CLAMOR Y REBELDÍA. LAS MUJERES GITANAS DURANTE EL PROYECTO DE EXTERMINIO DE 1749

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Se ha estado escribiendo la historia de España desde un punto de vista androcéntrico que ha dejado a la mitad de su población fuera del concepto de humanidad. Si a ello añadimos que hasta hace pocos años la atención a la presencia gitana ha sido prácticamente inexistente^‍‍[1], la invisibilidad de la mujer gitana resulta total. Por esta causa es imprescindible reinterpretarla y reescribirla desde las perspectivas de género y dominación, aún más cuando lo poco que se ha escrito está lleno de tópicos e imprecisiones.

Fue a finales del siglo xix cuando comenzó a despertarse un cierto interés respecto al origen y costumbres del pueblo gitano. La mujer gitana quedó representada como un ser sumiso al hombre; una visión bien lejana de la entereza, decisión y capacidad de adaptación que ellas mantuvieron en los momentos más críticos, especialmente cuando sus familias fueron desmembradas por las condenas de sus hombres a galeras^‍‍[2]; pero, sobre todo, con ocasión del proyecto de exterminio de 1749^‍‍[3].

En una sociedad estamental, nada equitativa, y de un fuerte carácter patriarcal, donde se justificaba el sometimiento de las mujeres y se impedía cualquier ruptura o reforma de las estructuras que la sustentaban, las mujeres gitanas quedaron sujetas a una doble dominación. La más inmediata, la de la sociedad gitana en la que se desenvolvía su vida cotidiana; la otra, la de la sociedad en general, que a su vez sometía a la sociedad gitana y a todas las mujeres.

Además de su tradicional papel de madre y esposa, la mujer gitana desempeñó una amplia lista de actividades laborales que aportaba como complemento a la economía familiar. Esta versatilidad convirtió a la mujer en pieza clave para mantener la cohesión y fortaleza del pueblo gitano, subyugado constantemente por las agresiones de una sociedad excluyente.

Junto a las labores domésticas de educación y crianza de los hijos, las mujeres gitanas reorientaron las estrategias de la economía familiar empleándose indistintamente en otras ocupaciones, como la venta ambulante de ropa y otros efectos, la confección de cestos y canastas, el hilado y la costura, la venta de buñuelos, y el servicio doméstico. Dichas actividades acreditan una imagen de mujer activa, emprendedora y con iniciativa en el ámbito público^‍‍[4]. Así, cuando el cabeza de familia estaba preso y dejaba a su familia en una precaria situación económica, a pesar de la desventaja social que su sexo le confería, la mujer asumía el rol del hombre y sorteaba las barreras invisibles de género y prejuicios antigitanos, y en caso necesario, abandonaba su hogar y su familia para seguir de cerca la prisión de sus hombres en espera de su libertad^‍‍[5].

Cuando en el siglo xviii se comenzaron a vislumbrar cambios significativos respecto a la posición, presencia y relaciones sociales de las mujeres, en ámbitos como la lectura, la escritura o la sociabilidad^‍‍[6], las mujeres gitanas debieron desplegar todas sus estrategias de supervivencia con ocasión del proyecto de exterminio de 1749. Un acontecimiento que significó la pérdida de su libertad, de su familia y hasta de su identidad gitana.

Para reconstruir este hecho histórico contamos con dos fuentes imprescindibles: la sección de Guerra Moderna del Archivo General de Simancas, y los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, en los que se recogen los avatares de la vida de las gitanas presas en la Casa de Misericordia Nuestra Señora de Gracia, tanto en su sección de beneficencia como en sus libros de actas. Son documentos generados exclusivamente por parte de sus ejecutores, que obligan a tomarlos con la necesaria prevención y a escuchar esa voz inaudible de las mujeres que apunta Davis ( ‍Davis, N. Z. (2008). Les silences des archives, le renom de l’histoire. Annales du Midi, 264, 467-‍483. Disponible en: https://doi.org/10.3406/anami.2008.7239.2008: 472), y que se hace presente a través de las estrategias narrativas y descriptivas de los autores de esos informes y relatos^‍‍[7].

También es fundamental analizar el origen de esta drástica medida en la que el discurso oculto del poder acaba traduciéndose en uno público, personificado en un proyecto de exterminio para eliminar de raíz al pueblo gitano de la sociedad española. Su justificación responde a un estereotipo negativo acuñado desde la segunda mitad del siglo xiv, y reforzado por la misma Corona mediante disposiciones asimiladoras y represoras, inspiradas en la producción intelectual de eruditos, teólogos y literatos, que convirtieron a este colectivo étnico y cultural en el chivo expiatorio de la mayor parte de los males que aquejaron a la España de los siglos xvi, xvii y xviii.

II. EL PROYECTO ILUSTRADO PARA EL EXTERMINIO DEL PUEBLO GITANO[Subir]

La Pragmática de 1499 marcó el inicio oficial de la represión ejercida contra el pueblo gitano. A partir de ese momento se sucedieron diferentes propuestas para su control y sometimiento, auspiciadas por un estereotipo negativo que estigmatizó y criminalizó su forma de vida, etiquetándolos como personas improductivas que vivían a costa de los demás y suponían un peligro para el orden social por constituir un mal ejemplo para la gente honrada. La idea de expulsarlos de España, implícita en esa ley, quedó suspendida, soterrada, pero siempre amenazante^‍‍[8].

Considerados delincuentes potenciales, fueron víctimas habituales de las redadas que dotaron de remeros a las galeras españolas^‍‍[9]. Los gitanos, que quedaron atrapados entre la minoría religiosa de los moriscos^‍‍[10] y los grupos considerados antisociales, integrados principalmente por vagabundos y falsos pobres^‍‍[11], padecieron también una política represiva encaminada a eliminar su nomadismo y crear un Estado nación homogéneo^‍‍[12].

