La noción de políticas de infocomunicación, señalan Quirós y Segovia (1996), fue paralela en su formulación histórica a la de planificación. Así, a comienzos de los años 70, se identifican con tres ejes de acción de política pública: la necesidad de garantizar el pluralismo, la democracia y la participación; la acción promotora del estado y la orientación hacia la integración regional. Ejes sobre los que giró la modelización de la radiodifusión pública europea ligada a la creación del estado del bienestar y la consecuente necesidad de dotarse de marcos reguladores que salvaguardaran su trascendencia política y cultural y el interés público (Bustamante, 2008, p. 83). Para Becerra (2005) son

Por ejemplo: La estructuración de la Radiodifusión Pública desde la década de los cincuenta, o la proyección de un espacio común audiovisual al finalizar la década de los ochenta del pasado siglo en la Unión Europea, si bien poniendo énfasis cada estado miembro en su circunstancia particular, ya fuese la integración y/o la cooperación transfronteriza o la diversidad de las expresiones culturales y/o la pluriformidad, la no comercialidad, o la estrategia multidimensional –social, tecnológica, de negocio y de mercado– que con los avances tecnológicos, ya en el nuevo milenio, va a exigir la convergencia digital (Mercado Único Digital, MUD, 2015; Ley de Mercado Digital y Ley de Servicios Digitales, 2019). Dicho lo cual, para Becerra (2005) son “estrategias y prácticas de ordenación, regulación, gestión, financiación y formulación de prácticas y prospectivas relativas a las actividades de la información y de la comunicación” (p. 126).

Para contextualizar la relevancia de construcción de estas políticas públicas es pertinente recordar que el relato del debate mundial de la información en la década de los ochenta del pasado siglo, enmarcado en un contexto de capitalismo financiero, pasaba por evaluar las consecuencias económicas y culturales de los flujos de información (la circulación de la información era entonces cien veces superior de Norte a Sur que en sentido contrario) y de la comunicación (o del paradigma difusionista de la comunicación) que, tal y como se entendía desde la óptica de los países infocomunicacionalmente dependientes, había secuestrado los imaginarios culturales locales y dificultado los desarrollos tecnológicos y creativos endógenos. Hoy, cuando asistimos al cambio de naturaleza del capitalismo a través del valor que adquieren el conocimiento y la monetización de nuestra existencia (Estefanía, 2024a), la supervivencia de un flujo de la información equilibrado –en un mercado como el de la información, el dato y su procesamiento que carece de competencia leal– también en la Unión Europea pasa por: 1. Consolidar toda una red de fibra óptica necesaria para implementar la tecnología 5G sin subordinarnos a corporaciones como Huawei que nos hagan depender de China, el actor más determinante de las estrategias de mercado a muy corto plazo junto con las corporaciones Baidu, Alibaba y Tencent (BAT). Y 2. Exigirle mayor responsabilidad a la fortaleza estadounidense representada por las plataformas agrupadas bajo el acrónimo GAFAM –Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft–. Si el escenario actual fuese ése, y estuviera representado por estos nuevos señores feudales, los propietarios de lo que Varoufakis (2024) denomina “capital de la nube” ¿qué perspectivas de futuro tiene el sector europeo? Así reflejaba el desafío que la UE tiene por delante el Informe sobre la aplicación de la Directiva de Servicios de Comunicación audiovisual emitido por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo el pasado 12 de abril de 2023:

El protocolo de los organismos públicos de radiodifusión de los estados miembro de la UE del Tratado de Ámsterdam (Unión Europea, 1997) definió la función de los organismos públicos de radiodifusión de defender la democracia, los valores sociales, culturales, y el pluralismo (Ridinger, 2010). El caso de la potente corporación pública alemana ARD es excepcional y único en este sentido en el ámbito comunitario por su posición (siempre estable) entre las grandes corporaciones de medios públicos y privados (TM Broadcast, 2020).

Alinear los medios de servicio público con los valores en que se fundamenta la construcción europea es mantener sólido y firme el Estado de Derecho del que debe ser garante la Unión Europea. Sin embargo, los tiempos actuales sitúan en el ámbito mediático de la UE dos interrogantes con sus subsiguientes desafíos: ¿de qué poder de resiliencia podrán disponer los medios de servicio público frente a la voracidad de los gigantes tecnológicos?, y ¿cómo frenar el retroceso de la libertad de prensa y de la información como servicio público cuando las informaciones falsas o manipuladas son moneda de uso corriente a través de las plataformas y las redes sociales? Ambos interrogantes obligan a reconsiderar el grado de salud de los medios de servicio público y, por ende, el grado de salud de los estados de derecho en el ámbito de la Unión. En las sucesivas páginas hemos tratado de detectar y narrar los hechos y acontecimientos más relevantes a los que la UE ha debido dar respuesta para aprovechar las oportunidades que el marco de convergencia digital decía augurarle en términos económicos, culturales y ciudadanos. Nada de lo que se ha hecho desde las instituciones comunitarias queda al margen de una estrategia político-institucional, tecnoeconómica y sociocultural en plena guerra tecnológica (expresión empleada por el Comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, en Sánchez, 2021, p. 5). Así que hayamos pretendido agrupar lo realizado por Bruselas para dotar de sentido a cada uno de los movimientos de los que se ha servido.

