EL ARTE DE SABER DURAR… SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS PODERES LOCALES EN LA GALICIA RURAL ENTRE FRANQUISMO Y DEMOCRACIA (1973-‍1979)

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

El objetivo de este trabajo es realizar una aproximación historiográfica a lo que hasta el presente ha sido un lugar común en la memoria colectiva y en los debates de la opinión pública en Galicia: que una parte significativa de las autoridades políticas locales y provinciales franquistas, así como de las élites socioeconómicas vinculadas con la dictadura, consiguieron —durante la Transición— labrarse un futuro político que se proyectó sobre las primeras décadas del periodo democrático y que, bajo formas específicas de uso patrimonial del poder político, ligadas a la gestión del territorio, de sus instituciones y de sus recursos, ha llegado en algunos casos hasta la actualidad.

Sin ser un territorio por completo inexplorado, la cuestión de la continuidad–discontinuidad de las élites políticas periféricas (locales y provinciales) entre la dictadura franquista y el actual régimen democrático ofrece todavía amplias posibilidades de investigación, tanto en lo que respecta a la relación —tal vez menos unidireccional de lo que con frecuencia se ha venido afirmando— entre las élites ubicadas en los centros de decisión del sistema político durante los años finales del franquismo y la Transición (Presidencia del Gobierno, Ministerio de Gobernación) y sus congéneres locales, como en la caracterización de las diversas formas en que este proceso se materializó en los contextos locales o el papel que tanto las viejas como las nuevas élites jugaron en la construcción de las organizaciones políticas democráticas^‍‍[1]. La cuestión conecta además con debates historiográficos de mayor espectro, como el que desde hace ya varios años revisa las interpretaciones tradicionales de los procesos de politización y democratización del mundo rural español, si bien estas investigaciones se han centrado preferentemente en el análisis de las formas de ejercicio y disputa del poder en el mundo local rural de la Restauración^‍‍[2]. En el marco de estas coordenadas historiográficas se sitúa la propuesta de investigación que presentamos en este artículo.

Estos presupuestos de partida han exigido un enfoque novedoso, capaz de «poner rostros» al proceso y explicarlo a través de la reconstrucción de algunas trayectorias políticas individuales, en una muestra amplia de municipios de Pontevedra y Ourense^‍‍[3], las dos provincias del sur de Galicia, cuyos municipios rurales se caracterizaban a finales de la década de 1970 —con la excepción de la franja costera pontevedresa— por la gran fragmentación de la propiedad de la tierra, por el elevado número de explotaciones agrarias, el impacto demográfico de la emigración a Centroeuropa, el envejecimiento de la población y el peso de los subsidios (pensiones) en la conformación de las rentas familiares^‍‍[4].

Hemos optado por una metodología prosopográfica en la que la combinación de tres tipos de fuentes —hemerográficas, archivísticas y orales— enriquece y matiza el análisis «macro» de la documentación electoral disponible^‍‍[5]. Tres procesos electorales (los comicios municipales de 1973 y 1979 y las elecciones a Cámaras Agrarias de 1978), con sus características propias, funcionan como marcos contextuales de la investigación. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la cuestión de la continuidad de las élites políticas locales entre ambos regímenes va mucho más allá de la interpretación de las dinámicas electorales. Por ello esta investigación pone un mayor énfasis en el análisis histórico de aquellos mecanismos políticos y sociales que habrían facilitado ese proceso.

II. LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA TRANSICIÓN: UNA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD[Subir]

Para comprender la continuidad de las élites locales en el sur de Galicia entre el franquismo y el periodo democrático es necesario hacer referencia a los distintos procesos electorales municipales que, al menos desde 1976, guardaron estrecha relación con la expansión territorial de los partidos de derecha y centro-derecha.

Sin embargo, el primero de los procesos electorales a analizar es la renovación de las corporaciones locales de 1973, concretamente la renovación de los tercios familiar y sindical. A pesar de que estas elecciones se celebraron antes de la muerte de Franco, tendrán una gran importancia para el proceso de transición local, puesto que los concejales elegidos fueron los responsables de nombrar a los alcaldes que dirigirían los ayuntamientos hasta las elecciones municipales de 1979.

Así, las elecciones de 1973 se realizaron siguiendo el principio de «democracia orgánica», donde únicamente el llamado «tercio de representación familiar» sería sometido a votación^‍‍[6], en un proceso caracterizado por su marcado control estatal. Elementos como las interferencias del Régimen en los canales de elección^‍‍[7] o los requisitos necesarios para la presentación de candidaturas, establecidos para depurar una posible participación de la oposición^‍‍[8], convertían estas elecciones en un «mero trámite administrativo para renovar el personal político del franquismo»^‍‍[9]. De todo ello se desprende que, para las elecciones de 1973 en Galicia, únicamente se cuantificase un 0,2 % de candidatos considerados como «desafectos»^‍‍[10], siguiendo la tónica de otros lugares del Estado^‍‍[11].

Serán estas corporaciones, caracterizadas por su afinidad al Régimen, las encargadas de dirigir la vida local hasta las elecciones municipales de 1979, con la elección de alcaldes de 1976 como única novedad. A pesar de que el proceso de renovación de alcaldías se realizaba tras la muerte del dictador, sus bases legislativas continuaban ancladas en los principios de la democracia orgánica^‍‍[12] bajo la que los requisitos para ser candidato no permitían la expresión política de la oposición^‍‍[13].

