Si ampliamos el foco de la represión de la dictadura franquista, a otros marcos que transcurrieron de forma consecutiva a lo largo del siglo XX, corroboramos que este programa represivo se convirtió, a partir de 1945, en un modelo para las dictaduras latinoamericanas, en su lucha contra el pensamiento liberal y comunista (Espinosa, 2003: 262). La sistematización de este método durante la Guerra Fría en América Latina —aplicado con distintos niveles de “crueldad y abyección”—, respondió a las operaciones impulsadas por EEUU en 1959, tras una Revolución Cubana que indignó a las oligarquías latinoamericanas y al Pentágono al comprobar que una guerrilla izquierdista podía alcanzar la victoria (García, 2003). Frente al temor de que ocurriese lo mismo en otros lugares de Centroamérica y Suramérica, EEUU puso en marcha la Doctrina de la Seguridad Nacional, bajo la cual se formaron miles de jefes y oficiales de todos los ejércitos de América Latina que, durante decenios, pasaron por las aulas de la Escuela de las Américas, situada en la zona estadounidense del canal de Panamá, entre ellos, Pinochet y Videla (García, 2003). El objetivo de dicho adoctrinamiento fue el derrocamiento, dentro de cada sociedad, del enemigo interior que era el comunismo internacional y sus potentes tentáculos subversivos de ámbitos civiles, eclesiásticos, universitarios, artísticos, empresariales, sindicales, estudiantiles, literarios o defensores de derechos humanos que, aun siendo democráticos, se les reducía a la categoría de individuos que merecían ser secuestrados, torturados y finalmente eliminados, con o sin su desaparición (García, 2003). “Detenciones arbitrarias”, “desapariciones”, “la tortura como regla”, “escuadrones de la muerte derechistas” o “grupos parapoliciales patrocinados por el gobierno” eran los términos que cristalizaban el miedo de las violentas décadas de los 70 y 80 (Soyinca, 2007).

La desaparición forzada no solo se perpetuó bajo regímenes dictatoriales, también en democracias. Recordaba Alfredo Molano las alarmantes cifras que se fueron engrosando en Colombia desde la imposición en los años 70 de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Anotaba el periodista M. Builes: “Argentina y Chile, durante sus dictaduras tuvieron 35,8 y 30,2 desaparecidos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, mientras en Colombia, con regímenes democráticos, hay 93,2 desaparecidos forzados para el mismo rango”, habiendo sido los desaparecidos en su mayoría líderes sindicales, estudiantes, defensores de derechos humanos, militantes y simpatizantes de izquierda (Colorado, 2022). Por tanto, el conflicto armado interno de Colombia se fue fraguando, en su complejidad, al calor del contexto internacional. Perfiló Andrés Suárez, para el CNMH, cómo influyó la Guerra Fría: “Nos alimentó todo el tiempo, a pauta de referentes ideológicos, todo el mundo se organizó en función de eso para hacer la guerra y para justificar los modelos de sociedad a los que aspiraban unos o los que defendían los otros”. No obstante, y aunque el germen de este método persistió especialmente contra un determinado perfil de la población, la prolongación y degradación del conflicto con “mezclas perversas de intereses” y “prácticas criminales”, acabó sumando entre los distintos actores armados, al menos 80.000 desaparecidos de 1970 a 2018, de acuerdo con el balance del CNMH. Este hecho trae a colación la sospecha de Hanna Arendt: “La práctica de la violencia, como toda acción, cambia el mundo, pero el cambio más probable originará un mundo más violento” (Arendt, 2012).

Este entramado represivo obstaculizó que los periodistas pudieran denunciar los abusos de la violencia institucional y el terrorismo de Estado, en su ejercicio tradicional de “contrapoder” o “cuarto poder” (Ramonet, 2012). Por el contrario, las coberturas quedaron incompletas, sesgadas; dejando un grave vacío documental sobre un método que engrosó la tierra de fosas, las profundidades de los océanos de desaparecidos, y los hogares de lágrimas secretas y temerosas. Este desierto informativo sobre la desaparición forzada permitió, por décadas, perpetuar la narrativa de los victimarios, y construir la historia desde una perspectiva unilateral.

Ante tal coyuntura, este trabajo de investigación analiza cómo el fotoperiodismo, en reacción a la demanda de movimientos sociales de finales del siglo XX, ayudó a esclarecer y revelar lo encubierto, lo prohibido, lo tabú. Un paso trascendental para la sociedad, teniendo presente que la desinformación es un problema de primera magnitud para la opinión pública, en la construcción, mantenimiento y fortalecimiento de la democracia, entendida como “un proceso de control del poder que se basa en la participación ciudadana” (Fernández, 2024:44).

