1. Introducción
El estudio del patrimonio suscita gran interés en
España desde hace varios años (Fontal e Ibáñez-Etxeberria, 2017),
consolidándose una gran producción científica que examina normativas en
el ámbito educativo (Fontal y de Castro, 2023; Martínez-Rodríguez, 2021;
Lucas y Delgado Algarra, 2021, Fontal, et. al, 2017) y en la regulación
estatal y autonómica del patrimonio (Fontal, 2016; Sanz et al., 2019;
Bernad Esteban, 2021).
La educación patrimonial se erige como pilar esencial, pues impulsa
el conocimiento, la valoración y la protección del patrimonio cultural,
histórico y natural (Fontal et al., 2021). Este enfoque facilita la
transmisión del legado cultural, fomenta la comprensión de la identidad
histórica y promueve el desarrollo de una ciudadanía crítica, dotada de
competencias para la toma de decisiones (González-Monfort, 2019; Cuenca
y Estepa, 2017). Por ello, consideramos fundamental que la legislación
integre la educación como eje estratégico en la gestión del patrimonio,
garantizando el acceso a la cultura, la protección y transmisión de sus
bienes, y fortaleciendo la participación social para consolidar un
legado duradero (Fontal, 2016; Palacios y Estepa, 2016).
La normativa española sobre patrimonio cultural constituye un corpus
diverso que refleja la riqueza histórica y el potencial turístico del
país (Fontal y de Castro, 2023). La Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español, junto con el Real Decreto 111/1986 y el
Plan Nacional de Educación y Patrimonio (Fontal et al., 2015),
conforma el marco jurídico que subraya la conservación del patrimonio
como base para preservar la identidad. Dichas normativas plantean el
patrimonio como un recurso educativo estratégico, fortaleciendo el
conocimiento histórico, la sensibilización cultural y la construcción de
identidades colectivas e individuales (Ruiz y Tormo, 2001). Además,
fomentan la colaboración interinstitucional para difundir y valorar el
patrimonio, en línea con el Artículo 46 de la Constitución
Española (1978), que impone a las administraciones públicas el
deber de conservar, promover y proteger el patrimonio histórico-cultural
(Barraca de Ramos, 2008; Agúndez, 2015; González y Montero de Espinosa,
2011; Rodríguez, 2022).
Complementariamente, la Ley 16/1985 se integra con
legislaciones autonómicas que adaptan sus disposiciones a las
particularidades locales, abarcando la protección de bienes tangibles e
intangibles, su conservación, difusión y acceso, con especial énfasis en
su transmisión a futuras generaciones. En este contexto, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, 2003), define el patrimonio como “el legado del pasado, con el
que convivimos y que será recibido por generaciones futuras” (p. 3),
resaltando su función como puente intergeneracional y su papel en la
sostenibilidad cultural (Cuenca-López et al., 2020). Así, la
conservación patrimonial preserva la memoria colectiva y la diversidad
cultural, al tiempo que refuerza la cohesión social y contribuye a un
futuro inclusivo y sostenible.
El patrimonio, según Fontal (2003A), es un recurso esencial para la
construcción de identidades colectivas al vincular la memoria histórica
con la acción educativa. Como afirma, “el patrimonio, en tanto que
propiedad en herencia, forma parte de nuestra memoria y es, además, un
recurso para definirnos” (p. 39-40), lo que subraya su importancia como
herramienta educativa y de sensibilización social. Fontal et al. (2021),
refuerzan esta idea al señalar que “ser sensible a un patrimonio o
patrimonios se aprende y se enseña, y, por tanto, la educación será la
clave para que en los ciudadanos se produzca un cambio de actitud” (p.
202). En este sentido, se propone un esquema de sensibilización que
abarca conocer, comprender, valorar, conservar y transmitir el
patrimonio (Fontal, 2003B).
Este estudio aborda cómo la legislación española, tanto estatal como
autonómica, integra la educación y la participación ciudadana en la
gestión del patrimonio cultural, destacando su contribución a la
protección, difusión y valorización del patrimonio, y su rol como motor
para la sostenibilidad cultural y la cohesión social.
2. Metodología
La metodología empleada en esta investigación se basa en el análisis
de contenido cualitativo, una técnica que facilita la identificación y
exploración de patrones, temas y significados presentes en textos
normativos (Kriger, 2021). Para ello, se estableció como corpus de
estudio la normativa estatal y autonómica sobre patrimonio cultural en
España. Asimismo, se llevó a cabo un análisis crítico (Latorre et al.,
2005), que permitió interpretar los datos y formular críticas orientadas
a impulsar cambios y mejoras. Así, en consonancia con los principios de
toda investigación educativa, la investigación busca contribuir al
desarrollo normativo del patrimonio cultural mediante la incorporación
de acciones educativas.
En primer lugar, se formularon las preguntas de investigación para
examinar cómo estas normativas abordan la relación entre patrimonio,
educación y participación ciudadana, así como identificar similitudes y
diferencias entre las disposiciones estatales y autonómicas. Luego, se
definieron categorías temáticas alineadas con los objetivos del estudio,
como la integración de la educación en la conservación del patrimonio,
la promoción de la participación ciudadana como estrategia para su
protección y transmisión, así como las carencias normativas
detectadas.
