En sus reflexiones sobre la comunicación social, Marx y Engels señalan que «el periodismo y sus medios tienen siempre un carácter de clase y se presentan siempre como instrumento de lucha de clases», siendo los propietarios de los medios de producción material también quienes poseen y controlan los de producción intelectual (Marx; Engels, 1987: 17). Las distintas maneras de organizar y financiar los medios suponen implicaciones concretas en las rutinas de producción, los contenidos periodísticos y su consumo (Hardy, 2014).

La forma más habitual de propiedad de los medios de comunicación en el siglo XX, especialmente de la prensa, ha sido la empresa privada, ya sea de titularidad familiar o de grupos de accionistas e inversores (Picard; Van Weezel, 2008; Sjøvaag; Ohlsson, 2019). A su vez, los medios de comunicación son instituciones sociales encargadas de suministrar información de interés público y promover la libertad de expresión. Esta doble naturaleza supone una contradicción entre «el periodismo como servicio público y el estatus de los medios de comunicación como negocio» (Hirst, 2012: 48) y genera en los periodistas una «constante presión de las fuerzas del mercado contra sus ideales democráticos» (íd., 51). Por esto, la cuestión de la propiedad de los medios es de una creciente preocupación cívica, al intensificarse la tendencia a la concentración y a la búsqueda del beneficio por delante del pluralismo y el servicio público (Neff; Benson, 2021).

Sin embargo, a través de la perspectiva histórica de la economía política se constata que «los sistemas mediáticos de hoy son el resultado de una historia profundamente contestada» (Mosco, 2011: 68), donde diversos segmentos sociales han impulsado sus medios de comunicación al margen del capital y el Estado. Así, al mismo tiempo que los gigantes digitales absorben y concentran marcas periodísticas históricas debilitadas en el nuevo mercado comunicacional, la propiedad de los medios deviene más plural, con el aumento de formas de propiedad sin ánimo de lucro (Sjøvaag; Ohlsson, 2019: 3). Entre éstas destacan los medios que son propiedad de sus periodistas, de los cuales se considera que ponen un gran énfasis en la sostenibilidad económica y el empleo de calidad, reducen la asimetría en la toma de decisiones y aumentan el sentimiento de pertinencia (Picard; Van Weezel, 2008). El principal exponente de estas fórmulas son las cooperativas, que en el contexto español se complementan con las sociedades laborales.

La perspectiva de clase es fructífera para el estudio de la situación actual de los trabajadores de los medios de comunicación, además de contribuir a comprender su evolución histórica como grupo (Cohen, 2012). Esta cuestión ha sido y es objeto de debate entre los investigadores, puesto que hay quienes consideran que los periodistas son intelectuales o profesionales, y quienes los sitúan en la clase trabajadora (Hirst, 2012).

La profesionalización del periodismo arranca en el mundo anglosajón en el siglo XIX, cuando los periodistas empezaron a considerarse a sí mismos como profesionales y promovieron cambios institucionales para lograr ese reconocimiento (Banning, 1999). Desde entonces, el periodismo se ha movilizado para conseguir ser un campo profesional (Le Cam; Pereira; Ruellan, 2019), aunque no se ajusta con claridad a las tres dimensiones definitorias de las profesiones —conocimiento experto y exclusivo, autorregulación y autonomía— (Singer, 2003). Los principales argumentos para defender los periodistas como profesionales/intelectuales son la autonomía en el proceso de producción, la vocación y la implicación personal (Cohen, 2015; Hirst, 2012).

Más allá de la experiencia subjetiva de la autonomía o la autoexpresión, cabe considerar las condiciones en las industrias culturales y de la comunicación. La proletarización del periodismo arranca a finales del siglo XIX, con la emergencia de la prensa de masas como negocio (Le Cam; Pereria; Ruellan, 2019), lo que supuso que los redactores fueran «sometidos a un sistema de trabajo asalariado» (Cohen, 2012: 151). Así, a lo largo del siglo XX, el periodismo se caracteriza por ser eminentemente una actividad industrial desarrollada por asalariados (Rottwilm, 2014). Bekken apunta que «los trabajadores de los medios son, por supuesto, trabajadores» (Bekken, 2018: 37), con derechos limitados para organizarse y actuar colectivamente, y afectados por unas condiciones de trabajo asalariado cada vez peores. Estas circunstancias favorecen «la indefinición del estatuto profesional» de los periodistas dentro de las industrias creativas (OIT, 2014: 28).