Esta investigación nace en respuesta a la ausencia de estudios que hayan abordado la problemática que conlleva la cobertura y el trabajo documental de la desaparición forzada, desde una vertiente que converja la disciplina del periodismo y la historia. A partir del análisis de un caso histórico como fue la cobertura inacabada de la represión franquista, y hallando un denominador común en la repercusión periodística y social de la desaparición forzada padecida en América Latina, se ahonda en los trabajos documentales de Jesús Abad Colorado y Gervasio Sánchez, cuyas narrativas —enfocadas a visibilizar la verdad oculta—, ejemplifican cómo se fraguó una nueva tendencia en subsanar las dificultades que acarrea desvelar este tipo de violencia.

A su vez, se han confrontado dos temporalidades, ceñidas al caso de España, para demostrar, por medio del método propuesto por Didi-Huberman, la necesidad de adoptar nuevas posiciones al interpretar las imágenes y reconstruir la historia.

Han sido brújula para esta investigación los archivos, en la búsqueda de escenas fotografiadas durante la represión franquista en el periodo de la guerra, los estudios comparativos, las entrevistas a los fotógrafos contemporáneos que se enfrentan a esta problemática, las fuentes hemerográficas, y una bibliografía interdisciplinar que entrelaza derechos humanos, periodismo e historia.

Resolviendo, ante la persistente amenaza, en la actualidad, en materia de derechos humanos y desinformación, la siguiente investigación propone una reflexión sobre la labor del fotoperiodismo, como agente activo en la construcción de memorias colectivas contra “el olvido”, término al cual se refirió Paul Ricoeur como “la inquietante amenaza que se perfila en la fenomenología de la historia” (Restrepo, 2020).

“Fui detenida el 26 de octubre de 1979 en la calle 34 cerca al Concejo de Bogotá por unos hombres de civil que después de sujetarme me introdujeron a una ambulancia y me llevaron a la Brigada de Institutos Militares de Usaquen”, es uno de los testimonios recopilados por la periodista Olga Behar. Tal como explicó, así empezaban todos los relatos que engrosaban, en aquellos años, el compendio de denuncias de la violación de los derechos humanos por todo el territorio nacional y que evidenciaba una “total ausencia de democracia”. Añadía: “Se aplicó con rigor y sin discriminación la tortura como método de investigación y de terror de una cacería de brujas sin antecedentes. Y las brujas era todo lo que tenía color de oposición, a movimiento guerrillero, a pueblo, a democracia” (Behar, 1985). Pocos años después, comenzó la aniquilación de la Unión Patriótica (UP) —partido fundado en 1985—, con el asesinato de su primer congresista, L. Posada, tras haber obtenido gran respaldo en su primera participación democrática. De ahí en adelante, los asesinatos y magnicidios fueron en cadena, frente a lo cual explicaba Gervasio Sánchez la dramática persecución que sufrió la izquierda colombiana; siendo miles los militantes y simpatizantes de la UP los ejecutados o desaparecidos. Uno de los factores influyentes en el exterminio de la UP que dejó 5.733 asesinatos selectivos y desapariciones forzadas —según cifras oficiales— fue “la lógica de la Guerra Fría”, indicó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Respecto a la violencia contra el Partido Comunista y la UP, comparte su experiencia, durante la década de los 90, Jesús Abad Colorado: “En el Urabá viví de cerca la aniquilación de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, señalados de colaborar con las FARC. La llevaron a cabo, conjuntamente, el ejército y grupos paramilitares”. Especificó: “Estos muchas veces dirigían sus acciones no contra la guerrilla, sino contra los campesinos que tenían una formación política distinta a la del bipartidismo” (Colorado, 2022).

En esta dinámica, hacia finales de los 80 y comienzos de los 90, Colombia vivía los “tiempos más convulsos de su historia reciente, con el narcotráfico asesinando a candidatos presidenciales, directores de medios de comunicación y jueces, y la extrema derecha aniquilando a la Unión Patriótica”, recordó Fernando Carrillo, quien siendo docente de la Universidad Pontificia de la Javeriana lideró el creciente movimiento estudiantil que, en reacción a la acuciada violencia, demandó una reforma en la Constitución, con vistas a fortalecer los instrumentos de una democracia debilitada. “El viernes 25 de agosto de 1989, un día gris y lluvioso, veinticinco mil estudiantes de casi todas las universidades de Bogotá marchamos en silencio, ondeando pañuelos blancos…”, agregó (Carrillo, 2024). Aquella Marcha del Silencio sería la semilla de la futura Constitución de 1991.