Muñoz y Llorens (2022) analizan con un notable afán proyectivo y crítico el futuro de los Public Service Media (PSM) a partir del análisis de las políticas de la Unión Europea que afectan a este sector y sostienen que “si bien en un inicio abordaron este asunto como un problema principalmente de carácter económico, en la última década han evolucionado poniendo el acento en la importancia de estos medios como parte de la solución para fortalecer la democracia” (p. 284). Para concluir –si hemos comprendido correctamente la tesis de Muñoz y Llorens– que estas políticas (definición, misiones y financiación) con una óptica reguladora importante han derivado en un instrumento de intervención secundaria, débil e indirecta. También, Peirano (2023) se mostraba crítica con la posición de las instituciones comunitarias estos últimos 15 años cuando han contemplado:

Peirano (2020) viene insistiendo en cinco medidas para sanear la nube tóxica: comprar las plataformas, aumentar los estándares de responsabilidad legal, exigir mayor y mejor transparencia comercial y fortalecer el acceso universal y la portabilidad.

El Proyecto de Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2022 y 2023 (2023/2028(INI)) de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, en lo relativo al capítulo Libertades volvió a poner énfasis en las crecientes amenazas a las libertades de asociación, expresión y reunión e insistió en que, para garantizar el derecho a la libertad de expresión e información la información debe ser accesible y diversa a escala universal. El Informe subrayó también el lugar central que las organizaciones de la sociedad civil ocupan en la promoción de la ciudadanía activa, los derechos fundamentales y la participación democrática en Europa, solicitando una estrategia de la Comisión y normas comunes en todos los Estados miembros para promover un entorno normativo y político sin efectos intimidatorios, amenazas y ataques. De igual modo, reiteró la preocupación por la disparidad en la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos cuando la datificación de la vida cotidiana y los escándalos relacionados con los datos exigen respuestas en los niveles nacional y supranacional (Parlamento Europeo, 2023b).

El pleno funcionamiento del Mercado Único Digital –estrategia MUD implementada por la UE en 2015 en el marco de la estrategia Europa 2020– interpeló implícitamente a los medios de servicio público:

Son los desarrollos tecnopolíticos y económicos, y sus consecuentes efectos en términos regulatorios y de mercado, así como los cambios socioculturales los que se situarían en el centro del debate teórico subrayando la misión de las corporaciones públicas. Desarrollos que, entendía Losifidis (2010) no sólo habrían puesto en duda el modelo de financiación de las televisiones públicas sino su sentido. Iosifidis advirtió entonces una serie de dilemas en cuatro áreas principales a los que se verían expuestos los canales públicos europeos en los años venideros –como así resultó–: estrategias de competencia y programación, método de financiación, inversión en nuevas tecnologías, y reforma organizativa. Ese mismo año, en la Comunicación “Una Agenda Digital para Europa” de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones se insistía en que Europa seguía siendo un mosaico de mercados nacionales en línea, y que problemas con soluciones viables impedían a los europeos beneficiarse de un mercado único digital. Leíamos en dicha comunicación:

Con la finalidad de obtener los beneficios derivados de un Mercado Único Digital basado en la internet rápida y ultrarrápida y en la interoperabilidad de las aplicaciones, el objetivo era establecer una hoja de ruta capaz de:

Desafíos que pasaban por “modernizar los servicios públicos y el gobierno electrónico”, implementar “las habilidades digitales”, facilitar y favorecer “la digitalización de la industria y los servicios”, avanzar en las oportunidades que abrirían “la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial” (Comisión Europea, 2017).

Es precisamente esa recomendación de explorar una serie de ámbitos políticos críticos a la que hace referencia el informe Hechos frente a falsedades: fortaleciendo la democracia a través de la integridad de la información, publicado por la OCDE en marzo de 2024, cuando recomienda para enfrentar la amenaza que representa el aumento de la desinformación, mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de las fuentes de información; actualizar las medidas de gobernanza y la arquitectura institucional para reforzar la integridad del espacio informativo y desarrollar defensas individuales y colectivas contra la desinformación. “El documento insiste en la necesidad de fomentar la capacitación de los ciudadanos mediante la inclusión de la alfabetización mediática en los planes de estudio y la implementación de programas para la formación de educadores” (Petit, 2024, p. 58).

El 6 de mayo de 2015, la Comisión había adoptado una “estrategia para el mercado único digital de Europa”, en la que anunciaba una revisión de la Directiva 2010/13/UE de Servicios de Comunicación Audiovisual en el contexto de la convergencia multimedia, los servicios y redes interactivas. El punto de partida –aunque los contenidos televisivos tradicionales seguían representando un porcentaje importante del tiempo de visionado diario medio– debía observar la cada vez mayor importancia que estaban cobrando los nuevos tipos de contenidos, los vídeos cortos o aquellos producidos y distribuidos por los usuarios, toda vez que los nuevos proveedores, incluidos los de servicios de vídeo a petición y de plataformas de distribución de vídeos, consolidaban su oferta (Comisión Europea, 2015).