La elección de alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales se celebró en enero de 1976, en un contexto crítico para las élites políticas del Régimen, que intentaron retrasar lo máximo posible la llegada del sufragio universal a los municipios una vez muerto el caudillo. En realidad, estas elecciones no tenían otra intención que mantener al frente de los ayuntamientos a individuos adeptos al Régimen^‍‍[14], ya que la tónica general fue la reelección de personas que ostentaban la alcaldía con anterioridad^‍‍[15]. Concretamente, en la provincia de Ourense, 35 de las 45 alcaldías elegidas en 1976 no cambiaron de regidor, mientras que en Pontevedra 17 de los 29 municipios que celebraron elecciones mantuvieron al anterior alcalde en el cargo.

Junto con esto, se advierten movimientos de alcaldes en algunas corporaciones locales que señalan un relevo hacia nuevas élites con una experiencia forjada en instituciones como las estructuras del Movimiento, la Organización Sindical o los propios ayuntamientos, siguiendo con el carácter continuista señalado por algunos autores^‍‍[16].

En algunas ocasiones dichos relevos eran pactados entre el alcalde saliente y el nuevo candidato, lo que explica que para la elección de alcaldes en Pontevedra tres individuos que ya eran alcaldes no se presentaran, al igual que otros siete en la provincia de Ourense.

A través de la fuente oral y la prensa es posible documentar testimonios de estos pactos, como ocurre en el municipio de Meaño (Pontevedra), donde el alcalde elegido en 1976 —que se mantuvo en el cargo hasta 1991—, Germán Rodiño, afirmaba haber sido llamado a la política por el anterior alcalde, Marcelino Torres^‍‍[17]. Otro ejemplo lo encontramos en el Ayuntamiento pontevedrés de Salceda de Caselas a través de la entrevista realizada a quien fue su alcalde entre 1976 y 2007: «Yo recuerdo que había hablado con el anterior alcalde, que era un señor militar que ya tenía muchos años... setenta años o así... muy buena persona. Y le dije: Don Manuel, ¿usted va a presentar la candidatura? No, no, ya estoy cansado... Pues entonces voy a presentarla yo. Yo ya había adquirido un poco de experiencia»^‍‍[18].

Los perfiles de Germán Rodiño y José Manuel Fernández coinciden con la dinámica de continuidad descrita, ya que el primero contaba con una amplia carrera en la Organización Sindical^‍‍[19], y el segundo era el secretario local de la Hermandad de Labradores, pero lo cierto es que para la provincia de Pontevedra, 12 de los 13 candidatos elegidos que no ostentaban la alcaldía con anterioridad a 1976 eran concejales.

Teniendo esto en cuenta podemos entender el proceso de elección de concejales de 1973 y el de alcaldes de 1976 como la reorganización de las élites políticas del Régimen para gestionar desde posiciones de privilegio su continuidad en el nuevo espacio político que se abría con la muerte del dictador^‍‍[20]. Este acceso a la alcaldía facilitó el contacto comarcal y provincial con las redes de los protopartidos políticos que se encontraban en pleno proceso de construcción e implantación territorial, lo que les proporcionaría una estructura organizativa sólida para garantizar la citada continuidad^‍‍[21]. En cualquier caso, las estrategias diseñadas para asegurar la continuidad de las élites políticas locales y provinciales del franquismo no se pueden desvincular (más bien al contrario) del proceso de reacomodo de aquellas otras élites que ocupaban posiciones de privilegio en el centro del sistema político. Como es bien conocido, la utilización de las estructuras político institucionales del Estado, destacadamente de los gobiernos civiles, fue decisiva para la conformación de las primeras listas electorales de UCD y para la propia construcción de la estructura del partido en las provincias (más que en las regiones)^‍‍[22]. En Galicia, este papel de enlaces lo llevaron a cabo destacados miembros de la Administración Suárez, como Cabanillas, Pérez Puga, González Seara, Moro, Rof o Meilán Gil, que en ocasiones eran también la cabeza visible de redes que se encontraban en pleno proceso de articulación (y competencia) a nivel provincial.

Ello no implica, sin embargo, que la dinámica de las organizaciones locales y provinciales viniese siempre dictada por el centro, sino que hubo una enorme variabilidad de situaciones, derivada de los equilibrios de poder previos, de los muy cambiantes alineamientos de las élites locales y, finalmente, de la naturaleza instrumental del partido, rasgo que compartían tanto su centro como su periferia, y que acompañará a la organización hasta su desaparición en 1983.

Un ejemplo claro de esta reorganización se observa en la continuidad en periodo democrático de los alcaldes elegidos en 1976. Para la provincia de Pontevedra contamos con doce regidores que volvieron a ser elegidos pese al cambio de régimen, de los cuales siete se presentaron bajo las siglas de UCD y cinco con una Agrupación de Electores (AE), aunque estos últimos acabaron confluyendo en 1983 en la llamada Coalición Popular, la marca electoral de Alianza Popular para las citadas elecciones.

Para el caso de Ourense llama la atención que de los veintidós alcaldes elegidos en 1976 que volvieron a serlo en 1979, veinte se presentaron en las municipales democráticas por UCD, mientras que dos lo hicieron con Coalición Democrática (CD)^‍‍[23], la marca electoral para las municipales de 1979 de la Alianza Popular de Manuel Fraga.

