LA SOCIEDAD VASCA ANTE EL TERRORISMO. LAS VENTANAS CERRADAS (1977-‍2011)^​[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

La imagen de las «ventanas cerradas» es una figura recurrente a la hora de reflejar las actitudes que la sociedad vasca ha tenido frente a las víctimas del principal terrorismo que ha asolado el País Vasco, el de ETA^​[2]. Es una metáfora potente con la que se busca señalar esa postura tibia frente a ETA y, sobre todo, la indiferencia de buena parte de la población vasca ante las víctimas que esta organización armada generó^​[3]. No obstante, no es ni mucho menos una imagen ni un criterio compartido. Existe así un mantra que circula en Euskadi según el cual la derrota de ETA, su renuncia obligada a las acciones violentas, se debe en buena medida a la movilización de la sociedad vasca. Es una idea que se repite en ciertos medios, y que tiene en Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, a uno de sus defensores más conocidos, señalando este las continuadas e importantes demostraciones de los vascos contra la violencia como base de tal consideración^​[4]. Frente a esta idea, lo que de forma pertinaz narran buena parte de las víctimas del terrorismo es lo contrario de esta visión dulcificada y complaciente, incidiendo en el aislamiento social en el que han vivido durante muchos, años así como la limitada respuesta de la sociedad vasca al fenómeno terrorista. Son elocuentes los párrafos que ha dejado escrito la hija de un asesinado, que señala: «Hasta entrados los años noventa esta sociedad ha mirado hacia otro lado ante muchos dramas humanos, ha huido de sus más mínimas responsabilidades de solidaridad buscando mil excusas inexcusables […]»^​[5].

Sobre esta cuestión trata este artículo, que adelantemos para su buena comprensión que se va a dividir en tres etapas: una primera que abarca desde 1977, con las primeras elecciones democráticas, hasta comienzos de los noventa; una segunda que va hasta el fin de esta década, en tanto que la tercera finaliza con la derrota de ETA y el cese de su actividad en 2011.

Para contextualizar lo que vamos a abordar conviene recordar algunos datos generales que sirven para apreciar la intensidad del cambio que se vivió en aquel momento en España y en Euskadi, y a la par la sinrazón de ETA: a las elecciones democráticas de junio del 77 que supusieron la llegada de la democracia, le siguió en octubre de ese año la promulgación de la ley de la amnistía, concebida fundamentalmente para clausurar el tema ETA, estableciéndose al poco un Gobierno preautonómico en Euskadi, el Consejo General Vasco, ciclo que se cerró con la llegada del Estatuto en diciembre del 79. Hubo así dos pilares sustanciales que reflejaban ese nuevo tiempo democrático, ejerciéndose por un lado la soberanía popular, de manera que la población pudo elegir y optar políticamente, en tanto que por otro la nación se dotaba de una nueva organización en la que Euskadi veía constitucionalizada su singularidad.

II. LA SOLEDAD DE LAS VÍCTIMAS[Subir]

Como ya ha sido expuesto en varios trabajos, la reacción de ETA ante la llegada de la democracia fue incrementar de una manera brutal su actividad terrorista^​[6]. Así, viendo el número de asesinatos cometidos por ETA desde 1968 a 2010, destaca su relativa baja actividad terrorista durante los últimos años del franquismo y el incremento que como contraste se produjo durante los primeros de la transición. En el gráfico que se acompaña queda patente esa evolución y la intensificación de las acciones de ETA cuando estaba tratando de asentarse la balbuciente democracia española. En concreto, entre los años 1968 a 1975, ETA cometió 45 asesinatos, en tanto que entre 1976 y 1982 fueron 375 las víctimas, con un pico en los llamados «años de plomo», 1978-‍1980, con 246 asesinatos. ETA ha sido pues una organización cuya mayor actividad se produjo durante la democracia y contra ella dirigió toda su presión totalitaria.

Las victimas escogidas por ETA para sus asesinatos no eran inocuas o producto del azar. Bien es verdad que ha existido lo que en su terminología denominaban «victimas colaterales», que eran asesinatos fortuitos consecuencia de sus acciones violentas, pero en buena parte de los casos las victimas lo eran por alguna consideración política. En una primera etapa, hasta prácticamente el año 1995, los asesinados son personas vinculadas a las fuerzas de seguridad o al ejército, añadiéndoseles un tercer grupo de civiles acusados de enemigos del pueblo vasco por las más variadas razones. Buena parte de ellos eran englobados bajo la categoría despectiva de txakurras, término que no era sino una forma de deshumanizar a sus víctimas, de cosificarlas, poniéndoles un apelativo insultante y despreciativo^​[7]. Fue durante este período cuando se popularizó esa expresión de «algo habrá hecho», con la que el mundo de los violentos justificaba los asesinatos o los atentados inexplicables^​[8]. Era un artificio semántico que reflejaba la atmosfera en la que vivía la sociedad vasca: no había garantías para los ciudadanos y era ETA la que decía quién podía ser libre y quién no, quién podía vivir y quién no. Era una estrategia en la que se jugaba con la idea de que esas personas eran ajenas a «nuestro grupo de referencia», que era como decir a la sociedad vasca, pues representaban simbólicamente a la nación española, que en su imaginario era ese «otro» que estaba oprimiendo a Euskadi y que, por tanto, no eran merecedoras de obligación moral alguna^​[9]. Una vez socializada así su estigmatización, quedaba abierta la vía para que fueran consideradas como una población sobrante, que podía así ser eliminada^​[10]. Esto era especialmente visible en el caso de la Guardia Civil en las localidades medianas y pequeñas, en las que se hacía manifiesto y cotidiano la hostilidad y la beligerancia no solo hacia los miembros del cuerpo, sino también hacia sus familias^​[11]. También lo fue para tantos civiles que para ETA y el mundo abertzale representaban el viejo régimen y que por tal razón debieron soportar una persecución implacable, que propició que tanto la UCD como AP quedaran prácticamente laminadas en Euskadi^​[12].

En este sentido, el panorama que va a ofrecer el País Vasco hasta los primeros años noventa en relación con la situación de las víctimas y la reacción frente a ETA, es desolador. No hay respuestas sociales sostenidas, ni tampoco apoyo a las víctimas, que en la práctica no existían. En su mayor parte los asesinados eran despedidos en actos semiprivados, casi clandestinos, con una escasísima presencia de público, y a esa ausencia social había en ocasiones que añadir la ausencia institucional. Frente a este escenario, contrastaban los ceremoniales que se producían con ocasión del fallecimiento de militantes de ETA como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de orden público, que eran despedidos en sus localidades entre multitudinarias muestras de apoyo^​[13]. Sus funerales eran oficiados por los párrocos locales, que muchas veces exaltaban la figura de esas personas muertas, reforzando esos lazos comunitarios que enlazaba a la población con la causa de ETA. Sectores de la Iglesia vasca contribuían así, a través de la liturgia religiosa, a ese proceso de sacralización de ETA, cuyos militantes muertos llegaron a ser presentados como mártires que entregaba su vida por una causa justa^​[14].

La versión edulcorada de la historia vasca que comentábamos al comienzo, no coincide con esta interpretación y en favor de su tesis hay que señalar que en aquellos años también se produjeron manifestaciones de gran calado en Euskadi, que mostraban la repulsa hacia la violencia de ETA. Destacó, en especial, la habida tras el asesinato del ingeniero de Iberdrola, José María Ryan, en febrero de 1981, que suscitó una huelga general con un amplio seguimiento y masivas manifestaciones en las capitales vascas, considerándose que la de Bilbao reunió a 100 000 personas. Asimismo, el asesinato de otro ingeniero de la central de Lemóniz, Ángel Pascual, en Bilbao, en el año 1982, congregó alrededor de 40 000 personas. Igualmente fue muy concurrida la manifestación en protesta del asesinato del militar Martín Barrios, a instancia de varias formaciones políticas (octubre 1983), que reunió a cerca de 100 000 personas en Bilbao, tras una pancarta con una clara consigna: «Con el pueblo contra ETA». Como luego señalaré, en tales concentraciones no era habitual esta mención expresa a ETA^​[15].