La capacidad de resiliencia de alguna corporación de servicio público iba a ponerse a prueba. Como la ARD1 que trató desde 2020 de afrontar los retos que se abrían paso en un mercado que ya jugaba en línea. El primero, el acceso al mercado de vídeo bajo demanda e Internet. El segundo, sistemas activados por voz como Alexa. El tercero, y esencial “estar disponibles con nuestros programas en cualquier lugar, dondequiera que el espectador o el oyente esperen encontrarnos. Esa es nuestra obligación, porque nos financiamos con fondos públicos. Y al mismo tiempo, es cada vez más difícil: los mercados de distribución se están fragmentando y existen más obstáculos para llegar a nuestros usuarios” (TM Broadcast, 2020), señalaba Helwin Lesch –director de Distribución de la ARD–. En 2018, Das Erste había sido la televisión más vista en Alemania. Y de las pocas en Europa que había sabido afrontar nuevos modelos de financiación (Herzog; Karppinen, 2014), y salir airosa de la crisis de audiencias (Gesto-Louro; Campos-Freire, 2020). Había también logrado salvaguardar espacios de participación de las audiencias como su Consejo de Radiodifusión, órgano interno de supervisión o fiscalización, conformado por representantes de las organizaciones económicas, políticas, sociales y religiosas con el mandato de velar por los intereses ciudadanos. Si bien, las audiencias de la ARD y la ZDF alemanas vienen demandando un Consejo del Público

En la misma entrevista, Helwin Lesch trataba de responder a la pregunta sobre si las cifras de audiencia eran un indicativo de la innovación por cuanto tecnología y éxito van de la mano, decía el entrevistador. Lesch aclaraba:

Otro ejemplo interesante, en este sentido, lo representa la YLE finesa que, a través de su plataforma digital Areena, está consiguiendo un éxito de penetración y relevancia para el público digno de observación. Dicho éxito se basa en el esfuerzo a la hora de anticipar e innovar al mismo tiempo que el modelo garantiza una financiación estable. Con estos anclajes, YLE no descuida la incorporación de talento creativo mientras asume una importante apuesta en contenidos que, además, conlleva una labor específica en la gestión y en el blindaje de los derechos de propiedad intelectual audiovisual. Tanto es así que Areena ha generado suspicacias entre los medios privados y comerciales en Finlandia hasta el punto de que estos han apelado a las autoridades del país para que impusieran restricciones (Mushiake, 2023).

Otras corporaciones de servicio público, como sería el caso de RTVE, Rai y RTP adolecen, sin embargo, en el apartado digital de la profundización llevada a cabo por la ARD acerca de su sentido, del porqué y para qué de esos contenidos y formatos, así como del canal por el que poder compartirlos, en sus nuevas estrategias y proyectos digitales.

Lo que pone a prueba la capacidad de resiliencia de los medios de servicio público europeos es el hecho de saber y la acción de poder transferir a las nuevas comunidades de usuarios digitales los valores del servicio público (Crusafón; González-Saavedra; Murciano, 2020). En este sentido, la singularidad entre la actuación de una corporación como la ARD frente a las otras tres citadas se encuentra en la determinación de la primera por ofrecer un servicio de alta utilidad social, independiente y con altos estándares de calidad. Por lo tanto, la supervivencia del audiovisual público en la UE no debería reducirse a mimetizar el comportamiento de las cadenas privadas, sino a potenciar esa particularidad que está contenida en su mandato de servicio público (Real-Rodríguez; Príncipe-Hermoso; Agudiez-Calvo, 2024).

Sobre los gigantes tecnológicos, según leíamos en el diario El País, el comisario europeo de Mercado Interior (ex presidente de France Telecom) Thierry Breton, advertía: “Seamos conscientes: El futuro de nuestro espacio público no puede dejarse en manos de empresas digitales sin control ni legitimidad democrática. Démonos cuenta de que es una cuestión de supervivencia para nuestras democracias en el siglo XXI” (Sánchez, 2021, p. 5). Sin potentes corporaciones tecnológicas europeas para competir con los titanes estadounidenses y chinos, Breton advierte del gran riesgo de quedar relegados:

Este escenario complica aún más el perfil de los protagonistas del panorama mediático de la Unión Europea porque, al fin y al cabo, los datos muestran una realidad que se antoja más desafiante para los agentes europeos; especialmente aquellos vinculados con el ámbito audiovisual y tecnológico. Los datos del Observatorio Audiovisual Europeo) ponen de manifiesto que las grandes cadenas y plataformas estadounidenses están “sobrerrepresentadas” entre los servicios premium y de televisión “bajo demanda” (VOD). No es de extrañar, como el propio Observatorio apunta, el gran protagonismo que en este importante espacio-mercado que es la UE adquieren operadores como Warner Bros, Discovery y Paramount. De hecho, estos potentes conglomerados poseen “el mayor número de canales de televisión entre los 10 grupos mediáticos más activos en Europa” (Schneeberger, 2024, p. 41).