Un grado de relativa autonomía es deseable y necesario en la producción intelectual; sin embargo, quienes desarrollan estas tareas no son capitalistas y están sujetos a procesos de explotación y proletarización similares al conjunto de la clase trabajadora (Cohen, 2012; Deuze, 2007). La relativa autonomía sobre la creación oscurece las relaciones de explotación, al mismo tiempo que justifica tendencias como las jornadas laborales excesivas o la aceptación de la incertidumbre constante en las carreras profesionales. Esta combinación de autonomía limitada y ausencia de control real cristaliza en lo que Wright (1978) llama posiciones contradictorias de los intelectuales: su actividad los sitúa como parte de la superestructura, pero al mismo tiempo viven en una «relación conflictiva con el capital» (Hirst, 2012: 49).

Sin embargo, las tensiones entre la plantilla y la propiedad, derivados de los intereses contradictorios entre trabajo y capital, entre deontología y afán de beneficio (Neff; Benson, 2021), invitan a considerar a los periodistas «como parte de una clase de trabajadores luchando por los términos de la comercialización de su fuerza de trabajo» (Cohen, 2012: 144). Es decir, «tienden a ocupar una posición de clase proletaria en la matriz de las relaciones de producción», pese a su «posición intermedia» dentro de la estructura de la sociedad (Hirst, 2012: 58). Estos conflictos han tomado a lo largo de la historia diversas formas, como la sindicalización, las huelgas y la búsqueda de «formas de trabajo autónomas y significativas» (Cohen, 2012: 151). Estas últimas son las que se examinan a continuación en el contexto español.

Las transiciones democráticas en los países del sistema mediático mediterráneo o pluralista polarizado, entre los que se encuentra España, han resultado en la vinculación estrecha del periodismo con la política, forjada en las luchas contra los regímenes dictatoriales (Hallin; Mancini, 2008). Por otro lado, a la caída de las dictaduras le sigue la creación de «una plétora de nuevos medios» (Voltmer, 2013: 169), lanzados por editores y periodistas que quieren aprovechar las nuevas posibilidades del momento; sin embargo, la mayoría desaparecen a medida que se consolida la democracia. Coman (2004) distingue dos «clases» de trabajadores de los medios en las transiciones: la burguesía, una élite de profesionales vinculados al antiguo régimen que se perpetúan en posiciones de poder en la democracia, y el proletariado, un amplio segmento de empleados precarios y con escasa capacidad de decisión.

La transición democrática española se caracterizó por una «elevada conflictividad» y por «importantes disensos» (Molinero; Ysàs, 2018: 7); sin embargo, se impuso un relato que enfatiza el consenso. La conflictividad obrera aumentó en el tardofranquismo, al mismo tiempo que crecía «la conciencia de clase entre los trabajadores españoles» (Gago, 2014: 135). No obstante, no hubo ningún intento de «subversión del sistema social y económico vigente» (Durán, 1998: 216-271) al no percibirse en ningún momento un vacío de poder que asegurara el éxito de acciones más radicales. Esto hizo que los sindicatos se mantuvieran, por lo general, «dentro de unas pautas moderadas y de auto-contención» (Soto-Carmona, 2009: 52).

El cambio pactado estuvo acompañado de una política gubernamental caracterizada «por el intenso control de los medios de comunicación» (Arboledas, 2010: 62) y la lentitud al desmantelar las estructuras franquistas. En el plano político, la relación entre periodistas y representantes de las fuerzas democráticas fue de «complicidad e, incluso, en ocasiones, de confusión de papeles» (Pont-Sorribes; Luis; Sanmartí, 2017: 154), fruto del anhelo compartido por establecer la democracia. Estructuralmente, «las transformaciones del ecosistema comunicativo fueron proco profundas» (Gómez-Mompart, 2009: 109). Sin embargo, sí se produjo una notable renovación en la prensa, con un alto dinamismo en el sector, fruto de la efervescencia, la precipitación y la incertidumbre de esos años, a los que pocos lograron adaptarse con éxito.