Esta metodología permitió alcanzar una comprensión del enfoque
normativo sobre la relación entre patrimonio, educación y participación
ciudadana, identificando vacíos y áreas de mejora que podrían orientar
futuras actualizaciones legislativas.
3. Resultados
3.1. Descripción de la normativa estatal en materia del
patrimonio y la educación
En cuanto a la normativa estatal, encontramos la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español, para su estudio hemos
considerado, en primera instancia, los objetivos y alcances que se
describen a continuación.
Su Artículo
primero detalla, como objetivo principal, proteger y conservar
el patrimonio histórico español, incluyendo documentos, archivos, bienes
materiales, muebles e inmuebles de valor histórico, cultural y
artístico, y establece mecanismos para garantizar su preservación y
prevenir su deterioro, pérdida o destrucción.
En Artículo
treinta y cinco se establecen los Planes Nacionales de
Información sobre el Patrimonio Histórico Español como herramientas
estratégicas para la protección y difusión de los bienes culturales. Su
finalidad es garantizar el acceso de la ciudadanía a información
actualizada, fomentar la comunicación entre los distintos servicios
públicos y proporcionar los datos necesarios para el desarrollo de la
investigación científica y técnica.
En su Preámbulo,
destaca el patrimonio como un recurso compartido fundamental para la
identidad cultural y el desarrollo social. Según Fontal (2022), el
patrimonio es un recurso dinámico y transformador cuya valoración se
construye a través de la interacción social. En este sentido, la
educación desempeña un papel importante en su conservación, disfrute y
defensa activa, promoviendo una mayor conciencia y compromiso ciudadano
en su protección.
En su Artículo
segundo, asigna a la Administración del Estado la
responsabilidad de garantizar la conservación, accesibilidad y difusión
del patrimonio histórico, promoviendo programas educativos y actividades
que fortalezcan su conocimiento y valoración tanto a nivel nacional como
internacional. Además, encomienda la difusión internacional del
patrimonio español, asegurando la recuperación de bienes exportados
ilícitamente y fomentando el intercambio cultural. Reconoce el
patrimonio como un recurso esencial para el entendimiento mutuo y el
diálogo intercultural, proyectando la riqueza cultural de España en el
ámbito global.
Además, el Artículo
tercero establece organismos como el Consejo del Patrimonio
Histórico y diversas instituciones consultivas, que colaboran en la
conservación y gestión del patrimonio mediante un enfoque coordinado con
comunidades autónomas, instituciones académicas y organismos
internacionales.
Desde esta perspectiva, la Ley refuerza el valor del patrimonio al
promover su difusión y transmisión como legado colectivo (Fontal, 2022).
Asimismo, fomenta la educación y la participación ciudadana en su
preservación, integrando información cultural, técnica y científica para
su divulgación internacional y la recuperación de bienes. Sin embargo,
aunque se reconoce la importancia de la educación en espacios como
museos y bibliotecas (Artículo
cincuenta y nueve), carece de mecanismos específicos para su
incorporación en programas educativos formales y no formales. Esta
omisión evidencia una brecha en la transmisión estructurada del
conocimiento, limitando su impacto en la formación de una ciudadanía
comprometida con la preservación del patrimonio.
3.2. Descripción de la normativa autonómica en materia
del patrimonio y la educación
La normativa autonómica de patrimonio cultural en España se basa en
leyes específicas adaptadas a las particularidades culturales,
históricas y sociales de cada comunidad autónoma (ver Tabla 1). Esta
descentralización permite a las comunidades diseñar políticas propias
para gestionar, preservar y promover su patrimonio, en coordinación con
la legislación nacional.
Esta descripción se centrará en los artículos de estas leyes que
vinculan la educación y la participación ciudadana con la gestión del
patrimonio, resaltando cómo cada legislación aborda esta relación
estratégica. Conviene señalar que, ante la ausencia de una normativa en
Ceuta y Melilla, en estos territorios rige la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español.
Tabla 1. Las Comunidades Autónomas y sus leyes en relación con el
patrimonio cultural
| Comunidades Autónomas |
Leyes sobre el patrimonio |
| Andalucía |
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía |
| Aragón |
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés |
| Asturias |
Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural |
| Islas Baleares |
Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las
Islas Baleares |
| Canarias |
Ley 11/2019, de 25 de abril, del Patrimonio Cultural de
Canarias |
| Cantabria |
Ley 11/1998, de 13 de octubre, del Patrimonio Cultural de
Cantabria |
| Castilla y León |
Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León |
| Castilla-La Mancha |
Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha |
| Cataluña |
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural
Catalán |
| Comunidad Valenciana |
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano |
| Extremadura |
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura |
| Galicia |
Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia |
| La Rioja |
Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y
Artístico de la Rioja |
| Madrid |
Ley 8/2023, de 30 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Comunidad
de Madrid |
| Murcia |
Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Región de
Murcia |
| Navarra |
Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de
Navarra |
| País Vasco |
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco |
Tabla de elaboración propia
3.2.1. Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
La Ley,
establece un marco normativo para la protección, conservación y difusión
del patrimonio cultural andaluz, reconociéndolo como un componente
esencial de la identidad regional. En su Artículo
5, promueve una gestión inclusiva e interdisciplinaria,
destacando la cooperación entre administraciones y la participación
ciudadana.