Con la llegada de los Borbones se inició una política de asentamientos en lugares cerrados, negándoseles la posibilidad de salir de ellos. Y aunque pareció que la idea de expulsión había quedado olvidada por el escollo que suponía la inmunidad eclesiástica^‍‍[13], se retomó en 1721 con la creación de la Junta de Gitanos, la cual dos años más tarde confirmó que el fracaso de las medidas se debía a esta causa, asegurando que de los templos «solo salían para actuar con toda impunidad y continuar con su mala vida»^‍‍[14]. La asunción del fracaso de la política de asimilación y asentamiento hizo que el Consejo de Castilla la desechara en 1745 y abriera un expediente con nuevas propuestas capaces de liquidar el «problema gitano».

Finalmente, en 1748, un breve papal de Benedicto XIV permitió la extracción forzosa de los gitanos fugitivos del interior de los templos^‍‍[15], una concesión que hizo abandonar un proyecto de exterminio biológico que la Junta de Gitanos se hallaba estudiando en esas fechas^‍‍[16]. En su lugar, se planteó «sacarlos de España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de América, donde se les diese en qué trabajar con utilidad en reales fábricas y minas»^‍‍[17]. Un proyecto que Vázquez de Tablada, presidente del Consejo, justificó ante el rey en un memorial plagado de prejuicios y acusaciones:

La planificación del proyecto fue asumida por Ensenada, quien, tras consulta al embajador de España en Lisboa respecto a la operación de expulsión realizada en 1745 en Portugal^‍‍[19], desechó esa opción y volvió a retomar el exterminio biológico que desde 1594 se venía planteando^‍‍[20].

En el más estricto secreto redactó unas directrices que fueron aprobadas por el Consejo de Castilla en junio de 1749. Entre ellas, se contemplaba la realización de una redada general a ejecutar en un mismo día y a una misma hora en todo el territorio nacional. Ensenada cuidó hasta el más mínimo detalle, de tal forma que introdujo incluso una justificación en las órdenes de captura, en previsión de que pudiera darse cargo de conciencia entre sus ejecutores:

El hecho de partir de los padrones realizados desde 1745^‍‍[22] confirma el alto grado de sedentarismo alcanzado, lo que agranda todavía más el despropósito de esta operación, al aniquilar lo conseguido hasta entonces, haciendo baldío el sacrificio de aquellos gitanos que habían ido abandonando la mayor parte de su identidad sociocultural en cumplimiento de las pragmáticas.

La operación se inició contando con la tropa que se hallaba destinada en las cercanías de los objetivos propuestos, que sin detenerse «bajo ningún concepto» debía llegar antes o el mismo día 30 de julio, fecha en que el oficial al mando entregaría las órdenes correspondientes a los corregidores o alcaldes de cada jurisdicción, y que no podían ser abiertas hasta las doce de esa noche, tras lo cual procedieron «de acuerdo, en la mejor armonía y buena correspondencia» para obtener la «seguridad del acierto»^‍‍[23].

Distribuidas las diferentes partidas de captura, irrumpieron en lugares donde habitaban los gitanos y ejecutaron la prisión y posterior separación de hombres y mujeres^‍‍[24], cuidando de dejar un soldado custodiándolos para impedir su saqueo y garantizar el inventario de «todos los bienes raíces, muebles o dinero» con objeto de subastarlos y poder costear operación.

A la espera de ser enviados a los «depósitos provisionales», los gitanos y gitanas fueron concentrados en recintos custodiados por soldados. Si bien Ensenada, decidido a emplear a los hombres en los arsenales, ordenó la remesa de «algún número de presos» a La Carraca «u otros arsenales» para paliar la acuciante necesidad de mano de obra existente en estos recintos militares^‍‍[25].

A pesar de tan detallada planificación, la operación estuvo plagada de errores. El principal consistió en que se basaba en unos padrones inexactos e incompletos, donde el Principado de Cataluña y jurisdicciones como las de Málaga, Cádiz y Almería se habían omitido. Contrariado, el marqués de la Ensenada urgió a Francisco Díaz Santos de Bullón, obispo de Barcelona y nuevo gobernador del Consejo, a que reiterara nuevas órdenes «para ocurrir al reparo y recoger los dispersos», y de paso, determinar los destinos definitivos^‍‍[26].

Renovadas las órdenes de prisión, se insistió en que «por todos los medios y en todas partes» ningún miembro de esta etnia quedara libre, aun estando refugiado en una iglesia^‍‍[27]. Un objetivo que era difícil de conseguir, pues ya el 24 de agosto se informaba al Consejo de que «muchos de los gitanos se han huido y andan dispersos» y se refugiaban en pueblos distantes a los suyos, para aparentar ser «pobres mendigos» y pasar así desapercibidos^‍‍[28].

Los principales incidentes se produjeron a causa del derecho de asilo invocado por los fugitivos, lo que obligó a paralizar los arrestos en templos y proceder conforme lo dispuesto en el despacho del nuncio. También se suscitaron dudas sobre quién debía considerarse gitano, determinándose, en caso de matrimonios mixtos, retener a las castellanas viejas casadas con gitanos y liberar a las gitanas casadas con castellanos viejos, en consonancia con la orientación patriarcal de la familia en aquella época, que consideraba que la mujer gitana debía estar bajo la tutela de su marido castellano viejo^‍‍[29].

En total, quedaron afectadas por la redada alrededor 9000 personas^‍‍[30], de las que 7760 se hallaban presas el 4 de octubre de 1749, en lugares improvisados, con todo tipo de carencias y padeciendo todo tipo de enfermedades. Debido a esta precariedad, en las fortalezas de Denia, Alicante y Málaga las epidemias, fugas y motines fueron constantes.