Pero la significación de estas manifestaciones, como vemos numéricamente importantes, quedaba diluida cuando bajamos el peldaño y observamos la situación cotidiana, el día a día que vivían las víctimas y sus familiares, los amenazados, o aquellos que públicamente se atrevían a desafiar a ETA y a su mundo. Pues bien, lo que caracterizaba la vivencia de estos colectivos durante los años setenta y ochenta es que no contaron con apoyo social, ni eran reconfortadas pública ni privadamente, desenvolviéndose en un entorno que era especialmente doloroso en el caso de las víctimas, que no existían como tal sujeto ni suscitaban la atención pública. No eran tenidas en cuenta por unas instituciones que tras un breve consuelo las olvidaba rápidamente y, sobre todo, por buena parte de una sociedad vasca que prefería ignorarlas. Era lo que tantas veces se ha dicho de una doble muerte: primero la física, luego la del olvido o la de la afrenta («algo habrá hecho; por algo le habrán matado»)^​[16].

Son innumerables los relatos que hoy nos resultan conmovedores porque nos refieren ese vacío social, como el que padeció Susana García, hija de Jesús García, un hostelero de 43 años que mataron en Baracaldo en 1980, tras meses de amenazas y acusaciones de ultraderechista: «Nadie en el instituto me volvió a dirigir la palabra en el año y medio que aguantamos en el pueblo antes de que nos marcháramos, bueno, nos echaran. El único amigo que me quedó fue mi hermano. Yo tenía 14 años»^​[17]; o el hijo de un policía municipal de Oñate, asesinado ese mismo año, que narra cómo en su empresa de doscientos trabajadores, solo dos se le acercaron para darle el pésame^​[18]; o lo que nos cuenta Ana Aizpiri, la periodista que trabajaba en EITB, cuyo hermano fue asesinado en Eibar, en 1988, y que señalaba que tras denunciar la convivencia entre ETA y HB, «yo perdí a la mayoría de mis amigos. No sentí cercanía, ni un sentimiento de empatía hacia mí»^​[19]; o lo que expone el hermano de Ramón Baglietto, asesinado en 1980: «A muchos amigos les eché de menos en el funeral (en Azcoitia), no se atrevieron a ir por cobardía, prefirieron mirar para otro lado, en ese momento las víctimas eran enterradas casi en la clandestinidad»^​[20]; o, por último, lo que declaraba la hija de Díaz Arcocha, mando máximo de la Ertzaina, asesinado en 1985, sobre lo que vivió en San Sebastián:

En ocasiones, los familiares de las víctimas tenían incluso que soportar la hostilidad de los vecinos o pasar por la humillación de que el ayuntamiento de la localidad nombrara hijos adoptivos a los asesinos^​[22] o tener que escuchar los insultos al muerto en su propio funeral^​[23]. En fin, son numerosísimos los testimonios que se pueden aportar que nos refieren esa frialdad, esa ausencia de empatía social hacia las víctimas y que motiva que resulte imposible o cínico, mantener la idea de una sociedad solidaria con la víctima y activa frente a ETA^​[24].

Eran vivencias demoledoras y difíciles de comprender para quien no haya vivido aquel período^​[25], pero como su contrapunto conviene resaltar que desde comienzos de la transición va a haber reacciones de partidos políticos contra ETA, no muy extendidas, minoritarias, pero significativas. Y en ese sentido, hay que destacar el papel del Partido Comunista de Euskadi, que fue la primera organización que salió a la calle para expresar públicamente su rechazo hacia ETA, ante la incomprensión de una gran parte de la sociedad^​[26]. Hubo también otras formaciones que participaban de esa idea de combatir a ETA propiciando una reacción social, como era el caso del Partido Socialista, o de un partido que desapareció al poco tiempo como fue la Democracia Cristiana Vasca, de la que en aquellos años formaba parte Fernando Buesa, luego asesinado por ETA, o de la izquierdista ORT. Fue común a esas formaciones la idea de que la derrota del terrorismo necesitaba como uno de sus pilares sustanciales la movilización de la ciudadanía, entendiendo que mientras tal hecho no se produjera, la banda continuaría disponiendo de unas bases sólidas de reproducción consecuencia de una cultura de la violencia asumida por una parte de la sociedad vasca.

Junto a tales formaciones, también hubo posicionamientos contra ETA del mundo de la intelectualidad. Fueron voces escasas, casi en el desierto, pero que por ello tenían más valor y más mérito. Hubo así un manifiesto en mayo de 1980 suscrito por una treintena de personalidades emblemáticas de la cultura, como Barandiarán, Caro Baroja, Mitxelena, Monreal, Gabriel Celaya, Recalde, etc., que aunque con contradicciones fruto de su carácter transversal^​[27], era un alegato contra ETA a pesar de que no se la mencionaba, centrado sobre todo en una crítica al uso de la violencia por su nula utilidad^​[28]. Había ya un precedente con una reunión de intelectuales, en enero del 79, celebrada a instancia del Consejo General Vasco, a la que sin embargo no asistieron los vinculados con el PNV, en la que se reclamaba «la cesación inmediata de la violencia como estrategia política»^​[29]. Como termómetro de lo que era el tiempo político del momento, llama la atención que en ambos manifiestos no se citase al terrorismo, sino que para mencionarlo se empleasen términos sin una valoración peyorativa como «violencia» o «violencia armada», y que la denuncia de esa violencia se basara no en un criterio ético, sino, como decíamos, en su negativa funcionalidad.

Las primeras protestas públicas contra ETA se produjeron en junio de 1978, tras el asesinato del periodista Portell, que había mediado ante ETA con el fin de entablar negociaciones. Tras su muerte, el Partido Comunista de Euskadi convocó una manifestación de repulsa en Portugalete a la que acudieron doscientas personas y frente a la que se situó un grupo de reventadores coreando «gora ETA». Tras esta, hubo otras concentraciones o manifestaciones con esas mismas pautas, de las que quiero destacar tres aspectos: por lo general, eran convocadas por el Partido Comunista; en segundo lugar, tales concentraciones reunían a un escaso número de personas y, por último, sus participantes eran acosados por radicales abertzales, que les insultaban, lanzaban piedras, agredían y amenazaban con consignas como «ETA mátalos».

Asimismo, ya en aquellos primeros años de la transición empezó a delimitarse la existencia de víctimas de primera y víctimas de segunda. Las primeras, por lo general civiles, recibían en algunos casos una cierta atención pública; las segundas, pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado, eran despedidas en la soledad y sin recibir el apoyo de la sociedad. Hay que señalar que también en este caso fue prioritariamente el Partido Comunista el que rompió esa dinámica perversa, con los costes que ello le supuso^​[30]. Fue así este partido el que convocó primero en Elgoibar (el 9-‍10-1978), y luego en Algorta (el 22-‍10-1978) manifestaciones tras el asesinato de guardias civiles, y lo mismo sucedió unos días después tanto en Zumárraga como en Rentería (11-‍11-1978) tras atentados sufridos por miembros de este cuerpo.

