CANTONALISTAS SIN CANTÓN EN EL NORTE DE ESPAÑA: LA CULTURA INSURRECCIONAL REPUBLICANA EN ASTURIAS

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Este artículo^[1] parte de la doble necesidad de enmarcar la ruptura cantonal de 1873 en «una perspectiva de largo recorrido»^[2] y dar a conocer otras expresiones locales menos exploradas del insurreccionalismo republicano. Su propósito es desentrañar la presencia de este fenómeno en Asturias y, más allá del estudio de caso, contribuir a un modelo interpretativo que también englobe aquellas regiones del norte de España en las que, pese a constar una base social que protagonizó o apoyó sucesivos levantamientos, no llegó a consumarse la proclamación efectiva de cantones durante la República. Esta última circunstancia también se intenta explicar aquí. Los estudios recientes elevan el número de comités o cantones proclamados a veinticuatro, cuando los balances de hace dos décadas señalaban dieciocho^[3]. Ese mapa cantonal, salvo unos pocos enclaves meseteños, se circunscribe a la zona sur del país, justamente donde se originó el mito del que habló Jover, es decir, una imagen estereotipada y negativa de la República que se proyectará en las décadas siguientes^[4].

Cabría empezar por el final: ¿hubo cantonalismo en Asturias? Una interpretación convencional respondería que no, puesto que no se produjo ninguna proclamación oficial del cantón. Es también la imagen que trasladaron en su día autores de cabecera, como Blasco Ibáñez, que afirmó que en el norte «el movimiento cantonal apenas sí tuvo eco»^[5]. Ahora bien, si se replantea la pregunta se redimensiona el objeto de estudio: ¿hubo en dicha región quienes simpatizaron con las fórmulas cantonales? Si la cuestión se enuncia en estos términos, la respuesta debe introducir matizaciones porque sí que consta alguna referencia discursiva y conatos insurreccionales del federalismo que en la época llamaron «intransigente»^[6]. De modo que parece útil, por lo pronto, distinguir entre un cantonalismo en el poder y un cantonalismo sin cantón. En virtud de esta puntualización, la hipótesis de partida es que sí hubo pensamiento cantonal en Asturias, aunque no llegase a proclamarse un cantón; y que lo que sucedió en 1873-‍1874 se inscribió en una secuencia y en dinámicas anteriores, por más que el léxico mudara circunstancialmente. En otras palabras, la cultura insurreccional republicana, de orígenes antiguos^[7], se manifestó de distinto modo en función del contexto, y el cantonalismo fue la expresión específica que adquirió en el verano de 1873.

Lo cierto es que el federalismo intransigente y su deriva cantonal dejaron alguna huella en la Asturias de las siguientes décadas, tanto en la cultura popular como en el imaginario republicano. Considerando esa tradición insurreccional previa, por ejemplo, se entiende mejor que varios masones asturianos eligieran Roque Barcia como nombre simbólico^[8]; o que en una pelea de gallos a uno de los contendientes le pusieran de nombre Cantonal^[9]; o que entre las minas registradas en aquellos tiempos bautizasen una de Lena como Intransigente^[10]. Y cuando los pimargallianos discutieron su Proyecto de Constitución Federal regional (1883), no faltó quien defendiera hablar de un «Estado o Cantón asturiano»^[11]. Incluso al empezar el novecientos pervivía una identidad específica, que explica que un ovetense contribuyera a sufragar el mausoleo de Pi y Margall firmando como «un cantonal del 73»^[12]. Más aún, todavía en 1932, los federales de Oviedo quisieron lanzar un periódico titulado El Cantonal^[13]. Resulta muy significativo que tantos años después hubiera quienes se identificaban con un fenómeno cuya existencia, al menos bajo esa denominación, se había limitado a unos pocos meses. Y, sin embargo, los cabecillas asturianos de los levantamientos del Sexenio Democrático apenas perduraron en el recuerdo de las nuevas generaciones. El legendario Bernardo Coterón, que Estévanez definió como «un tipo de novela», fue olvidado en su tierra, por mucho que Aramburu lo considerase «inolvidable»^[14]. Y si esto no ocurrió del todo con Felipe Fernández, el Carbonerín, fue gracias a que Galdós lo mencionó en sus Episodios Nacionales^[15]. La memoria de aquellas insurrecciones, pues, en absoluto fue la misma que en Cartagena o en Valencia, donde los protagonistas mitificados perduraron en el imaginario colectivo^[16].

Las difusas expresiones cantonales del republicanismo federal en Asturias casi no han recibido atención historiográfica, fuera de las valiosas pero escuetas informaciones que, sobre la partida levantada en 1874, recogió de forma pionera María Luisa García Galzón y la leve ampliación, tres décadas más tarde, de Sergio Sánchez Collantes^[17]. Las fuentes disponibles, de por sí muy escasas y fragmentarias, tampoco fueron completamente rastreadas para esos trabajos. Y la única investigación monográfica realizada sobre insurrecciones republicanas en Asturias no englobó las que ocurrieron durante la República^[18]. Sobre el cantonalismo, en general, sigue pendiente el estudio comparado que reclamaba Gloria Espigado hace años^[19], y en los trabajos de síntesis están prácticamente ausentes las regiones norteñas^[20], igual que en los que analizan las reacciones al golpe de Pavía^[21]. En cualquier caso, y a la luz de los últimos estudios sobre la República^[22], parece muy oportuno ampliar la mirada al contexto de todo el Sexenio Democrático. Si la insurrección de 1873 la dirigieron en esencia intransigentes^[23], no deben ignorarse las tentativas previas de esos mismos sectores, aunque sin perder de vista los elementos divergentes ni los cambiantes trasfondos; aparte de la heterogeneidad, pues no faltan autores que distingan, incluso dentro del cantonalismo, entre una formulación benévola y otra intransigente^[24].