El Título
XI asigna a la consejería correspondiente la difusión del
patrimonio (Art.
93), destacada por Portolés (2020) como una acción
integral que abarca su conocimiento, uso y conservación. Además, los
Artículos 63,
67
y 79
enfatizan la importancia de la difusión, el estudio y la investigación
para garantizar la transmisión del patrimonio a futuras
generaciones.
El Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico (Artículo
96) refleja un enfoque interdisciplinario al incluir sectores
como urbanismo, turismo, medio ambiente y educación. Sin embargo, aunque
la Ley reconoce la educación como pilar importante en su gestión de
conservación y transmisión, carece de directrices claras para integrarla
efectivamente en la gestión patrimonial, limitando la colaboración con
instituciones educativas y culturales.
3.2.2. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés
Esta Ley
reconoce el patrimonio como un recurso social, económico y cultural
esencial, orientando su conservación hacia las generaciones presentes y
futuras. En su Preámbulo,
la ley resalta su enfoque inclusivo y participativo, promoviendo la
colaboración entre las administraciones y la ciudadanía en la protección
del patrimonio.
Asimismo, atribuye al Gobierno de Aragón la responsabilidad de
fomentar el sentimiento de conservación y aprecio por el patrimonio,
impulsando activamente la participación ciudadana en su preservación. En
el ámbito educativo, promueve la formación como herramienta necesaria
para garantizar la preservación y transmisión del patrimonio, impulsando
valores de respeto, aprecio y responsabilidad hacia los bienes
culturales.
Su Artículo
10 resalta la integración de la protección del patrimonio en las
políticas públicas, especialmente en educación, ordenación territorial,
urbanismo, medio ambiente y turismo.
El Artículo
78, literal c, identifica como finalidad del Consejo
Aragonés del Patrimonio Cultural estimular la participación ciudadana en
la protección del patrimonio. Desde la perspectiva de la educación
patrimonial, se reconoce que la participación ciudadana no puede
desarrollarse plenamente sin un componente educativo sólido (Fontal y
Mira, 2023).
Aunque la Ley reconoce la educación como parte de la tutela del
patrimonio, carece de directrices específicas para su integración en el
currículo escolar y la formación de educadores.
3.2.3. Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio
Cultural de Asturias
Esta Ley
se enmarca en un contexto en el que el desarrollo cultural constituye un
objetivo fundamental para un Estado social y democrático de derecho, con
el fin de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del
patrimonio cultural, independientemente de su régimen y titularidad. La
normativa se estructura en diversos títulos que abarcan disposiciones
generales y medidas específicas para el fomento y la difusión del
patrimonio cultural asturiano.
En su Artículo
2, Inciso h, se subraya la importancia de promover la
información, divulgación, difusión e investigación del patrimonio,
destacando especialmente el estímulo del conocimiento como un elemento
importante en este proceso. En su Artículo
4, Colaboración de los particulares, numeral 3 especifica la
colaboración y participación ciudadana en la protección del patrimonio,
a través de programas, investigación, voluntariado, entre otras
acciones.
Su Artículo
97, establece la inclusión de la enseñanza del
patrimonio cultural en el sistema educativo, así como la formación de
profesionales especializados en su gestión. Este enfoque busca
garantizar una adecuada sensibilización y preparación para la
conservación patrimonial de las generaciones venideras.
Considerando esto, podemos identificar que la Ley destaca la
formación y la participación ciudadana como pilares esenciales para la
gestión del patrimonio cultural; promueve la educación patrimonial en el
sistema educativo para capacitar profesionales y sensibilizar desde
edades tempranas, e impulsa la participación activa mediante
asociaciones y voluntariado, reconociendo la salvaguarda del patrimonio
como una responsabilidad colectiva.
3.2.4. Ley 11/2019, de 25 de abril, del Patrimonio
Cultural de Canarias
Esta Ley
regula la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural,
adaptándose a los desafíos contemporáneos y a los convenios
internacionales. Su objetivo principal es garantizar la identificación,
preservación, difusión y transmisión del patrimonio como un recurso para
la cohesión social, el desarrollo sostenible y la identidad cultural
canaria (Artículo
5).
En su Preámbulo,
la normativa reconoce la enseñanza, la investigación y la divulgación
del patrimonio como derechos fundamentales y subraya su integración en
la educación no formal. Asimismo, establece que las políticas de
protección del patrimonio deben aplicarse de manera transversal en otros
ámbitos, incluyendo la educación, la investigación, la accesibilidad y
los servicios sociales (Artículo
8).
Por otro lado, el Artículo
132 asigna a las administraciones públicas, cabildos insulares y
ayuntamientos la responsabilidad de fomentar el conocimiento del
patrimonio mediante campañas de sensibilización, divulgación y enseñanza
personalizada. También establece la necesidad de promover la
colaboración con universidades y centros de formación e
investigación.