Consumadas las redadas realizadas entre julio y agosto, las quejas y críticas siguieron llegando a Francisco Rávago, que como confesor del rey se las trasladó al monarca, induciéndole a que declarara su intención de proceder a liberar a aquellos que no merecieran ser presos. Reunida la Junta de Gitanos a comienzos de septiembre, se estableció una clara distinción entre gitanos arreglados a las pragmáticas y gitanos contraventores, así como la forma de libertarlos y los destinos que se debían dar a los que quedaran cautivos. El replanteamiento del proyecto quedó también enteramente en manos de Ensenada, quien dispuso recluir en los arsenales a los gitanos varones útiles para el trabajo, y con esa mano de obra reconstruir el poderío naval perdido tras la Guerra de Sucesión.

III. ¿QUÉ HACER CON LAS MUJERES? EL MENOSPRECIO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA[Subir]

Por acuerdo de la Junta de Gitanos, la Real Instrucción de 28 de octubre de 1749 determinó la liberación de todos aquellos que demostraran haber llevado una vida arreglada^‍‍[31]. Algo más de la mitad de las personas encerradas se beneficiaron y pudieron volver a sus hogares, mientras que el resto quedó retenido conforme a lo estipulado en su capítulo sexto. Los varones permanecieron en los arsenales y las mujeres quedaron en los «depósitos provisionales» a la espera de destino, pues Ensenada, desbordado por la improvisación, no había previsto dónde instalarlas.

En el reino de Valencia se halló pronto la solución, pues se las recluyó primero en el castillo de Denia, y poco después en las localidades del Real de Gandía, Oliva y Valencia. Estas fueron quizá las más afortunadas, ya que el duque de Caylús, capitán general de Valencia, se erigió en su valedor al impulsar, en 1754, un indulto total^‍‍[32], al que Fernando VI dio su visto bueno. En tanto llegaba el perdón real, Caylús suavizó cuanto pudo el cautiverio de las mujeres a su cargo y, en consonancia con su propuesta, empezó a libertar a buena parte de ellas, decisión que le ocasionó frecuentes roces con Ensenada, así como con el intendente del reino valenciano, el marqués de Malespina, y con el arzobispo Andrés Mayoral.

En el resto de los centros donde se hallaban concentradas las mujeres, el hambre, las enfermedades y la desesperación fueron la nota predominante. En Plasencia, donde el alcalde se opuso a admitir la información precisa para solicitar la libertad conforme a la orden de octubre de 1749, las gitanas se mostraron rebeldes e indóciles, profiriendo continuas quejas, maldiciones y agresiones a sus guardianes; pero también de forma más pacífica a través de instancias dirigidas al rey, en las que al tiempo que declaraban lo injusto de su prisión, le transmitían su confianza en su justicia, por no haber sido su «piadoso real ánimo» el haber ordenado la prisión. Y por ello solicitaban «que a cada una se le averigüe por justificación formal su modo de vida», para que las que realmente mereciesen el castigo quedasen presas, y las de «buen obrar» fueran restituidas a sus casas y les fueran devueltos sus bienes^‍‍[33].

En Toledo, además de sufrir los mismos problemas logísticos y humanitarios, surgió, en septiembre de 1749, un conflicto por la custodia de las 45 gitanas que se hallaban presas en la cárcel de la Santa Hermandad^‍‍[34], a quienes, por su actitud rebelde y destructora, sus ministros pretendían traspasar a la cárcel real con el pretexto de ser esta un «sitio más capaz». Ante la oposición del corregidor, se ocasionó un litigio que culminó en junio del año siguiente con el traslado de las gitanas^‍‍[35], sin que realmente mejoraran las condiciones del encierro, al tener que compartir el espacio con numerosos presos, gente de leva y sentenciados que esperaban ser enviados a diferentes destinos penales.

Entre tanto se decidía Ensenada a darles un destino definitivo, instó al corregidor a que buscara un lugar «estable y práctico» para ello^‍‍[36]. Y, aunque existía la posibilidad de ocupar a las mujeres en las fábricas de seda y lana basta de las inmediaciones^‍‍[37], el ministro decidió mantenerlas en su encierro, por lo que transcurrido un tiempo sin novedades, las autoridades toledanas trasladaron a Ensenada su «desasosiego» por «la miseria y necesidad de tanta gente», sin que la asignación que el rey les daba para su manutención fuera suficiente^‍‍[38]. Atendiendo el marqués este requerimiento dispuso el desmantelamiento del depósito toledano, aunque este siguió recibiendo nuevos contingentes de prisioneras^‍‍[39], su cierre no se consumó hasta enero de 1752, cuando las últimas 110 gitanas que quedaban pasaron a Zaragoza.

Mucho más conflictivo resultó el asentamiento de Málaga, ciudad que acogió a las mujeres, niñas y niños menores de siete años que habían sido capturados en Andalucía, y donde el hacinamiento humano llegó a ser tan considerable que el 12 de agosto de 1749 se concentraban en él más de cuatrocientas personas, sin que el comisario de Guerra, Miguel de Monsalve y Pavón, dispusiera de efectivo alguno para mantenerlas ni lugar donde atender a las que iban enfermando^‍‍[40].

A la falta de todo tipo de medios se añadió que el hecho de que «venían sin más ropa ni camisa que la que tenían puesta», ya que el resto de sus vestimentas les habían sido embargadas. Para mayor complicación, se carecía de «paja sobre que descansar» y muchos niños llegaron infectados de sarna y de viruelas. Todo ello hizo temer «fatales consecuencias en la salud pública»^‍‍[41], una alarma que se confirmó en verano con una epidemia de viruelas y que obligó a aislar a las gitanas en dos calles del barrio de La Trinidad^‍‍[42].