Abad, en aquel tiempo, era un joven que desprendía un amor genuino hacia el campesinado, y una acuciante sensibilidad por los estragos de la violencia, aquella de la que fueron víctimas directas sus abuelos y, en consecuencia, el dolor de sus padres, forzados al desplazamiento. Estudiante en la Universidad de Antioquia fue testigo de los asesinatos planificados por una extrema derecha confabulada con paramilitares, narcos y sectores del ejército colombiano, contra líderes de dicha universidad: “no estaban matando a guerrilleros, estaban matando a personas que tenían un proyecto social”, subrayó en una entrevista para Blu Radio. Entre las víctimas; profesores suyos, humanistas, como P. Luis Valencia (médico, defensor de derechos humanos y miembro de la UP), H. Abad Gómez (médico pionero en la salud pública, comprometido con las causas sociales, columnista, inscrito como precandidato para ser alcalde de Medellín poco antes de ser asesinado), L. Fernando Vélez (abogado, antropólogo, teólogo y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia) o estudiantes como “Pacho” Gaviria, compañero de Comunicación Social. Este último, relató el periodista, apareció envuelto en alambre de púas: aquel era el mensaje que le enviaban a defensores de derechos humanos o integrantes de movimientos sociales.

En este marco, el primer reportaje fotográfico de Colorado fue sobre la visita a la universidad de los políticos B. Jaramillo (UP) y C. Pizarro (Alianza Democrática M-19); un mes después, ambos también fueron asesinados. El desencanto ante tan desbordada violencia pesó sobre los hombros del periodista quien decidió, por miedo, aparcar sus ganas de escribir. Siendo así, sustituyó la pluma por la cámara, utilizando las imágenes como testimonios en aras a denunciar y documentar los estragos de la violencia sobre una población que estaba siendo invisibilizada en las zonas rurales. El vacío de la siguiente escuela, abandonada tras las amenazas a maestros y asesinatos de campesinos, condensa la imagen del miedo que sufrieron los civiles por el señalamiento, y del muro de silencio que se fue cercando sobre ellos (fig. 1).

Este muro del silencio se fue edificado con la complicidad y/o irresponsabilidad de grandes medios de comunicación que, mayoritariamente, ofrecieron una información partidista y poblada de silencios donde únicamente las acciones de la guerrilla eran condenadas frente a una justificación de las perpetuadas por militares y paramilitares. Una investigación, enfocada al periodo 1980-2005, entorno a los municipios de San Carlos y San Apartadó, atizados por la extrema violencia, reveló que en la prensa examinada no se había informado sobre los autores ni las causas (Restrepo, 2020): esta laguna informativa favoreció a los criminales y difundió una pasividad resignada ante un mal que se presentaba como inevitable. “¿Por qué esto pasó en silencio?, ¿por qué no vimos o no quisimos ver? Esta es una pregunta enorme para la sociedad colombiana y para los medios de comunicación”, señaló L. Valencia para el CNMH. El resultado fue que, con intenciones políticas o por incapacidad profesional para analizar, investigar y hacer uso de los materiales recopilados, desde gran parte de los medios: “el silencio alteró sustancialmente el relato de los hechos y produjo una memoria contaminada” (Restrepo, 2020).

Siendo conscientes de que el periodismo contribuye “a la creación de memorias y de olvidos” y que su práctica inadecuada puede “dañar y torcer la historia de los humanos” (Restrepo, 2020), la carencia de un espacio informativo que revelara las secuelas de la violencia contra la población civil supuso una negligencia por parte de los medios de comunicación. Por un lado, contra una población dañada, oprimida, adolorida y atemorizada, por otro, contra la opinión pública, considerando que, al invisibilizar un fenómeno, la sociedad no puede entender la necesidad de superarlo, tal como explicó Suárez para el CNMH. En consecuencia, no haberle otorgado visibilidad a la magnitud del conflicto y violencias selectivas, equivalió a minimizar la importancia de la paz. Es más, este silencio sintonizó con aquellos mecanismos de violencia que fueron diseñados para encubrir el calibre de los estragos y trazar un camino hacia el olvido.