No obstante, es fundamental que estas políticas educativas se
traduzcan en acciones concretas que aseguren la incorporación efectiva
del patrimonio cultural en los programas de enseñanza. Además, resulta
imprescindible destinar los recursos necesarios para impulsar la
investigación en proyectos educativos que contribuyan a su conocimiento,
difusión y valorización.
3.2.5. Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria
La Ley,
establece el marco legal para la protección del patrimonio cultural en
la comunidad autónoma. Refleja el compromiso de las autoridades con la
conservación de su patrimonio. La normativa establece diversos aspectos
para la gestión del patrimonio. En su Artículo
2, destaca la investigación y el conocimiento como herramientas
fundamentales para garantizar su sostenibilidad y transmisión a las
futuras generaciones. Además, promueve el aprecio y disfrute de los
bienes culturales por parte de toda la ciudadanía, fomentando su
participación y colaboración en su preservación.
En el Artículo
5, entre los deberes de la Administración Autonómica se
incluye la incorporación del conocimiento y la valoración del patrimonio
cultural en los programas educativos de la comunidad, así como la
promoción de la formación profesional en oficios tradicionales y la
capacitación de especialistas en conservación, restauración y
rehabilitación.
Bajo esta consideración, desde el ámbito educativo la Ley genera un
impacto positivo en la sensibilización y la formación de los ciudadanos
e impulsa crear espacios educativos para la transmisión de
conocimientos, como lo recogen los Artículos
89 y 111.
Sin embargo, es necesario desarrollar directrices que promuevan el
desarrollo de acciones educativas en los ámbitos formal y no formal.
3.2.6. Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León
La Ley,
incorpora un marco normativo que aborda de manera integral la educación,
y la gestión sostenible del patrimonio basada en la participación
ciudadana (Artículo 2). Su redacción destaca disposiciones específicas
para la preservación, valorización y transmisión intergeneracional del
patrimonio cultural. En su Artículo 4, establece directrices
para mejorar el acceso y la divulgación del patrimonio cultural, y
favorecer su conocimiento y preservación.
En su Artículo 5, resalta el papel de la educación en la valorización
y preservación del patrimonio cultural, estableciendo medidas concretas
para su promoción que incluyen la difusión y sensibilización social, el
fomento del conocimiento y valoración del patrimonio en el ámbito
educativo, y el impulso de la enseñanza especializada en su gestión,
mediante formación técnica y acuerdos con entidades especializadas.
En su Artículo 6, fomenta la investigación y el desarrollo como
pilares para el conocimiento y la gestión sostenible del patrimonio
cultural. En su Artículo 9, enfatiza la participación ciudadana como un
componente esencial en la gestión del patrimonio cultural, promoviendo
su carácter corresponsable y sostenible. En sus Artículos 7, 8 y 10, se
evidencia la cooperación de agentes públicos y privados en el que se
incluye la cooperación y la acción ciudadana como elementos esenciales
en la gestión de la conservación del patrimonio.
La Ley adopta un enfoque sostenible e integral, situando la educación
y la participación ciudadana como eje central en la gestión del
patrimonio cultural. Promueve su uso responsable como recurso para el
desarrollo social y territorial, fomentando la cooperación entre agentes
públicos y privados para su protección y valorización.
3.2.7. Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha
La Ley
tiene como fin definir el marco jurídico que regula el Patrimonio
castellano-manchego. Este régimen se establece en conformidad con los
principios y disposiciones establecidos en la legislación básica
estatal, garantizando una gestión alineada con los estándares normativos
de aplicación general para su protección, conservación, enriquecimiento
y disfrute de actuales y futuras generaciones (Artículo
1). Estimula la participación ciudadana e institucional para su
protección y cumplimiento de sus objetivos (Artículo
5).
La normativa promueve la enseñanza y la investigación del patrimonio
histórico en instituciones educativas y universidades de Castilla-La
Mancha, con el propósito de garantizar su transmisión y conservación (Artículo
68).
Para ello, se establecen medidas específicas, como subvenciones y ayudas
para la documentación, restauración y difusión del patrimonio (Artículo
64). La Ley resalta la importancia de integrar el conocimiento
del patrimonio cultural en los sistemas educativos para promover su
conservación, valorización y transmisión intergeneracional, así como
fortalecer la participación ciudadana.
3.2.8. Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio
Cultural Catalán
Esta Ley,
enfatiza la importancia de la difusión y transmisión del patrimonio
cultural como un medio para garantizar su preservación. Su enfoque
incluye la transferencia de conocimiento y la integración de la
educación como herramientas para alcanzar dicho propósito, promoviendo
la sensibilización y el compromiso con el patrimonio (Art.
65). Se destaca la incorporación de contenidos sobre patrimonio
cultural en el sistema educativo, promoviendo su enseñanza como parte
integral de los programas formativo.
En su Art.
55, se contempla la concesión de ayudas y subvenciones
destinadas a la investigación, promoviendo así la transferencia de
conocimiento y el desarrollo de proyectos educativos vinculados al
patrimonio cultural. Estas iniciativas fortalecen la generación y
difusión de saberes, contribuyendo a su preservación y valorización.
