El papel del derecho social y de la política social en el sistema jurídico-social que reclaman los derechos humanos - Gago Guerrero, Pedro Francisco (Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época, 2009)
Para saber tanto de las necesidades de las naciones como del sistema internacional en relación a la intervención de la política social y de la ordenación jurídica, es preciso afrontar la crisis del Estado Social. Aunque es cada vez más difícil sacar un rendimiento óptimo a las fórmulas del siglo XX, no se vislumbran nuevas alternativas, salvo en lo que se refiere a un mayor y auténtico desarrollo de la democracia y que la intervención de la política social suponga que aumente la participación de los integrantes de las sociedades, como responsabilidad moral individual, que vaya a la par con la intervención a través de los planes de los programas sociales. Un tema fundamental para la persona es que la excesiva reglamentación de la vida social reduce su libertad. Sería indispensable mayor control y racionalidad administrativa y que el poder siga limitado a partir de la norma jurídica. Sobre todo sería preciso volver a descubrir el derecho a partir de las necesidades en las relaciones humanas e ir eliminando progresivamente la legislación. La salida de la crisis del Estado Social dependerá de que vaya más allá del Estado de Derecho en el ejercicio de control, aumentando la seguridad jurídica y social para el ciudadano. Asimismo, la solución consiste en proteger la vida institucional a partir del respeto absoluto a la propiedad privada, poniendo más recursos a la disposición y vigilancia jurídicas y formulando reivindicaciones sociales en términos de Derecho. Sería necesario que se escogiera a los derechos humanos de la primera generación, por ser los que en mayor medida protegen a la esencialidad de la persona. Los derechos económicos, sociales y culturales, propician un intervencionismo del Estado sin control, cuyas consecuencia más inmediata es la pérdida del sentido comunitario basado en las obligaciones de los conciudadanos. La experiencia prueba que el Estado no puede proteger las libertades de las personas.