Cabe preguntarse, por tanto, si existen contrapesos a esta tendencia ante la voz de alarma que activaba el ya excomisario Breton. Abordar esta perspectiva requiere recalibrar el rol de los servicios públicos audiovisuales de manera específica por su entronque con las sociedades europeas. Precisamente, su concreta y definida misión –como veíamos unas líneas más arriba– hace que estos actores mediáticos fijen como prioridad sus mercados nacionales de origen (Schneeberger, 2024, p. 35), de ahí que el punto de partida sea el de un mercado europeo ampliamente fragmentado, al mismo tiempo que focalizan sus contenidos en ámbitos alejados de la presión competitiva ante los grandes colosos estadounidenses como son los informativos, los espacios culturales y divulgativos y los formatos de entretenimiento orientados a conquistar un público generalista cada vez más disperso.

Este es otro reto importante al que se intenta hacer frente, por ejemplo, con la adopción de apuestas basadas en la digitalización como el visionado bajo demanda y otras herramientas. ¿Será suficiente?

El 9 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó su programa de política para lograr la transformación digital de Europa, con metas y objetivos concretos para 2030. La Comisión planteó una Brújula Digital para la Década Digital de la UE cuyas miras vendrían guiadas por un consistente marco de gobernanza común para controlar los progresos y vencer las carencias de los “proyectos plurinacionales en los que se combinen inversiones de la UE, de los Estados miembros y del sector privado” (Comisión Europea, 2021ª).

Lo que hoy nos amenaza, declaraba Virilio (2007) “es la derrota de los hechos, cuando la virtualidad de los acontecimientos más o menos manipulados conlleva el riesgo de anular la realidad de los hechos” (p. 248). No se estimarán lo suficiente estos hechos que venimos narrando sin antes comprender el alcance que, para el futuro del sector y de la implementación de principios y derechos de la ciudadanía digital de la UE, representa el hito que en legislación digital ha realizado el bloque comunitario. Por mucho que la mayoría de los analistas coincidan –y van a tener razón– en que como en otras ocasiones, en ésta, también llegamos tarde. Fuchs (2014) plantea al menos tres de los antagonismos bajo los que el mundo contemporáneo de los medios sociales queda conformado:

El 26 de enero de 2022, la Comisión propuso una declaración solemne interinstitucional sobre los derechos y principios digitales para la Década Digital con la finalidad de proporcionar “un marco de referencia para los ciudadanos sobre sus derechos digitales, así como orientaciones destinadas a los Estados miembros de la UE y a las empresas para abordar las nuevas tecnologías” (Unión Europea, 2023). Los derechos y principios digitales señalados en la declaración vendrían a complementar “los existentes, tales como los consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y la legislación sobre protección de datos y privacidad” (Unión Europea, 2023). Los derechos y principios propuestos consisten en:

Durante el mes de marzo de 2021, la Comisión Europea presentaba la nueva legislación digital: la Ley de Servicios Digitales y la Ley del Mercado Digital. De este modo, trataba la UE de tomar posiciones frente a las grandes tecnológicas, ser garante de la protección de los derechos digitales de la ciudadanía europea y fomentar la innovación y la competitividad. Era como si la UE se sintiera como un camello en un canalón y tratase de encontrar una salida cuando las dinámicas tradicionales del capitalismo ya no gobiernan (Varoufakis, 2024), y los gigantes tecnológicos han taponado todas las vías de lo que antes era el mercado. O precisamente por ello. La UE convencida de que:

Y advertía, sin embargo, de que “la transformación digital y el creciente uso de esos servicios también entraña nuevos riesgos y desafíos para los destinatarios de los servicios a título individual, las empresas y la sociedad en su conjunto” (Parlamento Europeo, 2022).

Mientras, Zuboff (2020) desentrañaba el concepto “capitalismo de vigilancia” para señalar al selecto grupo de empresas que reivindicaba unilateralmente la experiencia humana privada como materia prima para su traducción en datos que “son computados y empaquetados (como las célebres hipotecas subprime, origen de la Gran Recesión de 2008) como productos de predicción y vendidos en los mercados de futuros de los comportamientos de la gente” (Estefanía, 2024ª, p. 7). La respuesta al caos informativo en las plataformas y redes sociales (que pone en peligro la vida democrática), y con la finalidad de formular un “marco regulatorio”, el Foro sobre Información y Democracia2, creado en 2019 por once organizaciones y centros de investigación, puso en marcha un grupo de trabajo sobre las infodemias. Tras cinco meses, el grupo publicó un detallado informe dirigido a cómo acabar con la infodemia, que incluye 253 recomendaciones a los Estados y a las plataformas digitales. Estimaron que:

Respaldado por más de cien aportaciones de expertos internacionales, el documento pone a nuestro alcance más de dos centenares de

Cuando Bruno Patino aborda su tesis del combate desigual de la información, da por sentado que el precio que los medios tradicionales han debido pagar en este marco de convergencia digital le habría pasado factura al deber de informar desde el rigor a una ciudadanía con el derecho a estar informada. El servicio público que les obligaba a la exposición de razonamientos y a la búsqueda de, al menos, cierta verdad y cada vez más verdad ha sido aplastado por las plataformas sociales de la era digital al servicio privado y privativo de la acumulación de capital y al principio de sobreabundancia de veracidad:

A la visión de Patino bien pudiéramos sumar la que nos ofrece Virilio cuando si bien pone de manifiesto su creencia en la lucha por la democracia a través de la libertad de prensa en contra de la sub-información y en contra de la censura, matiza: “pero no entendimos –a pesar de lo que digan Murdoch, Bill Gates y otros– que la sobre-información era una mejor forma, más eficaz que la censura, para asfixiar la opinión pública” (Virilo, 2007). Consideraba Joseph Stiglitz que existen innumerables formas en nuestras sociedades complejas de eludir las consecuencias que nuestras acciones pueden causar a otros:

¿Por qué las plataformas deberían poder eludir la responsabilidad por sus acciones y no cargar con sus consecuencias? A uno y otro lado del Atlántico disponemos de ejemplos para poner de manifiesto la preocupación que este interrogante plantea. O, dicho, en otros términos, “poner fin a los privilegios especiales para unos pocos” (Costas, 2024). La ley que, en la década de los noventa, los Estados Unidos aprobasen para estimular la innovación en la economía digital ampara hoy de toda responsabilidad a los gigantes de GAFAM. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos está considerando casos que interpelan a esta legislación. En Brasil, el juez De Moraes ordenaba el 30 de agosto de 2024 que la actividad de la plataforma del todopoderoso Elon Musk, X, fuese suspendida de inmediato:

Dos días antes el fundador de Telgram, Pável Dúrov se enfrentaba en Francia a cargos como blanqueamiento de crímenes y complicidad en la difusión de imágenes pedófilas. Las imputaciones formales de la justicia francesa avanzan en el compromiso de exigir responsabilidades a las plataformas y sientan las bases de rendir cuentas y cargar con las consecuencias: “acusar personalmente al presidente ejecutivo de lo que los usuarios hacen en su aplicación marca una nueva era. Dúrov se encuentra en libertad bajo fianza de cinco millones de euros y tiene prohibido salir de Francia” (Galarraga, 2024, p. 36).

Dotarse, como ha sido el caso, del Reglamento 2024/1689 sobre Inteligencia Artificial, alinea a la UE con el cometido de preservar el Estado de Derecho y acometer marcos regulatorios (como viene sugiriendo el FMI): se trata de dotar a la ciudadanía de la garantía de disponer y usar sistemas de IA seguros que no atenten contra sus derechos fundamentales y de afrontar los necesarios desarrollos que la economía verde plantea. Tal y como figura en el considerando 6 del Reglamento:

El día 12 de julio de 2024 el Diario Oficial de la Unión Europea publicaba el Reglamento de IA que afectará tanto a los proveedores de sistemas de IA cuanto a sus usuarios. Trata con ello de minimizar el riesgo derivado de su uso que clasifica como directamente prohibido, de alto riesgo, de limitado riesgo o de mínimo riesgo. La legislación comunitaria preserva el art. 2 en el que se funda la UE de ahí que se prohíban los sistemas que alteren la conciencia y la adopción de una toma de decisiones libre e informada o que cosifiquen a la persona por sus características personales y comportamientos. Se trata también de que los proveedores asuman la buena práctica de rendir cuentas pues ahora se verán obligados de informar a sus usuarios sobre las capacidades y riesgos de sus sistemas y reforzar la ciberseguridad con mecanismos que supervisen la manipulación de datos. Este trabajo de supervisión de los sistemas también afectará a las empresas y a los usuarios, que van a tener que incorporar un sistema de gestión de riesgos, así como un registro de la actividad de los sistemas de IA. El incumplimiento de la norma prevista por el reglamento de IA (art. 5. Prácticas de IA prohibidas) conllevará para sus infractores, sean proveedores o usuarios, multas administrativas de hasta 35 000 000 EUR o, si el infractor es una empresa, de hasta el 7 % de su volumen de negocios mundial total correspondiente al ejercicio financiero anterior, si esta cuantía fuese superior (art. 99 Sanciones). El Reglamento será aplicable a partir del 2 de agosto de 2026, si bien los capítulos I, de Disposiciones Generales y II, de Prácticas Prohibidas serán aplicables a partir del 2 de febrero de 2025.

Frente a las críticas que auguran que el recién aprobado Reglamento de IA puede reducir o afectar la innovación, la inversión y la competitividad del y en el mercado, hay voces que auguran que su promulgación es positiva para la ciudadanía y la economía europeas:

Si bien, y aun cuando, los modelos de IA fuesen seguros –columna vertebral del del Reglamento de IA– “para hacer de contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos, Europa tendrá que seguir abriendo su ley de IA a la innovación técnica” (Samila, 2024, p. 9). El profesor Sampsa Samila, director de la Iniciativa sobre Inteligencia Artificial y el Futuro de la Dirección del IESE, precisa que una cultura dinámica de innovación en Europa contendría que la IA cayera en manos de un reducido número de actores corporativos a escala global con las consecuencias negativas que ello acarrearía para la promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales. “En un bloque de 27 países que tiene por lema <<Unidos por la diversidad>>, las empresas de IA podrían prosperar desarrollando modelos respetuosos con la cultura y el idioma de cada mercado” (Samila, 2024, p. 9).