Entre las fuentes que se han manejado para el presente estudio, hay que señalar en primer lugar las hemerográficas, incluyendo algunos títulos intransigentes no fácilmente accesibles. De las documentales, resultan claves los libros de acuerdos de municipios estratégicos, como Oviedo y Avilés, complementados con otros materiales. Y esos datos oficiales se han contrastado con los fondos epistolares de Posada Herrera (Archivo Histórico de Asturias). Por último, otras informaciones adicionales se han obtenido de folletos, obras de época, libros de memorias y algún otro archivo.

La cuestión que se aborda en estas páginas requiere, por otro lado, algunas precisiones conceptuales. El cantonalismo, como se decía, no dejaba de ser el último eslabón de una secuencia que se remontaba al menos hasta 1869. Lo que se generaliza en 1873 es un léxico que antes no había sido tan común en el republicanismo federal español, a pesar de que el cantón, como entidad territorial, ya estuviera presente en sus doctrinas con anterioridad, sobre todo por influencia del caso helvético. De cantones ya habló Xauradó en sus Bases de una Constitución o Tresserra en su Cuadro sinóptico de la democracia (1859), que muchos republicanos aprendieron de memoria^[25]. Llegado el Sexenio Democrático, la voz incluso afloró en algunas manifestaciones republicanas del otoño de 1868, como en Sevilla, con el lema «República Federal, Unión y Fraternidad. Cantón Andaluz»^[26]. Luego, al sellarse los famosos pactos de 1869, los hubo que previeron esa unidad territorial en su articulación, como el Pacto Federal de Castilla (no así el Pacto Galaico-Asturiano)^[27].

En la publicística doctrinal del Sexenio, con incidencia también en Asturias, se intensificó la propagación de una concepción de la república federal «de abajo arriba». Por ejemplo, el Anuario Republicano Federal, con lectores en la región^[28], divulgó en tono pedagógico una fórmula para articular la Federal desde el individuo, pasando por el municipio, hasta llegar al «Estado nacional, la patria común», formada por «todos los cantones federados»^[29]. Se trata de la contribución de Romualdo Lafuente, precisamente uno de los agitadores republicanos más veteranos^[30]. En el Anuario especulaba con los pasos que se habrían de dar para esa construcción desde abajo^[31]. En lo básico, eran las mismas tesis que defenderá Barcia —no sin contradicciones^[32]— y que en 1873 propagó reiteradamente desde La Justicia Federal, diario que tuvo lectores en Asturias, como se verá. De acuerdo con su planteamiento, la soberanía de los cantones debía ser la primera de las reformas: «¿Cómo queréis levantar edificios sin fundar cimientos?»^[33]. En estos dos casos (Lafuente y Barcia) se trataba de propagandistas vinculados a esos núcleos que Román Miguel ha identificado como jacobino-socialistas^[34]. Pero en el demosocialismo se asumió la misma dirección del proceso, que admitía diversas estrategias de acción según las circunstancias. Así, Pi y Margall —que ya había anticipado en 1854 la esencia de su pacto sinalagmático, conmutativo y bilateral al defender una sociedad fundada a partir de «un contrato individual y social que debe sustituir a la fuerza»— dejó clara su postura en las Cortes Constituyentes de 1869: «La federación parte de abajo arriba»^[35].

En el verano de 1873 el concepto de lo cantonal experimentó reajustes semánticos, pero al sobrevenir los primeros levantamientos la prensa se refería más bien a los «intransigentes» que los promovían, y no tanto a los «cantonalistas»^[36]. Eran identificados con las masas, «el elemento rojo» y la convocatoria de asambleas cantonales ya en junio^[37]. Todavía a finales de julio, se hablaba de «los intransigentes de Cartagena» y de «los intransigentes cantonales»^[38]. Por oposición a los «benévolos», Manuel Fernández Herrero los identificó con los federales «puros», que otros medios tachaban de «demagogos, socialistas, [e] intransigentes», y estableció un nexo entre la construcción de la República desde abajo y ciertas medidas: «[…] si esa Asamblea Constituyente no responde a esa alta misión que le fue confiada, los municipios autónomos se constituirán y se formarán los Cantones y las reformas político-sociales que este sistema de gobierno implica»^[39]. Roure no dudó en afirmar que el movimiento cantonal fue «obra de los intransigentes»^[40].