Acuciado Ensenada ante las noticias que llegaban desde esta ciudad, dispuso habilitar algún lugar en Sevilla donde recluir a todas las gitanas que aún se hallaban en camino a Málaga. Para ello, encargó al intendente sevillano que localizara fábricas, hospitales, casas pías y manzanas de casas en donde fuera factible colocar una puerta con rastrillo con guardia para controlar las entradas y salidas^‍‍[43], para confinar a las gitanas y a los niños^‍‍[44].

Entre tanto se daba con un lugar idóneo, las remesas que continuaban llegando a Sevilla se fueron acumulando en la plaza del Compás. Y aunque se ordenó paralizar el traslado de las que se hallaban presas en Córdoba y Cádiz, en este último caso no pudo verificarse, y las 272 gitanas gaditanas se añadieron a las 200 que ya se hallaban en Sevilla, lo que obligó a buscar un nuevo lugar más espacioso y «preciso para su honestidad y abrigo», en el que se pudieran atenuar los efectos de «dormir en el suelo, con mala y poca ropa»^‍‍[45]. Finalmente, quedaron establecidas en un anchurón anexo a la muralla de la ciudad, que estaba dotado de una fuente y varios pozos, así como de una capilla donde «decir misa los días de fiesta»^‍‍[46], un elemento imprescindible para cumplir el ora et labora conventual con el que se creía que se podría exterminar la «semilla del mal» que anidaba en las gitanas, estigmatizadas como viciosas y prostitutas^‍‍[47].

A pesar de haber quedado descongestionado el depósito malagueño, la aglomeración humana solo pudo aliviarse tras la puesta en libertad de las 2153 personas beneficiadas por la Orden de 28 de octubre de 1749. Un proceso que el comisario Monsalve consideró injusto, ya que las personas que quedaron eran poseedoras de las mismas costumbres que las liberadas, y si no consiguieron el indulto obtenido por las demás fue solo por su pobreza y porque no conocían a personas con suficiente influencia^‍‍[48].

Este procedimiento tan arbitrario no hizo más que acrecentar la desesperanza y la angustia de las mujeres que, sintiéndose despreciadas y olvidadas, se lanzaron, en palabras del veedor, «al despecho y la ferocidad, indóciles a la sujeción», sin dejar de ejecutar arriesgadas fugas para conseguir por sí mismas la libertad que se les negaba.

Las gitanas quedaron recluidas en el patio de armas de la alcazaba malagueña^‍‍[49], donde siguieron padeciendo las mismas malas condiciones higiénicas y sanitarias que venían arrastrando. Como muestra, en solo un año, entre el 22 de diciembre de 1750 y 21 del mismo mes de 1751, el número de fallecimientos ascendió a 146 personas, mayoritariamente ancianas (58 %) y niños menores de siete años (35 %), los sectores de población más sensibles a las pésimas condiciones del encierro. Una tragedia que incitó evasiones arriesgadas, que se concretaron en al menos trescientos casos a lo largo de este periodo^‍‍[50].

La alcazaba malagueña, que ya se hallaba casi en ruinas cuando recibió a las gitanas, se mostró incapaz de contener las continuas evasiones, sufriendo constantes destrozos, especialmente en sus murallas, a causa de los boquetes que practicaban con «astucia y diligencia», para a través de ellos, descolgarse y huir. A estos estropicios se sumaron las lluvias de enero de 1751, causantes del derrumbe de las pocas habitaciones que se hallaban cubiertas.

Inhabitable la fortaleza, fueron trasladadas a una de las calles del barrio del Perchel, cuyas casas «se podían más fácil y prontamente desocupar», pero que al poco, al comprobarse que «era por su posición enfermo, las casas hundidas y sin ventilación», se traspasaron nuevamente al barrio de La Trinidad, en donde siguieron empeñadas en ejecutar arriesgados intentos de fuga^‍‍[51], que sus guardianes achacaron al «despecho con que se entregan a buscar su libertad»^‍‍[52]. Y aunque se fortalecieron las obras y se aseguraron las puertas y las ventanas, nada detuvo «la violencia de los feroces ánimos de estas mujeres», que nada más llegar la noche, comenzaban a «desbaratar la obra que se construye en el día»^‍‍[53].

La población recluida llegó a alcanzar en noviembre de 1751 un total 606 personas —395 mujeres, 33 muchachas y 178 niños—, un hacinamiento que agravó las precarias condiciones sanitarias existentes e impidió ocuparlas en algún trabajo conforme deseaba Ensenada, quien veía en la ociosidad el origen de los desórdenes que causaban las gitanas, pues desocupadas, tenían tiempo para pensar en fugas y en «otros vicios de peor calidad». Monsalve aceptó con reservas la insistencia del ministro en darles trabajo, pues desde su visión estereotipada sobre las mujeres, opinaba que estando las gitanas «acostumbradas a una vida silvestre», no dominaban «aquellos ejercicios civiles y connaturales a las mujeres» de «las faenas del huso y de la aguja»^‍‍[54].

El paso del tiempo agravó el lamentable estado en que se hallaban madres e hijos, por lo que el concejo malagueño, deseando deshacerse de ellas, propuso reducir a «estas gentes a las cabezas de partido de los reinos de Andalucía como correspondiese según sus domicilios»^‍‍[55], donde justicias y párrocos se encargarán de ellas. Sin embargo, Ensenada tenía decidido su destino definitivo, y en julio de 1751 ordenó trasladarlas por mar a Tortosa, para dirigirlas desde allí hasta la Casa de Misericordia de Zaragoza^‍‍[56].