Si a los medios de comunicación tradicionales “les cuesta entender lo que pasa en las redes: les resulta imposible tener una visión panorámica de algo que sólo está formado por microespacios personalizados” (Patino, 2022, p. 143). En el espacio de las plataformas sociales:

La necesidad de una conversación pública renovada a propósito del futuro de Europa sólo será posible si hacemos a la ciudadanía consciente de las consecuencias que la toma de decisiones comunitaria puede tener en la vida de los ciudadanos de la Unión. Si “la prensa que hace veinte años aún organizaba la conversación pública hoy se encuentra con que es la conversación pública quien la organiza. Y el debate público en su conjunto no sale indemne” (Patino, 2022, p. 143). Precisamos ser consecuentes ante los desafíos que a continuación comentaremos.

Desafío Uno. La necesidad de una conversación pública renovada. Amenazada y debilitada la libertad de prensa en este contexto digital, ¿cómo podrá recuperar el periodismo la conversación universal y ciudadana en la que se le reconocía esencial porque ofrecía los hechos, su contexto y su explicación? (Patino, 2022, p. 134).

Colocar a la ciudadanía en el centro de un debate sobre cómo abordar los retos internos y externos (que no se previeron al aprobar el Tratado de Lisboa, porque no fueron recogidos tampoco entonces tras los resultados de la Convención sobre el Futuro de Europa de 2001), era la petición del Parlamento Europeo en esta ocasión. Y apostar por un enfoque ascendente, transparente, inclusivo, participativo y bien equilibrado.

La firma de la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa se rubricó el 10 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el primer ministro de Portugal, António Costa, en nombre de la Presidencia del Consejo, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmaron dicha Declaración. Este hecho facilitaba que se pusiera en marcha un mecanismo para organizar una serie de debates y discusiones que harían posible a los ciudadanos europeos de cualquier parte compartir sus ideas y contribuir a dar forma al futuro de Europa.

En el Discurso del estado de la Unión de 2021, titulado Reforzar el alma de nuestra unión, la presidenta de la Comisión Europea había sido tajante al afirmar:

¿Es el Seguimiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un punto de inflexión en la forma de comunicar la política que se hace en la Unión Europea y solventar las demandas de cubrir el déficit de participación democrática que la ciudanía europea demanda? Podría resultar que así fuera puesto que la Conferencia finalizó el 2 de diciembre de 2021, con el evento de restitución organizado por las instituciones europeas para los ciudadanos que participaron en los debates dentro de los paneles europeos y nacionales, en las numerosas manifestaciones en las regiones y en la plataforma digital multilingüe de la Conferencia. Evento de restitución a través del cual, más de 500 ciudadanos se reunieron en Bruselas para expresar una vez más sus expectativas, escuchar las respuestas del Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión, y preguntar directamente a sus representantes. Aunque muchas de las propuestas ya se están teniendo en cuenta en la formulación de políticas, los representantes de las tres instituciones se comprometieron a continuar el ejercicio y a comunicar los resultados abiertamente (Unión Europea, 2022).

Según Carcoran (2010), la escasa atención informativa que las instituciones europeas reciben ha contribuido a la existencia de un “déficit democrático’.

Como nos recuerda Patino, citando a Lewin y a White, la teoría del gatekeeping que dirimía qué de todo lo importante era lo relevante mediante un criterio selectivo de asuntos comunicables, explicable, responsable, independiente y desinteresado (esta necesidad estuvo en el origen de la búsqueda de autonomía de las redacciones en los diferentes medios de comunicación),

Y sobre la teoría de la agenda setting, o la aptitud de los medios de comunicación para organizar la conversación pública, Patino advierte que no se trata de enunciar lo que habría de pensarse sobre los acontecimientos cuanto de promover aquellos temas sobre los que hay que pensar. Este hecho es crucial para la vida en democracia: que la agenda mediática y la social interactúen y se alimenten una de la otra.

Desafío Dos. Reforzar la cooperación interna de todos los estados miembros. Y modificar los Tratados, si fuera preciso, para completar la Unión. El análisis de Peirano muestra con claridad el paisaje de acontecimientos de los últimos años, en los que dos dimensiones del poder, esto es, el desarrollo de infraestructuras técnicas y la capacidad de construir relato o realidad, habrían salido fortalecidas gracias a una fuerte interdependencia interna:

Pero no sólo. Para el caso resulta de interés recuperar y ahondar en la reflexión de Beck (2012) cuando, al abordar la perspectiva de la sociedad europea, se pregunta “¿dónde quedan los ciudadanos y dónde la Europa de los individuos, de las personas, de la gente corriente?” (pp. 81-82). Propone el regreso a los que considera “cuatro principios de la formación de confianza en Europa, que representan los fundamentos irrenunciables de una sociedad europea” (Beck, 2012, pp. 7879). Principio de juego limpio: Con la ampliación de la Unión Europea se crean también siempre nuevas dependencias y obligaciones: lo decisivo es que tanto los correspondientes procedimientos como los resultados sean percibidos por todos los implicados como correctos y justos. Principio de equilibrio: En el modo como se comporten los grandes y poderosos con los pequeños Estados se decide si mañana se podrá seguir viviendo bien en Europa –y también si en el futuro Europa se sostendrá–. Principio de reconciliación: Como es completamente normal que en tan complejo mosaico de países, economías, culturas y democracias existan desigualdades entre los socios, la relación con los estados más débiles debe caracterizarse por una política de reconciliación. Principio de impedir la explotación: Deben introducirse en la arquitectura política de Europa medidas de seguridad institucionales suficientemente potentes para evitar que los países fuertes exploten la debilidad de los otros en su propio beneficio. Aludía el sociólogo alemán a estas cuatro condiciones básicas que deberían imperar en una sociedad europea en la que pudiera merecer la pena vivir. Y, añadía: “La táctica del titubeo, del adiestramiento y el aleccionamiento destruye la confianza recíproca de los ciudadanos. Y, entonces, la visión de un continente unido se convierte en la imagen de Europa como enemigo” (Beck, 2012, p. 79).