Se fomenta de igual manera el acceso público promoviendo su
participación y la difusión del patrimonio cultural por lo que se dotan
medios materiales y personales adecuados para su gestión (Art.
3).
El enfoque en la transferencia del conocimiento demuestra un
compromiso con la sostenibilidad y la valorización del patrimonio
cultural. No obstante, es necesario establecer medidas más explícitas
que fortalezcan su educación y definan directrices claras para
incentivar la participación ciudadana en su preservación y
promoción.
3.2.9. Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano
Esta Ley
se estructura con el fin de garantizar la protección y valorización del
patrimonio cultural valenciano. Su propósito es asegurar que estos
elementos sean preservados y se promueva su disfrute y transmisión,
fortaleciendo así el legado cultural para el futuro. En su Artículo
3, se subraya la importancia de la divulgación del conocimiento
como medios para asegurar la protección y valoración del patrimonio
cultural.
El Artículo
88 destaca la importancia de incluir el patrimonio cultural en
los programas educativos de todos los niveles, asignando a las
organizaciones la responsabilidad de coordinar estas iniciativas.
Promueve, además, la formación para la conservación del patrimonio entre
los funcionarios de todas las administraciones públicas.
Si bien la ley incluye un artículo específico sobre educación, la
referencia a la participación ciudadana es limitada. Por ello, es
necesario establecer directrices que promuevan una sociedad
participativa en la protección, gestión y transmisión del patrimonio.
Esto implica involucrar activamente a diversas instituciones y
organizaciones para fortalecer y coordinar estos esfuerzos de manera
efectiva.
3.2.10. Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura
Esta Ley
establece el marco normativo fundamental para la protección y promoción
del patrimonio extremeño. Entre los objetivos, recogidos en el Artículo
1, se incluyen la protección, conservación, difusión,
investigación y transmisión del patrimonio, con el fin de asegurar su
preservación y transmisión a las futuras generaciones. En su Artículo
3, fomenta la participación de particulares para comunicar el
daño que otras personas puedan ocasionar ante el patrimonio creando
conciencia colectiva sobre la necesidad de preservar y valorar el
patrimonio cultural.
Aunque la Ley menciona la transferencia de conocimientos y las
acciones de las entidades para este fin, no aborda específicamente la
educación. Sin embargo, se entiende que dicha transferencia debe incluir
acciones educativas que integren el patrimonio cultural en la formación
académica y la participación ciudadana. A pesar de su modificación
parcial, la Ley no incide específicamente sobre estos
aspectos.
3.2.11. Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio
cultural de Galicia
Esta normativa protege y valoriza diversos bienes culturales,
asegurando su preservación y transmisión a futuras generaciones. En la
Exposición
de Motivos (sección III), destaca la participación social como
clave para sus objetivos, fomentando el acceso al patrimonio, la
cohesión social y el desarrollo sostenible.
El Artículo
1 fomenta una gestión participativa e inclusiva, involucrando
tanto a las administraciones públicas como a la sociedad. Por su parte,
el Artículo
2 asigna a los poderes públicos la responsabilidad de integrar
la protección del patrimonio en diversas políticas sectoriales,
incluyendo la educación e investigación.
En su Artículo
122 resalta la importancia de la difusión, formación y educación
en el ámbito del patrimonio. Con esta consideración, incluir el
conocimiento del patrimonio en los programas de enseñanza ayuda a las
nuevas generaciones a desarrollar un sentido de identidad y
responsabilidad hacia su herencia cultural. No obstante, la
implementación de directrices claras fortalecería su gestión,
garantizaría su adecuada incorporación en las políticas educativas y
aseguraría su preservación a futuro.
3.2.12. Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del
Patrimonio Histórico de las Islas Baleares
Esta Ley
establece, entre sus objetivos fundamentales descritos en el
Artículo 1, la investigación, difusión y transmisión del
patrimonio cultural para el disfrute de la ciudadanía. Su implementación
requiere una colaboración efectiva entre instituciones educativas y la
comunidad.
Sin embargo, la Ley no incluye referencias explícitas a programas o
acciones educativas que integren a la sociedad para fortalecer estos
objetivos.
3.2.13. Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja
La Ley en
su Artículo
1, reconoce el patrimonio cultural como un bien colectivo y un
derecho social, asignando a los poderes públicos la responsabilidad de
garantizar su acceso y función educativa. El Artículo
6 promueve políticas formativas para fortalecer el conocimiento,
la investigación y la difusión del patrimonio, involucrando a la
sociedad en su preservación.
Por su parte, el Artículo
83 refuerza la educación en la protección del patrimonio,
impulsando su inclusión en distintos niveles educativos, la capacitación
de especialistas y campañas de sensibilización, con el objetivo de
fortalecer la conciencia social y su conservación para futuras
generaciones.
En su Artículo
66, atribuye a los museos la función de difundir y promover el
conocimiento del patrimonio cultural a través de acciones educativas que
fortalezcan su accesibilidad y valoración por la sociedad.