IV. EL ARTE DE LA RESISTENCIA: LA CASA DE MISERICORDIA DE ZARAGOZA[Subir]

Los administradores de la Casa de Misericordia Nuestra Señora de Gracia recogieron, a instancias de Ensenada, a los muchachos y mujeres apresados en Aragón. Nada más entrar, fueron separados tanto por sexos como del resto de los pobres internados en ella^‍‍[57], según se justificó, a fin de que «esta mala semilla» no pudiera «corromper su simplicidad y la inocencia de costumbres» de aquellos^‍‍[58]. Ensenada, viendo la posibilidad de recluir en dicho centro al resto de las mujeres que se hallaban dispersas por la península, acabó convenciendo hábilmente a su Junta Rectora y, a primeros de julio de 1752, comenzaron los preparativos para trasladar en barco a las gitanas de Málaga. Los patrones y oficiales de tropa de la tripulación fueron seleccionados entre aquellos a los que se consideraba «prudentes y modestos para evitar todo escándalo», y con la suficiente templanza para controlar a «esta gente feroz, sobre las facultades de su sexo». Una muestra más de la imagen estereotipada que de las mujeres gitanas se tenía en una sociedad dominada por hombres que no hallaban en ellas las virtudes morales y cristianas que exigían a sus propias mujeres, ni siquiera la «debilidad y dulzura» que los ilustrados les atribuían^‍‍[59].

El 15 de julio, las 653 gitanas procedentes de Málaga salieron de Tortosa hacia Zaragoza^‍‍[60], donde, al conocer su número, la Junta Rectora de la Casa de Misericordia protestó, pues habían creído que se trababa de un contingente más reducido^‍‍[61]. Acomodadas en un edificio especialmente construido para ellas, se las mantuvo separadas de las demás personas recogidas en la institución. En ocasiones se les permitió a las muchachas gitanas compartir amistad y trabajo en los talleres con las pobres de la Casa, hasta que, incomodado el vicario «por la desenvoltura» con que se trataban unas y otras, se empeñó desde octubre de 1756 en impedir su comunicación en el patio los días de fiesta^‍‍[62]; y, aunque entonces no logró su propósito, finalmente, en mayo de 1760, consiguió que la Junta Rectora considerara «poco conveniente su trato con las mujeres de la Casa», incluso durante el horario laboral^‍‍[63]. Las razones ocultas de esta disposición se debieron posiblemente a contrarrestar lo que Scott ( ‍Scott, J. C. (2003). Los dominados y el arte de la resistencia. Tafalla: Txalaparta.2003: 22) llama «insubordinación ideológica», a fin de evitar los rumores, los chismes, las canciones, los gestos, las parodias y las burlas chistosas, frecuentemente utilizadas por las gitanas para socavar la autoridad de los regidores y demás responsables de su custodia.

La jornada de trabajo cumplía un régimen rígido y cotidiano que las mantenía ocupadas. No obstante, la Junta Rectora, compartiendo la idea de que la ociosidad era el origen de innumerables males y amenazas para el orden social, asignó «personas a propósito» para aplicarlas «blandamente […] a un leve trabajo» y darles una «mejor educación». De esta forma, además de aprender un oficio con el que podrían obtener pequeños ingresos, se obtendría de ellas «alguna utilidad a la Casa» para contribuir a su manutención^‍‍[64].

El regidor Juan Terán fue el primero en emplearlas en hilar lana y cáñamo a cambio de una «gratificación de cuatro dineros al mes a cada una». Sin embargo, esta pequeña remuneración supuso un agravio comparativo respecto al resto de las mujeres de la Casa, por cuanto esta cantidad era sensiblemente inferior a la que recibían las «pobres» por el mismo trabajo; y aunque las gitanas protestaron, se mantuvo dicha diferencia, creando tal descontento que cuando en agosto de 1752 se retrasó el pago de dichas gratificaciones, se produjo un fuerte estallido de quejas y muestras de indignación, que solo se aplacaron con la promesa de darles «con puntualidad la gratificación que les compete por lo que trabajen, sin quitarles cosa alguna»^‍‍[65].

El éxito de su actitud contestataria les hizo tomar conciencia de cómo colectivamente podían consolidar los derechos derivados de su trabajo y de sus demás obligaciones^‍‍[66]. Así, en la constancia por preservar su identidad étnica y sus valores culturales, lograron crear una complicidad que afianzó su espíritu de superación, su autoconfianza y la solidaridad grupal de prácticamente la totalidad del contingente de mujeres. De tal forma que cada uno de los actos individuales de rebeldía acabó convergiendo en un proceder mancomunado, sin que las represalias económicas y castigos corporales pudieran impedir la experiencia liberadora que suponía su indocilidad, expresión de su reivindicación para la recuperación de su dignidad, su libertad, su familia y su modo de vida.

Esta protesta unánime y solidaria se hizo patente desde el primer día^‍‍[67]. Así se comprobó nada más llegar las gitanas andaluzas, cuando estas exigieron permanecer en el patio y demás zonas exteriores, en lugar de quedar encerradas entre los techos y paredes del edificio construido específicamente para ellas^‍‍[68]. Y aunque claudicaron a regañadientes, en septiembre de 1752 aún mantenían su demanda, gritando en alta voz «que se sofocaban y que no querían estar sino en la luna —el patio—, al raso»^‍‍[69]. Igual resolución tuvieron cuando exigieron el abono en efectivo de la cantidad que recibía la Casa de Misericordia y que estaba destinada a su manutención, una pretensión que fue considerada como «disparatada» por los regidores, pero que en el fondo obedecía al intento de conseguir independencia económica para gastar estos ingresos en lo que les apeteciera^‍‍[70].

También expresaron sus quejas por la calidad y cantidad del pan que se les daba, y que era el único alimento que se repetía en su dieta diaria. Estas justificadas protestas, tal como se pudo comprobar posteriormente, vinieron acompañadas de provocaciones y faltas de respeto hacia sus responsables. Es bien significativo el incidente acaecido en junio de 1754, cuando el alcaide de las gitanas sostuvo una fuerte discusión —posiblemente a causa del pan— con una de ellas, que, plantándole cara, le hizo perder los nervios y acabó arrojándole «un pan a la cara». Este suceso no pasó desapercibido al resto de las gitanas, y aún menos al veedor y a los regidores de la Casa^‍‍[71], quienes les dirigieron sendas llamadas de atención, pues por su cargo debían saber imponer su autoridad y el orden entre las mujeres^‍‍[72]. El temor a que desacatos como el relatado supusieran para las gitanas un triunfo que las animara a ir más lejos en su rebeldía hizo que la amonestación o castigo a la insubordinación de la gitana se extendiera también a su débil represor, de quien se esperaba tuviera un carácter austero y una fuerte determinación en el ejercicio de su trabajo.