La mayoría de los periodistas estaban instalados en la precariedad y el pluriempleo, circunstancias que el «proletariado de la pluma» (Fuentes; Fernández, 1997: 148) arrastraba desde finales del siglo XIX. En la Transición, los periodistas se centraron en defender las libertades civiles y profesionales, «mientras que son muy escasas las acciones de protesta vinculadas a los reclamos laborales» (Arboledas, 2010: 66) y no se presionó para tener participación efectiva en las decisiones de las empresas y lograr que se depurasen los cargos vinculados a la dictadura, como sí pasó en Portugal. Así pues, «la extendida escasa conciencia del trabajador, derivada de una autosatisfacción más simbólica que social» (Gómez-Mompart, 1999: 213, cursiva original) impidió mayores niveles de sindicalización y organización.

El panorama esbozado hasta ahora sugiere un escenario de pocos conflictos abiertos entre propietarios y plantillas. A pesar de esto, hubo episodios en los que los periodistas pretendieron «formas más radicales de autonomía» (Hallin; Mancini, 2008: 107) y se pusieron al frente de empresas de prensa¹. En muchos casos, se trata de iniciativas de autoempleo por necesidad, sea por quiebra de la empresa informativa o enfrentamiento con la dirección o la propiedad por presiones informativas; en otros, de proyectos vocacionales, en los que un núcleo de periodistas «cree que una estructura empresarial formada por personas que son propietarias de su puesto de trabajo tiene más incentivos que una empresa informativa tradicional» (Torres, 1999: 352-353).

En las últimas décadas, la reestructuración de las industrias de la comunicación globales ha resultado en la acentuación de la concentración de la propiedad (Jakobsson; Lindell; Stiernstedt, 2021). Las transformaciones, alimentadas por el desarrollo de las tecnologías digitales, la desregulación y la globalización, han ido acompañadas de «una reorientación hacia modalidades de empleo más temporales donde la protección de los trabajadores es menor» (OIT, 2014: 1). Esto no hace sino confirmar y profundizar la «inseguridad laboral» de los trabajos vinculados a la comunicación y la cultura, donde decrece el empleo a tiempo completo e indefinido (íd., 11).

Estas estrategias se intensifican y legitiman con el estallido de la Gran Recesión, que trunca el «largo y estable desarrollo» del periodismo del siglo XX (Deuze; Witschge, 2018: 166). La reconfiguración del sector se acelera: se consolidan unos nuevos actores dominantes, las plataformas de servicios y contenidos online, mientras que los medios de comunicación pierden cuota de mercado y el sector se concentra todavía más. Las empresas no pueden mantener las estructuras y los planes financieros de su era dorada y recurren a cierres, despidos y rebajas salariales (Picard, 2010). La ocupación periodística ha disminuido numéricamente en todo el mundo y se han extendido las relaciones laborales atípicas (Cohen, 2012). La precariedad laboral en la que está instalada la mayor parte periodistas actúa como una presión indirecta que conduce a la autocensura y la pérdida de calidad (Neff; Benson, 2021: 2104). Se ha producido una transición del proletariado de la pluma al precariado digital.

España partía de un sistema de medios sobredimensionado, que no se correspondía a la demanda sino a la instrumentalización política y social (Díaz-Nosty, 2017). En conjunto, los periódicos españoles acumularon pérdidas de negocio del 88% hasta 2011 (Mauri-Ríos, 2020: 306). Entre 2008 y 2015 se clausuraron 375 medios de comunicación (Valera, 2017: 281). Esta medida, junto a los despidos, supuso que el paro registrado en el sector pasara de 3.200 a 27.400 trabajadores entre 2008 y 2012 (Soengas-Pérez; Rodríguez-Vázquez; Abuín-Vences, 2014: 107). Los salarios de los periodistas con convenio cayeron un 17% entre 2010 y 2015 (Palacio, 2015: 48). Roses apunta a que estas estrategias sirven a los propietarios de los medios y sus grupos de interés para menguar «la independencia de los periodistas en su afán por debilitar la musculatura cívica de la sociedad» (Roses, 2011: 27). Incluso después del fin de la Gran Recesión, la baja remuneración y la inseguridad laboral son las principales preocupaciones de los periodistas españoles (Rodríguez-Martínez; Mauri-Ríos; Merino-Arribas, 2021). En suma, se puede señalar que desde 2008 «los redactores han perdido poder y autonomía frente a las empresas» (Soengas-Pérez; Rodríguez-Vázquez; Abuín-Vences, 2014: 120). Las cooperativas de medios han sido uno de los instrumentos a los que han recurrido colectivos de profesionales en situación de despido o precariedad (Barranquero; Sánchez, 2018); más allá de su dimensión de autoocupación en escenarios de destrucción y deterioración del empleo, cabe verlas como proyectos innovadores del periodismo contemporáneo (Camps-Durban y Mauri-Ríos, 2022).