Finalmente, la Ley destaca la integración de la educación, la
investigación y las nuevas tecnologías (Preámbulo,
Sección 4) como herramientas clave para la protección y
promoción del patrimonio cultural. En este sentido, fomenta la
implicación activa de la sociedad y la implementación de estrategias
dirigidas al conocimiento y difusión del patrimonio, fortaleciendo su
conservación y su valoración colectiva.
3.2.14. Ley 8/2023, de 30 de marzo, del Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid
En su Artículo
88, se mencionan los aspectos fundamentales para una gestión
integral del patrimonio cultural, como la investigación y formación
científica, la transferencia de conocimiento a la sociedad para la
conservación preventiva, así como el reconocimiento de comunidades y
grupos que conservan y trasmiten el patrimonio.
Su Artículo
90, menciona la educación y la difusión como herramientas
esenciales para involucrar a la comunidad y garantizar el acceso
equitativo al patrimonio cultural, promoviendo su integración en la vida
social y cultural. Destina a la Consejería competente el desarrollo de
acciones que cumplan con este objetivo.
El Artículo
91, destaca la creación de programas multidisciplinares para la
difusión y educación del patrimonio cultural, promoviendo la
colaboración entre entidades públicas y privadas y la participación
ciudadana. Resalta la cooperación interinstitucional para consolidar una
red de apoyo que fortalezca el compromiso colectivo con la preservación
y valorización del patrimonio.
Asimismo, en su Artículo
92, destaca la importancia de incorporar el conocimiento y la
valoración del patrimonio cultural en todos los niveles educativos,
fortaleciendo la formación docente en educación patrimonial y fomentando
la especialización en conservación, protección y difusión. Podemos
considerar que la integración del patrimonio en el sistema educativo
formal organiza y estructura su aprendizaje, asegurando que las futuras
generaciones desarrollen desde edades tempranas un aprecio profundo y
sostenido por su legado cultural.
La Ley establece un marco avanzado e integral para la protección,
conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural en la
región, reconociendo su relevancia como elemento de identidad y cohesión
social. Su inclusión de acciones formativas refuerza el papel de la
educación en la sensibilización y valoración del patrimonio. Al integrar
el patrimonio cultural en el aprendizaje y la investigación, garantiza
su acceso equitativo y fomenta una apreciación sostenida, esencial para
su preservación y disfrute intergeneracional.
3.2.15. Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia
La Ley
establece entre sus objetivos la investigación, el conocimiento y la
difusión del patrimonio cultural, aunque no menciona explícitamente la
educación (Artículo
1).
En esta línea, el Artículo
66 dispone que la dirección general competente en patrimonio
cultural impulsará y adoptará medidas para “su protección, conservación,
estudio, documentación científica, valorización y revitalización, con
especial atención al patrimonio etnográfico” (Ley 4/2007, Art. 66).
Sin embargo, la normativa carece de disposiciones específicas sobre
educación y, aunque enfatiza la colaboración institucional, no otorga
una función activa a la ciudadanía en los procesos educativos,
participación, transferencia de conocimientos, conservación o difusión
del patrimonio.
3.2.16. Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del
Patrimonio Cultural de Navarra
El objetivo principal de Ley
esta es asegurar la protección y conservación del patrimonio cultural de
Navarra (Artículo
1). Asimismo, el Artículo
84 establece que los museos, como espacios abiertos al público y
al servicio de la sociedad, deben cumplir funciones esenciales como la
educación, la difusión del conocimiento y el disfrute del patrimonio,
promoviendo su estudio y valoración colectiva.
En su Artículo
92, establece que el departamento encargado de cultura debe
realizar campañas periódicas de divulgación y formación sobre el
patrimonio cultural de Navarra. Estas iniciativas incluyen la
informatización de inventarios y su difusión a través de publicaciones,
medios digitales e Internet, facilitando la transferencia del
conocimiento.
Su Artículo
94 aborda específicamente la educación, detallando acciones para
su implementación, como el desarrollo de políticas educativas en todos
los niveles, el fomento de la investigación especializada con
universidades y centros especializados, y la formación de funcionarios
en la protección del patrimonio. Esta estructura facilita su integración
en el sistema educativo y su difusión en la sociedad.
Esta redacción deja patente el compromiso de integrar el patrimonio
cultural en el sistema educativo y las administraciones públicas,
promoviendo su conocimiento y valoración en la sociedad.
3.2.17. Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio
Cultural Vasco
Esta Ley
busca proteger y valorizar los bienes culturales como pilares de la
identidad y la historia del pueblo vasco, así como el conocimiento y
disfrute de las presentes y futuras generaciones (Exposición
de motivos). En su Artículo
1, menciona la difusión, defensa, fomento y protección del
patrimonio; en esta línea, el Artículo
79
enfoca sobre la creación de unidades didácticas en formato digital para
niveles no universitarios, para dar a conocer el patrimonio. Además,
establece la colaboración con universidades, asociaciones y centros
especializados para enriquecer el currículo de áreas relacionadas con el
patrimonio.
