LA REPUTACIÓN DEL NOTABLE. ESCÁNDALOS Y CAPITAL SIMBÓLICO EN LA ESPAÑA LIBERAL

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

El día 1 de julio de 1906 el periódico La Vanguardia publicó una carta dirigida al director. Siguiendo una práctica que parece fue inventada por la prensa británica, el rotativo barcelonés —por entonces líder de ventas en la ciudad— había adoptado la costumbre de reservar una de sus páginas a dar voz a sus lectores. En esta ocasión, sin embargo, la carta no había sido escrita por un lector anónimo, ni iba dirigida, como era habitual, a comentar algún aspecto de la vida pública, sino que había sido remitida por el mismo propietario de La Vanguardia, Ramón Godó Lallana (1864-‍1931). Como él explicaría, las razones que le habían llevado a hacerlo tenían una motivación personal:

Con este breve texto, el propietario del periódico más vendido de Cataluña ponía fin a su carrera política. Lo hacía con la voluntad de acabar con los rumores en que se había visto envuelto y sin esconder su desencanto con respecto a la política, en la que confesaba no haber encontrado «ninguna satisfacción personal […] pero sí muchos disgustos y decepciones». Renunciaba de esta manera al escaño que había ocupado en el Congreso de los Diputados desde 1897, en virtud de sucesivas victorias electorales que en más de una ocasión habían llegado a alcanzar el 99 % de los votos. Esta sucesión de triunfos aplastantes eran el resultado, como fue la tónica general durante la Restauración borbónica (1874-‍1923), de una maquinaria caciquil minuciosamente engrasada. En efecto, Ramón Godó personificaba una alianza de más veinte de años entre el Partido Liberal de Sagasta y la dinastía de los Godó. El origen de esa alianza se remontaba a 1881, cuando el padre y el tío de Ramón (los hermanos Carlos y Bartolomé Godó Pié) fundaron La Vanguardia como portavoz del Partido Constitucional en Barcelona. A partir de aquel momento y hasta la carta antes reproducida, los Godó fueron un ejemplo prototípico de aquellas élites liberales que hicieron de su papel de mediador entre el Estado y el territorio la base de una próspera carrera política.

Un rol de mediador, el de estas élites locales o «notables», que fue decisivo en la consolidación del Estado liberal en España. En este sentido, y como Juan Pro ha recordado recientemente, la asociación que suele hacerse del caciquismo con el período de la Restauración no debería desviar la atención sobre el significado más primigenio y genuino del «cacique», desde su aparición en el segundo tercio del siglo xix: actuar como enlace entre el Estado liberal y el mundo local, durante la larga etapa de inestabilidad y reacción carlista que siguieron al derrumbe del Antiguo Régimen^‍‍[2]. También en el resto de Europa existieron élites locales que ejercieron una función parecida en la articulación del Estado liberal, referidas habitualmente como «notables». Según la definición clásica de André-Jean Tudesq, este grupo social presentaba una serie de rasgos definitorios —como el arraigo al ámbito familiar, una posición acomodada, su función de liderazgo e intermediación entre la comunidad y el poder central— que, sin embargo, y como se ha apuntado recientemente, presentaba rasgos propios en cada país^‍‍[3].

En el espacio mediterráneo, además de contribuir al asentamiento y articulación del régimen parlamentario, los notables fueron una pieza clave para asegurar el monopolio del poder público por parte de los partidos liberales; ya fuera mediante su contribución a los mecanismos de alternancia en el Gobierno («rotativismo», en el caso de Portugal; «sistema del turno», en España), como en la formación de coaliciones entre los mismos partidos liberales («trasformismo», en Italia)^‍‍[4]. La contraprestación que estos notables recibían por su apoyo a los partidos estatales consistía en un acceso «privilegiado» a los recursos públicos para ellos y sus subordinados («clientes») y la consolidación de su hegemonía en el espacio local.

Llegados a este punto, el caso de Ramón Godó Lallana resulta de especial interés para cuestionar algunos supuestos de la historiografía sobre las élites liberales. En la carta publicada en La Vanguardia, Godó renunciaba a su candidatura a Cortes, cansado de tantos rumores. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a un político que siempre había ganado las elecciones de forma tan avasalladora a abandonar su carrera? ¿Qué motivos le inclinaron a tomar una decisión tan repentina como irrevocable? Y más importante para la historia de las élites, ¿cómo explicar una situación tan inaudita, como es el hecho de que un cacique dimitiera de la política?

En efecto, en plena España de la Restauración, dominada por las prácticas clientelares (a pesar del nuevo clima político creado por el «Desastre» de 1898 y el movimiento regeneracionista), un cacique como Ramón Godó decidió tirar la toalla. Si esta situación puede resultar sorprendente se debe a la existencia de lagunas en la manera cómo los historiadores han abordado la naturaleza del poder en la Europa liberal. Uno de los rasgos que caracterizó la trayectoria de los notables en la mayor parte del continente fue su capacidad para perpetuar su presencia en las instituciones oficiales, en algunos casos incluso hasta después de la Primera Guerra Mundial (1914-‍1918)^‍‍[5]. Tradicionalmente, la historiografía ha explicado la larga hegemonía de este grupo social a partir de una doble premisa: primero, el control que ejercían sobre los «mecanismos de la influencia» (como el clientelismo político); y segundo, su adscripción a espacios de sociabilidad más amplios (como los partidos, asociaciones y redes de afinidad personal) que les permitían asentar su posición en la sociedad. Dicho de otro modo, el éxito de un notable a la hora de perpetuar su posición se basaba en su capacidad para actuar como interlocutor de los partidos estatales, en virtud del control ejercido sobre los mecanismos de representación entre el centro político y la periferia.