Esta división entre asesinados de primera y de segunda según fueran civiles o miembros de las fuerzas armadas y de la seguridad, persistió en la sociedad vasca a lo largo del tiempo. Permanecía una imagen distorsionada e interesada, que vinculaba a los cuerpos de seguridad o al ejército con el pasado franquista, y por ello no merecedores de reparación alguna. Tal circunstancia podía extenderse hacia colectivos encargados del mantenimiento del orden, y en esa clave puede entenderse que el asesinato de algún miembro de estos cuerpos recibiera un escaso reconocimiento social. Este fue el caso, por ejemplo, de Alfonso Morcillo, sargento de la policía municipal de San Sebastián, asesinado por ETA en 1994. Pues bien, a pesar de que hablamos ya de una fecha en la que se había producido una primera reacción importante contra ETA con ocasión del secuestro de Julio Iglesias, que luego comentaremos, el alcalde de la ciudad, el socialista Elorza, lamentaba amargamente la «insuficiente» respuesta de los donostiarras, su «pasividad», y se preguntaba si su actitud hubiera sido la misma si el asesinado hubiera sido un ertzaina^​[31].

Se dice desde los medios del PNV, y en especial por Anasagasti, que lo suele repetir con frecuencia^​[32], que la primera manifestación contra ETA fue la promovida por este partido en octubre de 1978. La consulta de la prensa de la época y lo que ya expusieron Santiago de Pablo y Ludger Mees en El péndulo patriótico tras el acceso de la documentación interna del partido, cuestiona esta afirmación. Es cierto que en su origen fue una convocatoria del PNV dirigida a las fuerzas democráticas con el lema «Contra el terrorismo». Sin embargo, hubo una reacción interna de los militantes no conformes con los términos de la convocatoria, lo que llevó a que paulatinamente esta fuese variando, de manera que finalmente se acabó planteando como una manifestación contra todo tipo de violencia, y bajo el lema «Por una Euskadi libre y en paz». De señalar a ETA como protagonista de la violencia en Euskadi, se pasó a apuntar a UCD como corresponsable de tal hecho y se le «invitó» a que no acudiera. Precisamente a una organización acosada durísimamente por el mundo de ETA y que apenas al cabo de un año vería como cuatro de sus militantes caían asesinados por el terrorismo. Incluso el propio Anasagasti, contradiciendo lo que posteriormente ha expuesto, declaraba en la prensa de la época que «la gente que se quiere aprovechar de esta manifestación para ir en contra de ETA, se ha confundido de manifestación»^​[33].

Así pues, los ochenta fueron años muy duros en Euskadi, si bien no para toda la sociedad vasca, ni siquiera para todos los demócratas, sino para aquellos que defendían unos valores y unos principios opuestos a ETA y que se atrevían a expresarlos. Como se ha dicho, fue un período especialmente muy difícil para las víctimas de ETA y su entorno, que no encontraron el debido apoyo en una sociedad atemorizada, condición además auspiciada por la convicción de que ETA era invencible. Esta idea estaba respaldada por el hecho de que el Estado estaba desaparecido en muchas partes de Euskadi y no se atrevía a adentrarse en ciertas zonas. También aquí los testimonios son elocuentes. En sus memorias, el lehendakari Ardanza cuenta sobre su etapa de alcalde de Mondragón que «hasta que llega la Ertzaintza en 1982, la Guardia Civil no se atrevía a salir del cuartel» de la localidad^​[34]; por su parte, los trabajadores de la librería Lagun de San Sebastián, por entonces ubicada en la parte vieja, narran que cuando llamaban al Gobierno Civil reclamando la presencia policial porque les estaban haciendo pintadas, les contestaban que no podían acudir pues «no nos atrevemos a entrar en esa zona»^​[35]. Eran algunas expresiones de esa debilidad del Estado, que sobre todo no era capaz de garantizar en Euskadi el bien más preciado: la vida humana. Frente a esta fragilidad del Estado, ETA se consolidó como un poder militar, un poder fáctico, amenazante para el discrepante, pero atractivo para aquellos que querían cobijarse en una estructura aparentemente invencible, que deseaban encontrar amparo en una comunidad sólida que generaba seguridad y orgullo a los que a ella pertenecían^​[36]. Era la «seducción del vencedor»^​[37].

No es extraño, por tanto, el silencio que se producía en la sociedad vasca a la hora de expresarse críticamente frente a ETA, silencio que se hacía más espeso en las numerosas localidades medianas y pequeñas de Euskadi. Aquí era palpable aún en mayor medida el miedo que sobrevolaba. Este es al fin y al cabo una de las principales aspiraciones de las organizaciones terroristas como ETA: infundir el temor en la población, de manera que el que se manifieste públicamente contra ella perciba que tiene un riesgo, que está «señalado» por ello^​[38]. Para este fin ETA disponía de un complejo engranaje con varias ramificaciones sociales^​[39] y extremadamente eficaz, «tan sutil y capilar que muchos ni siquiera eran conscientes de estar obedeciendo sus dictados», de suerte que la «inhibición acomodaticia ganaba la partida al compromiso cívico»^​[40]. Era un miedo difuso, «domesticado», casi naturalizado, que conducía al absentismo moral. Ha sido un marco que como un efecto añadido ha conducido a una perversa «espiral del silencio», a no expresarse contra la violencia de ETA pues no solamente había un temor físico, sino que tal postura podía implicar la marginación de la comunidad^​[41]. Esta segunda alternativa, la de la exclusión, era la más cercana, la más visible y sentida, y la que operaba con una mayor eficacia propiciando la «complicidad del silencio»^​[42].

Un suceso nos puede ilustrar ese temor que llevaba a la indiferencia y al desistimiento: en enero de 1979 un guardia civil y su novia fueron tiroteados en el coche del primero en Beasain, cayendo su cuerpo sobre el claxon, que durante veinte minutos estuvo atronando la calle. Pues bien, como se señalara desde los medios de la Consejería del Interior del Consejo General Vasco, «pese a que aquel no dejó de sonar durante este tiempo, nadie acudió en socorro de las víctimas», con el agravante de que «algunos testigos confesaron después que de vez en cuando se encendía la luz en un piso, se abría una contraventana, que a los pocos segundos se entornaba, la luz se apagaba, y el claxon seguía sonando…»^​[43]. Las ventanas cerradas ante el dolor, una metáfora de Euskadi.

III. LA ESPERANZA TRUNCADA[Subir]

La persistencia del terrorismo hizo que gradualmente se fueran abriendo espacios en los que se mostraba un rechazo no ocasional hacia la banda con la idea de articular una contestación social a la violencia en general, y más en particular a ETA. Se fueron organizando así desde 1985 por gentes provenientes del pacifismo y de movimientos católicos de base, aunadas en torno a una concepción humanista y a un compromiso ético, concentraciones con las que mostrar su repulsa hacia todo tipo de violencia, que fueron el embrión de lo que dos años después se plasmó en la constitución de la «Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal-Herria». De este modo, desde esos años los asesinatos eran contestados por concentraciones que promovía Gesto en muchas localidades y que reunían a gentes en silencio. Gesto entendía que el tema de la violencia, y por ende de ETA, era una cuestión prepolítica, de contenido fundamentalmente ético, por lo que había que huir de posicionamientos políticos que abrieran fracturas internas. Su objetivo fue promover una cultura de la paz, a la par que impulsar la movilización ciudadana, con el objeto de que la sociedad asumiera su parte de responsabilidad a la hora de hacer frente a la violencia. A la altura de los años noventa contó con 175 grupos, que se movilizaban ante los actos de violencia política^​[44].