En su Artículo
5 establece la creación del Órgano Interinstitucional de
Patrimonio Cultural Vasco, con funciones para la salvaguarda,
transmisión, puesta en valor y difusión del patrimonio. En su Artículo
7, menciona la colaboración y la acción ciudadana, con el
objetivo de tener acciones en el cuidado, conserva y protección del
patrimonio.
La Ley destaca la importancia de la formación y difusión del
patrimonio cultural, pero no dispone de artículos específicos sobre
educación. Carece de directrices claras para implementar programas
educativos estructurados, delegando esta responsabilidad a las
administraciones públicas. Además, no se aborda explícitamente la
transferencia de conocimiento, a través de colaboraciones académicas o
programas de investigación e innovación.
3.3. Estudio comparativo de la normativa sobre
patrimonio cultural en España: disposiciones relativas a la educación
patrimonial y la participación ciudadana
Con el objetivo de estructurar y sistematizar esta revisión, se
definieron criterios e indicadores analíticos que permiten examinar cómo
las distintas normativas estatales y autonómicas integran la educación
patrimonial y la participación ciudadana, tanto en su formulación
jurídica como en su implementación práctica. Este enfoque metodológico
proporciona un marco sólido para clasificar, comparar e interpretar los
contenidos normativos de manera más precisa.
Como parte del diseño del estudio, se elaboró una memoria técnica del
proceso comparativo, en la que se detallan los fundamentos
metodológicos, las categorías y los instrumentos utilizados. Este
documento está disponible para su consulta a través del sitio web del Observatorio
de Educación Patrimonial en España.
A partir de estos hallazgos, se destacan algunas observaciones que
permiten valorar el grado de incorporación y desarrollo de la educación
patrimonial y la participación ciudadana en el marco legislativo
vigente.
Mención a educación patrimonial
La mayoría de las normativas reconocen la educación patrimonial como
un elemento fundamental para la conservación y transmisión del
patrimonio. Destacan las leyes de Castilla y León, Asturias, Galicia,
Madrid y Navarra por su desarrollo más integral y explícito en educación
formal y no formal. Sin embargo, algunas como Murcia, Baleares o
Extremadura muestran limitaciones importantes, con ausencia o poca
concreción en disposiciones educativas. En este sentido, destacamos
principalmente la ausencia de este elemento en la normativa estatal.
Mención a participación ciudadana
La promoción de la participación ciudadana varía significativamente.
Leyes de comunidades autónomas como las de Extremadura, Galicia, Madrid,
La Rioja y Navarra fomentan activamente la participación a través de
programas, voluntariado y campañas. En contraste, otras leyes tienen un
enfoque más limitado o meramente declarativo, sin articulación ni
mecanismos claros para su implementación.
Enfoque intergeneracional/ inclusivo
Este enfoque se encuentra explícito en las normativas con mayor
desarrollo en educación y participación, como en Asturias, Castilla y
León, La Rioja y Madrid. Por el contrario, es débil o inexistente en
leyes que priorizan la conservación técnica o la difusión, como Baleares
o Murcia, y donde la transmisión generacional es apenas mencionada sin
un planteamiento inclusivo.
Relación entre educación y participación
Las leyes más completas, como las de las comunidades autónomas de
Castilla y León, Asturias y Madrid, presentan una integración clara y
coherente entre educación patrimonial y participación ciudadana como
estrategias complementarias para la gestión y conservación del
patrimonio. Otras, sin embargo, mantienen ambas dimensiones de forma
paralela o débilmente articulada, sin consolidar una política
conjunta.
Medidas concretas y planes de acción
Existe una presencia mayoritaria de medidas como subvenciones,
formación profesional, campañas de sensibilización y proyectos
educativos. Sin embargo, no todas las normativas cuentan con planes
operativos claros ni coordinación interinstitucional efectiva, lo que
limita la efectividad y sostenibilidad de las acciones propuestas.
4. Conclusiones
La integración de la educación en las políticas de conservación del
patrimonio cultural está adquiriendo un reconocimiento creciente en
normativas actuales analizadas, consolidándose en estas leyes como un
pilar importante para la transmisión y valorización del legado cultural
a las futuras generaciones.
Las leyes más desarrolladas en este ámbito incorporan tanto la
educación formal como la no formal como herramientas fundamentales,
promoviendo la inclusión de contenidos patrimoniales en los sistemas
educativos y facilitando el acceso a programas de formación
especializada. Esta articulación fortalece el conocimiento colectivo y
la conciencia social, sentando las bases para una gestión patrimonial
sostenible y participativa. Peinado (2021), resalta la importancia de
que la educación patrimonial se incorpore desde muy temprano en el
sistema educativo con el objetivo de formar ciudadanos comprometidos con
la valoración y comprensión del legado cultural.
Junto a la educación, la participación ciudadana emerge como una
estrategia complementaria clave para la protección del patrimonio, o,
dicho de otra forma, sin personas, no hay patrimonio (Fontal, 2003B).
Diversas normativas fomentan la implicación de la comunidad mediante el
voluntariado, campañas de sensibilización y mecanismos de incentivo al
compromiso social. No obstante, muchas de estas leyes aún carecen de
directrices claras y herramientas efectivas para garantizar una
participación real y sostenida, lo que limita el alcance de su
implementación.