En otras palabras, un cantón no era más que una entidad de la arquitectura federal, pero la clave en España no radicaba tanto en el nombre de la demarcación territorial como en la noción de la soberanía, el sentido que se le atribuía al proceso federativo (de abajo arriba), la consideración de que la vía armada era legítima para construir esa República y, con frecuencia, la propia idea que se abrigaba del nuevo régimen en su acepción más reformista en el plano social, como expresión por tanto de una cultura radical democrática que priorizaba los intereses de las clases populares y medias. Todo esto ya existía antes del 73. De ahí que el médico ovetense Ramón Pérez Costales, diputado por La Coruña, pudiera defender la formación de un cantón gallego en el mismo discurso en el que tachaba el movimiento cantonal de insensato^[41].

Por encima de las expresiones léxicas, lo que en 1873 se llamó cantonalismo encerraba proyectos, apoyos sociales y cabecillas que, en buena medida, ya habían estado presentes en los levantamientos o tentativas intransigentes de 1869, 1870 y 1872, dirigidas igualmente a construir la República Federal de abajo arriba, bien es verdad que en circunstancias políticas muy diferentes. El mito de la Federal, en el fondo, recorre toda esa secuencia. Se reforzaba, además, por una tradición de base contractualista y soberanista que consideraba legítima, en determinadas circunstancias, la movilización popular armada, como una forma también de expresar la voluntad general^[42]. En pleno estallido cantonal, Melchor de la Vega sentenciaba tajante en el diario de Barcia: «La revolución federal que en España viene elaborándose desde el año 69, toca a su término»^[43]. La gran novedad de 1873, en absoluto pequeña, estribaba en que los republicanos estaban en el poder: España ya no era una monarquía.

Los análisis del cantonalismo no deberían ignorar esa secuencia más amplia, sino enmarcarlo en tales dinámicas. Así lo vieron críticos que, como Castrovido, asimilaban a los intransigentes y los cantonales de los años 69, 72 y 73^[44]. Pero, sobre todo, avalan esta interpretación sus mismos protagonistas, que de alguna forma reivindicaron e hicieron suyas las tentativas anteriores. Desde el periódico de Barcia se denunció que aún hubiera presos «por las sublevaciones llevadas a cabo en los años 69, 70 y 72»^[45]. Carlos Alberto Saornil también llamó a secundar el movimiento de Cartagena censurando la «maldad y miserable apostasía» de quienes habían «hecho fracasar» esas tres intentonas, descritas como «gloriosas» o «sublimes»^[46]. Antonio de la Calle, por su parte, equiparó el heroísmo de los cantonales del 73 con el de las partidas del 69^[47]. Y esa percepción de continuidad, en fin, se reflejó incluso en una proclama del Cantón de Valencia que mostraba los hechos presentes como una prolongación de las insurrecciones de 1869 («continuando aquella interrumpida epopeya»)^[48]. Naturalmente, esto no significa que se tratara de movimientos idénticos ni presupone el absoluto solapamiento de sus promotores, entre los que no faltan trayectorias personales divergentes.

Visto así, lo que cabría preguntarse en todo caso es por qué en los lugares en los que habían existido dichos levantamientos de partidas federales con algún respaldo social, e incluso con protagonistas reincidentes, no consta un relanzamiento de sus actuaciones en 1873. En otras palabras, por qué no formó parte de esa geografía de cantones efectivamente proclamados un lugar como Asturias, donde sus simpatizantes contaban con apoyos y donde todavía en 1880 se organizó el levantamiento de una partida en Lena^[49].

II. EL CONTEXTO PRELIMINAR[Subir]

III. LA TENTATIVA PRESUNTAMENTE CANTONALISTA[Subir]

El golpe del 3 de enero de 1874 fue una reacción contra la orientación federal del régimen, con el fin de impulsar un proyecto de república conservadora que, realmente, no era nuevo^[126]. Pavía aseguró «que no había desenvainado su espada contra la república, sino contra la federal»^[127]. Tras el golpe, la indiferencia dominó entre la población asturiana^[128]. Pero sí hubo una respuesta del federalismo intransigente regional, por minoritaria que fuera. Como en 1869, quienes preconizaban el derecho de insurrección podían alegar que las libertades habían sido violentadas.

El levantamiento presuntamente cantonal que se documenta en Asturias, episodio del que se sabía muy poco^[129], fue un brote tardío y fugaz que se limitó a la actuación de una partida federal que las fuentes oficiales definieron como cantonal o intransigente. Asimilaban, de hecho, los dos calificativos, pero lo sucedido se parecía poco a la forma en que se originaron los cantones del verano de 1873; recordaba más bien a las partidas que habían actuado en épocas previas, como las de octubre de 1869, reiterándose también su fracaso y dispersión. Al empezar 1874, únicamente sobrevivía el cantón de Cartagena, donde se trataba de levantar la moral asegurando que otros sitios iban a sublevarse^[130]. Sin embargo, aquel movimiento ya estaba asfixiado desde septiembre de 1873, como expuso Pérez Costales en las Cortes: «Afortunadamente está sofocado, reprimido, bloqueado, limitado a Cartagena»^[131]. Paradójicamente, el golpe del 3 de enero, que en parte se justificó por la amenaza intransigente, lo que hizo fue justamente provocar un reflujo cantonal y extender la rebeldía incluso a sitios donde no se había manifestado^[132].