Esta interpretación resulta coherente con el análisis cuantitativo de la continuidad de las élites «neocensitarias»^‍‍[24]en las elecciones municipales de 1979, que se extiende a la totalidad de individuos que formaban parte de las corporaciones municipales. En las provincias de Ourense y Pontevedra la tasa de continuidad fue de un 22,8 % y 15,5 % respectivamente, una cifra superior a la media gallega del 12,1 % o a la andaluza (del 6,1 %)^‍‍[25].

Los datos resultan más expresivos si centramos el análisis en los individuos elegidos alcaldes en 1979, que habían sido alcaldes, concejales —algunos serían nombrados alcaldes en 1976—o candidatos en 1973; pues el porcentaje de continuidad supera el 50 % en ambas provincias (57 % en Pontevedra y 55 % en Ourense). Los principales partidos de destino de estas élites «neocensitarias» fueron UCD y CD, seguidos de las Agrupaciones de Electores. La tasa de nuevos alcaldes se mantuvo en todas estas organizaciones por debajo del 50 %.

Con todo, si tomamos como referencia el porcentaje de municipios gallegos en cuyas corporaciones democráticas (1979) permanecía por lo menos un mandato (alcalde o concejal) procedente de 1973, la ratio se dispara hasta el 78,2 %, alcanzando precisamente Ourense el mayor índice de continuidad entre las provincias gallegas^‍‍[26].

Otro hito importante en la expansión territorial de las nuevas estructuras partidistas en el agro gallego fueron las elecciones a Cámaras Agrarias, sobre todo en lo que respecta a UCD. Dichas elecciones se celebraron el 20 de mayo de 1978 con el fin de renovar las juntas directivas de las Cámaras Agrarias locales y provinciales, organismos surgidos de la transformación de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos y de las Cámaras Oficiales Sindicales Agrícolas (COSA), permitiendo la representación de los distintos sindicatos agrarios legalizados por el decreto de libertad sindical de 1 de abril de 1977.

Las elecciones a Cámaras Agrarias en las provincias del sur de Galicia —al igual que en el resto del Estado— estuvieron marcadas por una escasa participación (26,95 % del censo en Ourense y 25,28 % en Pontevedra) y la victoria de las candidaturas —formalmente «independientes»— de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Pontevedra (AGAP) y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Ourense (AAGO)^‍‍[27]. En el caso de Pontevedra, AGAP presentó candidaturas en los 63 ayuntamientos de la provincia, una cifra muy superior a la segunda fuerza sindical provincial, la Confederación Sindical de Sociedades Agrarias (SSAA) vinculada al Partido Comunista de Galicia (PCG), que únicamente lo hizo en 29 municipios^‍‍[28]. Esta expansión territorial de las candidaturas «independientes» se correspondía con el intento de UCD de ganar tejido social en el mundo rural de cara a los futuros comicios, empleando para ello la preexistente estructura institucional del sindicalismo vertical en el campo^‍‍[29]. En Pontevedra, un 4,3 % de los candidatos a las elecciones municipales en 1979 lo habían sido un año antes en los comicios a Cámaras Agrarias^‍‍[30].

En esta misma provincia en la creación de AGAP confluyeron dirigentes del sindicalismo vertical, cargos políticos locales, representantes de intereses agroindustriales y un grupo de jóvenes empresarios propietarios de modernas explotaciones ganaderas (granjas de cría intensiva de terneros).

Un informe sobre las elecciones a Cámaras Agrarias elaborado por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y filtrado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) a finales de 1978 afirmaba que muchos de los candidatos habían sido promovidos con fines políticos por antiguos presidentes de Cámaras Agrarias y gobernadores civiles, ofreciendo la estimación de que cerca de 50 000 de los vocales electos en todo el Estado estaban vinculados políticamente con UCD^‍‍[33]. A pesar de las dudas que nos suscita el método empleado para realizar esta relación, el predominio político de UCD en las elecciones a Cámaras Agrarias queda corroborado en las provincias de Pontevedra y Ourense si atendemos a la expansión de AGAP y AAGO.

Dichas organizaciones se integraron a finales de 1978 en la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), herramienta utilizada por diversos grupos incrustados en el aparato del Estado con el fin de preservar sus intereses sectoriales/económicos al tiempo que se contrarrestaba el creciente sindicalismo agrario de izquierdas y nacionalista. La proliferación de asociaciones y candidaturas «independientes» reflejaba las estrategias de personalidades políticas del reformismo franquista por crearse su propia base de apoyo en el medio rural^‍‍[34].

A pesar de que las elecciones a Cámaras Agrarias despertaron poco interés en los electores, como muestra la baja participación —debido en parte a las escasas atribuciones de los nuevos organismos^‍‍[35]—, no estuvieron exentas de mecanismos de control del voto^‍‍[36]. Este hecho demuestra un interés subyacente por las mismas que se resume en una afirmación de José Castro, alcalde de Ponteareas (Pontevedra) en 1978: «Si tú tenías influencia en las Cámaras Agrarias… ¡Barríamos!»^‍‍[37].

