente, como es el caso de las comunidades religiosas, aunque hay otras situaciones en que las peticiones conformaban y catalizaban nuevas identidades. Hubo muchas peticiones en contra de la derogación de las leyes de cereales provenientes de zonas rurales. Diversos grupos, especialmente granjeros y terratenientes, fueron cruciales en la creación del «interés agrícola» como entidad colectiva. Como ha sugerido Daniel Carpenter, las recogidas de firmas para peticiones eran, y a menudo siguen siendo, fundacionales para la creación de organizaciones políticas más formales^[57]. En este caso, las peticiones sirvieron para la creación de un poderoso «interés agrícola», ante la ausencia de una organización más formalizada.

Por poner otro ejemplo, estudios en Norteamérica e Inglaterra han demostrado cómo las campañas que solicitaban firmas a favor de causas como el movimiento antiesclavista fueron cruciales en el surgimiento de una identidad política femenina a comienzos del siglo xix^[58]. Sin embargo, también tenemos ejemplos de mujeres firmando peticiones para campañas conservadoras. Por decirlo de otra manera, las campañas peticionarias conservadoras también podían catalizar el surgimiento de identidades políticas femeninas^[59]. Por ejemplo, 149 parroquianas de Queensborough (Kent) en 1834 firmaron una petición en apoyo a la Iglesia de Inglaterra^[60]. En 1845, 100 mujeres residentes en Trowse (Norfolk) formularon una petición contra la dotación Maynooth, mientras que 430 vecinas de Matlock (Derbyshire) en 1851 firmaron una petición para rechazar las intrusiones de la «Iglesia de Roma»^[61]. En 1868, 91 mujeres residentes en Hovingham (Yorkshire) firmaron una petición contra la pérdida de oficialidad de la Iglesia de Irlanda^[62]. En todos estos casos las mujeres se movilizaron, no como miembros de congregaciones religiosas, sino como actores políticos públicos independientes. Las campañas peticionarias contra las reformas contribuyeron, tanto como las campañas a favor, a la entrada en escena de las mujeres como participantes activas en la cultura política, por más que no dispusieran del derecho al voto. En 1893 casi 20 000 «mujeres del Ulster» firmaron una petición contra el autogobierno para Irlanda. La experiencia catalizó el activismo femenino unionista, abriendo la posibilidad de presentar a las mujeres de Irlanda del Norte como un actor político colectivo^[63].

IV. Prácticas peticionarias[Subir]

Los peticionarios conservadores a menudo se definían a sí mismos frente a sus adversarios enfatizando, en la comparación con los reformistas y los movimientos sociales progresistas, su diferente enfoque sobre la petición. Un discurso general sobre lo que era una forma legítima o no de realizar una petición era común a muchos sistemas de gobierno del siglo xix^[64]. En resumen, las controversias sobre las peticiones eran, en última instancia, una lucha por la legitimidad en la reclamación de representatividad de los diferentes peticionarios: ¿eran genuinas dichas reivindicaciones?, ¿reflejaban de forma precisa las opiniones de los grupos y los lugares que afirmaban representar?^[65] Y, por supuesto, ¿qué peso deberían tener para los parlamentarios las reivindicaciones de los diferentes tipos de petición y peticionario? Alexander Beresford-Hope, parlamentario conservador y prominente antisufragista, defendió en 1870 que «es mucho más difícil obtener peticiones de la gente que no quiere cambios que de la gente que sí los quiere»^[66]. Mientras que los movimientos reformistas, radicales y progresistas de muchos países intentaban fundamentar a menudo su reclamación de representatividad en los números, los conservadores intentaban desacreditar la legitimidad de sus adversarios y argumentaban que sus peticiones merecían una mayor consideración por toda una serie de razones en las que entraremos a continuación^[67].