Los hechos del 3 de enero, en efecto, desencadenaron respuestas armadas en muchos lugares del país, protagonizadas en general por los Voluntarios de la República. Hay historiadores que las redujeron a sitios muy concretos, como Hennessy, que afirmaba que ocurrieron «solo en Zaragoza, en Barcelona y en algunas ciudades catalanas no afectadas por el cantonalismo»^[133]. Pero esa percepción restringida de lo sucedido también se observa en publicistas republicanos del xix: «Solo encontró resistencia, fácilmente vencida, en Valladolid, en Zaragoza y en los batallones catalanes que mandaba el Xic»^[134]. Y el nuevo ministro de la Gobernación, García Ruiz, se limitó a mencionar alteraciones del orden «en Zaragoza, Barcelona, Valladolid y algunos otros puntos»^[135]. Sin embargo, el alcance geográfico fue bastante mayor y afectó a casi todas las regiones, puesto que, junto con los casos más emblemáticos, se documentan otros en tierras gallegas, riojanas, extremeñas, andaluzas y de ambas Castillas^[136]. La más conocida de aquellas respuestas fue la de Sarriá, que devino un lugar de memoria para el republicanismo posterior y hasta nombre simbólico de un masón asturiano^[137].

Según algunos testimonios, en Asturias «el entonces Gobernador militar y los suyos resolvieron no acatar el Gobierno constituido: contaban con los Voluntarios de Oviedo y llamaron a los de Gijón y Trubia para formalizar la resistencia»; hasta que Pablo Fernández de Miranda y de Llano Ponte, entonces director de la Fábrica de Armas de Oviedo, reunió a varios jefes y oficiales residentes en la ciudad y atajó esa presunta insubordinación^[138]. Sin embargo, no dejó de actuar la milicia republicana, que en muchos lugares habían sido el principal apoyo de los intransigentes^[139]. Posada Herrera recibió desde Oviedo una esclarecedora carta de Benito Canella, fechada el 4 de enero, que aseguraba que esta vez no participaban los intransigentes en solitario:

La carta resume luego la intervención de Pavía y cómo se prohibió a los diputados salir de Madrid «para que no se reuniesen en otro pueblo». Pero hay que acudir a más fuentes para completar el cuadro. Y la censura limitó bastante las informaciones de la prensa. El propio García Ruiz evoca que, como ministro de la Gobernación, «suprimió todos los periódicos carlistas y cantonales»^[141]. Las gacetillas de aquellos días son elocuentes, porque evidencian restricciones en la libertad informativa y transmiten una falsa calma^[142]. Para Asturias, desgraciadamente, no hay muchos testimonios que profundicen en los objetivos y perfiles de quienes protagonizaron lo que no parece haber sido más que una escaramuza; aunque los supuestos planes de los federales en Trubia, considerando el papel de ese lugar en la insurrección de 1869, dejan una gran incógnita que quizás pueda despejarse en el futuro con nueva documentación.

Apenas hay referencias a lo ocurrido, pero en las actas del consistorio de Avilés se encuentran varias. En la sesión extraordinaria del 6 de enero se leyó un telegrama del gobernador militar que declaraba el estado de guerra en la provincia y reclamaba la adhesión del municipio en términos muy significativos: «Díganme con toda urgencia si reconocen el Gobierno constituido bajo la presidencia del Duque de la Torre y si le merece confianza la milicia que haya armada»^[143]. Se tiene claro, pues, que el potencial agente subversivo se halla principalmente en esa fuerza ciudadana. El consistorio manifestó acatamiento al nuevo Ejecutivo sin decir nada sobre la milicia, pero los Voluntarios de la República que iban a alterar el orden llegaron de Oviedo. Ocurrió esa misma noche y obligó a convocar otra sesión con un único punto: «Acordar lo conveniente para prevenir en lo sucesivo actos vandálicos como el que tuvo lugar en esta villa en la noche última llevado a cabo por una partida de 125 hombres armados». Se aprobó que las consistoriales quedaran protegidas de noche por un retén de «50 individuos de los alistados en la Milicia Nacional forzosa» y convocar «a las personas pudientes» con el fin de «allegar recursos para la adquisición del armamento para algunos hombres que velen por la seguridad personal, la propiedad y el orden público»^[144].

Al día siguiente se acordó que integrarían dicha fuerza 50 hombres, «suficientes al indicado objeto»^[145]. Pero existía el temor a una nueva incursión y parece que las soluciones defensivas que improvisaron no bastaban:

De los planes de los insurrectos casi nada se sabe, aunque al pleno llegaron en los siguientes días varias reclamaciones de comerciantes que arrojan luz sobre algunas de sus actuaciones. Así, Juan Garate pedía las 27,25 pesetas «a que ascendía el gasto de pan, café y licores que la partida de intransigentes procedentes de Oviedo, habían hecho en su casa en la madrugada del 7»^[147]; y Marcelino González del Río 40,26 pesetas, por «un pellejo de vino que habían tomado los intransigentes»^[148]. En ambos casos, el concejal Alejandro de la Cuesta se había comprometido a pagarlo «con el jefe de la partida», por lo que se acordó cargarlo al capítulo de gastos imprevistos. La mención del edil sugiere que podría haber tratado de mediar con los insurrectos porque después acude a las sesiones con normalidad. Por lo demás, diversas cantidades fueron reclamadas por otros daños y exacciones que el Ayuntamiento se negó a pagar, como los 250 reales de Joaquín González, por el «pellejo y medio de vino […] que los intransigentes le habían derramado»; o los 840 que a Felipe Jesús Casado «le habían llevado los expresados cantonales» de la caja del administrador de arbitrios^[149].