Es pertinente el cuestionamiento que plantearon Chomsky y Herman respecto a la supuesta actuación “desinteresada” del sistema periodístico, considerando que quienes ostentan el poder tienen la capacidad de fijar los términos del discurso, dirigir la opinión pública por medio de campañas de propaganda regulares y decidir qué es lo que puede el público “ver, oír y pensar” (Chomsky,1990).

Partiendo de esta reflexión, y habiendo existido a lo largo de la historia una tendencia subjetiva en los medios de comunicación a determinar lo que el público en general puede ver, oír y pensar, no es de extrañar que los periodistas, hayan tenido con el tiempo que elegir si someterse a los poderes, o resistir como Rubén Zamora en su lucha por “describir, expresar, revelar, descubrir, desnudar la realidad”, por “poner a la vista lo escondido” y “desmitificar los fundamentalismos, las ortodoxias y el poder”, tal como escribió desde la cárcel en Guatemala para su discurso al recibir el Reconocimiento a la Excelencia periodística, otorgado por la Fundación Gabo.

Enmarcado en el ambiente periodístico de la década de los 90, en aquellos años en los que la voz únicamente provenía de los victimarios, y los cementerios de Colombia estaban siendo poblados de tumbas anónimas bajo las siglas NN: sin nombre, Colorado optó por “describir, expresar, revelar, descubrir” los estragos de la violencia y fisurar los muros del silencio; aquella montaña que fue agolpando a los desaparecidos, acumulando interrogantes y desinformación.

Conforme a ello, el joven fotoperiodista se embarcó en defensa del periodismo como contrapoder, aquel que defendía ser “la voz de los sin voz” (Ramonet, 2012). Y los sin voz, en este caso, era una población civil perseguida por el señalamiento y los métodos de los actores armados en un conflicto, no reconocido, que asolaba mayoritariamente a zonas rurales: a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, y cuyas historias no eran foco de interés noticioso, al contrario, eran vistas desde las ciudades como algo lejano y ficticio, tal como verificó el CNMH (fig. 2).

Si bien, el espacio que los medios ofrecieron sobre conflicto estuvo reservado a representantes del ejército, de la guerrilla, del paramilitarismo, así como a alcaldes y gobernadores. Mientras tanto, tal como anotó Colorado, una población ignorada huía de su hogar; atravesando ríos y montañas (figs. 3-4).

“En este país se banalizó mucho las vidas de las víctimas, en este país los medios se especializaron en entrevistar comandantes” denunció en Caracol TV. En consecuencia, los medios de comunicación funcionaron como caja de resonancia de una narrativa unilateral, de escasa fiabilidad, teniendo en cuenta que los criminales aprovechaban los canales de difusión para justificar y maquillar sus acciones, conscientes de que “el juego de cámaras, micrófonos y de luces sirve para ciertas audaces metamorfosis” (Fajardo, 2010). En oposición, las imágenes narradas por Abad buscaron la realidad con la mirada de la víctima quien, en alusión a Reyes Mate, “proyecta una luz gracias a la cual podemos descubrir un continente escondido debajo de lo que aparece” (Gallardo, 2022). Es el caso de Ubadel Padilla, un niño desplazado por la violencia, el cual tenía marcado “siglos de dolor” en su rostro: “lo que ese niño ha visto o ha vivido debería de avergonzarnos” expresó Colorado en una entrevista para esta investigación (fig. 5). En este sentido, su trabajo documental se encauzó en la línea de Adorno, el cual apuntó al sufrimiento como “condición de toda verdad” (Gallardo, 2022).

Si nos acogemos a la interpretación que hace Didi-Huberman respecto a los usos antagónicos que tiene la imagen, los testimonios de Abad Colorado —contrarios a registrar el poder— desvelan la impotencia o entereza de quienes padecen una situación de vulnerabilidad (fig. 6). El fotoperiodista, por tanto, se posicionó al lado de quienes siempre pierden, entendiendo que, en sintonía con Reyes Mate, “la verdad no es solo la realidad que viene a presencia, sino la que no está, la que quiso ser y quedó aplastada al borde del camino” (Gallardo, 2022).

Susan Buck-Morss argumentó que una razón por la que las noticias generan “autismo colectivo” radica en que están elaboradas por códigos narrativos preestablecidos y delimitados de acuerdo con los intereses del poder, de tal manera que nuestros televisores acaban saturados de “emociones impuestas”, de imágenes que consumimos con ceguera: sin poder participar en su selección. En contraposición, existen otro tipo de imágenes, que perturban y trastornan al ser capaces de cuestionar o desmontar estas “narrativas codificadas” (Buck-Morss, 2009). En la línea, Colorado generó esta categoría de fotografías que ponen en tela de juicio los discursos oficiales, al probar la participación del ejército y de la fuerza pública en operaciones que atentaron contra los derechos humanos (fig. 7).