No obstante, la atención que los historiadores han dedicado a estudiar las «prácticas del favor» ha tendido a eclipsar otro aspecto clave del poder notabiliar: su dimensión pública. En efecto, ya sea por el interés en demostrar que el caciquismo era un mecanismo de dominación social basado en la violencia de clase, o bien para subrayar que el sistema se basaba en la «política del pacto», las distintas corrientes historiográficas han profundizado menos en la dimensión simbólica de las élites^‍‍[6]. El hecho de que las sociedades mediterráneas tuvieran un carácter eminentemente rural, con bajos niveles de alfabetización, y de que la mayoría de la población mostrara un escaso interés hacia la política oficial ha contribuido a extender la creencia de que el control de las elecciones habría sido suficiente para asegurar su dominio político. Sin embargo, otras disciplinas como la antropología o la sociología han demostrado cómo en todas las épocas las élites gobernantes, independientemente de si eran elegidas de forma más o menos democrática, han tenido la necesidad de justificar y legitimar su autoridad por medio de rituales, ceremonias y otro tipo de prácticas simbólicas^‍‍[7]. Efectivamente, Max Weber ya apuntó que la posición del notable no se asentaba solamente en una base material (sin duda importante) ni en el control de la representación oficial, sino que descansaba, también, en un reconocimiento por parte de la comunidad, que denominaba «honor de estamento» o «estima social»^‍‍[8]. Esta dimensión del poder, sin embargo, ha recibido menor atención en el trabajo de los historiadores, que han tendido a primar el vínculo con el poder central como factor explicativo de la larga preeminencia política de los notables.

Sin embargo, la realidad es que ni en Francia, España, Portugal o Italia el rol de mediador que los notables ejercían tuvo nunca un reconocimiento legal. En contraste con lo que ocurría en el Antiguo Régimen, en los siglos xix y xx la relación entre patrón y cliente no tenía una base jurídica, sino que descansaba sobre acuerdos de naturaleza informal. En la práctica, esta situación implicaba que la posición del notable no era permanente ni estaba legitimada por las elecciones (manipuladas de forma sistemática), y en consecuencia estaba abierta a la competencia de otros actores, fueran los partidos de la oposición u otras élites rivales dentro del propio grupo político^‍‍[9].

Este artículo se centrará en la dinastía de los Godó para analizar la dimensión pública de los escándalos y examinar de qué manera su estallido podía afectar a la legitimidad de los actores históricos implicados. Durante el período de la Restauración (1874-‍1923) la familia Godó se erigió en uno de los principales activos del Partido Liberal en Cataluña, gracias a la influencia ejercida a través de La Vanguardia y del feudo político que poseía en su distrito natal de Igualada. Su larga trayectoria política —que duró más de veinte años y llegó a involucrar hasta tres generaciones de la misma familia— se asentaba en una estrategia colectiva que combinaba el uso de las prácticas clientelares con el cultivo de la imagen (o reputación) en el territorio. Según la definición del sociólogo John B. Thompson, la reputación es un tipo de capital simbólico que puede definirse como «el aprecio o estima relativa que un determinado grupo de personas concede a un individuo o institución»^‍‍[10]. Se trata, por lo tanto, de una forma de notoriedad personal que cuenta con algunos rasgos propios que la distinguen de otros fenómenos parecidos. A diferencia por ejemplo del carisma, que está ligado a las cualidades de un individuo y a la curiosidad que su personalidad despierta entre un público amplio; o de la gloria, que es la fama que reviste un carácter póstumo, la reputación está estrechamente ligada «al juicio que los miembros de un grupo, de una comunidad, tienen colectivamente sobre uno de sus miembros»^‍‍[11]. En base a estas definiciones y a la clasificación que Weber elaboró sobre las distintos tipos de dominación, la reputación puede considerarse una forma de «autoridad tradicional», basada en la costumbre y la ejecución del poder en base a un criterio patrimonial^‍‍[12].

El primer apartado del artículo analizará las acciones que los Godó protagonizaron con el objetivo de afianzar su reputación en el territorio, en una época en que el ejercicio de los cargos representativos estaba estrechamente inspirado en la cultura del patronazgo. Se valorarán los distintos rituales que los miembros de esta familia pusieron en práctica para proyectar una imagen como «padres del distrito», así como el significado que este tipo de acciones tenían para su legitimidad. El segundo y tercer apartado analizarán la oposición creciente a la que tuvieron que enfrentarse los Godó, y que culminaría en 1906 cuando el estallido de un escándalo acabó por forzar la dimisión del miembro más destacado de la familia. Este suceso será utilizado para analizar el impacto que los escándalos podían tener en la reputación de los individuos afectados, y para evaluar el potencial heurístico que estos episodios tienen a la hora de rastrear la transformación de los valores hegemónicos que rigen una sociedad.

II. LA IMAGEN PÚBLICA DEL NOTABLE[Subir]

El nombre de Ramón Godó Lallana ha ido asociado tradicionalmente a la transformación de La Vanguardia en el gran periódico de referencia en Cataluña^‍‍[13]. Fue efectivamente bajo su batuta cuando el diario rompió definitivamente los lazos con el Partido Liberal e inició un nuevo rumbo editorial, basado en la orientación comercial y la adopción de una línea política independiente. A todos estos cambios se sumó una inquietud personal, casi obsesiva, por invertir en nuevas fuentes de información (como el telégrafo y las agencias de noticias extranjeras) que le permitieran superar a sus rivales en calidad y sobre todo en cantidad de noticias. Fruto de esa nueva fórmula empresarial diseñada por Godó, La Vanguardia alcanzaría los 120 000 ejemplares durante la Primera Guerra Mundial (1914-‍1918), convirtiéndose de esta manera en el periódico más vendido del país (a pesar de tener una distribución regional), solo igualado por el madrileño ABC.