Paralelamente surgieron otros movimientos cívicos con contenidos parecidos, siendo el más destacado Denon Artean, que tendrá una labor muy importante en San Sebastian, reproduciendo esa misma dinámica de concentraciones tras los asesinatos. En su origen en 1986, estaba la voluntad de atender a las víctimas del terrorismo, desamparadas en aquel contexto, y por tanto de ponerles en el foco de la atención pública. Fue una propuesta asumida también por Gesto, que pasó asimismo a conceder una prioridad a la idea de visibilizar a las victimas^​[45].Tanto las convocatorias de Gesto como de Denon Artean reunían un escaso número de personas y eran, por lo general muy minoritarias, pero fueron simbólica y funcionalmente muy importantes. Asentaron un núcleo de protesta que llevaba al día a día la respuesta al terrorismo, entendiendo que tal contestación era una labor de socialización, de considerar que si se quería erradicar la violencia había que combatirla no de forma ocasional, sino en la vida cotidiana y diariamente. Fueron una semilla que mantuvo viva la idea de que era posible expresarse contra ETA, de que no había que subordinarse al miedo, constituyéndose como un pilar que posibilitó que la reacción social contra el terrorismo fuera calando. Prueba de su operatividad, del daño que hacían al radicalismo abertzale, es que esas concentraciones eran hostigadas por grupos pertenecientes a esa ideología. La intervención de estos escuadrones solía ser consentida por la Ertzaintza, que estaba presente, pero sin intervenir, sin impedir tales agresiones, lo que resultaba paradójico, pero que ayuda a conformar el clima social y político de aquel tiempo.

En otro plano, un paso importante en este proceso de contestación social a ETA fue el Pacto de Ajuria Enea (1988), que supuso que todas las fuerzas políticas democráticas vascas se pusieran de acuerdo en señalar al terrorismo como la principal lacra de la sociedad, formulándose la necesidad de su erradicación «como un objetivo común fundamental». Además de exponer que era al Gobierno Vasco a quien correspondía encabezar ese movimiento, también se hacía un llamamiento a la ciudadanía para que trabajara activamente en favor de los valores democráticos. El Pacto de Ajuria Enea tenía un precedente en la declaración del Gobierno vasco de marzo de 1985 y en el acuerdo parlamentario entre las distintas fuerzas políticas vascas de ese mismo mes^​[46]. En el llamamiento del Gobierno vasco de 1985 se exponía que «la lucha contra la violencia en Euskadi es una responsabilidad de todos. Esto significa que cada uno de los vascos ha de tomar el problema como propio, superando el miedo al miedo y comprometiéndose a no transigir con los que matan, con los que les apoyan o con los que se callan» ^​[47].

Como se señalaba en la prensa de la época, era un lenguaje nuevo en el PNV. Para que ello ocurriera habían sucedido tres cosas: Ardanza estaba al frente del Gobierno en lugar de Garaikoetxea; se había suscrito en enero de ese año un pacto de legislatura con los socialistas y, muy especialmente, ETA había asesinado unos días antes al jefe de la Ertzantza, Carlos Diaz Arcocha. En esa estela de una posición unitaria y más activa frente a ETA, es como se produjo la movilización más importante habida hasta ese momento en Euskadi contra la violencia sin que mediara una acción de ETA, congregándose en Bilbao, en marzo de 1989, 200 000 personas bajo el lema «Paz ahora y para siempre».

En el PNV se había producido un giro en lo que respecta a la política sobre ETA, giro personificado en la figura de Ardanza, que rechazó que la violencia de ETA pudiera deberse a un conflicto secular entre Euskadi y España, es decir, que respondiera a un enfrentamiento nacionalismo/no nacionalismo, para situarla, por el contrario, en un marco de confrontación entre demócratas y violentos. Dicho con sus propias palabras: «El conflicto que está en la base de la violencia no consiste en un contencioso no resuelto entre el pueblo vasco y el Estado español, sino en que una minoría de vascos se niega a aceptar la voluntad de la mayoría y emplea para imponer la suya el instrumento de la lucha armada»^​[48].

Cambios, pues, significativos que se iban traduciendo en una nueva actitud social, pero evolución asimismo con llamativos claroscuros. Uno de ellos, situado en el terreno semántico, era expresivo de las dificultades que existían en la sociedad vasca a la hora de avanzar en la lucha frente a ETA. A nadie le escapa la importancia del lenguaje en el sentido tanto de expresar como de crear realidades sociales, la función tanto pasiva-descriptiva como generativa que cumple. Pues bien, a este respecto resulta revelador que en las convocatorias de aquello años, así como en las consignas centrales de las principales manifestaciones, se evitase el uso del término ETA. En el mismo Pacto de Ajuria Enea solo aparece la palabra ETA una sola vez y es en la parte inicial, en la parte expositiva, para posteriormente ya no volver a citarla. Tal omisión no era circunstancial. En las manifestaciones que se convocaban en aquellos años, la consigna más usual es la referida de «Paz ahora y para siempre», y el término ETA no aparecía. Hubo excepciones, como la ya señalada manifestación que se produjo en Bilbao, en octubre del 83, tras el asesinato de Martin Barrios («Con el pueblo contra ETA»); otra fue la manifestación de febrero de ese mismo año tras la muerte de tres trabajadores del Banco de Vizcaya y que fue considerada por el diario El País como «la primera gran manifestación contra ETA» dado que en las que había habido hasta ese momento no se mencionaba a la banda (la pancarta decía «ETA no, el pueblo unido por la paz»)^​[49]. Esa referencia directa no fue, como decimos, la pauta, y la omisión a ETA fue lo característico de las convocatorias, como si su alusión todavía resultara lesiva para atraer a las gentes, o a que su mención rompiera el hechizo de las «dos violencias» (la del Estado y la de ETA), idea tan del gusto de las bases del PNV^​[50]. Por eso, cuando alguna de esas concentraciones se hacía bajo la explícita condena a ETA, tal circunstancia era resaltada por la prensa de la época. Fue el caso de la manifestación en Eibar, en junio de 1988, tras el asesinato de Aizpiri, en la que 4000 personas se reunieron bajo el lema «Eibar y Elgoibar contra ETA», señalándose por El País que «el lema de la manifestación y las declaraciones de los dirigentes que participaron contrastan con las genéricas alusiones a «la violencia» y «al terrorismo», habituales hasta ahora en estas movilizaciones»^​[51] .

Esta era la situación vivida durante los años setenta y ochenta. Los años noventa vinieron marcados por la disminución de la actividad terrorista de ETA, especialmente a partir de la caída de la dirección en Bidart en 1992, lo que trató de ser compensado por la banda con una mayor especialización de los asesinatos en la línea de la «generalización del sufrimiento» y de que tuvieran una fuerte conmoción social. De este modo entramos en una etapa en la que ETA asesinó a representantes del pueblo (Ordoñez en 1995), a políticos (F. Múgica en 1996), o a intelectuales reconocidos (Tomas y Valiente en 1996), todo ello combinado con secuestros de larga duración en un escenario de una especial crueldad que reflejaba el grado de deshumanización en el que se movían los terroristas, con un desprecio hacia las personas en favor de la sublimación de la ideología. Fueron los casos de Ortega Lara, recluido en un cubículo de solo 2,4 metros de largo y 1,7 de ancho, en unas condiciones infrahumanas durante 582 días; o de Aldaya, 341 días secuestrado, Delclaux 232 días…

Era un clima asfixiante, de una extraordinaria brutalidad, que propició que se produjera una paulatina contestación en clave pacifista y que el movimiento antiterrorista fuera adquiriendo un mayor eco social. En ello influyó, y no poco, las detenciones de miembros de ETA, con la captura de la cúpula en Bidart como dato más relevante, que supuso que el mito de la invencibilidad de ETA se fuera desmoronando. Una imagen nos puede servir para ilustrar lo que entiendo que fue ese cambio de actitud social, con una posición más decidida, más beligerante frente a ETA.