Entendió Peirano que la reforma de las instituciones comunitarias se había hecho un hueco en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de 2022, y que los estados miembros estuvieron de acuerdo en su voluntad de convertir a la Unión en líder de la conectividad digital.

En la actualidad, equilibrar el flujo de la información, el dato y su procesamiento también en la Unión Europea pasa por consolidar toda una red de fibra óptica necesaria para implementar la tecnología 5G sin subordinarnos a corporaciones como Huawei que nos hagan depender de China, el actor más determinante de las estrategias de mercado a muy corto plazo junto con las corporaciones Baidu, Alibaba y Tencent (BAT). Recordemos que en la última cita de los BRICS (preparatoria de la que les congrega en Rusia, en 2024) este bloque incorporó a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Ampliación que supera en PIB al del G-7, así como lo hacen sus ingentes recursos naturales y demográficos o el potencial investigador y educativo (y no sólo de China), lo que le dota de la capacidad suficiente para poner punto final al periodo de control occidental sobre el planeta.

Peirano interpreta los datos que pone a nuestra disposición el último Mapa Global de Internet de TeleGeography sobre el estado de la infraestructura de internet a nivel global, y muestra que los cuatro mayores centros de conexión a la red están en Europa. Sin embargo, aduce que el principal desarrollo habría corrido a cargo de los proveedores de servicios estadounidenses –Google, Facebook, Amazon y Microsoft–:

Ciertamente, aunque las fortalezas de la IA dirijan nuestra atención hacia los gigantes tecnológicos estadounidenses, los notables desarrollos de China e India en infraestructuras para la inteligencia artificial ya sean como proveedores de centros de datos, de nube o semiconductores nos advierten de que a medida que el mercado se desarrolla seguirán creciendo. Del mismo modo, la situación lo será favorable para Japón y otros tigres asiáticos como Corea del Sur o Singapur. Independientemente de que lo que puedan suponer estas tecnologías para las corporaciones europeas, las más interesadas en no quedarse a rebufo de las anteriores son las alemanas (sector industrial), francesas (sectores aeroespaciales, de automoción y químico) y las de logística y tecnología en Países Bajos. Artero (2024, p. 12), avanza al menos dos razones que obligarían a los inversores europeos a abordar la IA desde una perspectiva global: “las implicaciones para la seguridad nacional que rodean el acceso y el control de sus datos” y dada la probable y voraz competencia “que nuevas normas similares a la política estadounidense que limita la venta de algunos chips de IA avanzados a China, se extiendan”.

Circunstancia que nos guía al tercero de los desafíos que tiene por delante la Unión Europea si, como presuponemos, la transición digital hace de lanzadera de innovación mejora en la calidad de vida de la ciudadanía europea.

Desafío Tres. Establecerse con independencia apoyándose en una nueva estrategia digital basada en la soberanía de sus infraestructuras (en el marco de las seis prioridades de la Comisión 2019-2024):

Plantea Peirano (2023) que:

Sostiene que la “encrucijada” en la que nos encontramos viene marcada por el ascenso colonialista de las grandes plataformas tecnológicas (amenazando el horizonte de internet), por un lado y por otro, por el ascenso nacionalista de las democracias “aliberales”. Así que, no es de extrañar, que el futuro de Europa vea amenazada su soberanía como bloque, tal y como Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, advertía en febrero de 2021: “la crisis que llegó con la pandemia ha sido el detonante de la toma de conciencia sobre la vulnerabilidad de nuestros sistemas económicos” (Sánchez, 2021, p. 5). Y cree que la UE debe ser dueña de su destino en plena “guerra tecnológica”. En su política de fines está relanzar una estrategia industrial de gran alcance con la que reducir la exposición de la UE a los riesgos. Para ello, entiende, se precisa recuperar la soberanía en la actividad energética, pero también descarbonizando la energía e inventando modelos mucho más resistentes. El comisario (ex presidente de France Telecom, como ya señalamos) consideraba que:

Si esto es así, el mercado laboral sufrirá muchos y duros embates. Sobre los gigantes tecnológicos, el comisario europeo de interior manifestaba:

Pero no sólo está en juego la soberanía digital de la UE, parece que la soberanía personal de la ciudadanía europea es la materia prima que reivindica, de modo unilateral, el selecto grupo de empresas norteamericanas y chinas para su traducción en datos (Zuboff, 2020). El ciudadano sería engañado de manera doble: “cuando hace entrega de sus datos a cambio de unos servicios casi siempre relativamente triviales, y cuando posteriormente esos datos son personalizados y estructuran un mundo nuevo que es más opaco que el anterior (y menos deseable)” (Estefanía, 2024b, p. 7).