El propósito de este artículo es indagar en la autogestión como una resolución a la conflictividad laboral en las empresas periodísticas españolas. En el conflicto por el control y la propiedad de los medios entran en juego los intereses de clase contradictorios de propietarios y trabajadores; en ocasiones, estas disputas se han resuelto al asumir la plantilla la propiedad y gestión del medio mediante cooperativas o sociedades laborales, generando un espacio autogestionario que reconfigura las tensiones entre negocio y servicio público. En el contexto español, estos episodios han tenido lugar en dos momentos de cambio profundo, la Transición y la Gran Recesión.

Después del franquismo, los reequilibrios entre las élites empresariales y políticas supusieron cambios en la industria, como la supresión de los MCSE o la quiebra de cabeceras no rentables; frente a los intereses de los propietarios, algunas plantillas —parte del proletariado periodístico de las transiciones (Coman, 2004)— se organizan para asumir el control y gestión, logrando salvar el empleo y ganando autonomía editorial. Estos medios de propiedad colectiva mostraron una orientación progresista y vehicularon un periodismo abierto a las inquietudes ciudadanas. Tres décadas después, la crisis de 2008 borró del mapa más de 300 medios e incrementó la precariedad del oficio periodístico. En estos años se detectan menos conflictos entre plantillas y propietarios de los medios de comunicación; sin embargo, florecen más medios impulsados por periodistas, que buscan «maneras alternativas de organizar la producción del periodismo y el trabajo en los medios» (Cohen, 2015: 527).

Los conflictos de este tipo ponen de manifiesto la posición de clase contradictoria de la mayor parte de quienes ejercen este oficio (Wright, 1978). El periodista aparece como «intelectual cotidiano» y se concibe a sí mismo como profesional (Hirst, 2012). Sin embargo, la industrialización de los medios de comunicación convierte al grueso de periodistas en «proletariado de la pluma» (Fuentes; Fernández, 1997: 148). La tendencia a la precarización es constante. La supuesta autonomía de un creciente número de freelance oculta la intensificación de la explotación sobre una masa de trabajadores desprovistos de mecanismos de protección social tradicionales. En la lucha por las condiciones laborales se entrelazan reivindicaciones profesionales —autonomía sobre el producto— y laborales —conservación del empleo, reducción de la explotación. Así, en esa búsqueda de «formas de trabajo autónomas y significativas» (Cohen, 2012: 151) se visibilizan tanto la «relación conflictiva con el capital mediático» (Hirst, 2012: 49) como la defensa de los ideales profesionales (Singer, 2003).

El estudio de la gestación y el funcionamiento de los medios de comunicación autogestionados es todavía incipiente, tanto en España como en el resto del mundo. Sin embargo, los pocos estudios disponibles arrojan datos y reflexiones interesantes. En su investigación sobre la prensa cooperativizada en Argentina, Abatedaga observa que en los procesos de cooperativización emerge

Como puede verse, la apropiación colectiva no está exenta de dilemas y riesgos. Gollmitzer indica que «aún no está claro que las formas emergentes de organizar y financiar el trabajo periodístico, como las cooperativas de periodistas (…) ofrezcan alternativas sostenibles a las menguantes opciones de empleo» (Gollmitzer, 2019); pese a su espíritu colectivo y democrático, no siempre logran erradicar la precariedad y la autoexplotación (Sandoval, 2018). Aun así, cooperativas y sociedades laborales son un mecanismo de los trabajadores en el «espacio de lucha» de los medios contemporáneos (Cohen, 2012: 142). Como sugieren Cohen y De Peuter, «si el periodismo va a tener futuro, este debe estar organizado», porque solo así se podrá «construir una infraestructura organizativa que pueda transformar el periodismo» (Cohen y De Peuter, 2020: xii).