Sin embargo, existe otra faceta de la vida de Ramón Godó que ha pasado totalmente desapercibida, y es el hecho de que, de forma paralela a su condición de editor, cultivó asimismo la carrera política. En efecto, la independencia editorial de La Vanguardia no fue un impedimento para que su propietario militara de forma activa en las filas del Partido Liberal durante largos años. Como él mismo explicaría en una ocasión al político conservador Antonio Maura, las razones de esa militancia se remontaban a unos «compromisos de abolengo» que su familia había contraído hacía tiempo con Sagasta^‍‍[14]. En febrero de 1881, justo una semana antes de que el flamante Partido Liberal Fusionista llegara al poder por primera vez en la Restauración, los hermanos Carlos y Bartolomé Godó fundaron La Vanguardia para apoyar al partido en su nueva etapa. Con esta iniciativa, los hermanos Godó buscaban distinguirse como fieles paladines de Sagasta y erigir el periódico en el portavoz de sus políticas en Barcelona. En contrapartida por los servicios prestados, ambos hermanos empezaron a ganar protagonismo en las filas de los liberales dinásticos catalanes, hasta el punto de alcanzar algunos de los principales cargos organizativos^‍‍[15].

Otro rédito añadido que los hermanos Godó sacaron de la fundación de La Vanguardia fue el inicio de una trayectoria ascendente en el mundo de la política oficial. Ambos habían ejercido como concejales en Barcelona y Bilbao, pero no fue hasta 1881 —poco después de la fundación del periódico— cuando uno de ellos consiguió un escaño en el Congreso. El interés por ocupar este cargo político venía de lejos y tenía que ver con sus intereses en la industria textil. Juntos habían fundado una de las fábricas más importantes de España dedicada a la fabricación de sacos de yute para las Antillas. Este tipo de manufactura, que se utilizaba para envasar materias primas como el café y el azúcar, estaba estrechamente ligado al mercado colonial y era muy vulnerable, en consecuencia, a los vaivenes de los gobiernos en política económica.

Fruto de esos intereses en el mundo antillano, el cargo de diputado se convirtió en una de las plataformas —junto con la prensa— desde la que los hermanos Godó intentaron extender su influencia a los principales centros de decisión política. Para conseguirlo resultó decisiva la amistad con Sagasta, quien a partir de la fundación de La Vanguardia empezó a brindarles el apoyo del Gobierno durante las elecciones. De forma paralela a esa intervención desde el poder central, los Godó maniobraron para asentar también su posición en el espacio local mediante una red de adeptos que, a partir de 1887, se reuniría bajo el paraguas del Comité Liberal Monárquico de Igualada. Los nombres que integraban esta asociación pertenecían al círculo más próximo a la familia, formado por parientes y amigos, así como por una amalgama de partidarios compuesta de «estómagos agradecidos, tránsfugas de los demás partidos con más hambre que vergüenza, vividores que se arriman siempre al sol que más calienta»^‍‍[16]. El valor de contar con semejante red de acólitos salía a relucir durante las elecciones, cuando sus acciones —netamente caciquiles, y que no descartaban el recurso a la violencia cuando era necesario— contribuían a amañar los resultados en beneficio de la familia. Como resultado de esa doble intervención desde el poder central y el mundo local, los Godó lograrían imponer su control en su distrito natural de Igualada. Así, durante más de veinte años (1886-‍1910), esta ciudad industrial del interior de Cataluña, de diez mil habitantes y cabeza de distrito electoral, se convirtió en el feudo inexpugnable de los Godó^‍‍[17]. A lo largo de varias generaciones, los miembros de la familia coparon los cargos representativos (diputado provincial y diputado a Cortes), mediante una estrategia que se basaba en la acción colectiva: mientras uno de ellos ocupaba el escaño en el Congreso, otro hacía lo mismo en la Diputación provincial. Con esta forma de proceder colectiva, que revela una vez más la importancia que la familia y el parentesco tenían en las estrategias de las élites^‍‍[18], los Godó consiguieron extender su influencia a todas aquellas instituciones en las que se tomaban las decisiones que más directamente afectaban a sus intereses privados, tanto en Madrid como en Barcelona.

Sin embargo, al mismo tiempo que ejercían un férreo control sobre las elecciones, la familia Godó también dedicó gran esmero a promocionar su imagen en público. En el caso de Ramón Godó, hijo de uno de los fundadores de La Vanguardia, esa dimensión simbólica de las élites puede observarse, si cabe, con mayor claridad. A pesar de que representaría el distrito de Igualada durante varias legislaturas, en realidad nunca llegó a vivir en esta ciudad. Había nacido en Bilbao en 1864 (donde su padre había emigrado de forma temporal) y luego residiría el resto de su vida en Barcelona. La etapa en el País Vasco dejaría, además, una impronta visible en él: el castellano —y no el catalán— sería la lengua que utilizaría cotidianamente, siendo esta una conducta que otras élites catalanas adoptarían como forma de distinción social^‍‍[19]. Fue su condición de «foráneo» en el distrito, en una época en la que el localismo era uno de los ejes básicos en la articulación de las identidades en Europa^‍‍[20], lo que llevó a Ramón a protagonizar una serie de actos dirigidos a reforzar los vínculos afectivos con la ciudad de origen de su familia.