Otros quebrantos se debieron a la respuesta que fue necesario improvisar. Así, «la señora viuda de López, comercianta de esta Villa», fue recompensada «por los perjuicios recibidos en algunas armas que prestó al Ayuntamiento cuando la venida de los intransigentes procedentes de Oviedo, y por el importe de cartuchos, pólvora y balas»^[150]. Y a esto se sumaron los daños personales, como los del sereno Silverio González, «herido en el encuentro con los cantonales […], de cuyas resultas se halla enfermo en el Hospital», por lo que rogó que le concedieran una ayuda para su familia y se aprobaron cinco reales diarios mientras durase su convalecencia^[151]. Todo indica que el cuerpo de serenos prestó un valioso concurso en estos casos, a juzgar por las medidas que se tomaron luego ya no por la amenaza intransigente, sino del carlismo. Así, en febrero se acordó que todos llevasen como arma de fuego una tercerola o carabina Remington^[152]. Y en marzo se incrementó el cuerpo con otras dos plazas^[153].

La información recogida en las actas municipales se puede completar con datos de la prensa y del Boletín Oficial de la Provincia. La mejor información la dio El Imparcial, que fue el primero en identificar a los cabecillas: «Se presentó en Avilés una partida cantonal mandada por Rubiera y Vigil, procedente de Oviedo, la que sorprendió a los serenos, hiriendo a uno, y después de apoderarse de algunos fondos del administrador de aquella aduana y de haber querido forzar las puertas de varias casas, salió con dirección desconocida»^[154]. No están claras las razones de que se dirigieran a Avilés, cuyo núcleo urbano sumaba 4173 habitantes exactamente^[155]. Quizás el contar con apoyos en la villa o saber que no estaba tan protegida como Oviedo y Gijón les animó a buscar allí su primer objetivo, que parece haber sido conseguir dinero para reclutar más adeptos y extender el levantamiento en defensa de la Federal.

Luego, la partida se dirigió al occidente de la región, hasta que en la sierra de La Bobia la alcanzó una columna de carabineros, que tras la refriega hizo dieciocho prisioneros^[156]. Según la prensa, el resto se dispersó y muchos se acogieron al indulto que se ofrecía. Terminaba, pues, como la intentona de 1869. El gobernador militar de Oviedo envió un telegrama al ministro de la Guerra: «Partida cantonal depuso las armas al saber bando»^[157]. Y una semana más tarde fueron capturados otros once insurrectos^[158]. Entremedias, se publicaron órdenes que añaden datos valiosos. Se instruyó una causa «por el delito de rebelión en sentido republicano-federal, extracción de caudales y allanamiento» contra «Belarmino Fernández Álvarez y diez y siete más», emplazando a comparecer a Antonio [Rodríguez] Vigil, exteniente de los Voluntarios de la República en Oviedo, y Vicente Rubiera^[159], que había sido oficial del mismo cuerpo. Pronto se comunicó la detención, en Lena, del «cabecilla cantonal Vigil»^[160].

Cuenta Rodríguez-Solís que los gobernantes de 1874 «deportaron sin piedad a Cuba, Filipinas y las Marianas a miles de republicanos»^[161]. Asturias no se sustrajo a esa tónica general. Estando ya en la cárcel de Oviedo los dieciocho presos iniciales, el Gobierno dio la orden de mandarlos a Cuba, lo que movió al concejal republicano —pero no federal— Eduardo Uría a tomar la palabra, «invocando los sentimientos generosos y humanitarios del Ayuntamiento», y se mostró a favor de «impetrar de la superioridad clemencia», puesto que iban a dejar «en la más amarga aflicción a tantas familias». Así que formuló su propuesta: «Que se nombre una comisión que personándose con el Sr. Gobernador militar gestione en favor de dichos infelices, sin […] que por ello se entienda injerencia alguna política». El debate que suscitó la moción revela lo adversas que se habían vuelto las circunstancias para los federales. José Longoria, alcalde conservador de la ciudad en otros momentos, objetó que la propuesta tenía «conexión con la política», y que «como corporación» no debían «hacer gestión alguna», aunque sí se mostró conforme con que a título particular se hicieran esfuerzos. De modo que finalmente se nombró una comisión que intercediera aunque «sin tomar la representación de acuerdo del Ayuntamiento»^[162]. Tras conferenciar con el gobernador, trajeron los comisionados como respuesta «su propósito de hacer presente al Capitán general el estado de la causa en que por el fiscal se pide absolución para los interesados». Insistió Uría en que se reforzara la iniciativa telegrafiando al ministro de la Guerra «para que se suspendiese la salida de los presos hasta la terminación de la causa», algo que finalmente se aceptó siempre y cuando «no apareciese como acuerdo oficial»^[163]. Se desconoce el resultado final de tales gestiones.