Más fuertes y más temidos por los administradores de la institución fueron, no obstante, los costosos sabotajes ejecutados contra la infraestructura de la Casa, realizados con el fin de hacer insoportable su mantenimiento económico. Rara era la semana en la que no hubiera que reparar los destrozos realizados en enseres, carpintería, sogas, pozales de agua, pozos comunes, ropa de cama y la propia vestimenta. Una destrucción que los regidores prejuzgaron y achacaron al «genio de esta gente, naturalmente inclinado a hacer mal»^‍‍[73], sin reconocer el hecho de que estos formaban parte de un plan de supervivencia, sustentado en la plena confianza que las mujeres llegaron a adquirir sobre sus propias fuerzas, muy similar a la que alcanzaron las mujeres protagonistas de los motines de subsistencia acaecidos durante la Edad Moderna^‍‍[74].

Entre los mayores dispendios causados por las gitanas se encuentra el destrozo de sus propias camas, a cuya reparación se negó la Junta Rectora en julio de 1753. Solo un mes más tarde, los regidores hubieron de dar cuenta al intendente del «excesivo gasto de vajilla» que causaban^‍‍[75]. También hicieron jirones la ropa de cama y la propia vestimenta, para cegar con ellos los pozos y cañerías del edificio, de forma que el arzobispo, por evitar la desnudez de las mujeres, accedió con muchas reservas, en marzo de 1755, a renovar su vestuario, no sin quejarse amargamente de que con esto solo se conseguiría malgastar los más de mil escudos que costaba^‍‍[76].

Para frenar tantos destrozos se establecieron nuevas y más serias medidas disciplinarias. Sin embargo, solo las gratificaciones establecidas por su trabajo y las pequeñas concesiones en materia de divertimento fueron eficaces, pues se convirtieron en instrumentos disuasorios y de castigo en caso de fuga o mal comportamiento, ante el temor de que les fueran retiradas^‍‍[77].

Estos incentivos, además de proporcionarles una pequeña autonomía económica, también contribuyeron a un aumento de su autoestima, haciéndoles conscientes de su buena capacidad para el trabajo y de la alta productividad que resultaba de su quehacer. En reconocimiento a su buen rendimiento, se las empleó también en la confección del vestuario de los pobres de la Casa, para lo que fue necesario aumentar el espacio y el número de telares de lana y paños bastos^‍‍[78].

Los resultados fueron tan buenos que meses más tarde se permitió que «las pobres de la casa» instruyeran a las muchachas^‍‍[79]. Además, la Compañía de Comercio, satisfecha porque estas chicas se disponían bien», pidió que se les devolviera la gratificación que se les había retirado y se les diera ropa más adecuada. Sin embargo, la Junta Rectora solo aceptó darles «alguna cosa» y pagarles los cuatro dineros que cobraban anteriormente, cantidad sensiblemente inferior a los veinte reales mensuales que recibían las muchachas pobres de la Casa^‍‍[80], con lo que consolidaba una explotación laboral que se mantuvo hasta el final del cautiverio.

La estrategia de desgaste desarrollada por las mujeres no tuvo su equivalencia entre los hombres, quienes, salvo en los momentos iniciales, apenas crearon problemas de orden a sus guardianes^‍‍[81]. En cambio sí coinciden en el alto número de intentos de fuga, la mayor manifestación de insumisión, que buscaba alcanzar la libertad por su propia mano, con objeto de reinvertir el desafuero cometido y que convirtió a la Casa de Misericordia en una auténtica galera de mujeres bajo la custodia de una pequeña guarnición de soldados, además de un alcaide y una «madre de mujeres»^‍‍[82], con varias asistentas para la sujeción y cuidado de las gitanas.

Se reforzaron los muros del edificio y se colocaron rejas de hierro en las ventanas, sin que estos obstáculos lograran detener la resolución de las gitanas. También se procuró la colaboración de las pocas gitanas que fueron consideradas de «confianza», para que dieran la voz de alarma en caso de fuga, sin que esta disensión interna fuera en menoscabo de la unidad y solidaridad que mostraban la mayor parte de las mujeres. Así se pudo comprobar en septiembre de 1752, cuando dos de aquellas confidentes desbarataron una intentona de fuga^‍‍[83], sin que se llegara a averiguar la identidad de sus autoras ante el unánime pacto de silencio que mostraron para desesperación de los regidores^‍‍[84].

Las intentonas fracasadas, lejos de desalentarlas, les proporcionaron nuevos motivos para insistir. Solo unos meses más tarde, en la noche del 18 al 19 de enero de 1753, tras abrir una brecha en la pared, 52 gitanas huyeron aprovechando la escasa altura de su dormitorio respecto al exterior, siendo casi todas capturadas por casualidad, al ser descubiertas por un soldado de caballería que esa noche entraba en la ciudad.

Esta fuga permitió comprobar «la debilidad de la fábrica» del edificio y del muro que rodeaba la Casa ante la determinación que mostraban las mujeres^‍‍[85], por lo que se dispuso su reclusión en el sótano de la edificación por ser «menos penetrable»^‍‍[86]. Al retirar los jergones del dormitorio de las gitanas para su traslado a la nueva estancia pudo comprobarse que en dos de las paredes se habían practicado boquetes por los que «fácilmente podían hacer fuga»^‍‍[87]. Nuevamente se hicieron pesquisas para conocer a sus autoras y el número de implicadas, pero como en la ocasión anterior, nada se consiguió averiguar.