Efectivamente, no fue por casualidad que, llegado el momento de contraer matrimonio, Ramón lo hizo en Igualada, con una mujer llamada Rosa Valls (1874-‍1922). El enlace no solo permitió estrechar lazos con una de las familias más distinguidas de la ciudad, sino que fue oportunamente utilizado para introducir al joven Ramón en los círculos de la política local. Así, entre todos los festejos que se organizaron para felicitar a la pareja, destaca el banquete que el patriarca de la familia (Carlos Godó Pié) ofreció a los miembros del Comité Monárquico de Igualada. El evento congregó a todas aquellas personas que tan decisivamente contribuían a la hegemonía local de los Godó, ante los cuales se escenificó la llegada a la madurez de Ramón, presentado como el futuro heredero de la trayectoria política familiar^‍‍[21]. Localidad, familia y política constituían así tres elementos que se entrelazaron durante la celebración, en la que se hizo visible además el tipo de prácticas que los Godó utilizaban para consolidar la fidelidad de sus seguidores. Así, como describía un testimonio crítico con la situación:

La celebración del matrimonio fue utilizada de esta manera como una oportunidad para reforzar los vínculos afectivos entre la familia Godó y sus seguidores más inmediatos. El hecho de que la escenificación fuera pública y se hiciera por medio de un banquete ejemplifica el tipo de rituales en los que se asentaba la cultura del patronazgo, y revela hasta qué punto la relación entre el patrón y sus clientes se basaba en una vínculo social jerarquizado, basado en la subordinación y la dependencia^‍‍[23].

En años sucesivos, sería el propio Ramón Godó quien protagonizaría otros actos parecidos, con los que pretendía afianzar su reputación en el territorio. El rasgo común en todas esas actuaciones era la voluntad de proyectar una imagen de persona cercana a la localidad, sensible a las necesidades que acuciaban a los vecinos, a la vez que heredero de una tradición política iniciada por su padre. Durante los períodos electorales, este tipo de gestos se multiplicaban, como lo ejemplifican los comicios celebrados en mayo de 1901. En esta ocasión, Godó visitó uno de los 32 pueblos que integraban el distrito de Igualada, llamado Prats de Rei. En este caso la visita no obedecía a una necesidad estrictamente electoral, ya que era el único candidato que se presentaba a las elecciones (que terminó ganando con el 99,77 % de los votos). Y fue no obstante este control abrumador que ejercía en el terreno electoral —por medio del caciquismo y de una baja participación endémica— que Godó no desaprovechó la oportunidad de visitar la pequeña localidad para afianzar su posición. La larga crónica que se efectuó de la visita revela cómo la dimensión pública era un elemento clave en la preeminencia social de la familia:

El texto reproducido constituye una muestra del tipo de rituales que contribuían a legitimar la autoridad del notable y a naturalizar la jerarquía que imperaba en la sociedad. La visita ilustra, además, algunos de los ingredientes que alimentaban el capital simbólico de los notables. En primer lugar, el rol de «padre del distrito»: este rasgo consistía en la capacidad de actuar —y ser percibido— como el guardián de los intereses locales frente a la acción del Estado. Se trata de la misma figura a la que el historiador Manuel Marín se ha referido como «el cacique protector», y se fundaba en la capacidad de las élites locales para hacer frente a decisiones llegadas desde Madrid, ya fuera en materia de reclutamiento militar (quintas), de administración de justicia o de asuntos fiscales, vistos a menudo como injustos o arbitrarios por la población local^‍‍[25]. Esta faceta revela cómo la preeminencia de dichas élites no se basaba solamente en su rol de interlocutores con el Estado, sino también en la capacidad para resistirse a la acción de este^‍‍[26].

La visita a Prats de Rei revela otra faceta típica de la reputación del notable: las donaciones caritativas. Mezcladas con otros gestos de deferencia (como la atención especial prestada a los grupos más «débiles» de la sociedad, como niños y ancianos), este tipo de actuaciones evocan la importancia que la economía moral tenía en la forma de ejercer el liderazgo en el mundo local. En efecto, la acción del diputado no se limitaba a velar por los intereses del distrito, sino que acarreaba una serie de obligaciones morales añadidas, como el amparo de los pobres y la protección de los indefensos^‍‍[27]. Este tipo de deberes, ejercidos por medio de la caridad católica, revelan la importancia que el patronazgo tenía en la figura del diputado. Una cultura del patronazgo que, conviene enfatizar, no era tanto un supuesto «residuo» heredado de una sociedad estamental previa, sino más bien —y por encima de todo— un elemento clave sobre el que se asentó el nuevo orden liberal, tanto en España como en el resto de Europa^‍‍[28]. En contrapartida, las élites que asumían esas obligaciones morales recibían dos formas de apoyo que eran de vital importancia para su legitimación: la lealtad de sus subordinados —que en el régimen de la Restauración se manifestaba en la fidelización del voto— y el reconocimiento de su autoridad por (una parte de) la comunidad. Un ejemplo de este último caso sería la decisión del Ayuntamiento de Prats de Rei de enseñar a los niños a deletrear el nombre de Godó para que aprendiesen desde su tierna infancia «á respetar y estimar á su bienhechor». Tal tipo de escenificaciones contribuían a interiorizar la jerarquía social existente, basada en una institución de tipo informal (el patronazgo) que estaba fuertemente arraigada en la praxis del régimen parlamentario liberal.

Un tercer elemento que resulta clave para entender la naturaleza de la reputación es su prolongación en el tiempo. En efecto, y como señaló Pierre Bourdieu, el capital simbólico no es inmediato, sino que es el fruto de un largo proceso de acumulación, a menudo a lo largo de varias generaciones^‍‍[29]. En el caso de Ramón Godó, esa forma de estima social le venía de su adscripción a una entidad colectiva: la familia. De esta manera, a pesar de haber nacido en Bilbao y residir toda su vida en Barcelona, su nombre no era extraño en una localidad remota como Prats de Rei, donde era recibido como un «amigo». Y ello se debe a que Ramón no era una persona cualquiera, sino el heredero de la trayectoria política iniciada por su padre, condición que era evocada en aclamaciones como «Dios bendiga al hijo de don Carlos Godó». El apellido actuaba, en consecuencia, como uno de los canales a través del cual el capital simbólico se perpetuaba en el tiempo y se transmitía a sucesivas generaciones de la misma familia.