Fuera de la región, estos meses también hubo asturianos encausados por sus actividades subversivas. Una vez más, el Carbonerín fue uno de los federales que reclamó el juez del distrito del Congreso «por el delito de rebelión», consistente en haberse «reunido bajo el título de Comité de salud pública del cantón de Castilla la Nueva y tomado acuerdos en contra de las disposiciones del Gobierno»^[164]. A finales de enero lo trasladaron a las prisiones militares de San Francisco (Madrid), y en febrero esperaba destino en el penal de La Carraca (Cádiz), siendo puesto en libertad casi en junio y desterrado a la provincia de Oviedo^[165]. Por lo demás, hay referencias genéricas a presos federales en composiciones que la prensa asturiana publicó después, como una de A. de Valbuena que habla de una nave «cargada de gente cantonal» que «a los rojos lleva a Fernando Poo»^[166].

Más allá del puñado de nombres propios que se conoce para futuros estudios prosopográficos, ¿qué se sabe de los intransigentes levantados en Asturias en 1874? Se repite el protagonismo de los Voluntarios, cuyas inclinaciones federales eran ya patentes cuando se apellidaban «de la Libertad»: en Oviedo, la inmensa mayoría habían faltado al acto de proclamación de la Constitución monárquica del 69 y algunos lo boicotearon con vivas a la Federal^[167]. Vicente Rubiera había sido uno de los siete oficiales provisionales que nombraron para la Milicia de la República formada en Oviedo al cambiar el régimen en el 73, y uno de los concejales asociados interinamente^[168]. Tampoco hay que descartar que hubiera quienes se sumaron a la partida sobre la marcha, igual que en Zaragoza, donde incluso una mujer, con su hijo en brazos, arengó a los insurrectos^[169]. Pero, sobre todo, hay un colectivo que los iniciadores también debieron de tener en mente: los mozos afectados por las quintas.

Roure aseguraba que el estallido del 73 se inició a partir de «una serie de hechos aislados, disturbios de quintas, imposiciones de milicia, revueltas sociales y otras algaradas que […] los intransigentes aprovecharon»^[170]. Y en Cartagena, efectivamente, los soldados y los marineros, «quintos rebeldes», constituyeron al principio el grueso de la tropa cantonal^[171]. Pues bien, Asturias era uno de los lugares en los que se daban índices de prófugos más abultados: de los 199 que se reclamaron públicamente entre agosto y noviembre de 1874, hasta 56 correspondían a esta provincia^[172]. Y entre las medidas inmediatas que adoptó García Ruiz como ministro de la Gobernación figuró el llamamiento para el servicio militar a todos los mozos de la reserva de 1874^[173]. Precisamente en Avilés, se leyó la circular del 26 de diciembre que aplazaba el acto de declaración de mozos de la reserva del 2 al 16 de enero, justo los días del levantamiento^[174]. En Asturias las partidas carlistas habían logrado captar quintos descontentos y hasta la prensa francesa informó de ello^[175]. Pero otros enarbolaron la bandera federal. En julio de 1874, por ejemplo, se dijo que los jóvenes movilizados de Oviedo habían «tratado de seducir a otros compañeros» con el fin de «promover un movimiento en sentido cantonal», llegando a desertar once de ellos, por lo que el gobernador militar instruyó el sumario correspondiente^[176].

Finalmente, hay otros datos que sugieren conexiones y elementos de continuidad entre las tentativas intransigentes. Por lo pronto, Vicente Rubiera había figurado junto a Rodil y Coterón en el comité federal de Oviedo elegido tras crearse el partido^[177]. Asimismo, también ingresó en la masonería en 1877, y con el expresivo nombre de Pierrad^[178]. Y, por último, debe indicarse que el cabecilla de la última partida federal que se levantará en Asturias en 1880, Valeriano Díaz Rodríguez-Vigil, fue igualmente masón, y pariente del otro jefe calificado de cantonal en 1874, Antonio Rodríguez Vigil, quien a su vez reincidió en la nueva intentona de la Restauración y sufrió unos meses de cárcel por ello^[179]. Mientras no aparezcan nuevas fuentes que confirmen otras intenciones de los insurrectos del 74, su actuación debe considerarse principalmente una reacción en defensa de la República Federal que habían proclamado las Cortes, con la relevancia de ampliar hacia el norte el mapa de localizaciones que suele manejarse al tratar esta resistencia al golpe de Pavía, que debe considerarse policéntrica. Hay que subrayar que, salvo el testimonio de Benito Canella —que en cualquier caso no puede subestimarse—, la orientación «cantonal» le fue atribuida sobre todo por las autoridades y la prensa de la época.