A finales de 1978 habían sido elegidas por sufragio universal las Cortes Constituyentes, los organismos preautonómicos^‍‍[38] y parte de la estructura sindical en las elecciones a Cámaras Agrarias. Tras la aprobación de la Carta Magna en el referéndum de diciembre, el siguiente paso debía ser la elección democrática de las corporaciones locales, en las que todavía permanecían los concejales proclamados por el sistema franquista en 1973. Además, desde las elecciones legislativas de 1977 la democratización municipal y provincial fue uno de los caballos de batalla de las reivindicaciones de distintos sectores de la sociedad civil; expresada en constantes peticiones al Gobierno Suárez^‍‍[39]. Pese a todo, el Ejecutivo retrasó de forma deliberada la convocatoria en beneficio de sus intereses políticos, pues el triunfo de UCD en el referéndum constitucional predecía un éxito de la formación en unas nuevas legislativas, cuyo resultado podría a su vez influir favorablemente en los comicios locales^‍‍[40].

De esta forma, se convocaron las elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 y las municipales para el 4 de abril de ese mismo año, cumpliéndose los pronósticos del triunfo de la UCD en ambas. Tal que así, en la provincia de Pontevedra UCD obtuvo cerca de 138 000 sufragios en las elecciones generales, muy por encima del segundo partido más votado, el PSOE, que alcanzó los 49 000 votos^‍‍[41], repitiéndose el triunfo en las municipales, en las que UCD obtuvo 106 000 papeletas y el PSOE, 52 000^‍‍[42].

Como se puede comprobar en el cuadro, las elecciones municipales de 1979 supusieron un importante éxito político para UCD, aunque es necesario preguntarse hasta qué punto la celebración de las legislativas tan solo un mes antes pudo influir en los resultados.

El triunfo de UCD en las elecciones legislativas pudo ser utilizado en la campaña electoral de las municipales para ofertar favores políticos en la gestión supralocal. Un ejemplo lo encontramos en Mondariz (Pontevedra), donde tan solo dos semanas antes de las elecciones municipales el candidato de UCD utiliza la mediación del diputado Luís González Seara —elegido por la provincia en las legislativas de marzo— para conseguir un comedor escolar^‍‍[43]. Observamos aquí cómo se aprovecha la victoria en las legislativas para poner en marcha mecanismos propios del clientelismo político «clásico»^‍‍[44]. En este sentido, el empleo de la mediación o la asistencia de diputados a los mítines locales pueden ser entendidos como una forma de interconectar las redes políticas partidistas locales y comarcales —constituidas en Galicia a través de «baronías» personales— con el poder central, garantizando así el tan importante control de la política local para UCD.

III. REDES SOCIALES Y BASES MATERIALES DEL PODER LOCAL[Subir]

Como se ha mencionado, la renovación de las alcaldías en enero de 1976, la postergación de las primeras elecciones municipales democráticas a abril de 1979 (un mes después de las segundas legislativas) o la celebración en mayo de 1978 de las elecciones a Cámaras Agrarias constituyen hitos destacados de un proceso que debía garantizar la continuidad institucional de aquellos sectores de las élites políticas periféricas del Régimen más activamente implicados en el asentamiento de la estructura territorial de la UCD.

El contexto político de la Transición resulta clave para comprender el mantenimiento de estas élites al frente de las instituciones, ya que aspectos propios de la irrupción de la democracia, como la competencia electoral y las políticas de bienestar, restaban utilidad a los esquemas clásicos de readaptación clientelar^‍‍[45]. En este sentido, el nuevo periodo no acaba con la esencia del clientelismo que tantos científicos sociales definen como una «relación de intercambio desigual»^‍‍[46], pero sí obliga a replantear las pautas de esta relación en una nueva fase del mismo, definida unánimemente como «clientelismo de partido»^‍‍[47]. La principal diferencia con los sistemas clásicos de control electoral y gestión directa de los recursos^‍‍[48] radica en la utilización de un partido político como instrumento del intercambio^‍‍[49], motivo por el cual la gestión de la continuidad de ciertas élites locales y la extensión territorial de los nuevos partidos políticos constituirán procesos estrechamente relacionados.

Así, la inclusión de una red clientelar municipal en una estructura partidista amplia permitía mantener la capacidad de las élites locales de obtener recursos públicos para el municipio, importante instrumento de intercambio para lograr fidelidades políticas de los clientes^‍‍[50]. Esto permite entender la intensidad de las luchas por el control político de las diputaciones provinciales (entre cuyas atribuciones se encontraba la prestación de servicios básicos a la población de los municipios rurales), así como las resistencias políticas a la supresión de estas instituciones, probablemente redundantes en el nuevo marco de la Administración autonómica^‍‍[51].

Esta relación de reciprocidad interpersonal entre un notable local y su clientela no excluye la existencia de redes clientelares verticales, donde un patrón puede ser a su vez cliente de otro, e incluso existir redes horizontales que con intereses similares acaben creando facciones^‍‍[52].

Con todo, observamos la inclusión de las referidas élites locales del franquismo en UCD articulando el conocido sistema de «baronías». El partido liderado por Adolfo Suárez se articuló en Galicia desde la escala provincial. A su frente se situaron en cada provincia «barones» procedentes de las élites políticas del Régimen que gozaban de gran capacidad de influencia sobre sus respectivos territorios. Así, José Luis Meilán Gil en Coruña, Antonio Rosón en Lugo, Eulogio Gómez Franqueira en Ourense o Pío Cabanillas en Pontevedra, aunque el hecho de que el control de este último se ejerciese a distancia (desde el Congreso de los Diputados y la sede del partido en Madrid) dejó más abierta la disputa por el liderazgo provincial pontevedrés. En todo caso, la inexistencia de una estructura regional fuerte y cohesionada, fue el rasgo distintivo de la UCD gallega^‍‍[53].