Recordaba el fotógrafo, aquella “estrategia perversa de la cacería de brujas” que puso en marcha, a finales de los años noventa, la llamada Operación Génesis: una estrategia contrainsurgente desarrollada por la XVII Brigada del Ejército, conjuntamente, con grupos paramilitares. El fotoperiodista lo atestiguó, en el marco de los desplazamientos de civiles provocados por dicha operación en el Urabá (figs. 8-9): “En lugar de maestros o médicos a los campamentos de desplazados llegan brigadas de militares que se mueven entre ellos con sus armas desenfundadas, les apuntan con un fusil, allanan sus casas y les hacen señalamientos” (Colorado, 2022).

La pintada “Sapos colaboradores de las guerrillas”, firmada por paramilitares, reflejaba el clima de inseguridad ante la práctica del señalamiento (fig. 10).

“A los que decían que eran colaboradores de la guerrilla los paras les echaban perros pitbull o jaguares para generar terror”, recordó el fotoperiodista en alusión a testimonios gráficos que corroboraron esta práctica (fig. 11). En referencia a ello, agregó: “A los campesinos, las autoridades y los ciudadanos no les creyeron. A los periodistas, nos decían que nos inventábamos las noticias” (Colorado, 2022).

Anotó M. Nubia para el CNMH que, al haber participado el ejército en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, colaborado con el paramilitarismo y utilizado a la población civil como escudos humanos…, pesaba sobre él una mayor responsabilidad, debido a que estaba legalmente encargado de proteger a la ciudadanía. Estas prácticas no eran desconocidas para el fotógrafo, quién relató en una entrevista para esta investigación, cómo un primo hermano suyo —campesino, cultivador y trabajador de la tierra—, fue desaparecido por el ejército a principios de los 80, tras haber sido señalado, injustamente, de colaborar con la guerrilla en el Magdalena Medio: lugar donde el ejército había cometido abundantes crímenes y desapariciones.

Jesús Abad comenzó a documentar los estragos de este método que fue sembrando de cuerpos montañas y ríos, de la mano de las comunidades, caminando con ellas en su búsqueda para esclarecer la verdad y recuperar los cuerpos que les fueron negados y robados (fig. 12).

En referencia a una exhumación de campesinos asesinados y desaparecidos por paramilitares en 1999, recordó (fig. 13): “Acompañé a las familias de los campesinos desaparecidos cuando partieron en su búsqueda, en la madrugada” (Colorado, 2022).

La desaparición forzada, fraguada en lo escondido y clandestino, flota en el terreno de lo “indecible”, “inenarrable” e “indescriptible”, eufemismos que alteran aquello de lo que no se quiere oír hablar y convierten el concepto en algo abstracto, inalcanzable, casi místico, sagrado e inexplicable. A un paso de lo irracional, es decir, de “aquello que nuestro entendimiento no alcanza a dimensionar” y que es inimaginable por ser desmedido e hiperbólico (Aloy, 2017). Sin embargo, con la apertura de las fosas, los estragos de este método se tornan finalmente: descriptibles, terrenales e imaginables.

Al unísono, al emerger los ausentes con las huellas de aquellos testimonios, tatuados en sus huesos o concentrados en sus objetos, que no alcanzaron a contarnos, se construye un diálogo pendiente, desde el presente hacia un pasado negado. Consciente de ello, el fotógrafo despega en su labor por documentar este método a través del sufrimiento de las familias, las cuales son reconocidas como “víctimas indirectas” debido al “escalofriante impacto” y consecuencias que conlleva la desaparición un ser querido, tal como matizó el CNMH (figs. 14-17). Por tanto, frente al vacío informativo de los años 90 y ante los reclamos de movimientos sociales como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el trabajo documental de Abad, enfocado a entretejer y cristalizar memoria, logró sublevarse contra la desinformación: agrietando los muros de la desmemoria, del miedo y del peso del silencio.

Tras estudiar periodismo, Gervasio Sánchez, motivado por los sueños de su infancia en embarcarse como viajero para descubrir el mundo e impactado por informes que leyó sobre la desaparición forzada en América Latina, decide adentrarse en un trabajo de escucha prolongada, en acompañamiento a las víctimas, para desenmascarar la verdad de un método cimentado en la tergiversación, negación y ocultación. Sus fotografías, tomadas a la lumbre de los reclamos de movimientos como la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Chile, evocan al ausente a través de sus pertenencias o retratos; desde el amor y el dolor de sus seres queridos (fig. 18).