Esta es una foto de una manifestación que se produjo en 1996 tras el asesinato por ETA de un industrial, Isidro Usabiaga, que congregó a unas 10 000 personas según la prensa. Quizá el número de concentrados no parezca relevante, pero sí lo es si se considera el hecho de que esa manifestación se produjo en Ordizia, corazón del Goierri, una de las comarcas que abastecían a ETA y donde nacieron varios de sus dirigentes. La dimensión de la protesta contrastaba con un asesinato de ETA acaecido diez años antes, también en Ordizia, el de la antigua dirigente etarra y en ese momento reinsertada, María Dolores González Katarain, Yoyes. Pues bien, aunque su muerte tuvo un gran impacto emocional en ciertos medios políticos, sin embargo, la respuesta ciudadana en su localidad de origen fue mucho menor que la que se produjo con Usabiaga. Como decía el alcalde de Ordizia con ocasión del crimen de Yoyes: «El miedo existe. Antes teníamos miedo a la Guardia Civil y ahora es a estos otros»^​[52].

La visualización de la reacción social que se produjo contra ETA en los primeros años noventa tomó su expresión en la proliferación del uso del lazo azul como símbolo del rechazo a la banda. La campaña del lazo azul, impulsada por organizaciones pacifistas, tuvo su origen en el secuestro que padeció el industrial Julio Iglesias Zamora (​Zabalza, R. (1993). ¡Secuestrado! 117 días en la encrucijada vasca. Tafalla: Txalaparta.1993), que provocó una movilización civil como no se había conocido hasta entonces, masiva y continuada, combinándose manifestaciones multitudinarias con concentraciones semanales en varios lugares de Euskadi. Se produjo una suerte de «rutinización» de la protesta, de forma que las concentraciones contra el secuestro pasaron a formar parte del paisaje cotidiano en Euskadi. De alguna forma, como señalaba M.ª Jesús Funes, la reacción ciudadana marcaba la «salida del silencio» y una manera habitual de expresarlo era llevando ese lazo de esperanza, lo que no era sino un símbolo de que el miedo se iba atenuando^​[53]. Así lo apuntaba Arzalluz en unas declaraciones en el curso de una manifestación a favor de la liberación de Julio Iglesias, señalando «que cree que aunque todavía hay ciudadanos que tienen miedo en Euskadi, hay otros muchos que lo están perdiendo»^​[54].

La socialización del lazo azul afectaba a algunos resortes sensibles al mundo de los violentos pues les disputaba la hegemonía en los espacios públicos y era un desafío a su política de amedrentamiento. Pues bien, la respuesta de ETA y con ella de la izquierda abertzale, fue contundente y respondió a sus claves ideológicas totalitarias: incremento de la violencia social, acallamiento de las voces que pedían libertad, coacción social en suma. Ello se puso de manifiesto con ocasión de un nuevo secuestro, el del empresario José María Aldaya (1995-‍96), con cuyo motivo los movimientos cívicos y partidos democráticos trataron de reproducir las movilizaciones habidas con Iglesias, sacando de nuevo el lazo azul a la calle. Sin embargo, tal hecho fue violentamente reprimido por los radicales abertzales, menudeando las agresiones en la calle, las amenazas y los insultos a todos aquellos que portaban el lazo. Asimismo, esa estrategia intimidatoria supuso la ampliación por parte de ETA de sus objetivos asesinos por un lado, y por otro la intensificación social de esa violencia a través de la kale borroka ^​[55] . Era una violencia que tenía dos propósitos: por un lado extender el amedrentamiento al conjunto de la sociedad a través de acciones que repercutiesen sobre toda ella (quema de autobuses, mobiliario urbano y demás) y, por otro, volcando esa violencia hacia personas concretas, representantes políticos, por ejemplo, con el fin de que sintieran físicamente la amenaza; era la «violencia de persecución»^​[56]. Téngase en cuenta que las acciones «registradas» de la kale borroka pasaron de 287 en 1994 a 924 en el año 95, alcanzando su culmen en el 96 con 1136^​[57].

Hay muchas expresiones de la barbarie que trató de enseñorearse de Euskadi (una de ellas fue la consigna «a los del lazo navajazo» ^​[58]), pero sirva como muestra de esa radical intolerancia, este texto de un libro de un colectivo de periodistas de Egin que, expresando la opinión de los radicales abertzales, dice así: «Pero además de secuestrados hemos sido provocados sin descanso ni rellano por la tortura visual y prepotente del nefasto lazo azul. El lazo protegido por los cascos y botas imperiales que negaban con su chulesca ostentación la expresión de los demás. En todos estos días nada ha habido más desafortunado y desdichado que el desafiante lazo»^​[59].

Resultado de esta campaña intimidatoria fue el reflujo de la movilización social y la práctica desaparición en las calles del lazo azul. Hay unas declaraciones de Ramón Jáuregui en 1997, entonces consejero de Justicia del Gobierno Vasco y secretario general de los socialistas vascos, absolutamente desoladoras: «Hay batallas que los demócratas hemos perdido. Hemos perdido la batalla del lazo azul, la de las movilizaciones ciudadanas… Excepto el valor, casi heroico, de los pacifistas. Y la sociedad, que ha percibido desde la política un mensaje confuso y dividido, ha acabado amordazada por el miedo»^​[60].

A este respecto, dos relatos vendrían a reiterar que el panorama referido a los años setenta y ochenta de imposición violenta continuaba vigente. En uno de ellos, una integrante de Gesto explicaba cómo encaraba su asistencia a los actos que promovían: «Porque desde la mañana, los lunes empezamos a sentir una especie de desasosiego por tener que afrontar la concentración de la tarde, en la que nunca se sabía qué nueva sorpresa nos tendrían preparada. Considerábamos que la cosa había transcurrido de forma normal si sólo nos habían insultado»^​[61]. Por su parte, Alberto Agirrezábal, exmilitante de Euskadiko Ezkerra, explicaba a la altura del año 2000 su experiencia en Zarauz en las concentraciones contra ETA, en un relato elocuente de la atmósfera que se vivía en muchos lugares de Euskadi: «Cada vez que se produce una muerte violenta», recuerda Alberto, «los pacifistas salimos con nuestras pancartas, en silencio. A partir del secuestro de José María Aldaya, los de HB se pusieron enfrente, a un metro. Insultaban, calumniaban, amenazaban. Era muy duro, no por el miedo, sino porque los que estaban enfrente, mirándonos con odio, no eran gente desconocida: había familiares, y amigos de la infancia… Hay quien tiene a sus propios hijos allí enfrente. Es terrible»^​[62].

A pesar de los avances producidos en la lucha contra ETA, la sensación de impunidad con la que actuaban los jóvenes violentos de la kale borroka resultaba desmoralizadora para esa parte de la sociedad civil insumisa al terrorismo, que veía cómo el Estado carecía de resortes suficientes –o de la voluntad debida en el caso del Gobierno Vasco− para hacerle frente. Era una situación reconocida por el gobernador civil de Gipuzkoa, Juan Mari Jáuregui, que luego fue asesinado por ETA, que a la altura de 1995, refiriéndose a la violencia callejera, exponía: «Y está claro que entre los ciudadanos existe una sensación de indefensión en la medida en que comprueban que las agresiones quedan impunes. Hay que atajar el sentimiento de frustración hacia sus propias fuerzas de seguridad que ha empezado a extenderse en los ciudadanos»^​[63].