En Galicia, la pervivencia de los cuadros políticos de la dictadura no se dirimía tan solo en el contexto de la competencia electoral con los partidos políticos y los sindicatos procedentes de la oposición antifranquista de izquierdas y nacionalista, sino que Alianza Popular (AP) y las coaliciones electorales articuladas a su alrededor (Coalición Democrática, CD) fueron un rival de primer orden dentro del campo de aquellas opciones políticas «herederas» de la dictadura. En las provincias de Pontevedra y Ourense, CD fue sin duda el principal rival de la UCD. Entre ambos partidos se situaron en 1979 numerosas candidaturas independientes, conformadas en buena medida por antiguos responsables políticos y sindicales franquistas que, a corto plazo, acabarían por integrarse en una u otra organización de la derecha política. En la decisión de incorporarse a UCD o a CD influyeron sin duda los nuevos equilibrios de poder surgidos de las elecciones generales de marzo de 1979 y de las municipales de abril.

La racionalidad de estos alineamientos se encuentra en las características del mencionado clientelismo de partido, pues la máxima de «consecución de votos por la consecución de beneficios para el pueblo»^‍‍[54] aumentaba sus posibilidades dentro de la estructura partidista que controlara los resortes del Estado. Esta dotaba al candidato de la predisposición a obtener dichos beneficios y permitiría al cliente decantarse por la opción que asegurase una fructífera reproducción de sus condiciones materiales. Es por esto que muchos individuos no votaban una ideología, sino al partido del Gobierno^‍‍[55].

A pesar de que el clientelismo de partido sustituyó paulatinamente las relaciones personales basadas en la amistad o la familia por otras definidas por su carácter instrumental^‍‍[56], el modelo clásico continuó vigente en muchos espacios rurales. Por esto, es frecuente encontrar casos donde «figuras del tardofranquismo local usaron la fórmula de agrupaciones independientes que proyectaban un discurso personalista, apolítico y más cercano al ciudadano»^‍‍[57]. Con todo, las relaciones de amistad también fueron determinantes a la hora de que clientelas locales formaran parte de las redes de los grandes partidos^‍‍[58], algo que se puede comprobar en el fuerte compromiso personal que los recién elegidos alcaldes y concejales mantenían con figuras de referencia de UCD y CD en Galicia como Pío Cabanillas Antonio Rosón, José Luis Meilán Gil, Eulogio Gómez Franqueira o Manuel Fraga (entre otros).

Nos interesa ahora identificar y explicar los mecanismos a través de los cuales aquellas personas (candidatos, responsables políticos locales, afiliados y colaboradores) que actuaron como agentes («nudos») en estas redes multirrelacionales (políticas, profesionales, sociales o familiares) lograron atraer a un muy considerable porcentaje del electorado rural del sur de Galicia, garantizando —primero— y consolidando —más adelante— la continuidad de una parte significativa de las élites políticas franquistas.

Como se ha mencionado anteriormente, la gestión de la continuidad de estos individuos está estrechamente relacionada con el retraso de las elecciones municipales de 1979, que permitió a UCD seguir utilizando los canales de comunicación y control de los entes municipales de la dictadura para una fructífera inclusión de las redes clientelares en su estructura partidista^‍‍[60]. Por ende, las élites locales y los agentes a su servicio actuaron como «conseguidores» o «gatekeepers»^‍‍[61] de los recursos precisos para el bienestar social o el desarrollo del municipio. A ello se debe la frecuencia con la que en su discurso estos individuos se apropian a título individual de mejoras municipales e incluso personales, presentando como favores lo que en un sistema de Estado de bienestar constituyen derechos universales.

Casi nada de esto se puede comprender sin conocer mínimamente la dinámica de las relaciones sociales, las condiciones materiales de vida y las estructuras del poder político en el mundo rural del final del franquismo, del que Galicia no constituye ningún caso excepcional^‍‍[62]. De igual modo, es imprescindible acercarse al perfil socioprofesional de estos agentes encargados de la movilización del voto rural.

Hemos conseguido reconstruir así el perfil de numerosos alcaldes y concejales electos^‍‍[63], pero somos conscientes de que todavía bastantes miembros de estas redes permanecen en la penumbra por el hecho de que su identidad no es recogida por las fuentes de tipo público consultadas. De hecho, la pertenencia a estas redes locales, incluso el desempeño de un papel relevante en su funcionamiento, no tiene por qué ir acompañado del ejercicio de un cargo público, dado que la influencia sobre las comunidades rurales se puede ejercer desde muy diferentes posiciones de prestigio social^‍‍[64].

Entre los que hemos identificado, no es sorprendente encontrar perfiles políticos procedentes de las estructuras institucionales del franquismo en los ámbitos municipal y comarcal. Dejando al margen su condición previa de alcaldes o concejales, es frecuente encontrar responsables locales del Movimiento y, sobre todo, cargos y trabajadores de la Organización Sindical agraria. José Castro, alcalde de Ponteareas entre 1968 y 2000, era funcionario sindical desde 1959, con destino en el Departamento de Estadística y Personal de la DNS en Madrid. En 1962 fue nombrado delegado sindical para la comarca pontevedresa de O Condado, donde destacó como impulsor del movimiento cooperativo (en especial de cooperativas para la construcción de viviendas). Su dinamismo en este campo llevó a que el delegado provincial de Sindicatos de Pontevedra propusiera al gobernador civil de la provincia, su nombramiento como alcalde^‍‍[65]. Los regidores elegidos en las municipales de 1979 en los consistorios pontevedreses de Meaño, Salceda de Caselas, Mondariz, As Neves, O Porriño, Silleda y Rodeiro procedían de la respectiva Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos (HSLG), en la cual habían por lo general desempeñado el cargo de secretario, la pieza clave en el funcionamiento administrativo de estas entidades^‍‍[66]. Sucede lo mismo en municipios ourensanos como Lobeira, Melón, Monterrei, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Taboadela, Pereiro de Aguiar o Piñor^‍‍[67]. Hay que tener en cuenta que las entidades sindicales fueron fundamentales para la reproducción y cooptación de las élites políticas franquistas en el nivel local, pues de ellas procedían los concejales del tercio sindical. En la gran mayoría de los pueblos de Ourense o Pontevedra la única institución sindical era la Hermandad.