Asimismo, se evidencian vacíos normativos que comprometen la eficacia
de estas políticas. En particular, la ausencia de un enfoque
intergeneracional inclusivo impide una transmisión equitativa del
patrimonio a lo largo del tiempo. También se observa una articulación
débil entre educación y participación, lo cual obstaculiza la
formulación de estrategias integrales. La falta de coordinación
interinstitucional y la carencia de planes de acción definidos podrían
constituir obstáculos adicionales que dificultan el desarrollo de
políticas públicas cohesionadas y eficaces en materia de patrimonio
cultural.
Si bien la educación suele estar presente de manera implícita como un
mecanismo de sensibilización, es necesario avanzar hacia un enfoque más
sistemático que permita el diseño e implementación de programas
curriculares y actividades formativas específicas. Este desarrollo
facilitaría la apropiación del patrimonio por parte de la comunidad,
transformando el conocimiento sobre los bienes culturales en un sentido
de pertenencia compartido (Fontal et al., 2017).
El papel de instituciones como museos, bibliotecas y archivos,
ampliamente reconocido en la difusión del conocimiento patrimonial, debe
fortalecerse mediante mecanismos de conexión con el sistema educativo
formal (Llonch-Molina, 2024) y con iniciativas comunitarias (Gonzáles et
al., 2015). Integrar contenidos patrimoniales en todos los niveles
educativos y en contextos de aprendizaje no formal permitirá ampliar la
apropiación del patrimonio como legado común.
Por otra parte, la colaboración entre agentes públicos, privados y la
sociedad civil, aunque contemplada en algunas leyes, requiere una
planificación más precisa para traducirse en acciones concretas. En este
sentido, la Ley 7/2024 del Patrimonio Cultural de Castilla y León
constituye un modelo destacable al priorizar la sostenibilidad,
inclusión y participación como ejes rectores de su enfoque.
Con el objetivo de fortalecer un marco normativo más coherente,
eficaz y equitativo, se proponen líneas de actuación dirigidas a las
administraciones públicas. Estas acciones, en consonancia con el mandato
constitucional del artículo
46 (Ruiz, 2023), se han concebido como orientaciones
estratégicas para ser consideradas en futuras reformas y actualizaciones
legislativas.
Incluir disposiciones específicas sobre educación patrimonial.
Incorporar artículos en la legislación que garanticen la integración de
la educación patrimonial tanto en ámbitos formales como no formales,
asegurando una educación inclusiva y accesible para todas las
edades.
Vincular la educación con la conservación del patrimonio.
Impulsar programas educativos que integren la sensibilización y el
aprendizaje activo en torno al patrimonio cultural, mediante actividades
de restauración, difusión y uso social del mismo. Se propone incorporar
la educación patrimonial de forma transversal en los planes de estudio,
con la participación de docentes debidamente formados y el uso de
metodologías didácticas participativas. Asimismo, se recomienda fomentar
la colaboración con comunidades locales, fortalecer las iniciativas de
educación no formal y asegurar que los programas sean inclusivos,
intergeneracionales y sujetos a procesos sistemáticos de evaluación.
Para una implementación efectiva, resulta fundamental contar con un
marco normativo claro y recursos adecuados.
Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional.
Fomentar la cooperación entre instituciones educativas, culturales y
gubernamentales para desarrollar iniciativas conjuntas y garantizar un
acceso equitativo al patrimonio como recurso pedagógico.
Impulsar la participación ciudadana en la gestión del patrimonio.
Crear estrategias inclusivas que involucren a la comunidad, asociaciones
vecinales y artesanos locales en la protección y promoción del
patrimonio, fomentando un sentido de identidad y responsabilidad
compartida.
Garantizar recursos para formación e investigación. Asignar
fondos específicos para el desarrollo de proyectos educativos, la
capacitación en educación patrimonial y la implementación de iniciativas
de conservación, fortaleciendo así el compromiso institucional con la
preservación del patrimonio.
Tomar como referencia modelos normativos exitosos. Analizar y
adaptar estrategias efectivas de otros contextos para equilibrar la
conservación del patrimonio con su uso sostenible y su integración en la
educación, asegurando un enfoque innovador y adaptable a las necesidades
locales.
La implementación de estas medidas contribuiría a la construcción de
una ciudadanía más crítica (Copeland, 2014; Lucas & De Alba, 2017) y
participativa (Castro-Calviño et al., 2021), capaz de promover un mayor
compromiso con la protección y valorización del patrimonio cultural. En
última instancia, fortalecer el marco legal mediante disposiciones
claras y detalladas garantizará la sostenibilidad y accesibilidad del
patrimonio cultural como legado compartido para las generaciones
presentes y futuras. De este modo, podrían naturalizarse los procesos de
patrimonialización en torno al patrimonio cultural mediante un
itinerario que, partiera de lo propio para integrar también lo ajeno
(Fontal et al., 2017), y en este sentido, favorecer la consideración del
patrimonio como algo universal y colectivo (Fontal y de Castro,
2023).
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