Describía el fotógrafo cómo las familias se aferran al olor de los desaparecidos en camisas que no han lavado, o persiguen su recuerdo releyendo los diarios y poemas que escribieron: “La guitarra ya no tiene cuerdas, el tocadiscos ya no funciona, las camisas están apolilladas, pero los desaparecidos son sombras a las que cuesta ponerles rostro en la memoria. Cualquier cosa que les perteneciera […] sirve de antídoto contra el dolor y la desesperación” (Sánchez, 2011).

Considerando que el proceso de testimoniar conlleva una “dualidad indivisible” (Agamben,2000) por un lado, la impotencia que pesa sobre el periodista al no lograr contarlo todo, por otro, la imposibilidad de los ausentes de relatar su experiencia, con las desapariciones forzadas la problemática para documentar se agudiza. Frente a ello, una radio, un proyector de diapositivas, un trozo de melena, una habitación, unas sábanas que cada semana sigue cambiando una madre en espera a su hijo, son estímulos que nos golpean o zarandean: fotografías “subversivas” (Barthes,1997) capaces de turbarnos e inquietarnos, de generarnos reflexión (fig. 19).

Si partimos de la premisa de que, todo testimonio carga una laguna, perseverante e inaccesible, que el ausente se lleva con él (Agamben, 2000), estos “pequeños tesoros” y la añoranza que provocan, alejan a los desaparecidos de la frialdad de los datos, de lo impersonal, para humanizarles, personalizarles y despertar la empatía hacia ellos (fig. 20), algo necesario teniendo en cuenta que las desapariciones forzadas como toda “esencia del mal” radica “en la ausencia de empatía” (Irujo, 2010).

El fotoperiodista, en su peregrinaje por documentar las desapariciones forzadas, refleja la necesidad vital que tienen los familiares de cobijar, abrazar y velar los huesos de sus seres queridos para, tal como describía el epitafio de un represaliado en España, convertir “el dolor en ternura” (Sánchez, 2011). Así lo trasmite el sueño de una joven guatemalteca, hija de un desaparecido en 1981: “Alguien me cuenta que mi papá me espera en el interior de un túnel. Allí está sentado tal como sus captores lo han dejado. Llorando me pide que corra a contarle a mi mamá que, por fin, lo hemos encontrado. Está muerto, pero ya lo podemos enterrar y llevarle flores el día de difuntos”, publicó Sánchez en el Heraldo de Aragón (2009).

Este interés por las desapariciones forzadas que comenzó a forjar en Chile, Argentina, Guatemala, Colombia, Perú…, le impulsó más adelante a extender su labor documental hacia España donde, tras años de obligado silencio, la perseverancia de las familias logró, en el marco democrático, realizar las primeras exhumaciones y comenzar a emerger lo negado, lo escondido, lo invisibilizado. Se rompía de esta manera aquella elipsis que dejó interrumpida, por décadas, la cobertura periodística sobre la férrea represión franquista durante la guerra y primeros años de la dictadura, aquella que, tal como recordó Matilde Gras (AHMS), arrojó a la tierra como “piedras” a tantos represaliados.

Fueron muchas las familias españolas que pasaron años rebuscando, sigilosas, cuál sería aquel trozo de tierra donde les dijeron los vecinos, enterradores o conocidos, que estaría su ser querido para poder llevarle flores… hablarle… ya que, haciendo mención a una cita del familiar de un represaliado en Navarra, la muerte absoluta, tan solo llega “con el olvido” (Sánchez, 2011).

Siendo así, tras un largo paréntesis en el tiempo, son las posteriores generaciones de fotógrafos quienes reanudan el trabajo inacabado del cuerpo de fotoperiodistas que intentaron documentar bajo la represión. Si “el pasado pertenece a los muertos” y su testimonio se va con ellos (Agamben, 2000), es con las exhumaciones que los ausentes, los testigos integrales, se tornan presentes, visibles y legibles, al reaparecer junto a sus objetos —destellos que perduran entre la tierra y sus huesos— para hablarnos de ellos en vida, de su presente arrebatado y ayudar a subsanar la brecha informativa.