Una vez instaladas en el sótano, y ante la imposibilidad de abrirse camino entre sus muros, las gitanas encaminaron sus estrategias de evasión hacia los descuidos que pudieran cometer sus guardianes. Pronto se les presentó la oportunidad, a finales de agosto de 1753, cuando estando en el huerto las gitanas del primer turno del comedor notaron que nadie las vigilaba. Rápidamente, ayudándose unas a otras, escalaron la tapia de cuatro metros y medio de altura hasta alcanzar la contracerca en la que abrieron una brecha con «manifiesto riesgo de su vida». Escaparon cuarenta mujeres, nueve de las cuales no pudieron ser atrapadas.

La persistencia de las mujeres en sus estrategias de resistencia dio fruto conforme iba creciendo el desaliento de los componentes de la Junta Rectora^‍‍[88]. Decidida esta a aumentar su represión hacia las gitanas, aprobó, en agosto de 1757, la propuesta del veedor para separar nuevamente a las muchachas de sus madres, creyendo que con esta incomunicación padecerían mucho más que ante cualquier castigo corporal o retirada de privilegios. Las gitanas, aunque se amotinaron, no pudieron evitar que se ejecutase la orden del duque de Lierta, por entonces semanero de turno, de recluir a las madres en el sótano y quitarles «enteramente la comunicación y la hilaza», sin que pudieran tratar «con ninguna, ni comprar, ni vender cosa alguna», al objeto de que «con esta privación, clamen las pequeñas» para volver con sus madres^‍‍[89].

A pesar del daño económico que supuso la paralización del trabajo, los regidores se mostraron inflexibles durante casi una semana. Finalmente, las muchachas, sintiéndose «oprimidas y sin comunicación», decidieron disculparse por «su exceso y lo mal que habían obrado», suplicando volver a su habitación y trabajar con la misma gratificación mensual que recibían, además de «alguna cosilla de poca entidad, sin gravar a la Casa». También las gitanas adultas pidieron «perdón de sus excesos y en el obrar», prometiendo al marqués «estar siempre obedientes a la Sitiada^‍‍[90]» y trabajar, cediendo incluso «la mitad de lo que trabajasen a beneficio de la casa»^‍‍[91].

La sumisión mostrada por las mujeres resultó ser en realidad en una estrategia más, como parte del proceso por el que los subordinados consienten y obedecen ante la existencia de una estructura de recompensas y castigos, en la que en ocasiones es más prudente consentir^‍‍[92]. Así, aparentemente arrepentidas, la incomunicación quedó revocada y se recuperó el contacto personal entre unas y otras. No tardarían mucho los regidores en comprobar cómo las gitanas recuperaron sus deseos de «volver a su libertad» para mostrarse «tan resueltas y aun despechadas» como antes; de tal forma que era «raro el día» que no cometían «uno u otro atentado»^‍‍[93].

Los regidores, recelosos de que pudieran incluso «dar fuego a la Casa» para «hacer más insoportable su manutención»^‍‍[94], extremaron la seguridad y se mostraron rígidos a la hora de imponer disciplina, aun a riesgo de estallidos violentos como el protagonizado por doce gitanas que en junio de 1758 fueron puestas unas en el cepo y otras en el calabozo tras una frustrada evasión^‍‍[95]. Alborotadas y sin que los regidores hallaran «el modo de sujetarlas», rompieron todo lo que les aprisionaba y levantaron un motín que hubo de sofocar el intendente^‍‍[96].

V. EL FIN DEL CAUTIVERIO: ¿JUSTICIA PARA LAS MUJERES?[Subir]

Tras la orden de octubre de 1749, las mujeres gitanas que fueron liberadas se reintegraron en sus antiguos vecindarios y lucharon por recuperar sus bienes en las mejores condiciones posibles. Así lo pretendieron en Llerena, donde habiéndoseles incautado cierta cantidad de trigo, que posteriormente se subastó, se les quiso reintegrar a los precios que corrían en la fecha en que lo reclamaron y que eran mucho más bajos, motivo por el que solicitaron al gobernador se les devolviera en especie, a lo que las autoridades llerenenses se negaron, acusándolas de promover el contencioso solo con el «fin de inquietar y causar ruido con sus perversos genios»^‍‍[97].

Peor lo tuvieron aquellas mujeres que a su regreso se hallaron sin sus maridos e hijos, bien porque estos hubieran fallecido, o porque continuaran presos, obligándolas en este último caso a acudir hasta la misma Corte para solicitar su libertad. El bachiller Revoltoso hace referencia a una de ellas: la Flaca, de la que dice era autora de danzas^‍‍[98]. Esta intensa afluencia de mujeres a la Corte «particularmente, con el pretexto de solicitar la libertad de sus parientes», motivó que en noviembre de 1751 se ordenara a la Sala de Alcaldes de Madrid que detuviera a cuantos acudieran a la Corte y que los hombres fueran enviados a los presidios y las mujeres a la casa galera, sin que en adelante «se permita la entrada, ni permanencia en la Corte de estas gentes, con ningún pretexto, aunque traigan licencia de las justicias»^‍‍[99].

En cuanto a las mujeres que no gozaron del perdón real de aquel año, sufrieron distinta suerte en función del lugar de reclusión. En Valencia, el duque de Caylús inició en 1754 una progresiva liberación de presas, en consonancia con su propuesta de indulto. Una dinámica a la que se sumaría pocos años más tarde la Casa de Misericordia de Zaragoza, en donde el ritmo de liberaciones se incrementó notablemente desde 1759, año en que se concedieron 84 licencias, que aumentaron a 93 al año siguiente. De esta forma, la población gitana reclusa quedó reducida en este último año a tan solo 78 mujeres. A finales de marzo de 1761 quedaban 52, de las que 24 se hallaban ya con licencia para volver a sus hogares, a la espera de ser recogidas por sus familiares^‍‍[100].