Un año después las cosas seguían igual, denunciándose por un conocido sociólogo, Javier Elzo, «que la situación de impunidad (de los violentos) en el País Vasco es insostenible», con unos jóvenes radicales que se movían a sus anchas por las calles de Euskadi en su objetivo de retomar el control del espacio público, expulsando e intimidando a los grupos que se les oponían^​[64]. No obstante, los movimientos pacifistas, y con ellos militantes de partidos democráticos, seguían resistiendo, acudiendo a unas concentraciones que denunciaban una violencia que se había instalado en el paisaje diario de Euskadi, casi como una expresión banal y cotidiana, no llamativa.

IV. MIGUEL ÁNGEL BLANCO, PUNTO DE NO RETORNO[Subir]

Buena parte de este escenario lo cambió la muerte de Miguel Ángel Blanco en 1997, que originó una explosión de indignación ciudadana, una marea social contra ETA y canalizó la expresión de una contenida ira. La demanda de su liberación reunió a cientos de miles de personas en Bilbao, en la que fue la mayor manifestación que se había producido en Euskadi, y de la que ETA se mofó matando al concejal de Ermua. Tras este asesinato las cosas en Euskadi no volvieron a ser lo mismo. Es cierto que el impulso que tomó el «espíritu de Ermua» llevó a una nueva coalición de las fuerzas nacionalistas y a que el PNV tratara de enfriar esa reacción ciudadana, con comportamientos que le alejaban de las víctimas del terrorismo como el acuerdo parlamentario con EH (Euskal Herritarrok)^​[65], o su actitud distante y partidista hacia ellas con ocasión del asesinato de Fernando Buesa^​[66]. En el PNV se había producido una nueva inflexión, y con Lizarra volvía a la estrategia inicial de la Transición de situar a ETA como un tema político, resultado del conflicto entre España y Euskadi y de la condición de sojuzgada de esta^​[67]. Se retomaba así la confrontación nacionalismo/no nacionalismo, lo que entrañó su alianza con el brazo político de la banda. No obstante, una parte significativa de la sociedad civil había tomado ya la determinación de no callarse, del «Basta ya» como expresión del hartazgo, de manera que las concentraciones de repulsa hacia ETA cada vez fueron más continuadas y numerosas.

A ello ayudó el impacto negativo que tuvo la reactivación de la banda tras la breve tregua de los años 1998-‍99, haciéndolo además con una estrategia de ampliar aún más el foco de las víctimas. De este modo, el PNV empezó también a verse afectado, a sentir más directamente la violencia y sus efectos, consecuencia tanto de los atentados de ETA como de la kale borroka. En el primero de los casos, ETA no atacó directamente al partido nacionalista, pues siguió sin atentar contra sus responsables políticos, pero en cambio sí lo hizo a su entorno más cercano. Bajo este criterio encajan los asesinatos de ertzainas (cuatro a lo largo del 2001), o del empresario Korta (​Cuesta, C. (2000). Contra el olvido. Testimonios de víctimas del terrorismo. Madrid: Temas de Hoy.2000), que aunque no pertenecía al PNV, sí estaba claramente vinculado a él. En cuanto a la kale borroka, mientras ETA respetó la tregua y el Pacto de Lizarra mantuvo su plena vigencia, el partido nacionalista se vio libre de sus ataques^​[68], pero rota esta las cosas cambiaron. De hecho, la violencia callejera de los radicales hizo del PNV objeto preferente de sus ataques con el fin de presionarle para que adoptara una política más favorable hacia ETA, si bien, según se decía en un documento de KAS de principios de 1997, había que evitar «estigmatizar ese partido como enemigo perpetuo»^​[69] . Por mucho que les desagradara a los burukides del PNV que habían hecho una apuesta fuerte por Lizarra^​[70], su continuidad y con ella la alianza de las diferentes ramas del nacionalismo resultaba inviable ante el camino que había adoptado ETA. Por el contrario, la hostilidad controlada mostrada por el entramado radical violento hacia el partido jeltzale, lo que generó fue el alejamiento sentimental de las bases de esta formación hacia el mundo de ETA.

En ese sentido, desde comienzos del siglo xxi fue cada vez más palpable el péndulo social que se produjo con respecto a la violencia etarra, que pasó a ser considerada como un factor negativo, algo impropio de una sociedad moderna como Euskadi. El cansancio y el hastío que generaba el terrorismo, así como el impacto nocivo del terrorismo internacional o el fin de la violencia en Irlanda del Norte, propiciaron ese cambio de actitud. Pesó también de un modo importante la creciente eficacia policial, con un aumento de los activistas de ETA detenidos, y las caídas cada vez más reiteradas de su cúpula. De este modo, se pasó de los 75 detenidos como miembros o colaboradores de esta organización en el 2000, a 135 al año siguiente, y a 123 y 126 en el 2002 y 2003, en tanto que las acciones de distinto tipo de ETA disminuyeron desde 36 en el 2000 a 16 seis años más tarde^​[71]. El mito de la ETA invencible quedó arrumbado y por primera vez la solución policial se evidenció factible, abandonándose paulatinamente la gramática de la negociación política que era tan del gusto del nacionalismo. Era un contexto que propiciaba la quiebra de ese mecanismo que el sociólogo Pérez Agote ha definido como la escisión razón/sentimiento, por el cual entre ciertos sectores, y especialmente entre los nacionalistas, había una suerte de afinidad emocional que, sin aceptar la violencia, miraba con simpatía a ETA en razón a lazos sentimentales y biográficos que tenían su origen en la vivencia del franquismo^​[72]. Paulatinamente, el sentimiento fue agotándose y la razón prevaleciendo. Ello supuso que el péndulo cambiase y ya no otorgaba prestigio social figurar apoyando o mostrando comprensión a la violencia etarra, y el silencio que había impuesto ETA a la sociedad vasca, se iba troceando y perdiendo su operatividad.

Conforme a lo expuesto, las movilizaciones contra ETA se incrementaron y registraron un mayor número de concurrentes. El gráfico que acompañamos, sin ser sistemático pues solo recoge algunas de las manifestaciones habidas tras los asesinatos, sirve como indicador de esa creciente movilización.

No obstante, el miedo seguía persistiendo. Es cierto, como luego se comentará, que ese temor no era el mismo en las capitales vascas, al fin y al cabo ciudades en las que cabe un mayor anonimato, que en las poblaciones medianas, como Tolosa, Mondragón, etc., comunidades cerradas, en las que la intimidación del mundo violento era perceptible y pesaba en la vida diaria. En cualquier caso, la política de ETA de socializar la amenaza hacía que ésta fuera más difusa y extendida. Por ello resultaba tan elocuente esta frase de una pacifista, Olivia Bandrés, cuando decía a la altura del 2000: «Hoy somos más, pero también tenemos más miedo. ETA ahora puede matarnos a cualquiera»^​[73] . Era un temor que se manifestaba en ámbitos muy distintos: bien podía ser en el mundo académico, donde un rector reconocía que se había sentido coaccionado en su gestión y con un miedo constante^​[74], o bien en el amplio sector de vascos que sentían «miedo a participar activamente en política», casi un 70 % en el 2000 o el 60 % dos años más tarde, sentimiento que afectaba de manera muy especial a los no nacionalistas^​[75].