Algo trascendental, teniendo en cuenta que, hacer pasar la ignominia por una invención forma parte de la narrativa intrínseca a estos patrones represivos. Ya Hanna Arendt explicaba que el nazismo estaba convencido de que el éxito de sus crímenes residía en que nadie del exterior “podría creérselo” (Didi-Huberman, 2004). En sintonía con ello, las últimas palabras que escribió Matilde Gras sobre la represión franquista caligrafiaron una esperanza: “Espero que todo esto que os he contado no lo toméis como un cuento” (AHMS). A pesar del salto en el tiempo, también las madres de la Plaza de Mayo que reclamaron la búsqueda de sus hijos fueron tachadas por los militares de locas, de inventar cuentos. Jean-Pierre Bousquet, corresponsal de France Press en Argentina (1975-1980), recordó en una entrevista para Canal Encuentro, cómo en respuesta a ello, las madres matizaron que, si estaban locas, era de amor por sus hijos, de rabia, angustia y dolor por no saber dónde los tenían desaparecidos.

De acuerdo con ello, se torna indispensable, desde un punto de vista social, periodístico e histórico: investigar, hallar y visibilizar las intervenciones forenses que vienen a completar aquella labor sesgada por una narrativa que negó la experiencia de la víctima, pretendiendo reducir métodos como la desaparición forzada a lo que temía Matilde…a una leyenda o fantasía.

En consecuencia, este tipo de fotografías interrogan a las narrativas, enquistadas en el tiempo, que hicieron pasar los crímenes por “hazañas bondadosas” (Fajardo, 2010). Ejemplo de ello fueron las dictaduras de España y Argentina, realizadas en nombre de la “civilización cristiana y occidental” (García,1995), con el consiguiente inconveniente que generó la consigna de muchos de sus documentos tergiversados en los “archivos del mal” (Derrida, 1997), aquellos que acaban por darle perdurabilidad a una falsa historia.

Contra esta desinformación, se torna indispensable documentar la desaparición forzada, cuyo método, lejos de limitarse a acabar físicamente con un sector de la población, tiene como objeto borrar cualquier rastro que pueda quedar de la identidad, el recuerdo o las ideas de la víctima, acorde con su “proyecto de olvido” (Bergalli y Rivera, 2010).

Por tanto, el trabajo documental sobre las desapariciones: por un lado, combate el “programa amnésico” de los victimarios al generar “la memoria de la víctima”, aquella que reconoce la vigencia de la injusticia, por otro, desacredita las narrativas que ocultan la ejecución de métodos que han deteriorado “la moral espiritual de la sociedad”, citando a Reyes Mate en su conferencia en Juan March (2003).

Ahora bien, si nos centramos, únicamente, en las fotografías de las exhumaciones para recomponer, desde la documentación visual, la represión ejercida contra los verdaderos testigos, estaríamos situándonos “demasiado lejos” de su inmediatez (Didi-Huberman, 2008).

Didi-Huberman argumentó, respecto a los montajes, que es al descomponer la cronología de las imágenes y dejarlas libres, en esa capacidad que tienen para generar separaciones, constelaciones y metamorfosis que “pueden enseñarnos algo diferente sobre nuestra propia historia” (Didi-Huberman, 2008). Siendo así, los fragmentos visuales registrados sobre las masacres durante la represión franquista —extraviados, olvidados, descuidados o desapercibidos entre los archivos—, perviven como una herramienta subversiva, combativa e imprescindible para acercarnos, desde nuevos ángulos, a recomponer parte de ese relato tabú e inacabado.

Observamos que este tipo de imágenes reducen esa laguna que produce la ruptura entre el pasado y el presente, ese fuera de campo temporal, aportando un contenido inaccesible para los fotógrafos de las exhumaciones, posicionados demasiados lejos de la inmediatez. Y es que, siguiendo el argumento de Didi-Huberman: “debemos contar con todo aquello de lo que nos apartamos, el fuera-de-campo que existe detrás de nosotros, que quizás negamos pero que, en gran parte, condiciona nuestro movimiento, por lo tanto nuestra posición” (Didi-Huberman, 2008).

Con ello, las pocas imágenes que hacen referencia a las masacres metódicas durante la represión franquista —tomadas tan cerca que los propios fotógrafos podrían haber sido masacrados por ello—, aunque permanecen en los archivos ambiguas, solitarias o anónimas, demandan una relectura y una nueva forma de relacionarse, metodológicamente, con ellas.

Ciertamente, estos testimonios gráficos, tan imprescindibles como insuficientes, son prácticamente nulos. Ejemplo de ello es una fotografía captada por David Seymour en agosto de 1936, en la que se ve a unos muchachos republicanos, maniatados, en uno de los frentes del norte (fig. 21).