Finalmente, existe un cuarto elemento que era clave en la legitimidad de los notables: la «visibilidad» de la que gozaban en la comunidad. De hecho, el mismo origen etimológico de la palabra («ser notado») ya indica esta predisposición al liderazgo^‍‍[30]. A esto se añade el hecho de que la visibilidad no es una dimensión del poder que se origina en el espacio íntimo de las relaciones personales, sino que se cultiva —y se mediatiza— en el ámbito público^‍‍[31]. En este caso, Ramón Godó jugaba con una ventaja importante: la propiedad de La Vanguardia. Aunque quizás sea exagerado afirmar que existía un plan premeditado, Godó utilizó de forma recurrente su periódico —el más vendido de Cataluña— para publicitar ampliamente sus actuaciones como diputado. En sus visitas a los pueblos del distrito, solía haber siempre un corresponsal de La Vanguardia que enviaba una crónica detallada de los hechos. Un ejemplo es la visita que el mismo Ramón protagonizó en la población vecina de Capellades en 1902, cuyo relato presenta muchos puntos en común con la realizada años después en Prats de Rei (referida anteriormente)^‍‍[32]. La publicación de estas crónicas no solo era una forma de publicitar sus actos a una audiencia formada por miles de lectores (en vez de a los pocos centenares de personas que solían participar en ese tipo de actos), sino que constituía un intento, por encima de todo, de ejercer el control sobre su imagen pública. Así, lejos de ser una muestra de periodismo imparcial, las crónicas publicadas en La Vanguardia ofrecían una versión interesada de los hechos, en la que se resaltaban —y a menudo exageraban— las muestras de estima con que era agasajado durante sus viajes. La atención que Godó ponía en proyectar una imagen positiva revela hasta qué punto la opinión pública era uno de los espacios en el que las élites buscaban reproducir su capital simbólico, y la importancia que el medio —y no solo el mensaje— tenían a la hora de hacerlo^‍‍[33].

III. LA ESFERA PÚBLICA COMO CAMPO DE PODER[Subir]

Sin embargo, la esfera pública no era solamente un espacio que las élites utilizaban para reproducir su estatus, sino que se trataba también de un terreno abierto a la discusión y a la confrontación política^‍‍[34]. Este fue especialmente el caso a partir del último cuarto del siglo xix, cuando la prensa experimentó un fuerte crecimiento en toda Europa que dio lugar a una opinión pública mucho más plural y socialmente diversificada que la esfera burguesa definida por Habermas^‍‍[35]. En efecto, si la esfera pública era uno de los ámbitos en el que las élites buscaban asentar su autoridad, también se trataba de un espacio que quedaba lejos de estar bajo su control. Un amplio abanico de publicaciones (hasta 130 solo en Barcelona) daba voz a todas las sensibilidades ideológicas, desde el anarquismo de inspiración nihilista hasta el carlismo ultramontano, y hacían de sus miles de lectores un objeto tan codiciado como escurridizo^‍‍[36]. En este contexto de dinamismo y pluralidad que la opinión pública tenía en el mundo urbano, los esfuerzos de Godó por proyectar una imagen positiva empezaron a verse contrarrestados por las acciones de sus rivales políticos. Esta situación se hizo especialmente visible a partir de 1898, cuando el «Desastre» colonial acentuó el descrédito del régimen restauracionista. La crisis de conciencia que saturó la vida pública en aquellos años —rasgo más propio del fin de siècle europeo que de una rareza española— contrastaría sin embargo con la capacidad de resistencia del sistema. Un amplio abanico de intelectuales vertieron amargas reflexiones sobre los males que aquejaban a la patria, pero también los mismos partidos dinásticos y la Corona se sumaron al clima de introspección dominante a través del —más estético que efectivo— regeneracionismo gubernamental^‍‍[37]. La vuelta al poder de Sagasta, tan solo cinco años después de la derrota, confirmaría la continuidad de un régimen que estaba profundamente desacreditado pero no hundido.

Si a primera vista los partidos dinásticos españoles parecieron salir indemnes de la crisis colonial, o por lo menos mejor parados que sus homólogos portugueses después del ultimátum británico de 1890, los cambios surgidos en el mapa político catalán demostrarían que esta imagen era más un espejismo que una realidad. Dos nuevas formaciones políticas (los republicanos de Alejandro Lerroux y los catalanistas de la Lliga Regionalista) irrumpieron con fuerza a partir de 1901 y arrebataron las instituciones de las manos de los partidos dinásticos en menos de una década, hasta relegarlos a una posición secundaria en muchos distritos^‍‍[38]. En ese contexto de crisis del sistema del turno en Cataluña, el feudo político de los Godó se convirtió en objeto de atención por parte de republicanos y regionalistas, que empezaron a recurrir a la prensa como herramienta para combatirlo. Una muestra de cómo la esfera pública se erigía en un campo en el que los actores se enfrentaban por las fuentes del poder simbólico es un artículo publicado por La Veu de Catalunya en agosto de 1905, con un título contundente: «La Vanguardia caciquista»:

El artículo de La Veu de Catalunya revela una de las prácticas recurrentes en la estrategia de los nuevos partidos políticos, que consistía en poner en entredicho la imagen de imparcialidad de La Vanguardia por el amparo que esta hacía de las prácticas clientelares. No obstante, a menudo los ataques iban más allá y apuntaban al mismo Ramón Godó, que era presentado como un cacique que se servía de todo tipo de fechorías (desde la falsificación de las actas a la compra de votos) para asegurar su dominio político. Esas acusaciones revelan cómo la denuncia se convirtió en una forma de acción política por parte de dos formaciones políticas, los catalanistas y los republicanos, que pretendían erigirse en paladines de una nueva moral cívica^‍‍[40]. Sus acciones contra los partidos dinásticos no se limitaban a luchar contra el fraude electoral, sino que buscaban también desacreditarlo en público. Por medio de estas acciones, en que la prensa jugaba una función clave, catalanistas y republicanos intentaban proyectar una imagen de honestidad política a la vez que pretendían educar a los votantes en sus derechos políticos.