Entendemos que con la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre el mercado digital se pretendan, por una parte, abordar la competencia desleal de las grandes tecnológicas (Ley del Mercado Digital) y por otra, exigir una mayor responsabilidad sobre comportamientos ilegales en sus plataformas (Ley de Servicios Digitales). Nos gustaría pensar que esta doble medida trata de establecer el regreso a una política de finalidad de las instituciones comunitarias marcada por la autoexigencia de los estándares de calidad debidos a una ciudadanía democrática. De tal modo que, preservar las obligaciones de las corporaciones públicas y los derechos de ciudanía digital pasaría no sólo por sostener la universalidad de contenido y acceso, sino también la producción y distribución de una oferta capaz de generar cohesión social y de contribuir al pluralismo político: que proteja y promocione la diversidad de las expresiones culturales, capaz de atender y de entender la complejidad de nuestras sociedades con independencia y rendición de cuentas. Entendemos también que el Reglamento de IA, que tiene como objetivo prestar apoyo a la innovación, pretenda hacer más eficiente el mercado interior y común de 27 Estados Miembros, así como dotarse de una inteligencia artificial (IA) centrada en las personas y segura, garante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la protección del medio ambiente. Pero para contener la vulneración al estado de derecho y a los valores en los que se funda la UE se precisa seguir profundizando en algunos otros aspectos:

Si por todas partes, como señalara Judt (2011) vemos los efectos perversos de la supresión del debate genuino para alcanzar objetivos comunes ¿qué impide renovar nuestra conversación pública? Hacerlo, le parecía a Tony Judt la única forma realista de propiciar un cambio. No pensaremos de otra forma si no hablamos de otra forma. “Ante la guerra tecnológica en gestación y el riesgo latente de dependencia tecnológica, Europa debe seguir siendo dueña de su destino y desarrollar una economía capaz de preservar sus conocimientos y tecnologías” (Thierry Breton, en Sánchez, 2021, p. 7).

Edgar Morin (París, 103 años) reflexiona sobre la instalación tecnocientífica de esta sociedad domótica, de carreras –por emplear la expresión que acuñase en la década de los noventa, Paul Virilio– que parece retorna al “dogmatismo y al fanatismo, así como a una crisis de la moral por el auge del odio y la idolatría” (Morin, 2024, p. 2). Reitera Morin que los saberes fragmentados en los que nuestras disciplinas parecen haber encerrado al conocimiento nos impiden concebir la complejidad de lo real, y especialmente del mundo de la vida corriente o, como él prefiere señalar, de las realidades humanas:

Hubo un tiempo –no hace tanto– en el que podíamos contemplar un cambio de rumbo. Parece que es demasiado tarde. Por supuesto, puede ocurrir lo improbable y, sobre todo, lo imprevisto. No sabemos si la situación mundial es solamente desesperante o verdaderamente desesperada. Esto significa que, con o sin esperanza, con o sin desesperación, debemos pasar a la Resistencia (Morin, 2024, p. 2).

El filósofo de la tecnología Yuk Hui refrendaría la visión de Morin, aunque no disponemos de datos que confirmen si han intercambiado reflexiones. En la entrevista que para el diario El País le hiciese Josep Catá a la pregunta: ¿Cómo pensar la tecnología desde otros lugares?, Hui pone de manifiesto que: “no podemos dejar que la razón económica y el individualismo domine nuestro uso de la tecnología, estudiemos otros caminos para desarrollar alternativas que sirvan a la comunidad” (Catá, 2024, p. 5). Y apela al término “tecnodiversidad” para abrir una vía que nos ayude a entender hoy cuáles de los conocimientos son “relevantes” –término que emplea y no seguramente al azar– para lo que hacemos y cómo pueden ser(nos) de utilidad para “resituar” la tecnología.

Si como plantea Artero (2024), director de Inversiones de JP Morgan Banca Privada en España, la IA (que apenas está comenzando) “cambiará la forma en que pensamos, trabajamos y resolvemos problemas, abriendo el camino hacia la innovación y cambios revolucionarios” (p. 12). Entendemos que, ante las transformaciones socioculturales y civilizatorias a las que estamos asistiendo, se precisan con urgencia mentalidades para el cambio. Sin ellas el cambio de mentalidad que augura la IA será improbable, pues exige además de otras miradas otros compromisos. Pero frente a todo pronóstico, los Estados siguen situados en los márgenes economicistas y geopolíticos en la carrera de la IA. Solamente, plantea Éric Sadin, les preocupa su soberanía digital lo que lleva al callejón sin salida de la automatización cada vez mayor de los asuntos humanos y a la práctica imposibilidad de replicar otros modos de vivir en comunidad:

Ha llegado el momento de acabar con esta concepción piramidal y anticuada del saber y construir una sociedad que se mire en el espejo, que sea capaz de hacer públicos los datos que merecen serlo dentro de nuestro cuerpo político común. Es decir, unas condiciones que nos den los medios para contradecir las representaciones dominantes, para hacer valer nuestros derechos fundamentales y nuestras legítimas diferencias, mediante el ejercicio, con hechos, de nuestra propia soberanía (Sadin, 2024, p. 4).