IV. CONDICIONANTES DEL FEDERALISMO INTRANSIGENTE[Subir]

Habiendo existido en Asturias levantamientos o conspiraciones federales en 1869, 1870 y 1874, ¿por qué en el verano de 1873 la región no acusó ninguna tentativa? En primer lugar, cabría pensar que la implantación orgánica del federalismo intransigente que en otros lugares alentó los cantones —sobre todo en su vertiente jacobino-socialista— no resultara tan fuerte como en ellos, aparte de estar más localizada. Pero hay otros dos factores que ayudan a comprender la inhibición de quienes ya habían participado en insurrecciones previas, y que no cabe explicar solo por el escarmiento: de un lado, la actuación de las partidas carlistas, a las que consideraron un mal mayor; de otro lado, consecuencia de esa amenaza, la alta presencia de tropas, carabineros o guardias civiles, que hacía más temeraria cualquier intentona. En realidad, no constituyen circunstancias privativas de Asturias, pues también explican otros casos de «cantonalismo fallido»^[180]. En toda España, como apunta Suárez Cortina, «el cantonalismo parece haber encontrado graves dificultades allí donde la presencia carlista era notable o donde la presencia del Ejército hacía inviable la insurrección cantonal»^[181]. No dejaban de ser fenómenos relacionados en un primer momento, porque al retirar las tropas de unos lugares para afrontar el carlismo en otros, se facilitaban los levantamientos cantonales en los sitios desguarnecidos^[182]. Tampoco hay que ignorar que la conducta de los militares sí operó a favor del cantonalismo en algunos casos, como el indicado de Cartagena, de modo que su actitud puede considerarse decisiva en un doble sentido.

La hipótesis del peligro carlista se ha formulado para otros escenarios norteños, como el Bilbao de 1873, donde, a pesar de todo, en 1872 no había impedido el levantamiento de una partida federal de 300 hombres^[183]. Pero es evidente que los republicanos federales temían, por encima de todo, una involución. En Zaragoza, en junio de 1873, también se defendió «posponer el planteamiento de la Federación hasta haber acabado con la insurrección carlista, primero»; y a finales de año le pidieron al gobernador que manifestase al Ejecutivo «que si Zaragoza no era cantón ya, era por tener a las facciones carlistas delante»^[184]. La amenaza era doblemente preocupante en un sitio como Navarra, aunque no cohibió las reflexiones teóricas sobre si debía formar un Estado o Cantón propio, ni que la Diputación encargase un informe jurídico al respecto^[185].

Una serie de datos sobre Asturias pueden ilustrar el peso de dicho factor, que seguramente disuadió a muchos federales de embarcarse en una aventura que, en 1869, antes de la guerra, sí había prosperado en paralelo a otras regiones y con más apoyos. Por lo pronto, no pocos se involucraron en las actuaciones contra las partidas carlistas. En Llanes, ya en 1869 los miembros del comité republicano local se habían ofrecido «a la Municipalidad para la conservación del orden público y seguridad del vecindario»^[186]. Y desde el inicio del conflicto en 1872 los testimonios de multiplican. En diciembre, por ejemplo, el pleno de Avilés acordó dar «las más expresivas gracias» al comité progresista y al republicano «por su asistencia […] para la defensa de la población»^[187]. De hecho, según las informaciones que cursó el gobernador a Madrid, la situación era límite: «Varios ayuntamientos han anunciado dimisión si no les protege con tropas»^[188].

Antes de proclamarse la República, los carlistas también lograron sustraer municiones de la fábrica de Trubia^[189]. Pi y Margall, que tuvo que disponer de mucha información como ministro de la Gobernación y como presidente, manifestó que en Asturias había «gente comprometida por su causa» y algunas fuerzas, «aunque pocas»^[190]. En noviembre de 1873, en una carta desde Oviedo, Pérez de Navia Osorio tachaba a los carlistas de «pobres aventureros», pero no subestimaba el peligro («seguimos sin policía alguna»)^[191]. Las comunicaciones del Oviedo republicano en los primeros días del nuevo régimen ilustran hasta qué punto inquietaban sus actos. Una notificación del gobernador militar advertía de la necesidad de «concluir cuanto antes con esa canalla que pulula por varios concejos titulándose defensores de Carlos», por lo que urgía a la corporación a organizar la fuerza ciudadana y apostillaba: «Vergonzoso es que un puñado de malhechores tenga perturbada a la liberal Asturias, y yo espero […] que los liberales todos unidos bajo la gloriosa bandera republicana, me ayudarán a exterminarlos»^[192]. En muchos lugares rurales, además, disponían de apoyos entre la población local, e incluso de autoridades, razón por la que el gobernador relevó el ayuntamiento de Infiesto a finales de año^[193]. De ahí que las diligencias judiciales no solo se interesasen por averiguar los nombres de quienes integraban las partidas, sino también de las «personas que los auxiliaban o encubrían»^[194].

Invocando esa necesidad de «extirpar las partidas llamadas carlistas que infestan algunos de los concejos», el nuevo Ayuntamiento republicano de Oviedo convocó a una reunión a los voluntarios republicanos alistados «para el mantenimiento del orden y para la defensa del nuevo sistema de Gobierno», formándose al principio dos batallones que le comunicaron «su patriotismo» al gobernador militar^[195]. Armar esa milicia, en efecto, fue una de las primeras preocupaciones de los municipios, y no tardó en actuar. Así, la fuerza al mando de Vicente Rubiera realizó operaciones como «evitar la retirada de los carlistas» a primeros de marzo en el suroeste del concejo^[196]. Es significativo que quien en otros momentos aparece implicado en levantamientos intransigentes se hallase antes ocupado en estas acciones contra el carlismo. En julio del 73, incluso consta la participación de voluntarios federales de Asturias en operaciones contra el carlismo en la provincia de Valladolid, donde llegaron hasta 35 milicianos de Oviedo con fusiles y prisioneros^[197].