Los conservadores realizaron toda una serie de críticas a la práctica peticionaria de sus adversarios. En primer lugar, establecían una clara distinción entre recurrir de forma legítima a la autoridad e intentar intimidar al Parlamento, especialmente a finales del siglo xviii y comienzos del xix, cuando la petición colectiva quedó asociada a la idea de la soberanía popular. Incluso algunos parlamentarios expresaron en alguna ocasión estos puntos de vista. Por ejemplo, en 1870 William Burrel se quejó en la Cámara de los Comunes de que las peticiones de reforma organizadas por la Yorkshire Association iban «claramente dirigidas a destruir la independencia del Parlamento, maniatando a los miembros del mismo a ciertas medidas»^[68]. Por poner otro ejemplo, un diputado tory de Mánchester protestaba en 1827 por las peticiones irlandesas a favor de la emancipación católica diciendo: «En la solicitud se puede escuchar la voz del país y debería ser escuchada con atención y respeto, pero el momento en que el Parlamento deje de ser visto como el único juez independiente, el momento en que se le permita a esta solicitud adoptar el lenguaje de la intimidación, los pilares de la seguridad nacional quedarán tocados»^[69].

La insinuación era que los peticionarios deberían dirigirse a la autoridad con un lenguaje respetuoso con la intención de que se escucharan sus reclamaciones, y no desafiar la independencia del Parlamento en su toma de decisiones, pretendiendo dictar políticas o exigir cambios. Los conservadores se lamentaron en alguna ocasión de haber sido ignorados por haber sido demasiado respetuosos con la autoridad, no como sus adversarios. Un protestante de Exeter se quejaba así durante las acciones contra Maynooth en 1845: «Los respetuosos escritos que dirigimos al Parlamento son, siento decirlo, ignorados en gran medida. ¿Y por qué sucede esto? Si se me permite elogiarnos, quizás debería decir que porque somos gente tranquila, decente y respetable»^[70].

En segundo lugar, los conservadores británicos, al igual que los de otros países, tendían a establecer una distinción entre la calidad y la cantidad de las firmas que llevaban las peticiones^[71]. Un mayor número de firmas no significaba que una petición debiera tener más peso frente a la autoridad, ya que ese peso debía depender de la naturaleza de los peticionarios. Como lo expresó abiertamente el periódico tory John Bull en 1820: «Diez estibadores de carbón irlandeses ocuparían más espacio al final de una petición que sir William Scott», dando a entender que las firmas de hombres respetables, ilustres o propietarios deberían tener más peso en las deliberaciones del Parlamento que los números^[72]. Los proteccionistas y grupos de presión a favor de la esclavitud a principios del siglo xix defendieron un argumento relacionado con este, afirmando que el punto de vista de aquellos con intereses económicos directos en la cuestión debería tener más peso para los parlamentarios que el de aquellos que no los tuvieran. No es coincidencia que en las peticiones para el mantenimiento de la ley de los cereales con frecuencia se indicara que provenían de los «propietarios y arrendatarios de tierras» de una localidad concreta, ya que esto enfatizaba el profundo interés que tenían los peticionarios por la agricultura, en contraste con los defensores del libre comercio, que en su mayor parte provenían de zonas urbanas^[73].

Las peticiones conservadoras no solo hacían hincapié en la calidad y respetabilidad de sus firmantes, sino que, como era común en toda Europa y Norteamérica, también intentaban desacreditar a sus rivales^[74]. En un comentario de 1820 sobre un escrito radical a favor de la reina Carolina proveniente de Barnard Castle, condado de Durham, un corresponsal local señaló que la población total de la ciudad era de 200 habitantes, niños, mujeres y pobres incluidos, que no «pintaban nada» firmando peticiones^[75]. En la década de 1840 los proteccionistas protestaron con vehemencia porque en Bridport se inducía a los niños a que firmaran las peticiones en contra de la ley de cereales, ofreciéndoles pasteles^[76].

En tercer lugar, los conservadores a menudo acusaban a las peticiones de sus adversarios de no ser verdaderamente representativas de la opinión popular, ya fuera nacional o local. Las campañas peticionaras colectivas reformistas eran producto de asociaciones políticas y de agitadores y no de un sentimiento común genuino^[77]. Por ejemplo, Robert Vansittart, ministro de Hacienda, criticando las reformas radicales en 1817 declaró que «dejaría que la Cámara juzgase hasta qué punto estas peticiones debían ser consideradas como la voz genuina y auténtica de sus peticionarios, o hasta qué punto eran el dictado de determinados demagogos facciosos que estaban agitando la cuestión de la reforma a lo largo y ancho del país»^[78].

Las disputas sobre la representatividad de las peticiones se producían tanto a nivel local como a nivel nacional. Por ejemplo, los activistas a favor de la ley de cereales se quejaban de que las peticiones por el libre comercio eran producto de agitadores a sueldo y que no reflejaban la opinión local. Los opositores a la legislación por la abstinencia en la década de 1870 hicieron afirmaciones similares^[79].