Estas fotografías, supervivientes en el tiempo —escasas, fugaces, independientes, clandestinas y arriesgadas—, aunque son imprescindibles como testimonio, su información por sí sola es limitada: siembran más interrogantes que repuestas. Si bien, la fotografía por sí misma no puede responder a las innumerables expectativas, de carácter testimonial, que se ponen en ella cuando se la reduce a un documento gráfico. Y es que la imagen, decía Didi-Huberman, no es “un todo”. En esta línea, la valía de esta fotografía no reside en la singularidad de la escena registrada, sino en que es capaz de despertarnos y percatarnos. Ya lo explicaba el filósofo: la potencia de la imagen, entre otras cosas, está en lo que la destina a no ser “la unaimagen”, sino en su aptitud para generar “multiplicidades” (Didi-Huberman, 2008).

Es el caso de “Les cadáveres sur la monte entre Badajoz et Navalcarnero” y “Les martyres de Badajoz”: fotografías que se insertan en el marco de las masacres perpetuadas durante el avance de las columnas hacia Madrid, entre el verano y otoño de 1936, etapa protagonizada por una desenfrenada “limpieza” contra los republicanos (fig. 22). La firma del reverso le atribuye su autoría o revelado a L. Czigany —estrecho amigo y colaborador de R. Capa— reportero gráfico y jefe de laboratorio afincado en Paris (Lebrun y Lefebvre,2012).

Dichas imágenes, de unos cadáveres arrojados en las cunetas y otros apilados contra la pared, manifestaban la necesidad de registrar y visibilizar lo prohibido, en un acto de resistencia, rebeldía e insubordinación contra la censura. Expresaba Didi-Huberman para Canal Encuentro: “El hecho de tomar una imagen es una acción. No tenemos la acción y la imagen: hay un universo entero hechos de acciones e imágenes, y las imágenes son acciones”.

Otro ejemplo fueron las tres últimas fotografías de un rollo de 35mm registradas por Alfonso Sánchez Portela en agosto de 1936, que muestran a un grupo de personas asesinadas y arrojadas a la cuneta de un camino de La Mancha. Lo único que escribió Alfonso en el negativo fue: “Avance sobre Córdoba: En la Mancha, Despeñaperros. Agosto 1936”. Esta tira de negativos, que no consta que fuera revelada en la época, formó parte de una caja correspondiente al trabajo realizado durante la guerra, guardada en un sobre en el que Alfonso escribió “Muertos”. Nada más. Los negativos fueron guardados con una leyenda genérica, sin concretar o detallar su contenido: algo no habitual en él, meticuloso a la hora de catalogar y consciente del valor como fuente histórica que tendría su archivo, el cual estaba conformando, como declaró para RNE: “la memoria de un país, de un tiempo”. Este silencio de Alfonso indica una regulación: un no querer señalar, tomar partido, implicarse o tomar responsabilidad con el objeto retratado, un comportamiento que va en consonancia con el clima de represión vivido durante, y después de la guerra.

Es con el tiempo que van saliendo estas imágenes deslocalizadas, imprecisas, autocensuradas: aquellas fotografías escondidas de las que algunos no quisieron hablar o compartir en vida al haber estado “demasiado cerca” física y emocionalmente de la amenaza, de la represión y de los recuerdos del horror.

Por consiguiente, para completar el relato de las desapariciones forzadas debemos tejer ese vacío en el tiempo, esa fractura visual y adoptar una nueva posición capaz de edificar, desde distintos ángulos, un puente de conexión entre el pasado y el presente: entre las imágenes registradas durante la guerra y las que están —desde el presente— visibilizando aquel pasado censurado; y es que, recordando a Didi-Huberman: “Para saber, hay pues que colocarse en dos espacios y en dos temporalidades a la vez” (Didi-Huberman, 2008).

Respecto a su trabajo documental, Gervasio Sánchez escribía (Sánchez, 2011): “Veo tanto dolor que llego a una triste conclusión: mi trabajo apenas describe una parte ínfima del drama de los desaparecidos. Es poco menos que una lágrima en un gran río de silencio, desesperación y dignidad” (figs. 23-24).

Efectivamente, esta labor documental no puede restringirse a una tarea individual, será con el flujo de las investigaciones que, de manera colectiva, transnacional y generacional, se podrá ir enriqueciendo o completando el ciclo de las coberturas inacabadas ya que, tal como observaba Marta Tafalla: “El pasado no es lo acabado, sino una pluralidad de líneas truncadas que hemos de heredar, continuar y concluir” (Restrepo, 2022).