Así y todo, ya en enero de 1874, al conocerse el golpe de Pavía y ver en riesgo la República Federal, hubo quienes se lanzaron igualmente a tomar las armas sin que hubiera desaparecido la amenaza contrarrevolucionaria. El peligro era real: justo aquellos días —en la noche del 5 de enero— una partida carlista procedente de Laviana asaltó la casa del boticario federal Tomás Mendoza Marrón, en Sama de Langreo, y mataron a su mujer^[198]. En las mismas horas en que se dispersó la partida de Rubiera y Vigil, informaba la prensa de un incremento en las facciones carlistas en Asturias^[199]. Así, hacia febrero de 1874 había destinados en Asturias dos batallones, mismo número que en Galicia^[200]. Pero esto no impidió que en Oviedo se vieran en la necesidad de organizar de nuevo otra milicia. Eso sí, los federales ya no eran de fiar: se ordenó sacar de las listas «a todas aquellas personas que por su conducta moral y política no deben formar parte»^[201]. Una coplilla de la época plasmó la mala reputación que habían adquirido en cierto sector de la opinión pública:

V. CONCLUSIONES[Subir]

Analizando en un recorrido más amplio los discursos y las tentativas armadas del republicanismo federal llamado «intransigente», se podría ver en el cantonalismo el canto del cisne de una tradición insurreccional que pugnaba por democratizar el ciclo revolucionario iniciado en 1868, aunque en 1873 se desencadenó con una República Federal proclamada y en proceso de institucionalización. Se trata de la secuencia que conforman las intentonas federales de 1869, la trama conspirativa de 1870 y el episodio de Ferrol de 1872 con otras ramificaciones aparejadas, siendo el colofón las reacciones al golpe de Pavía. Pese a las distintas circunstancias que rodearon todos esos brotes y la discontinuidad que se observe en ciertas trayectorias individuales, en lo esencial hay rasgos que conectan las expectativas, las bases sociales y parte de sus dirigentes. Incluso si se quiere incidir en los elementos diferenciales del cantonalismo, como fenómeno sociopolítico circunscrito a unos meses del año 1873 y a una parte de España, nunca se comprendería del todo si se desconecta de esa tradición insurreccional de mayor amplitud geográfica. La pregunta que cabría hacerse, en todo caso, es por qué en lugares donde aparentemente se dieron los factores y los agentes necesarios para que en el verano de 1873 se intentase la proclamación del cantón, esto no se produjo.

Es significativo que las fuentes oficiales se refiriesen a las partidas sublevadas en 1874 como «cantonales» o «intransigentes», de modo indistinto. El uso del primer calificativo había experimentado un auge exponencial desde julio de 1873, pero nunca llegó a eclipsar al segundo, y ambos coexistieron en el léxico con el que se designaba a ese republicanismo federal más combativo y proclive al insurreccionalismo. Sin embargo, los términos no eran inocentes y, sin más documentación que aclare las intenciones de los sediciosos, no parece que hubiera otro propósito inmediato en Asturias que reaccionar en defensa de la Federal tras el golpe de Pavía, igual que en otros lugares de España, pues se trató, como en previas intentonas, de un movimiento policéntrico.

En 1873-‍1874 no llegó a proclamarse un Cantón Asturiano, pero en la región hubo federales identificados con esas doctrinas, que venían propagando diarios y folletos. El levantamiento de una partida en 1874 revela la persistencia de una cultura insurreccional que, además, en el caso de Asturias todavía se manifestó en Lena en 1880. Los protagonistas y su desarrollo se revelan muy similares a los de las intentonas anteriores, con gran protagonismo de la milicia de Voluntarios de la República, igual que antes lo habían tenido los de la Libertad. Seguramente, el apoyo obrero también se repitió. Entre los factores que los habrían disuadido de una operación de más envergadura, como había sido la de 1869, destacó la actuación de partidas carlistas en la región, una amenaza muy presente en la etapa republicana. No hay que olvidar que era una circunstancia inexistente en 1869 y 1870, lo que encaja con la mayor actividad insurreccional del federalismo intransigente asturiano en aquel bienio, en contraste con su aparente inhibición en 1872 y 1873. Lamentablemente, la parquedad de las fuentes deja bastantes incógnitas sin aclarar, pero también pueden servir de estímulo para futuras indagaciones y para repensar lo ocurrido en otros lugares.

Estas expresiones periféricas del federalismo intransigente o la eventual existencia de un cantonalismo sin cantón —o fallido o larvado, según los casos— debieran alentar nuevas investigaciones en otras provincias norteñas que contribuyan a su interpretación en un marco más amplio, y facilitar los análisis comparativos con otros casos en España e, incluso, con fenómenos revolucionarios asimilables de otras zonas de Europa. Visto con perspectiva lo sucedido en el verano del 73, la clave no parecía radicar tanto en el empleo de la voz «cantón» y su familia léxica, sino en el derecho de insurrección, el concepto de soberanía, la dinámica que había de regir la construcción del edificio federal —de abajo arriba— o el lugar que iban a ocupar los intereses de las clases populares en la futura República.