En manos de los secretarios de Hermandad (en su condición simultánea de corresponsales locales del Instituto Nacional de Previsión, INP) estaba la gestión de los seguros sociales. Aunque la nómina era más amplia, nos interesa especialmente la gestión del seguro de vejez (pensiones) y la tramitación de las ayudas relacionadas con la salud (seguro de enfermedad y en particular consultas médicas de especialistas, intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios). En los años finales del franquismo, muchos secretarios de HSLG lograron solucionar problemas relacionados con descubiertos en las cotizaciones a la Seguridad Social agraria o, más importante, consiguieron que labradores que apenas habían cotizado lo hicieran de modo retroactivo y se asegurasen así unos ingresos regulares durante su vejez.

De este modo, las corresponsalías locales del INP se convirtieron en un mecanismo clientelar de primer orden y en un puesto óptimo para la constitución de un capital relacional que algunos secretarios de Hermandad invirtieron en una posterior carrera política local o provincial^‍‍[71].

En un contexto de infraestructuras sanitarias muy precarias, los profesionales médicos o asistenciales (practicantes, ayudantes técnicos sanitarios, ATS), gracias a su contacto frecuente, personal y de confianza con la población rural —y a las relaciones de poder y formas de deferencia que habitualmente confieren las decisiones sobre la salud de las personas— se convirtieron en elementos muy destacados de estas redes políticas: «Andaba coas papeletas no aparato da tensión para repartilas polos domicilios que visitaba. Daquela xa tiña un R5 e dicíalle á xente: ¿que ía votar? […] non vaiades andando, que vos levo, ¿non queredes cambiar esas papeletiñas?»^‍‍[72].

Entre los perfiles de alcaldes y concejales de la Transición que hemos rastreado, se encuentra con cierta frecuencia a profesionales del sector bancario (directores y empleados de sucursales rurales). Es el caso de los municipios pontevedreses de Mondariz y Pontecesures, o de los ourensanos de Xinzo de Limia, Oímbra, A Mezquita y Larouco^‍‍[73]. Las oficinas locales de las cajas de ahorros provinciales, la caja rural o algunos bancos con especial arraigo en Galicia (caso del Banco Pastor) tuvieron un papel destacado en la concesión de créditos que posibilitaron la modernización técnica de muchas explotaciones en un periodo (las décadas de 1960 y 1970) con fuertes necesidades de capitalización en la agricultura. Además, estas sucursales, a las que se acudía a cobrar la pensión o a pagar la contribución rústica, eran uno de los principales lugares de sociabilidad de los pueblos, y en ellas se establecían estrechos lazos de confianza entre directores y clientes. En este mismo nivel podemos situar a los agentes de seguros o a aquellas personas —abogados, administrativos— que, antes de la aparición de las gestorías, se dedicaban a la tramitación particular de procesos administrativos (preparación de documentación para emigrar, solicitud de ayudas, etc.)^‍‍[74].

Algunas actividades empresariales fueron en la Galicia rural plataformas de gran utilidad para tejer redes de relaciones sociales y personales que posteriormente se activaron coincidiendo con procesos electorales locales y de mayor escala. Entre los cargos políticos estudiados aparecen varios propietarios de empresas de transporte, locales o comarcales^‍‍[76]. En un territorio, como era la Galicia meridional de los años setenta, caracterizado por una intensa emigración a Centroeuropa, el envejecimiento de la población y una gran diseminación de los núcleos de población, los autobuses de línea jugaron un papel fundamental: a través de los autocares se enviaban paquetes a los familiares que residían en la ciudad, se daban recados, etc. Además, eran colaboradores necesarios para el buen desarrollo de acontecimientos con gran peso social y simbólico para las (fragmentadas) comunidades rurales locales, caso del transporte colectivo a entierros o bodas. En este mismo plano hay que situar a los taxistas (con licencia municipal o conductores particulares), decisivos para la movilidad de los vecinos. Coherentemente con el cambio en las formas de sociabilidad y en los comportamientos culturales, uno de los alcaldes analizados era propietario de una sala de fiestas, establecimientos en los que por entonces empezaron a celebrarse banquetes nupciales.

Abandonando el plano socioprofesional, hay que citar mecanismos concretos de fidelización política del electorado durante la Transición —que se proyectarán al periodo democrático— que provienen de la gestión del poder por parte de las últimas corporaciones franquistas. Nos referimos a actuaciones (selectivas) como la apertura y el asfaltado de caminos, la instalación de terminales telefónicas o del alumbrado público. Más adelante vendrían las «traídas» de agua o la recogida de la basura.