Sin embargo, los mismos partidos no dudaban tampoco en recurrir a prácticas más agresivas, como la descalificación personal. Así, los regionalistas no solo acusaban a Godó de cometer fraude en las elecciones, sino que además le tachaban de ser un «mestizo»^‍‍[41]. Este tipo de acusación no era trivial: Cataluña era una de las zonas en las que mayor resistencia hubo históricamente a la imposición de candidatos «cuneros» —hasta el punto de que el 80 % de los diputados catalanes eran oriundos de esta región—^‍‍[42]. Ante esta realidad, el hecho de que Godó hubiera nacido en el País Vasco, hablara castellano y viviera lejos del distrito constituían tres argumentos que la oposición esgrimía para cuestionar su capacidad para ejercer como «padre del distrito». Paradójicamente, una línea argumentativa de este carácter no cuestionaba directamente los valores del patronazgo, sino que más bien ponía en duda los atributos personales de quien aspiraba a personificarlos. Ello evidencia que más allá de denunciar la corrupción, el discurso de la capacidad era otro de los terrenos en que se dirimía la legitimidad del poder.

Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, Ramón Godó salió en contra de esos ataques que buscaban cuestionar sus méritos como diputado. A través de una carta publicada en La Vanguardia, dejaba claro que «en cuanto á las consideraciones estampadas sobre los males del caciquismo, allí donde exista, el señor Godó las suscribiría con sinceridad completa». Añadía, además, que:

La carta de Godó demuestra cómo, en determinadas ocasiones —por más excepcionales que estas fueran— las acusaciones por corrupción podían acarrear consecuencias políticas en la España de la Restauración. El hecho de que el caciquismo fuera la piedra angular del sistema no quería decir que sus beneficiarios estuvieran dispuestos a permanecer inmóviles viendo cómo se mancillaba su honor en público^‍‍[44]. Y esto se debe a que la legitimidad de los notables no descansaba solamente en su capacidad para manipular el sufragio, sino también en su habilidad para erigirse en los representantes «naturales» del mundo local. La respuesta de Godó reviste, además, un interés especial porque aporta un punto de vista que raramente puede encontrarse en la historiografía sobre la corrupción: esto es, la concepción que de la misma tenían los actores implicados en ella. Así, al mismo tiempo que no dudaba en condenar el caciquismo, Godó efectuaba una defensa pública del patronazgo. En su opinión, el problema era que el «asentimiento natural» y la «estimación» que él y su familia despertaban entre la población de Igualada eran tergiversados maliciosamente por sus rivales políticos. Su voluntad como diputado, sin embargo, no era otra que servir al «bien general» y buscar la «cooperación de todos los hombres de buena voluntad, armonizando esos intereses y aplacando esas pasiones en lugar de fomentar la discordia con el prejuicio»^‍‍[45]. Godó refutaba pues sus ataques a través de una reivindicación en público de su rol como «padre del distrito», entendido como la forma de ejercer la función pública que buscaba defender los intereses de sus súbditos.

Resulta indicativo, en este sentido, que otros caciques acusados de corrupción utilizaran argumentos muy parecidos. El líder del Partido Conservador en Cataluña (Manuel Planas i Casals), por ejemplo, afirmó en una ocasión que «lo que hay es que se confunde maliciosamente el caciquismo con la legítima influencia alcanzada á fuerza de trabajos y sacrificios, y protegiendo y atendiendo, dentro siempre de sus justas aspiraciones, á cuantos á mi acuden, amigos y adversarios»^‍‍[46]. Este tipo de razonamiento revela de qué manera los notables locales compartían un mismo universo mental (o una misma cultura política) con los líderes de los partidos dinásticos acerca de la función que la autoridad tradicional debía jugar en el régimen parlamentario. El supuesto por el cual Sagasta o Cánovas del Castillo consideraban que el Gobierno tenía la obligación moral de intervenir en las elecciones (la llamada «influencia legítima») no era otro que actuar en defensa del «interés general», al que en ocasiones también se referían como la «nación» o la «opinión pública»^‍‍[47]. Ese tipo de argumentos refleja la concepción patrimonial que la clase política tenía del estado, y en el que la gestión de los recursos públicos en base a un criterio partidista —es decir, arbitrario y exclusivo— era visto, paradójicamente, como la mejor manera de defender el «bien común».

Que tal tipo de alegatos se hiciera en un país regido por un sistema parlamentario que —por lo menos teóricamente— garantizaba los derechos de sus ciudadanos revela hasta qué punto las instituciones formales coexistían, en la práctica, con prácticas informales (como el patronazgo), que eran un ingrediente básico en la cultura política del liberalismo decimonónico. El interés por estudiar los escándalos reside, precisamente, en su condición de episodios públicos que visibilizan la irrupción de conflictos normativos sobre qué tipo de comportamientos son considerados moralmente reprochables en una sociedad.

IV. ESCÁNDALOS Y LEGITIMIDAD[Subir]

La firmeza que Ramón Godó había exhibido a la hora de defender su actuación como diputado demostró ser más frágil una vez las acusaciones empezaron a salpicar a sus parientes de Igualada. Una cosa era salir a proteger su honorabilidad y la de su periódico y otra muy distinta tener que responder en público por los atropellos que sus parientes estaban cometiendo en el distrito. Este tipo de actuaciones arbitrarias no eran nuevas, ni tampoco lo eran las críticas que generaban: como hemos visto anteriormente, la oposición había denunciado el caciquismo godonista en repetidas ocasiones. Sin embargo, fue un escándalo el que terminaría produciendo la dimisión del propietario de La Vanguardia. Su renuncia fue la culminación de una cadena de sucesos, ocurridos de forma tan rápida como inesperada durante el mes de junio de 1906, y que llegaron a atraer la atención de buena parte de la opinión pública catalana.