En cualquier caso, la reacción social contra ETA era un proceso imparable que se manifestaba en ámbitos distintos. Así, por ejemplo, ese cambio en el clima social repercutió también en el papel y consideración de las víctimas, lo que se tradujo en su visibilidad, en que pasaran a ocupar un primer plano en la esfera pública, saliendo del arrinconamiento en el que habían vivido hasta entonces. Téngase en cuenta que la primera asociación de víctimas, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), databa del año 1981, pero sus apariciones públicas eran puntuales y tenían una limitada repercusión. Las víctimas como un colectivo que merecía una reparación y un reconocimiento social y político no existieron en el ámbito público durante aquellos años, no era todavía su tiempo, y el recorrido hasta que tal hecho se produjo fue muy largo y el desamparo sentido muy profundo. Ya hemos comentado que en el Pacto de Ajuria Enea solo se les nombraba en una ocasión, y además en relación con un acuerdo parlamentario. Todavía en 1997 la hija de un asesinado, Teresa Diaz Bada, denunciaba «que las víctimas somos incómodas porque no solo recordamos a los políticos su falta de compromisos y cumplimientos, sino porque también exigimos que se haga justicia»^​[76] .

También en este punto el asesinato de Blanco contribuyó a una percepción distinta y a partir del año siguiente hubo varias expresiones de que las cosas estaban cambiando tanto a nivel institucional como en el debate público. En el primero de los aspectos debe citarse la creación a fines de 1998 del Colectivo de Víctimas de Terrorismo en el País Vasco (COVITE), la asociación de víctimas del terrorismo en el País Vasco, con la exigencia del reconocimiento a las víctimas y del papel central que debían jugar en el proceso de pacificación como reclamaciones prioritarias; al año siguiente se aprobó por el Parlamento español la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y a ella le siguieron otras medidas como la constitución de la Fundación Víctimas del Terrorismo (2002).

Paralelamente, las víctimas cobraron un mayor protagonismo en la esfera pública, abriéndose paso la idea de que era un sujeto al que se le debía reparación y justicia. En Euskadi ese reconocimiento institucional aún fue más lento, y todavía en 1999, Egibar, en su calidad de portavoz parlamentario del PNV y en la fase de plena avenencia del pacto de Lizarra, declaraba en sede parlamentaria que «el mejor favor que se les puede hacer a las víctimas del terrorismo es no darles ningún tipo de protagonismo político»^​[77]. Esta afirmación se producía en una sesión en la que el PNV justificaba el rechazo a la creación de una comisión específica para atender la problemática de las víctimas del terrorismo, para lo que contó con el apoyo de EA y Euskal Herritarrok. La ruptura del pacto PNV-EH facilitó que el ejecutivo autónomo adoptara una nueva actitud y, por fin, dejando los juegos alambicados practicado por el PNV de atender a «todas las víctimas de la violencia generada en nuestro país» (2000)^​[78], el Gobierno vasco creó, a fines de 2001, una Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, al frente de la cual situó a la viuda de Jáuregui, Marixabel Lasa.

Otro signo de ese nuevo clima que se vivía en Euskadi fue la aparición de «Basta Ya» y el calado social que tuvieron algunas de sus iniciativas. El movimiento «Basta Ya», nacido al calor de la indignación ciudadana tras el asesinato de Blanco, desbordaba el marco del pacifismo para asumir sin complejos posturas no nacionalistas, escasamente exteriorizadas en Euskadi. Así, sobre el núcleo de la denuncia de ETA, se formulaba a la par una crítica al nacionalismo en nombre del pluralismo y la libertad recortada que una parte de la sociedad sufría en Euskadi, así como una defensa del sistema constitucional y estatutario. Lo sorprendente no fueron esas reivindicaciones, sino el eco que encontró este movimiento. Si en su primera gran convocatoria (24-‍2-2000) «solo» juntaron a 10 000 personas, que recorrieron San Sebastián hostigadas por radicales abertzales, en una nueva que repitieron siete meses después bajo el lema «Por la vida y la libertad, defendamos lo que nos une: Estatuto y Constitución», reunió a 100 000 personas, mismo número que se juntó en otra convocatoria, realizada en octubre del 2002. En este contexto, ETA asesinó a dos conocidos colaboradores de «Basta Ya», Jose Luis López de Lacalle y Joxeba Pagazurtundua.

Al margen de su abierta confrontación con ETA, pero también con el nacionalismo en general, había algunos elementos simbólicos en esas convocatorias llenos de significado: las tres fueron celebradas en San Sebastián, la ciudad más golpeada por el terrorismo en Euskadi, en lo que constituía una incitación a vencer el miedo y a manifestarse públicamente contra ETA; en su transcurso se podían ver banderas –pocas− españolas y vascas, en un ejercicio identitario de convivencia, de tolerancia de diferentes sentimientos, algo inusual en Euskadi.

En fin, y ya como tercer elemento de ese cambio perceptible desde comienzos del siglo, variaciones también significativas en el campo semántico, en las consignas tras las que se convocaban las manifestaciones contra ETA. Todavía en los años 1997-‍1998, el lema más extendido en las convocatorias era «Paz ahora y para siempre», que fue la consigna bajo la que se convocó la manifestación en favor de la liberación de Blanco, que era el mismo que el de la multitudinaria marcha celebrada el 18 de marzo de 1989. Sin embargo, tras la finalización de la tregua del 98-‍99, el objeto de la repulsa se define con claridad, de manera que el eslogan «ETA no» se convierte en el leitmotiv de las concentraciones. Ya no hay términos alegóricos, o figuras retóricas más o menos imprecisas con las que aludir a la banda; el mensaje es explícito y ya se cita al mal por su nombre: «ETA no». Junto a esta demanda pueden aparecer otras variantes que le acompañan, siendo la más frecuente «Por la libertad ETA no». Se denunciaba así la falta de libertad en la que se movían los constitucionalistas, circunstancia que el PNV, en tanto que partido gobernante, no asumía, entre otras razones, por lo que tal hecho suponía de ineficacia de su gestión. En cualquier caso, se estaba produciendo una conquista del lenguaje iniciada ya con el Pacto de Ajuria Enea^​[79], y una clarificación a través de los términos −de los significantes− del tipo de confrontación que se daba y que no había dos violencias a las que denunciar: el sujeto del mal era ETA. Era un proceso que tenía que hacer frente a las reticencias del PNV, expresadas, por ejemplo, en la controvertida manifestación de Vitoria con ocasión del asesinato de Buesa, en la que el Gobierno nacionalista no aceptó la pancarta que portaba la familia del fallecido de «Basta ya. ETA no», optando en su lugar por la más contemporizadora de «Necesitamos la paz. Respeto a la vida. ETA para»^​[80] .

Este escenario de rechazo hacia ETA se aceleró tras la ruptura de una nueva tregua en los últimos días del 2006. El quinquenio que transcurre hasta el cese definitivo de su actividad en el 2011 es una paulatina agonía de ETA. Se ha señalado con acierto la gran incidencia que en ello tuvo la eficacia judicial, las nuevas medidas legislativas que dificultaban el apoyo a ETA y, muy señaladamente, la eficacia policial. Entre noviembre del 2008 (detención de Txeroki) y marzo del 2011, la cúpula de ETA fue decapitada en seis ocasiones, sin que tuvieran tiempo para rehacerse, lastrada además la organización por profundas divisiones internas^​[81]. En este contexto, la llegada a la lehendakaritza de Patxi López dio un nuevo impulso a esa reacción social contra ETA.