El fallecimiento de Caylús y del rey en el verano de 1759 demoró la general puesta en libertad de todas las mujeres. En 1761, Carlos III, decidido a dar carpetazo a esta situación, trasladó a los capitanes generales bajo cuya autoridad se hallaban los supervivientes de la redada una consulta sobre la propuesta de Caylús para que dieran su opinión en cuanto a la forma en que se las debía liberar. Ambos mostraron reticencias en cuanto a hacerlo sin ningún tipo de control, por lo que se encomendó al Consejo de Castilla que tratara la forma de distribuir a los indultados.

Entre tanto, a comienzos de 1762 se hallaban todavía presas en Valencia dos centenares de mujeres, de cuyos «continuos clamores, y los perjuicios que se notaban» se compadeció el sucesor de Caylús y, tras aprobación real, recabó «noticias e informes» por los que liberó a casi un centenar de ellas, señalándoles «domicilio fijo bajo responsabilidad de sus parientes, las justicias y los párrocos de los pueblos de su destino», permitiendo a las que quedaron «estar con otras mujeres que había reclusas». Y, en circular del 10 de marzo de 1763, se ordenó al capitán general de Cataluña que practicara igual diligencia con las 68 personas retenidas en dicho principado^‍‍[101], y que en su mayor parte eran mujeres^‍‍[102].

En ese mismo año, las pocas gitanas ancianas que quedaban en la Casa de Misericordia de Zaragoza fueron puestas en libertad una vez hecho el anuncio de un próximo indulto real^‍‍[103]. Finalmente, el 16 de junio de 1765, Carlos III autorizó a Julián de Arriaga a comunicar al Consejo de Castilla su resolución de perdón sin necesidad de abrir nuevos procedimientos, con lo que se finiquitó el proyecto de exterminio.

Las pérdidas humanas quedaron atrás, olvidadas por la Corona española. Los supervivientes, con sus secuelas morales y psicológicas, continuaron sometidos a una represión que, aunque más suave, les abocó a un mayor empobrecimiento y marginalidad. Campomanes, como otros ministros posteriores, lejos de facilitar la inclusión de los liberados, siguió formulando nuevas propuestas antigitanas^‍‍[104].

VI. CONCLUSIONES[Subir]

La historia del pueblo gitano en España se ha caracterizado por la represión a que ha estado sometido. Como grupo étnico dominado y perseguido, desarrolló estrategias de supervivencia que le han conferido su invisibilidad en la historia de España, pues en su ansia por sobrevivir como grupo étnico y cultural, hubo de mantener una lucha silenciosa bajo la imagen de una aparente sumisión^‍‍[105].

La resistencia, tanto material como simbólica, se desarrolló a partir de un conjunto de prácticas coherentes entre sí, exteriorizadas especialmente en los momentos más críticos. Tal fue la redada de 1749 que dio inicio al proyecto de exterminio. Un plan que diseñado desde el Consejo de Castilla y ejecutado por Ensenada supuso la pérdida de la libertad de los gitanos y gitanas españoles, pero también el detonante que acabó exteriorizando la resistencia invisible en una rebeldía abierta. Separados en su encierro hombres y mujeres, la respuesta táctica de unos y otras varió en intensidad. La de los varones, quizá por temer represalias mucho más contundentes que las que solían efectuarse sobre las mujeres, se significó principalmente por un discurso oculto basado en malos gestos, ignorancia fingida, quejas, pequeños robos y sabotajes, morosidad en el trabajo y, sobre todo, fugas. Las mujeres, en cambio, interpretaron su resistencia de una forma menos discreta. Frente a todas las estratagemas realizadas por los hombres, ellas mostraron abiertamente su rebeldía a través de constantes insubordinaciones y motines, empleando deliberadamente una estrategia de desgaste hacia sus opresores para hacer insufrible y costosa su prisión, como manera de recuperar su libertad.

El proyecto de extermino del pueblo gitano español representó la culminación de un conflicto étnico-cultural que había dado comienzo en 1499. En ese periodo de tiempo, la amenaza de expulsión o exterminio se mantuvo con altibajos, sin llegar a concretarse lo que se había de hacer con sus integrantes. La conjunción de diversos factores, especialmente el concerniente al utilitarismo de las condenas, que a lo largo de toda la Edad Moderna se vino practicando entre los gitanos varones condenados a galeras, a las minas de Almadén o a obras públicas, encontrará en 1749 la oportunidad de dotar a la Corona de nuevos arsenales y de una poderosa flota gracias a la mano de obra de los hombres gitanos. Las mujeres quedaron olvidadas y hacinadas en unos «depósitos» insalubres, a la espera de un destino definitivo, pues Ensenada, en su desprecio hacia la «utilidad» de la mujer, solo contempló su trabajo como una mera ocupación que impidiera su ociosidad y pensamientos liberadores. Un menosprecio al que las gitanas respondieron, en el caso zaragozano, cómo en condiciones favorables, su productividad podía ser tan buena como la de las mujeres no gitanas.

También replicaron a la segregación, discriminación y negación de su identidad, mediante formas cotidianas de rebeldía, en un desafío constante hacia unas autoridades que no pudieron doblegarlas con sus propias estrategias de dominación. La experiencia liberadora desarrollada por las mujeres durante su cautiverio les permitió aumentar y reforzar su autoestima y carácter; aunque su empoderamiento como mujeres gitanas difícilmente podría tomar cuerpo en el contexto de la renovada tradición patriarcal de los siglos xix y xx. Es en el actual siglo xxi cuando el movimiento feminista gitano está comenzando a cuestionar, desde el asociacionismo, la intersección de exclusiones en que ha vivido históricamente la mujer gitana.