Estas redes multirrelacionales se tejieron con especial habilidad, complejidad y eficacia, en el caso de Ourense y alrededor de la figura política central de la Transición en esta provincia: Eulogio Gómez Franqueira. Hasta tal punto que las ramificaciones empresariales y políticas de esta red han sobrevivido hasta el presente.

El origen de la red de Franqueira, maestro rural, «prohombre» de la Hermandad de Castrelo de Miño y procurador en Cortes (1967-‍1977), estuvo en la creación, primero en la comarca de O Ribeiro y después a escala provincial, de un conjunto de explotaciones avícolas intensivas (granjas de pollos y de gallinas ponedoras) que con el tiempo dio lugar a una empresa de producción y transformación cárnica a gran escala: Cooperativas Orensanas (COREN). En su gestación fueron determinantes la colonización por Franqueira y su grupo de la estructura provincial del cooperativismo oficial, la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (UTECO) de Ourense, y la creación de una caja rural provincial a partir de las secciones de crédito existentes en las hermandades locales.

Nos queremos acercar en este trabajo al perfil socioprofesional de algunos de los alcaldes y concejales que fueron miembros de la red política articulada por Gómez Franqueira, que se integró durante la Transición en UCD, por la que fue elegido diputado en 1979^‍‍[78]. Aunque comparten muchos de los rasgos genéricos mencionados más arriba, la naturaleza de esta red es más netamente agraria que en el caso de las redes comarcales que hemos identificado en Pontevedra. Resulta lógico si tenemos en cuenta que en los cimientos que permitieron su construcción estaban actividades económicas directamente vinculadas al sector primario, como la ganadería industrial intensiva, la vitivinicultura cooperativa o el crédito agrario oficial^‍‍[79]. El perfil predominante entre los alcaldes de la Transición miembros de la red de Franqueira es el de propietarios de granjas avícolas integradas en COREN, muchos de los cuales eran maestros rurales o secretarios de la HSLG de su municipio, o ambas cosas a la vez. La inmensa mayoría reconocen haber instalado sus granjas persuadidos por el líder de la red. Una vez integrados, la participación en el resto de iniciativas (asociativas, políticas, empresariales) del grupo parece haberse dado de forma natural. Es importante tener en cuenta que, como en las clientelas políticas «clásicas», los nudos de la red se refuerzan a través de las relaciones de parentesco (consanguíneas o matrimoniales)^‍‍[80].

Una figura singular entre las que hemos identificado en esta red es la del pequeño empresario agrícola. Se trata de miembros que, aprovechando en ocasiones su posición en el sindicalismo agrario oficial, se convierten en representantes comerciales de firmas de fitosanitarios (sulfato), semillas, pequeña maquinaria agrícola (tractores, motocultores…) o piensos. En el caso de los piensos, el contexto de gran expansión de la avicultura intensiva fue un acicate para que algunos de estos intermediarios se convirtiesen directamente en fabricantes. Junto a ellos hay que destacar la presencia en la muestra de antiguos dirigentes del cooperativismo vitivinícola ourensano, en especial de la Cooperativa Vitivinícola y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, ambos controlados también por Franqueira^‍‍[81].

IV. CONCLUSIONES[Subir]

En trabajos precedentes hemos puesto el foco sobre la movilización política y las diversas formas de conflictividad social en la Galicia rural durante los años finales del franquismo y la Transición.

En esta ocasión, de acuerdo con nuestros objetivos de investigación actuales, nos hemos centrado en realidades tal vez menos llamativas que la acción colectiva contenciosa, pero no menos importantes para la interpretación histórica del complejo proceso de democratización del mundo rural durante la Transición. Hemos analizado de qué manera las estructuras y élites del Régimen —y con ellas determinadas prácticas propias de su cultura política— se adaptaron a un contexto sociopolítico cambiante e incierto y proyectaron con notable éxito hacia el futuro su capacidad de influencia sobre la Galicia rural.

Varios factores concurren en la explicación histórica de este proceso en Pontevedra y Ourense, las dos provincias meridionales gallegas, objeto de estudio de esta aportación.

En primer lugar, el férreo control gubernamental que acompañó todo el proceso de cambio político en los ámbitos periféricos. El mejor ejemplo de ello es el retraso deliberado de las primeras elecciones democráticas locales hasta el mes de abril de 1979. Desde su fundación en mayo de 1977, la principal opción partidista auspiciada desde las élites franquistas «reformistas», la UCD, utilizó en su provecho el conjunto de las estructuras institucionales y administrativas del Estado en municipios y provincias. Con un doble objetivo: extender al máximo su red organizativa y asegurarse el éxito en las sucesivas convocatorias electorales (y plebiscitarias) que jalonaron el periodo 1977-‍1979. Los buenos resultados obtenidos por sus candidaturas afines en las elecciones a Cámaras Agrarias de la primavera de 1978 permitieron preparar el terreno para los comicios municipales del año siguiente. Si comparamos la relevancia política que se dio a aquellas elecciones a Cámaras Agrarias con la dinámica mortecina de estas instituciones durante las décadas siguientes (hasta su extinción legal alrededor del cambio de siglo) comprenderemos mejor la importancia del uso instrumental de las instituciones al que nos referimos.