¿Y la sociedad vasca? Pues también jugó un papel activo en ese fin de ETA, aunque de manera diferente entre unos lugares y otros. Que se estaba en un tiempo nuevo lo pusieron de manifiesto las nutridas manifestaciones en Vitoria (2008) y en Bilbao (2009) tras el asesinato de un guardia civil y un policía respectivamente. Pertenecer a esos cuerpos ya no era un lastre a la hora de expresar el apoyo a las víctimas y el rechazo a ETA. Las víctimas ya no sufrían el desamparo de antes y la percepción entre sus allegados era bien distinta. Con ocasión del funeral de Vitoria declaraba un miembro de la Guardia Civil: «Hace unos años, los guardias civiles y los policías asesinados recibían un funeral rápido y sin gente, casi clandestino. Pues ahora ya lo ve, por la puerta grande»^​[82] . También en las instituciones vascas hubo nuevos pasos, aunque tardíos. Gobernando todavía los nacionalistas, el Parlamento vasco rindió un homenaje (2008) al guardia civil muerto por ETA en Legutiano, iniciativa nunca antes adoptada cuando los asesinados pertenecían a las fuerzas del orden o al Ejército. Al año siguiente, ya con los socialistas en el Gobierno, el Parlamento vasco rindió asimismo un homenaje al policía asesinado Eduardo Puelles, cuyo hermano agradeció el comportamiento de las instituciones, señalando que ese agradecimiento era «sobre todo, a la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca»^​[83] . Diez años antes era impensable un sentimiento así.

Como apuntábamos, esa movilización ciudadana frente a ETA no fue uniforme en Euskadi y los escenarios han sido y son muy diversos, conforme a una Euskadi ideológicamente muy plural. Una de las paradojas que presenta la cuestión del terrorismo en Euskadi es que la trama civil que se identificaba con ETA en ningún momento dejó de ser muy potente, especialmente en los pueblos medianos y pequeños. Aquí la coerción social por parte de este mundo nunca desapareció y el miedo, aunque más atenuado, siguió presente, en unas localidades en las que las sucesivas elecciones reflejaban el respaldo a las candidaturas hijas de ETA. Señala Teo Uriarte que cuando ETA mató al socialista Jáuregui (2000) en San Sebastián hubo una gran manifestación, pero en Tolosa, lugar donde le asesinaron, «solo había pocos cientos, casi todos de fuera, la mitad de los presentes habíamos estado en la cárcel cuando Franco», en una atmósfera que destacaba por «las ventanas cerradas»^​[84]. Era lo habitual en ciudades medias; en las pequeñas, allí donde había una abrumadora hegemonía del radicalismo abertzale, el panorama era más devastador. En Leaburu cuando asesinaron al ertzaintza Uribe en 2001, únicamente estaban presentes miembros del cuerpo, no había nadie de la localidad^​[85]. Incluso en el período terminal de ETA (2007-‍2011), las reacciones sociales fueron muy distintas según los sitios, pues mientras en los casos comentados de Vitoria (guardia civil) y Bilbao (policía), la reacción de repulsa reunió a un número elevado de personas, en cambio los asesinatos del socialista Carrasco en Mondragón o del empresario Uría en Azpeitia en 2008, produjeron tibias respuestas de la población local. Así, la concejala del PP en Mondragón señalaba en relación con una de las concentraciones: «Es muy triste: había más políticos y escoltas que vecinos»^​[86] .

De este modo, en esta etapa de creciente movilización contra ETA que situamos a comienzos del nuevo siglo, en las poblaciones de tamaño medio se asistía a importantes concentraciones tras asesinatos de ETA, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, pero lo que permanecía inmutable es que esas movilizaciones se producían en un clima en el que eran evidentes los signos externos de indiferencia de una parte de la población nativa. Era el caso, por ejemplo, de lo sucedido en Zarauz tras el asesinato del concejal del PP Iruretagoyena en 1998, o en Andoain tras los crímenes cometidos en las personas de Lopez de Lacalle en el 2000 o Joxeba Pagazaurtundua en 2003: nutridas manifestaciones, que contrastaban con, otra vez, las ventanas cerradas en las casas de la localidad, como muestra del distanciamiento y frialdad con que muchos lugareños reaccionaban ante esos asesinatos. Esta descripción que nos ha dejado la periodista G. Gastaminza sobre la manifestación habida en Andoain tras el asesinato de Pagazaurtundua, resulta expresiva de lo que queremos señalar: «La marcha transcurrió silenciosa por un recorrido laberíntico a través de las calles estrechas del casco viejo, en cuyas ventanas no se veía un alma. Atravesar el centro del pueblo, bajo las ventanas y balcones desiertos y las miradas esquivas de algunos vecinos desde el interior de los bares, entrañaba un desafío pacífico contra el miedo»^​[87].

V. A MODO DE CODA[Subir]

Realizado este recorrido histórico, existe la tentación de introducir alguna valoración sobre el comportamiento de la sociedad vasca ante el terrorismo. A la hora de sostener un juicio severo sobre su actitud, se puede aludir al ejemplo de un ciudadano anónimo madrileño que siguió a un comando de ETA y fue dando las claves para que la policía les pudiera detener. Sus palabras de la razón por lo que lo hizo son impecables: «El fin del terrorismo empieza en cada uno de nosotros, actuando sin miedo y permaneciendo alerta por la defensa de nuestro Estado de derecho»^​[88] . No obstante, a las gentes corrientes no cabe exigirles que sean héroes y que pongan en riesgo sus vidas; además, tampoco la actitud de indiferencia de la mayoría de los vascos ha sido distinta de la habida en otras sociedades que han sufrido experiencias traumáticas: baste con recordar el extendido síndrome Vichy operado en buena parte de los países europeos tras la II Guerra Mundial^​[89].

Ahora bien, la referencia a las experiencias vividas en otros países y contextos hace evidente la necesidad de un recuerdo crítico del pasado en el que se establezcan las responsabilidades de cada cual si se quiere levantar una sociedad moralmente saneada. Es preciso, así, un análisis histórico riguroso, complejo, distante, si bien es inevitable que contenga algunas categorías morales dado que todo historiador trabaja con unos valores^​[90]. Pues bien, en este punto resulta llamativa la condición de espectadores, de bystanders, de buena parte de la sociedad vasca ante el terrorismo etarra y ante sus mayores damnificados: las víctimas^​[91]. La indiferencia, la falta de afecto ^​[92] , en la que se ha movido durante muchos años la comunidad de perseguidos por ETA y por su entorno, arroja una responsabilidad moral sobre la sociedad vasca.

Ante esta incómoda evidencia, se está socializando en el País Vasco un relato placebo que enmascara este abandono en favor de una interpretación que subraya el «todos hemos sido cómplices» y, por tanto, culpables de la situación vivida. Esta dilución de las responsabilidades busca o genera aquello que denunciaba Arendt «de exculpar en gran medida a los que realmente eran culpables. Donde todos son culpables, nadie lo es»^​[93] . Frente a esta narrativa, no está de más recordar que durante los años de vigencia del terrorismo en el País Vasco ha habido resistentes que han hecho frente a ETA, algunos de los cuales lo han pagado con su vida. Resulta por ello un sarcasmo que en lugar de otorgarles un reconocimiento, se les pida en nombre de un relativismo posmoderno que se sientan cómplices de la generación de la violencia, o bien se les reclame la «autocrítica» como se hace desde la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. La anulación de referentes morales tiene además efectos devastadores pues propicia los relativismos, el enmarañamiento de nuestro pasado, y evita que se acometa una reflexión crítica y comparativa de los comportamientos registrados en nuestra historia reciente^​[94]. Tales posturas no hacen sino evidenciar la persistencia de esa ausencia de compasión hacía los hostigados por el mundo violento de ETA, de esos «corazones helados» tan instalados en la sociedad vasca que denunciara Maite Pagaza, de la vigencia, en fin, de las ventanas cerradas.