En otros casos los conservadores desestimaban las peticiones de sus rivales basándose en un razonamiento estadístico. El reverendo ultraprotestante Hugh M’Neile sostenía que el hecho de que una petición a favor del Maynooth, proveniente de Liverpool, hubiera sido firmada únicamente por mil ciudadanos, cuando la ciudad contaba con 260 000 habitantes, demostraba que los anticatólicos suponían la aplastante mayoría de la opinión local. En 1864 el parlamentario independiente radical John Arthur Roebuck, vehemente opositor de la abstinencia, sostuvo que una petición a favor del cierre de los pubs los domingos, firmada por 13 165 personas de su electorado de Sheffield, no representaba fielmente la opinión local, ya que 24 000 trabajadores adultos habían firmado una contrapetición^[80].

En cuarto lugar, los promotores de las campañas contra diferentes reformas intentaban desacreditar a sus oponentes criticando los dudosos métodos que, según ellos, eran habituales dentro de las campañas peticionarias colectivas reformistas. Por ejemplo, los vecinos de Whitehaven se quejaron de que un escrito local dirigido a la reina Carolina en 1820 fue «publicitado a lo largo y ancho de toda la región, suplicando firmas, pidiendo firmas en los colegios, visitando tabernas noche tras noche y día tras día»^[81]. Los anticatólicos en Mánchester se quejaban en 1825 de que la petición a favor de la emancipación había sido engordada con las firmas de «un grupo de arrieros irlandeses» que «eran unos absolutos desconocidos» en la ciudad^[82]. Los proteccionistas con frecuencia alegaban que las peticiones en contra de la ley de cereales utilizaban firmas falsas u obtenidas de forma fraudulenta para inflar la lista^[83].

Mientras que las campañas de peticiones colectivas de tendencia reformista intentaban, por lo general, movilizar a un público más amplio sobre un tema concreto, los conservadores, en sus campañas peticionarias, a menudo preferían trabajar a través de instituciones o cuerpos preexistentes, lo que, según ellos, era más acorde con el decoro constitucional que los métodos de sus adversarios. En los asuntos económicos, las juntas de comercio servían para articular la legitimidad de intereses concretos.

Aunque ocasionalmente se asociaban para temas concretos, a menudo los peticionarios conservadores preferían utilizar estructuras informales como las redes clientelares de los grandes terratenientes. En respuesta a las quejas de los proteccionistas sobre sus métodos, la Anti-Corn Law League (liga en contra de la ley de cereales) alegaba que la mayoría de las peticiones a favor de la ley de cereales, especialmente en las zonas rurales, eran movilizadas por agentes de los terratenientes, aprovechándose de su enorme influencia sobre los granjeros arrendatarios para coaccionarles a que firmaran^[84]. En áreas concretas algunas personalidades poderosas apadrinaron las peticiones conservadoras. Por ejemplo, en las décadas de 1830 y 1840 el muy reaccionario 4.º duque de Newcastle, uno de los mayores terratenientes del condado de Nottinghamshire, no solo presentó las peticiones al Parlamento, sino que mantuvo una correspondencia regular con los organizadores de la recogida de firmas^[85]. En 1893, lady Antrim organizó una petición de mujeres en contra de la autonomía para Irlanda desde el condado de Antrim, donde su familia poseía 34 000 acres^[86]. Los peticionarios conservadores también recurrían a menudo a redes religiosas para organizar la firma de peticiones. Los papeles del sacerdote John Headlam, archidiácono de Richmond en el North Riding de Yorkshire, revelan que fue él quien impulsó allí las peticiones anticatólicas y en defensa de la Iglesia en las décadas de 1820 y 1830. Mantenía correspondencia con el representante parlamentario local y recababa firmas del clero y de los vecinos en general^[87].

Con todas estas estrategias, los peticionarios conservadores diferenciaban sus peticiones de las de sus adversarios con el fin de dejar claro frente a la autoridad y el público en general la autenticidad y legitimidad de su representatividad. Las campañas peticionarias conservadoras, como hemos podido ver, también desplegaron prácticas ligeramente distintas, como la preferencia que mostraban por utilizar redes y organismos preexistentes como agentes de movilización en lugar de crear asociaciones dedicadas específicamente a un tema; eran también reticentes a depender únicamente de los números para medir su importancia. Esta era la manera, por lo tanto, que tenían los conservadores para negociar su participación en la emergente política de masas y ofrecer un enfoque alternativo a la movilización y la participación política, diferente del modelo clásico liderado y perfeccionado por los movimientos de reforma progresistas.