Sin embargo, no es menos cierto que, más allá del uso ventajista de las instituciones, el campo estaba bien abonado para la supervivencia de las élites políticas franquistas. Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (HSLG) y las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (COSA) en las provincias, junto con otros servicios y delegaciones del Movimiento, fueron en los pueblos, tanto en los gallegos como en los del resto del país, la más importante cantera para la formación y cooptación de aquellos cuadros políticos del Régimen llamados a ponerse al frente de ayuntamientos y diputaciones provinciales. Esta continuidad institucional fue compatible, durante la década de 1970, con una renovación generacional de las élites políticas locales procedentes del franquismo. De hecho, la «juventud» de sus cuadros, desde el Gobierno central hasta la administración periférica del Estado, fue reiteradamente utilizada por la UCD durante la Transición para diferenciarse de los sectores ultraconservadores del Régimen y de los arcaicos «valores» políticos que estos representaban.

Sin olvidar los efectos a largo plazo de la represión del asociacionismo agrario preexistente, las HSLG, encargadas por la dictadura del encuadramiento y control social de la población rural, fueron una herramienta de gran utilidad para extender la desmovilización y la apatía políticas. También para la proliferación de comportamientos corruptos y de prácticas clientelares en el marco de la gestión de la intervención de la economía agraria de posguerra o de los seguros sociales de la década de 1950 en adelante. Por tanto, una parte de los mecanismos clientelares que hemos descrito en este trabajo estaban bien engrasados y plenamente operativos al inicio de la Transición.

Estas prácticas clientelares reproducían en parte otras bien conocidas, procedentes del clientelismo político «clásico» (por denominar así al de los tiempos de la Restauración). El manejo del crédito, la tramitación de procedimientos administrativos o el cuidado de la salud de la población, serían algunos buenos ejemplos^‍‍[82].

Pero el cambio de las estructuras socioeconómicas del mundo rural a partir de la década de 1960 posibilitó una diversificación en la oferta de servicios. El acceso a los subsidios de la Seguridad Social franquista, la intermediación en la adopción por los labradores de las nuevas tecnologías e inputs de la Revolución verde o la dotación infraestructural (pistas, electrificación, teléfono…) de la miríada de núcleos rurales gallegos se convirtieron en nuevos elementos que incorporar al tradicional intercambio clientelar de bienes y servicios, potenciado por la aniquilación de las formas horizontales de organización de la sociedad civil rural y la progresiva desestructuración social (emigración) de las comunidades rurales^‍‍[83].

Algo semejante ocurrió con los perfiles socioprofesionales de los individuos que ocuparon las posiciones de vértices (patrones) y nudos (subpatrones) de las redes clientelares del final del franquismo y la Transición. Junto a roles sociales tradicionales (médicos, maestros, abogados o prestamistas) y a fórmulas de articulación de las redes bien conocidas (parentesco, relaciones profesionales, etc.), emergieron los perfiles novedosos de quienes supieron aprovechar las nuevas oportunidades abiertas tanto por la estructura institucional que el franquismo implantó en el mundo rural (hermandades, cooperativas, secciones de crédito) como por el mencionado cambio estructural del sector agrario y la sociedad rural (nuevos empresarios agrícolas o de servicios, trabajadores sociales, etc.). A la vista de lo anterior, no resulta sencillo determinar cuál es el rasgo predominante (si lo hubiere) de los individuos que vertebraron aquellas redes clientelares: si el desempeño de un cargo público (alcalde, concejal, delegado sindical, diputado provincial…) o el de un rol social que los dotaba de prestigio y ascendencia en el seno de la sociedad rural local (abogados, médicos, farmacéuticos, maestros u otros empleados públicos, empresarios agrarios, etc.). Con mucha frecuencia, ambos perfiles coinciden en un mismo individuo. En nuestro caso de estudio, la cooptación a la élite política tardofranquista se hizo, sobre todo, desde las estructurales institucionales del Régimen. En cambio, en el nuevo marco de competencia electoral de la Transición, para la puesta en marcha de los comités locales de los partidos políticos (en especial en los meses previos a las elecciones municipales de 1979) lo fundamental fue atraer a personas que contaran con un especial reconocimiento entre sus vecinos, muchas veces al margen de su afinidad ideológica^‍‍[84]. En todo caso, no se puede ignorar el hecho de que fue posible pertenecer a alguna de estas redes clientelares, o incluso ocupar una posición relevante en ellas, sin ocupar un cargo público municipal^‍‍[85].

Estas redes clientelares y sus agentes, fuertemente ancladas en la Galicia rural meridional, supieron aprovechar las nuevas oportunidades que el contexto político de la Transición y de los primeros años de la democracia les ofreció, integrándose (constituyendo, de hecho) en las estructuras locales y provinciales de partidos como UCD o CD. El nuevo «clientelismo de partido» hizo que las élites locales pudiesen mantener su capacidad para obtener recursos del Estado, de las diputaciones provinciales o, más adelante, de la incipiente administración autonómica. Recursos públicos que se siguieron gestionando de acuerdo con el funcionamiento de los preexistentes mecanismos clientelares.

Finalmente, y aunque aún no disponemos de suficiente evidencia empírica, es posible intuir otras características genéricas de aquellas élites políticas rurales de los años terminales del franquismo que se consolidaron durante la Transición y las primeras dos décadas de la democracia: su juventud (ya mencionada) y la incipiente incorporación de mujeres con cualificación profesional (maestras, enfermeras…), un nuevo actor muy dinámico en las relaciones sociales de unas comunidades cada vez más envejecidas y necesitadas de la acción asistencial del Estado.