El sobrino de Ramón, llamado Juan Godó Pelegrí (1876-‍1957), ocupaba la alcaldía de Igualada en virtud de una real orden emitida en enero de dicho año. Su nombramiento oficial contrastaba no obstante con la realidad de una ciudad en la que republicanos y catalanistas habían experimentado un fuerte crecimiento desde principios de siglo, hasta el punto de que quince de los concejales pertenecían a estas dos formaciones, por solo dos del grupo godonista. El resultado era un clima de fuerte crispación política, en el que el auge de las nuevas formaciones políticas chocaba con el apoyo gubernamental que la familia Godó seguía recibiendo desde Madrid. La situación alcanzó un punto límite cuando el 22 de junio, de madrugada, el teniente de alcalde (el republicano Leopoldo Sàbat) fue duramente agredido en medio de la calle. El responsable de la paliza era Josep Jorba (alias Rosa Negra), empleado municipal y mano derecha del alcalde Godó, tristemente conocido por haber protagonizado incidentes parecidos en el pasado. En esta ocasión, sin embargo, la agresión terminó siendo la gota que colmaría el vaso, al sumarse a otra acción arbitraria que los partidarios godonistas habían cometido pocos días antes, cuando dos dirigentes republicanos y catalanistas fueron procesados por el alcalde godonista bajo el pretexto de haber organizado un mitin separatista^‍‍[48]. Ante tal situación de acoso permanente, los partidarios de ambas formaciones reaccionaron rápidamente y pusieron el grito en el cielo, denunciando los abusos cometidos por la familia Godó y reclamando justicia^‍‍[49]. El escaso interés del alcalde en perseguir a los culpables hizo que la crispación fuera en aumento en los días siguientes, hasta el extremo de hacerse necesario el envío de guardias civiles desde poblaciones cercanas para mantener el orden^‍‍[50]. La tensión que se vivía en la ciudad no tardó en atraer la atención de la prensa de Barcelona, que acabó convirtiendo lo que había empezado como un incidente estrictamente local en un suceso de considerable repercusión mediática, capaz de provocar una ola de rechazo e indignación en la Ciudad Condal^‍‍[51]. A ello contribuyó de forma decisiva el contexto de enorme efervescencia política en el que se encontraba inmersa la ciudad a raíz de la creación de la Solidaritat Catalana. Esta amplia coalición partidista, que había sido capaz de aunar opciones ideológicas tan diversas como carlistas, republicanos y regionalistas en su rechazo común a la Ley de Jurisdicciones del Gobierno Moret, protagonizaría su primera gran demostración de fuerza un mes antes de los sucesos de Igualada (20 de mayo de 1906)^‍‍[52]. Fue, por lo tanto, en un contexto de inusitada movilización política y profundo descrédito de los partidos dinásticos cuando varios periódicos publicados en Barcelona, como El Diluvio, El Poble Català o La Veu de Catalunya, empezaron a protestar contra el despotismo de los Godó y organizaron varias suscripciones populares para apoyar a los procesados^‍‍[53]. En medio de esta tormenta política, La Vanguardia fue acusada, una vez más, de amparar el caciquismo desde sus páginas^‍‍[54]. El 30 de junio, diputados catalanistas y republicanos decidieron tomar cartas en el asunto y enviaron un telegrama al Consejo de Ministros protestando por los hechos ocurridos en Igualada^‍‍[55].

V. CONCLUSIONES[Subir]

El día siguiente a los acontecimientos relatados, Ramón Godó presentó su dimisión a través de la carta reproducida al inicio de este artículo. El editor que había conseguido transformar La Vanguardia en el diario más vendido de Barcelona y Cataluña ponía fin de esta manera a su carrera como diputado. Aunque él no había participado directamente en ninguno de los hechos ocurridos en Igualada, su condición de diputado hizo que su nombre fuera señalado como responsable último de la situación. Existe constancia, de hecho, de que el día posterior a la agresión se trasladó expresamente de Barcelona a Igualada para analizar la situación con sus parientes, en medio de rumores que vaticinaban la dimisión de la familia al completo^‍‍[56]. A todo este embrollo, ampliamente publicitado por la prensa, se sumaba el perjuicio que el escándalo estaba provocando en la imagen de La Vanguardia como periódico moderado e independiente. De hecho, no parece exagerado aventurar que la dimisión de Godó obedecía tanto a su hartazgo de la política (explicitado en su carta) como al intento de salvar el prestigio de su periódico. Su decisión sería ampliamente comentada en los círculos de la política oficial, tanto de Madrid como de Barcelona^‍‍[57], mientras que sus rivales celebraron la noticia como la victoria de un pueblo unido en su lucha contra el caciquismo^‍‍[58].