V. Politización de las masas[Subir]

Hemos visto cómo la actividad peticionaria conservadora, al oponerse a las reformas que parecían amenazar el estatus de las iglesias nacionales o del protestantismo, así como por intereses económicos, generó buena parte del volumen de peticiones que la Cámara de los Comunes recibió durante el siglo xix. Estas peticiones sumaban, en conjunto, millones de firmas. Aunque la historia de la política popular del siglo xix a menudo se ha interpretado a través del prisma de las impresionantes movilizaciones de campañas como la de la lucha contra la esclavitud o el cartismo, es evidente que los movimientos contrapeticionarios estudiados en este artículo también contribuyeron a la politización de las masas que experimentó el Reino Unido. Este estudio, por tanto, subraya que la petición era una tecnología neutra que pudo ser usada y adaptada por todas las franjas del espectro político.

Las campañas progresistas o reformistas en el Reino Unido o en otros sistemas de gobierno, como el de los Países Bajos, los EE. UU. o Canadá^[88], pueden haber sido los principales innovadores a la hora de desarrollar el incipiente repertorio de peticiones colectivas, pero como este artículo muestra, los conservadores contribuyeron a la institucionalización y difusión de la actividad peticionaria a través de sus repetidas movilizaciones. El hecho de que estas campañas tuvieran o no éxito a la hora de bloquear reformas es menos importante que ayudaron a incorporar la participación política colectiva en la cultura política del Reino Unido mucho antes de la introducción del derecho democrático al voto. La aparente paradoja de que las campañas peticionarias conservadoras ampliaran y extendieran las culturas de participación política podría verse incluso como una importante parte de la gradual democratización que tuvo lugar en el Reino Unido y en otros países durante el siglo xix. La actividad peticionaria conservadora promovió una participación más amplia, lo que quizás contrariaba las ideas conservadoras, al tiempo que permitió a los conservadores impugnar la afirmación de sus adversarios de hablar en nombre del pueblo. Los conservadores en el Reino Unido, al igual que en otros países como España, buscaban así enfrentarse a las demandas de soberanía popular expresadas por los peticionarios y asociaciones políticas reformistas, defendiendo en cambio la autoridad de las instituciones políticas tradicionales^[89].

Aunque los peticionarios conservadores a menudo fracasaron en su intento por impedir los cambios, las peticiones sí sirvieron como importantes centros de oposición a las reformas en la época, especialmente si tenemos en cuenta que entre 1830 y 1886 la política, en lo referente al Parlamento y al gobierno, estaba dominada mayoritariamente por la influencia liberal^[90]. Dado que había pocas elecciones y que durante este periodo el Partido Conservador a menudo no disponía de fuerza suficiente, las peticiones proporcionaban una alternativa y un medio efectivo de movilizar la opinión contra las reformas. También representaban y hacían valer en público diferentes identidades colectivas, especialmente las religiosas. Los conservadores, sin embargo, eran conscientes de que un combate medido por los números era un enfrentamiento con muchos visos de perderse. Por ello, aunque intentaran movilizar un cada vez mayor número de firmas en sus campañas peticionarias, también diferenciaban y legitimaban su reivindicación de representatividad haciendo énfasis en la calidad de sus firmantes y en la respetabilidad de sus posiciones. Esta ambigüedad nos indica la tensión que había entre un principio básico de muchas campañas conservadoras —la aversión por la participación de las masas en la política— y su práctica, por la necesidad de mostrar el apoyo público a sus objetivos. Como hemos visto, estas tensiones y recelos quizás evitaran que los conservadores abrazaran plenamente todas las posibilidades y todo el potencial de las peticiones colectivas, aunque la actividad peticionaria les proporcionaba una manera de reconciliar parcialmente sus ideas con la práctica. Sea cual fuese su opinión sobre la democracia y el gobierno popular, las peticiones abrieron a conservadores de diferentes tipos una puerta para tornarse participantes activos en la política de masas.