De esta manera, si la fundación de La Vanguardia había permitido al padre y al tío de Ramón promocionar su carrera dentro del Partido Liberal, para él la condición de editor de prensa acabó siendo un arma de doble filo. La propiedad del periódico había sido una herramienta de gran valor en sus intentos por presentarse como un político arraigado en el distrito, pero al mismo tiempo le había expuesto sobremanera a los ataques de sus enemigos. Este doble filo puede considerarse, de hecho, una característica inherente a la dimensión mediatizada del poder^‍‍[59]. El hecho de que republicanos y catalanistas decidieran denunciar las prácticas caciquiles no constituía una estrategia nueva —de hecho se trataba de una práctica tan antigua como la misma manipulación de las elecciones—. No obstante, lo que sí había cambiado era el contexto político del país, caracterizado por el descrédito de los partidos dinásticos después del «Desastre» colonial, el surgimiento de los primeros partidos de masas en Cataluña y la consolidación de una opinión pública cada vez más plural y diversificada. En ese contexto de crisis del régimen restauracionista, artículos como el publicado por La Veu de Catalunya, con el título «La Vanguardia és caciquista» iban dirigidos a hacer colisionar las dos esferas —la prensa independiente y la política clientelar— en que tradicionalmente se había basado la carrera de los Godó. En último término, Ramón se tuvo que enfrentar al dilema de mantener su carrera política o bien salvaguardar el buen nombre de su periódico. Al optar por esta última opción, rompía de facto con el consenso que tan importante había sido en la estrategia colectiva de su familia —hasta el punto de que su sobrino (y alcalde de Igualada) no escondería su desengaño por la decisión tomada—^‍‍[60]. Esa situación de tirantez evidencia hasta qué punto los escándalos podían llegar a crear fisuras en la cohesión interna de las élites.

Desde una perspectiva más amplia, la renuncia de Godó revela la importancia que la imagen y la reputación tenían en la legitimidad de los notables. Más allá de asegurarse el control de los cargos oficiales mediante la manipulación de las elecciones, su actuación demuestra un interés en protagonizar cuántas iniciativas contribuyeran a reforzar su imagen como el representante «natural» del territorio. Para cumplir dicho cometido, no era tan importante presentarse de forma limpia a los comicios como ser capaz de cumplir con un conjunto de obligaciones morales que las poblaciones locales esperaban de su diputado; especialmente en su relación no siempre fácil con el Estado. Ese tipo de rituales —en la medida en que eran acciones que se repetían de forma periódica e incluían una estrategia de self-fashioning por parte de los actores involucrados— revelan lo que ha venido a llamarse la «dimensión performativa del poder»^‍‍[61]. Al mismo tiempo, estas acciones simbólicas contribuían a reproducir los códigos del patronazgo en una sociedad que, sin embargo, estaba inmersa en una profunda transformación.

Estudiar la dimensión pública del poder no debería llevar, sin embargo, a obviar otros aspectos igualmente decisivos en la preeminencia social de los notables, como la violencia y la coacción. Tan importante como cultivar la imagen era contar con una red de acólitos dispuestos a apoyar (y beneficiarse) de un liderazgo social que a menudo reposaba tanto sobre el consenso social como sobre el recurso a la fuerza. En efecto, el particularismo a la hora de ejercer la acción pública empezó a entrar en conflicto con una parte de la población cada vez más movilizada por un hecho sin precedentes como fue la formación de Solidaritat Catalana. Los intentos de catalanistas y republicanos por responsabilizar al propietario de La Vanguardia de los abusos cometidos en Igualada revelan una estrategia que buscaba perjudicar su imagen en el distrito; y evidencian cómo los escándalos constituyen a menudo una lucha entre distintos actores que se disputan las fuentes del poder simbólico^‍‍[62]. En efecto, si la reputación era una forma de «estima social» que los Godó habían conseguido transmitir a lo largo de generaciones —a través de rituales como el banquete de boda, los viajes electorales o el peso que tenía el apellido familiar—, y que habían cultivado de forma activa a través de la prensa, el caso de Ramón demuestra que la reputación también era susceptible de ser contestada en público. Así, los escándalos son episodios que revisten un especial peligro para la credibilidad de los políticos, si estos son incapaces de responder de forma creíble a las acusaciones recibidas. La renuncia del propietario de La Vanguardia es la muestra más dramática del impacto que un escándalo puede tener para la legitimidad de un individuo.

Su caso puede verse, además, como un ejemplo de lo que el historiador italiano Edoardo Grendi llamó un caso «excepcional-normal»; es decir, un caso de estudio que dentro de su naturaleza singular alberga la semilla de un fenómeno mucho más amplio^‍‍[63]. Y este no es otro que la transformación que se estaba produciendo en toda Europa, durante el «largo siglo xix», desde un sistema de valores basado en el pluralismo normativo propio del liberalismo oligárquico y de notables hacia una —todavía incipiente— política competitiva y de masas, en la que empezaban a establecerse nuevas líneas rojas sobre el comportamiento considerado moralmente aceptable en el ejercicio de la función pública^‍‍[64]. En este proceso de redefinición de los valores hegemónicos que rigen la moral de una sociedad, escándalos como el que aquí se ha estudiado evidencian un conflicto entre distintos marcos normativos (en este caso, acerca de la función que el patronazgo debía jugar en las instituciones representativas). Este tipo de acontecimientos contribuían, además, a delimitar las fronteras alrededor de ciertas prácticas que, como el clientelismo político, empezaban a ser cuestionadas por un sector cada vez más amplio de la sociedad.

En el estudio de los escándalos existe el peligro recurrente, sin embargo, de escribir la historia de la corrupción desde una perspectiva teleológica, en la que la creciente demarcación entre las esferas pública y privada se identifique como una señal de avance imparable hacia la transparencia. Afortunadamente, la historiografía ha dado ya algunas muestras de cómo la explosión de escándalos sucesivos no implicó la erradicación del clientelismo o del patronazgo en Europa. En más de una ocasión, lo que sucedió realmente fue que tal tipo de prácticas mutó y fue readaptado a nuevos contextos sociales y políticos —perpetuándose en algunos casos hasta la actualidad—^‍‍[65]. El interés consiste, precisamente, en examinar en qué momentos tales actuaciones dejan de ser moralmente aceptables por un espectro mayoritario de la sociedad. Es a lo largo de ese proceso que se da en el transcurso del tiempo —la fabricación histórica de la corrupción— cuando tanto el escándalo como la reputación de los individuos permiten rastrear la génesis de los valores contemporáneos.